Seminario: Cuestiones metodológicas: ¿cómo usar las fuentes de datos



Descargar 66.81 Kb.
Página1/2
Fecha de conversión10.12.2017
Tamaño66.81 Kb.
  1   2

RESUMEN AMPLIADO

Acceso  a  información  y recursos  en salud sexual  y reproductiva  en  hombres  y  mujeres adolescentes y adultos en Uruguay. 

ALEJANDRA LOPEZ GOMEZ (Instituto Psicología de la Salud, Facultad de Psicología, Universidad de la República, Uruguay. alopez@psico.edu.uy)



Introducción1

Desde 2011 la salud sexual y reproductiva forma parte de las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) en Uruguay. Su reconocimiento formal como derecho humano se alcanzó, aunque parcialmente, hacia el año 2008 con la aprobación de la Ley de Defensa al Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (Nº 18426)2. El nuevo marco normativo implica, entre otros desafíos, la instrumentación de servicios integrales y universales de salud sexual y reproductiva en todos los prestadores del SNIS. Esto significa un avance importante para el país y la región. Uno de los desafíos que tiene actualmente el sistema de salud es universalizar cobertura, minimizar las barreras de accesibilidad de las mujeres a estas prestaciones y elevar la calidad de las mismas. Pero, el desarrollo de políticas integrales en salud sexual y reproductiva dirigidas a hombres y a mujeres de distintas condiciones, en función de sus necesidades y demandas específicas, se puede señalar como un reto mayor en términos de garantizar derechos universales.

El rezago en la instrumentación de políticas en salud sexual y reproductiva, se debió en parte al imaginario social de ser un país “sin problemas de población”, sostenido en el bajo crecimiento poblacional consolidado desde comienzos de S XX. Desde entonces, Uruguay se ha caracterizado por una tendencia al descenso de la fecundidad y la natalidad, marcando el temprano inicio de la Primera Transición Demográfica3. Desde hace varias décadas, el país registra niveles bajos de fecundidad en comparación con el promedio latinoamericano. Sin embargo, existen diferencias sociales y territoriales significativas en el comportamiento reproductivo, las cuales dan cuenta de la incidencia de las desigualdades sociales en las prácticas de sexualidad y pautas de reproducción así como en las condiciones y acceso a información, recursos y poder para la toma de decisiones. En 2004, la tasa global de fecundidad (TGF)4 se ubicó en el valor de 2.08 hijos por mujer, no alcanzando la tasa de reemplazo de la población5 (Varela, Fostik y Hernández, 2012). La TGF se ubicó en 1.98 hijos por mujer para 2010 (Pardo y Varela, 2013)

El país, al igual que otros en la región, se ubica en fase avanzada de la Segunda Transición Demográfica, que según Solsona (1996) “trata de forma explícita los cambios en las relaciones de género” vinculados a los cambios demográficos y familiares, señalando que “las parejas no actúan de acuerdo con un proyecto reproductivo previo, sino que detrás de cada decisión de tener o no tener hijos, existe un proceso de negociación sujeta a la propia relación y a las expectativas personales y profesionales de cada miembro, en el que la capacidad negociadora de los dos, es fundamental” (1996:19).



Según la literatura disponible a nivel nacional y regional, las transformaciones en las pautas reproductivas están relacionadas con los grupos sociales en función, entre otros factores, del nivel socio-económico y educativo, pudiéndose identificar dos patrones de reproducción. Las mujeres con nivel socio-económico y educativo bajo presentan un patrón reproductivo caracterizado por la edad temprana al nacimiento en el primer hijo y tasa de fecundidad más alta que la media nacional; mientras que aquellas con nivel educativo medio y alto, presentan niveles de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo y un aplazamiento del calendario reproductivo (Varela, 2008; Varela et al, 2012; Cabella, 2012).
López y Mario (2009) señalan que en América Latina se cuenta con una importante producción de conocimiento orientados a analizar la desigual distribución de la fecundidad, acceso a métodos y significados de la maternidad en sectores de menores recursos, asociado a relaciones tradicionales de género, bajos niveles de educación, precaria inserción laboral, condiciones del hábitat, baja cobertura de salud y mortalidad infantil y materna más elevada. El segundo modelo, propio de los sectores con mayor educación y de fecundidad baja y tardía, es resultado de diversos factores, entre los cuales se encuentra la conciliación o no entre mundo productivo y mundo reproductivo en las mujeres.
Otro aspecto de la fecundidad uruguaya que debe considerarse es la brecha entre la fecundidad deseada y la fecundidad efectiva. Según un estudio conducido por Peri y Pardo (2008), a partir de los resultados obtenidos por el Proyecto Género y Generaciones, la insatisfacción con la fecundidad alcanzada se constata especialmente entre las mujeres con niveles educativos altos y en aquellas con niveles bajos. Mientras que al cabo de su vida reproductiva, las primeras declaran haber tenido menos hijos que los deseados (asociado a las dificultades o imposibilidad de compatibilizar vida productiva y vida reproductiva, entre otros factores), las últimas manifiestan que el número de hijos alcanzado superó el número deseado (asociado a barreras para el acceso a métodos anticonceptivos, a limitaciones para la negociación sexual con sus parejas, entre otros factores).
Uruguay no ha instrumentado estudios de Demografía y Salud (DHS) así como tampoco de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticonceptivos, tal como sí lo han hecho la mayoría de los países de la región. La última encuesta nacional de fecundidad data de 1986 y el estudio nacional posterior realizado a población general fue el ya mencionado Proyecto Género y Generaciones (2004-2006). Este déficit en el sistema de información nacional ha sido paliado con la realización de estudios parciales de corte cuantitativo y cualitativo, buscando generar información que permita conocer el estado de situación, identificar y analizar los determinantes sociales y su incidencia en la salud, la vida sexual y reproductiva de la población uruguaya y generar insumos para la orientación de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva a nivel nacional.
A pesar de las limitaciones referidas en términos de estudios de alcance nacional, en los últimos diez años se ha producido un volumen relevante de estudios que -con distintos enfoques teóricos y metodológicos- han focalizado un amplio repertorio de problemas en salud sexual y reproductiva, generados desde el ámbito académico y desde el ámbito de la sociedad civil. Por ejemplo, el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva, programa de la organización MYSU (Mujer y Salud en Uruguay), ha implementado entre los años 2011 y 2013, estudios sobre necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva en mujeres y en hombres adolescentes y adultos en Uruguay. El análisis de esta fuente de información permite observar el estado actual de situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y hombres uruguayos y el acceso a las prestaciones de salud. Se trata del estudio específico a nivel nacional más reciente que se dispone y cuyos resultados están siendo procesados y divulgados en distintos medios y ámbitos.
Este artículo incorpora algunos aspectos relevados en los mencionados estudios así como en los aportes que surgen de las investigaciones instrumentadas desde la Universidad de la República con el objetivo de identificar y analizar cómo opera la interrelación entre las desigualdades de género, clase y generación en el acceso a bienes, información y servicios de salud en las mujeres y los hombres.
Aspectos conceptuales6
La salud sexual y reproductiva constituye en la actualidad un campo interdisciplinario con un amplio repertorio de objetos de estudio, abordajes y diseños de investigación, metodologías y técnicas de intervención profesional y de acción socio-política. En ella se anudan aspectos científicos, sociales, políticos, éticos e ideológicos sobre el cuerpo, las sexualidades, la reproducción y la salud.
Tiene su expresión en los servicios de salud en términos de un paradigma de atención integral, oportuna y de calidad respecto a anticoncepción y métodos anticonceptivos asequibles y de calidad; la educación y la atención durante el embarazo, parto, puerperio y al recién nacido; la prevención del aborto inseguro, la atención institucional del aborto legal y el tratamiento de las consecuencias de los abortos de riesgo; la prevención y tratamiento de la infertilidad masculina y femenina; la prevención y tratamiento de enfermedades no infecciosas del aparato reproductor; la información, atención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual; la información, la educación para la sexualidad y la salud sexual basada en la promoción de la igualdad entre los sexos, el respeto mutuo y las paternidades y maternidades responsables; la prevención y atención de la violencia de género y en particular, contra las mujeres y niñas, tales como la mutilación genital femenina u otras formas de violencia sexual.
Pero la salud sexual y reproductiva no se limita a su atención institucional. Desde una perspectiva ecológica e integral de la salud, ésta debe ser considerada en tanto proceso y producto ligado a las condiciones sociales, ambientales, políticas, económicas y culturales que determinan la vida cotidiana de las personas y los colectivos humanos, en un tiempo socio-histórico específico.
Las decisiones, los acontecimientos y las condiciones sexuales y reproductivas de las personas están relacionadas con sus trayectorias biográficas y con los contextos interpersonales situados y producidos en ambientes socio-económicos, culturales y políticos específicos que los producen y determinan.
Desde esta perspectiva, el enfoque de determinantes de la salud promovida por la Comisión de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud, es una plataforma que amerita ser discutida y reconsiderada. La necesidad de revisitar enfoques de creciente peso en la salud pública (como por ejemplo el estudio de los determinantes sociales), es clave para analizar el papel que han jugado las ciencias sociales y humanas en los procesos de clasificación y desclasificación de los determinantes sociales de la salud-enfermedad (Castro, 2011).
Tal como señala Castro: “Ello implicaría pensar los determinantes sociales en el marco de la relación de subordinación que las ciencias sociales han mantenido con las ciencias biomédicas, sobre todo en el espacio (de acción política) de la salud pública, y en buena medida, en el espacio académico.” Y agrega, “habría que comprender que, dentro del campo médico, los científicos sociales gozan de poca autonomía, mientras que en el campo académico los antropólogos médicos y los sociólogos de la salud, tienen poco impacto” (2011:57).
La salud sexual y reproductiva desde un enfoque de género, derechos y diversidad se ha constituido como un campo de creciente desarrollo y legitimidad académica, social y política. Pero esto no siempre ha sido así. Ello es producto de un largo proceso de trabajo, desde distintos ámbitos y actores, para alumbrar un conjunto de asuntos complejos que históricamente habían sido confinados a la esfera de lo íntimo y privado, despojados de derechos y prerrogativas.
El proceso para su delimitación como campo específico de conocimiento y de acción socio-política no ha estado (ni está) exento de contradicciones y tensiones. Es más, tal como lo hemos sostenido en otras oportunidades, es un terreno de disputa moral, política, ideológica y económica (López Gómez, 2005). A modo de ejemplo, los avances políticos y sociales en el debate sobre la despenalización del aborto voluntario y sobre el reconocimiento y respeto de la diversidad sexual coexisten - en diversos países - con crecientes y sofisticados dispositivos de violencia sexista (violencia doméstica y violencia sexual), estigma y discriminación, homofobias, entre otras manifestaciones de la desigualdad.
En definitiva la salud sexual y reproductiva remite a temas y problemas que tienen que ver con el cuerpo, la subjetividad y las relaciones sociales, los derechos humanos, las trayectorias y las decisiones sexuales y reproductivas de las personas, sus formas de relacionamiento, sus deseos y anhelos, sus modos de vivir y significar los acontecimientos íntimos que son, a la vez, políticos y sociales. Cuestiones todas relacionadas con el poder, los sistemas de valores, las creencias, las concepciones sobre el ser humano y la sociedad, sobre la vida, la salud y el bienestar.
Lo personal es político, proclamaron las feministas en la segunda mitad del siglo XX, una afirmación en clave de consigna basada en desarrollos teóricos, visión política y evidencia empírica generada desde la academia y la acción de un movimiento social fermental e ideológicamente revolucionario. Capaz de incomodar y trastocar el status quo con su cuestionamiento al ordenamiento jerárquico hegemónico, sostenido -entre otras- en la división sexual del trabajo. Orden social que asigna lugares de valoración desigual para mujeres y varones, produciendo injusticia en el acceso a bienes (materiales y simbólicos) y a servicios. Al decir de Fraser (1998), redistribución económica y reconocimiento cultural-simbólico se entrelazan y se hacen imprescindibles para producir procesos de transformación social.
Mundo de lo público, asociado a la vida social, política, la racionalidad, el poder, el éxito personal, el trabajo remunerado, lo masculino, lo productivo: lugar privilegiado de los hombres. Mundo de lo privado, relacionado con la vida familiar, el amor y la afectividad, el altruismo, la postergación personal, el trabajo no remunerado, lo femenino, lo reproductivo: lugar privilegiado de las mujeres. El ordenamiento social moderno basado en las diferencias “naturales entre los sexos”, implicó también nuevas organizaciones eróticas. El sistema de permisos y prohibiciones respecto a la sexualidad varía según se trate de mujeres o varones. Pero también presenta variantes cuando se analiza la intersección (Crenshaw, 1998) entre diferentes formas de opresión y discriminación vinculadas al género, clase social, etnia, generación, por mencionar las más relevantes.
Somos testigos de procesos de transformación de las sociedades hacia nuevas formas de organización social y producción de subjetividades: cambios en los patrones de reproducción biológica y social, en los arreglos familiares, en los lugares socialmente construidos para mujeres y varones, en el des-dibujamiento del significado de lo público – privado moderno, en el surgimiento de nuevos sujetos sociales, de diversas identidades y expresiones de género y étnicas que buscan el reconocimiento cultural y político, al mismo tiempo que observamos la persistencia de desigualdades y exclusión social.
En este escenario cambiante, los nuevos significados, discursos y posibilidades de ejercicio de la sexualidad cuestionan, disputan y contribuyen a transformar ciertos mandatos y consensos sociales históricamente construidos. Fisuras en los antiguos vínculos contractuales entre mujeres y varones, así como nuevas prácticas y acuerdos en las prácticas sexuales y (no) reproductivas, son aspectos centrales en este proceso de transformación social, cultural y política.
La elaboración del concepto de género y su expansión en tanto categoría analítica potente - y herramienta metodológica y política eficaz para analizar la desigual posición de mujeres y varones- posibilitó otorgar carácter cultural e histórico a asuntos considerados hasta entonces como naturales y basados en impulsos biológicos. Fue un aporte central del feminismo que permitió desmontar los supuestos desde los cuales se sostenía la producción de conocimiento, basado en un modelo androcéntrico de la ciencia. La categoría de género se torna hoy indispensable en el análisis social, político, subjetivo, económico, cultural7.
Un aporte fundamental de varios autores, es la distinción entre sexualidad y género, o sea un esfuerzo de des-construcción de la fusión entre esos dos dominios. Fue necesario pensar sexualidad y género como esferas distintas de construcción discursiva y normativa y, en particular, de las prácticas sociales (y sexuales). Este giro ha desestabilizado de manera radical las categorías mismas de mujer y hombre y tiene su importancia al rescatar los sentidos múltiples, complejos, y subversivos del género como concepto que articula sexo, deseo, práctica sexual, dinámica social y política (Correa, 2003).
Desde estas perspectivas, se posibilitaron nuevas conceptualizaciones y abordajes complejos e integradores de la relación entre sexualidad y poder. Las relaciones de poder estructuradas y construidas social y culturalmente, no sólo organizan las relaciones entre hombres y mujeres, sino también entre diversidad de mujeres y entre diversidad de hombres. En acuerdo con Dixon-Mueller (1993), no es posible pensar la democratización en las relaciones entre hombres y mujeres – y entre hombres y entre mujeres- si no se democratizan sus intercambios sexuales y la matriz que los sustenta basada en la dupla heterosexualidad-homosexualidad, mujer-varón, femenino-masculino, normal-patológico. Tal como señala Figari (2012), se trata de desmontar un contrato social moderno que además de androcéntrico, presupone la heteronormatividad y la subordinación de las mujeres.
Las sexualidades pueden ser comprendidas como procesos complejos de construcción y producción socio-histórica, cultural, subjetiva y política, al mismo tiempo que producto altamente específico de las relaciones sociales, en tanto implica las diversas maneras en que lo sujetos se relacionan como seres sexuados. Al decir de De Barbieri (1993), en intercambios que, como todo lo humano, son acciones y prácticas cargadas de sentido. Implica pues un análisis minucioso de las diferentes dimensiones implicadas en su producción, así como su adecuada contextualización e historización. Los discursos, prácticas y significados asociados a las sexualidades y sus productos son variables según las sociedades y los tiempos históricos. Incluso al interno de una sociedad pueden presentar alta variabilidad según distintos sectores, grupos sociales y territorios.
Para comprender los significados asociados a las prácticas y decisiones sexuales y reproductivas, necesitamos considerar tanto los sujetos individuales como la organización social y analizar la naturaleza de sus interrelaciones, porque todo ello es crucial para comprender cómo actúa el género y cómo tiene lugar el cambio en las relaciones de poder.
Precisamente, el concepto de derechos sexuales y de derechos reproductivos (Miller, 2000, Petchesky, 2002) entraña un fuerte cuestionamiento al contrato social moderno, al re-significar la dicotomía público – privado, planteando nuevos conflictos para la democracia en la medida que interpelan las estructuras de poder y decisión y postulan una apertura de lo íntimo y personal a la aplicación de derechos y prerrogativas. En tal sentido, al decir de Correa (2003), deben considerarse como parte del debate más amplio sobre la reconstrucción del contrato social moderno, de la discusión sobre ciudadanías y modelos de democracia.
Estos derechos refieren al poder de cada persona para tomar decisiones informadas y autónomas sobre su sexualidad y vida reproductiva, así como a disponer de los recursos (materiales, subjetivos y simbólicos) para poder llevar a la práctica esas decisiones de manera segura, efectiva y sin discriminaciones. Para poder ejercer estos derechos con equidad debe estar garantizada la libertad de cada persona para poder decidir (dimensión individual de los derechos) así como las condiciones de justicia para que estas decisiones puedan realizarse y sean respetadas (dimensión social de los derechos) (Correa y Petchesky, 1995).
El proceso de conocimiento, reconocimiento, apropiación subjetiva (cognitiva y afectiva), ejercicio y exigibilidad ciudadana de los derechos sexuales y derechos reproductivos es un camino complejo que configura una agenda no sólo de acción político-social sino de investigación a nivel regional e internacional.
Objetivos y métodos
Para la elaboración de este artículo se estableció como objetivo general describir y analizar las evidencias disponibles sobre acceso a información, recursos y servicios en salud sexual y reproductiva en hombres y en mujeres, adolescentes y adultos de Uruguay. En términos de objetivos específicos se estableció: a) Caracterizar el inicio sexual y las prácticas de autocuidado en hombres y mujeres según edades y niveles educativos. b) Describir el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en hombres y mujeres según edades y niveles educativos. c) Analizar el uso de servicios de salud y recursos en salud sexual y reproductiva en hombres y mujeres según edades y niveles educativos.

La estrategia metodológica se basó en el análisis descriptivo de información proporcionada por los estudios sobre “Necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva en mujeres y en hombres uruguayos adultos y adolescentes”, de diseño cuantitativo mediante la aplicación de:




  1. Primera etapa: una encuesta en hogares a mujeres de 15 a 49 años de edad, residentes en capitales departamentales y ciudades con más de 5.000 habitantes de todo el país, distribuidas proporcionalmente de acuerdo al peso poblacional de cada región geográfica y con control de cuotas por edad. Se diseñó una muestra probabilística por conglomerado y polietápica que incluyó 1.200 casos en base a la Encuesta Continua de Hogares (ECH, 2010, INE). El margen de error máximo para la muestra fue de +/-2.9% y el nivel de confianza fue de 95.5%. La recolección de datos se realizó mediante entrevista personal realizada en los respectivos hogares de residencia de las entrevistadas y sin la presencia de otra persona durante la aplicación del cuestionario.

  2. Segunda etapa: una encuesta en hogares a hombres de 15 a 49 años de edad, residentes en capitales departamentales y ciudades con más de 5.000 habitantes de todo el país, distribuidas proporcionalmente de acuerdo al peso poblacional de cada región geográfica y con control de cuotas por edad. Se diseñó una muestra probabilística por conglomerado y polietápica que incluyó 1.200 casos en base a la Encuesta Continua de Hogares (ECH, 2010, INE). El margen de error máximo para la muestra fue de +/-2.9% y el nivel de confianza fue de 95.5%. y El trabajo de campo tuvo lugar entre los meses de noviembre de 2012 y mayo de 2013.

Para el análisis descriptivo se tomaron variables que permiten observar las desigualdades sociales y de género en el acceso a la salud sexual y reproductiva: nivel educativo, edad, cobertura de salud, residencia (en términos dicotómicos, Montevideo – Interior).
Resultados

La población encuestada

El estudio sobre mujeres incluyó un total de 1.128 mujeres, de las cuales 42,5% corresponden a Montevideo y 57.5% al interior del país. En términos de edades, 16% tenía entre 15 y 19 años, 28% entre 20 y 29 años, 28% entre 30 y 39 años y otro 28% entre 40 y 49 años de edad. En términos de nivel educativo, 13% de las mujeres tenían nivel de primaria, 27.2%, nivel de enseñanza media; 32 % bachillerato y 27.8 %, nivel universitario.

Respecto a cobertura de salud, los resultados que se obtuvieron son similares a los que se registran a nivel nacional, 52,9% de las mujeres tiene cobertura mutual, 38,2% en ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado), 3,8% en sanidad policial o sanidad militar, 3,2% en seguro privado de salud y el resto en otros servicios públicos o no tiene aseguramiento alguno. El análisis de cobertura de salud por edades quinquenales muestra que del total de mujeres que se asisten en servicios mutuales, 13,8% son adolescentes mientras que este porcentaje se incrementa en el sector público a 18.9%, siendo en este tramo de edad donde se pueden observar las diferencias más importantes. Ello puede responder a la situación de dependencia en la cobertura de salud que tiene este grupo poblacional, cuyo aseguramiento está relacionado con la situación laboral de sus padres o tutores.
Del total de mujeres, 63,5 % declararon no ser jefas de hogar. En materia de trabajo remunerado fuera del hogar, 61 % de las mujeres declaró estar trabajando al momento de la entrevista, 11% haberlo hecho en el último año, 12 % haberlo hecho alguna vez y 15% declaró nunca haber trabajado. Cuando se observan los resultados por edad, se puede constatar que 15.6 % de las mujeres entre 15 y 19 años, estaba trabajando al momento de la entrevista y 64% nunca lo había hecho. Las jóvenes de 20 a 24 años manifestaron en un 56.7 % estar trabajando. Las mujeres con más alto nivel educativo presentan porcentajes más elevados de inserción laboral frente a aquellas con estudios primarios. Asimismo las montevideanas muestran porcentajes más altos en comparación con las mujeres del interior del país.
Por su parte, el estudio con varones incluyó un total de 1.130 casos, de los cuales 45% residían en Montevideo y 55% en el interior del país. En términos de edades, la distribución de la muestra es similar a la obtenida con mujeres. En términos de nivel educativo, 10.4% tenía estudios de enseñanza primaria, 27% de enseñanza media, 30% de bachillerato, 12% de enseñanza técnica y 21% de enseñanza universitaria. En cuanto a la cobertura de salud, 62% tenía cobertura mutual, 36% cobertura pública y 2% otras. La mitad de ellos no tenía hijos al momento del estudio (50%), 37 % tenía entre uno y dos hijos y 13% tenía tres o más.
Iniciación sexual

Un conjunto de preguntas buscaron explorar aspectos vinculados a la vida sexual de las mujeres y de los hombres encuestados. Para el caso de las mujeres, la casi totalidad de ellas se había iniciado sexualmente (92%). Cuando se analizan los datos por edad, poco más de la mitad de las adolescentes reportan haberse iniciado sexualmente (52%). La edad de iniciación sexual que declararon las mujeres muestra una clara tendencia a disminuir en las edades más jóvenes. La edad media de inicio de las relaciones sexuales fue de 18 años. Para las mujeres entre 15 y 19 años de edad la media se ubicó en 15 años, mientras que para aquellas que tienen entre 45 y 49 años, ésta fue de 19 años.


Al analizar los datos por nivel educativo, se observó una diferencia importante entre las que lograron ingresar en el nivel terciario, las que no completaron la secundaria superior y, más marcado aún, entre quienes no completaron el ciclo básico. En tanto, entre las mujeres que no completaron el ciclo básico, más de un 35% declaró haber iniciado su vida sexual activa con 15 años o menos, sólo un 19% y un 12,5% de la mujeres que cursaron bachillerato o nivel terciario, respectivamente, declararon haber dado inicio a su vida sexual activa en dichas edades. Estas diferencias dan cuenta de la importancia de la educación como factor que determina el acceso a bienes simbólicos, cognitivos, sociales y culturales y que favorece mejores condiciones para el inicio y ejercicio de la vida sexual. La literatura disponible ilustra acerca del papel de la educación como determinante estructural de la salud y su impacto en el acceso a las oportunidades y los derechos. En términos de salud sexual y reproductiva, el inicio sexual temprano está asociado a la ocurrencia de embarazo en la adolescencia, multiparidad y embarazo no deseado, entre otros aspectos relevantes (De Francisco, Dixon-Mueller, d`Arcanges, 2007)
Si las mujeres menos educadas son aquellas que empezaron a tener relaciones sexuales con anterioridad, son las mujeres más jóvenes las que presentan una mayor cantidad de compañeros sexuales. Poco más de un 30% de las jóvenes entre 15 y 18 años declararon haber tenido dos o más compañeros sexuales en el último año, en tanto dicho porcentaje disminuye a menos del 9% en las mujeres mayores de 34 años. Esto puede relacionarse con las características subjetivas propias de la adolescencia como período de la vida donde la construcción identitaria adquiere especial relevancia y se expresa, entre otras, en prácticas sexuales más plásticas y diversas.
Para el caso de los hombres, 94% del total de la población encuestada se había iniciado sexualmente. La media de edad de inicio sexual se ubicó en 15 años, la cual tiene una leve tendencia a disminuir en las generaciones más jóvenes. Es interesante analizar con quien se iniciaron sexualmente los hombres así como los motivos. Un porcentaje mayoritario, 34%, manifestó haberse iniciado con su novia/o; 28% con una amiga/o, 19% en un encuentro ocasional, 17% con un trabajador/a sexual, 2% con su esposa y 1% con persona transexual. Si se observan los resultados por edades se puede constatar la disminución del peso relativo de la iniciación con trabajador/a sexual en los más jóvenes, quienes en mayor medida, manifestaron haberse iniciado con su novio/a o con una amiga/o. Las diferencias por nivel socioeconómico permiten observar que los hombres de nivel alto y medio alto (AB-C1) reportan en mayor medida la iniciación sexual con su novia/o y, en segundo lugar, con una trabajadora/or sexual. Los hombres con hijos y los casados o con pareja conviviente parecerían ser monógamos en mayor proporción (88% con una sola persona) que los solteros, divorciados, separados y sin hijos (39% con una sola persona, 27% con 2-3 personas, 13% con 4-6 personas). Por su parte, los motivos de la iniciación sexual están fuertemente vinculados al deseo o atracción sexual (54%) y a la curiosidad (27%). La referencia a haberse iniciado por amor alcanza el 14% de las respuestas de los hombres a diferencia de las mujeres cuya respuesta fue de 67%.


Conocimiento y uso de Métodos anticonceptivos
Si bien el porcentaje total de mujeres con vida sexual activa que ha realizado consultas ginecológicas se ubica en el entorno del 90%, en las más jóvenes este porcentaje desciende a 67 %. Asimismo cuando se especifica ese guarismo para las mujeres jóvenes con nivel educativo bajo, casi 43% declaró haber iniciado su vida sexual activa pero no haber realizado un chequeo ginecológico. Estas brechas están indicando un déficit de acceso oportuno a información y atención, precisamente dónde ésta resulta más necesaria: al inicio de la vida sexual activa y en los sectores de menores recursos.
Un indicador relevante en salud sexual y reproductiva es el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres con actividad sexual. Este tipo de indicadores es considerado como una medida síntesis de acceso a salud sexual y reproductiva así como del éxito de los programas, y ha sido ampliamente utilizado como medida para la comparación internacional. Según señala un estudio patrocinado por CELADE – CEPAL, la principal ventaja del uso de anticonceptivos como indicador del acceso universal a la salud reproductiva es su inclusión regular en los estudios reproductivos y su relación demostrada con la TGF (Dixon-Mueller y Germain, 2007) y que generalmente, el alto uso de anticonceptivos va de la mano de tasas bajas de fecundidad (Jiménez, Aliaga y Rodríguez Vignoli, 2011). Según el Estado de la Población Mundial 2012, a nivel global la tasa de prevalencia de métodos anticonceptivos se ubica en 63% para el uso de cualquier método y de 57% para el uso de métodos modernos (UNFPA, 2012). A nivel regional la tasa es de 73% y 67%, respectivamente. Uruguay presenta datos alentadores, con tasas de 77% y 75%, siendo sólo superado en la región por Brasil.8
Sin embargo, por la forma en que dicho indicador se construye para fines comparables está claro que no captura ni la totalidad del universo potencialmente usuario, ni las brechas al interior de este grupo de población, así como tampoco la intensidad y consistencia del uso considerado “necesario” de los métodos.
En este artículo presentamos dos indicadores en este sentido, si algún tipo de método anticonceptivo fue utilizado en la primera relación sexual y si en la última relación sexual se utilizó algún método. Estos indicadores no se restringen a las mujeres casadas o conviviendo en pareja estable sino a todas aquellas con actividad sexual así como al conjunto de los hombres encuestados que se iniciaron sexualmente.
El siguiente gráfico presenta los resultados obtenidos sobre conocimiento y uso alguna vez de tres métodos anticonceptivos, obtenidos en 1986 mediante la Encuesta Nacional de Fecundidad, en 2005 mediante el Proyecto Género y Generaciones y en 2011/2012 mediante este estudio. Si bien los universos de estudio no son estrictamente comparables, permite identificar algunas tendencias en la información y uso de anticonceptivos en mujeres uruguayas en los 25 últimos años.
Gráfico 1. Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos alguna vez según tipo de método en porcentajes. Población Urbana y Suburbana (1986, mujeres 15 a 59 años), Población Urbana y Suburbana (2005, mujeres 15 a 59 años), Población Urbana y Suburbana (2011/2012, mujeres 15 a 49 años).

Fuentes: Encuesta Nacional de Fecundidad, INE 1986; Proyecto Género y Generaciones, UNFPA, MSP, UR, INE, MYSU, 2005; Estudio Necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva en mujeres uruguayas, MYSU, 2012.


Como puede observarse hubo un incremento sensible en el uso de DIU entre 1986 y 2005 y el porcentaje se mantiene estable para 2012, con 23 %. Con los anticonceptivos orales hubo un marcado descenso de uso para 2005 y una recuperación en el porcentaje para 2012, asociado probablemente a la disponibilidad gratuita o a bajo costo bolsillo de este método en los servicios de salud en los últimos años. El preservativo masculino es el que presenta una pauta de mayor incremento en el período, de 34 % en 1986 a 83 % en 2012, asociado a una amplia difusión de este recurso en el marco de las campañas de prevención de ITS y VIH.
En el estudio 2011/2012, casi la totalidad de las mujeres consultadas declararon en forma espontánea conocer, al menos, dos métodos clásicos: preservativo (98%) y pastillas (95%). En las mujeres que han iniciado su vida sexual activa, el porcentaje aumenta levemente. Cabe destacar también el bajo porcentaje de declaración de otros métodos. De todos ellos, tan sólo el DIU alcanza porcentajes importantes (76% en la población general y casi 78% en la población de mujeres con actividad sexual). Le siguen el diafragma (22%) y la ligadura de trompas (18%), siendo ya muy bajo el conocimiento de otros métodos. Es llamativo el bajo conocimiento de la anticoncepción de emergencia (22%) siendo que se trata de un método de venta libre en el país hace ya varios años y disponible en los servicios de salud.
Respecto al DIU, si los resultados se analizan por edades, las adolescentes son las que reportaron más bajo conocimiento (52,7%) así como las mujeres con menor nivel educativo (67,3%) frente a las más educadas (85,6%). Su uso se incrementa a medida que se avanza en edad, 20,4% entre quienes tienen de 19 a 35 años y 33 % entre quienes tienen de 36 a 49 años. También se evidencias diferencias relevantes por nivel educativo. A pesar de ser quienes reportan menor conocimiento de este método, las mujeres menos educadas lo han usado en porcentajes superiores (38 %) en comparación con las universitarias (13,4%). No se observan diferencias por región ni por tipo de cobertura de salud.
Un resultado positivo es la alta proporción de mujeres que manifestaron haber hecho uso de algún método en su última relación sexual (87 %). Es también alentador que en este último indicador, las diferencias por nivel educativos hayan sido mínimas. Es importante señalar que la enorme mayoría representa casos de uso de anticoncepción moderna, predominando en orden descendente el preservativo (42%), las pastillas (32%), el DIU (14,8%) y la ligadura tubaria (6,8%).
Es interesante también analizar dónde las mujeres obtuvieron información sobre métodos anticonceptivos y ver el comportamiento de esta variable por edades y por nivel educativo. Las respuestas muestran que el servicio de salud ocupa el primer lugar (43%), seguido por la educación pública (29,5%), la familia (28%) y amigos (19%). Las mujeres más añosas refieren en mayor medida el servicio de salud (49%), así como también lo hicieron las mujeres con nivel educativo bajo (56,5%). La educación pública fue referida en mayor medida por las adolescentes (42%) y por las mujeres con nivel universitario (38%).
El acceso a los métodos anticonceptivos presenta una pauta deseable aunque no completamente virtuosa, en donde los sectores de menores recursos acceden a métodos subsidiados o gratuitos en mayor medida que los sectores medios y altos. El porcentaje de mujeres que accede a métodos en farmacia o comercio (como proxy de gasto de bolsillo) es notoriamente más alto (casi 70%) en los sectores de mayores recursos y educación, en tanto que el acceso a estos métodos por la vía subsidiada (a través de los servicios del SNIS) crece en los sectores de menores ingresos y educación, alcanzando a casi el 50% de las mujeres en dichos sectores (contra un 22% en los sectores de mayor educación).
Poco menos de la mitad de las mujeres había solicitado el método anticonceptivo en su centro de salud (43,7%), siendo las adolescentes quienes lo hicieron en menor medida. Casi tres de cada 10 mujeres solicitaron colocación de DIU en su centro de salud y 14% declaró no haber podido acceder a este método en su servicio, fundamentalmente en el sector privado o mutual. Los motivos por los cuales no accedieron fueron principalmente no contar con recursos económicos y no haber disponibilidad de DIU en el servicio.
Si se analizan los resultados en términos de uso de método anticonceptivo dependiente de la sola voluntad de las mujeres, en la última relación sexual, 57% de las mujeres se encuentra en esta situación. Dicho porcentaje se incrementa con la edad. También varía con el número de parejas sexuales. Resulta claro que un porcentaje muy importante de mujeres no controla por sí misma el método anticonceptivo. Dicho de otra forma, muchas mujeres dependen del acuerdo con sus parejas sexuales (es decir de las condiciones de negociación sexual) para el uso de métodos anticonceptivos. Al analizar cómo las mujeres refirieron comportarse ante la negativa eventual de sus parejas al uso de preservativo, los resultados muestran que casi 25% de las más jóvenes y con menor nivel educativo, mencionaron sentir impotencia a la hora de negociar con sus parejas. En tanto poco menos de 15% de las mujeres con niveles educativos superiores se encontraron en similar situación.
Por su parte, los resultados obtenidos con los hombres muestran que 78% de los encuestados reportan haber utilizado algún método anticonceptivo en la primera relación sexual y 81 % lo hizo en la última. Los más jóvenes lo utilizan en mayor medida que los de mayor edad, al igual que aquellos con niveles educativos más altos en comparación con los de nivel educativo más bajo. La diferencia por edades es importante y probablemente indicativa de los cambios que se pueden registrar en las prácticas sexuales de las generaciones más jóvenes.
El método o medida protectora utilizada en la última relación sexual fue mayoritariamente el preservativo masculino, si bien se pueden constatar diferencias por edades y en función de la situación conyugal. Los hombres más jóvenes optan por el preservativo, en mayor proporción, al igual que los solteros o divorciados. En el caso de los hombres de mayor edad y los casados o con pareja conviviente, la responsabilidad de uso del método anticonceptivo recae mayoritariamente en la mujer. Se puede afirmar que nueve de cada 10 hombres conocen, por lo menos, dos métodos anticonceptivos modernos: preservativo masculino (99%) y pastillas anticonceptivas (89%). El conocimiento de otros métodos no supera el 50%. Las mujeres conocen más la anticoncepción de emergencia que los varones, si bien su uso alcanza proporciones ligeramente superiores entre los varones (16%). Entre los adolescentes de ambos sexos, el conocimiento de esta modalidad anticonceptiva es mayor que en la población general pero su uso no supera el 10%. La mención de conocimiento de la vasectomía presenta porcentajes muy bajos, apenas 17% del total de los hombres hicieron referencia a este método. Ante la pregunta directa por este método, el conocimiento aumenta al 51%. Pero cuando se analiza este resultado por edades, los de mayor edad reportaron mayor conocimiento que los de menor edad: 64% de quienes tienen entre 40 y 49 años frente a 19% de quienes tienen entre 15 y 18 años. Algo similar sucede con la anticoncepción de emergencia, el porcentaje de conocimiento se incrementa de manera importante cuando se realiza la pregunta guiada, ubicándose en 83%. En este caso no se observan diferencias relevantes por edades.

La fuente principal de información sobre métodos anticonceptivos es la educación pública. Los recursos de apoyo social como amigos y familia ocupan un lugar importante. Los servicios de salud son mencionados en menos del 25% de las respuestas. Cuando se analizan los resultados de uso de preservativo en función del número de parejas sexuales tenidas en los últimos 12 meses, aquellos con mayor variedad mencionaron en porcentajes más elevados tomar habitualmente esta medida de autocuidado en salud.


Catálogo: Congreso2014 -> DOCSCompleto
DOCSCompleto -> Percepción de acuerdo al género sobre el número y espaciamiento de los hijos en las zonas rurales: un estudio de casos en el cusco1
DOCSCompleto -> ¿Proyecciones hacia una participación en salud reproductiva?: Masculinidades, valoración del matrimonio e ideales de cómo ser padre, en adolescentes y jóvenes varones estudiantes indígenas y no indígenas de la región Otomí-Tepehua, Hgo
DOCSCompleto -> Título: Las estrategias de desarrollo municipal y el tratamiento de la variable población en busca de la sostenibilidad: Villa
DOCSCompleto -> La identidad indígena como trayectoria vital y su medición en una encuesta retrospectiva1
Congreso2014 -> 1 Mirna Hebrero Martínez2, Fátima Juárez Carcaño3 y Verónica Montes De Oca Zavala4
DOCSCompleto -> Cavalcanti, Leonardo 1
DOCSCompleto -> De las intenciones a los hechos, dimensión de la migración de retorno de
DOCSCompleto -> ¡Aquí nadie es viejo!


Compartir con tus amigos:
  1   2


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad