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PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN OEA/Ser.L/XXIV.2.1

DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA CEDDIS/doc.23/07

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 28 febrero 2007

28 de febrero y 1 de marzo de 2007 Original: español

Panamá, República de Panamá

INFORME DEL ECUADOR C OMO ESTADO PARTE DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



INFORME DEL ECUADOR C OMO ESTADO PARTE DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


  1. ASPECTOS GENERALES DEL PAÍS. CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS.

La atención específica a las personas con discapacidad en el Ecuador se inicia aproximadamente hace medio siglo, por iniciativa de algunos padres de familia que en la búsqueda de soluciones para el problema de sus hijos, encuentran en los países desarrollados nuevas alternativas, que para ser aplicadas requieren de la conformación de organizaciones privadas que den respuesta a la creciente demanda de servicios especializados sobre todo en salud y educación.


La intervención de las entidades gubernamentales de manera más sistematizada y técnica surge más tarde; sin embargo en las décadas del 40 al 60 se crean las primeras escuelas de educación especial.
Es en la década del 70 en la que, gracias a las favorables condiciones económicas relacionadas con el boom petrolero, el sector público desarrolla importantes acciones en los campos de la educación, salud y bienestar social, creándose varios servicios, organismos administrativos y reglamentaciones, entre los que se destacan algunos que se señalan a continuación.
En 1973 se creó el CONAREP - Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional, que se encargó de la formación ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad. En 1977 se expidió la Ley General de Educación en la que se puntualizó como responsabilidad del estado a la educación especial. En abril de 1979 se creó la Unidad de Educación Especial.
El 18 de julio de 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud Pública, encargándosele la organización e implementación de la Rehabilitación Funcional, para lo que se implementaron en varias provincias del país los Servicios de Medicina Física y Rehabilitación, ampliándose de esta manera la cobertura asistencial que con anterioridad brindaban solamente las unidades de la seguridad social a sus afiliados.
El 5 de agosto de 1982 se expide la “Ley de Protección del Minusválido”, mediante la cual se crea la DINARIM – Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido, dependiente del Ministerio de Bienestar Social, asignándosele entonces la rectoría y coordinación nacional del trabajo que sobre discapacidades se realizaba en el país. Dicha ley determina la desaparición del CONAREP. Además se ponen a disposición del público varias unidades operativas dependientes del Ministerio de Bienestar Social, para atención directa a las personas con discapacidad.
Simultáneamente, en el sector privado, se crearon varios centros de rehabilitación y escuelas de educación especial dependientes del INNFA-Instituto Nacional de la Niñez y la Familia. Otras ONG’s destacadas por su trabajo en el ámbito, son: ASENIR, FASINARM, SERLI, ADINEA, FUNDACIÓN GENERAL ECUATORIANA, FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL, CEBYCAM, FUNAPACE, OLIMPIADAS ESPECIALES, entre las más conocidas.
Los variados esfuerzos realizados en el Ecuador durante las décadas mencionadas, fueron bien intencionados pero desordenados, con duplicidad de acciones, dispersión de recursos y desarticulación de acciones; además de que, debido a la crisis nacional, en los últimos años no ha habido crecimiento en la oferta de servicios.
Un hecho fundamental a fines de los ochenta, fue la conformación de la CIASDE – Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de las Discapacidades en el Ecuador, que en 1989 por iniciativa del INNFA y los Ministerios de Salud, Educación y Bienestar Social, promovió a través de sus delegados un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, logrando el diseño del I Plan Nacional de Discapacidades, publicado en 1991 y del proyecto de la Ley 180 sobre Discapacidades, aprobada por el Congreso Nacional y publicada en el Registro Oficial No. 996 del 10 de agosto de 1992.
Dicha ley permitió la creación del CONADIS- Consejo Nacional de Discapacidades, como entidad autónoma y rectora del tema en el país, con el mandato legal de dictar políticas, coordinar las acciones públicas y privadas, e impulsar investigaciones.
Gracias a estos tres últimos hechos trascendentales, generados por la CIASDE, hay una profunda transformación en la década del 90 cuando el CONADIS impulsa de manera muy significativa acciones concretas nacionales, fundamentalmente en cuanto a: -expedición de políticas; -normatividad; -definición de las respectivas competencias sectoriales y promoción del cumplimiento progresivo; -organización y fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad a través de cuatro federaciones nacionales (FENEDIF, FENCE, FENASEC, FEPAPDEM); -creación de la Red de ONG’s; -capacitación a personas con discapacidad y a profesionales relacionados con este ámbito; -información y sensibilización comunitaria sobre el tema; y -establecimiento de mecanismos de coordinación de las entidades públicas y privadas.
El CONADIS, siendo por mandato legal el ente rector del ámbito de las discapacidades en el Ecuador, es un organismo dinamizador y articulador de todos los sectores de la comunidad para desarrollar acciones de prevención, atención e integración, con el propósito de prevenir las discapacidades y elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para lograr esta visión genera políticas e información, planifica y coordina acciones con los sectores públicos y privados, y canaliza recursos nacionales e internacionales en el ámbito de la discapacidad.
El CONADIS, además de contar con personal técnico y administrativo de planta, cuenta con tres niveles de gestión:


  1. El Directorio, como nivel político decidor, conformado por los ministros o subsecretarios de los Ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo y Economía, la Presidenta del INNFA, los presidentes de las cinco Federaciones de y para personas con discapacidad (FENEDIF, FEPAPDEM, FENCE, FEPAPDEM, FENASEC y FENODIS).

  2. La Comisión Técnica, como nivel técnico asesor de coordinación interinstitucional, conformado por los directores o delegados permanentes de las instituciones y organizaciones antes mencionadas, además del CONESUP, AME, IESS, ISSFA, ISSPOL y CAE.

  3. Las Comisiones Provinciales de Discapacidades, como nivel de apoyo local para viabilizar una desconcentración y descentralización progresiva, conformadas por los delegados provinciales de las instituciones pertenecientes a las entidades y organizaciones antes mencionadas.

Cabe señalar que el avance significativo en el tratamiento del tema de las discapacidades generó un especial reconocimiento al Ecuador, de parte de Naciones Unidas, otorgándosele al país el Premio Internacional Franklin Delano Roosevelt correspondiente al 2001, habiendo sido el primer país latinoamericano en recibir esa distinción.


Pese a los logros obtenidos, queda un largo camino que recorrer.


  • DATOS ESTADÍSTICOS

De acuerdo a la investigación de la Universidad Central realizada en 1996, que usó el lenguaje de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías –CIDDM-1980 de la OMS, realizada con el auspicio del CONADIS, INNFA e IMSERSO y denominada “SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PERSONAS CON DISPACIDAD EN EL ECUADOR-1996”, el 48.9% de la población ecuatoriana tiene algún tipo de deficiencia, el 13.2% algún tipo de discapacidad y el 4.4% alguna minusvalía.


Por tanto, el 13.2% significa que 1’600.000 personas en el Ecuador tienen alguna discapacidad, de las cuales aproximadamente son:


  • 592.000 por deficiencias físicas.

  • 432.000 por deficiencias intelectuales y sicológicas.

  • 363.000 por deficiencias visuales.

  • 213.000 por deficiencias auditivas y del lenguaje.

Han recibido atención médica el 89%, rehabilitación funcional el 18%, estimulación temprana el 6.6%, y el 14% apoyo sicológico o siquiátrico. Otros datos han sido actualizados en el 2004.


Posteriormente, se hace una nueva investigación mediante la inclusión de un módulo sobre discapacidades en la Encuesta de Hogares del mes de diciembre de 2004, estudio que realiza periódicamente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador – INEC, a la que se denominó “ENCUESTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES – 2004”, que contó con el auspicio de CONADIS, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo-BID, y que utilizó la terminología de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud – CIF-2001 de la OMS.
Los nuevos datos señalan que de la población total nacional el 12.14% tiene algún tipo de discapacidad, siendo del total el 48.4% hombres y el 51.6% mujeres, lo que significa que existen 1’608.334 personas con discapacidad, de las cuales son: 1.1% menores de cinco años con limitación en la actividad y restricción en la participación (equivalente a 17.838 niños menores de cinco años), 43.70% mayores de cinco años con deficiencias, 15.39% mayores de cinco años con limitación leve y moderada, 39.8% mayores de cinco años con limitación grave (equivalente a 640.183 personas mayores de cinco años con limitación grave, que a pesar de ayudas tienen un nivel de funcionamiento muy restringido). El 38% de la población con limitación grave, necesita del cuidado permanente de otra persona.
En cuanto al nivel de instrucción de las personas con discapacidad: 18% ninguno, 54% primaria, 19% secundaria, 8% superior. Sobre la situación laboral: el 44% sí trabajan y el 56% no trabajan. Sobre el acceso a la seguridad social: ninguno el 80%, IESS 11%, seguros privados 0.5%, IESS campesino 8%, ISSFA o ISSPOL 1%.
El 50% de las personas con discapacidad están ubicadas en los quintiles 1 y 2 de pobreza, es decir 789.998 personas con un ingreso per cápita de $30 (treinta dólares) mensuales. El 8% de los hogares rurales y el 5% de los hogares urbanos tienen alguna persona con discapacidad.
Según provincias, del total de personas con discapacidad existentes al 2004, la distribución porcentual de las mismas en cuanto a ubicación es: Azuay 5.1%, Bolívar 1.3%, Cañar 1.7%, Carchi 1.2%, Cotopaxi 2.9%, Chimborazo 3.3%, El Oro 4.4%, Esmeraldas 3.2%, Guayas 27.4%, Imbabura 2.8%, Loja 3.2%, Los Ríos 5.4%, Manabí 9.6%, Morona-Santiago 1.1%, Napo 0.6%, Pastaza 0.5%, Pichincha 19.6%, Tungurahua 3.6%, Zamora-Chinchipe 0.8%, Sucumbíos 1%, Orellana 0.6%, áreas no delimitadas 0.7%.
Esta pequeña síntesis en lo que a datos cuantitativos y cualitativos se refiere, demuestra la magnitud del problema, por lo que resulta de fundamental importancia que se asuman políticas de estado y se sistematice el trabajo al respecto con objetivos y metas bien definidos, razón por la que se requiere de manera indispensable diseñar un plan de acción.
La concepción de la atención a las personas con discapacidad ha evolucionado lentamente desde la caridad y beneficencia de hace varias décadas, hacia la rehabilitación, la autonomía personal, la inclusión, y actualmente hacia el respeto y ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, pese al avance conceptual subsisten aún ciertos programas con enfoques anteriores.
A partir de la creación del CONADIS se impulsó y logró un razonable cumplimiento del I Plan Nacional de Discapacidades del Ecuador, el mismo que contó con tres grandes programas: Prevención, Atención e Integración Social, constituidos por varios proyectos de corto, mediano y largo plazo, que han sido ejecutados en su mayoría, aunque en diferentes proporciones.
Puesto que dicho plan ha estado vigente más de diez años con un avance de cumplimiento satisfactorio, además de que los referentes conceptuales en relación al tema de la discapacidad han cambiado al igual que la realidad nacional, y que la ley vigente señala la obligatoriedad de elaborar un nuevo plan nacional frente al cambio de gobierno; el CONADIS ha diseñado este II Plan Nacional de Discapacidades, de manera democrática y participativa, con sus técnicos, con los representantes de las personas con discapacidad y con los delegados institucionales públicos y privados que trabajan en este ámbito, a fin de contar con un instrumento de planificación actualizado que guíe el accionar nacional sobre la problemática de la discapacidad.



  • SITUACIÓN ACTUAL DE ENTIDADES Y SERVICIOS DE ATENCIÓN

En el Ecuador la atención al ámbito de las discapacidades se hace desde dos grandes sectores: gubernamental y no gubernamental. La información que a continuación se puntualiza ha sido entregada al CONADIS en el 2004, por los respectivos delegados institucionales ante la Comisión Técnica.


SECTOR GUBERNAMENTAL
En el sector público la atención de las personas con discapacidad depende de varias instituciones entre las que se destacan por su liderazgo y cobertura las siguientes:


  1. En el sector Educación: la División Nacional de Educación Especial dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, es la instancia técnico-administrativa responsable de la educación de niños y jóvenes con discapacidad. Cuenta con coordinadores del austro y el litoral, 21 departamentos provinciales, 15 centros de diagnóstico y orientación psicopedagógica, 54 instituciones educativas fiscales, 26 particulares y 28 fisco-misionales, ubicadas fundamentalmente en las cabeceras cantonales, 6.427 alumnos matriculados, aproximadamente 1.625 docentes, 318 aulas de apoyo psicopedagógico que atienden a 7.700 alumnos en el programa de apoyo, y 680 alumnos en el programa de integración en escuelas regulares. La totalidad de alumnos atendidos supera los 19.800. Dicha división no cuenta con presupuesto propio y los recursos asignados desde el nivel ministerial son insuficientes. Es indispensable mejorar la calidad y cobertura de la atención en educación.




  1. En el sector Salud: las competencias son muy amplias especialmente relacionadas con la prevención, detección oportuna, intervención temprana y rehabilitación funcional; también le corresponde la evaluación y calificación de la discapacidad. Dichas acciones están fundamentalmente bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud y sus 1.743 unidades operativas, de las cuales apenas 23 tienen servicios de rehabilitación ubicados en sólo 13 provincias; además de las del IESS, que cuenta con 25 servicios de rehabilitación; del INNFA, que cuenta con 4 centros de rehabilitación; del ISSFA, que tiene dos servicios de rehabilitación, y que canaliza sus otras demandas mediante contratación de servicios extra-institucionales; de la Junta de Beneficencia, que tiene dos servicios de rehabilitación; el ISSPOL de la Policía Nacional que cuenta con dos servicios de rehabilitación. El INNFA y la Junta de Beneficencia, junto al Ministerio de Salud, atienden a la población en general, mientras las otras entidades mencionadas solamente a sus respectivos afiliados.

La mayoría de los servicios de rehabilitación privilegian la atención a las personas con discapacidad física descuidando a las de origen sensorial o mental, las que se ven obligadas a recurrir a otros servicios de especialidad para la atención de la morbilidad, sin encontrar respuesta a sus necesidades de rehabilitación integral.


Las unidades del Ministerio de Salud de todas las capitales provinciales cuentan ya con unidades calificadoras de la discapacidad, cuyos profesionales han sido capacitados y autorizados por el CONADIS para actuar dentro del Sistema Único de Calificación diseñado por el consejo, en el que también participan INNFA, IESS, Junta de Beneficencia, ISSFA e ISSPOL.
Por las políticas de modernización y reducción del estado, se suprimió la División Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud, lo que limita las posibilidades de planificación y evaluación de las acciones ministeriales y mucho peor de las del sector salud, existiendo solamente una función dentro de la Dirección Nacional de Atención Integral de la Salud, con mínimos recursos que impiden el cumplimiento de las amplias competencias del Ministerio de Salud. Sin embargo, es innegable el gran trabajo que desarrolla esta entidad a favor del tema dentro de sus programas generales aunque sea de manera indirecta, trabajo que sería mucho más efectivo si tuviera enfoques específicos en cuanto a discapacidad, tanto en la prevención como en la atención y rehabilitación de la salud.
El Instituto de Seguridad Social-IESS cuenta con 25 unidades especializadas de rehabilitación bien equipadas, pero la cobertura en cuanto a entrega gratuita de ayudas técnicas a personas con discapacidad ha sido reducida progresivamente, hasta casi eliminarla en los últimos años.
Las Fuerzas Armadas cuentan con 18 unidades de salud, y la atención especializada de rehabilitación se brinda solamente en dos; el apoyo en cuanto a ayudas técnicas es muy bueno para sus afiliados.
La Policía Nacional cuenta con 2 unidades de rehabilitación bien establecidas, ubicadas en Quito y Guayaquil, y 3 unidades grandes de atención general en salud.
El INNFA cuenta con 4 importantes Centros de Rehabilitación, ubicados en Conocoto, Guayaquil, Portoviejo e Ibarra, muy bien equipados y con atención multidisciplinaria, además de un centro de diagnóstico y tratamiento para personas con discapacidad auditiva y otro para capacitación de personas no videntes.
La atención en todo el sector salud a las personas con discapacidad está concentrada en las grandes ciudades, las áreas rurales están abandonadas. La discapacidad de origen sensorial y mental tiene pocas posibilidades de atención en este sector, al igual que las personas afectadas por una discapacidad grave o múltiple.


  1. En Trabajo: las acciones gubernamentales son muy escasas, apenas se ha creado una dependencia técnico-administrativa en el Ministerio de Trabajo, para que impulse la formación ocupacional e inserción laboral y cuyas actividades están centralizadas a la capital con una cobertura mínima; actualmente se han realizado esfuerzos de capacitación para contar con personal de apoyo en las distintas provincias.

En lo que se relaciona a la formación ocupacional, ésta es una seria debilidad en el país, ya que no existe dicho servicio en el sector público, y las pocas organizaciones privadas dedicadas a este aspecto están ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca, con una cobertura muy baja y de mínimo impacto, generalmente sin seguimiento.


Además de los problemas señalados ,hay un vacío importante en la articulación entre educación y aspectos laborales, como formación ocupacional e inserción laboral, y en programas de seguimiento y mantenimiento del trabajo.


  1. En Bienestar Social: la Dirección Nacional de Discapacidades-DINADIS, cuenta con un departamento de programación y otro de asistencia social, como unidades operativas tiene cuatro centros de protección a personas con discapacidad en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, a los que asisten unos 350 niños y jóvenes con diferentes tipos de discapacidad y escasos recursos económicos.

Los servicios de dichos centros son: diagnóstico, estimulación temprana, aprestamiento escolar, trabajo protegido, aprestamiento laboral, talleres de producción, orientación y apoyo familiar, actividades recreativas, deportivas y artísticas, servicio de alimentación, ayudas técnicas y dotación de medicamentos, fortalecimiento organizacional a través de eventos de capacitación, integración socio-cultural.


También cuenta con un Taller Especial de Producción en Quito, al que asisten 45 jóvenes en edad laboral y cuyo propósito es el de brindar trabajo en las áreas de: lencería, artículos de limpieza y reparación de calzado.
En Esmeraldas hay un taller de órtesis y prótesis, de tecnología simplificada.

Para ampliar la cobertura y cumplimiento de sus funciones en los últimos años se crearon direcciones provinciales de discapacidades. Los principales programas con los que cuenta este ministerio son:


- Becas económicas para estudiantes con discapacidad de bajos recursos.

- Subvención de asistencia médica y hospitalización.

- Subvención a instituciones privadas de atención y a organizaciones y a personas con discapacidad.

- Asistencia técnico-legal a personas con discapacidad.

- Dotación de ayudas técnicas.

- Comedores comunitarios.

- Fortalecimiento institucional.

- Información y sensibilización a la comunidad.


En todas las actividades realizadas por el Ministerio de Bienestar Social se estima que hay 12.235 beneficiarios. Pese a ello la cobertura es mínima y centrada a las grandes ciudades, sin atención al área rural. Los servicios de protección social y legal sólo existen en Quito, Guayaquil y Cuenca.
El presupuesto es insignificante, sirve para financiar sueldos del personal y pequeñas asignaciones directas anuales para personas con discapacidad.


  1. En Seguridad Social la cobertura para la población general es muy baja, lo que se agrava en cuanto a la atención a personas con discapacidad.

El IESS-Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atiende con Beneficios Prestacionales en Riesgos del Trabajo, diversos, de acuerdo a la calificación médico-legal.


A través de sus unidades presta servicios en actividades generales del cuidado de la salud. Brinda también beneficios especiales como becas para niños con discapacidad que sean hijos de afiliados, ayudas técnicas, acciones de prevención de enfermedades profesionales entre las principales. Cuenta con unidades operativas en todas las provincias del país, y varias bien equipadas en las principales ciudades del país.
El ISSFA-Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, brinda servicios generales de cuidado de la salud y, además de la rehabilitación funcional, concede prestaciones y servicios sociales para sus afiliados, también cuenta con 1 hospital de alta especialidad en Quito, 3 hospitales de división, 5 de brigada, 1 rural, 8 clínicas y policlínicos y 14 unidades de salud particulares contratadas. Además de este tipo de atención, apoyan el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad. Este instituto atiende aproximadamente a 829 personas afiliadas titulares y 607 dependientes de militares.
El ISSPOL-Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, también brinda servicios generales de cuidado de la salud, además de prestaciones y servicios sociales para sus afiliados. Cuenta con un hospital de alta especialidad en Quito y otro general en Guayaquil.
Ampara a miembros en servicio activo con cuatro dependientes, y a miembros en servicio pasivo con tres dependientes. No cuenta con programas de prevención de enfermedades profesionales, ni de provisión de ayudas técnicas o de capacitación a personas con discapacidad.
SECTOR NO GUBERNAMENTAL


  1. Respecto a las Organizaciones de Personas con Discapacidad, existen las siguientes:

La FENEDIF-Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, que está integrada por 34 asociaciones específicas existentes en todas las provincias del país, a excepción de Galápagos, El Oro, Los Ríos, Imbabura y Bolívar, en las que existen organizaciones que agrupan a personas con todo tipo de discapacidad. Cada asociación tiene un promedio de 80-100 personas, con un total de 3.700 socios a nivel nacional.


Sus principales acciones tienen relación con capacitación, desarrollo institucional, elaboración de normativas, publicaciones, participación en eventos nacionales e internacionales y formación de líderes. No cuenta con recursos propios, recibiendo ayuda del CONADIS, Ministerio de Bienestar Social y otras instituciones.
Esta federación tiene una publicación trimestral denominada “Enlace”, y en lo internacional ha logrado algunas dignidades dentro de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad-OMPD.
La FENCE-Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, tiene 30 filiales (instituciones de y para ciegos) pertenecientes a 15 provincias, con unos 900 beneficiarios ciegos de sus programas.
Tiene una oficina permanente en Quito, una imprenta en tinta y braille en la que se imprimen textos, revistas y folletos que se distribuyen gratuitamente a personas con discapacidad visual de escuelas y centros de rehabilitación para ciegos. Han logrado la instalación de 101 kioscos y 15 modulares, generando 145 puestos de trabajo, aspirando instalarse 500 en todo el país.
El financiamiento de sus proyectos, especialmente centrados a capacitación, desarrollo institucional, participación internacional y ubicación laboral, lo logran a través de diversos apoyos especialmente de CONADIS, INNFA, FOAL (Fundación Once para América Latina).
Al momento le corresponde una Vocalía en la Red Iberoamericana de ONG’S de personas con discapacidad – RIADIS.
La FENASEC-Federación Nacional de Sordos del Ecuador, tiene 490 personas asociadas en 17 provincias, con un promedio de apenas 12 socios por cada asociación, aunque la población beneficiaria es aproximadamente de 1.200 personas sordas a nivel nacional.
Sus principales actividades están relacionadas con capacitación, publicaciones, desarrollo organizacional, apoyo en la elaboración de normativas, participación en eventos nacionales e internacionales. Su financiamiento es en base a apoyos del CONADIS, Ministerio de Bienestar Social, INNFA, y sector privado.
La FEPAPDEM-Federación Ecuatoriana Pro-Atención a la Persona con Deficiencia Mental, Autismo, Parálisis Cerebral y Síndrome de Down, fundamentalmente se dedica a capacitar y orientar a padres de familia y a profesionales que trabajan en el tema, para lo que cuenta con tres oficinas regionales en Pichincha, Azuay y Guayas, y coordinaciones provinciales en El Oro, Los Ríos, Manabí, Loja, Chimborazo, Carchi y Morona Santiago. Tiene un Centro de Documentación en Guayaquil.
El financiamiento de sus actividades es fundamentalmente a través de apoyos de CONADIS, INNFA, y Ministerios de Educación y Bienestar Social.


  1. En relación a entidades del sector privado que atienden a personas con discapacidad se destacan varias, pero podemos sintetizar lo siguiente:

La FENODIS-Federación de Organismos No Gubernamentales para las Discapacidades, aglutina a 59 organizaciones; aunque contradictoriamente en esta red existen algunas instituciones públicas y agrupaciones de personas con discapacidad, por lo que es fundamental que se reorganice para cumplir con sus objetivos en relación a capacitación, asesoramiento y asistencia, pues han tenido algunos años de inactividad como federación, sin que eso signifique que sus asociados no hubieren continuado con su entusiasta trabajo.


El INNFA-Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, es una de las ONG’s más importantes del país por el apoyo político y económico que tiene debido a que es liderado por la Primera Dama de la Nación. Esta entidad a través del Programa Atención Médica Solidaria (PAMS), desarrolla actividades a favor de las discapacidades, cuenta con 4 Centros de Rehabilitación Médica en Conocoto, Guayaquil, Portoviejo e Ibarra, 2 Centros Auditivos Orales en Conocoto y Cuenca, 1 Centro de Capacitación Laboral para Ciegos-CEFOCLAC en Quito, y 5 servicios médico-sociales en Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y Loja. El PAMS cuenta con 258 empleados entre médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, tecnólogos, personal auxiliar y administrativo.
Las actividades fundamentales son: prevención de discapacidades, becas solidarias para niños y adolescentes de bajos recursos para que accedan a atención médica, rehabilitación, habilitación y educación, ayudas técnicas, entrenamiento auditivo-oral y capacitación.
El INNFA cuenta con un buen presupuesto, a través de las Leyes 4·A y 92, y el Fondo de Desarrollo de la atención a la infancia, además de recibir aportes privados e internacionales.



  • NECESIDADES Y DEMANDAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A fin de tener una visión más clara sobre las necesidades de las personas con discapacidad, es necesario puntualizar algunos elementos del contexto nacional, además de los datos cuali-cuantitativos de la investigación sobre su situación específica presentados en “Datos Estadísticos”. El Ecuador es un país sub-desarrollado y con grandes dificultades sociales acumuladas desde hace varias décadas, que se evidencian mediante algunos indicadores como los siguientes: 70% de su población en pobreza, del cual el 21% está en extrema pobreza o indigencia; con una tasa de desempleo del 17%; con el 30% de los niños menores de cinco años desnutridos; con un gasto en salud de $8 por habitante y en educación de $27; con acceso a agua segura del 58% de la población urbana, y del 9% de la rural; con un saldo de la deuda externa que representa el 99.9% de la producción nacional (PIB), lo que significó a inicios del año 2.000 que a cada nuevo ecuatoriano recién nacido le correspondiera $1.108 (mil ciento ocho dólares) de la deuda externa (SIISE-Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador-2003)


Estos indicadores afectan a la sociedad ecuatoriana en su conjunto, y mucho más a grupos poblaciones de especial vulnerabilidad entre los que están las personas con discapacidad, pudiendo deducirse fácilmente que es muy amplio el espectro de necesidades de las mismas. A continuación se enuncian las necesidades más relevantes para posibilitar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad:
De información y comunicación: a fin de desenvolverse adecuadamente en la sociedad actual, todo ser humano debe estar informado y por tanto acceder a los medios de comunicación masiva, como prensa escrita, televisión, radio, Internet, etc.. El hecho de que un alto porcentaje de personas con discapacidad no tengan acceso a los medios de información y comunicación, hace que desconozcan aspectos importantes como: información sobre estilos de vida saludables, servicios existentes en la comunidad; derechos y obligaciones para el ejercicio de la ciudadanía, etc.
En el caso de las personas con discapacidad, debido a sus limitaciones funcionales específicas, se requiere la utilización de tecnologías apropiadas, comunicacionales u otras, situación que en el país es muy difícil de atender por aspectos económicos, de desarrollo tecnológico, de conocimiento y de disponibilidad en el mercado, por lo que es de fundamental importancia establecer estrategias que posibiliten el acceso a la información y comunicación para este segmento poblacional.
De salud y rehabilitación: para prevenir o reducir las consecuencias de las deficiencias y de las discapacidades, es necesario que las personas dispongan de servicios y recursos de rehabilitación, de manera que reciban una atención integral, individualizada, en forma precoz, apropiada y continua, preferentemente en su propio contexto sociocultural.
El sistema de salud no satisface las necesidades de la población en general, tanto en prevención como en rehabilitación, siendo más evidente en el caso de la discapacidad, especialmente en lo que a grupos poblacionales de bajos recursos y ubicados en sectores urbano-marginales y rurales, se refiere.
De educación: es una necesidad indispensable puesto que la educación forma, habilita, involucra e inspira; abre puertas y amplía horizontes. Toda persona tiene derecho a una educación amplia, equilibrada y apropiada. La oferta del sistema educativo actual, en todos sus niveles, es insuficiente frente a la demanda tanto en los servicios integrados como en los de educación especial. Adicionalmente, son insuficientes los servicios de apoyo, planes de estudio, materiales didácticos y docentes capacitados, en función de las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
De protección social y legal: la protección económica y social tiene por objeto garantizar a las personas en situación de vulnerabilidad el disfrute de un nivel digno de calidad de vida y la cobertura de sus necesidad básicas y específicas, por medio de subsidios y servicios sociales especiales, los cuales deben dirigirse con mayor énfasis a las personas con discapacidad de bajos recursos económicos. Adicionalmente, existiendo en nuestra sociedad niveles importantes de inequidad y discriminación, se hace indispensable implementar acciones de protección legal para las personas con discapacidad.
De formación ocupacional y empleo: es necesario garantizar que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de una adecuada evaluación de sus aptitudes, habilidades y destrezas, que permita identificar sus posibilidades ocupacionales, proporcione la base para diseñar programas individualizados de rehabilitación e integración profesional, y facilite su inserción o reinserción laboral. El fin último del proceso de desarrollo personal de todo individuo es lograr la integración en el mercado de trabajo, pues es lo que permite una verdadera autonomía social y económica. En el país, las tasas de desempleo y subempleo son alarmantes de manera general, y más acuciantes para las personas con discapacidad, haciéndose necesaria la implementación de estrategias tendientes a satisfacer esta necesidad.
De accesibilidad al medio físico: el acceso al medio físico es fundamental para viabilizar la integración social en todos los campos del quehacer humano, por lo que es indispensable considerar las limitaciones funcionales de deambulación, orientación y movilidad de las personas con discapacidad, especialmente en aquellas de tipo físico y visual. Por tanto es necesario eliminar barreras urbanísticas, arquitectónicas y del transporte.
De ayudas técnicas: las personas con discapacidad requieren ayudas técnicas para compensar, mitigar o neutralizar sus respectivas limitaciones funcionales, a fin de poder cumplir de la mejor manera las actividades regulares, según su edad, profesión, etc. Los niveles de información, de oferta y de costos sobre ayudas técnicas, dificultan seriamente el acceso a las mismas por parte de las personas con discapacidad, de manera que deben adoptarse medidas para solucionar progresivamente esta situación.
De recreación y deporte: las necesidades inherentes de todo ser humano sobre socialización, satisfacción de las necesidades lúdicas y emocionales, desarrollo de la personalidad, utilización del tiempo libre, se expresan a través de actividades de recreación y deporte, por lo que deben ser atendidas, resultando indispensable facilitar el acceso de las personas con discapacidad a dichas actividades.
De cultura: la oportunidad de utilizar la capacidad creativa, artística e intelectual, de toda persona es de suma importancia no solamente para su propio beneficio sino también para enriquecer a su comunidad. Por este motivo, es necesario abrir espacios de participación en diferentes manifestaciones culturales como: danza, música, literatura, teatro, pintura, escultura, etc.
De vida en familia: la posibilidad de experimentar la afectividad, el vivir en familia, la vida en pareja, la paternidad y maternidad, la sexualidad, todos ellos elementos esenciales en la vida de un ser humano, son asuntos que no han sido abordados de manera suficiente y adecuada, resultando indispensable su atención.



  1. MARCO CONSTITUCIONAL Y JURIDICO PARA LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CONVENCION.

En el campo de la normativa el país es uno de los primeros en América, que cuenta con un conjunto de normas y disposiciones legales que orientan a casi todas las actividades en materia de discapacidades. Esto le ha merecido al país que en muchos casos, sea tomado como referente, por su estructura, organización, políticas y normativas en el campo de las discapacidades.


Es uno de los pocos países que cuenta con una Constitución en la que se mencione expresamente en varios artículos las responsabilidades en materia de discapacidades, pero, especialmente en el 53, que dice: “El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la atención y la rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de su integración social y equiparación de oportunidades.
El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, capacitación e inserción laboral y recreación; y medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte que dificulten su movilización. Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medias en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones.
Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención de créditos, exenciones y rebajas tributarias de acuerdo con la Ley.
Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la comunicación por medio de formas alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, oralismo, el Sistema Braille y otras”.
Tiene además una ley específica, la Ley 180 de Discapacidades, la misma que fue reformada a través de la Ley No. 2000-25, expedida el 26 de septiembre de 2000. Esta ley establece un Sistema Nacional de Prevención de Discapacidades y de atención e integración de las personas con discapacidades, norma, la organización y funcionamiento del CONADIS, contiene disposiciones sobre los derechos y beneficios de las personas con discapacidad y los procedimientos para sancionar a quienes no cumplen con la ley y a quienes discriminen a las personas por razones de discapacidad.

Se cuenta con el Nuevo Reglamento expedido el 14 de enero de 2003, que en lo sustancial, define y dispone las atribuciones, responsabilidades y competencias de todas las instituciones y organismos responsables de la prevención, atención de las discapacidades y los mecanismos de operativización de la Ley y las políticas en discapacidades.


En varios artículos de la Constitución, como veremos más adelante están consignados los derechos de las personas con discapacidad y las responsabilidades del Estado y varias de sus instituciones para su protección, cumplimiento y ejecución. Igual situación expresa la Ley de Discapacidades. Veamos los aspectos centrales:
Titulo V

DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS
Art 19.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución, en las leyes y en convenios internacionales, el Estado reconocerá y garantizará a las personas con discapacidad los siguientes:
Accesibilidad.- Se garantiza a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En toda obra pública que se destine a actividades que supongan el acceso de público, deberán preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. La misma previsión deberá efectuarse en los edificios destinados a empresas privadas de servicio público, en los que exhiban espectáculos públicos y en las unidades sociales y recreativas para uso comunitario, que en adelante se construya, reformen o modifiquen. Los municipios, con asesoría del Consejo Nacional de Discapacidades y el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), dictarán las ordenanzas respectivas que permitan, el cumplimiento de este derecho: las que establecerán sanciones y multas por la inobservancia de estas normas. Adicionalmente, los municipios establecerán un porcentaje en sus presupuestos anuales para eliminar las barreras existentes.


  1. Acceso a la Salud y Rehabilitación.- Los servicios de salud deberán ofrecerse en igualdad de condiciones a todas las personas con discapacidad que los requieran, serán considerados como actos discriminatorios, el negarse a prestarlos o proporcionarlos de inferior calidad. El ministerio de Salud Pública, establecerá los procedimientos de coordinación y supervisión para las unidades de salud pública a fin de que brinden los medios especializados de rehabilitación y determinará las políticas de prevención y atención congruente con las necesidades reales de la población y normará las acciones que en este campo realicen otras instituciones y organismos públicos y privados.

  2. Acceso a la Educación.- Acceso a la educación regular en establecimientos públicos y privados, en todos los niveles del sistema educativo nacional, con los apoyos necesarios, o en servicios de educación especial y específica para aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares de educación, en razón del grado y características de su discapacidad:

  3. Acceso al Empleo.- Las personas con discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas, por su condición tienen derecho a no ser discriminadas por su condición, en todas las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación, despido e indemnización de personal y en cuanto a todos los demás términos, condiciones y privilegios de los trabajadores:

  4. Accesibilidad en el Transporte.- Las personas con discapacidad tienen derecho a la utilización normal del transporte público, para lo cual las compañías, empresas o cooperativas de transporte progresivamente implementarán unidades libres de barreras y obstáculos que garanticen el fácil acceso y circulación en su interior de personas con movilidad reducida y deberán contar en todas sus unidades, con dos asientos identificados con el símbolo internacional de discapacidad. Los organismos competentes para regular el tránsito en las diferentes circunscripciones territoriales en el ámbito nacional, vigilarán el cumplimiento de la disposición anterior e impondrán una multa equivalente a 12 dólares de los Estados Unidos de América en caso de inobservancia; y,

  5. Accesibilidad a la Comunicación.- Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder, de acuerdo a las circunstancia , a la información emitida a través de los medios de comunicación colectiva nacional, para lo cual la Superintendencia de Telecomunicaciones, en coordinación con las asociaciones de medios de comunicación social y el Consejo Nacional de Discapacidades, promoverá la eliminación de barreras en la comunicación, respecto a la difusión de información y la incorporación de recursos tecnológicos y humanos que permitan la recepción de los mensajes y el acceso a los sistemas de comunicación y señalización como lengua de señas ecuatorianas, generación de caracteres, sistema Braille u otros que permitan a las personas con discapacidad el derecho a la información y comunicación. Los medios de comunicación social televisivos deberán progresivamente incorporar en sus noticieros la interpretación de lengua de señas ecuatoriana o generación de caracteres, para que las personas sordas tengan acceso a la información al igual que los programas producidos por las entidades públicas. El Estado reconoce el derecho de las personas sordas al uso de la “Lengua de Señas Ecuatoriana”, a la educación, bilingüe u oralista y auspicia la investigación y difusión de las mismas. Las Instituciones públicas, privadas y mixtas están obligadas a adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de empleo, para facilitar la participación de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad de género. El servicio de Capacitación Profesional (SECAP) y más entidades de capacitación deberán incorporar personas con discapacidad a sus programas regulares de formación y capacitación y establecerán en coordinación con el Ministerio de Trabajo y la Asesoría del Consejo Nacional de Discapacidades, programas especiales en casos que así lo justifiquen. Los servicios públicos de colocaciones del Ministerio de Trabajo fomentarán la inserción laboral de las personas con discapacidades.

En el ámbito normativo cabe anotarse también, que el país ha suscrito varios convenios internacionales sobre discapacidades, que también se convierten en normas para el Ecuador; los convenios de la OIT, sobre trabajo para personas con discapacidad, las Normas Uniformes de NNUU 1993, la Convención por la no discriminación de las personas por razones de discapacidad, (en proceso); la Declaración de Salamanca (UNESCO 1994) para la educación de niños y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales, la Declaración de Managua (1994) por las políticas para niños y jóvenes con discapacidad, la Declaración de Cartagena (1992) sobre políticas integrales para personas con discapacidad y tercera edad.





  1. PRINCIPALES MEDIDAS JURIDICAS Y PRACTICAS ADOPTADAS PARA DAR EFECTIVIDAD A LOS DERECHOS DE LA CONVENCION

En relación a las medidas jurídicas adoptadas en el Ecuador podemos citar las siguientes:




  • Incorporación en la Constitución de la Republica de Artículos sobre los derechos de las PCD.

  • Reforma a la Ley de Discapacidades, incorporando la Defensa de Derechos como responsabilidad del Consejo Nacional de Discapacidades.

  • Reforma al Código Laboral, incorporando la disposición de la obligación de incorporar el 4% de PC a la nómina de instituciones públicas y privadas.

  • Implementación en el Reglamento de la Ley de Discapacidades del Sistema Nacional de Calificación Unica.

En lo que se refiere a Políticas, en el Ecuador se han expedido las políticas generales en discapacidades basados en unos principios que se orientan en la normalización, integración, equiparación de oportunidades, inclusión y derechos humanos. Estas políticas se dirigen a:




  • Priorización de las acciones de prevención

  • Impulso a programas de detección, diagnóstico y tratamiento de deficiencias.

  • La educación será preferentemente integrada.

  • Fortalecimiento de rehabilitación funcional y autonomía personal.

  • Fortalecimiento de los programas de Rehabilitación Profesional.

  • Impulso a la Integración Social.

  • Establecimiento de medidas de protección social económicas y jurídica

  • Establecimiento de Servicios Sociales, información y ayuda a domicilio

  • Formación y capacitación de recursos humanos en discapacidades.

  • Impulso a la investigación.

Se han dictado también las políticas sectoriales para educación, salud, bienestar social, trabajo, recreación y accesibilidad que determinan lo que se debe hacer y como se debe hacer en cada área a la que se refieren.*


La atención a las personas con discapacidad la realizan las instituciones del sector público y privado responsables según la ley y reglamento de la prevención, atención e integración.

En el sector público, la atención es responsabilidad de varias instituciones técnico-administrativas de los ministerios, coordinados por un Consejo Nacional, así tenemos, la División Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de Bienestar Social, la División de Salud del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, fundamentalmente, y otros ministerios que tienen responsabilidades señaladas en el Reglamento a la Ley, los organismos seccionales, las Comisiones Provinciales de Discapacidad y las instituciones de Seguridad Social.


En el sector privado los organismos que tienen responsabilidad son el INNFA y los Organismos No Gubernamentales de personas con discapacidad, que son: la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador-FENCE, la Federación Nacional de Sordos del Ecuador, FENASEC, la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF y la Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental, Autismo, Parálisis Cerebral y Síndrome de Down­-FEPAPDEM, que agrupan a las asociaciones provinciales de personas con discapacidad.
En los organismos no gubernamentales también están las organizaciones que trabajan para las personas con discapacidad y que están agrupadas en la Federación de ONGs que trabajan en discapacidades.**
En el sector Público el CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES. CONADIS- es la instancia rectora de las políticas en discapacidades del país, está organizada al más alto nivel y tiene como objetivos: dictar políticas, impulsar y realizar investigaciones, defender los derechos de las personas con discapacidad y coordinar las acciones que realizan las instituciones del sector público y privado que son responsables de la prevención de discapacidades y de la atención e integración de las personas con discapacidad.

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* CONADIS, www.gov.ec

** CAZAR, Ramiro, Breve Análisis de las Discapacidades en el Ecuador,2001



  1. PROGRESOS LOGRADOS EN EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS DE LA CONVENCIÓN




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