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COMPARECENCIA CONJUNTA:


COMPARECENCIA DE LA FUNDADORA DE LA SECCIÓN DE DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, DÑA. ISABEL WINKELS ARCE, ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA INFORMAR SOBRE LA INCIDENCIA DE LAS CARENCIAS DEL DERECHO DE FAMILIA EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

(715/000589)

AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA
COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, DÑA. ANA CLARA BELÍO PASCUAL, ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA INFORMAR SOBRE LA INCIDENCIA DE LAS CARENCIAS DEL DERECHO DE FAMILIA EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

(715/000590)

AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la comparecencia conjunta de la fundadora de la Sección de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Madrid, doña Isabel Winkels Arce, para informar sobre la incidencia de las carencias del derecho de familia en la violencia de género, y la comparecencia de la presidenta de la Sección de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Madrid, doña Ana Clara Belío Pascual, para informar sobre la incidencia de las carencias del derecho de familia en la violencia de género.

Tienen la palabra, que se distribuirán por un tiempo de veinte a treinta minutos ambas.


La señora WINKELS ARCE (fundadora de la Sección de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Madrid): Buenos días.

En primer lugar, muchas gracias por la invitación al presidente, a la Sección, a Celia y a sus señorías, que van a dedicarse esta tarde un ratito a escucharnos.

Quiero adelantar, como ha dicho el presidente, que yo fundé hace cinco años la Sección de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Madrid, Ana Clara Belío es la actual presidenta y si hay algo que somos las dos es abogados de familia y de trinchera; es decir, conocemos y en realidad padecemos en muchas ocasiones las enormes carencias que tiene el derecho de familia por algunos problemas que hemos identificado. Venimos a exponer esos problemas e, incluso, yo me atrevo a proponer una solución a uno de ellos, que les dejo aquí en un PowerPoint. Pido disculpas porque como me lo han preparado en el despacho -yo soy muy torpe con las nuevas tecnologías- han puesto mi logo. Como lo he visto al venir, voy a sustituirlo por otro en blanco sin logo, que era mi idea. (La señora compareciente apoya su intervención con la proyección de diapositivas).

En concreto, yo he identificado dos temas en el derecho de familia que, evidentemente, por un puro sentido de la lógica, como creo que vemos todos, ayudarían de manera importante a solucionar, a prevenir por lo menos una parte de los problemas derivados de la violencia de género, que es un mal que padecemos en nuestra sociedad y que todos sufrimos de manera cercana además, tanto en el despacho como en nuestra vida, desgraciadamente.

En primer lugar, tenemos una regulación obsoleta del derecho de familia, claramente superada por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Seguimos manteniendo un artículo 92.8 del Código Civil, que nos sigue diciendo que, excepcionalmente, aunque no se den los supuestos del apartado 5..., que es cuando se introdujo la regulación de la custodia compartida en el Código Civil, diciendo que ambos progenitores de común acuerdo podrán acordar una custodia compartida de nuestros hijos -artículo 92.5-. Pues bien, el artículo 92.8 sigue hablando de la excepcionalidad de esta medida, y es obsoleto, digo, porque en el año 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia de pleno -es decir, de plena aplicación por los tribunales, todos, que están debajo- en la que nos dice que la custodia compartida habrá de considerarse normal e incluso deseable. Esta es una sentencia de pleno del Tribunal Supremo del 29 de abril del año 2013.


Pues bien, pese a que ha habido reformas ulteriores del Código Civil, no ha habido manera de paliar este anacronismo -no deja de ser un anacronismo-. Los jueces, tanto de las audiencias como de la primera instancia, no tienen más remedio que cumplir con lo que les está diciendo el Tribunal Supremo porque es una doctrina dictada por ese tribunal. De hecho, cuando hay jueces que no la cumplen, se les tira en condiciones de las orejas, y lo hacen.

Hay jueces que dicen que no están de acuerdo, porque todas las personas tienen opiniones. Aquí hay jueces, aquí hay abogados, todos podemos tener nuestras opiniones, pero tenemos un sistema jurídico que funciona, y que en este caso es piramidal. Y si tenemos un Tribunal Supremo que nos está diciendo una cosa con una sentencia de pleno, los tribunales inferiores tienen que acatar esa doctrina.

Sin embargo, tenemos un artículo, el 92.8, que sigue manteniendo el término “excepcional” a la custodia compartida. Pero es más, es que ese mismo artículo mantiene incluso una frase que dice: “Con informe favorable del ministerio fiscal”. Pero es que esta frase que fue declarada inconstitucional en una sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de octubre del 2012.

O sea, por no reformar, ni se suprime una mención al obligatorio informe del Ministerio Fiscal a favor de la custodia compartida que fue declarada inconstitucional porque se entiende que el Ministerio Fiscal es una parte del procedimiento, pero no es una parte que pueda tener este carácter vinculante a la hora de emitir tal pronunciamiento.

En este punto tenemos también el artículo 96 del Código Civil, relativo al domicilio. Vincula automáticamente la atribución del uso del domicilio a los hijos y al progenitor en cuya compañía queden. Esto, tal cual queda, nuevamente ha obligado al Tribunal Supremo a modular este artículo. Empezó a hacerlo en una sentencia del año 2012, dictada por doña Encarnación Roca, en la que dijo que el concepto “hijos” del artículo 96 había que interpretarlo únicamente como hijos menores de edad; es decir, los hijos mayores de edad ya no tenían esa protección del domicilio familiar. Los jueces que saben esto, lo aplican, pero ante los jueces que no lo saben que son muchos, porque la mayoría no están especializados los abogados debemos recurrir esas sentencias, acudir a la audiencia y, en su caso, acudir al Tribunal Supremo, con la consiguiente dilación que tiene este tipo de procedimientos -como todos, ya que los de familia no son ninguna excepción-.

Este fin de semana ha habido un nuevo revuelo por otra sentencia dictada por el Tribunal Supremo, aquella que elimina el derecho de uso cuando la mujer convive en el domicilio familiar. Digo la mujer porque suele ser normalmente quien adquiere la custodia monoparental, es decir, sigue siendo la mujer quien en la mayoría de los casos ostenta la guardia y custodia de los hijos, con lo cual se le atribuye el uso del domicilio familiar con carácter exclusivo. Si la mujer convive con una nueva pareja, ha entendido el Tribunal Supremo, en una sentencia que se publicó el viernes, que esa familia merecedora de la atribución de su derecho de uso ha perdido la catalogación de tal familia como la tenía en su origen y, por lo tanto, se puede, hasta la liquidación de la sociedad de gananciales cuando hay sociedad de gananciales, perder el derecho de uso e instar a la liquidación.

Nuevamente el Tribunal Supremo está manifestándose sobre un artículo 96 obsoleto, un artículo 96 que genera muchísimos conflictos, y de esto los abogados de familia somos plenamente conscientes, porque a los despachos nos vienen muchos supuestos que podrían ser perfectamente solucionables de manera amistosa. Esto ocurre por el tema de la pensión, que también va vinculada a la custodia, y por el tema del domicilio, donde normalmente suelen estar los ahorros principales de cualquier persona, pues para alguien que ha trabajado toda su vida y se divorcia la media está a los 38 años, creo recordar su principal patrimonio suele ser esa casa, y si uno de los dos tiene que salir, evidentemente para esa persona es un mazazo económico y personal muy grande.

Si consiguiéramos desvincular el tema del domicilio y dejar que los jueces determinasen en interés de los hijos a quién hay que atribuirlo, de verdad que se nos facilitaría la labor a los abogados como somos Ana Clara y yo que intentamos solucionar los problemas de mutuo acuerdo antes de llegar a los contenciosos, porque sabemos las consecuencias tremendas que tiene un conflicto contencioso tanto para ese matrimonio como, sobre todo, para sus hijos, cuando, además, ya entran terceros y entran equipos. Me refiero, en fin, a la posibilidad, dentro de ese conflicto, de acabar en situaciones de violencia, y encima cuando intentamos llegar a acuerdos y desvincular eso, nos vemos con la ley, una ley que no facilita, entre otras cosas, hasta la aplicación, en muchos casos, de lo que el Tribunal Supremo está diciendo, porque desde que el Tribunal Supremo lo dice hasta que se va aplicando, hace falta siempre un tiempo. Con lo cual, es necesario, en primer lugar, adaptar la legislación a lo que está diciendo el Supremo o a lo que sus señorías determinen, pero dictar unas leyes claras y que a los abogados nos ayude a conciliar procedimientos de mutuo acuerdo. Asimismo, que todos los jueces tengan la facilidad de coger el código y aplicarlo, y no tener que interpretar y acudir a la jurisprudencia, que a veces tampoco es tan clara, porque cada jurisprudencia o cada sentencia se basa en cada caso concreto. Pues eso por un lado, la regulación obsoleta superada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Recientemente tuvimos de hecho el 4 de noviembre en el Colegio de Abogados, en la sección de Familia, a don José Antonio Seijas, al que le hicimos un homenaje porque se jubila ahora. Don José Antonio Seijas ha sido el magistrado de la sala primera del Supremo que más se ha implicado en los temas de familia. Además, es autor de esta última sentencia de este viernes. Y José Antonio Seijas, en ese discurso que nos dio en agradecimiento al homenaje, nos dejaba esta frase: Una buena legislación de familia sería un remedio preventivo de la violencia de género. Y lo es, porque de verdad que esa falta de concordancia y esa falta de regulación y concreción derivan en conflictos que, de verdad, serían evitables.

En segundo lugar, la especialización de los juzgados. Yo he traído datos del año 2017 me he centrado en la Comunidad de Madrid porque es la que conozco y del primer semestre del 2018. En la Comunidad de Madrid, en 2017 se ingresaron 41 729 asuntos de derecho de familia, donde incluyo relaciones paterno-filiales, modificaciones de medidas, en fin, de toda clase divorcios, separaciones, nulidades. El año 2017 había en la Comunidad de Madrid dieciséis juzgados de familia, catorce en Madrid capital, uno en Alcalá de Henares y uno en Móstoles. Estos dieciséis juzgados especializados en familia se ventilaron 20 391 procedimientos de familia. Y en los restantes 121 juzgados de primera instancia e instrucción del resto de la Comunidad de Madrid en la Comunidad de Madrid hay un total de 207 juzgados entre primera instancia e instrucción, excepto los de aquellas comarcas donde efectivamente hay juzgados de familia, que les quitan las competencias de los temas de familia a los demás, se ventilaron 21 338. Es decir, dieciséis juzgados vieron durante este año prácticamente lo mismo que los restantes 121 no especializados. Primer semestre de enero a junio del 2018. En la Comunidad de Madrid se crearon dos nuevos juzgados que fueron especializados de familia, un segundo en Alcalá de Henares y uno nuevo en Fuenlabrada. En este primer semestre – evidentemente, son datos parciales- entraron 17 733 anuncios y los dieciocho juzgados de familia vieron 11 674 y en los restantes 117 porque se ha creado también alguno más 6059 procedimientos. Es decir, dos juzgados más han disparado esa horquilla.

El tiempo medio de tramitación de un procedimiento esta no es una estadística que yo haya encontrado en algún lado, sino que lo he ido viendo en distintos lados, como en una conferencia o con jueces de familia, con los que nos vemos y valoramos sus estadísticas, es decir, es una estadística media sacada de nuestra experiencia nuestra y de magistrados que, más o menos, trabajan en estos temas- en un juzgado de familia es de 6 a 8 meses. El tiempo medio de tramitación de un juzgado no especializado está entre año y medio y dos años. Y no tanto porque los juzgados estén colapsados, sino porque no tienen fiscales, ya que un juzgado de familia tiene un juez de familia; un fiscal adscrito, porque en todos los juzgados de familia está su ministerio fiscal al lado; y un equipo psicosocial porque, evidentemente, cuando hace falta valorar esa unidad familiar, se debate una custodia compartida o hay cualquier otra incidencia, los jueces remiten a su propio equipo, que maneja su agenda, con lo cual, un juzgado de familia tarda de 6 a 8 meses en tramitar un asunto.

Normalmente, un juzgado no especializado por las zonas de la Comunidad de Madrid, año y medio a dos años. Y mientras tanto, esas familias están viviendo con unas medidas provisionales dadas por jueces no especializados, sin fiscales y sin pasar por un equipo psicosocial. Es decir, esas medidas provisionales no se dan teniendo en consideración todas las circunstancias de esa familia, sino que son autos de medidas provisionales que no son profesionales, y en la mayoría de las ocasiones no se adaptan a las necesidades de esa familia. En muchos casos, desgraciadamente, mal dadas. ¿Qué generan? Violencia. Violencia y muchos traumas en los niños.

Yo leí en un artículo este fin de semana en concreto en La Voz de Asturias, y lo vi ahí por casualidad que el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, don Julio Bobes, decía: No es que haya que divorciarse, es que hay que hacerlo bien, porque hablaba de que el 80% de las consultas de la psiquiatría infantil en Asturias se producen a causa de un divorcio conflictivo de padres que provocan trastorno de adaptación a sus hijos. ¡Un 80% de los niños que acuden a las psiquiatrías! Este tema era un caso concreto, pero vamos, lo vi en una prensa de Asturias.

La situación de los hijos es el termómetro de lo que pasa en la casa. Los niños son, en general, muy fuertes, dice José Muñíz, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, pero es que en casos en los que los adultos están resolviendo un tema de violencia, los niños no pueden no pueden, es la parte más débil del eslabón, evidentemente. Por lo menos, hagamos una tramitación ágil de 6 a 8 meses y, además, profesional y con un buen equipo. Es perfectamente factible. Y es factible porque no cuesta dinero.

He preparado un mapita, este que ven, donde aparece el actual reparto de los actuales dieciocho juzgados de familia que hay en la Comunidad de Madrid. Y tenemos ahí, en los circulitos, catorce en Madrid capital, dos en Alcalá de Henares, uno en Móstoles y uno en Fuenlabrada. El resto de los temas de familia se ventilan en los juzgados de primera instancia, cuando los hay, o en los mixtos, es decir, que ese el juez ve un robo, un homicidio y un divorcio. Y, de verdad, nosotros hacemos solo familia, y a mí no me da la vida para estudiar más. Yo estoy especializada y les aseguro que estudio y trabajo muchísimo para estar al día en lo mío, que es derecho de familia. Es imposible que los jueces ya no estoy hablando de primera instancia, sino primera instancia e instrucción estén al día de todo, que conozcan esa jurisprudencia que les vincula del Tribunal Supremo y que conozcan todos estos datos. Es materialmente imposible. Y los procedimientos de familia de verdad, no nos equivoquemos son los que más afectan a las familias, los que más afectan a los niños, porque una custodia mal dada, evidentemente, te desgracia un niño. Especialicémoslo, porque de verdad que no es tan difícil. Habíamos visto que con dieciséis juzgados de familia en la Comunidad de Madrid ventilábamos la mitad de los procedimientos de familia. Por tanto, modifiquemos la Ley de Enjuiciamiento Civil repito, esto es propuesta mía y de mi manga y hagamos cinco distritos en Madrid: en la zona norte, por ejemplo en Colmenar Viejo, que está en el centro, creemos y especialicemos cuatro juzgados de familia con su fiscal y su equipo psicosocial; en la zona este, en Móstoles, que hay uno, añadámosle otros tres; en la zona sur, que está Fuenlabrada ahora mismo, añadamos otros tres; y en la otra zona, en Alcalá de Henares, añadámosle otros dos. Y así tendremos cuatro, cuatro, cuatro y cuatro. Más los catorce de Madrid capital.
El señor PRESIDENTE: Lleva 17 minutos.
La señora WINKELS ARCE (fundadora de la Sección de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Madrid): Pues ya termino con esto porque, además, sé que es la última.

Gracias por su atención, con esto se soluciona. Ana Clara, perdón.


La señora PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID (Belío Pascual): Muchas gracias, Isabel.

La verdad es que Isabel lo ha explicado tan claro que a mí al tema de familia poco me queda por añadir. Simplemente voy enfatizar la necesidad de verdad de contar con una jurisdicción especializada en familia, como ya tenemos un cuerpo legal que es de derecho de familia.

Solo Madrid, Barcelona y Sevilla tienen juzgados propios de familia, y Madrid únicamente cuenta con catorce, más otros cuatro ahora, juzgados especializados en familia. ¿Eso qué quiere decir? Que quien tiene la suerte de vivir en Madrid centro se puede divorciar en cinco o seis meses con un gabinete psicosocial. Quien tiene la desgracia de no vivir en Madrid centro puede tardar tres años en tener una sentencia de divorcio con todas las garantías de un gabinete psicosocial especializado y de un fiscal que acuda a ese procedimiento.

Es decir, no puede ser que haya ciudadanos tan claramente de dos categorías por el hecho de pertenecer al centro de Madrid, ni siquiera al resto de la periferia, porque son esos juzgados especializados en familia los que tienen esa dotación de servicio de los equipos psicosociales propios y, además, un ministerio fiscal adscrito a cada juzgado, lo que no sucede en la periferia. Pero es que, además, el problema de no tener jurisdicción propia de familia se evidencia en la Audiencia Provincial. Es decir, únicamente tenemos dos secciones adscritas ahora mismo, que son la 22 y la 24, porque dependemos de la rama civil. Por tanto, vienen a tardar una media de dieciocho meses los recursos de apelación en materia de menores. Es imposible dar una solución factible a una familia que presenta en apelación una custodia compartida, una pensión de alimentos, un uso y disfrute de un domicilio, una liquidación de gananciales, lo que sea, porque va a tardar dieciocho meses en tener la primera sentencia de la Audiencia Provincial. Si a eso le unes los dieciocho meses del equipo psicosocial de Móstoles o de Fuenlabrada, por ejemplo, se encuentran con que hasta pasados tres años no tienen una resolución cuasi definitiva sobre ese asunto. Por lo tanto, es esencial que en materia de Audiencia Provincial se pueda constituir alguna sección adicional a la 22 y la 24 para dar cabida a esta eclosión de recursos, porque en materia de menores es terrible.

El otro día hablábamos con Pilar Gonzálvez, magistrada de la Audiencia Provincial, que nos decía: Por favor, insistid mucho en que la Audiencia Provincial necesita alguna sección más que lleve familia, porque es clarísimamente insuficiente que para toda la Comunidad de Madrid entera solo y únicamente haya dos secciones.

Dicho esto, yo voy a hablar cinco minutos sobre lo que es el objeto de la comparecencia, que es la incidencia de las carencias del derecho de familia en violencia de género. En cuanto al tema de la violencia, yo creo que haría falta una formación con perspectiva de género por parte de todos los operadores jurídicos en los juzgados de violencia. La formación de los jueces de violencia ahora mismo es de dos semanas, pero hasta hace poco era de un curso de dos días de diez horas, u online, que también se hacía. Ahora es de dos semanas, que es algo mayor, pero parece ser que sigue siendo insuficiente. En general, esa es una queja habitual.

Además, no existe esa formación específica en el resto de los profesionales adscritos a los juzgados de violencia. Es decir, los fiscales no están formados en violencia específicamente y tampoco los LAJ, que muchas veces atienden también las denuncias de las víctimas. Y lo que es más grave, quizás, es que estos juzgados de violencia de la periferia -que no son los de Madrid, que ahora están en Albarracín y que antes estaban en Manuel Tovar- no tienen un gabinete social adscrito especializado en violencia de género, sino que comparten el gabinete psicosocial con primera instancia, dando servicio a muchos partidos judiciales. Esto se traduce en que la valoración del riesgo muchas veces es solo la que se efectúa en comisaría. Es decir, cuando se realiza una denuncia, la supuesta víctima entra en comisaría y mediante un sistema electrónico el VioGén se le hace un test informático y esta es la única valoración de riesgo que se le hace en este momento. ¿Qué ocurre en Madrid? Que automáticamente se hace una segunda digo en Madrid, Manuel Tovar o en este caso Albarracín. Los juzgados que sí que tienen competencia específica en violencia en el centro de Madrid tienen un equipo psicosocial adscrito en violencia específico que no es el psicosocial de familia, sino específico para violencia, que hace una segunda valoración del riesgo prácticamente de manera simultánea. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un juzgado de violencia de Coslada? Al no tener gabinete psicosocial específico de violencia tiene que esperar a que el gabinete que comparte con otros diez partidos judiciales haga esa valoración de la víctima. Si la víctima entra estando de guardia y es un domingo, es imposible que se haga ninguna valoración, o que la haga la juez o el juez que esté en ese momento en turno de guardia. Por tanto, es clarísima la necesidad de que haya gabinetes específicos de violencia adscritos a los juzgados de violencia en la periferia de Madrid.

Además, otra de las quejas habituales es que no existe ninguna valoración de riesgo respecto de los menores. Esto no está previsto en la ley, y los menores deben ser evaluados. No se les evalúa en comisaría, no se les evalúa por el sistema VioGén y no se les evalúa para hacer ese análisis de riesgo por parte de los servicios psicosociales ni de violencia ni tampoco los generales. Y, desde luego, los datos oficiales son tremendos. Ya se han contabilizado 44 mujeres víctimas mortales de 1 de enero hasta octubre del 2018. En 2017 fueron asesinados ocho niños y niñas, 24 quedaron huérfanos por esta causa y muchos sufrieron daños psicológicos, a veces irreparables por haber sido testigos de violencia de sus progenitores, como ocurrió ayer, que en Huesca falleció una mujer en presencia de sus dos hijos. Y en 2018 son ya 33 los menores huérfanos.

Debería haber un sistema que pudiera hacer una evaluación de riesgo al menor y que pudiera adoptar una medida preventiva en ese momento. Es verdad que esto también supone un cambio legislativo, porque hasta ahora la privación de la patria potestad en los casos en los que los menores han sido testigos de violencia de género solo se ha producido en algún caso a instancia de un juez que lo haya hecho, pero no es una medida que esté en absoluto contemplada en la ley que es, además, discutible, como también la pérdida automática de la posible custodia compartida cuando todavía no hay una condena firme. Son cuestiones que son muy sensibles, pero que habría que abordar un debate sobre estos temas para, efectivamente, dar algún tipo de cobertura o de protección a los menores cuando se pueda valorar.

Y yo creo que ya está, o sea que he ido rápido.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Concluye así la primera intervención. Ahora van a intervenir los señores portavoces y después tendréis la posibilidad de concluir la comparecencia.

Por el Grupo Parlamentario Mixto no intervienen.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria no intervienen.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, el senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias a las dos por toda la aportación y todo el saber que nos han trasladado.

Yo creo que es claro que nos han puesto deberes a la hora de adaptar la legislación y a la hora de plantear, al menos, leyes claras que vayan a facilitar la labor de todos los operadores jurídicos. Clara también la conclusión sobre la especialización de juzgados. Y la pregunta es la siguiente. Yo vengo de Euskadi, y Ana Clara ha hecho una valoración sobre la situación en Madrid, al igual que Isabel. No sé si hay más datos de cómo está el resto de comunidades, cómo está Euskadi, como está Andalucía, etcétera. Imagino que será muy similar a la situación que tiene Madrid, pero por saber si hay algún dato.

Yo creo que ha sido una muy buena comparecencia. Yo, al menos, tengo claras cuáles son las conclusiones y les agradecería que, si tienen los datos, me los facilitaran, porque me vendría bien; si no, seguro que los encuentro, porque yo creo que ya me han dado las vías para poder trabajar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republica no intervienen.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Cánovas.
La señora CÁNOVAS ESSARD: Gracias, señor presidente.

Muchísimas gracias, compañeras, por haber explicado lo que habéis explicado. De hecho, los que nos dedicamos a la profesión lo vemos, lo ve el que pisa, el que está en la calle, el que está en el juzgado, porque lógicamente se percata de la gran insuficiencia que hay de juzgados de familia. Eso está clarísimo, y les pongo un ejemplo. A mí me ha tocado incluso un divorcio de mutuo acuerdo y como no encontraban al demandado, por circunstancias, llevamos tres años -¡tres años!- para citarlo para juicio. Es vergonzosa la situación y que hayamos dejado que esto se abandone de esta manera tan brutal.

La justicia siempre hemos dicho que ha sido la gran abandonada de todos los partidos políticos en general, y esto es lo que ha ocurrido con todos los gobiernos y últimamente yo solamente puedo hablar del Partido Popular, que es el que más recientemente ha estado gobernando durante unos cuantos años. A pesar de todo, hemos conseguido a nivel político llegar a unos pactos, concretamente el Pacto de Estado contra la Violencia, y aquí, en el Senado, también tenemos unas recomendaciones que se recogieron en un pacto y que coinciden en gran medida con el pacto que se firmó en el Congreso.

Yo, como abogada, tengo una opinión, pero a la hora de legislar creo que hay muchos artículos que modificar, aparte de los que habéis dicho. Por ejemplo, en relación con los menores, ¿qué opináis sobre la custodia compartida? ¿Cómo regularíais esto? ¿Qué opináis sobre la suspensión o no del régimen de visitas?

Yo he visto en el pacto de Estado que, por ejemplo, cuando no hay sentencia firme está claro que de momento hay una presunción de inocencia del maltratador, o del asesino. Hasta que no es condenado por una sentencia firme tiene esa presunción. Por tanto, hablamos de suspender las visitas de los menores hacia el padre. Por lo cual, este seguiría ostentando la patria potestad. También ver qué ventajas e inconvenientes veis en esto de cara a los menores y a la familia que tiene que atender a estos menores.

El otro día, hablando justamente de este asesinato que ha habido recientemente, hablaban familiares en programas de televisión, y esto ocurre siempre a fuerza de telediarios, que nos vamos percatando y vamos oyendo cosas. Así, la gente dice: Hasta que no he tenido la custodia, hasta que no he tenido la patria potestad, no he podido hacer tal cosa y tenía que pedirle permiso al padre para que los niños fueran a un médico o fueran asistidos psicológicamente. Esto me parece una aberración. Tendríamos que ver hasta qué punto podríamos casar el derecho constitucional a la presunción de inocencia de un padre que presuntamente, entre comillas, ha matado a la madre, y muchas veces en presencia de los niños y de las niñas, con la salvaguarda del derecho de los menores a no sufrir estas consecuencias tan gravísimas que les marcarán de por vida.

Por lo tanto, de toda la exposición, a ver si podéis insistir en todo esto de la suspensión del régimen de visitas, supresión de la patria potestad -esto se contempla en el pacto- y ver en qué medida podemos afectar derechos constitucionales y cuál veis aquí que prevalece más.

Es un poquito lo que quiero dejar en el aire. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cánovas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Lima.


La señora LIMA CID: Gracias, presidente.

Agradezco muchísimo la comparecencia y la concreción de las medidas que se han puesto encima de la mesa. De lo que han resaltado yo destacaría dos objetivos fundamentales que creo que a todos y todas las que luchamos contra la violencia de género nos parecen primordiales. Primero, que todas las medidas deben ir alrededor, sobre todo, del interés de los hijos, de los menores, que siempre son los que están más desprotegidos. Y segundo, la importancia que habéis señalado de la transversalidad, que todas las medidas deben regar todos aquellos espacios para luchar contra la violencia de género. Hoy estamos hablando específicamente del derecho de familia.

No puedo más que compartir que, obviamente, toda la normativa, toda la legislación se tiene que adaptar a tiempos nuevos, a nuevas circunstancias, y en este caso en apartados tan importantes como la custodia compartida, porque hemos visto casos en que equivocadamente se le ha dado esa custodia a ambos progenitores, y por ir en contra de la víctima la que termina siendo asesinada es la mujer, y en ocasiones ese hijo o esa hija terminan también siendo asesinados. Por lo tanto, es un apartado que se necesita atajar con profundidad, con muchísima profundidad, pero con medidas concretas, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir, con preservar la seguridad jurídica, la seguridad jurídica para los y las profesionales, pero también para las personas que acuden a buscar eso, justicia, que entiendo que es importantísimo.

Se hablaba también de los juzgados especializados y de las carencias con respecto a la formación. Eso ocurre en todos los apartados de todas las profesiones de la vida que tienen que tratar directamente con temas tan urgentes y que suponen una lacra tan relevante como la que estamos, la violencia de género.

Los compañeros portavoces me han pisado las preguntas que tenía, pero siento curiosidad por saber cómo estaban el resto de las comunidades, por si tenéis datos.

Me gustaría que profundizaseis un poquito más sobre qué medidas, desde vuestra experiencia, aportaríais sobre todo a la regulación de la custodia compartida, que es algo muy relevante.

Únicamente quiero escucharos en ese apartado, pero sí me gustaría saber qué os parecen las medidas que se ponen ahora en marcha según el Real Decreto-Ley de medidas urgentes, que fortalece la tutela judicial, por ejemplo, con el nombramiento urgente de letrado o de letrada, o de procurador o procuradora en el caso de víctimas de violencia de género, y que también, por ejemplo, no tengan que contar esos niños o niñas, esos menores, con el consentimiento de los dos progenitores, en este caso, para poder acceder directamente a poder ser tratados psicológicamente.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.

Y por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Muñoz.
La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero agradeceros que estéis aquí. Yo soy compañera, estoy colegiada en el Colegio de Madrid, aunque ahora como no ejerciente, pero estoy colegiada en el mismo colegio que vosotras.

Quiero agradeceros el rigor con el que habéis hablado, porque a veces es fundamental, y más en una comisión como en la que estamos, que se hable con rigor y con experiencia.

A veces, cuando hablamos de violencia de género, legislamos con el corazón -es inevitable- y nos olvidamos de la razón, que es lo que hace que luego las leyes luego sean útiles, porque si hacemos leyes que luego son incomprensibles y hace falta la interpretación de los jueces, pasa lo que habéis estado denunciando, que hace falta la jurisprudencia, y eso hace que se dilaten los procedimientos.

Decíais que una buena legislación de familia sería el mejor remedio para prevenir la violencia de género, y lo comparto absolutamente. Por eso, yo entono el mea culpa, porque probablemente tengamos parte de la responsabilidad de que esto sea así, y por eso me gusta escuchar cosas como las que habéis dicho.

He hablado con varios jueces sobre algo que habéis dicho, sobre la importancia de la formación en género de todos los operadores, no solo de los jueces, sino de todos los operadores que están en el sistema judicial. Muchos lo que nos dicen es que es importante la especialización no solo en violencia de género, sino en todos aquellos temas que el juez trata, así como de los medios. Muchos jueces me dicen: Si solo hay un forense de guardia el fin de semana y está en una punta de Huesca y me viene una mujer a denunciar una violencia de género y tarda cuatro horas en venir, a esa mujer, que está dependiente de su marido, que no está bien física ni psíquicamente para hacer lo que está haciendo y que duda continuamente de sí misma, si tiene cuatro horas para pensárselo, se va. Si, además, no hay un equipo psicosocial como los que estáis hablando, que esté con esa mujer ayudándola a ser fuerte y a ver una realidad que su cabeza a veces es incapaz de ver, por mucha formación que tenga el juez se nos va de las manos. Lo que los jueces nos dicen es: Medios, medios para prevenir.



Se reanuda la sesión a las diecinueve horas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión de la Comisión de Justicia.
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