Santiago, veintidós de septiembre de dos mil ocho



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CUADRAGESIMO SEGUNDO: Que, en definitiva, no se accede a la petición de absolución solicitada por la defensa del acusado Krassnoff, establecida como ha sido en las consideraciones anteriores su responsabilidad de autor del delito de secuestro indagado en este proceso.
Tal responsabilidad de autoría está dada entonces, como ha quedado establecido, porque no puede ser discutido en que el encausado Krassnoff fue el oficial singularizado en esta causa como oficial de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, precisamente encargado de dar ordenes de mantener a la víctima en los recintos habilitados al efecto con el fin de esclarecer la concurrencia de ésta y de otros detenidos en la actividad clandestina de miembros vinculados al movimiento denominado MIR, órdenes que los demás funcionarios de la DINA cumplen manteniendo la fase ejecutiva de la conducta delictiva iniciada con las órdenes de los oficiales superiores de la DINA, entre éstos el acusado Krassnoff , cumpliéndose cabalmente el cometido criminal con el desaparecimiento definitivo del sacerdote Llidó Mengual.
En consecuencia, al impartir el causado Krassnoff dichas órdenes necesarias dentro de la DINA para mantener privada de su libertad a la víctima, tiene la condición de coautor material, en los términos del artículo N° 15 N° 1 del Código Penal, tal como se ha razonado en los considerando anteriores de esta sentencia.

CUADRAGESIMO TERCERO: Que por otra parte Francisco Maximiliano Ferrer Lima, en su declaración indagatoria de fojas 302 y 304, del tomo I A de este proceso, expresa que ninguna participación ha tenido en el delito de secuestro que se investiga en esta causa, e indica que en cuanto a la persona que se le nombra como Antonio Llidó Mengual no la conoce; asevera que mientras trabajó en la DINA que luego de ser destinado a la DINA en el mes de septiembre de l974, a cargo de una persona de apellido Ureta y de nombre Sergio, su primera misión fue la subdirección del servicio de inteligencia exterior, bloque oriental, realizando su trabajo en una oficina que estaba ubicada en calle Belgrado, cuyo número al parecer era 11, para ser posteriormente destinado a prestar servicios a la Escuela de Inteligencia Nacional de la DINA, como secretario de estudios y profesor de servicios secretos exteriores; asevera, además, que durante sus servicios en la DINA nunca estuvo a cargo de un cuartel, solo visitó Villa Grimaldi ya que tuvo que recabar información de la KGB en Chile, la que obtuvo al entrevistarse con Luz Arce, Marcia Merino y otra mujer cuyo nombre no recuerda; añade que también estuvo en otros lugares en que había dependencias de la DINA a los cuales concurrió a requerir información sobre la misión que se le había encomendado, para lo cual buscaba a personas que tuvieran conocimiento de lo que le interesaba, por lo que supone que las personas que estaban en estos lugares de la DINA y que podría ser útiles a sus investigaciones estaban detenidas.
Explica el encausado que él formaba parte de la inteligencia externa y en ese contexto si consideraba necesaria la detención de alguna persona, debía informar para que se impartiera la correspondiente orden; en todo caso, indica, las detenciones que se hubieren podido practicar por parte de la misión exterior era para los efectos de canjear al detenido por disidentes de la Unión Soviética, lográndose tal objetivo únicamente con un señor de apellido Corvalán; y precisa que a cargo de la inteligencia interna había otro grupo operativo respecto del cual él no tenía ninguna ingerencia.
CUADRAGESIMO CUARTO: Que los antecedentes directos que existen en el proceso en contra de Maximiliano Ferrer Lima, para atribuir su concurrencia en el secuestro, son los que se mencionan en la orden de investigar de la Policía de Investigaciones de Chile, en cuanto ella contiene la declaración de Marcia Alejandra Merino Vega, de fojas 126, del Tomo I A; y además los dichos de Cecilia Jarpa Zúñiga de fojas 231 y 264, del mismo Tomo I A, y no contiene otro cargo o medio probatorio diverso, pues la declaración ante el tribunal de la primera no se refiere al episodio que relata en la pesquisa policial, en cuanto en esta última habla de una entrevista de ella con el sacerdote Llidó por orden de un oficial que mucho tiempo después identificó como el acusado Ferrer Lima. Así la deponente Merino Vega asevera que: “en relación a los hechos que se me consultan en relación con el sacerdote español de nombre Antonio Llidó Mengual, detenido desaparecido, debo decir que a fines del mes de agosto y antes del 13 de noviembre de l974, en una ocasión Francisco Ferrer Lima, capitán de Ejército, agente de la DINA, comandante del Cuartel de José Domingo Cañas, la llevó a hablar con un detenido del cual no recuerdo en que momento se me dijo que era un sacerdote y español, pero sí al dirigirme a él estaba en pleno conocimiento de estos antecedentes, a lo cual se me ordenó que le dijera que confesara, por tal razón fui trasladada con mis ojos vendados por el interior del recinto de José Domingo Cañas, hasta un lugar que a pesar de haber concurrido posteriormente no he logrado identificar, el que era pequeño y caluroso, al parecer era un closet que utilizaban como calabozo, donde ya sin mi vista vendada logré ver al detenido, era un hombre de unos cuarenta años de barba y semi canoso, quien vestía ropa oscura, al parecer no se veía como alguien que hubiese sido torturado y le señalé “ yo estoy hablando todo lo que sé y le digo a los otros detenidos que hablen para no ser torturados, recuerdo que me respondió “como puede dormir con la conciencia tranquila”, situación que me impactó mucho, ya que a pesar de ser atea, la idea de hablar con un sacerdote me aliviaba de la tormentosa situación que en esos momentos vivía, pero por el contrario, su respuesta me puso aún más tranquila, lo que no compartí con nadie, ni siquiera recuerdo haberlo comentado a Luz Arce que era mi compañera de celda.” Y, agrega, “que de todo lo anterior solo le cabe decir que no supo el nombre del sacerdote hasta que comencé a recopilar antecedentes con mis compañeros entre otros Cecilia Jarpa y Luz Arce Sandoval, para mi libro “Mi verdad” con quienes dedujimos por la fecha de detención, lugar del mismo y la calidad de sacerdote, asimismo, su nacionalidad española, que se trataba del padre Antonio Llidó Mengual; concluyendo que: “finalmente puedo indicar puedo indicar que los hechos relatados anteriormente en relación a mi contacto con el sacerdote en cuestión sólo estaba presente Francisco Ferrer Lima, pues no recuerdo a otros agentes o detenidos.”
En tanto que Cecilia Jarpa Zúñiga menciona al acusado Ferrer Lima, identificándolo como “Max” y ser parte de la estructura de mando de la DINA; así en sus declaraciones de fojas 231 y 264 tomo I – A, tomo II – B y 218 tomo II – C, señala que durante el régimen de Salvador Allende, ella pertenecía al MIR, donde tenía relaciones de amistad con personas de ese movimiento de izquierda; que el día 02 de octubre de l974, fue detenida por funcionarios de la DINA, luego llevada a un lugar desconocido con la vista vendada, donde estuvo en una pieza en la cual también fue interrogada y torturada; que luego de algunos días fue llevada a otra habitación donde estaban otras personas privadas de libertad y al conversar con ellas se percata que se encuentra en un recinto militar de la calle José Domingo Cañas; además, agrega, en esa pieza se encuentra con el sacerdote de nombre Antonio Llidó, el que también había sido torturado. Asevera que con el sacerdote Llidó conversó varios días; que ella, a fines de octubre, fue llevada a Cuatro Álamos, donde se entera que el sacerdote había estado en ese lugar, en la pieza N° 13 y que había permanecido hasta el 25 de octubre, fecha en que es trasladado a otro lugar desconocido. Y, por otra parte, los dichos del encausado, hoy fallecido, Osvaldo Enrique Romo Mena, de fojas 292 del tomo I A, colaborador en las detenciones efectuadas de la DINA, quien menciona al acusado Ferrer Lima, en el centro de detención de calle José Domingo Cañas u Ollagüe, a cargo de Marcelo Moren Brito y de éste.
CUADRAGESIMO QUINTO: Que sin duda hay un evidente debilitamiento del mérito de la prueba de cargo formulada en contra del acusado Maximiliano Ferrer Lima, efectuada en la acusación que existe en su contra, lo anterior es la conclusión derivada del examen de la integridad de las declaraciones que lo aluden obtenidas del proceso; así existe la evidencia, de acuerdo con las declaraciones que se han analizado con ocasión del secuestro, de que otros oficiales estaban a cargo de cometer éste ilícito en la tarea de desbaratar al grupo subversivo MIR; y el antecedente singular indiciario de la declaración de la colaboradora de la DINA, Marcia Alejandra Merino Vega, de que pudo el acusado Ferrer Lima haber ordenado la entrevista de ésta con una persona que habría sido el sacerdote Llidó Mengual, lo que sólo concluye y precisa Marcia Alejandra Merino Vega con mucha posterioridad, esto es, solamente cuando se proponía escribir un libro con sus experiencias en la delación de personas detenidas por la DINA, mucha de las cuales hoy están desaparecidas ; enseguida, el dicho de la detenida Cecilia Jarpa Zúñiga que lo sitúa en el mando de la DINA; y lo reconocido por el acusado Moren Brito, en cuanto a que la DINA tenía el centro de funcionamiento denominado José Domingo Cañas, constituyen un cúmulo de dichos, que si bien determinan o verifican que el encausado Ferrer Lima formaba parte de los oficiales de Ejército asignados a la DINA a cargo de la represión de personas, y la presencia física del acusado en el campo de detención de prisioneros en que estuvo la víctima, en el cual era uno de los oficiales jefes, impone dudas tan razonables acerca de su concurrencia en el delito, atento a que en autos ya se ha identificado al equipo de agentes encargados de los secuestros organizados de personas pertenecientes al MIR, esto es, los acusados Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Osvaldo Romo Mena y Basclay Zapata Reyes, que impiden al sentenciador formarse el juicio de convicción exigido por la ley como absolutamente necesario para emitir un veredicto condenatorio en contra de aquél, de acuerdo a lo que establece el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal.
CUADRAGESIMO SEXTO: Que el acusado Fernando Eduardo Lauriani Maturana, en su declaración indagatoria de fojas 305, expresa que fue oficial del Ejército de Chile, siendo destinado a la Dirección de Inteligencia Nacional en la segunda quincena del mes de octubre de l974, con el grado de subteniente o teniente, lo que no recuerda bien; agrega en lo pertinente que mientras sirvió en la DINA siempre trabajó físicamente en el Cuartel Central y esporádicamente debió acudir a otras instalaciones de la DINA para ir a buscar o a dejar documentación, y agrega en lo pertinente de lo que se le interroga, que es posible que haya acudido al cuartel de la DINA que se le menciona como ubicado en la calle José Domingo Cañas de la comuna de Ñuñoa; y respecto de la persona que se le menciona con el nombre de Antonio Llidó Mengual, a ella no la conoce; que no supo en que cuarteles de la DINA se haya mantenido detenido a personas del clero; agrega que tiene entendido que a la gente de la iglesia católica no se la tocaba y ha sabido que durante el tiempo de la CNI se produjeron problemas con sacerdotes; precisando que en la época en que se le indica que fue detenido el sacerdote Llidó, el 30 de septiembre de l974 o 01 de octubre de ese año, él se encontraba en Brasil terminando un curso de inteligencia.
CUADRAGESIMO SEPTIMO: Que en cuanto a determinar la responsabilidad de autor del acusado Fernando Eduardo Lauriani Maturana, en el delito de secuestro calificado del sacerdote Llidó Mengual por el cual ha sido acusado, obran en este proceso las declaraciones tanto extrajudiciales como judiciales de Cecilia Jarpa Zúñiga, de fojas 104 del tomo I A, orden original de fojas 92 del tomo II B, fojas 48 del Tomo III C, que menciona como agentes de la DINA, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Osvaldo Romo; y Basclay Zapata; asimismo, se une a lo anterior los dichos directos del acusado Orlando José Manzo Durán, de fojas 308, del tomo I A, quien señala que ocupó el cargo de jefe de Cuatro Álamos, a partir del 28 de octubre de l974, el que era un cuartel de la DINA, el que funcionaba como centro de detenidos desde enero o febrero de l974; que el oficial de ejército de nombre Miguel Krassnoff Martchenko, visitaba Cuatro Álamos, por lo menos dos veces de la semana, visita que hacía a un grupo de miristas, los que en la época hicieron una declaración por televisión, quienes eran cuatro personas, uno de ellos de apellido francés; que los encuentros entre Krassnoff y los detenidos de Cuatro Álamos eran al interior de las piezas en que éstos se encontraban o en los pasillos, nunca en la oficina ni en la guardia; que Krassnoff era una persona de mal carácter y absorbente que se hacía acompañar por un grupo de gente, entre los que recuerda a uno al que le decían “Pablito”, el que se trataba de un oficial de ejército que después supo era de apellido Lauriani, sujeto bajo, delgado, que no tenía mucha “presencia”. También están los dichos del acusado Osvaldo Enrique Romo Mena, de fojas 292, del Tomo I A, el que en lo atinente refiere que después de haber sido detenido y permanecido en la Escuela Militar una vez producido el golpe militar, fue liberado en la navidad de l973, luego de cuatro meses de encierro; que el coronel de ejército Roger Vergara le pidió los servicios para que ayudara en el trabajo en los servicios de inteligencia por los conocimientos que tenía de personas pertenecientes al MIR, a los que ubicaba desde la época en que trabajaba con el presidente Allende, los que formaban parte de la guardia de amigos personales del presidente. Que de esa forma participó junto a “El Troglo” o Basclay Zapata en detenciones de personas pertenecientes al MIR, las cuales singulariza y agrega que paralelo al equipo que él formaba parte para detener gente, funcionaban otros grupos, uno a cargo del acusado Fernando Lauriani Maturana, el que detuvo a Mario Edgardo Calderón Tapia; expresando el acusado, además, que el grupo “Vampiro” a cargo de Fernando Lauriani Maturana, apodado “Pablito”, estaba encargado de Colonia Dignidad, lugar al que también llevaron a gente detenida; trabajando con este el equipo “Tucán” que era de Carabineros, el que recuerda estaba a cargo de Gerardo Godoy García apodado “el Cachete Chico”.
CUADRAGESIMO OCTAVO: Que los antecedentes probatorios señalados anteriormente no son suficientes, a juicio de este sentenciador, para señalar con absoluta perentoriedad, para los efectos de precisar la conducta de autor atribuible al acusado Fernando Lauriani Maturana en el secuestro del sacerdote Llidó Mengual, atendidas las verificaciones ya hechas en la causa, consideradas las posibilidades verosímiles y razonables, probadas en el juicio, de que los acusados, oficiales de Ejército destinados a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Contreras Sepúlveda, Moren Brito y Krassnoff Martchenko, junto al colaborador Romo Mena y al soldado Zapata Reyes, desarrollaron la actividad de haber ordenado y ejecutado la detención o privación de libertad de Llidó Mengual y no el acusado Lauriani Maturana.
Que, en consecuencia, sí de los elementos de juicio reseñados anteriormente y los demás de que se ha hecho mérito acerca de la existencia del delito no son suficientes, a juicio del Tribunal, para adquirir la convicción de que realmente Lauriani Maturana, accionara en contra de la libertad del sacerdote Llidó Mengual, deberá dictarse sentencia absolutoria en su favor.
CUADRAGESIMO NOVENO: Que el acusado Orlando José Manzo Durán, en lo atinente de sus declaraciones indagatorias de fojas 308 del tomo I, A, y 387 del Tomo II principal, manifiesta que el Director Nacional de Gendarmería de la época, con fecha 1 de octubre de l974, le señaló que había sido destinado para hacerse cargo de un establecimiento de detenidos recientemente creado que no pertenecía a Gendarmería de Chile, institución en la que él se desempeñaba, siendo posteriormente, el 28 de octubre de l974, designado a cargo del Centro de Detención Cuatro Álamos, dependiente de la DINA; fecha en que se presentó al Cuartel General de la DINA donde fue recibido por el Director Coronel Manuel Contreras Sepúlveda; agrega que en el campamento de detenidos Cuatro Álamos, éstos provenían de cualquiera de las unidades operativas de la DINA o de las ramas de las fuerzas armadas, quedando algunas de ellas autorizadas para sacarlos y “trabajarlos”; manifiesta en lo pertinente que en cuanto a la persona de Antonio Llidó Mengual, sacerdote español que el tribunal le menciona, no recuerda su paso por “Cuatro Álamos” y precisa que los grupos operativos podrían haberlo sacado del lugar; lo que si le consta es que un sacerdote estuvo detenido en dicho campamento, al que él le facilitó una Biblia, sin poder asegurar que se tratase del sacerdote Llidó por cuanto debido al tiempo no recuerda el nombre de esa persona detenida; que supo luego que la Biblia había sido retirada del poder del sacerdote, encontrándola en el escritorio de un funcionario desde donde la tomó y señaló al funcionario que era suya, respondiéndole éste que el detenido no podía tener libros por estar incomunicado.
QUINCUAGESIMO: Que al igual que en el caso de los acusados Ferrer Lima y Lauriani Maturana, respecto del encausado Orlando Manzo Duran, no se puede mantener en esta sentencia una inequívoca imputación fáctica jurídica en su contra, la cual permita condenarlo debido a su concurrencia en el secuestro del sacerdote Llidó Mengual, pues para ello se requiere que el acusado a lo menos haya sido inducido a la ejecución del delito y haya decidido por sí la comisión del secuestro junto a los demás concurrentes en él, quienes pudieron haber abusado de la situación de superioridad en que se encontraban, considerando la pertenencia de aquellos a las fuerzas de inteligencia que comandaban y que el acusado Manzo Durán sólo perteneciera como funcionario de Gendarmería de Chile; y que conforme a tal relación éste hubiese adoptado y ejecutado una resolución delictiva en contra de la víctima.
Que, en efecto, del análisis de los elementos que determinan la configuración del delito de secuestro conforme a su tipificación, lo que permite apreciar la modalidad de ejecución y conducta del agente, no consta que al acusado pueda atribuírsele, mediante la prueba producida en el proceso, un vínculo que permita aceptar la antijuridicidad de su conducta, que para el caso de condena es igual a la certeza. En efecto, fuera de la calidad de Manzo Durán de Oficial de Gendarmería de Chile, designado en comisión en el centro de detención Cuatro Álamos, la imputación directa que existe en su contra al referirse al secuestro el padre Antonio Llidó Mengual, es la declaración del testigo Hernán Eugenio Schwember Fernández, de fojas 145, del Tomo II B de esta causa, al señalar que durante las semanas que el padre Llidó estuvo en el campamento de “Cuatro Álamos” no vió quien o quienes lo torturaron, solamente lo vió a él cuando lo fueron a buscar unos sujetos de civil, entre ellos al “Guatón Romo” y otro apodado “El Príncipe Valiente”, el que no sabe de quien se trata, personas que en esa oportunidad sacaron a un grupo grande de detenidos. Y agrega dicho testigo, que entre dichos detenidos estaba el padre Llidó y desde esa oportunidad, no volvió a ver más al padre Llidó, el que no fue devuelto a Cuatro Álamos, al igual que a los que habían sido sacados junto al padre; precisando que en esa época el campamento de “Cuatro Álamos” estaba a cargo de un jefe de la DINA, el que no recuerda, pero, precisa, el comandante del campamento era el Comandante Pacheco perteneciente a Carabineros de Chile; precisando el testigo que el campamento de Cuatro Álamos estaba a cargo de un funcionario de Gendarmería de apellido Manzo, el que era responsable administrativo, pero que el nunca lo vió torturar. Todo lo cual, a juicio del sentenciador, debe ceder a favor del encausado, determinadamente, con el fundamento de la falta de certeza de la antijuridicidad de su conducta en el delito de secuestro investigado.
QUINCUAGESIMO PRIMERO: Que el acusado Basclay Humberto Zapata Reyes, en su declaración indagatoria de fojas 443 del Tomo II Principal de la presente causa señala que fue destinado a la DINA, Dirección Nacional de Inteligencia, en el mes de diciembre de l973, luego de pertenecer como soldado 1° al Regimiento de Infantería N° 9 de Chillán, siendo enviado a Tejas Verdes durante dos meses, donde tiene la impresión era organizada la DINA, destinándosele a la parte logística en calidad de conductor de vehículos; agrega que en el mes de marzo los llevaron a Rinconada de Maipú donde le entregaron pieza de soltero, permaneciendo en ese recinto hasta el cuatro de noviembre de 1975, fecha en que se casó con Teresa Osorio quien fue secretaria del oficial Miguel Krassnoff; que en esa época fue destinado al cuartel general de Belgrado en la avenida Vicuña Mackenna, en calidad de conductor. Precisa asimismo que el Director de la DINA era el teniente coronel Manuel Contreras Sepúlveda con quien jamás tuvo contacto por su condición; precisa que el mayor Pedro Espinoza le parece que era el segundo en la orgánica del servicio; y que dentro de los oficiales integrantes recuerda a Moren Brito quien era el segundo hombre de Villa Grimaldi, siendo el primero al parecer el coronel Espinoza o César Manríquez Bravo; expresa que a Miguel Krassnoff lo conoció de vista por primera vez en Chillán cuando él iba al mando de oficiales de la Escuela Militar en un desfile que se realizó en esa ciudad, luego lo vió en Santiago en el cuartel general de la DINA y en Villa Grimaldi; agrega que también conoció al oficial Orlando Manzo Durán, quien tiene entendido pertenecía a Gendarmería y estaba a cargo de Cuatro Álamos.
Asevera el acusado Zapata Reyes en lo pertinente que nunca tomó conocimiento ni oyó hablar de un sacerdote español que hubiese estado detenido en los centros de detención en Londres N° 38, José Domingo Cañas, Cuatro Álamos o Villa Grimaldi; y afirma que nunca vió detenidos en esos lugares de lo que solo se impuso por comentarios de personal o clases, lo que personalmente no le consta.
QUINCUAGESIMO SEGUNDO: Que la defensa del acusado Zapata Reyes, contesta la acusación y solicita se dicte sentencia absolutoria a favor de su representado, por cuanto, la acción penal en su contra se encuentra cubierta por la cosa juzgada, prescrita y además amnistiada en virtud del Decreto Ley N° 2.191 de 1978.
Por otro aspecto pide que se dicte sentencia absolutoria en favor de su representado ya que a juicio de la defensa los elementos que configuran su auto de procesamiento y posterior acusación no le permite al Tribunal adquirir la convicci6n de que a él le ha correspondido participación en los hechos que se le imputan acorde a lo dispuesto en el articulo 456 bis del Código de Procedimiento Penal toda vez que no se desprende actividad alguna por parte en la detención de Antonio Lidó Mengual.

Agrega que tampoco existen en el proceso antecedentes que permitan elaborar presunciones judiciales para dictar una sentencia condenatoria, ya que no hay indicios reales y probados que sustenten la participación de su defendido en la detención y posterior desaparición de la supuesta victima; indica que si se analiza en forma tranquila y pausada la causa podrá concluirse que las declaraciones vertidas en el proceso no permiten presumir que Zapata Reyes tuvo relación con la detención de la victima de autos y su posterior desaparición.


De acuerdo con lo manifestado por su representado en su declaración de fs. 443 del tomo 2 principal, él al ser destinado a la DINA, es agregado al departamento logístico del Cuartel General desempeñando funciones de conductor por lo que le correspondió recorrer los distintos cuarteles o centros de detenciones, pero en esta tarea no vió jamás al señor Llidó, ni le correspondió participar en su supuesta detención y posterior desaparición.
En efecto, agrega la defensa, el testigo Hermann Schwember Fernández, declara a fs.19 señalando que durante su detención en Cuatro Álamos convivió con Llidó, entre los días 13 y 25 de Octubre de 1974, oportunidad en que el ex sacerdote es sacado del lugar. Nada señala en cuanto a quienes detienen al cura y quienes lo sacan de Cuatro Álamos, lo que resulta lógico por cuanto él no presenció dicha detención y no pudo haber visto desde su lugar de detención quienes lo sacaron.
Expresa enseguida que Cristián Van Yurick Altamirano, en su declaración judicial de fs. 21, indica única y exclusivamente que durante su detención divisó al cura Llidó.
Asevera que la declaración de fs 37 es jurada y corresponde a Juan Ramírez Cortes, en ella dice haber visto en José Domingo Cañas detenido a Llidó, días después de fiestas patrias, lo que resulta contradictorio con otras declaraciones prestadas por este mismo sujeto más adelante en otros tomos del expediente.
Indica que Ángela Santos Campos, declaró judicialmente a fa 95, señalando que conoce a Llidó en Septiembre de 1973, en casa de sus tíos Consuelo Campos y Jaime Valencia, que sabe que ellos lo tienen escondido porque lo buscan en Quillota, agrega que después llega al mismo lugar Jorge Donoso Astudillo, quien posteriormente seria su pareja y con él que tiene un hijo. Agrega que ambos sujetos son trasladados a principios del año 1974 a una parcela de sus parientes en el sector de el Arrayán, que desde ese lugar sale el 12 de Octubre de 1974 Llidó y no regresa en la noche por lo que le avisan a sus tíos el mismo día preocupados por la situación. Expresa que esta joven nada sabe respecto a los aprehensores de Llidó y destino posterior como se encarga declararlo.
Expresa la defensa que Consuelo Campos Queralto, tía de la anterior en su declaración de fs. 96, ratifica a su sobrina en la forma en que Llidó llega a su casa como después lo trasladan de lugar y concluye que el día 30 de Septiembre de 1974 Donoso Astudillo, les comunicó de la detención del sacerdote.
En este primer tomo, manifiesta, no hay nadie que señale quienes aprehendieron a Llidó y quienes lo hacen desaparecer lo que resulta muy relevante pues apoya lo señalado por mi representado en cuanto a su falta de participación.
Enfatiza la defensa que en una declaración a todas luces inverosímil y poco creíble, pero que nada aporta en cuanto a aprehensores indica Marta Caballero Santa Cruz, a fs. 129 que estando detenida José Domingo Cañas, a través de venda ve y conversa don Llidó, pero que solo tiempo después en Cuatro Álamos sabe que esa persona es un sacerdote, porque otros detenidos, se lo dicen ya que ella no lo ve en este último lugar.
A fs. 134, precisa, la activa colaboradora de la DINA, Luz Arce Sandoval, expresa, que nada sabe de Llidó, pero que en todo caso desde Septiembre de 1974 Orlando Manzo Durán, es el Jefe a cargo de Cuatro Álamos lo que por cierto es absolutamente falso, ya que éste como se encuentra acreditado en autos sólo llega el 28 de Octubre de 1974.
Que la testigo Cecilia Jarpa Zuñiga, en su declaración de fs. 142, indica conocer a Llidó en José Domingo Cañas, que este le refirió haber sido detenido en Quilpue o Quillota. Agrega que a su llegada a Cuatro Álamos, otros presos le contaron que el sacerdote habla estado ahí. Declaración poco confiable y que más bien parece preparada pero llena de errores que en todo caso no aportan nada en cuanto a los aprehensores.
A fs. 149, contradiciendo sus declaraciones vertidas en este proceso en los distintos tomos, señala la defensa que el testigo Hermann Schwenber Fernández, junto con ratificar sus dichos agrega que a Llidó lo saca de Cuatro Álamos Osvaldo Romo y un sujeto con corte de pelo tipo príncipe valiente, que duda puede caber, expresa, que estas afirmaciones son falsas, poco serias y solo apuntan a obstaculizar la investigación.
Enseguida sostiene la defensa que la testigo Cecilia Jarpa Zuñiga, en su declaración de fs 70, no hace ningún aporte significativo al proceso que diga relación con los aprehensores de Llidó, pues naturalmente lo ignora y su representado no es en ningún caso uno de ellos
Asimismo, expresa, a fs 3, 198 y 210, rolan declaraciones juradas de Rosalía Martínez Cereceda, quien en su dichos afirma que lo único que sabe del señor Llidó, es haberlo visto en José Domingo Cañas, no constándole quien lo detuvo, donde pasó esto y menos cuando ocurre, por lo que sus declaraciones no atribuyen ni sirven de base para acusar a nadie en los hechos que se investigan.
Agrega también que Julio Laks Feller, en sus declaraciones juradas de fs 14 y 215, lo único que manifiesta en relación con los hechos de autos y que le consta es que ve en José Domingo Cañas, entre el 26 y 30 de Septiembre de 1974 a Llidó, y posteriormente en Cuatro Álamos entre el 15 y 20 de Octubre de 1974.
Asevera el compareciente que a fs 17 y 218, rolan las declaraciones de Edmundo Lebretch, las que son juradas, y en ellas en forma única y exclusiva señala que solo sabe que Llidó, estuvo en José Domingo Canas porque conversó con dicho sujeto, sabe quien era y lo que hacía, pero nada que pueda relacionar a persona alguna con su detención.
A la vez precisa que a fs 19, 222 y 344, aparece declarando Hermann Schwember Fernández y en las dos primeras que son declaraciones juradas, lo único que aporta al proceso es que ve a Llidó en Cuatro Álamos entre el 13 y 25 de Octubre de 1974, nada más, sin embargo en su declaración policial que correa fs 344, sorpresivamente recupera la memoria y acusa en forma irresponsable a su otro representado Romo de ser la persona que junto a otro sujeto con corte de pelo a lo "príncipe valiente” son los encargados de trasladar a Llidó desde Cuatro Álamos, y asegura el defensor que no cabe duda que estos dichos son inducidos y solo entorpecen la marcha del proceso al pretender atribuir responsabilidades a personas que no estuvieron en los hechos.
En su declaración jurada de fs 23, doña Maria Julia Andrés Plana, indica que lo único que puede aportar en relación a los hechos de autos, pues no sabe nada más, es que en Octubre de 1974 estuvo detenida junto a Llidó, en José Domingo Cañas y posteriormente desde el 11 del mismo mes, en Cuatro Álamos.
A fs 25, rola la declaración jurada de Cecilia Jarpa Zúñiga, donde reitera que solo puede afirmar que permaneció detenida en José Domingo Cañas con Llidó, entre los días 8 y 12 de Octubre de 1974, lo que ratifica a fs. 211 Sin embargo, en su declaración policial rolante a fs. 339, sin dar razón de sus dichos expresa que supo que permaneció en Cuatro Álamos hasta el 25 de Octubre de 1974.
En declaración jurada de fs. 226, Ramírez Cortes, vuelve a señalar que a Llidó lo ve después de fiestas patrias en José Domingo Cañas, lo que se condice con otras declaraciones juradas prestadas por este individuo, quien sorpresivamente luego de prestar declaración policial que rola a fs. 336, aparece afirmando que a Llidó lo ve en Octubre en Cuatro Álamos, lo que nuevamente se contradice con su declaración de fs. 835, al indicar que a Llidó lo ve en Septiembre.
Las declaraciones prestadas por los testigos anteriormente mencionados, señala la defensa, son claras en orden a establecer que ellos no tienen conocimiento en cuanto a saber quienes fueron los aprehensores de la víctima de autos que ha dado origen a la investigación que nos ocupa.
Asevera la defensa que las otras declaraciones contenidas en el auto acusatorio en contra de Basclay Zapata Reyes van en igual sentido que las anteriores pues ellas no aportan absolutamente nada respecto de quienes pudieron ser los aprehensores de la victima de autos.
Indica que el sólo hecho de que se establezca en el proceso que Basclay Humberto Zapata Reyes habría pertenecido a la DINA, no significa absolutamente nada, pues su sola pertenencia a dicho organismo no puede llevar a concluir que él haya participado en el delito de autos como erróneamente se pretende acreditar en esta acusación ya que si así lo fuere, naturalmente debió haberse procesado y acusado a todos aquellos sujetos que pertenecieron a la organización y específicamente al Cuartel de José Domingo Cañas y no usar como chivo expiatorio de esta supuesta detención y posterior desaparición a su representado quien es absolutamente inocente de este hecho.
En conclusión la defensa sostiene que su representado no tiene participación en el delito por el cual se le acusa y no existen antecedentes para que acorde con lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal haya adquirido convicción para acusarlo y menos para pretender condenarlo, pues no basta con presumir su participación sino que ello debe probarse en forma categórica, lo que naturalmente está lejos de suceder en este proceso.
Finalmente, expresa la defensa, si se arriba a una conclusión diversa no debe olvidarse lo señalado en el Código Penal en su artículo 159 que dispone que “debe responder con un sanción penal quien dio la orden de cometer el delito y no quien la cumplió” y en el caso de autos, asevera, no cabe duda alguna de que su representado, no era Jefe de ningún cuartel; por lo tanto, al margen de que la investigación ha sido completa al determinarse la Jefatura del Cuartel donde estuvo detenido Llidó y, en consecuencia, quien supuestamente da la orden de detención, mal puede en consecuencia responsabilizarse a quien la cumplió y pretender condenarlo acorde lo señalado en la disposición aludida, que guarda por lo demás armonía con lo indicado en el artículo 214 del Código de Justicia Militar que señala "cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden del-servicio él superior que la hubiere impartido será el único responsable "
Para el evento de que se estime que su defendido es responsable de estos hechos existen, según la defensa, las siguientes circunstancias modificatorias de responsabilidad:
Media prescripción y respecto a la que parcialmente se ha hecho referencia anteriormente, establecida en el articulo 103 del Código Penal, esto es, si el inculpado se presentare o fuere habido antes de completar el plazo de prescripción del la acción penal; pero habiendo transcurrido ya la mitad de él, el tribunal deberá considerar el hecho como revestido de a lo menos de dos o más atenuantes muy calificadas y ninguna agravante, para luego aplicar las reglas pertinentes de la aplicación de la pena o incluso disminuir la ya impuesta si se tratara de una causa ya fallada.
Además, invoca la defensa a favor del acusado Zapata Reyes las circunstancias atenuantes de la irreprochable conducta anterior prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal; y la atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar, pues en las detención que realizó provino de ordenes superiores relativas al servicio; en este mismo orden de ideas alega la eximente incompleta del artículo 11 N° 1, en relación con el artículo 10 N° 10 del Código Penal.
QUINCUAGESIMO TERCERO: Que hay presunciones suficientes en autos, según consta de las analizadas en la sentencia con ocasión del delito de secuestro en la persona de Antonio Llidó Mengual, para concluir que el acusado Basclay Humberto Zapata Reyes es totalmente mendaz en su declaración efectuada ante el tribunal, acerca de que no supo que los recintos que él menciona, a los que iba como conductor de los vehículos de la DINA, eran utilizados como campos de detención; tal inverosimilitud puede extenderse en cuanto su negativa a reconocer su responsabilidad de autor en el delito de secuestro del sacerdote Antonio Llidó Mengual, si se considera que los antecedentes que se han ponderado con ocasión de este delito en la sentencia, los que, como dice expresamente su defensa, han permitido determinar a los superiores del campo de detención donde estuvo privada de libertad la víctima, a lo que se une además en contra del acusado, la imputación que surge de la declaración del testigo Hernán Eugenio Schwember Fernández, determinadamente de sus dichos extrajudiciales de fojas 112 y de su declaración judicial de a fojas 145 del Tomo II B, en tanto asevera que durante las semanas que el padre Llidó estuvo en el campamento ”Cuatro Álamos”, no vió quien o quienes lo torturaron, solamente vio cuando lo fueron a buscar unos sujetos de civil, entre ellos al “Guatón Romo” y otro apodado “El Príncipe Valiente”, por su corte de pelo, quienes junto al sacerdote sacaron a un grupo grande de personas, entre ellos al padre Llidó, el que desde ese momento no volvió a ver; tal dicho que se une de manera directa al atestado de Cecilia Orieta Jarpa Zúñiga, quien en la declaración extrajudicial de fojas 104 y la judicial posterior de fojas 142, además de afirmar que estuvo detenida junto al sacerdote Llidó en el campo de detenidos de José Domingo Cañas, ratifica ante el tribunal la declaración extrajudicial que se le lee, en la que en lo atinente señala que durante su permanencia en el centro de detención e interrogación de José Domingo Cañas, pudo constatar la presencia de los agentes de seguridad que individualizada, singularizando al acusado Basclay Humberto Zapata Reyes, como aquél apodado “El Troglo”, conocido también como “El Príncipe Valiente”, el que, por lo general era del grupo operativo de Osvaldo Romo Mena; señalando este último agente de la DINA, al declarar en su indagatoria de fojas 292 del Tomo I A, del presente proceso, aceptando plenamente que detuvo al hoy desaparecido Álvaro Vallejos Villagrán, luego de llegar una orden que no sabe si fue del general Orozco o Gordon, quienes dispusieron que Basclay Zapata se dirigiera a un domicilio de Maipú a detenerlo, y reconoce de manera clara y categórica que en estas mismas circunstancias él participó junto a “El Troglo” o Basclay Zapata en varias detenciones de personas pertenecientes al Mir; enfatizando en lo pertinente que con los agentes de la DINA, en diferentes horas del año l974 y parte de l975, durante las horas del “toque de queda”, salían a practicar detenciones las que se justificaban por infracción al “toque de queda” que imperaba en esos momentos, siendo la mejor hora entre las dos y las tres de la madrugada, porque eran las horas en que las personas dormían con mayor facilidad y así era más fácil sorprenderlos con los datos de los domicilios que ya tenían.
Dichos elementos de prueba determinan que el encausado Zapata Reyes obró directamente en contra de la víctima, como autor en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, lo que se infiere de las condiciones en que ésta se encontraba en un lugar ajena a cualquier amparo civilizado, operando en su contra Zapata Reyes voluntariamente junto al otro agente, aprovechando las circunstancias especiales entregadas por sus superiores jerárquicos con quienes lo unía el propósito propio del delito de secuestro, esto es, de mantener privada de su libertad ambulatoria a la víctima.
QUINCUAGESIMO CUARTO: Que, los acusados Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana y Orlando Manzo Durán, como se ha señalado, deben ser absueltos en tanto la antijuridicidad de sus conductas y la culpabilidad de ellos en el delito de secuestro de Antonio Llidó Mengual, no ha sido absolutamente establecida o constatada, ni ha podido ser averiguada con absoluta certeza, pues si bien el acusado Contreras, quien tenía la dirección y control del organismo denominado Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en el cual se desempeñaban los encausados y aquél acepta que supo de la detención de la víctima, si bien se exculpa diciendo que él no la ordenó ni sus equipos la efectuaron, la consideración minuciosa de las presunciones de culpabilidad que afectan a los encausados que se les libera de la acusación, y que han sido analizadas pormenorizadamente en esta sentencia, permiten solamente establecer en este caso un criterio argumental genérico de actividad respecto de las personas detenidas e involucradas por el régimen militar - que en ese entonces representan al Estado - como peligrosas por pertenecer o ser simpatizantes del régimen político anterior, participando, como ellos lo reconocen, en “allanamientos” y supuestos “enfrentamientos” junto a unidades militares, pero que no alcanzan para derivar de ello su responsabilidad como autores por conexión directa del actuar doloso de los superiores Contreras Sepúlveda, Moren Brito y Krassnoff Martchenko, como de los agentes operativos Zapata y Romo, este último actualmente fallecido, en el secuestro y posterior desaparición de la víctima.
QUINCUAGESIMO QUINTO: Que, en efecto, la conducta punible imputada y probada como crimen de lesa humanidad, al constituir un ataque flagrante a la dignidad humana que afecta no sólo a la víctima sino que a todos y a cada una de las personas del genero humano, determina asimismo la irrestricta aplicación del principio de favorabilidad respecto de los encausados que en esta sentencia son absueltos del cargo que se les formulara en la acusación, en consonancia con las mayores sanciones que esta clase de delitos implica; así, entonces, para condenar a un acusado de un crimen de lesa humanidad debe estar probado no solo que el delito esté vinculado a un ataque de una parte de la población civil, sino que además que dicho encausado sabía que su conducta así se relacionaba.
Que, desde luego, en la especie la conducta específica constitutiva de este delito de secuestro, calificado como de lesa humanidad, determina acreditar en la causa los siguientes elementos desde la perspectiva del sujeto activo que lo comete:
a) Haber aprehendido, detenido o secuestrado a la víctima; y haber negado reconocer la aprehensión, la detención o el secuestro o a dar información sobre la suerte o el paradero de ella.
b) Que la aprehensión, detención o secuestro ha sido seguida de una negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de la víctima;
c) Haber estado el agente consciente de que la aprehensión, detención o secuestro sería seguida, en el curso normal de los acontecimientos, de una negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de la víctima;
e) Además, desde la perspectiva de los autores del delito, estar acreditado en el proceso que han tenido la intención de dejar a esa persona fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
Los otros elementos de contexto del delito en estudio son la autorización, apoyo o aquiescencia en el secuestro de las personas que en la época asumieron la representación del Estado en el secuestro y en no reconocer dicha privación de libertad.
QUINCUAGESIMO SEXTO: Que en tanto los procesados Ferrer Lima, Lauriani Maturana y Manzo Durán, fueron acusados de ser culpables en calidad de autores del secuestro del sacerdote Llidó Mengual, en consecuencia la descripción de ese hecho delictivo determina además el deber de esclarecer sus responsabilidades en él, de acuerdo a los medios de prueba que establece la ley y conforme a los parámetros que dan los elementos indicados anteriormente por tratarse de un delito de lesa humanidad; y estando constituida la autoría imputada en contra de ellos de prueba indiciaria, la determinación cierta de la responsabilidad de éstos no está suficientemente probada, por cuanto, no se está en condiciones en esta causa de indicar respecto de los encausados el motivo fáctico inicial que constituya el punto de partida de estos mismos indicios.
En suma, las condiciones mencionadas en el considerando anterior, dentro de las cuales son imputables los acusados Ferrer Lima, Lauriani Maturana y Manzo Durán, no se da, porque fundamentalmente no hay certeza que el delito establecido en el proceso pueda ser considerado como obra de ellos y en consecuencia serle atribuible.-
QUINCUAGESIMO SEPTIMO: Que, por otro orden de cosas, respecto de las recalificación del delito que solicitan las defensas, por estimar que se trataría del delito de detención ilegítima, en virtud de la especialidad de la norma, respecto del genérico de secuestro, debido a las calidades de funcionarios públicos de los actores; tanto con el mérito de lo razonado en este fallo con ocasión de los hechos punibles, y establecidas las circunstancias que primero se privó de libertad a la víctima y la ausencia de noticias de ella hasta el día de hoy, determina que la detención inicial fue totalmente inmotivada, “sin derecho”, lo que la transformó normativamente, conforme al dolo y contexto que se dio el hecho en un secuestro, cuya calificación jurídica no obsta a que los actores hayan sido individuos investidos de autoridad, puesto que éstos carecían, en esos términos, de toda legitimidad para llevar a cabo la inicial privación de libertad del ofendido, todo lo cual autoriza rechazar la recalificación solicitada por dichas defensas.

En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

QUINCUAGESIMO OCTAVO: Que se rechaza la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal alegada por las defensas de los acusados Contreras, Moren, Kassnoff y Zapata, del artículo 11 Nº 1, en relación con la eximente del artículo 10 Nº 10, ambos del Código Penal, en relación con el artículo 211 del Código de Justicia Militar, si se razona que no existe en autos, atendida la especial modalidad en que se cometieron los hechos, que éstos hayan sido el resultado del cumplimiento - por parte de los hechores - del deber o del haber actuado en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, lo que no permite establecer la existencia de la eximente; luego al no tener éste supuesto de inimputabilidad determinados requisitos diferentes y previos antes de su perfeccionamiento, no permite acoger la circunstancia atenuante alegada del artículo 11 Nº 1, del Código Penal.
Que se rechaza asimismo la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal alegada por la defensa de los procesado Krassnoff, prevista en el artículo 11 N° 5 del Código Penal, esto es, la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación, la que no puede ser acogida, en tanto la ofensa que pudo haber efectuado la víctima al agente no se encuentra acreditada y la acción del encausado en el hecho, no puede atribuirse por ningún aspecto a un arrebato y obcecación de su parte, en tanto la relación con el sacerdote aparece en un tiempo largo que permite hacer desaparecer tales circunstancias pasionales.
Asimismo, se rechaza la circunstancia atenuante alegada por esta misma defensa del artículo 11 N° 8 del Código Penal, es decir, si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito, por no estar acreditados ninguno de los elementos que introduce la referida atenuante, considerando la circunstancia de haber podido eludir la acción de la justicia y la objetiva de haberse denunciado y confesado el delito.
QUINCUAGESIMO NOVENO: Que, no procede acoger la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal de la irreprochable conducta anterior de los acusados Moren y Krassnoff, prevista en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal, pues tal circunstancia no está establecida en autos, toda vez que a los antecedentes que comprueban sus trayectorias profesionales y sus edades, sus respectivos extractos de filiación penal, contienen otros antecedentes penales que comprueban la existencia de conductas reprochable por hechos anteriores a los que motivan la presente causa.
SEXUAGESIMO: Que el delito de secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, a la época de su ocurrencia se sancionaba en el artículo 141 del Código Penal, con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados; dicha sanción posteriormente fue objeto de reforma legal, aumentándose la pena privativa de libertad a la de presidio mayor en su grado medio a máximo, por lo que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 18, inciso primero del Código Penal, que señala que “ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración”, se aplicará la pena anterior a los acusados.
Que, además, en la especie no cabe la rebaja de pena a que se refiere el artículo 103 del Código Penal, en tanto no ha transcurrido más de la mitad del tiempo de la prescripción de la acción penal, atendido el contexto en que se dio el delito, que permite calificarlo como delito de lesa humanidad, características que lo hacen imprescriptible e inamistiable.


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