Sala: primera nominacion autos: moya maldonado, argentino edgard s. A. Abuso sexual gravemente ultrajante.” Fecha



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Al momento de su deposición testimonial, M.E.H. de S., madre de la menor recientemente aludida, comenta los sucesos en forma similar a los expuestos por su hija, en lo relativo a la vivencia personal por ésta narrada, difiriendo en su exposición en lo relativo a las pastillas supuestamente extraídas de la vagina de su hija, aseverando ésta que lo que ella vio, fue un líquido blancuzco, posiblemente restos de las mismas luego de su disolución. Argumenta el carácter de la menor antes y después del suceso subjúdice.

La niña Emilce Abigail Saavedra, hermana de la presunta víctima, se expide en Plenario refiriendo coincidencias en su relato con circunstancias puntualizadas por M.I. del V., en lo atingente a la postergación en la atención de su hermana por parte del médico Moya Maldonado, en la decisión de no permitirle el ingreso al consultorio a ella, y en la observación del estado emocional advertido en la primera.

Lucas Maximiliano Sánchez, coincide con la anterior deponente en lo que se refiere a los momentos previos a la atención profesional del galeno, discrepando con M.I. del V. S. en lo relativo a lo sostenida por ésta en relación a su no retorno al consultorio y al estado emocional de la nombrada, exponiendo el testigo que su amiga luego de salir del consultorio le pidió unos papeles y posteriormente ingresó nuevamente a dicho lugar en donde los dejó, observándola nerviosa, pero que en esos momentos no la vio llorando. Además establece que su amiga era una persona temerosa, que si bien anteriormente salía a bailes, solo lo hacía de vez en cuando, y que en la actualidad ya no lo hace.

Luego de la lectura del informe sicológico, por el confeccionado, el Licenciado Manuel Edgardo Quiroga, en aclaración de algunos conceptos por el manifestados dice, que para la factura de su dictamen, utilizó una sola sesión la que le bastó para fijar las conclusiones que rezan en el mismo, Por ser vivencias transmitidas por un tercero, el no puede afirmar su acontecimiento, por ello la utilización de los términos potenciales en su informe. Dijo que no puede certeramente exponer el origen del desfasaje sicológico, tal como lo expresa en la parte pertinente de su colofón al decir que aparentemente se vincula a una situación de acoso sexual. Afirma esto último porque en el relato de la menor, cuando ingresa en su detalle se produce un quiebre en la misma.

Ingresados a Debate los exámenes técnico médicos de fs. 2/vta y 12, ellos dan cuenta de lo siguiente: Causante sin lesiones en región extragenital y paragenital. Himen circular complaciente que no muestra lesiones. De introito vaginal emana secreciones blanquecina ... se toman dos hisopos vaginales ... presenta gran desasosiego y estado de angustia extremo ... se deriva al servicio de sicología del Hospital San Juan Bautista, se agregan también los exámenes bioquímicos de fs. 36/38vta., los que en su parte pertinente exponen: Muestra: Hisopo vaginal X 2 “D” Nº 059/04 –Objetivo: investigar semen y/o sangre –Observación microscópica: ... Se informa a la instrucción, que no se detectó la presencia de ninguna sustancia química ni farmacológica en los hisopos, tanto en la observación mocroscópica como en el macerado, haciendo la salvedad que la muestra extraída de vagina es de escasa cantidad. Conclusión: los hisopos vaginales ... No poseen Líquido Seminal ni sangre. Muestra Orina “D” Nº 060/04 Objetivo: Investigar estupefacientes, sicofármacos y alcaloides Otros tóxicos y sicofármacos no se realizan en éste laboratorio por carecer de elementos necesarios. Conclusión: La orina ... No posee cocaina ni marihuana.

Se agregan además para su valoración el resto de los elementos de prueba los que son nominados en el acta de debate.

Para la tarea emprendida, la observación critca de las pruebas ingresadas validamente al Plenario debe efectuarse desde un punto de vista global, interrelacionado los distintos elementos de convicción, a fin de facultar, si es posible la reconstrucción histórica del suceso imputado, tendiendo a la obtención de la denominada “Verdad real”, que no es otra cosa que la verificación procesal en su caso o no, de los acontecimientos sucedidos y debidamente probados en el juicio.

En la inteligencia predispuesta, debe advertirse que la en principio coherente y segura atribución conductal realizada por la menor supuesta víctima, a lo largo de los actos del Plenario ve trocada su prmigenia calificación, a la luz de los elementos de convicción que se verificaron en el juicio.

Así, la invocada afección que determina la consulta médica, más allá de su indicación parcial (madre denunciante e hija presuntamente afectada) no está corroborada en autos, estableciéndose por los propios dichos de las recientemente nombradas, al momento del inicio de sus respectivas deposiciones testimoniales, que la menor M.I. del V. S., recientemente fue intervenida quirúrgicamente para efectuarle la extirpación de un nódulo o quiste mamario –invocación también parcial, observada en la condición del estado de salud de la invocante por parte del Tribunal.

Resulta más que obvio señalar que la patología indicada, reconoce un origen temporal anterior a la practica médica referida, la que evidencia una evolución de la afección en el tiempo. Pero más allá de ésta circunstancia, que será valorada oportunamente, se consigna como acto de carácter impúdico llevado cabo sobre el cuerpo de la menor, el haber palpado sus senos, y la introducción en vagina, previa colocación de un guante, de dos pastillas con incierta finalidad e ignotos efectos.

La ocurrencia, mencionada por la afectada S. se ve desvirtuada por los dichos de su madre, la que al momento de la auscultación de la adolescente, realizada por el médico policial, no observa la existencia de los fármacos aludidos por su hija, advirtiendo solamente la presencia a su entender de un líquido blancuzco.

Esta ya menguada comprobación, se desvanece totalmente, si se repara en el contenido del informe bioquímico agregado a la causa e incorporado a Debate, como en el contenido de la revisación médica referida.

En la certificación de ésta última, en el desarrollo de su practica glosada a fs. 2/vta. no consta verificación alguna de las aseveraciones realizadas respecto a ésta circunstancia tanto por la madre como por la mentada afectada, recibiendo tales afirmaciones el categórico descrédito, en los resultados de los informes primeramente mencionados, los que dan cuenta de que a la observación microscópica de los hisopos con contenido de muestras recogidas en zona vaginal, no se detecta la presencia de sustancias químicas ni farmacológicas, más allá de la escases de la muestra. En igual sentido en la muestra de orina no se advierte la existencia de cocaina o marihuana, expresando que sobre otros tóxicos o sicofármacos no puede expedirse, por carecer el laboratorio de elementos para su determinación.

Más allá, de que las deficiencias o limitaciones en la realización de éstas pruebas de laboratorio, no pueden ser cargadas en contra del enjuiciado, ya que su interpretación debe hacerse, por imperio legal, in dubio pro reo, es menester advertir que ateniéndome a una secuencia lógica en la temporalidad de las comprobaciones, primero, por su especificidad debió realizarse el hisopado vaginal, y posteriormente la toma de muestras de orina para su estudio. Cabe además referir la diferente naturaleza y finalidad de cada una de las comprobaciones emprendidas. Mientras que la aludida muestra de hisopos sirve para determinar la presencia local de alguna sustancia –sangre, semen, en el caso las denunciadas pastillas la segunda de las comprobaciones muestra de orina se utiliza en la determinación de sustancias metabolizadas por el organismo, por ende previamente ingeridas o ingresadas al cuerpo por otras vías – vgr. Inyectadas finalidad ésta ajena a la verificación referida, restando por tal motivo importancia a su falta de realización por carencia de elementos para llevar a cabo, en éste caso, la comprobación de contenido en orina de otros tóxicos por ej. Alcohol o sicofármacos.

Cobra también importancia la detallada factura de la auscultación médica efectuada por el profesional de la salud, en sede policial, en la que a fs. 2/vta., y pese al tenor de la investigación, y por lo sensible de la zona estudiada, no advierte ni irritación, enrojecimiento o contusión, ni tampoco otro signo propio que demuestre manipulación de la zona vaginal, circunstancia ésta que podría aunque sea de manera indiciaria dar visos de seriedad a la imputación efectuada.

En Debate, por los dichos del Lic. Manuel Edgardo Quiroga, se estableció la imposibilidad de atribución certera en el desfasaje sicológico de la menor, atribuyéndolo aparentemente a una vivencia de carácter sexual experimentada por ella con un adulto, exponiendo el alcance del término “aparente” en relación al quiebre emocional observado en la mencionada al momento de la auscultación sicológica, al relatar el presunto acontecer ilícito. Aclaraciones efectuadas sobre su informe agregado a fs. 43.

En igual sentido y sobre el mismo tópico, informe de la guardia sicológica del Hospital San Juan Bautista de fs. 4.

Sin descreer en el contenido intrínseco de los nombrados informes, los que por tal carácter no contienen la fuerza probatoria de las pericias, ya que no contaron con el debido control de las partes, sus conclusiones deben merituarse dentro del Sistema de la Sana Crítica Racional como circunstancias meramente indicadoras, y evaluarlas confrontándolas con el resto de los elementos de convicción acercados al juicio.

Si al compuesto incierto panorama obtenido hasta aquí en la reconstrucción histórica le sumamos las conclusiones previas, su adición no varía el calificativo asignado, no siendo su inclusión en el proceso convictivo de entidad dirimente.

En la reconstrucción histórica del suceso, o en otros términos expuesto, en la búsqueda de la verdad real, finalidad última del proceso penal, se ha establecido que la atribución conductal ilícita imputada a un sometido a juicio, debe ser cabalmente demostrada, con el grado de certeza necesario e incuestionable para discernir pronunciamiento condenatorio en su contra.

En la inteligencia mencionada, esa verdad considerada incolume, no debe aceptar otra explicación que la apodícticamente conferida. Es decir que los sucesos acusados no pueden ser desvirtuados, o al menos cuestionados, por otra explicación que aparezca como lógica, razonable y posible.

En autos, si bien el enjuiciado no configura ninguna hipótesis defensista de carácter material, en su legítimo derecho de abstención a formular declaración de imputado, garantizado constitucionalmente, puede derivarse del conjunto probatorio analizado, la posibilidad de otra ocurrencia diferente a la consignada por la supuesta afectada, inferencia ésta perfectamente habilitada por el método formativo de la convicción que nos rige.

José I. Cafferata Nores, al escribir su “Garantías y Sistema Constitucional” en “Revista de Derecho Penal” – 2.001 – I, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 127 Dice: “ ... aquella certeza deberá ser el fruto de una consideración racional de datos objetivos exteriores a su espíritu, (del juez) legalmente introducidos como prueba al proceso y sometidos a la contradicción de las partes que justifique y explique, de que forma arribó a la convicción de culpabilidad (motivación). Para dar por destruida la inocencia será necesario que la acusación haya sido confirmada por un conjunto de pruebas de cargo concordantes con ella, no desvirtuada por ninguna prueba de descargo, y que además descarten la posibilidad de alguna conclusión diferente”.

En el sub examine, la equivocidad de la prueba reunida, no solo no permite la sustentación certera de la imputación, tal como fue relatada en la acusación fiscal instructoria, sino que además, tal lo referenciado en la cita doctrinaria previa, en base a ella, no se descarta “la posibilidad de una conclusión diferente”. Así, del estado de incerteza imputativa se puede derivar, que la conducta atribuída en su ejecución a Moya Maldonado no excedio de la normal praxis profesional, desarrollada en la auscultación de un paciente. Se determina ésta conclusión de la actitud asumida por la supuesta víctima, según el dicho testimonial de Lucas Maximiliano Sánchez, quién relata el egreso de M.S. del consultorio médico, si bien nerviosa pero no llorando, a la que le entrega unos papeles presuntamente la orden de consulta como así también la extensión por parte del médico encausado, de una solicitud de práctica médica (constancia de fs. 3), conductas éstas compatibles con un normal trato profesional paciente, que repele la posibilidad de otra actitud espuria de aquel hacia la supuesta afectada.

En la determinación de enrostrada atribución conductal delictiva, resulta útil, ante la existencia de un panorama incierto como el aquí establecido, recurrir a los antecedentes vivenciales del sospechoso, a fin de establecer un patron de conducta objetivo.

Del informe socioambiental de fs. 45/46vta. se desprende la normalidad conceptual en lo relativo a sus relaciones interpersonales, familiares y laborales, sin problemas de ninguna índole y carencia de antecedentes penales, dato éste corroborado con la planilla policial de fs. 29 y el informe del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal de fs. 150/151.

Erich Dohring, en su libro “La prueba, práctica y apreciación”, Ed. E. J. E. A. Págs. 374 y siguientes dice, refiriéndose a “La circunstancia de que al imputado pueda creérselo capaz de cometer el hecho” que, “Dicho con precisión, éste argumento en pro de la autoría de una determinada persona comprende todo un grupo de indicios. Que el sospechoso fue el autor del hecho o bien de que es improbable que lo haya sido, se deduce ya del ambiente del cuál procede, de sus antecedentes o de sus cualidades morales allí documentadas. Este tipo de reflexiones parte de la experiencia general de que una persona difícilmente puede abstraerse al influjo modelador del ambiente en que se vive, y que las tendencias de su comportamiento manifestadas en su vida anterior siempre suelen reaparecer”.

El autor cuya exposición transcribo, señala como pautas indicadoras la influencia del mundo circundante, vida anterior, la que revela tendencias, existencias de procesos penales anteriores etc. Si éstas se verifican se constituyen en aval de la autoría. “A la inversa la hipótesis de su autoría perderá fuerza, si por todo lo que se sabe de él y de su pasado, el delito no cuadra a su personalidad y a su manera de ser”. (Ibidem).

Esclarecedores resultan a ésta altura de mi pronunciamiento, y amerita su reiteración taxativa, las aseveraciones impuestas por el autor de cita cuando dice: El conocimiento de la vida del imputado y las tendencias de conducta de ahí colegibles, pueden cobrar especial importancia cuando faltan testigos inmediatos del hecho y todos los sujetos probantes disponibles ofrecen alguna duda. Así por ejemplo si una joven afirma que el imputado la ha violado, pero éste niega pertinazmente el hecho y no hay otras probanzas concluyentes, la cuestión de si puede estimárselo capaz de cometer tal fechoría, puede cobrar especial significación”. (Ibidem).

En un todo acorde a las apreciaciones vertidas supra sobre el valor probatorio de los indicios, el autor que vengo señalando expone: “En general, la circunstancia de que al imputado se lo crea capaz de cometer el hecho, no es decisiva sin más ni más. Por lo común ese indicio sirve más para confirmar, o en su caso para rectificar el restante material probatorio y para redondear el cuadro conjunto”.

Si a ésta conclusión valorativa se agrega la impresión “de visu” lograda de la menor S. durante el juicio, y se tiene especialmente en cuenta los dichos de su madre y su amigo Sánchez, en el sentido de su retraimiento, inseguridad en el trato interpersonal, y hasta su misticismo, revelado por su progenitora, como así su capacidad de reacción, observada en audiencia, ante lo que ella considera un ataque, existe como posibilidad o hipótesis de ocurrencia; inferida ésta de los elementos probatorios analizados hasta aquí; que por su especial carácter la mencionada haya mal entendido los actos propios de la necesaria auscultación médica, mal interpretando el sentido de los mismos, situación compatible con la verificación sicológica llevada a cabo no sólo por el médico de policía, sino además por la guardia especializada del Hospital San Juan Bautista y el sicólogo forense.

Valorada conjuntamente la prueba ingresada al Plenario, por su confrontación entre sí y con las circunstancias atribuidas en la imputación ilícita, aquella, por su carácter equívoco no me permite formular juicio de culpabilidad con la certeza necesaria requerida en ésta instancia conclusiva del proceso para emitir una sentencia de carácter condenatorio en detrimento del enjuiciado Moya Maldonado.

El art. 18 de la Constitución Nacional impone la carga de la prueba al Ministerio Fiscal, quedando excento de tal obligación la defensa (material y técnica). En el caso de autos, la acusación fiscal, no ha demostrado racional y lógicamente los extremos imputativos que en su alegato da por realizado, conduciendo de ésta manera mi decisión hacia la operatividad de los principios fundamentales de inocencia e in dubio pro reo, éste último colofón ineludible de la vigencia del primero de los nombrados durante todo el transcurso del “debido proceso legal”. Eduardo M. Jauchen, en “Derechos del Imputado” Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 108 refiere: Los extremos de la acusación tienen que ser comprobados de forma tal que resulten evidentes. Esto involucra necesariamente que de la prueba se obtenga una conclusión objetivamente unívoca, en sentido de no dar lugar a que del mismo material pueda simultáneamente inferirse la posibilidad de que las cosas acontecieron de diferente manera”.

Es por lo expuesto que me pronuncio por la absolución del enjuiciado Argentino Edgar Moya Maldonado “In dubio pro reo”.

Segunda y Tercera Cuestión: En mérito a la conclusión precedentes éstas quedan sin materia de tratamiento.

VOTO DEL DR JUAN CARLOS SAMPAYO:

Que por las razones de hecho y de derecho, puestas de manifiesto por el colega del primer voto Dr. Roberto Dionisio Mazzucco, se adhiere en un todo al mismo en relación a cada una de las cuestiones sometidas a decisión.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por mayoría de votos de los Dres. Roberto Dionisio Mazzucco y Juan Carlos Sampayo y la disidencia del Dr. Carlos Alberto Roselló, este Tribunal:

RESUELVE

I) Declarar culpable a Argentino Edgar Moya Maldonado de condiciones personales relacionadas en la causa como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (arts.119 Segundo Párrafo en función del Primer Párrafo y 45 del C. Penal ) condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de nueve años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión médica por el término de diez años, con más accesorias de ley (arts. 40 , 41,20 bis inc. 3º y 12 del C. Penal). Con costas, (arts. 407, 536 y concordantes del C. P. P. ).



II) Regular los honorarios profesionales del Dr. Víctor Manuel Pinto en la suma de pesos mil doscientos ($ 1200) (arts. 6 y concordantes de la Ley 3956).

III) Protocolícese, hágase saber, firme ofíciese a la Jefatura de Policía y al Registro Nacional de Reincidencia, al Juzgado Federal Secretaria Electoral, al Juzgado Electoral Provincial, a la Dirección Provincial de Justicia, al Colegio de Abogados, a la Caja Forense y al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Ejecutoríese.


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