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Capítulo 24. Derechos de las personas adultas mayores

I. Diagnóstico

A. Obligaciones del Estado

El enfoque de derechos en las personas mayores es un paradigma que se ha vuelto progresivamente dominante en la región de América Latina y el Caribe, que tiene como fundamento vinculante la Convención Intera- mericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores aprobada el 15 de junio del 2015. Este instrumento fue con- sensuado por los 35 países que componen la Organización de Estados Americanos y busca reconocer la eminente necesidad de un cambio de paradigma sobre el papel de las políticas públicas, los gobiernos y la so- ciedad. En congruencia con los planteamientos de diversos organismos internacionales, la Convención se fundamenta en la no discriminación

–concebida como derecho llave–, y se sustenta en los modelos de enve- jecimiento activo y saludable, respetando la autonomía, independencia, igualdad de género y buen trato, entre otros aspectos. Recupera los de- rechos relacionados con la seguridad económica, la salud, los entornos físicos y sociales favorables, acomo con la justicia social en materia de igualdad ante la ley.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores1 representa uno de los instrumen- tos jurídicos vinculantes s recientes destinado a proteger los dere- chos humanos de las personas mayores en el mundo y particularmente en la región, y establece que:

[...] la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano;

Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir dis- frutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, segu- ridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades;

Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos de la ve- jez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradica- ción de la pobreza [...];
En el marco de avances en la discusión promovida por los orga- nismos internacionales,2 la contribución de la investigación científi-


1 Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana sobre la Pro- tección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores aprobada en Washin- gton D.C el 14 de junio de 2015 [en línea]. [fecha de consulta: 11 de mayo de 2016.] Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_ interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf

2 Centro Latinoamericano de Demografía, Los adultos mayores en América Latina y el Caribe. Datos e indicadores, CELADE, División de Población de la CEPAL, Santiago de Chile, 2002, pp. 78.


Derechos de las personas adultas mayores


ca,3 el papel de las organizaciones de la sociedad civil y el papel de los gobiernos,4 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es un produc- to internacional resultado de un proceso de construcción des de 20 años, en el cual se ha resaltado la contribución de las perso- nas mayores al desarrollo social de nuestros países, la situación de la vejez y el proceso de envejecimiento.

Entre los antecedentes de esta Convención en el marco de las Na- ciones Unidas se pueden mencionar la Declaración Universal de De- rechos Humanos (1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978), la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (1982); los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Perso- nas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); el o Internacional de las Personas de edad (1999); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Enve- jecimiento (2002). Por Otra parte, en el ámbito americano podemos mencionar las siguientes reuniones e instrumentos regionales:5

a) Primera Conferencia Regional Intergubernamental sobre En- vejecimiento que dio origen a la Estrategia Regional de imple- mentación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003);6


3 Consejo Nacional de Población, Indicadores demográficos para adultos mayores, Conapo, México, 2002.

4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Gobierno de la Ciudad de México, Los derechos de las personas mayores en el siglo XXI: situación, experiencias y desafíos, Ciudad de México, 2012.

5 Sandra Huenchuan Navarro y Luis Rodríguez Piñero, Envejecimiento y dere- chos humanos: situación y perspectivas de protección, Santiago de Chile, Comi- sión Económica para América Latina y el Caribe, 2010.

6 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Conferencia regional

b) Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre Enve- jecimiento, que dio origen a la Declaración de Brasilia (2007);

c) Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud so- bre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009);

d) Declaración de Compromiso de Puerto España (2009);

e) Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012)7 y Declaración de Tres Ríos, Costa Rica (2012);

f) Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, Ciudad de México (2015).

En conjunto, estos instrumentos plantean tres aspectos nodales. El primero es visibilizar el tema de la vejez y el envejecimiento en las políticas públicas; el segundo, destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada imple- mentación de los derechos ahí plasmados; y el tercer aspecto es la evaluación de las medidas puestas en práctica.

El marco legal establecido en materia de derechos de las perso- nas mayores en México es hetereogéneo. A nivel estatal este mar- co incluye tanto leyes para la atención de las personas mayores en sus correspondientes entidades, como otras cuya encomienda es la protección de derechos, es decir, la norma define la prestación de


intergubernamental sobre envejecimiento: hacia una estrategia regional de im- plementacn para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, Santiago de Chile, CEPAL, 19 al 21 de no- viembre de 2003.

7 Carta de San José, Carta sobre los derechos de las personas mayores de Amé- rica Latina y el Caribe, III Conferencia regional intergubernamental sobre en- vejecimiento en América Latina y el Caribe, San José de Costa Rica, 8 al 11 de mayo de 2012.


Derechos de las personas adultas mayores


diversos servicios ya sea con una tendencia asistencial o bajo un claro enfoque de derechos.

Al considerar la diversidad de sus leyes, sus definiciones conceptua- les, la población objetivo y su contenido normativo, la Ciudad de México se coloca claramente a la vanguardia en tiempo y forma en la protección de los derechos humanos y retoma la noción de ciudadanía en la vejez.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores8 en el Distrito Federal fue la tercera en ser ratificada por los representantes elegidos en 2000 en la Ciudad de México y es la primera ley en el país cuyo objetivo consiste en la protección de los derechos de las perso- nas adultas mayores.9 Esta visión de la Ciudad de México estuvo en sintonía con los postulados de la Organización de las Naciones Uni- das, y sirvió de ejemplo para la elaboración de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a nivel nacional.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores define las siguientes dimensiones y derechos:

1) De la integridad y dignidad:

I. A la vida, con calidad, siendo obligación de la familia, de los órga- nos locales de Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad, garantizar a las personas adultas mayores su sobrevivencia, así como el acceso a los mecanismos necesarios para ello;

8 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal [en línea] En: Gaceta Oficial del Distrito Federal, 7 de marzo de 2000, [fecha de consulta: 8 de noviembre de 2015]. Disponible en: http://www.sds.df.gob. mx/pdf/Ley%20de%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20Adul- tas%20Mayores.pdf

9 La precede sólo la Ley para la Protección Social de las Personas en edad senescente del Estado de Yucatán de 1999 la cual incorpora un enfoque dis- tinto. Verónica Montes de Oca Zavala, La discriminación hacia la vejez en la ciudad de México: contrastes sociopolíticos y jurídicos a nivel nacional y local”, Perspectivas Sociales / Social Perspectives, vol. 15, núm. 1, 2013, pp.

47- 80.

II. A la no discriminación, por lo que la observancia a sus derechos se hará sin distinción alguna;

III. A una vida libre de violencia;

IV. A ser respetados en su persona, en su integridad física, psi- co-emocional y sexual;

V. A ser protegidos contra toda forma de explotación;

VI. A recibir protección por parte de su familia, órganos locales de

Gobierno y sociedad;

VII. A gozar de oportunidades, en atención a las condiciones a que se refiere la fracción I, del artículo tercero de la Ley, para mejo- rar progresivamente las capacidades que les faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, respetando en todo momento la heterogeneidad, y

VIII. A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerza libre- mente sus derechos.

2) De la certeza jurídica y familia:

I. A vivir en el seno de una familia, o a mantener relaciones perso- nales y contacto directo con ella n en el caso de estar separa- dos, salvo si ello es contrario a sus intereses;

II. A expresar su opinión libremente, conocer sus derechos y a par- ticipar en el ámbito familiar y comunitario, así como en todo procedimiento administrativo o judicial que afecte sus esferas personal, familiar y social;

III. A recibir un trato digno y apropiado cuando sean víctimas, o ellos mismos cometan cualquier tipo de ilícito o infracción;

IV. A recibir el apoyo de los órganos locales de Gobierno en lo relati- vo al ejercicio y respeto de sus derechos, a través de las institucio- nes creadas para tal efecto como son el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Procuradurías competentes y la Comisn de Derechos Humanos del Distrito Federal; y


Derechos de las personas adultas mayores


V. A contar con asesoría jurídica gratuita y contar con un represen- tante legal cuando lo considere necesario, poniendo especial cui- dado en la protección de su patrimonio personal y familiar.

3) De la salud y alimentación:

I. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando ali- mentos, bienes, servicios y condiciones humanas y materiales, para su atención integral;

II. A tener acceso a los servicios de salud, en los términos del párra- fo cuarto del artículo cuarto constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente del bienestar físico, mental, psicoemocional y sexual; para obtener mejoramiento en su calidad de vida y la prolongación de ésta; y

III. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutri- ción e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuida- do personal.

4) De la educación, recreación, formación y participación: I. De asociarse y reunirse;

II. A recibir información sobre las instituciones que prestan servi- cios para su atención integral;

III. A recibir educación conforme lo señala el artículo tercero de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5) Del trabajo:

I. A gozar de oportunidades igualitarias de acceso al trabajo o de otras posibilidades de obtener un ingreso propio, así como a re- cibir una capacitación adecuada.

6) De la asistencia social

I. A ser sujetos de programas de asistencia social cuando se encuentren en situación de riesgo o desamparo, que garanticen su atención integral.




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