Ro nº 99, de enero de 2009



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f.) Dr. Viterbo Zevallos Alcívar, Magistrado de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.
f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Magistrado de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.
f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Conjuez Permanente.
Certifico.- f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora (E).
RAZON: Es fiel copia de su original.- Quito, a 14 de febrero del 2008.- Certifico.
f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora, encargada. 

No. 35-08


Dentro del juicio ordinario No. 09-2007 que, por reivindicación de dos lotes de terreno, siguen Manuel Arcecio Segarra Illescas y María Zoila Zumba Domínguez contra José Criollo Panamá y Elvia Yolanda Baculima Gómez, se ha dictado lo siguiente:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 



Quito, a 12 de febrero del 2008; las 10h55.
VISTOS: Manuel Arcecio Segarra Illescas y María Zoila Zumba Domínguez deducen recurso de casación contra la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, que revoca la del inferior y declara sin lugar la demanda, en el juicio ordinario que, por reivindicación de dos lotes de terreno, siguen los recurrentes contra José Criollo Panamá y Elvia Yolanda Baculima Gómez. Dicho recurso es negado, por lo que deducen el de hecho, que por concedido, permite que el proceso pase a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia; habiéndose radicado la competencia por el sorteo de ley en esta Sala -que aceptó a trámite el recurso-, y hallándose concluida la sustanciación correspondiente, para resolver se considera: PRIMERO: Los recurrentes acusan al fallo de última instancia de haber infringido los artículos 933 del Código Civil y 115, 164 y 165 del Código de Procedimiento Civil. Fundamentan su impugnación en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Estos son los límites en los cuales se desenvolverá la actividad jurisdiccional de la Sala, como Tribunal de Casación. SEGUNDO: Respecto a la causal tercera (que debe analizarse primero en orden lógico), los recurrentes alegan que se han dejado de aplicar las disposiciones adjetivas cita das; que el Tribunal de última instancia no tomó en cuenta las escrituras de compraventa realizadas el 25 de abril del 2003 y 11 de agosto del 2004, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad del cantón Cuenca. Que al no haberse valorado estas escrituras, se inaplicaron los artículos 168 y 169 del Código de Procedimiento Civil (se cita la numeración de la codificación anterior), “que demuestran claramente, el valor probatorio del instrumento público”; escrituras que “dan plena fe del dominio del cual se necesita para incoar la acción de reivindicación y que fueron aparejadas a la demanda, y que no fueron valoradas como tal al momento de resolver”. Que estos instrumentos dan fe de que se celebró un contrato de compraventa, “en la cual se opera la tradición; acotando que los demandados si se hubieran sentido perjudicados por las mismas, tuvieron treinta días para oponerse a la inscripción de las mismas, tal como impera en la norma pertinente para el caso [SIC]. Finalmente, dicen que no se ha apreciado la prueba en forma conjunta y conforme a las reglas de la sana crítica, por lo cual se ha violado el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil: “En el presente recurso el inferior [SIC] no ha tomado en cuenta toda la prueba que consta en el proceso, en su sentencia solamente da valor a la prueba presentada por los demandados.”. Sobre estos cargos se anota: 1) El artículo 164 del Código de Procedimiento Civil define al instrumento público; el artículo 165 enuncia sus diversas clases y dice que “hacen fe y constituyen prueba”. El hecho de que una escritura pública documente un negocio jurídico, no convierte en verdaderas las afirmaciones vertidas por los interesados en dicho instrumento: no deja de ser frecuente la creencia de que el contenido de un instrumento público ha de ser valorado sin más como prueba de las afirmaciones en él vertidas. Pero debe recordarse que el artículo 166 del mismo cuerpo legal señala que “El instrumento público hace fe, aún contra terceros, en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha; pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados./ En esta parte no hace fe sino contra los declarantes./ Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen prueba respecto de los otorgantes y de las personas a quienes se transfieren dichas obligaciones y descargos, a título universal o singular…”. En definitiva, el Juez no tiene porqué tomar como verdades inconcusas las contenidas en un instrumento público, por el solo hecho de estar documentadas de esta manera. No debe confundirse entre el medio de prueba y la prueba -como la conclusión que, de la valoración de todos los medios probatorios aportados al proceso, infiere el Juez respecto a los hechos alegados por las partes-. Como señala el profesor Hernando Devis Echandía (Compendio de pruebas judiciales, Tomo I, Santa Fe-Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 1984, p. 35), “[…] Probar es aportar al proceso, por los medios y procedimientos aceptados por la ley, los motivos o las razones para llevarle al Juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos. Prueba judicial (en particular) es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley, para llevarle al Juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos…”. Así, está claro que los recurrentes confunden entre ambas instituciones, al sostener que el Ttribunal de última instancia debía valorar como prueba indiscutible de su derecho de dominio las escrituras de compraventa presentadas.2) Se alega que se dejó de valorar la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica, conforme prescribe el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; al respecto se observa: El artículo 115 dispone en su inciso primero que “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos.”. Como ha dicho este Tribunal en innumerables sentencias, las reglas de la sana crítica son reglas de lógica y de la experiencia humana suministradas por la psicología, la sociología, otras ciencias y la técnica, que son las que dan al Juez conocimiento de la vida y de los hombres y le permiten distinguir lo que es verdadero y lo que es falso; por lo tanto, la norma no contiene una regla concreta sobre cómo debe el Juez valorar los medios probatorios aportados por las partes al proceso, sino un método para que valore la prueba; en esa operación mental -que por lo demás en casación no es susceptible de revisión- el Juez puede acoger libremente elementos de prueba aportados por el actor y, asimismo, desestimar elementos de prueba aportados por el demandado o viceversa. En definitiva, no cabe alegar su sola transgresión sobre la base de la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, a menos de que se especifique de qué manera la resolución adolece de absurdo o arbitrariedad, lo que no ha sido acusado ni sucede tampoco en la especie. No constituye concreción alguna del cargo decir que a la prueba se le debe dar valor conjuntamente, “no en forma aislada, puesto que si la consideramos aisladamente obtendremos un resultado injusto y erróneo, pero si la valoramos en forma conjunta obtendremos la verdad jurídica que es la aspiración suprema de la ley…”, sin expresar cómo se dejó de valorar una determinada prueba, o de qué manera esa falta influyó para llegar a un resultado determinado y no a otro que, siguiendo un camino lógico, irrespetado por el Tribunal de instancia, debió producirse. 3)En suma, es evidente la intención de los recurrentes de que este Tribunal revise nuevamente el proceso de valoración de la prueba, lo que en casación no le está permitido, ya que este recurso supremo y extraordinario no es una tercera instancia. La Sala no puede revalorar los medios probatorios aportados al proceso, ni juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal de última instancia, a menos de que se justifique que la resolución a la que ha arribado el juzgador de instancia es absurda o arbitraria, lo que no ha sido acusado, se reitera, en el recurso. Finalmente, no se correlaciona la violación de las disposiciones adjetivas señaladas con una norma de derecho sustantiva que haya sido indirectamente afectada, como lo exige para su correcta fundamentación la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Se rechazan, en consecuencia, los cargos formulados al amparo de esta causal por carecer de fundamento. TERCERO: En cuanto a la causal primera, los recurrentes sostienen que se dejó de aplicar el artículo 933 del Código Civil, norma que define a la acción reivindicatoria y sus elementos; “Pese a que se demostró de una manera incontrovertible y fehaciente con instrumento público el dominio de los dos cuerpos de terrenos aludidos en la litis…”. Alegan que la sentencia se limita a “manifestar una falta de derecho de la parte actora, sin que medie ninguna sentencia de nulidad de las escrituras de compraventa base de la acción; ya que se perdería el derecho a demandar si quedarían sin efecto las mencionadas escrituras de compraventa [SIC], y esto es únicamente solo con una sentencia en la cual las declare nulas, la misma que no obra en ningún auto del proceso; y por otro lado a pesar de apreciar que fraudulentamente se ha realizado una compraventa de derechos y acciones universales a favor de los demandados, con la huella digital del vendedor a pesar que se aprecia clara y contundentemente en las escrituras de compraventa a nuestro favor, que el vendedor sabía firmar y rubricar normalmente, la Primera Sala ha dado razón a los demandados.” Como se aprecia de la transcripción de estos cargos, se acusa al amparo de la causal primera faltas relativas a la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, por indebida valoración de medios probatorios; sin embargo, se hace el siguiente análisis: 1) El artículo 933 es una norma meramente enunciativa, que define lo que es la acción reivindicatoria; una norma con tales características debe unirse a otras disposiciones legales para formar lo que la jurisprudencia de casación ha llamado “proposición jurídica completa”: “[…] una norma sustancial de derecho contiene dos partes: la primera, un supuesto de hecho, y la segunda, un efecto jurídico. La primera parte es una hipótesis; la segunda es una consecuencia; cuando en una norma sustancial de derecho no se encuentren estas dos partes, es porque tal norma se halla incompleta, y hay que completarla o complementarla con otra norma o normas para formar la proposición jurídica completa, como lo señala el tratadista colombiano Zenón Prieto Rincón en su obra ‘Casación Civil’ (Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1983, p. 15): ‘...deben integrarse las normas de derecho complementarias para hacer la proposición de derecho completa, es decir, para que tenga el supuesto de hecho y el efecto jurídico’…”. Este criterio ha sido sustentado en varias resoluciones de la Sala, como por ejemplo, la No. 147-2002 publicada en el Registro Oficial 131 de 23 de julio del 2003, o la No. 307-2003, publicada en el Registro Oficial 349 de 4 de junio del 2004. 2) En la especie, tanto actores como demandados alegan a su favor Títulos de domino; es necesario, en tal evento, que el tribunal analice en el proceso reivindicatorio cuál de ellos tiene mayor jerarquía jurídica, sin que se requiera, como afirman los recurrentes, de un proceso de nulidad previo para restar valor a uno de esos títulos. Tal criterio ha sido sustentado por esta Sala en varias sentencias, entre ellas: Resolución No. 341-2000, publicada en el Registro Oficial 203 de 14 de noviembre del 2000; o la No. 221 de 29 de julio del 2003, en el Registro Oficial 191 de 16 de octubre del 2003. En caso de que los títulos emanen de autores diferentes, explican los profesores chilenos Alessandri, Somarriva y Vodanovic (Tratado de los derechos reales, Tomo II, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, sexta edición, 1997, p. 281), la cuestión ya no es de prueba, “sino de transferencia o transmisión del derecho”, pues “[…] la fecha de los títulos respectivos no cuenta, porque nada dice que el causante que otorgó el título más antiguo haya sido el verdadero dueño; las presunciones que pueden inferirse de los títulos en combate se neutralizan, pues son de igual valor. El Juez debe decidirse en este caso por el demandado, a quien favorece la posesión, a menos que el demandante también invoque su posesión anterior, pues entonces la pugna se produce entre las respectivas posesiones y hay que acudir a la solución del conflicto entre éstas…” (ibídem). Es decir: debe preferirse al poseedor actual porque “in pari causa melior est causa possidentis (“en igualdad de causa, es mejor la del que posee”). Esta última solución es de lógica y de justicia, pues tal como dice el artículo 715 del Código Civil en su inciso segundo, “el poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo.” También ha de anotarse que existen algunos hechos que pueden mostrar la “[…] mejor caracterización de una posesión sobre otra: la posesión pública, pacífica, la inscripción en el catastro o lista fiscal de las propiedad existentes. El catastro, aunque no tiene por fin servir de prueba civil, es indicio de una posesión seria…”, etc. (op. cit., p. 280). ¿Cuál sería entonces, en resumen, el camino que le queda a quien reivindica para destruir esta presunción? Que pueda demostrar, “…en la hipótesis de un proceso entre los autores de esos títulos, [que] el suyo habría triunfado, ya que el del demandado no habría podido transferirle más derechos que los que él tenía; y por el contrario, perderá el juicio, si no consigue rendir esta prueba, porque el demandado tiene a su favor la presunción de propiedad que emana de la posesión.” (como desde antiguo ya advirtió Luis Claro Solar, en su Derecho civil chileno y comparado, Tomo IX, De los bienes, Volumen IV, Santiago, Imprenta Nacsimento, 1935, p. 399). Pero en la especie, lo único que se limitan a sostener los recurrentes es que su título goza de mejor derecho, porque no hubo oposición de los demandados, según la “respectiva” norma jurídica, la cual no citan. 4) El Tribunal ha analizado la historia de dominio de cada uno de los títulos invocados y ha concluido que el de la parte demandada debe preferirse, porque halla continuidad con los antecedentes de dominio del inmueble en disputa, sin que esa secuencia se observe, en cambio, en los títulos aportados por la parte actora. Si bien se dice que el antecedente del título de los actores fue una “compraventa informal”, forma en la cual se dice que adquirió el dominio su vendedor -y de cuya existencia no existe constancia procesal-, ese error no es determinante para la solución de la controversia; en definitiva, para el Tribunal de último nivel, los demandados son dueños por sucesión por causa de muerte, y en el testamento que les sirve de título (fojas 92-93), inscrito con anterioridad a los títulos de compraventa invocados por los demandados, se hace referencia a una partición de lotes de terreno, situación perfectamente admisible, que se ha concretado, para ellos, en los inmuebles en disputa. Tampoco importa para la causa la mención de la compraventa de derechos y acciones otorgada por Miguel Angel Criollo Panamá (vendedor del terreno reclamado por los reivindicantes) a favor de la codemandada Elvia Baculima Gómez, pues se ha decidido la preferencia del derecho invocado por los demandados exclusivamente sobre el testamento otorgado a su favor, y así lo dice el Tribunal de última instancia. En definitiva, no se ha dejado de aplicar el artículo señalado, por lo que el cargo sustentado en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, carece en todo de fundamento. Por las consideraciones que anteceden, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Cuenca por estar en todo ajustada a derecho. Sin costas.- En virtud del nombramiento de la Secretaria Relatora de esta Sala como Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, actúe la doctora Lucía Toledo Puebla en calidad de Secretaria Relatora encargada.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.
f.) Dr. Viterbo Zevallos Alcívar, Magistrado de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.
f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Magistrado de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.
f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Conjuez Permanente.
Certifico.- f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora, encargada.
RAZON: Es fiel copia de su original.- Quito, a 14 de febrero del 2008.
Certifico.- f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora, encargada.

No. 36-08


En el juicio verbal sumario No.155-2006, que por resolución de contrato sigue Teodoro Vásconez Jara y Violeta Cevallos Briones, contra María Montserrat Butiñá Martínez, en su calidad de Presidenta Ejecutiva y representante legal de la Fundación Prodesarrollo Ecuador, se ha dictado lo siguiente:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 


Quito, a 20 de febrero del 2008; las 11h45.
VISTOS: En virtud del llamamiento efectuado por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, mediante oficio número 2472-SP-CSJ de 12 de diciembre del 2007, originado en la aceptación de la renuncia presentada por el señor doctor Héctor Cabrera Suárez, en aplicación del inciso cuarto del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, el Dr. Juan Montalvo Malo, Conjuez Permanente, asume el despacho de todas la causas, e integra la Sala con las mismas atribuciones y deberes del principal, por todo el tiempo que dure la falta del titular, por lo que la Sala debidamente conformada avoca conocimiento de la presente causa.- En lo principal.- La Dra. María Montserrat Butiñá Martínez, en su calidad de Presidenta Ejecutiva y representante legal de la Fundación Prodesarrollo Ecuador, deduce recurso de casación contra la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, en el juicio verbal sumario que, por resolución de contrato, siguen Teodoro Vásconez Jara y Violeta Cevallos Briones contra la recurrente. Dicho recurso fue concedido, por lo que el proceso pasó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia; habiéndose radicado la competencia por el sorteo de ley en esta Sala, que lo aceptó a trámite, y una vez que ha concluido la etapa de sustanciación correspondiente, para resolver se considera: PRIMERO:La recurrente sustenta su impugnación en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, y cita como normas de derecho infringidas las contenidas en los artículos 1505, 1561, 1567, 1568 y 1569 del Código Civil; 113, 115 y 116 del Código de Procedimiento Civil. Estos son los límites, fijados por la propia recurrente, dentro de los cuales se desenvolverá la actividad jurisdiccional de la Sala como Tribunal de Casación. SEGUNDO: En orden lógico, corresponde analizar en primer lugar la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. La recurrente dice que se han aplicado indebidamente varios preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Señala: 1) Que se vulneró el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil, porque el Tribunal ad quem “…debía valorar la prueba y determinar si efectivamente [la parte actora] logró demostrar la mora por parte de la Fundación con el convenio suscrito, pues textualmente en el adendum de reforma al convenio en la ya mencionada cláusula séptima se determina cuál era el costo total de la obra y cuál la forma de pago…”, constando del proceso que la parte actora no ha cancelado los valores que, por su parte, se encontraban pendientes de pago. 2) Que el Tribunal de última instancia no ha valorado todas las pruebas por ella solicitadas, entre otras: “Se reproduzca como prueba de mi parte todo cuanto en autos me fuere favorable y de manera especial lo que determina la cláusula 7 inciso segundo en lo referente al costo total de la obra y a la forma de pago cláusula constante en el adendum de reforma al convenio firmado el 30 de septiembre del 2004, y se tenga por impugnado todo lo contrario o adverso. Se reproduzca como prueba a mi favor toda la documentación que adjunto, consistente en: Convenio de construcción de vivienda y adendum de reforma al convenio, recibo de documentos entregados a la parte actora, acta de reunión de trabajo y reforma de construcción entre las partes y recibo de permisos de construcción firmado por el señor Vásconez; copia de acta de acuerdo entre vecinos dueños de terreno y dueño actor en este proceso. Pruebas debidamente practicadas y que en la resolución objeto de este recurso fueron totalmente ignoradas.”. Respecto al punto identificado con el número 1), se anota que el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil es una norma relativa a la carga de la prueba y no a su valoración; por lo tanto, no cabe alegar su violación sobre la base de la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación; en el fondo, se observa la intención de la recurrente de que el Tribunal de Casación revise el proceso de valoración de las pruebas aportadas por las partes que demostrarían, según ella, que la parte actora no ha cumplido con su parte del convenio suscrito, y que habría lugar a la exceptio non adimpleti contractus o excepción de mora recíproca, prevista en el artículo 1568 del Código Civil. Por otra parte, es de lógica probatoria que aun cuando toda alegación formulada en un proceso debe ser demostrada, las reglas de la carga de la prueba en la exención de hechos que implican responsabilidad incumbe exclusivamente a quien pretende beneficiarse de esos hechos; en consecuencia, correspondía a Prodesarrollo Ecuador demostrar que cumplió o estuvo dispuesta a cumplir en el tiempo y forma debidos con las obligaciones a su cargo, para que no le sea imputable el estado de mora acusado por la parte actora, fundamento de su acción resolutoria. En lo concerniente al punto número 2), la recurrente no señala concretamente cuáles son los medios probatorios que respecto a las palabras “todo lo que de autos me fuere favorable” debieron ser tomados en cuenta por parte del Tribunal de última instancia. Es frecuente la utilización de frases rituarias que, en el fondo, pierden su sentido por ser repetitivas y por no concretar cuáles son los argumentos, los medios probatorios, o los hechos que debieron ser tomados en cuenta en el proceso; por lo demás, no aparece que el Tribunal de última instancia haya dejado de valorar debidamente los medios probatorios incorporados al proceso por ambas partes, como se desprende de la sola lectura de los considerandos tercero y cuarto de la resolución impugnada; tampoco precisa la recurrente de qué manera influyó en la decisión de la causa la falta de valoración de los medios probatorios a los que se refiere. Se desechan, en consecuencia, los cargos sustentados en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación por infundados. TERCERO: En lo concerniente a la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, la recurrente sostiene que el Tribunal de última instancia ha aplicado indebidamente los artículos 1505, 1568, 1567 y 1569 del Código Civil, así como “precedentes jurisprudenciales obligatorios”. Cita dos sentencias de tercera instancia como parte de la fundamentación de este cargo, aunque incompletas. En definitiva, alega que al no haber la parte actora cancelado la totalidad del crédito otorgado por la fundación demandada, no podía demandar la resolución del contrato de construcción celebrado entre las partes. Que en el convenio, “se establece que la obligación de la fundación es entregar la vivienda siempre y cuando se haya cancelado la totalidad de los valores adeudados por el actor, y más aún en el adendum de reforma al convenio se determina una nueva forma de pago con un nuevo costo dejando insubsistente el anterior solo en lo reformado, y se establece que el costo de la vivienda es de sesenta mil ciento veinte dólares de EE.UU. con ochenta y siete centavos de dólar debiendo cancelar de la forma señalada…”. Que Prodesarrollo inició los trabajos pactados, pero el actor no cumplió ni siquiera con el primer desembolso acordado; por lo tanto, al haber incurrido en mora los actores, no podían sustentar su acción con fundamento en el artículo 1505 del Código Civil. Respecto a estas acusaciones se observa: 1) Según el convenio celebrado entre las partes (fojas 14-15 del cuaderno de primer nivel), los trabajos debían durar un máximo de once meses a la firma del contrato (4 de diciembre del 2002); a la fecha en que se propuso la demanda (8 de septiembre del 2004, razón a fojas 21), es evidente que la parte demandada ha retrasado el cumplimiento de su obligación por más de dos años; si bien se han iniciado los trabajos, tampoco están concluidos, como lo reconoce la propia parte demandada a lo largo del proceso. Se reitera lo señalado en el considerando precedente: la carga de la prueba de la exención de hechos que implican responsabilidad incumbe exclusivamente a quien pretende beneficiarse de ellos, por lo tanto, la demandada debía demostrar que cumplió o estuvo dispuesta a cumplir en el tiempo y forma debidos, de conformidad con el artículo 1568 del Código Civil. 2) Como bien analiza el Tribunal de último nivel, los actores, hasta cuando propusieron la demanda, cumplieron con los abonos exigidos en el convenio inicial; es ante el incumplimiento del inicio de las obras respectivas que propusieron esta demanda resolutoria. Por último, en la confesión judicial rendida por la representante de la entidad demandada (fojas 99), se reconoce que el retraso en la ejecución de las obras programadas son imputables exclusivamente a Prodesarrollo; el hecho de que se “dependía del Municipio” para la construcción de las obras, no es de ninguna manera eximente de responsabilidad. 3) Respecto a las sentencias citadas (del “Diccionario de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tomo II, págs. 546-547” y de la “GJ XII, 12 p. 257”), debe anotarse que no son precedentes jurisprudenciales de aplicación obligatoria, por lo tanto, no han sido infringidos por el Tribunal de último nivel. instancia. En definitiva, los cargos sustentados en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, carecen de todo fundamento. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Cuenca por estar en todo ajustada a derecho. Con costas a cargo de la demandada, pero sin honorarios que regular en este proceso de casación. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Casación, entréguese en su totalidad la caución constituida por la entidad recurrente a la parte actora, perjudicada por la demora en la ejecución de esta sentencia.- En virtud de que la Secretaria Relatora de esta Sala, ha sido designada Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; acorde con el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, actué como Secretaria Relatora encargada, la doctora Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora de la Tercera Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.
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f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Magistrado.
f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Conjuez Permanente.
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