Ro nº 99, de enero de 2009



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Fdo.) Dres. Carlos Ramírez Romero, Ramón Jiménez Carbo y Ramiro Romero Parducci, Ministros Jueces.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
Es igual a su original.
Quito, a 7 de febrero del 2008.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator, Segunda Sala Civil y Mercantil, Corte Suprema de Justicia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL


Quito, 4 de septiembre del 2007; las 15h00.
VISTOS: Agréguese a los autos los escritos que anteceden. En lo principal, BERTHA MARIA GODOY a fs. 21 de los autos, solicita que se aclare y amplié la sentencia dictada por esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, el 10 de julio del 2007. Se ha corrido traslado, para resolver se considera: PRIMERO.- El Art. 281 del Código de Procedimiento Civil, dispone “El juez que dictó sentencia, no puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las partes lo solicitare dentro de tres días.”. En tanto que el Art. 282 ibídem, dispone: “La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas...”.- SEGUNDO.- En la especie, el pedido de ampliación y aclaración no tiene fundamento, por cuanto la sentencia dictada por esta Sala resuelve en forma clara y ha realizado un análisis lo suficientemente amplio sobre los puntos que motivaron el recurso de casación interpuesto por la parte demandada y sometidos a resolución, análisis que abarca precisamente las inquietudes propuestas por la parte procesal en el petitorio presentado, por lo que se desestima la mencionada petición por ser improcedente.- Notifíquese.
Fdo.) Dres. Carlos Ramírez Romero, Ramón Jiménez Carbo y Ramiro Romero Parducci, Ministros Jueces.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
Es igual a su original.- Quito, a 7 de febrero del 2008.
CERTIFICO: Que las cuatro copias que anteceden son tomadas de su original, constante en el juicio No. 357-2006-k.r (Resolución No. 237-2007), que por divorcio sigue: Segundo Miguel Simbaña Gualoto contra Bertha Maria Godoy Morales.- Quito, 7 de febrero del 2008.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator, Segunda Sala Civil Mercantil Corte Suprema de Justicia.

RO Nº 531, 18 de febrero de 2009


No. 15-2008
ACTORA: Luz América Lavanda Pineda como procuradora común de la parte actora.
DEMANDADA: Gladys Solano Falcón.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, 6 de febrero del 2008; las 15hl5.
VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en virtud de haber sido designado Ministro Titular de la Sala, según Resolución del Pleno de la Excma. Corte Suprema de Justicia, adoptada en sesión ordinaria del 9 de enero del 2008. En lo principal, Luz América Lavanda Pineda como procuradora común de la parte actora, interpone recurso de hecho impugnando la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Materias Residuales, Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Máchala que confirma la sentencia del Juez a-quo, que desecha la demanda en el juicio posesorio que siguen en contra de Gladys Solano Falconí. Por concluido el trámite del recurso, al resolver la Sala hace las siguientes consideraciones: PRIMERA.- La Sala es competente para conocer el recurso de casación en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución Política de la República del Ecuador en relación con el Art. 1 de la Ley de Casación; así como por el sorteo de 17 de enero del 2005; y, por cuanto calificado el recurso por la Sala mediante auto de 25 de enero del 2006, por cumplir los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades en la forma dispuesta en el Art. 6 de la Ley de Casación, fue admitido a trámite. SEGUNDA.- La casacionista invoca la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de las siguientes normas del Código de procedimiento Civil: 119, 277, 980, 982 y 985. TERCERA.- 3.1.- La causal tercera contiene el vicio que la doctrina llama violación indirecta, el vicio de violación de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que conduce a la equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho. El error de derecho en que puede incurrir el Tribunal de instancia se produce al aplicar indebidamente, al inaplicar o al interpretar en forma errónea los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; y, para que constituya vicio invocable como causal de casación, debe haber conducido: a) A una equivocada aplicación de normas de derecho; o; b) A la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto. Estas condiciones completan la figura de la violación indirecta que tipifica esta causal; pues el error de derecho respecto a los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, conducen a otra violación, a la violación de normas de derecho. En conclusión, los recurrentes deben determinar, especificar y citar lo siguiente: a) Los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba respecto de los que se ha incurrido en error de derecho; b) El modo por el que se comete el yerro; esto es: 1) Por aplicación indebida. 2. O por falta de aplicación. 3. O por errónea interpretación. Hay que recordar que no se pueden invocar los tres modos a la vez, porque son excluyentes, autónomos, diferentes, independientes; c) Qué normas de derecho han sido equivocadamente aplicadas o no han sido aplicadas como consecuencia de la violación de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; y, d) Explicar cómo la aplicación indebida, la falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba han conducido a la violación de normas de derecho, ya sea por equivocada aplicación o por su no aplicación. El vicio de falta de aplicación se manifiesta si el juzgador yerra ignorando la norma en el fallo. 3.2.- El casacionista alega que en la sentencia impugnada el Juez ignora las siguientes normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil: ex Art. 119, en cuanto dice que el Juez no apreció con sana crítica y en conjunto la prueba. El ex Art. 277, que establece las circunstancias que debe decidir la sentencia. Los Arts. 980, ex 982 y ex 985 que por las transcripciones que hace corresponden al Código Civil, y no al Código de Procedimiento Civil como invoca, que se refieren al objeto de las acciones posesorias, al requisito de posesión de un año completo, los derechos del poseedor. Con excepción del Art. ex 199 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones invocadas no contienen preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, cuya violación configura la causal tercera. La sana crítica, a que se refiere la casacionista, constituye el juicio razonado sobre los hechos, que asume el juzgador, a través de la apreciación y valoración de las pruebas, de la exégesis de la ley, del uso de su experiencia, de las reglas de la lógica, de los principios de la ciencia y de la justicia universal. Para Couture "Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas" (Couture Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, Depalma, 1997, 3era. Ed. págs. 270 y 271). Si las reglas de la sana crítica no están expresamente establecidas por la ley, la doctrina o la jurisprudencia, mal se puede alegar que han sido infringidas. La Sala observa que el Tribunal Ad quem sí ha apreciado la prueba aportada al proceso en conjunto para llegar a la conclusión de confirmar la sentencia. 3.3.- En esta causal concurren dos violaciones sucesivas: La primera violación de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; y, la segunda violación de normas de derecho, como consecuencia de la primera, que conduce a la equivocada aplicación o a la no aplicación de estas normas de derecho en la sentencia. Al respecto, en el caso la casacionista no determina las normas de derecho que, como consecuencia de la violación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, han sido equivocadamente aplicadas o no han sido aplicadas en la sentencia. CUARTA.- Como la casacionista alega violación de las normas que regulan el amparo posesorio, la Sala hace al respecto el siguiente análisis: El Art. 960 ex 980 del Código Civil establece: "Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos". Según esta disposición las acciones posesorias comunes tienen por objeto conservar o recuperar la posesión; y, por consiguiente se reconocen dos acciones posesorias comunes: a) La acción conservatoria; b) La acción recuperatoria. En el presente caso el actor plantea acción conservatoria, a fin de eliminar las perturbaciones que dice le ocasionan en la posesión los demandados. La acción conservatoria exige los siguientes elementos: 1.- Se funda en la posesión del actor y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 715 del Código Civil, "Posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño". La posesión es un hecho que requiere tres elementos: a) La existencia de una cosa determinada, no se puede decir que se posee y se pide el amparo posesorio de una cosa indeterminada; b) La tenencia, elemento material que pone a la persona en contacto con la cosa; c) El ánimo de señor y dueño, que es el elemento tipificante de la posesión, es el ingrediente que convierte a la tenencia en posesión; y, en consecuencia otorga el derecho al amparo posesorio, pues la mera tenencia no confiere este derecho. "Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño", Art. 279 del Código Civil. Según esta misma disposición, es mero tenedor todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno, tal es el caso del arrendatario. 2.- No se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue. La acción posesoria ampara también al poseedor que no es dueño de la cosa, Art. 967 Código Civil. 3.- Las acciones posesorias se limitan a los bienes raíces; 4.- Las acciones posesorias proceden y se vinculan con la posibilidad de prescripción, y para ello igualmente se requiere la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño; pues al respecto el Art. 961 del Código Civil establece: "Sobre las cosas que no pueden ganarse por prescripción, como las servidumbres no aparentes o discontinuas, no puede haber acción posesoria.". 5.- La acción posesoria presupone un atentado perturbador contra la posesión ejecutado por otro con ánimo contradictorio. 6.- No se toma en cuenta el derecho a ejecutar los actos perturbadores, porque se prescinde del dominio en esta acción. 7.- Puede proponer acción posesoria el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo. Para el ejercicio de la acción es suficiente la posesión material. Por lo expuesto, no se acepta los cargos formulados contra la sentencia impugnada. Por estas consideraciones, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Materias Residuales, Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Máchala. Entréguese la caución conforme lo dispone el Art. 12 de la ley de la materia.-Publíquese.- Notifíquese.
Fdo.) Dres. Rigoberto Barrera Carrasco, Carlos Ramírez Romero, Ramón Jiménez Carbo, Ministros Jueces y Carlos Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
Es igual a su original.
Quito, a 4 de abril del 2008.
Certifico.
Que las tres copias que anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas del juicio No. 6-2005 F.I. que sigue Luz América Lavanda Pineda como procuradora común de la parte actora contra Gladys Solano Falconí. Resolución No. 15-2008.- Quito, 4 de abril del 2008.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

No. 38-2008


ACTORA: Compañía Fábrica de Envases S. A., FADESA, representada legalmente por el Ing. Leonardo Brubaker Catelis, en calidad de Gerente de la compañía.
DEMANDADA: Compañía Anónima INVEDELCA S. A., representada por el Ing. Guillermo Patricio Valencia Madera, en su calidad de Gerente de la Compañía.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA

SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL SALA DE CONJUECES PERMANENTES


Quito, a 18 de febrero del 2008, las 15h10.
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa, en nuestras calidades de conjueces permanentes designados por el Pleno de la Excma. Corte Suprema de Justicia, en sesión ordinaria de 29 de agosto del 2007; y además, el Dr. Manuel Sánchez Zuraty por disposición del auto de 15 de enero del 2008, fs. 35 de los autos. En lo principal, la parte actora, Compañía Fábrica de Envases S. A., FADESA, representada legalmente por el Ing. Leonardo Brubaker Catelis, en calidad de Gerente de la compañía, interpone recurso de casación, impugnando la Sentencia dictada por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Quito, que revoca el fallo del Juez de primer nivel y desecha la demanda, en el juicio ordinario que por reivindicación sigue en contra de la Compañía Anónima INVEDELCA S. A., representada por el Ing. Guillermo Patricio Valencia Madera, en su calidad de Gerente de la compañía. Por concluido el trámite del recurso, al resolver, la Sala hace las siguientes consideraciones: PRIMERA: La Sala, es competente para conocer el recurso de casación, en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución Política de la República del Ecuador, en relación con el Art. 1 de la Ley de Casación, así como por el sorteo de 3 de febrero de 2003; y, por cuanto calificado, el recurso por la Sala, mediante auto de 9 de abril del 2003, por cumplir los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades en la forma dispuesta en el Art. 6 de la Ley de Casación, fue admitido a trámite.- SEGUNDA: La actora de este recurso extraordinario de casación, funda este recurso en las siguientes causales y formas de vicio: 2.1.- En la causal primera de la Ley de Casación, por falta de aplicación de las disposiciones legales constantes en los Arts. 954, 957, 961 y 946 (en la actual Codificación del Código Civil 934, 937, 941 y 926); por indebida aplicación de los Arts. 734 y 966 (actuales 715 y 946) del Código Civil; y, por errónea interpretación de lo dispuesto en los Arts. 953, 959 y 876 (actuales 933, 939 y 859) del Código Civil. 2.2.- En la causal tercera, por falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba contenida en los Arts. 119, 121, 168, 173, 212, 220, No. 3, 5 y 6, 222, 246 y 252 (actuales 115, 117, 164, 169, 208, 216, N° 3, 5, 6; 218, 242 y 248) del Código de Procedimiento Civil; por errónea interpretación de los Arts. 117, 118 (actuales 113 y 114) del Código de Procedimiento Civil. 2.3.- En la causal cuarta "por cuanto se ha resuelto algo que no fue materia de la litis". TERCERA: Corresponde analizar los cargos que la actora del recurso extraordinario de casación, hace contra la sentencia del Tribunal ad quem, respecto a la causal tercera, en cuanto aduce que no se ha aplicado los preceptos jurídicos relativos a: La valoración de la prueba, oportunidad de la prueba, de la definición de instrumentos públicos, partes esenciales de un instrumento público, requisitos para ser testigo idóneo; a los testigos no idóneos por falta de capacidad, la tacha de testigos, a la definición de inspección judicial, casos en que la inspección constituye prueba. Alega también que en la sentencia impugnada existe indebida aplicación de normas que definen a la confesión judicial, y la que se refiere a la forma y requisitos del informe del perito; aduce así mismo que el Tribunal ad quem interpretó erróneamente los preceptos relativos a la carga de la prueba contenidos en los anteriores artículos 117 y 18 del Código de Procedimiento Civil. La causal tercera contiene el vicio que la doctrina llama la violación indirecta que consiste en la violación de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que conduce a la equivocada aplicación o no aplicación de normas de derecho. Es decir, que en esta causal concurren dos violaciones sucesivas: la primera violación de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; y, la segunda violación de normas de derecho como consecuencia de la primera, que conduce a la equivocada aplicación o la no aplicación de las normas de derecho en la sentencia. En la especie, respecto a la primera violación la actora del recurso extraordinario de casación señala como violados preceptos jurídicos relativos a la valoración de la prueba, pero también señala otros preceptos que no contienen reglas relativas a la valoración de la prueba, como quedo analizado con anterioridad; y con respecto a la segunda violación, estima que la primera violación ha conducido a la no aplicación del Art. 953 (actual 933) del Código Civil. La valoración de la prueba, a la que se refiere la tercera causal es la operación mental que realizan los juzgadores subsumir los hechos en la norma y determinar la fuerza de convicción de los mismos, para concluir si son ciertas o no las afirmaciones del actor y/o del demandado. La facultad de valorar la prueba es privativa de los jueces de instancia; la Sala de Casación no puede entonces realizar una valoración nueva y distinta, de las pruebas que obran de autos ni juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal ad quem, como pretende la actora de este recurso de casación al fundamentar el mismo. La Sala de Casación no puede alterar el criterio sobre los hechos que estableció el Tribunal de instancia; lo que puede hacer, es, comprobar si en la valoración de la prueba se han violado o no los preceptos jurídicos y las normas sustantivas. En lo que se refiere a la alegación de que en la sentencia impugnada se infringe los preceptos del artículo 119 del Código de Procedimiento Civil, (disposición vigente antes de la Codificación del Código de Procedimiento Civil). Analizado el fallo, se observa que el Tribunal ad quem, si se ha llegado a apreciar la prueba en conjunto, llegando a una conclusión después de valorar todas las pruebas actuadas; y, así mismo, se observa que el Tribunal ad quem no llega a conclusiones arbitrarias ni existe quebrantamiento de la ley, ni de principios de la ciencia, como tampoco existe inobservancia de la reglas de la lógica y de la razón, en que sustenta la sana crítica. Por lo expuesto, no existe la violación de las normas que sostiene la actora de este recurso extraordinario de casación. CUARTA: La actora del recurso extraordinario de casación, invoca la causal cuarta, aduciendo que "se ha resuelto algo que no fue materia de la litis, esto es, al hacer un juicio de valor, en la parte Considerativa de la Sentencia, sobre una servidumbre que busca crear el demandado, en desmedro del derecho de propiedad de mi representada". El vicio que contempla la causal cuarta, es la inconsistencia o incongruencia, resultante de la comparación entre la parte resolutiva del fallo, con las pretensiones de la demanda y con las excepciones deducidas; mientras que la alegación de la actora del recurso extraordinario de casación, es la de que en la parte considerativa, se hace un juicio de valor, sobre una servidumbre; es decir el supuesto vicio, está en la parte considerativa del fallo y no constituye una resolución. Por tanto, no es posible el control de la legalidad por esta causal. QUINTA: En lo que respecta a la causal primera que invoca la actora del recurso extraordinario de casación, los cargos que alega, se refiere a la violación por falta de aplicación, indebida aplicación y errónea interpretación de las normas relativas a la reivindicación. De conformidad con lo previsto en los Arts. 933 (anterior 953), 934 (anterior 954), 937 (anterior 957), 939 (anterior 959) del Código Civil, son elementos y requisitos para que proceda la Acción de Reivindicación: 1.- Se pueden reivindicar las cosas corporales, raíces o muebles. 2.- La acción reivindicatoria, corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa. 3.- Debe comprobarse que el accionante, no tiene la posesión material del bien. 4.- La acción de dominio debe dirigirse contra el actual poseedor. 5.- El objeto de la reivindicación debe ser una cosa singular. 6.- Debe realizarse la determinación física del bien y constatarse la plena identidad del bien que reivindica el actor y que posee el demandado. En lo que se refiere al requisito de la posesión, el Art. 715 (anterior 734) del Código Civil establece que "Posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño"; y, ello conlleva a determinar que la posesión es un hecho que requiere tres elementos: a) La existencia de una cosa determinada; b) La tenencia, elemento material que pone a la persona en contacto con la cosa; c) El ánimo de señor y dueño, que es el elemento tipificante de la posesión, en cuanto es el ingrediente que convierte a la tenencia en posesión. Si el tenedor de la cosa reconoce como propietario de la misma a otra persona, no es poseedor. En la sentencia impugnada, el Tribunal ad quem, llega a la conclusión que acepta esta Sala, de que en el proceso, no se ha establecido debidamente la singularización del objeto de la acción; así como también no se ha comprobado que la demandada sea poseedora del bien que pretende reivindicar la actora; por lo tanto no existe la violación de las normas que alega la actora. Por lo expuesto la Segunda Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso interpuesto y no casa la sentencia dictada por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito.-Notifíquese. Devuélvase.
Fdo.) Dres. Freddy Ordóñez Bermeo, Gerardo Morales Alcázar, Manuel Sánchez Zuraty, Conjueces Permanentes y Carlos Rodríguez García, Secretario Relator que certifica. Es igual a su original.
Quito, a 4 de abril del 2008.
Certifico: Que las tres copias que anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas del juicio No. 40-2003 F.I. que sigue Compañía Fábrica de Envases S. A., FADESA, representada legalmente por el Ing. Leonardo Brubaker Catelis, en calidad de Gerente de la compañía contra Compañía Anónima INVEDELCA S. A., representada por el Ing. Guillermo Patricio Valencia Madera, en su calidad de Gerente de la compañía. Resolución No. 38-2008.
Quito, 4 de abril del 2008.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

No. 48-2008


ACTORES: José Manuel Cabrera Chabla y Rosa Matilde Jadán.
DEMANDADOS: Carlos Nivicela y Tránsito Morocho.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL


Quito, 20 de febrero del 2008; las 09h35.
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en nuestras calidades de magistrados titulares de esta Sala, designados por el Comité de Calificación, Designación y Posesión de Magistrados y Conjueces de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución No. 199 de 29 de noviembre de 2005, publicada en el R. O. No. 165 de 14 de diciembre del mismo año. En lo principal, Carlos Nivicela y Tránsito Morocho han interpuesto recurso de casación de la sentencia dictada por la Segunda Sala Civil de la H. Corte Superior de Justicia de Cuenca, dentro del juicio ordinario de reivindicación que siguen en su contra José Manuel Cabrera Chabla y Rosa Matilde Jadán. Como el juicio se encuentra en estado de resolución, se considera: PRIMERO.- La Sala es competente para conocer el recurso de casación interpuesto, en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución Política de la República, en relación con el Art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación, y puesto que el juicio fue sorteado el 17 de noviembre del 2003, habiéndose admitido a trámite y calificado el recurso mediante auto de 23 de marzo del 2004, por considerar que cumple con los requisitos de procedencia, legitimación y de formalidades que prescribe la Ley de Casación. SEGUNDO.- La parte recurrente, en su escrito de interposición del recurso considera que se ha infringido el Art. 953 (actual 933) del Código Civil, invocando la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, por el vicio de falta de aplicación. Fundamenta su impugnación en que el Art. 953 no ha sido aplicado por el Tribunal ad quem porque falta uno de los requisitos para que surta efecto la acción de dominio cual es el de la singularización del bien materia de la reivindicación. Sostienen los recurrentes que del informe pericial realizado luego de la diligencia de inspección judicial, efectuada en segunda instancia, "...se aprecia, que las dimensiones realizadas por el señor perito no coinciden ni uno solo con las constantes en la demanda planteada por los actores y afirmadas bajo juramento en la confesión judicial, sin linderos y sin dimensiones no hay singularización.". TERCERO.- Corresponde hacer el análisis del cargo efectuado a la sentencia por parte de los recurrentes, y al respecto la Sala considera que el Art. 953 (actual 933) del Código Civil efectivamente contempla como requisito para que proceda la acción reivindicatoria de dominio, la singularización, o individualización del bien materia de la pretensión, y este punto ha sido bien analizado por el Tribunal ad quem en su resolución pues dice, en relación al segundo elemento que se requiere para la reivindicación, “…tanto con la inspección de la Juez de instancia como de la practicada por este Tribunal y el informe pericial incluido el plano del terreno que obra de fs. 30 a las 32 del cuaderno de segunda instancia, se identifica con claridad al terreno, que es el mismo de la demanda y del título que acredita el dominio del actor…”, por lo que se estima que la sentencia recurrida sí hace una aplicación adecuada de la mencionada disposición legal, ya que es potestad de los juzgadores el apreciar la prueba actuada conforme a su criterio, conforme a lo que dispone el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, es criterio del Tribunal el dar valor apreciativo a las pruebas actuadas tanto en primera como en segunda instancia, y esta Sala, a pesar de que en el recurso de casación no se ha invocado la causal tercera del Art. 3 de la ley de la materia que permitiría al Tribunal de Casación volver a revisar y estimar la prueba practicada, o cuando, como sostiene la doctrina “ …en la apreciación de la prueba, se evidencia una infracción de la Lógica, ello constituye entonces una incorrecta aplicación de las normas sobre la producción de la prueba. Pero el problema de si una norma ha sido correcta o incorrectamente aplicada representa una cuestión de derecho. En consecuencia, la apreciación de la prueba que contradice las leyes lógicas, es, en esa medida, revisable.” ( Ulrico Flug, Lógica, Bogotá, Temis, 1990, p. 203, citado por el Dr. Santiago Andrade Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador, Quito, 2005, p. 162), considera, al igual que el Tribunal ad quem, que el informe pericial constante en el cuaderno de segunda instancia es suficientemente claro para determinar que se trata de un bien debidamente singularizado y delimitado y que es el mismo bien el que los demandados alegan estar en posesión. Además, es menester precisar que, el hecho de haber una pequeña diferencia de pocos metros en la longitud de los linderos, entre lo constante en la demanda y lo estimado por el perito, no quiere decir que el bien inmueble sea uno distinto del que se pretende reivindicar. Los otros dos requisitos que establece el Art. 953 (actual 933) del Código Civil se encuentran demostrados dentro del proceso, a saber, a) el título de dominio que acredita a los actores el ser los propietarios del bien y, b) la posesión por parte de los demandados, quienes alegan haber adquirido el mismo inmueble por compraventa, pero no aparece de los autos que la hayan probado. Por estas consideraciones, esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, estima que no ha habido falta de aplicación del Art. 953 (actual 933) del Código Civil, por lo que, ADMINISTRANDO JUSTIVIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca. Sin costas ni multas. Notifíquese y devuélvase.



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