Ro nº 99, de enero de 2009



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2009


RO Nº 499, 5 de enero de 2009

Nº 414-06


Dentro del juicio especial de contratación pública Nº 64-2006, que sigue Leopoldo Asterio Román Abarca en contra de PETROCOMERCIAL por medio de su representante legal Ing. Galo Patricio Machado Murillo se ha dictado lo siguiente:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, 12 de diciembre del 2006; las 16h00.
VISTOS: El Ing. Galo Patricio Machado Murillo, en su calidad de Vicepresidente y representante legal de PETROCOMERCIAL, filial de PETROECUADOR, deduce recurso de casación contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la H. Corte Superior de Justicia de Quito, dentro del juicio especial que, por pago de liquidaciones, siguió Leopoldo Asterio Román Abarca contra su representada. Dicho recurso es concedido, lo que permite que el proceso pase a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Una vez radicada la competencia por el sorteo legal en esta Sala, y al hallarse concluida la etapa de sustanciación de este proceso de casación, para resolver se considera: PRIMERO.- El recurrente sustenta su impugnación en las causales tercera, cuarta y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, y cita como normas de derecho infringidas las contenidas en los artículos 113, 114, 115, 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil. Por el principio dispositivo, que rige también para el recurso supremo y extraordinario, estos son los límites dentro de los cuales se desarrollará la actividad revisora del Tribunal de Casación.- SEGUNDO.- Corresponde en orden lógico conocer el cargo fundamentado en la causal quinta. El recurrente alega que existe contradicción entre la parte considerativa y la dispositiva del fallo casado, porque “[…] el Juez valora ciertas pruebas realizando el respectivo análisis, consideraciones que son contradictorias con la parte dispositiva de la sentencia, las mismas que paso a explicar…” y cita parte del considerando cuarto de la sentencia de última instancia; sin embargo, se limita a transcribir dicho considerando, sin que explique de qué manera el Tribunal de última instancia ha incurrido en el vicio señalado. Es más, analizado el resto del fallo, no existe contradicción entre lo establecido en este punto de la sentencia y los demás considerandos; precisamente, el recurrente cita la parte que le perjudica, pero no anota nada respecto a aquella en la que se establece la procedencia de la liquidación reclamada por el actor, con fundamento en los hechos que han sido debidamente probados, tal como se señala en los considerandos primero a tercero de la resolución impugnada. En definitiva, lo que se impugna es la valoración del Tribunal de último nivel de las estipulaciones contractuales suscritas entre las partes, lo que al amparo de la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación es improcedente. Se desecha, por lo tanto, el cargo sustentado en la causal quinta.- TERCERO.- A continuación se analizará el cargo fundado en la causal cuarta. El recurrente acusa infracción de los artículos 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil, y dice: “La sentencia emitida señala: ‘…se dispone que por cuerda separada, en juicio verbal sumario, se proceda a la liquidación de la venta, distribución y comercialización de los productos entregados por la demandada a la Distribuidora Román López, suma que establecida pericialmente en la forma señalada en los considerandos precedentes…’, por lo cual se entendería que se debe liquidar desde el año en que por primera vez PETROCOMERCIAL entregó productos al actor, esto es el año 1992, lo cual no se ajusta a la realidad, como tampoco a la pretensión del actor quien solicita se liquide únicamente los meses de julio, agosto y septiembre de 1995 en case al contrato y sus modificatorios.”. Para establecer si se han producido en la sentencia los vicios previstos en la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, la Sala debe analizar si se han rebasado los límites de la litis, que está integrada por la pretensión, las excepciones, la pretensión deducida en la reconvención y la contestación a ella. En la demanda (fojas 29-30) no se solicita en ningún momento liquidación de haberes desde el año de 1992; como el mismo recurrente señala, la controversia gira en torno a los valores adeudados por PETROCOMERCIAL, según la parte actora, por los meses de julio, agosto y septiembre de 1995; en la sentencia se establece en el considerando quinto lo siguiente: “El señor juez a quo en su fallo, al aceptar la demanda, dispone que PETROCOMERCIAL pague al actor la cantidad establecida por el perito Econ. Manuel Espín Paredes que obra a fojas 217 y cuyo monto asciende a la suma de doscientos cincuenta y nueve millones seiscientos doce mil setecientos veinticinco sucres, que corresponden al veinte por ciento del margen de utilidad y liquidación de los fletes por los meses de agosto, septiembre y octubre de 1995, aunque el actor en su demanda fija como cuantía la cantidad de doscientos veinte millones seiscientos doce mil setecientos veinticinco sucres sin que, por tanto, dicho informe pueda acogerse por carecer de valor legal y hecho sobre una base de datos que en forma alguna contiene la realidad de los contratos de distribución y venta de combustibles, sin que, en ningún caso, el juzgador tenga atribución para dar a los accionantes cantidades mayores de las que solicita[n]…” (el resaltado es de la Sala). Como se observa de la transcripción que antecede, precisamente el Tribunal de última instancia se ha ceñido a los límites de la controversia, desechando un informe pericial que concedía al actor más allá de lo solicitado en su demanda. Deviene en absurda, pues, la pretensión de que se case el fallo porque se ha concedido supuestamente más allá de lo solicitado (vicio de extra petita) como lo alega el recurrente, cuando más bien la decisión se ha ajustado a la pretensión deducida. Se rechaza, por lo tanto, el cargo sustentado en la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, por violación de los artículos 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil.- CUARTO.- Finalmente, corresponde conocer los cargos sustentados en la causal tercera, sobre la base de los artículos 113, 114 y 115 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto se observa: las dos primeras normas citadas son disposiciones relativas a la carga de la prueba y no a su valoración, por lo que no cabe citarlas como fundamento de la causal tercera, que contempla violaciones de normas relacionadas a la valoración de la prueba. En cuanto al artículo 115 ibídem, no se establece cómo es que la resolución del Tribunal de último nivel vulnera las reglas de la sana crítica (la experiencia, la lógica, la psicología y las demás ciencias que otorgan al juzgador el conocimiento de los hechos invocados por las partes, ponderados racionalmente) al valorar la prueba aportada por las partes en el proceso. Cabe anotar además que la causal no se ha sustentado adecuadamente, pues no se cita norma de derecho sustantiva alguna que, por efecto de la violación de la disposición aplicable a la valoración de la prueba, haya sido a su vez infringida, tal como lo exige expresamente la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. El recurso, en lo esencial, impugna la valoración que del contrato de distribución y venta de lubricantes suscribieran el 18 de junio de 1992 PETROCOMERCIAL y el actor Leopoldo Asterio Román Abarca (cuyas copias obran a fojas 1-28 del cuaderno de primer nivel), realizara el Tribunal de última instancia, pero no se cita norma alguna relativa a la interpretación de los contratos (Título XIII del Código Civil, artículos 1576 a 1582) que haya sido infringida, por lo que el recurso no puede prosperar. La acusación del recurrente demuestra su intención de que la Sala realice una nueva valoración de la prueba, lo cual le está vedado, pues no está dentro de sus facultades el revisar dicho proceso de valoración, que pertenece exclusivamente a la soberanía del Tribunal de instancia.- Por las consideraciones que anteceden, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la H. Corte Superior de Justicia de Quito por estar ajustada a derecho. Sin costas. Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres: Héctor Cabrera Suárez, Mauro Terán Cevallos, Viterbo Zevallos Alcívar, Ministros Jueces.
RAZON.- Esta copia es igual a su original. Certifico. Quito, 12 de diciembre del 2006.
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

Nº 415-06


Dentro del juicio especial Nº 297-04 (recurso de casación), que por partición de un inmueble han propuesto Galo Flavio Franco Valarezo en calidad de cesionario de los derechos hereditarios de Juan Rosendo, Dolores Venancia y Ramón Vergara Suárez y de Prisca Elvira Vergara Aguirre, en contra de Pepita Vergara González, Luis Efrén Vergara Aguirre, Hugo Florentino Moreira Vergara, Inés Guillermina Vergara Criollo, Gregorio Vergara Plúa y Laura Mancheno Mazón de Robles, se ha dictado lo siguiente:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, a 12 de diciembre del 2006; las 08h50.
VISTOS: Galo Flavio Franco Valarezo, deduce recurso de casación contra la sentencia dictada por la -en ese entonces- Tercera Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, dentro del juicio especial que, por partición de un inmueble, sigue el recurrente, en calidad de cesionario de los derechos hereditarios de Juan Rosendo, Ramón y Dolores Venancio Vergara Suárez y Prisca Elvira Vergara Aguirre, contra Petita Vergara González, Luis Efrén Vergara Aguirre, Hugo Florentino Moreira Vergara, Inés Guillermina Vergara Criollo, Gregorio Vergara Plúa y Laura Mancheno Mazón de Robles. Como el recurso le fuera negado, dedujo el de hecho, el que por concedido, permite que el proceso sea conocido por la Corte Suprema de Justicia; habiéndose radicado la competencia por el sorteo de ley en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, y una vez que ha concluido la etapa de sustanciación de este proceso de casación, para resolver se considera: PRIMERO.- El ámbito de competencia dentro del cual puede actuar está dado por el propio recurrente en la determinación de una o más de las causales sustentadas por el artículo 3 de la Ley de Casación. En el escrito contentivo del recurso de casación, se invocan como normas infringidas los artículos 330 y En el caso sub júdice, la Sala analizará la acusación de que en la sentencia de última instancia se han infringido las normas contenidas en los artículos 330 [326 en la codificación actual] parte final y segunda y 658 [647] del Código de Procedimiento Civil; artículo 7 reglas 2ª y 4ª; 1021 [999] y 1027 [1005] del Código Civil; la jurisprudencia contenida en las gacetas judiciales: Serie XVI, Año XCVIII, p. 2033 y Serie X, Nº 13, p. 3855. Fundamenta su recurso en las causales primera, cuarta y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- En orden lógico, corresponde analizar la acusación sustentada en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación. Dicha causal señala que el auto o sentencia pueden ser casados si a) No contiene los requisitos que exige la ley; b) Carece de la debida motivación, sea en los “considerandos” (o exposición de los hechos y el derecho aplicable) o en la parte resolutiva; y, c) En la parte dispositiva se adopten disposiciones contradictorias o incompatibles, aunque bien cabe aclarar que la contradicción no se da únicamente en la parte resolutiva sino en la considerativa, en donde se exponen las razones por las que se llega a la primera. El recurrente sostiene que el Tribunal de última instancia incurre en esta causal porque la sentencia de último nivel es completamente contradictoria: se cita como fundamento de la resolución el artículo 1027 [1005] en concordancia con el 1021 [999] del Código Civil, para explicar en qué consiste la ficción jurídica de la representación, y luego concluye, arbitrariamente, “[…] que por el hecho de que el padre de las herederas cuestionadas murió primero que la abuela de éstas (la causante -cuya herencia es materia de la controversia-), no tienen derecho a herencia, pero estos artículos han sido mal interpretados puesto que ‘si se dice que para ser capaz de suceder es necesario existir al momento de abrirse la sucesión’ en el caso de Prisca y Dolores ellas ya existían y existen. Y si éstas han efectuado actos de herederos es porque obviamente han aceptado la herencia.”. TERCERO.- En su fallo, el Tribunal de última instancia explica en el considerando segundo, citando los conceptos que al respecto expresan Escriche y Cabanellas, en qué consiste la figura de la representación (la que “[…] se verifica cuando los descendientes de una persona muerta vienen a tomar en una sucesión los derechos que esta persona no ha tenido jamás, pero que hubiera tenido, si no hubiese fallecido antes que la persona a quien hereda.”); cita los artículos 1021 [999] y 1027 [1005] del Código Civil, y continúa: “Añadiéndose que se puede representar al padre o madre que se hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación con las limitaciones señaladas en el Art. 1048 [1026] del Código Civil. Para ser capaz de suceder es necesario existir al momento de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión. De esta manera nuestro Código Civil, en forma clara y precisa regula el procedimiento de la representación…”. Finalmente, concluye, en forma abiertamente contradictoria con lo antes señalado en el considerando tercero: “En la especie, estos requisitos legales no se encuentran presentes, ya que de las pruebas aportadas al proceso se viene a conocimiento que Angel Asunción Vergara Alejos, falleció el 11 de noviembre de 1977, esto es, cuatro años antes de que fallezca la de Cujus Carmen Alejo Reboyero Vda. de Vergara, que falleció el 14 de agosto de 1981; por consiguiente, Dolores Venancio Vergara Suárez y Prisca Elvira Vergara Aguirre, quienes intervienen en la causa en representación de su padre Angel Asunción Vergara Alejos, carecen de la representación que invocan para comparecer a juicio a reclamar los derechos sucesorios por representación de su padre, ya que este había fallecido antes de la causante.”. Sustenta además este absurdo razonamiento, sin citar disposición legal alguna, en la afirmación de que Prisca Elvira Vergara Aguirre, quien nació el 16 de julio de 1935, inscribió su partida de nacimiento el 29 de junio de 1966, y que por ello, dicha partida “no acredita su calidad de hija para comparecer a juicio.”. Como se observa, el Tribunal de última instancia ha adoptado una resolución totalmente contradictoria, pues no tenía ningún sentido explicar en qué consiste el derecho de representación, señalar que Prisca y Dolores Vergara, hijas de Angel Vergara, hayan comparecido como herederas por derecho de representación, y luego aplicar la figura de la transmisión de derechos hereditarios, que no venía al caso, pues los antecedentes de hecho, tal como han sido relatados por el propio Tribunal ad quem, no se pueden aplicar a la figura, y valga citar al respecto lo que, en forma sucintamente magistral, expone el recientemente fallecido Juan Larrea Holguín para explicar la diferencia entre ambas instituciones: “Tampoco hay problema en cuanto a la representación con relación a la transmisión, ya que la representación supone que el heredero ha premuerto, mientras que para que haya transmisión, el heredero vive al momento de la apertura de la sucesión y muere después, sin haber aceptado ni repudiado, dando origen a que pasen los bienes a sus propios herederos.”. (Derecho Civil del Ecuador Tomo IX, la sucesión por causa de muerte, Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, Cuarta Edición, s/a, pp. 377-378). Por último, la afirmación de que Prisca Vergara no ha acreditado su calidad de hija de Angel Vergara porque inscribió su partida de nacimiento treinta años después no se sustenta en norma legal alguna. El razonamiento del Tribunal de última instancia adolece, pues, del vicio de contracción así como de falta de motivación (garantía de rango constitucional, según previene el artículo 24 No. 13 de la Carta Política) por lo cual debe ser casada su sentencia y dictarse en su lugar la que corresponda, conforme dispone el artículo 12 inciso segundo de la Ley de Casación. CUARTO.- Comparecen a fojas 11-11 vta. del cuaderno de primer nivel Juan Rosendo, Dolores Venancia y Ramón Vergara Suárez, así como Prisca Elvira Vergara Aguirre, quienes señalan: 1) Que su abuela paterna, Carmen Alejo Reboyero viuda de Vergara falleció el 14 de agosto de 1981. 2) Que sus padres Simón y Angel Vergara Alejo, hijos de la causante Carmen Alejo Reboyero, fallecieron igualmente, siendo por tanto sus herederos por representación en relación a los bienes dejados por la causante. 3) Que en el Juzgado Quinto de lo Civil de Guayaquil se siguió el juicio de apertura de sucesión del bien inmueble dejado por Carmen Alejo Reboyero, donde se aprobaron los inventarios, habiendo sido ratificados por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. 4) Que existen otros herederos, quienes son Petita Vergara González y Luis Efrén Vergara Aguirre, Hugo Florentino Moreira Vergara, Inés Guillermina Vergara Criollo, Gregorio Vergara Plúa, “todos estos herederos por representación por ser hijos de los legitimarios de la señora Carmen Alejo Reboyero.”. Se pide contar también con Laura Mancheno Masson de Robles, “por haber comprado supuestamente derechos hereditarios a Domingo Vergara Alejo, hijo de Carmen Alejo Reboyero.”. Con sustento en los artículos 1360 [1338] y siguientes del Código Civil, 650 [639] y siguientes del Código de Procedimiento Civil, demandan la partición de los bienes hereditarios dejados por su abuela paterna. La demanda es presentada el 10 de noviembre de 2000, y sorteada el 13 de noviembre del mismo año (razones a foja 12); es calificada el 8 de enero de 2001 -acto en el que el señor Juez a quo manda contar también en el proceso con la M. I. Municipalidad de Guayaquil- y perfeccionada la citación el 23 de febrero del 2001 (razones a fojas 18-24). Con fecha 25 de abril del 2001, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez (fojas 29-43 vta.), Juan Rosendo, Ramón y Dolores Venancia Vergara Suárez, así como Prisca Elvira Vergara Aguirre, ceden sus derechos hereditarios por representación a favor de Galo Flavio Franco Valarezo, quien comparece a este proceso el 6 de julio del 2001 (foja 44), y solicita se le tenga en cuenta en esa calidad como parte procesal. A foja 47 se realiza la audiencia de conciliación, en la que el defensor de Galo Franco Valarezo solicita que el bien, por ser ilíquido, sea puesto a la venta, para lo cual solicita las diligencias concernientes, “dejando constancia además que mi representado hasta el momento posee el setenta y cinco por ciento del bien sucesorio, queda constancia también que los otros interesados quedan sujetos a esta decisión de parte del comparecido señor Galo Franco Valarezo de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 658 [646] del Código de Procedimiento Civil” y pide (foja 48), que “se ordene el cumplimiento de lo expuesto en la junta de conciliación que antecede.”. El señor Juez a quo, en providencia a foja 49, ordena oír a los demás interesados en esta partición por tres días. A foja 56, Laura Margarita Mancheno Masson de Robles, como demandada, reclama la declaratoria de nulidad de todo lo actuado porque el bien que se pretende partir ya no forma parte de la masa hereditaria de la causante Carmen Alejo Reboyero, y porque la causa debía haberse recibido a prueba conforme establece el artículo 655 [644] del Código de Procedimiento Civil, “todo esto antes de llegar al Art. 658 [647] invocado por Galo Franco Valarezo.”, peticiones que son negadas en providencia a foja 64 por “improcedentes” y extemporáneas. QUINTO.- A partir de la intervención de Galo Franco Valarezo, no se toma en cuenta la actuación de ninguno de los actores que inicialmente propusieron la demanda, a pesar de que se les sigue notificando al casillero judicial designado, el único que interviene es el mencionado Franco Valarezo, invocando su calidad de cesionario de los derechos y acciones hereditarios que les correspondían a Juan Rosendo, Dolores Venancia y Ramón Vergara Suárez, y Prisca Elvira Vergara Aguirre. Es de capital importancia resolver la forma en la que ha comparecido Galo Flavio Franco Valarezo, pues cabe preguntar: ¿podía hacerlo como cesionario de derechos hereditarios o debía hacerlo como de derechos litigiosos?. Y la pregunta viene al caso porque Margarita Mancheno Masson de Robles presenta oposición a la práctica del avalúo del inmueble, aunque el Juez dice que su reclamación fue extemporánea y la niega sin más por improcedente, pero esencialmente, por la reclamación que presenta a foja 82, en la que impugna expresamente la calidad en la que comparece Galo Flavio Franco Valarezo a este proceso. El artículo 1852 del Código Civil señala: “Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del cual no se hace responsable el cedente./ Se entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes artículos, desde que se cita judicialmente la demanda.”. A partir de la citación, pues, y al haber existido expresa oposición de una de las demandadas en este proceso, el derecho se convirtió en litigioso, y mal pudo intervenir en esta causa Galo Flavio Franco Valarezo únicamente como cesionario de derechos hereditarios, sin que se haya verificado en esta causa cesión alguna de derechos litigiosos, ni se haya tampoco notificado a terceros, según previene el artículo 1842 del Código Civil. Por la expresa disposición del artículo 1852 antes citado, pues, al haber comparecido con posterioridad a la citación con la demanda, el hoy recurrente debía hacerlo en calidad de cesionario de derechos litigiosos y no solamente de derechos hereditarios o cuotas, como sería en la especie, dejándose de contar en cambio con los actores, quienes nunca cedieron sus derechos litigiosos sino únicamente sus derechos hereditarios. Por lo tanto, al no configurarse debidamente la relación jurídico procesal, como ha sido acusado expresamente por la demandada, la causa adolece de nulidad y debe ésta ser declarada. En consecuencia, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia de mayoría dictada por la ex Tercera Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil y en su lugar declara la nulidad procesal a partir de fojas 29 del cuaderno de primer nivel, a costa del señor Juez a quo y ministros del Tribunal ad quem que la provocaron.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dr. Héctor Cabrera Suárez, Dr. Mauro Terán Cevallos, Dr. Viterbo Zevallos Alcívar, Magistrados.
Certifico. f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.
RAZON: Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, a 12 de diciembre del 2006.
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.
ACLARACION
Dentro del juicio especial Nº 297-04 (recurso de casación), que por partición de un inmueble ha propuesto Galo Flavio Franco Valarezo cesionario de los derechos hereditarios de Juan Rosendo, Dolores Venancia, Ramón Vergara Suárez y Prisca Vergara Aguirre, en contra de Petita Vergara Gonzáles, Luis Efrén Vergara Aguirre, Hugo Florentino Moreira Vergara, Inés Guillermina Vergara Criollo, Gregorio Vergara Plúa y Laura Margarita Mancheno Masón de Robles, se ha dictado lo siguiente:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, 8 de marzo del 2007; las 16h35.
VISTOS: A fojas 31-32 vta. del cuaderno de casación, el actor Galo Franco Valarezo solicita la aclaración de la sentencia dictada por este Tribunal el 12 de diciembre del 2006. Una vez que se ha satisfecho el traslado con el que se corrió a la contraparte por el término de cuarenta y ocho horas, para resolver se considera: Según el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, la aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura. El artículo 281 ibídem dispone: “El Juez que dictó sentencia, no puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las partes lo solicitare dentro de tres días.”. El petitorio se basa sobre dos puntos: 1) Que la Sala aclare porqué declara la nulidad por el hecho de que no adjuntó la cesión de derechos litigiosos realizada a su favor por Juan Rosendo, Dolores Venancia, Ramón Vergara Suárez y Prisca Vergara Aguirre. 2) Que se aclare si la contraparte en este proceso debería también haber obtenido una cesión de derechos litigiosos, por su condición de “beneficiaria en este y otros juicios ha sido constantemente cuestionada…” Al respecto, la Sala anota: a) En el considerando quinto de su resolución, este Tribunal explica con todo detalle las razones por las cuales ha considerado, con fundamento en los artículos 1842 y 1852 del Código Civil, que su intervención carecía de los requisitos necesarios para configurar debidamente la relación procesal; a falta de esta legitimación, era preciso, como expresamente se acusó en el recurso de casación, declarar la nulidad procesal, para que se subsane esta falta. No se trata, pues, del ejercicio del derecho hereditario, sino de su transformación en litigioso y la necesidad de que se trasfiera en derecho, como ha indicado la Sala en su sentencia, habiéndose señalado el momento preciso en que operó esta transformación; y, b) La segunda de las alegaciones, por demás confusa, no puede ser analizada por la Sala, toda vez que no fue materia del controvertido y es una cuestión nueva, cuya introducción en casación es completamente improcedente. En consecuencia, se niegan los petitorios de aclaración formulados.- Notifíquese.



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