Ro nº 23, 15 de febrero del 2007



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RO Nº 23, 15 de febrero del 2007
Nº 120-06

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 26 de abril del 2006; las 10h00.



VISTOS (307-03): El Economista José Salvador Vélez Vélez, en su calidad de procurador común de Terry Rubén Moreira Loor y otros, interpone recurso de casación respecto de la sentencia dictada el 16 de junio del 2003 por la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo, que declara sin lugar la demanda propuesta por los recurrentes en contra del Contralor General del Estado. El recurso de casación se funda en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, y aduce que en la sentencia respecto a la cual se formula el recurso existe errónea interpretación del artículo 117 del Código de Procedimiento Civil. El proceso ha sido puesto a conocimiento de esta Sala, con su actual conformación; y por hallarse el caso en estado de pronunciar sentencia, esta Sala, para hacerlo, considera: PRIMERO: El trámite seguido corresponde a la naturaleza del recurso y en él no se ha omitido ninguna formalidad. Al examinar la admisibilidad del recurso, se dejó establecida la competencia de la Sala; presupuesto no alterado por causas supervenientes.- La Sala avoca, pues, conocimiento del caso y para resolver lo pertinente, considera. SEGUNDO: Es axiomático, por la naturaleza y efectos del recurso de casación, que él es de estricto rigor legal, pues, atañe al control de la legalidad de la sentencia. Consecuentemente, para el pronunciamiento que corresponde a la Sala, deben atenderse dos aspectos fundamentales o antecedentes que circunscriben el ámbito de decisión judicial en la casación: la sentencia y el contenido del recurso, en el cual han de puntualizarse inequívocamente él o los vicios atribuidos al fallo impugnado.­ TERCERO: Del análisis del escrito que contiene el referido recurso de casación se infiere que el recurrente se funda en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, y manifiesta lo siguiente: “Existe una errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, que ha conducido a una equivocada aplicación de las normas de derecho en la sentencia impugnada”. El recurrente no enuncia el número preciso del precepto jurídico correspondiente, si bien de la lectura del escrito que contiene el recurso de casación, se encuentra que él describe el mencionado artículo 117 del Código de Procedimiento Civil, que dice: “Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo...”. Con respecto a la pretendida infracción del artículo 117 del Código de Procedimiento Civil, y a la afirmación del recurrente de que en la decisión objeto del recurso existe una errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, se enuncia la siguiente reflexión: El recurso de casación es un recurso excepcional que, conforme señala la doctrina y establece la legislación positiva, tiene como único propósito juzgar sobre los errores de derecho en los que se alega ha incurrido la sentencia impugnada. En consecuencia no compete al juzgador del recurso de casación tratar los asuntos de hecho sobre los cuales corresponde expresar su criterio a los jueces de instancia, facultad privativa de éstos y que sólo por excepción puede ser estudiada por el Tribunal de Casación cuando se alegue que dicha facultad privativa ha sido ejercida en abierta violación de una norma procesal, en aplicación de lo que dispone una norma sustantiva. CUARTO: En el caso, es evidente la intención del recurrente dirigida a que esta Sala vuelva a estudiar la prueba, con intención de que ejerza la facultad privativa del Juez de instancia a la que se hizo referencia, sin que determine específicamente cuál fue el caso concreto en el que el Juez de instancia violó la norma procesal en concordancia con lo que dispone la norma sustantiva. Es evidente, pues, que hay una equivocada pretensión del recurrente, puesto que la facultad de revisar las pruebas aportadas en el proceso, está concedida exclusivamente a los tribunales de instancia, en tanto que el Tribunal de Casación, en el caso de que se manifieste explícitamente que prueba ha sido aplicada o no tomada en cuenta o interpretada erróneamente con violación de una norma legal, puede considerarla y, de ser el caso, estudiar el fondo del recurso interpuesto, casando la sentencia recurrida; pero no cuando como en el caso, se pretende una revisión de la prueba. Lo expuesto permite concluir que la sentencia objeto del recurso no adolece del vicio que se le atribuye, por lo que el recurso resulta improcedente. Por lo mismo, sin otras consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación interpuesto por el economista José Salvador Vélez Vélez, en su calidad de procurador común de Terry Rubén Moreira Loor y otros. Sin costas. Notifíquese.

Fdo.) Dres. Hernán Salgado Pesantes, Marco Antonio Guzmán Carrasco y Jorge Endara Moncayo, Ministros Jueces.

Certifico.- f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

RAZON: Siento como tal que las fotocopias que en dos (2) fojas útiles anteceden debidamente selladas, foliadas y rubricadas son iguales a sus originales que constan en la Resolución Nº 120/06 dentro del juicio que José Vélez Vélez y otros contra el Contralor General del Estado.- Certifico.- Quito, a 19 de julio del 2006.

f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Nº 140-06

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 8 de mayo del 2006; las 15h30.



VISTOS (193-03): Rosa Eliza Rosales Mayorga interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, en el juicio que sigue contra la Municipalidad de Santo Domingo. El Tribunal, en su sentencia, rechaza la demanda. La recurrente, en el escrito de interposición del recurso, hace una minuciosa exposición de los antecedentes y de las infracciones jurídicas que, a su modo de ver, se habrían cometido en el decurso del juicio. Sostiene que se ha aplicado indebidamente el Art. 10 letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Funda su recurso en la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación. Admitido a trámite, el recurso accede a esta Sala que, con su actual conformación, avoca conocimiento de la causa y, para resolver, formula las siguientes consideraciones: PRIMERO: Con oportunidad de la calificación de la procedencia del recurso se estableció la jurisdicción y competencia de la Sala para conocerlo y resolverlo, precedente procesal que no ha variado. SEGUNDO: Es presupuesto primario e ineludible atinente al ámbito jurisdiccional, que la competencia del Juez se halle establecida de modo irrefragable, pues, en virtud de ella se asigna a determinada autoridad el conocimiento y resolución de un asunto. Ese es uno de los supuestos, tanto en el proceso civil como en el administrativo, que debe estar satisfecho para que el juzgador pueda entrar a resolver el fondo de la acción; su carácter es restrictivo, de literal observancia que rechaza per se cualquier sentido o extensión analógica, a fin de que la exacta fijación de funciones no se desnaturalice con un improcedente arbitrio judicial. TERCERO: Examinado el proceso, se establece que la propia actora, ya en su demanda (pág. 7), afirma que la Municipalidad de Santo Domingo le extendió CERTIFICADO DE SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA MUNICIPAL, desde el 14 de julio del 2000; y, para mayor precisión, la misma actora acompaña copia del certificado original, que le acredita la calidad de "Servidor Público de Carrera Municipal" (fs. 6). Ahora bien, considerados estos antecedentes el caso se ubica dentro del ámbito de competencia de la Junta de Reclamaciones, según prevé el Art. 70, letra a) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que dice: "Deberes y atribuciones de la Junta.- La Junta de Reclamaciones tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Conocer y fallar las reclamaciones de los servidores públicos de carrera contra las decisiones de sus superiores jerárquicos en lo atinente a despido o suspensión temporal de sueldo o funciones y de las decisiones del Director Nacional de Personal, en lo relacionado con el ejercicio de su propia competencia. De no haber reclamación podrá proceder de oficio". Cabe tener en cuenta también lo dispuesto por el Art. 123 del mismo cuerpo legal, que dice: “Recurso de apelación.- Del fallo de la Junta de Reclamaciones se podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro de los tres días posteriores a la notificación con el mismo. La Junta de Reclamaciones, a petición de parte o de oficio, podrá ampliar o aclarar el fallo en el término de tres días. El fallo se notificará a las partes." y fundamentalmente lo que expresa el Art. 10 letra c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que puntualiza “Son atribuciones y deberes jurisdiccionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo:... c) Conocer y resolver en apelación de las resoluciones de la Junta de Reclamaciones prevista en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa”. No existe, en el caso en examen, aplicación indebida del Art. 10 letra c) de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya que la actora tenía que presentar su reclamo ante la Junta de Reclamaciones; y del proceso no consta que lo hiciera, pese a que a esa fecha tenía la obligación de agotar la vía administrativa.- Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación presentado por Rosa Eliza Rosales Mayorga.- Sin costas.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Hernán Salgado Pesantes, Marco Antonio Guzmán Carrasco, Jorge Endara Moncayo, Ministros Jueces.

Certifico.- f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Razón: Siento como tal que las fotocopias que en dos (2) fojas útiles anteceden debidamente selladas, foliadas y rubricadas son iguales a sus originales que constan en la Resolución Nº 140/06 dentro del juicio que sigue la Ing. Rosa Rosales contra la Municipalidad de Santo Domingo de los Colorados.- Certifico.- Quito, a 19 de julio del 2006.

f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

ACLARACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, 15 de junio del 2004, las 10h00.

VISTOS (193-2003): La Ing. Rosa Elvira Rosales Mayorga solicita que esta Sala aclare la sentencia dictada el 8 de mayo del 2006 para atender el pedido constante en el escrito que se provee. Al efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, la aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura. La resolución dictada por este Tribunal dentro de la presente causa ha sido dictada con la inteligibilidad necesaria para su fácil comprensión, por lo que es suficientemente clara y comprensible. Se considera que el petitorio que se provee tiene como propósito dejar sin efecto la decisión de este Tribunal y sustituir su intencionalidad. Por las razones expuestas, se desestima el petitorio de la Ing. Rosa Elvira Rosales Mayorga. Notifíquese.

Fdo.) Dres. Hernán Salgado Pesantes, Marco Antonio Guzmán Carrasco, Jorge Endara Moncayo, Ministros Jueces.

Certifico.- f.) Secretaria Relatora.

Razón: Siento como tal que la copia que antecede es igual a su original.- Certifico.- Quito, a 19 de julio del 2006.

f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
Nº 146-06

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, 9 de mayo del 2006; las 10h15.



VISTOS (237-03): El Dr. Alejandro Ponce Martínez, en su calidad de apoderado de la Compañía Texaco Inc., y la ingeniera María Angélica Béjar Quiroga, en calidad de representante legal de la Compañía Alberese S. A., interponen sendos recursos de casación respecto a la sentencia dictada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo el 15 de enero del 2003, la cual declara sin lugar la demanda presentada por uso indebido de la marca Texaco, así como a la reconvención planteada por la parte demandada. Admitidos al trámite los recursos de casación y examinados sus planteamientos, para resolver se considera: PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer sobre los recursos interpuestos, en base a lo dispuesto por el Art. 200 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo determinado en la segunda frase de la décima disposición transitoria de la Ley de Propiedad Intelectual. El proceso ha sido puesto en conocimiento de esta Sala, con su actual conformación, en abril del 2006. SEGUNDO: El trámite que se ha aplicado corresponde a la naturaleza del recurso, y en él no se ha omitido ninguna formalidad. TERCERO: Es axiomático, por la naturaleza y efectos del recurso de casación, que él es de estricto rigor legal, pues, atañe al control de la legalidad de la sentencia. Consecuentemente, para el pronunciamiento que corresponde a la Sala, debe atenderse a dos aspectos fundamentales, que circunscriben el ámbito de la resolución judicial en la casación: como punto de examen inicial el contenido del recurso, en el cual deben puntualizarse en forma inequívoca el o los vicios que se atribuyan al fallo impugnado, y, luego, al análisis de la sentencia. CUARTO: El actor fundamenta su recurso en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, esto es - según él - la falta de aplicación de los preceptos jurídicos contenidos en los artículos: 302, primer inciso, de la Ley de Propiedad Intelectual; 43, numeral dos, del Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADIPC) de la Organización Mundial de Comercio; 288, inciso primero, 289, 303 y 304 de la Ley de Propiedad Intelectual; 241 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y 146 del Código de Procedimiento Civil.- La parte demandada funda su recurso en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, y estima que las normas infringidas en la sentencia en examen son las contenidas en los Arts. 278 y 287 del Código de Procedimiento Civil, y 307 de la Ley de Propiedad Intelectual. QUINTO: El actor en la presente causa demandó ante el Juez a quo la indebida utilización de la marca Texaco, por parte de la Compañía Alberese S. A. Corresponde a esta compañía probar que tenía la autorización de la Compañía Texaco Inc., o de sus concesionarias o delegatarias facultadas a tal efecto, para utilizar la indicada marca en el Ecuador, bajo varias o alguna de las modalidades jurídicas establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual, que, en el caso en examen sería el contrato de licencia para la utilización de una marca específica. SEXTO: Consta del proceso el contrato suscrito entre la Compañía Texaco Inc. y la Compañía LYTECA (fojas 386 a 395), mediante el cual la primera - a la que ese contrato denomina también “LA COMERCIALIZADORA” - autoriza a la segunda para utilizar la marca Texaco en el Ecuador.- El análisis de la cláusula segunda de ese contrato es determinante para el examen del caso.- En la que podría considerarse primera parte de esa Cláusula se establece que “La COMERCIALIZADORA se obliga a vender y el DISTRIBUIDOR a pagar por los derivados de petróleo que por pedido del Distribuidor en forma periódica o continuada haga a la COMERCIALIZADORA de productos tales como gasolina, diesel y kerosina, en el mismo estado y calidad INEN que la COMERCIALIZADORA a su vez los recibe de Petrocomercial(el subrayado es de la Sala).- Es público y notorio que PETROCOMERCIAL no distribuye una gasolina de marca TEXACO. Además, el Procurador de PETROECUADOR certifica (ver página 417 del proceso), que dicha organización no ha importado gasolina de esa marca en los cinco años precedentes al juicio.- Asimismo se constata que ni en la cláusula segunda ni en otra del contrato se hace referencia a que la gasolina entregada por PETROCOMERCIAL tendrá el aditivo “Cleansystem”. La referida cláusula segunda del contrato agrega, a continuación, que, “Una vez efectuada la venta a través de su respectiva entrega, la propiedad del combustible pasará a ser del DISTRIBUIDOR, estando este último sujeto a partir de aquel momento a los controles de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y a la Ley de Hidrocarburos”.- Después de punto seguido, viene la que podría considerarse segunda materia de esta cláusula: “De otra parte”, los aceites lubricantes, grasas, aditivos (el subrayado es de la Sala), y cualquier otro producto que comercialice la COMERCIALIZADORA, podrá venderlos al DISTRIBUIDOR, ya sea directamente o por medio de un distribuidor autorizado por la COMERCIALIZADORA. Por su parte, el DISTRIBUIDOR se obliga a comprar, adquirir y vender exclusivamente los productos de marca TEXACO que comercializa actualmente la COMERCIALIZADORA, así como aquellos que comercialice en el futuro y a pagar por estos productos única y exclusivamente a la COMERCIALIZADORA o, en su caso, al distribuidor autorizado expresamente por la COMERCIALIZADORA”. En el proceso no existe documento que demuestre la comercialización por el Distribuidor de productos de este tipo que tengan una marca diferente a la de TEXACO. SEPTIMO: La sentencia del Tribunal Distrital número 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil (fojas a 420) resalta, en su considerando segundo, que, en la cláusula séptima del contrato, la Comercializadora permitió expresamente al distribuidor la utilización de la marca TEXACO, y que el propio actor ha manifestado, en diversas partes del proceso, que la Comercializadora, es decir LYTECA, es licenciataria en Ecuador de la marca TEXACO. OCTAVO: Con posterioridad a la expedición de la sentencia del Tribunal Distrital número 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil se han presentado certificaciones de que no se ha celebrado escritura de constitución de una compañía que conste con la denominación de LYTECA o, en forma completa, de “Lubricantes y Tambores del Ecuador, LYTECA”, que consta como delegataria de TEXACO INC. en el contrato al que se refiere el proceso. NOVENO: En la sentencia objeto de los recursos de casación deducidos por el doctor Alejandro Ponce Martínez, en calidad de apoderado de la Compañía TEXACO INC., de una parte, y por la Compañía ALBERESE, de otra, se pone de relieve que la parte demandada, que ha deducido también recurso de casación, no ha presentado las pruebas que se requieren en derecho para comprobar la magnitud de los daños que sostiene haber sufrido.- Por lo expuesto, y sin necesidad de otras consideraciones, en ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTO-RIDAD DE LA LEY, se rechazan los recursos de casación deducidos por el doctor Alejandro Ponce Martínez, a nombre de TEXACO, y por la Compañía ALBERESE.- Sin costas.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Hernán Salgado Pesantes, Marco Antonio Guzmán Carrasco, Jorge Endara Moncayo, Ministros Jueces.

Certifico.- f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Razón: En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy miércoles diez de mayo del año dos mil seis a partir de las dieciséis horas, notifiqué con la nota en relación y la sentencia que anteceden al Dr. Alejandro Ponce Martínez, por los derechos que representa de TEXACO Inc. en el casillero 572 y a la Ing. María Béjar Quiroga, por los derechos que representa de ALBERESE S. A., en el casillero judicial 493.- Certifico.

f.) Dra. María del Carmen Jácome O.
Razón: Siento como tal que las fotocopias que en dos (2) fojas útiles anteceden debidamente señaladas, foliadas y rubricadas son iguales a sus originales que constan en la Resolución Nº 146/06 dentro del juicio que sigue Alejandro Ponce Martínez (TEXACO INC.) contra María Béjar (ALBERESE S. A.).- Certifico.- Quito, a 19 de julio del 2006.

f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.




AMPLIACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, junio 13 del 2006; las 09h00.



VISTOS (237-03): El Dr. Ernesto Guarderas Izquierdo, en calidad de mandatario de TEXACO INC. solicita que esta Sala amplíe la sentencia dictada el 9 de mayo del 2006, en el sentido constante en el escrito que obra de fojas 26 a la 29. Al efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, la ampliación tendrá lugar cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas.- A fin de proveer lo pertinente y para reafirmar la imagen de transparencia de las actuaciones de este Tribunal, se examinará el pedido en mención.- En definitiva, la parte medular de la contienda jurídica que se ventiló en las sentencias en mención giró en torno al hecho de que la Compañía ALBERESE, ante restricciones de aprovisionamiento de gasolina y otros combustibles derivados de petróleo a los que -según dicha Compañía ALBERESE- le habría sometido la Compañía Lubricantes y Tambores del Ecuador, LYTECA, la cual era comercializadora de combustibles derivados de petróleo y adicionalmente de otros productos usados en vehículos motorizados, y que era licenciataria en Ecuador de TEXACO INC.; pudo haberse aprovisionado de alguna cantidad de esos combustibles en otras fuentes, diversas de la Compañía Lubricantes y Tambores del Ecuador, LYTECA.- No se demostró en el proceso que la demandada hubiere efectuado ventas de otros productos, diversos de gasolina y combustibles similares, que no le hubieren sido suministrados por LYTECA.- Cabe tener presente que los recipientes contentivos de otros productos utilizados en vehículos automotores, como lubricantes o líquidos protectores de motor o partes específicas de vehículos motorizados u otros artículos comerciales similares fueron incautados en la fase inicial del proceso. La controversia versaba, en definitiva, sobre supuestos incumplimientos de un contrato referido básicamente a la adquisición de gasolina y otros combustibles, que, de acuerdo con el contrato de distribución y las normas internas sobre la materia, debían tener las mismas características INEN con las que PETROECUADOR y sus filiales los suministraban a las gasolineras y consumidores similares que operan en el país.- PETROECUADOR certificó que no había importado, en los años precedente al proceso o mientras él se desarrollaba, gasolina que tuviera la marca TEXACO.- Dentro de ese marco real de la controversia, las peticiones de ampliación formuladas por quien actúa como mandatario de TEXACO INC., resultan, por el modo en que se las plantea, en alguna forma impertinentes.- Se pide, por ejemplo, que la sentencia de esta Sala se amplíe -en definitiva a gusto del recurrente- para que en la ampliación requerida se explique con detalle “por qué no se ha violado el artículo 302 de la Ley de Propiedad Intelectual”; o por qué la Sala no se basó exclusivamente en la prueba presentada por el mandatario de TEXACO INC.; o por qué no hubo violación del artículo 43 del acuerdo sobre aspectos de Propiedad Intelectual relacionados en el Comercio de la Organización Mundial de Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), o del artículo 241 de la Decisión número 486 de la Comunidad Andina de Naciones; o de los artículos: 288, inciso primero, 289, 303 y 304 de la Ley de Propiedad Intelectual; o del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.- Quien presenta la petición de ampliación de la sentencia requiere que en ella se analicen todos y cada uno de los elementos de la casación; y objeta la utilización de la frase, “sin necesidad de otras consideraciones", que la Sala y la Corte emplean, desde hace muchos años, para concluir la exposición de los elementos de sustentación del fallo.- Vale la pena mencionar que, aún cuando el peticionario de la ampliación manifiesta que la sentencia debió haberse basado la prueba presentada por TEXACO INC, y que no hacerlo habría sido, según el criterio de aquél, violatorio del artículo 302 de la Ley de Propiedad Intelectual, dicha norma comienza por mencionar que "El juez tendrá la facultad para ordenar que sean presentadas las pruebas...”. Asimismo, en conformidad con el tenor literal del artículo 43 del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC- “1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar…” (en relación con la presentación de pruebas), determinadas actuaciones.- Del proceso consta que los representantes de la Compañía ALBERESE suministraron la información que requirieron los peritos designados por el Tribunal a quo o señalaron que podía obtenérsela en la documentación que había sido ya depositada en los tribunales que conocían la causa, o tomada por ellos.- La aceptación de las medidas enunciadas en el artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concerniente al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, no resulta procedente para cuestiones relativas a la venta de gasolina y otros combustibles derivados de petróleo producidos por PETROECUADOR y distribuidos por sus filiales, y que obviamente no tienen la marca de cuya utilización indebida acusaban los representantes del recurrente y actual peticionario; venta que habría abarcado a algunas cantidades de esos combustibles que no habían sido suministradas en su totalidad a la Compañía ALBERESE por la Compañía Lubricantes y Tambores del Ecuador, LYTECA.- Esa situación habría podido dar margen a acciones por incumplimiento de obligaciones de adquisición exclusiva a efectuarse en determinado aprovisionador de los combustibles negociados; pero no confirma una base jurídica para considerar que con tales ventas se afectó la propiedad intelectual del titular de la marca TEXACO INC.- No hay aspectos que ampliar en la sentencia.- Notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Hernán Salgado Pesantes, Marco Antonio Guzmán Carrasco, Jorge Endara Moncayo, Ministros Jueces.

Certifico.- f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
Razón: Siento como tal que las fotocopias de la ampliación que en dos (2) fojas útiles anteceden debidamente selladas, foliadas y rubricadas son iguales a sus originales que constan en la Resolución Nº 146/06 dentro del juicio que sigue Alejandro Ponce Martínez (TEXACO INC.) contra María Béjar (ALBERESE S. A.).- Certifico. Quito, a 19 de julio del 2006

f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.




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