Ro nº 04, de enero del 2010



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RO Nº 104, 8 de enero del 2010

Nº 46-08
Dentro del juicio ordinario No. 96-2007 que por pago de arreglos y mejoras sigue en su contra José Roberto Alarcón Cedeño en contra de José Euclides Murillo Gilces, representante legal del Club Social Cultural y Deportivo “Esquina de Pérez”, se ha dictado lo que sigue:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 


Quito, 12 de marzo del 2008; las 15h03.
VISTOS: En virtud del llamamiento efectuado por el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, mediante oficio número 2472-SP-CSJ de 12 de diciembre del 2007, originado en la aceptación de la renuncia presentada por el señor doctor Héctor Cabrera Suárez; en aplicación del inciso cuarto del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, el doctor Juan Montalvo Malo, Conjuez Permanente, asume el despacho en todas las causas, e integra la Sala con las mismas atribuciones y deberes del principal, por todo el tiempo que dure la falta del titular, por lo que la Sala debidamente conformada avoca conocimiento de la presente causa. En lo principal, el demandado José Euclides Murillo Gilces, representante legal del Club Social Cultural y Deportivo “Esquina de Pérez” interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, dentro del juicio ordinario que por pago de arreglos y mejoras sigue en su contra José Roberto Alarcón Cedeño, el mismo que al ser concedido permite que suba el proceso a la Corte Suprema de Justicia, habiéndose radicado la competencia en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil mediante el sorteo de ley, y la que lo admite al trámite mediante providencia del 9 de mayo del 2007; a las 09h20, agotado el trámite de sustanciación, el estado es el de resolver el recurso interpuesto, y para ello, se considera: PRIMERO: En la especie, el recurrente expresa que en la sentencia se han infringido las normas de los artículos 8, 23, numerales 26- 27; 24, numerales 10, y 273 de la Constitución Política del Estado; 34 del Código Civil; 303, 304, 335, 409, 411 y 1014 del Código de Procedimiento Civil y fundamenta el recurso en las causal 2ª del artículo 3° de la Ley de Casación. SEGUNDO: Habiéndose acusado en el recurso de casación la violación normas constitucionales, esta acusación debe ser analizada en primer lugar, toda vez que la Constitución es la Ley Suprema del Estado y a la cual están subordinadas todas las leyes orgánicas, leyes, decretos, reglamentos, disposiciones y resoluciones secundarias, y la afirmación de que se está desconociendo el mandato contenido en la Constitución, “implica un cargo de tal gravedad y trascendencia porque significa que se está resquebrajando la estructura fundamental de la organización social por lo que debe ser analizada prioritariamente y el cargo debe ser fundado ya que, de ser fundamentado, todo lo actuado quedará sin valor ni eficacia alguna, por lo que no puede realizarse ligeramente una afirmación de esta naturaleza, sino que se ha de proceder con seriedad, responsabilidad y respeto frente al texto constitucional invocado, en relación con la autoridad y ciudadanos en general...” conforme lo ha declarado ya la Sala en diversos fallos y entre estos el publicado en la G. J. No.15, Serie 17ª, página 4928. En la especie, el recurrente afirma que en la sentencia materia del recurso se han infringido el los Arts. 18, 23, numerales 26 y 27; 24, numeral 10 y 273 de la Constitución de la República y efecto de resolver sobre esta impugnación es necesario transcribir las normas constitucionales indicadas. a) El Art.18 de la Constitución dice: “Los derechos y garantías determinados en ésta constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier Juez, Tribunal o autoridad. En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que mas favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley para el ejercicio de estos derechos. No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos. Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”. b) El artículo 23 de la Constitución de la República: dice “Sin perjuicio de los derechos establecidos en ésta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes… 26: La seguridad jurídica y, 27: El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones”. c) El Art. 24° de la Carta Magna dice: ”Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezca la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia….10° Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento. El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores, de las mujeres y de los menores de edad abandonados o víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, y de toda persona que no disponga de medios económicos”. d) Art. 273: “Las Cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas tendrán la obligación de aplicar las normas de la Constitución que sean pertinentes, aunque la parte interesada no las invoque expresamente. Estas son las normas constitucionales que el recurrente afirma que han sido transgredidas en la sentencia, por lo que procede su examen, pero no señala ni concreta en que consisten tales omisiones, sino que se limita a señalarlos de manera genérica y que en todo caso, no son causa para que ocasionen que la sentencia sea casada; todo lo contrario, dentro del proceso aparece con claridad que el recurrente fue demandado ante el Juez de su fuero domiciliario; que fue citado, compareció al proceso, y ejerció el derecho a la defensa; interpuso recurso, y consecuentemente jamás estuvo en indefensión. Por lo tanto no proceden los cargos. TERCERO: La causal 2ª del Art. 3º de la Ley de Casación expresa: “El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes causales: … 2ª. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubiere influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente”. Teniendo presente que el recurso de casación civil tiene como objeto anular o dejar sin efecto la sentencia o auto recurrido dictada o dictado, según del caso, por la Corte Superior respectiva, es incuestionable que cuando el Tribunal de Casación admite al trámite el recurso, asume momentáneamente las atribuciones del Tribunal de alzada, y consecuentemente casa la sentencia o anula los actos del proceso por las omisiones de solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios o las especiales de determinados procesos. En consecuencia, habiendo el Tribunal admitido al trámite el recurso de casación procede al estudio del proceso para decidir si existen los méritos suficientes para casar la sentencia y en ese orden se hacen las siguientes consideraciones: 1°. El artículo 14, numeral 1° de la Constitución de la República, en la parte final expresa que “no se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes preexistentes, con observación del trámite propio de cada procedimiento”. Se trata pues de la incorporación al sistema constitucional del principio de la legalidad de reconocimiento universal. En virtud de ésta disposición constitucional, las normas procesales destinadas a reglar la sustanciación de los juicios, son de orden público, de obligado cumplimiento para las partes litigantes y para los administradores de justicia. Al respecto, el artículo 192 de la Carta Magna expresa: “El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará efectiva las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. Las normas del Código de Procedimiento Civil tienen como finalidad esencial y fundamental el reglamentar la sustanciación de los procesos señalando con precisión que es lo que se debe hacer, como se lo debe hacer, que no se debe hacer, desde la presentación de la demanda hasta la ejecución, y sus normas, consecuentemente, como una aplicación real y efectiva del principio del debido proceso y de una efectiva, imparcial y expedita tutela de los derechos e intereses de los litigantes, exigen una correcta aplicación. Este Tribunal, en diversos resoluciones, ha aceptado, al respecto, el fallo de la Primera Sala del 13 de noviembre de 1981, publicado en la G. J. Serie XIII No. 13, pp. 2977- 2978, que dice: ”Es obvio, el precepto constitucional que encarna el Art. 92 (ahora 192) de la Carta Fundamental del Estado de que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia al que no se oponen la normas del Código de Procedimiento Civil que son precisamente los medios para alcanzar los postulados de la justicia reglando la sustanciación de los asuntos controvertidos atenta su naturaleza, ora tercero de la Ley de Casación, si el Tribunal de Casación encontrare procedente el recurso, ya no puede entrar a conocer las acusaciones contra el fallo fundamentadas en otras causales, puesto que aquella trata del error de la actividad o in procedendo que tiene lugar cuando el proceso está viciado de nulidad insanable o que ha provocado indefensión. La nulidad procesal se ocasiona cuando en el desarrollo de un proceso se ha omitido alguna de las solemnidades indicadas exhaustivamente en los Arts. 345, 346, 347 y 348 (actuales normas) del Código de Procedimiento Civil, y por violación del trámite propio del proceso, siempre y cuando la omisión influya en la decisión. Para resolver sobre la impugnación se considera: a) El Art. 344 del Código de Procedimiento Civil, expresa: “Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1014 el proceso es nulo, en todo o en parte, solamente cuando se ha omitido alguna de las solemnidades sustanciales determinadas en éste Código”. De conformidad con la norma de derecho público aquí transcrita las únicas causas de nulidad, total o parcial de un proceso son la omisión de alguna de las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias de las particulares señaladas, en forma concreta en los Arts. 347 y 348 del mismo código. b) Que el artículo Art. 346 del Código de Procedimiento Civil establece, con precisión y de manera exclusiva, las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias, cuya omisión puede ocasionar la nulidad procesal, siempre que influya en la decisión de la misma, y estas son: 1º Jurisdicción de quien conoce el juicio; 2º.Competencia del Juez o Tribunal, en el juicio que se ventila; 3º Legitimidad de personería; 4º “Citación de la demanda al demandado o a quien legalmente le represente; 5º. Concesión del término probatorio, cuando se hubieren alegados hechos que deben justificarse y la ley prescribiere dicho término; 6º. Notificación a las partes del auto de prueba y la sentencia; y, 7º Formarse el Tribunal del número de jueces que la ley prescribe. Fuera de estas solemnidades y las especiales de los artículos 347 y 348, y lo ordenado por el Art.1014 del mismo código, no hay otras omisiones que puedan causar la nulidad procesal. Pues bien, en la especie se observa que el recurrente fundamentó el recurso de casación en los artículos 303, 304, 335, 409 y 411 del Código de Procedimiento Civil, pero las indicadas normas no constituyen solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias cuya omisión puedan ocasionar la nulidad procesal o dejado en indefensión al recurrente, se refieren a la definición de lo que debe entenderse por “Término” y a la forma de contarlos por lo que no proceden estos cargos. El recurrente, también señala, que en la providencia del 20 de julio del 2006;dictada a las 09h00, por los ministros de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo se ha dejado de aplicar el artículo 1014 del Código de Procedimiento Civil, norma que dice: “La violación del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la causa que se esté juzgando, anula el proceso; y los juzgados y tribunales declararán la nulidad, de oficio o a petición de parte, siempre que dicha violación hubiese influido o pudiere influir en la decisión de la causa, observando, en lo demás, las reglas generales y especialmente lo dispuesto en los artículos 355, 356 y 357”. CUARTO: Con los antecedentes expuestos corresponde examinar si efectivamente la providencia recurrida- 20 de julio del 2006; las 09h00, alegada contraviene la norma del Art. 1014 del Código de Procedimiento Civil, y para cuyo objeto se la transcribe: “VISTOS: Agréguese a la instancia el escrito presentado por la parte accionada. El señor Roberto Alarcón Cedeño comparece a fs. 45 del cuaderno de primera instancia para desistir del recurso de apelación que interpuso y que fuera concedido por la señora Juez de primer nivel y habiendo comparecido el peticionario a reconocer su firma y rúbrica puestas en su petitorio, dijo que son suyas y son las mismas que usa en todos sus actos públicos y privados. De acuerdo con lo que dispone el Art. 374 del Código de Procedimiento Civil, se acepta dicho desistimiento. Devuélvase el proceso al Juzgado de origen. Notifíquese”. Este es el texto de la providencia materia del recurso de casación y la misma que fue dictada dentro del juicio ordinario seguido por José Roberto Alarcón Cedeño contra le entidad recurrente. Como se ha expresado, las normas del Código de Procedimiento Civil son reguladoras de todos los actos del proceso para evitar el abuso del derecho, a la vez que establece los derechos y obligaciones de las partes procesales; y es así, que norma el trámite del juicio ordinario, en las diversas instancias. Por disposición del artículo 58 del código indicado, la segunda instancia “empieza con la recepción del proceso “cuando se elevan los autos en virtud de la consulta o la concesión de recurso. Pues bien, uno de los medios por los cuales un proceso sube a conocimiento del Tribunal superior es el recurso de apelación. Este recurso, en la segunda instancia tiene una especial condición que debe cumplirse para que se continúe con el trámite respectivo, y que la señala, específicamente, los Art. 408 y 409. La primera norma expresa: ”Si el que apeló de la sentencia no determinare explícitamente, dentro de diez días, contados desde que se le hizo saber la recepción del proceso, los puntos a los que se contrae el recurso, el ministro de sustanciación, declarará desierta la apelación y mandará devolver el proceso al inferior, para que se ejecute la sentencia“. Concordante con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución Obligatoria, del 28 de junio de 1989, publicada en el R. O. No. 230 del 11 de julio de 1989, señaló que “si el recurrente concreta fuera de término los puntos a los cuales se contrae su recurso, y no consta en el proceso la respectiva petición de deserción, la fundamentación del recurso es procedente”. La segunda norma expresa: “Si comparece el apelante y determina los puntos a que se contrae el recurso, se dará traslado a la otra parte, por diez días, dentro de los cuales podrá adherirse al recurso”. En el proceso se observan las siguientes conductas de las partes procesales en la segunda instancia: a) La parte demandada no cumplió con fundamentar el recurso de apelación que interpuso de la sentencia dictada por el Juez de la causa, dentro del tiempo señalado por la ley, por lo que, a petición de parte, se lo declaró desierto. La deserción del recurso es el abandono que la parte apelante o recurrente hace de la apelación o del recurso impuesto. Para Couture “se trata del abandono tácito de un proceso, instancia o recurso, configurado por la omisión de actos tendientes a su prosecución. Con tal amplitud, la deserción procesal se equipara a la caducidad de la instancia”. Para la Enciclopedia Jurídica Omeba, el concepto de deserción “toma generalmente como idea directriz la acepción: deserción: del latín: desertus, de desere: abandonar”, y lo conceptúan, como: “El desamparo o abandono que hace un litigante o procesado de la apelación o recurso por él interpuesto ante un Tribunal superior, contra la decisión, fallo o sentencia dictada por el inferior”. Pero se adapta más estrictamente al objeto y naturaleza del instituto definirlo como el “efecto o con secuencia de la preclusión del derecho del apelante de expresar agravios o de no apersonarse en forma dentro del término del emplazamiento ante el Tribunal que debe decidir, estableciendo como consecuencia la pérdida de la apelación o recurso”. Es indudable que el apelante es libre de abandonar sus derechos y acciones, pero, al mismo tiempo, debe asumir las consecuencias que en el caso de la deserción del ocasiona la irrevocabilidad de la sentencia dictada en primera instancia que pasa en autoridad de cosa juzgada. Por lo tanto, el demandado, al causar que su recurso de apelación fuera declarado desierto por su omisión, ocasiono que la sentencia de primera instancia se ejecutoriara. b) Que el actor, dentro del respectivo término, fundamentó el recurso de apelación mediante el correspondiente escrito, el mismo que fue puesto en conocimiento de la contra parte que dentro del respectivo término, se adhirió. Pero posteriormente, el actor desistió del recurso de apelación, y reconoció la firma y la rúbrica del escrito de fs. 45, como lo expresa la Sala en la providencia recurrida. El desistimiento del recurso “tiene como efecto el dejar ejecutoriado el auto o resolución de que reclamó”, atento al mandato del Art. 378 del Código de Procedimiento Civil. De lo dicho se infiere que la sentencia de primer instancia quedó ejecutoriada por voluntad de las partes procesales, ya por haberse declarado desierto el recurso de apelación por la omisión del recurrente de no haberlo fundamentado, ya por el desistimiento del recurso hecho por al actor. Si bien el desistimiento del recurso perjudica únicamente al que lo hace, no hay razón para la continuación del proceso cuando el demandado abandonó el recurso. Por lo expuesto esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY no casa el auto materia de la impugnación. La Sala no puede dejar de llamar la atención a los ministros de la Sala de lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo por la manifiesta negligencia en el desarrollo del proceso permitiendo la presentación de escritos conducentes a entorpecer su curso sin imponer las sanciones del Art. 293 del Código de Procedimiento Civil. Actúe la doctora Lucía Toledo Puebla en calidad de Secretaria Relatora encargada de esta Sala por hallarse vacante el cargo de Secretario Titular. Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Viterbo Zevallos Alcívar, Mauro Terán Cevallos, Magistrados, y Juan Montalvo Malo, Conjuez Permanente.
Certifico.- Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora encargada.
RAZON: Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, 12 de marzo del 2008.
f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora encargada. 

Nº 55-08
Dentro del juicio ordinario No. 92-2007 que por prescripción extraordinaria de dominio sigue José Miguel Puma Quintuña en contra de Segundo Camilo Wong Quintana, Yolanda Isabel, Laura Victoria y Lucrecia Azucena Wong Chang y de los herederos presuntos y desconocidos de Lucrecia Chang Hinostroza, se ha dictado lo que sigue:


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 


Quito, 6 de marzo del 2008; las 15h20.
VISTOS: En virtud del llamamiento efectuado por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, mediante oficio número 2472-SP-CSJ de 12 de diciembre del 2007, originado en la aceptación de la renuncia presentada por el señor doctor Héctor Cabrera Suárez; en aplicación del inciso cuarto del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, el doctor Juan Montalvo Malo, Conjuez Permanente, asume el despacho en todas las causas, e integra la Sala con las mismas atribuciones y deberes del principal, por todo el tiempo que dure la falta del titular, por lo que la Sala debidamente conformada avoca conocimiento de la presente causa. En lo principal, José Miguel Puma Quintuña interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Babahoyo, dentro del juicio ordinario que por prescripción extraordinaria de dominio sigue contra los herederos presuntos y desconocidos de Lucrecia Chang Hinostroza, el mismo que al ser concedido permite que suba el proceso a la Corte Suprema de Justicia, habiéndose radicado la competencia en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil mediante el sorteo de ley, y la que lo admite al trámite mediante providencia del 21 de agosto del 2007, a las 08h10, agotado el trámite de sustanciación, el estado es el de resolver el recurso interpuesto, y para ello, se considera: PRIMERO: El recurrente, en su escrito de interposición y fundamentación que obra de 52-53 del cuaderno de segundo nivel, afirma que en el fallo impugnado se han dejado de aplicar las normas contenidas en los artículos 194, 207, 208 y 242 del Código de Procedimiento Civil; a la vez que señala como causal la tercera del Art. 3° de la Ley de Casación.- Estos serán los limites dentro de los cuales se desenvolverá la actividad de este Tribunal de Casación. SEGUNDO: Habiendo el recurrente fundamentado el recurso en la causal 3ª del artículo 3° de la Ley de Casación, esto es “aplicación indebida, falta de aplicación, o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto” procede examinar el cargo. Al respecto, cuando se fundamenta el recurso de casación en la causal 3ª del Art. 3° de la Ley de Casación, el recurrente debe señalar en forma clara, precisa y concreta como cada una de las normas legales invocadas que contengan preceptos aplicables a la valoración de la prueba, ha incurrido en la causal invocada y cuál es la norma sustantiva que ha sido violada indirectamente al aplicarse equivocadamente o no aplicarse en el fallo a efecto de que el Tribunal pueda fiscalizar la valoración realizada por el Tribunal de instancia. No hay que olvidar que la valoración de la prueba es una facultad exclusiva y excluyente del Juez de instancia como consecuencia de su independencia soberana, sin que el Tribunal de Casación tenga la facultad de revocarla, salvo el caso de que la valoración sea atroz, contraria a la razón, a las leyes, a la justicia.- “Es por ello que, si llegare a carecer de lógica o legitimidad la valoración de prueba realizada por los juzgadores, o sea, que sus conclusiones sean absurdas o arbitrarias, el tribunal de casación está facultado a revisar dicha valoración, en virtud de que se ha violentado el mencionado artículo 119 (actual 115) del Código de Procedimiento Civil.- Una decisión es absurda cuando la valoración es ajena a las leyes lógicas formales y arbitraria cuando hay ilegitimidad en la motivación. Cuando el juzgador, por error, formula una conclusión contraria a la razón, a la justicia o las leyes estamos frente a un caso simplemente absurdo; pero si la conclusión es deliberadamente contraria a la razón, a la justicia o a las leyes por que el juzgador voluntariamente busca este resultado, estamos frente a un proceder arbitrario que, de perseguir favorecer a una de las partes o perjudicar a la otra, implicaría dolo y podría constituir inclusive un caso de prevaricación. Como se ha señalado, el absurdo en la valoración de la prueba no se limita a la sola ilegitimidad en la motivación, lo cual ocurre cuando el juzgador prescinde de prueba esenciales, computa pruebas inexistentes o valora pruebas inválidas, y si este proceder lo adopta voluntariamente, se trataría de una arbitrariedad.- El vicio de valoración absurda de la prueba constituye, al mismo tiempo, trasgresión del mandato de motivación contenido en el numeral 13 del artículo 24 de la Constitución Política de la República, ya que la violación de las reglas de la lógica en la valoración de la prueba no constituye motivación válida, por que atenta contra la sana crítica (que es el método de valoración probatoria de general aplicación en virtud de lo que dispone el Art.115 del Código de Procedimiento Civil) y si la motivación no es válida, jurídicamente la resolución carece de motivación, conforme lo señala el mandato constitucional antes indicado…”; “este es el criterio que sobre el tema ha expresado la Primera Sala de lo Civil y Mercantil, y que consta en varias resoluciones como la No. 202-2002, publicada en el R. O. No. 710, de 22 de noviembre del 2002; No. 172-2002, publicado en el R. O. No. 666 del 19 de septiembre del 2002; y No. 224-2003 publicada en el R. O. No. 193 de octubre del 2003”, G. J. No. 15 S. XVII pp. 5007.- Pero el recurrente se limita a expresar en el escrito de interposición del recurso que existe “falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicados a la valoración de la prueba”, pero no concreta, no especifica, cuál de los sistemas de valoración de la prueba existentes en nuestra legislación procesal civil - “el sistema de la sana crítica”, “el sistema de la prueba tasada o tarifa legal”- han dejado de ser aplicadas.- La valoración de la prueba es una de las actividades mas importantes del Juez dentro del proceso, ya que ésta tiene como finalidad el determinar el mérito y grado de convicción que pueda establecer de la misma.- Hay que reconocer que se trata de una actividad exclusiva del Juez, y la cumple al instante de dictar la sentencia o de adoptar alguna decisión.- El Tratadista Devis Echandía, en su obra “Teoría General de la Prueba”, T. I., pg. 287 nos enseña: “Por valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación mental que tiene por fin, conocer el mérito o valor de convicción que puede deducirse de su contenido”.- El recurrente expresa que “las normas que se han infringido en la sentencia dictada por los señores Ministros de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Babahoyo se encuentran determinadas en los artículos 194, 207, 208 y 424 del Código de Procedimiento Civil”, pero revisadas esas normas se establece que no constituyen en forma alguna sistemas de valoración de prueba.- Por otro lado, de la sentencia aparece que los magistrados, en el considerando segundo, han analizado conforme a las reglas de la sana crítica los testimonios presentados por el actor dándoles el valor a los mismos.- Por lo tanto, no procede el cargo.- Por lo expuesto esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y DE LA LEY, no casa la sentencia recurrida. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Casación, entréguese a la parte demandada, perjudicada por la demora en la ejecución de la sentencia, la caución constituida por el recurrente. Actúe la doctora Lucía Toledo Puebla en calidad de Secretaria Relatora encargada de esta Sala por hallarse vacante el cargo de Secretario titular. Notifíquese, publíquese y devuélvase.



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