Reunión de expertas sobre mecanismo de


El porcentaje de la población femenina analfabeta, por tramos de edad, es el siguiente



Descargar 486.74 Kb.
Página3/3
Fecha de conversión26.03.2018
Tamaño486.74 Kb.
1   2   3

El porcentaje de la población femenina analfabeta, por tramos de edad, es el siguiente:


Respecto al porcentaje de la población femenina que completó la escuela primaria, se tiene que: El porcentaje de mujeres mayores de 24 años por nivel educativo completo más alto alcanzado es del 52%.


Respecto al porcentaje de la población femenina que completó la escuela secundaria, se tiene que: El Porcentaje de mujeres mayores de 24 años por nivel educativo completo más alto alcanzado es del 21,7 %.
Respecto al porcentaje de la población femenina que completó la educación terciaria y/o universitaria, se tiene que: El Porcentaje de mujeres mayores de 24 años por nivel educativo completo más alto alcanzado es del 10,8 %.
Respecto al número de mujeres privadas de libertad se tiene que el año 2004 hubo 1000 mujeres procesadas.
La población femenina económicamente activa es del 39% de la población femenina de 14 años o más de edad es económicamente activa.
Los datos estadísticos son de fácil acceso al público. Se difunden a través de boletines (en versión papel) y a través de la página Web.
4.2. Obstáculos
No existe investigación y recopilación estadística sobre asistencia a la mujer víctima de violencia.
El último censo se realizó en el año 2004 y se denominó Censo Fase I. Fue simplemente un conteo de población por edad y sexo, hogares y viviendas por lo cual no incluyó ninguna otra pregunta adicional como aquella relativa a la violencia basada en género.
No existe recopilación estadística sobre programas de capacitación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.
No se cuenta con información del porcentaje sobre el total de los prestatarios de servicios sociales y judiciales que reciben capacitación de género y sobre violencia contra la mujer.
Hasta ahora no han recibido capacitación sobre género quienes elaboran y aplican instrumentos para recoger estadísticas.
El Estado NO cuenta con un observatorio ciudadano contra la violencia hacia las mujeres, por lo que no es posible medir su impacto.


III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. LEGISLACIÓN, NORMATIVA VIGENTE Y PLANES NACIONALES
a) En el Contexto Internacional: Formas transnacionales de violencia contra la dignidad y derechos de la mujer
a.1. Conclusiones


  • A nivel mundial la violencia doméstica tiene diversos costos. Para las mujeres que la sufren significa miedo, depresión, intentos de suicidio, pérdida de oportunidades para lograr las propias metas y pérdida de la autoestima. Para la sociedad, la violencia contra las mujeres compromete recursos destinables a otros fines.(21/)




  • El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los costos de la violencia contra las mujeres oscilan entre el 1,6 y el 2 por ciento del Producto Interno Bruto de los países de la región latinoamericana.




  • El Área de Coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República de Uruguay estima que el PBI de ese país rondará en 2004 los 13.500 millones de dólares. Si los costos de la violencia doméstica insumieran entre el 1,6 y el 2 por ciento del PBI, conforme a las estimaciones del BID, esto significaría un monto de entre 216 y 270 millones de dólares, es decir, algo más del doble de lo que hace falta para financiar el Plan que pretende llevar a cabo el reciente gobierno electo durante el primer año de gestión, para apoyar a la población más carenciada. (Art. 8-h de la Convención de Belém do Pará).


a.2. Recomendaciones


      • General




  • El sentido político internacionalista de la Convención, debe ser recuperado por el Estado uruguayo, y difundido al interior de los legisladores y de los operadores de justicia, quienes deben visualizar el fenómeno de la violencia contra los derechos de la mujer, más allá del ámbito doméstico o del mero daño físico, psicológico o moral circunscrito al ámbito nacional, deben tomar conciencia política internacional de la obligatoriedad que tienen de cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana sobre la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y otros, que el Estado uruguayo ratificó en protección y bienestar de su pueblo. (Art. 7 de la Convención de Belém do Pará: Deberes de los Estados).




      • Específicos




  • El Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (Políticas Públicas Hacia Las Mujeres 2007-2011, debe ser aplicado por la sociedad civil, y ejecutada por el Poder Público mediante sus instituciones en materia de género y violencia contra la mujer, toda vez que el sentido social de los enfoques subjetivos, objetivos, estrategias y acciones planificadas como política estratégica de Estado, van encaminadas realmente a la erradicación de Toda Forma de Discriminación en materia de género, además de constituir un factor de integración social al desarrollo sostenible de la República Oriental del Uruguay. (Art. 7,8 y 9 de la Convención de Belém do Pará: Deberes de los Estados).




  • Es recomendable que las Senadoras y Diputadas se articulen con el Grupo Parlamentario Latinoamericano para poder establecer alianzas. Asimismo, es importante su articulación con otros grupos de mujeres que existan en el país a nivel local para recuperar información que retroalimente las acciones en el Parlamento. (Art. 8-i de la Convención de Belém do Pará: Deberes de los Estados).


b) En el Contexto Nacional: Políticas legislativas e institucionales del Estado
b.1. Conclusiones


  • La República Oriental del Uruguay, si bien cumple con la comunidad internacional en el contexto de la Eliminación de Forma de Discriminación Contra la Mujer, ratificados muchos de los Tratados y Pactos conforme establece los procedimientos en materia de Derecho Internacional, puede notarse que hasta antes del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2007-2011, tenía inclinación a resolver administrativa y jurisdiccionalmente, y con muchas limitaciones, solamente la Violencia Intrafamiliar e interpersonal, y no así otros derechos proclamados por la “Convención de Belém do Pará”, especialmente aquellos relativos al ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. (Art. 5 de la Convención de Belém do Pará).




  • La implementación del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2007-2011, da lugar a emprender iniciativas oficiales para eliminar la discriminación en la vida política y pública del país, que garanticen la participación equitativa de la mujer en todos los cargos públicos de carácter electivo o jerárquico. (Art. 4 y 5 de la Convención de Belém do Pará).




  • Preocupa la escasa presencia de las mujeres en cargos de representación y jerárquicos, la existencia de discriminación salarial, la falta de medidas para aliviar la doble jornada de las mujeres, la ausencia de programas destinados a evitar estereotipos y sexismo en la educación, la ausencia de educación sexual en el sistema educativo y de salud.




  • A pesar de haberse llevado a cabo recientemente una importante reforma educativa, no se introdujeron modificaciones en los programas y textos tendientes a la eliminación de los contenidos sexistas y los estereotipos culturales; ni se incorporó la educación sexual, para enfrentar los problemas que genera el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. (Art. 8-b y e de la Convención de Belém do Pará).




  • Existe carencia de medios para que especialistas en materia de género y violencia contra la mujer, se aboquen por mandato de la ley y con medidas específicas en sus ámbitos de actuación, a subsanar las contradicciones e incongruencias del derecho positivo nacional, con participación necesaria de expertas en perspectiva de género. (Arts. 7-c y e, 8-c de la Convención de Belém do Pará).




  • El Estado no ha tomado las medidas adecuadas para eliminar la discriminación en ámbitos ajenos a los estatales (Cedaw, art. 2, inc. e), salvo en lo atinente a las relaciones laborales y en aquello relacionado con la Violencia Doméstica (VD), que se desarrolla como punto especial de este Informe. Se destaca la falta de receptividad a la demanda femenina respecto a la fijación de cuotas para:

(i) la incorporación de las mujeres en las listas de votación de los partidos políticos para cargos representativos en el gobierno;


(ii) en los órganos de los partidos políticos y de los sindicatos (sólo dos sectores de la coalición de izquierda han atendido a dicha demanda);
(iii) en los órganos de dirección de las Cámaras empresariales, los Colegios profesionales, las Asociaciones de productores rurales, etc.

(Art. 5 de la Convención de Belém do Pará).
b.2. Recomendaciones


      • General




  • Uruguay consagra el principio de igualdad en su forma más genérica en el art. 8 de la Constitución Nacional (CN): "Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos y las virtudes". La primera CN (1830) establecía que "Los hombres son iguales ante la ley..."; texto que se mantuvo en las CNs aprobadas en 1918 y 1934. El texto actual fue incorporado a la CN de 1952. A partir de esa fecha se han efectuado varias reformas constitucionales siendo la última del año 1998. Ninguna de ellas adecuó la fórmula utilizada para hacer explícitamente visible esa garantía para el sujeto mujer (CEDAW, art. 2 inc. a) utilizando lo recomendado por las técnicas jurídico-lingüísticas actuales. Teniendo las oportunidades, no se dio cabal cumplimiento al compromiso asumido en el caso específico de las mujeres en la forma preceptuada por la CEDAW (art. 2 inc. a).

Para evitar toda discriminación contra la mujer (parágrafos 1.2 y 1.3), los principios de CEDAW deben ser incorporados en la legislación nacional de manera de asegurar su cumplimiento (CEDAW Art. 2, inc. b) (Art. 7-c de la Convención de Belém do Pará).


      • Específicos




  • “Es recomendable que se involucre más y persistentemente a los legisladores hombres para que la problemática no sea entendido solo como un asunto de mujeres. Como ha ocurrido en otros países, son las mismas mujeres las encargadas del tema (Bancada Femenina) pero en general, los legisladores varones son indiferentes o resistentes al tema. (Arts. 7-c,e, y h; 8-b y c de la Convención de Belém do Pará).




  • Se advierte que la institucionalidad de apoyo a las mujeres que sufren de violencia, está básicamente centrada en la capital del país, es recomendable promover acciones y políticas para extender los servicios hacia lugares alejados de las ciudades. Asimismo, es necesario contar con representantes del Ministerio Público (fiscales), con personal especializado en la problemática de la violencia tanto en las Comisarías de la Mujer, como en las instancias operadoras de la ley pero no solo en la ciudad capital. (Arts. 7-b,f y e, 8-a y d: Deberes de los Estados, Convención de Belém do Pará).




  • Que el MSP implemente un servicio especializado en la atención de mujeres con abortos en curso o con lesiones post aborto y que difunda a todo nivel los servicios de planificación familiar y atención al embarazo adolescente que se brindan actualmente. (Arts. 4-a y b; de la Convención de Belém do Pará).




  • Es recomendable impulsar la elaboración y aplicación de normas, protocolos y procedimientos de atención de violencia para las distintas áreas encargadas de activar la ley y capacitar al personal respectivo en su manejo, más aún máxime si el país no cuenta con barreras idiomáticas. (Art. 7-c de la Convención de Belém do Pará).




  • Se recomienda que a partir de los Protocolos, se realicen acciones para la formulación de modelos de prevención, atención y recuperación de víctimas de violencia, así como programas para hombres agresores, orientado a la prevención. Es recomendable retomar el Decálogo de Incidentes Familiares y retroalimentarlo recuperando las experiencias y avances al respecto. (Art. 7 de la Convención de Belém do Pará).


c) En el Derecho Público Interno: normas penales, civiles y administrativas
c.1. Conclusiones


  • Desde que incorporó el "delito de violencia doméstica" al Código Penal Uruguayo el artículo 321 bis, la aplicación de esta norma ha sido mínima principalmente por dos razones:


i) la interpretación que de la norma realizan la gran mayoría de los operadores, exigiendo en los hechos que las lesiones sean físicas, clínicamente visibles, para que merezca la respuesta penal (CEDAW, art. 2 inc. d); desestimando así las lesiones emocionales o psíquicas
ii) la exigencia de la norma de la "prolongación en el tiempo", (repetición de los actos violentos), origina controversia debido a que muchos operadores no comprenden la existencia de un patrón de conducta violenta y el efecto que el mismo produce en las víctimas (CEDAW, art.5 inc. a.)
En materia de orientación sexual y salud reproductiva, las expertas de Uruguay- Sombra, CLADEM, critican la norma que penaliza el aborto considerándola de discriminatoria y violatoria de los derechos humanos de las mujeres, en la medida que limita su derecho a disponer de su propio cuerpo así como su derecho a la salud, a la autodeterminación y a ejercer sus derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otros, razón por la cual afirman que debe ser derogada al igual que la eximente o atenuante del honor. El Estado uruguayo no asume todavía una posición normativa acerca del aborto, encontrándose actualmente en proyecto de ley. (Art. 4-a,b y f de la Convención de Belém do Pará).
c.2. Recomendaciones


      • General

Analizar la pertinencia legal de que las víctimas de violencia cuenten con la opción de aplicar medidas de orden jurisdiccional familiar o penal, asegurando que las medidas preventivas y restrictivas como el alejamiento del agresor no sea solo en tanto dure el hecho de violencia, sino hasta que psíquica y socialmente esté rehabilitado, certificado por profesionales multidisciplinarios a cargo del Estado. También, en caso que sea pertinente, la Ley promovería la gratuidad de certificados forenses para víctimas de violencia facilitando así el acceso a la justicia. (Arts. 2 y 8-d de la Convención de Belém do Pará).




      • Específicos




  • Investigar y hacer seguimiento de la presencia de casos de negligencia médica en nosocomios públicos o privados, determinando sus causas, y calculando la tasa de incidencia negativa resultantes de intervenciones médico quirúrgicos operatorios y post operatorios a pacientes mujeres cuyas consecuencias hayan derivado en la muerte, mutilación, secuelas, o su desahucio, físico, psíquico o moral (según sea el caso). (Art. 7-b y c. de la Convención de Belém do Pará).




  • Es recomendable que se trabaje en la incorporación del feminicidio o asesinato de mujeres como tipo delictivo en el Código Penal uruguayo, incidiendo en la gravedad del acto culposo o doloso para imponer una penalización drástica que se constituya en un referente coercitivo para erradicar la violencia contra la mujer. (Art. c. de la Convención de Belém do Pará).




  • Se hace necesario que Uruguay cuente con políticas públicas y normativa referida a la difusión y real ejercicio por parte de la población respecto de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en ese marco se vea la pertinencia de establecer normas sobre el aborto a favor de las mujeres y su derecho a decidir.




  • Fortalecer institucionalmente a la fiscalía y policía especializada en materia de violencia contra la mujer, con capacitación, equipamiento y logísticamente, a fines de lograr eficiencia en el proceso de asistencia multidisciplinaria a la mujer víctima, así como para la investigación, seguimiento, detención y procesamiento posterior de sujetos o redes de individuos delincuentes dedicados a la trata de mujeres, proxenetas, gígolos, corruptores de niños y niñas, feminicidas y pseudo profesionales médicos encargados de realizar cirugías de alto riesgo o abortos en condiciones inadecuadas a mujeres, o dedicados al tráfico de órganos. (Art. 8-c. de la Convención de Belém do Pará).




  • Se debería ver la posibilidad legal de elevar la drasticidad de las sanciones para los victimadores, para de ese modo sentar precedentes y demostrar que la mencionada Ley es sumamente rigurosa para el agresor. Por otra parte, la mencionada Ley, debería contener acciones jurídicas de reparación para las mujeres víctimas de violencia. (Art. 7-e. de la Convención de Belém do Pará).




  • Es necesario realizar esfuerzos para crear Albergues Transitorios, Casas de Refugio en los lugares de mayor incidencia de violencia, donde adicionalmente reciban apoyo social, psicológico y legal por el temor que les infunde la salida del hogar, los hijos, la alimentación, etc. (Art. 8-d. de la Convención de Belém do Pará).




  • Se recomienda que el poder público promueva, impulse y fortalezca cualitativa y cuantitativamente el incremento de grupos de auto ayuda, sobre todo a nivel de municipios y organizaciones sociales urbano-rurales, facilitando espacios para desarrollar sus acciones, convenios con instituciones de formación de psicólogos y otros para que presten servicios gratuitos en dichas instancias. (Arts.6 y 7-c y f de la Convención de Belém do Pará).


d) En sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
d.1. Conclusiones


  • Aún cuando la Constitución Nacional (CN) reconoce la libertad de trabajo, profesión y empleo a toda persona (art. 36), salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes (CEDAW, art. 11. 1, inc. a), sin efectuar mención específica a la mujer, persisten varios problemas para eliminar tratamientos discriminatorios por tres razones básicas:


i) la técnica jurídico-lingüïstica utilizada en la redacción de varias leyes laborales, ya que no incorporan explícitamente la no discriminación de las mujeres;
ii) la mayoría de los legisladores desconoce las diferentes necesidades que tienen las mujeres y los hombres, y por lo tanto, muchas veces establecen requisitos para acceder a ciertos derechos que resultan lesivos para las mujeres;
iii) la aplicación que hacen los operadores y los empleadores en general (incluyendo el Estado como empleador), de dichas normas.


  • En Uruguay, la situación de discriminación que enfrentan las mujeres trabajadoras está directamente relacionada con los "arreglos sociales" basados en una división sexual del trabajo tradicional, que tiene sus fundamentos en los patrones socioculturales dominantes. Desde hace más de veinte años, las limitaciones para un crecimiento económico sostenido, el peso de las políticas de ajuste sobre los salarios y cambios en el gasto público social, explican el incremento del sobretrabajo de las mujeres. (Art. 7 a,b,c y e. de la Convención de Belém do Pará).


d.2. Recomendaciones


      • General




  • Debe continuar el trabajo de coordinación y articulación de esfuerzos para enfrentar la violencia contra la mujer, entre Estado, Cooperación internacional, ONGs, y sociedad civil organizada, lo que facilita la referencia y contra referencia y una atención más integral de la problemática, es decir en cuanto al ejercicio de sus derechos plenos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, (Art. 8-i. de la Convención de Belém do Pará).




      • Específicos




  • Para eliminar discriminaciones en las áreas laborales se requiere políticas de Estado especialmente diseñadas para la:


i) capacitación en las temáticas a ejecutivos de la administración pública, jueces, abogados laboralistas, entre otros;

ii) aprobación de un Plan de Igualdad en la función pública;

iii) mayores controles de las violaciones que ocurren en la actividad privada en relación con las discriminaciones;

iv) aplicación estricta de toda la normativa laboral referida a las mujeres, sea por parte de los empleadores, por parte de las oficinas estatales correspondientes o por parte de los tribunales intervinientes.

(Art. 7-a,b,c; 8-c. de la Convención de Belém do Pará).


  • Se recomienda contar con una base de información sobre casos de vulneración de los derechos de la mujer en materia civil, (contratos, propiedad, obligaciones, sucesiones, en áreas geográficas urbanas y rurales) y económicos. (Art. 13 CEDAW). (Art. 3 de la Convención de Belém do Pará).




  • Se extienda el grado de participación de dichos derechos y los relacionados en materia familiar que tienen las mujeres en agrupaciones de minorías afrodescendientes, e indígenas, mestizos, u otros, si los hubiera, y el reconocimiento de sus prácticas sociales, y culturales. (Art. 16 CEDAW), (Art. 6 de la Convención de Belém do Pará).

e) En las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respaldan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer



e.1. Conclusiones


  • Considerando que en el país el Estado sigue siendo el principal empleador y sus empresas de servicios y organismos sectoriales son los que atienden a la mayor cantidad de público, el cumplimiento del inciso c) de la CEDAW resultaría decisivo para promover el cambio de los patrones socioculturales y las prácticas consuetudinarias que perjudican a las mujeres (CEDAW, art. 5 inc. a). Máxime considerando que - salvo la simple voluntad política - no se advierten limitaciones de otra índole para subsanar el incumplimiento actual. (Art. 7 primer párrafo; lit. a, b y c. de la Convención de Belém do Pará).


f) Patrones socioculturales de conducta, incluyendo el diseño de programas de educación y comunicación que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer
f.1. Conclusiones


  • El Gobierno ni los organismos estatales especializados, han sido lo suficientemente sensibles para promover el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en la educación y desarrollo de los hijos (CEDAW, art. 5).




  • En materia de educación, no obstante la consagración formal de igual acceso a mujeres y hombres a cualquier nivel de la educación formal "libre, gratuita y obligatoria", con vigencia del principio de la co-educación (mixta) desde principios del Siglo XX, hasta el día de hoy, las autoridades de los entes rectores de la educación no han cuestionado los conceptos estereotipados de lo masculino y femenino que se trasmiten a través de ella ni se han revisado el contenido de los programas y las prácticas docentes. (Art. 8-b. de la Convención de Belém do Pará).


f.2. Recomendaciones


      • General




  • Que los organismos rectores de la educación, en sus niveles, de formación primaria, secundaria, y superior universitario (y algunos postgrados), analicen la posibilidad de incluir en la currícula o pensums académicos, la educación sobre derechos sexuales y reproductivos, temática sobre el enfoque de género, y erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres, asignándole el espacio correspondiente, contribuyendo así a una formación integral de la personalidad. (Art. 8-b. de la Convención de Belém do Pará).




      • Específicos




  • Realizar campañas periódicas de sensibilización sobre las discriminaciones basadas en el género, involucrando en ellas a las empresas privadas de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil; incorporar las temáticas de género y la normativa internacional al respecto en la formación profesional y en los cursos de la Oficina de Servicio Civil; difundir, a través de los órganos de prensa estatales, materiales elaborados para contribuir a eliminar los estereotipos de género y los patrones socioculturales que inferiorizan a las mujeres, así como las resoluciones y acciones del sistema de Naciones Unidas en relación con la condición de las mujeres. (Art. 8-g. de la Convención de Belém do Pará).




  • Implementar normas referidas a un manejo adecuado de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación Social y Publicidad

2. Acceso a la Justicia
2.1. Conclusiones


  • La promulgación de disposiciones legales de prevención, sanción y erradicación de otras formas de violencia que sufren las mujeres, requieren de la visión general y especializada del tema de la mujer en el ámbito normativo a fin de no subsumirla sólo a la violencia domestica. Al no identificarse la existencia de varios tipos de violencia, o formas de expresión de violencia contra las mujeres, la aplicación de la norma y la imposición de las sanciones se dejan libradas a la sana crítica de la autoridad administrativa o del Juez, lo cual, como sabemos, está permeada de prejuicios de género contra la mujer, o bien se incurre en desconocimiento de la materia especial. Por otro lado, los avances que existen deben ser compatibilizados en los distintos Poderes del Estado. (Art. 8-b y c. de la Convención de Belém do Pará).




  • La ruta procesal penal, por sí sola, plantea serias dificultades. A éstas se suman el desistimiento de la víctima a proseguir con los juicios iniciados, por desconocimiento, indefensión, pobreza y la pérdida de los ingresos provenientes del agresor. La sanción penal, por otra parte, no tiene respuestas para, entre otros problemas:


i) la situación de los hijos menores;

ii) la exclusión del agresor del hogar (salvo que se procese, situación en la que debe ponerse plazo durante el cual no podrá acercarse a la víctima);

iii) para la asistencia alimentaria y de vivienda,

iv) asistencia a la víctima y el victimario.
2.2. Recomendaciones


      • General




  • Es imprescindible que el Estado Uruguayo cuente con una ley como la que se encuentra a estudio:




  • primero para equipar a los jueces instrumentos adecuados para la defensa de los DD.HH. de las mujeres y las familias;




  • segundo para dar cumplimiento, además, a la obligaciones asumidas al ratificar varios tratados y directrices internacionales (CEDAW, Convención de Belem do Pará, Plan de Acción para la Mujer aprobado en Beijing, etc.); y




  • tercero, para ponerse al nivel de los otros veintinueve países de América Latina y el Caribe, que ya tienen leyes al respecto. (Art. 7-c,d y e. de la Convención de Belém do Pará).




      • Específicos




  • A lo señalado debe agregarse la necesidad de implementar el funcionamiento de Albergues Transitorios, Casas de Refugio en los lugares de mayor incidencia de violencia, donde adicionalmente reciban apoyo social, psicológico y legal por el temor que les infunde la salida del hogar, los hijos, la alimentación, etc. (Art. 8-e. de la Convención de Belém do Pará).


3. Presupuesto Nacional
3.1. Conclusiones


  • Al parecer los mayores esfuerzos presupuestarios se destinan a la atención de la violencia, y no así en la prevención siendo un tema prioritario en el cual no parece estarse invirtiendo. (Art. 7-primer párrafo, de la Convención de Belém do Pará).




  • La asignación de presupuestos también debe destinarse hacia la formación y capacitación sistemática del personal encargado de la atención de la violencia contra las mujeres. (Art. 8-c. de la Convención de Belém do Pará).


3.2. Recomendaciones


      • General




  • El Estado, deberá ser coherente con la voluntad política expresada de realizar esfuerzos para lograr la equidad de género y la erradicación de la violencia hacia la mujer, asignando de manera transparente y pública, presupuestos adecuados para tal efecto. La información de inversión para el avance de las mujeres, no debe perderse en un informe general, pues este aspecto impide visualizar el aporte del Estado versus el aporte de la cooperación internacional. El compromiso del Estado con y por las mujeres, se expresa no solo en voluntad política, ésta se traduce en presupuestos concretos y fiscalizados destinados a la prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia contra los derechos humanos de las mujeres. (Art. 7-primer párrafo, de la Convención de Belém do Pará).




      • Específicos




  • El órgano rector de las políticas de Género, el Instituto de la Mujer y el Consejo Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, debe promover la atención uniforme de los casos de violencia, realizar gestiones para lograr presupuestos que viabilicen la formulación, aplicación y difusión de un Protocolo de atención de violencia. (Art. 8-e. de la Convención de Belém do Pará).


4. Información y Estadísticas
4.1. Conclusiones


  • Se ha evidenciado deficiencias en la generación de información y medición de impactos producto de la violencia contra la mujer, por lo que es necesario la creación y fortalecimiento de un sistema nacional de indicadores de violencia contra las mujeres. (Art. 8-h. de la Convención de Belém do Pará), que reúna y procese la información generada en diversas fuentes y la publique periódicamente; los institutos de distintas Facultades y Escuelas deberían contar con programas dedicados a la investigación del problema y de su desarrollo a lo largo del tiempo; resulta urgente generar mecanismos que permitan detectar el fenómeno tempranamente y evitar sus consecuencias más graves, mediante continentación y tratamiento.(22/)


4.2. Recomendaciones


      • General




  • Debe implementarse y poner en funcionamiento un Sistema Nacional de Registro de Datos Indicadores y Seguimiento de Casos de Violencia Hacia la Mujer, sobre el desenlace de las denuncias presentadas, procesadas, concluidas en sede administrativa, fiscal, judicial o policial, asimismo sobre el número de víctimas fallecidas, hospitalizadas, el número de victimarios o autores de violencia contra la mujer, su situación legal, social y psicológica, su rehabilitación, la situación de los hijos, y también procesar y registrar información sobre el número de otras instancias públicas y privadas que trabajan sobre la problemática, el número de casas de refugio y otros datos que permita contar con insumos para la formulación de políticas, ajustarlas y diseñar programas específicos en aquellos lugares o regiones con mayor incidencia de violencia contra las mujeres. (Art. 8-e. de la Convención de Belém do Pará).




      • Específicos



  • Deben publicarse estadísticas que permitan cuantificar las situaciones de discriminación en varios ámbitos: empleo (acceso, salarios, doble jornada, acoso), violencia (doméstica y sexual) salud reproductiva (aborto, minorías). Además de traslucir que la falta de voluntad política y la ausencia de indicadores no permite elaborar políticas acordes, ni rendir cuentas a la ciudadanía de las acciones emprendidas, a pesar que el Estado podría contar con buena parte de ellos a través del Instituto Nacional de Estadísticas. (Arts. 7, primer párrafo,lit.c,e,h; 8-a y h. de la Convención de Belém do Pará).




(1. Expresiones del Presidente de la República Oriental del Uruguay: Dr. Tabaré Vásquez que se ajustan a las expectativas legales contenidas en el Capítulo II (Derechos Protegidos), Artículo 5 de la Convención de Belém do Pará.

(2. La Convención de Belém do Pará , en el Capítulo III (Deberes de los Estados), Art. 7- e., obliga a los Estados Partes adoptar, “por todos los medios apropiados y sin dilaciones, todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”.

(3. La Convención de Belém do Pará, en el Capítulo III (Deberes de los Estados), Art. 7- f., obliga a los Estados Partes “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.

(4. La falta de provisión de recursos presupuestarios dirigidos a establecer mecanismos para actuar con la debida diligencia a efectos de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, está contenido en el Artículo 8 de la Convención de Belém do Pará, que en su literal h. señala el deber de todo Estado a “adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención”.

(5. Se trata de la Observación General Número 28 al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Observación General Nº 16 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

(6. Mediante la Convención de Belém do Pará, los Estados Partes reconocen el respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, asimismo recuerdan la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigésimo quinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión.

(7. Datos extraídos de "El aborto en condiciones de riesgo: principal causa de mortalidad materna en los países en vías de desarrollo. Principal causa de mortalidad materna en Uruguay". Briozzo, L. et al., 2001, Montevideo, xerox

(8. La Convención de Belém do Pará, en su Artículo 7-c. obliga a los Estados Partes, “incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso”.

(9. Encuesta realizada por Interconsult entre los días 30 de junio y 4 de julio de 2007, de acuerdo a las siguientes características: Universo: Personas de 17 años y más, de ambos sexos, residentes en localidades mayores de 5 mil habitantes. Tamaño de muestra: 889 hogares. Diseño muestral: muestra probabilística, por conglomerados, bietápica, estratificada por zonas y nivel socioeconómico.

(10. Datos extraídos de "El aborto en condiciones de riesgo: principal causa de mortalidad materna en los países en vías de desarrollo. Principal causa de mortalidad materna en Uruguay". Briozzo, L. et al., 2001, Montevideo, xerox.


(11. La información sobre la prostitución aquí expuestas, como documento fue elaborado por el Centro CLADEM Uruguay con el propósito de mostrar la situación sobre la discriminación contra la mujer en nuestro país. Se realizó un análisis de las regulaciones dictadas por las instituciones públicas, legislación, políticas públicas y la realidad, que hacen al grado de cumplimiento de la obligación del Estado uruguayo, al firmar la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

(12. Cladem Uruguay en el marco de proyecto de capacitación sobre violencia doméstica que desarrolló en el interior de la República en el año 2004,

(13. La Convención Belém do Pará, en su Artículo 5 dispone: “Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

(14. Artículo 2, Ley 17.817 Lucha Contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación).

(15. Fuente: Informe País- Convención CEDAW, Editado por el Instituto Nacional de la Mujer, Junio 2007, Uruguay.

(16. Para información detallada ver “Bancada Femenina. Rendición de Cuentas del período legislativo 2000-2005”, Cámara de Representantes XLVa. Legislatura, Uruguay.


(17. Según respuestas de CLADEM a cuestionario formulado.

(18. CLADEM: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (grupo Uruguay). La CNS nuclea a casi todas las organizaciones de mujeres del país.


(19. La Convención de Belém do Pará, en su Art. 4- b, e y g, dispone que toda mujer tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; asimismo a que se respete su dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; y al derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos.

El Art. 7-b, establece como deber de Estado el “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.



(20. La Convención de Belém do Pará, en su Art. 8- h, dispone que los Estados Partes tiene el deber de “garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer”.

(21. Fuente: Isabel Villar, La República de las Mujeres, Uruguay. (concuerda con La exposición de motivos y fundamentos contenidos en el Preámbulo de la Convención de Belém do Para, y Art. 1 de la CEDAW).


(22. La Recomendación de generar un sistema nacional de indicadores de violencia contra las mujeres, como documento, fue elaborado por el Centro CLADEM Uruguay.



Compartir con tus amigos:
1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad