Reunión de expertas sobre mecanismo de



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(Fuente: Elaboración OIT con base en datos INE).


No existen políticas públicas, ni normas específicas referidas a los Derechos Sexuales y Reproductivos, por este motivo, no existe el conocimiento sobre estos Derechos así como el ejercicio de los mismos.
En materia de salud reproductiva de las mujeres, no existe un marco teórico referencial documentado y/o accesible que defina claramente los objetivos de la intervención del MSP en el campo de los servicios de anticoncepción. No es clara, ni se cuenta con información documentada, la situación de los servicios de planificación familiar en el interior del país. No se incluyen servicios de anticoncepción de emergencia ni en los servicios de Montevideo ni en el interior del país.

Según datos de Naciones Unidas, entre los únicos 4 países de las Américas que no tiene cifras registradas con relación al aborto provocado, se encuentra Uruguay, (junto con República Dominicana, Jamaica y Haití). En un año y en un solo centro hospitalario se han producido más muertes maternas por aborto que las registradas en todo el país, en años anteriores. De las 21 pacientes que fueron trasladadas del Hospital Pereira Rossell a C.T.I. por complicaciones post aborto provocado entre 1996 y noviembre de 2001, 7 murieron (todas por causa infecciosa) 5 durante el año 2001 (de las 14 que sobrevivieron, 7 quedaron mutiladas)(7/)
El incremento de los divorcios a causa de la migración masculina periódica en busca de trabajo y la pérdida de calidad de vida de los hogares, plantea mayores desafíos a las mujeres para atender el núcleo familiar, persisten las dificultades de parte de los operadores encargados de asumir la responsabilidad conjunta de hombres y mujeres en relación a la familia. Esto a pesar de las facultades otorgadas (poderes inquisitivos en la temática) a los tribunales de familia por la nueva ley procesal vigente a partir de 1989.
c) En el Derecho Público Interno: normas penales, civiles y administrativas.(8/)
c.1. Avances


  • Normas penales


La Ley de seguridad Ciudadana, aprobada en 1995 incorporó algunos cambios de relevancia en el Código Penal, relativos a la violencia contra la mujer, sin llegar a modificar la estructura general del mismo.
La Ley 16.707 de 12/06/95, incorpora el delito de violencia doméstica como art. 321 bis del Código Penal, cuyo texto expresa:
El que por medio de amenazas prolongadas en el tiempo, causare una o varias lesiones personales a persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva o de parentesco, con independencia de la existencia del vínculo legal, será castigado con una pena de seis a veinticuatro meses de prisión.
La pena será incrementada de un tercio a la mitad cuando la víctima fuere una mujer y mediaren las mismas circunstancias y condiciones establecidas en el inciso anterior.
El mismo agravante se aplicará si la víctima fuere un menor de dieciséis años o una persona que, por su edad u otras circunstancias tuviera su capacidad física o psíquica disminuida y que tenga con el agente relación de parentesco o cohabite con él”.
Incorpora como tipo penal la inducción o determinación a la prostitución en el país o en el extranjero. A través de esta modificación se agrega un inciso a la ley de proxenetismo (Ley 8080), penalizando la conducta de quien con ánimo de lucro indujere o determinare a otro al ejercicio de la prostitución en el país o en el extranjero. (art.24).
El Estado parece haber reconocido - aunque parcialmente - su falta de amparo a las mujeres que vivieron en condiciones de esclavitud en Italia, víctimas de proxenetas, al permitir que las prostitutas accedan al certificado de buena conducta y consiguientemente, a la obtención del pasaporte. Esa era la circunstancia que utilizaban los criminales para sacarlas del país proporcionándoles pasaportes falsos, con la complicidad de agentes de viajes y policías. La misma razón parece ser el fundamento de la creación del delito de reclutamiento para ejercer la prostitución en el país o en el extranjero.
Amplía la agravante genérica especial prevista para el homicidio en casos de parentesco, al concubino/a more uxorio. (art.12).
En el delito de violación se dispone un aumento del máximo de la pena del delito de violación pero también se reduce la edad por debajo de la cual se presume absolutamente la violencia, de los quince a los doce años de edad. Entre los doce y los quince rige la presunción relativa de la violencia (admite prueba en contrario). (art.9).
La Ley 17.815 de 6/9/04, tipifica como delitos la explotación sexual comercial infantil de niños, niñas y adolescentes, teniendo especialmente en cuenta los compromisos emergentes de la ratificación por el país del Protocolo sobre venta, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía, facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. Incorpora a nuestro ordenamiento como tipos penales la producción, comercialización y almacenamiento de pornografía infantil, penaliza la conducta del cliente de prostitución infantil y una de las etapas de la trata, cual es la salida de niños del país para la explotación.
La Ley 17.938 del 29/12/05, deroga el art. 116 del Código Penal y 22 y 23 del Código de Procedimiento Penal por los que el matrimonio del ofensor con la ofendida que antes extinguía el delito o la pena en su caso, tratándose de los delitos de violación, atentado violento al pudor, estupro y rapto.
Temas como la eutanasia y el aborto, inevitablemente se plantean en las agendas sociales y políticas, obligando a los parlamentos a tomar posición al respecto e interpelando a los titulares del gobierno. El Poder Legislativo es el encargado de recoger el sentir de los ciudadanos respecto a los temas fundamentales de la sociedad, a fin de generar leyes que regulen la conducta de sus habitantes. Si bien no existen estadísticas oficiales de abortos, sí existen algunas estimaciones de muy diversas fuentes que arrojan datos muy disímiles.

Según las encuestas realizadas por Interconsult, en octubre de 2002, un 38% de los uruguayos es partidario de la despenalización total del aborto (por cualquier causal), un 30% se pronuncia en contra, mientras que el restante 26% se ubica a mitad de camino y considera que la suspensión de la vida del feto se debería permitir solamente en ciertos casos especiales.
En la última encuesta(9/), con el tema otra vez en el tapete, la proporción de quienes se encuentran a favor de la despenalización trepa al 64%, con casi un 30% en contra y un 7% que no responde. Entre quienes “votarían” por el ‘SÍ’ ante una posible consulta popular, son mayoritariamente mujeres (66%), los más jóvenes (69%), las personas de estratos altos (68%), los no creyentes (81%), así como los votantes del FA (68%) y los montevideanos (69%).

El 88% de los no creyentes y el 60% de los católicos votaría “sí” en un plebiscito.


Mortalidad por causa del Aborto en América Latina(10/). Mientras que a nivel mundial el porcentaje de esta causa de muerte materna está en una media del 13%, y en América Latina el promedio es del 21%, en Uruguay en el periodo 1995-1999, fue del 27.7%. Y, sólo en el Hospital Pereira Rossell entre 1996 y noviembre de 2001, la muerte materna por aborto realizado en condiciones de riesgo fue del 47%. Siendo las mujeres pobres las que corren los mayores riesgos.


  • Normas de prevención y protección


La Ley 17.514 de18/6/ 2002 define la violencia doméstica y dispone una serie de medidas para la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. Lo define así:
A) Violencia física: acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona.
B) Violencia psicológica o emocional: Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional.
C) Violencia sexual: Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual.
D) Violencia patrimonial: toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.
Se instaura un proceso de urgencia (no penal) para la aplicación de medidas cautelares ante la denuncia de una situación de violencia intrafamiliar. Estas medidas deben aplicarse de inmediato (previo análisis sumario de la petición) y evaluarse a los diez días. En caso de denegarse la aplicación de las medidas, debe fundamentarse expresamente la denegatoria.
Se crea el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, de carácter interinstitucional con el cometido de elaborar el Plan Nacional, asesorar, coordinar acciones, velar por el cumplimiento de la ley, etc.
La Ley 17.707 del 10/11/03, faculta a la SCJ a transformar juzgados de familia en Juzgados especializados con competencia en violencia doméstica.


  • Por Acordada 7535 del 7/12/04, el Poder Judicial transformó cuatro juzgados de familia en juzgados de familia especializada, con competencia en violencia doméstica y con competencia de urgencia en los temas relativos a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes (sean o no situaciones derivadas de la violencia intrafamiliar).


La Ley 17.514 establece entre las medidas cautelares que el Juez puede disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación (Art.10 inc.7). La única experiencia estatal es llevada a cabo por la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo en sus dos Programas: “Por el Derecho a una vida libre de violencia de género” y “Comuna Mujer” del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD); el cual cuenta con dos Servicios de Atención a varones que ejercen violencia contra la mujer, en dos zonales de la descentralización municipal (no existe sistematización por tratarse de una experiencia reciente).
Mediante Ley Nº 17.386 se sancionó la llamada "ley de acompañamiento en el parto", a iniciativa de una Senadora de profesión médica, que le otorga el derecho a la parturienta a estar acompañada de una persona de su confianza o en su defecto, a su libre elección de una especialmente entrenada para darle apoyo emocional.
En cuanto a la actividad de la prostitución, ésta se halla reglamentada por la Ley No. 8080 y su Decreto Reglamentario del año 1928, otorgándole el control de la misma a las autoridades de salud pública, municipios y policía. Se reglamenta para que pueda ejercerse con carácter lícito y sólo para proteger la salud pública - que no sea foco de contagio de enfermedades de transmisión sexual - el orden público, las buenas costumbres y la moral pública
A fines de la década de los 80 un grupo de prostitutas creó una asociación de meretrices (AMEPU - Asociación de Meretrices y Prostitutas del Uruguay) que actualmente ha logrado reconocimientos importantes:
(i) se les levantó la prohibición administrativa de acceder al certificado de buena conducta, lo que les permite la obtención del pasaporte;
(ii) el Banco de Previsión Social reconoció a las prostitutas su calidad de trabajadoras, lo que les permitió afiliarse al sistema de seguridad social como trabajadoras independientes y obtener los beneficios correspondientes, incluso el derecho a retiro. A raíz de ello, logró integrarse como gremio a la Central de Trabajadores, pasando a ser un miembro más de la misma.(11/)


  • Normas administrativas

Para los funcionarios públicos existe la obligación genérica de denunciar los delitos que se cometieren en su repartición sancionándose la omisión y el retardo como conductas antijurídicas tipificados como “delitos contra la administración de justicia”, con 3 meses a dos años de suspensión (art. 177 del Código Penal); asimismo se contempla otros delitos de orden público como el encubrimiento, tráfico de influencias, o el abuso de funciones de los funcionarios policiales, que condenan a penitenciaría.


Decreto de fecha 5 de febrero de 1997, Reglamentario de la Ley 16045 de 1989 de Igualdad de oportunidades y de trato en materia laboral, prevé las conductas de acoso sexual en el lugar de trabajo o en ocasión de él, como una forma de discriminación grave, entendiendo por tales cualquier comportamiento, propósito, gesto o contacto de orden sexual no deseado por la persona a la que va dirigido y que le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral. Da lugar a otro tipo de acciones por parte de la víctima.
c.2. Obstáculos
El Código Penal uruguayo NO regula la temática de la mujer en forma integral ni con perspectiva de género, porque mantiene la estructura tradicional de los códigos penales de la región de principios de siglo XX.



  • La violencia sexual siguen regulándose como delitos contra la moral y las buenas costumbres; se prevén tipos penales como “atentado violento al pudor, ultraje público al pudor, corrupción, etc.”




  • Las conductas constitutivas de acoso sexual están tipificadas en el Código Penal como falta contra la moral y las buenas costumbres:


Respecto de la violencia sexual dentro del matrimonio, no existe norma especial que lo sancione, sin perjuicio de que se pueda aplicar el marco normativo general. Persisten concepciones tradicionales que no visualizan como violencia las agresiones sexuales en el matrimonio, salvo que generen a su vez lesiones físicas u otro tipo de consecuencias que permitan incluir tal conducta en otro tipo penal, por ejemplo, en los delitos de Violación y Atentado Violento al Pudor (arts. 272 y 272 del Código Penal, entre otros).
No hay normas específicas que favorezcan a las mujeres, víctimas de violencia, en materia de reparación del daño provocado. Sin perjuicio de que pueden aplicarse las normas generales y las normas de derecho internacional ratificadas por el país (aplicables directamente al ordenamiento interno por imperio de lo dispuesto en los arts. 72 y 332 de la Constitución) pero no se conocen antecedentes jurisprudenciales en la materia.
NO existen programas estatales integrales de tratamiento para los agresores, pese a que la Ley 17.514 establece entre las medidas cautelares que el Juez puede disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación (Art.10 inc.7); y que el artículo 23 de la misma ley establece la rehabilitación y la reinserción social del agresor, mediante la asistencia y el tratamiento, instrumentos de esta política de defensa social”; se exceptúa la llevada a cabo por la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo en sus dos Programas:“Por el Derecho a una vida libre de violencia de género” y “Comuna Mujer” del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD).
CLADEM Uruguay, el año 2004, pudo constatar que en el interior de la República las mujeres prácticamente no tienen asistencia legal obligatoria en las audiencias de violencia doméstica, ya sea porque no existe defensor en ese lugar, o porque viene de otro pueblo una vez por semana, o porque si existe defensor, es muy difícil que esté presente en una audiencia de ese tipo, ya que en general siempre tiene otras “más importantes” en el mismo horario. La ley se incumple y la mujer queda sin defensa. Esa es la constante en el interior del Uruguay. (12/)
No existen disposiciones legales o administrativas que haga obligatoria la capacitación permanente en materia de género para funcionarios públicos. Algunas dependencias del Poder Ejecutivo han realizado algunos cursos de sensibilización en género o específicamente sobre violencia doméstica, pero los mismos han abarcado solamente a algunos sectores de funcionarios

En cuanto a la trata de mujeres, merece mencionarse un caso de esta década que ilustra sobre nuevos riesgos para ciertas mujeres. A partir de una investigación periodística, realizada por una mujer, quedó al descubierto una organización criminal transnacional uruguaya que reclutaba mujeres para ejercer la prostitución en Milán. La actividad realizada, dentro del país, correspondía a la prevista como delito de proxenetismo y asociación para delinquir. Reunida la prueba por jueces italianos y puesto en conocimiento de la justicia uruguaya, varios integrantes fueron sometidos a juicio penal en ambos países. No obstante, en Uruguay y a pesar que la Suprema Corte de Justicia en 1996 (ver Anexo Nº 4) validó la interceptación telefónica realizada en Italia probando la participación de numerosas personas, un tecnicismo permitió que en el tribunal de segunda instancia no continuara la investigación contra uno de los procesados, cerrándose la causa a su respecto.
d) En sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.(13/)
d.1. Avances
La igualdad de derechos políticos se consagró en Uruguay en 1932.
El Primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos en el Uruguay (2007), busca construir la igualdad de oportunidades y derechos, y la no discriminación de las mujeres, con políticas integrales e integradoras que posibiliten la articulación de las instituciones y de las políticas públicas en la sociedad uruguaya.
Emitieron los siguientes principios rectores del Plan:
i) Garantizar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de las mujeres conceptualizados como derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, aplicando y desarrollando una legislación igualitaria.
ii) Promover la ciudadanía plena, garantizando el ejercicio de los derechos; la inclusión social, política, económica y cultural de las mujeres, así como su participación activa en los procesos de desarrollo.
iii) Promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de igualdad el trabajo productivo y las relaciones familiares y aseguren el acceso equitativo de hombres y mujeres a los procesos de innovación, ciencia y tecnología en los planes de desarrollo.
El enfoque de género establecido en todos sus componentes en el referido Plan de Oportunidades, tiende a eliminar todas las formas de discriminación racial, entendiendo por discriminación la legislación uruguaya (Ley 17.817), lo siguiente:
A los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación, toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.(14/)
Este plan de manera general delinea las siguientes estrategias que posibiliten la igualdad de derechos en democracia:


  • Lei 1: Establecimiento de una agenda legal para la igualdad, poniendo especial énfasis en una adecuación de la normativa nacional a la legislación internacional para la igualdad de las mujeres.

  • Lei 2: Desarrollo de medidas para el logro de la participación política plena de las mujeres.

  • Lei 3: Desarrollo de capacidades para la igualdad y la no discriminación de género en las actuaciones de la administración pública.

  • Lei 4: Desarrollo de medidas que integren la transversalidad de género en las actuaciones de la administración pública.

  • Lei 5: Desarrollo de mecanismos institucionales para la igualdad y la no discriminación

  • Lei 6: Incorporación de la perspectiva de género al Presupuesto Nacional.

  • Lei 7: Desarrollo de medidas que promuevan el conocimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres y su acceso a la justicia.

  • Lei 8: Desarrollo de estrategias para la promoción de ciudades seguras, fortaleciendo los enfoques de prevención y protección.

  • Lei 9: Implementación efectiva del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica.

  • Lei 10: Desarrollo de medidas que contribuyan a una distribución equitativa de las responsabilidades familiares.

  • Lei 11: Desarrollo de medidas que contribuyan a la democratización de la información y el conocimiento de los derechos de las mujeres.

  • Lei 12: Desarrollo de prácticas comunicativas no discriminatorias que respondan a intereses y necesidades de hombres y mujeres que promuevan imágenes no estereotipadas y libres de prejuicios.

  • Lei 13: Desarrollo de línea de trabajo tendientes a recuperar la memoria histórica de las mujeres uruguayas.


d.2. Obstáculos
En el ámbito público, el acceso extremadamente reducido de mujeres a cargos públicos de responsabilidad en los tres poderes del Estado es una de las principales debilidades que presenta el país en lo que respecta a la equidad de género en lo político.
El 10.8. % de los parlamentarios electos en las elecciones nacionales de 2004 fueron mujeres. Esa baja representación política de las mujeres, llevó a Uruguay a ubicarse en el lugar 92 entre 138 países en la Clasificación Mundial de Mujeres en el Parlamento de la Unión Interparlamentaria (UIP) de 2006.
Solamente el 17.1% de los ediles electos en 2005 y el 23% de los altos cargos políticos designados por el Ejecutivo en 2005 fueron mujeres.
Respecto al poder judicial, el acceso de las mujeres a los cargos de decisión tampoco tuvo avances significativos. En 2006 asumió por segunda vez una mujer como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia.
Finalmente la representación de las mujeres afrodescendiente en los tres poderes del Estado es prácticamente inexistente.
e) En las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respaldan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.
No se tiene disponibilidad de referentes en cuanto a prácticas jurídicas o consuetudinarias en Uruguay, debido a que su población es mayoritariamente descendiente de europeos, y que a comparación de otros países vecinos, casi carecería de población indígena.
La representación de las mujeres afrodescendiente en los tres poderes del Estado es prácticamente inexistente.
La población de la República Oriental del Uruguay está compuesta por:(15/)


  • Descendientes de europeos: 87.02%.

  • Descendientes de africanos: 9 %

  • Indígena: 3.07 %.

  • Otros: 0.92 %.


f) En los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación y comunicación que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer
f.1. Avances
A impulso de las legisladoras, tanto en la pasada legislatura (2000-2005) como en la actual (2005-2010), todas las mujeres legisladoras de todos los partidos con representación parlamentaria han constituido la Bancada Femenina, que es un espacio de coordinación entre las legisladoras y con las mujeres con responsabilidades en los otros poderes del Estado y con las organizaciones feministas y de mujeres.
Algunas legisladoras, tienen formación en la perspectiva de género desde época anterior a su ingreso al Poder Legislativo. Esto porque han llegado a la política partidaria luego de años de militancia en el movimiento de mujeres, o luego de una sostenida militancia en la Red de mujeres políticas.
Este intercambio permanente, entre las legisladoras y el movimiento de mujeres y las académicas dedicadas a los temas de género, ha ido consolidando una perspectiva común de la Bancada Femenina que es particularmente sólida con respecto a la lucha contra la violencia de género. Tal es así que tanto la redacción del proyecto de Ley como la aprobación de la Ley 17.514 de violencia doméstica fueron producto de un quehacer conjunto entre las legisladoras y connotadas militantes feministas y académicas.
Las legisladoras participan habitualmente, sea como panelistas o asistentes, en gran número de seminarios, talleres y reuniones de trabajo sobre los temas de género organizados por la academia o por el movimiento feminista y de mujeres.
El Parlamento Nacional ha sido el espacio privilegiado para la realización de un importante número de seminarios y otras actividades de denuncia y análisis sobre la violencia contra la mujer, particularmente contra la violencia doméstica. Actividades que muchas veces fueron convocadas por las Cámaras, la Bancada Femenina o contando con su auspicio, aunque organizadas por la sociedad civil. (16/)
La Comisión de Género y Equidad de la Cámara de Diputados, ha recibido la visita de varias delegaciones de expertos tanto nacionales como internacionales. Merecen particular mención tanto la asistencia a la Comisión como la reunión de trabajo realizada con los técnicos del ILANUD y con los representantes del Poder Judicial francés.
Se ha distribuido información respecto de violencia contra la mujer a las legislaturas nacionales, provinciales y locales.
Las legisladoras nacionales han hecho llegar materiales en intervenciones y han asistido en diversas oportunidades a los Legislativos departamentales (provinciales) a realizar intervenciones sobre la violencia doméstica.
La Cámara de Senadores ha editado un CD con las principales normativas tanto nacional como internacional en materia de género.

A instancias de la Bancada Femenina y la Secretaría Pro-Témpore de la CIM-OEA la red de radiodifusión y televisión privada realizó una campaña publicitaria en contra de la violencia doméstica en el año 2002, material que aún se utiliza, fundamentalmente, por los medios de comunicación estatales.


Por iniciativa de la Bancada Femenina la página Web del Poder Legislativo ha difundido en el mes de noviembre de 2005, las estadísticas nacionales sobre violencia doméstica y cartelería alusiva a la fecha.
Tanto la Bancada Bicameral Femenina como los funcionarios del Poder Legislativo distribuyeron el 25 de noviembre de 2005 un volante denominado “La vida de una persona es asunto de todos y de todas, no a la violencia contra las mujeres” a toda persona que accedió a las instalaciones del Palacio Legislativo.
En el caso de los Juzgados de Familia Especializados, previamente a la puesta en funcionamiento, todos los recursos humanos fueron instruidos sobre la temática, capacitándose a Jueces, Defensores, técnicos, actuarios, personal técnico y hasta el personal policial de servicio allí.
Se realizaron cursos para oficiales, clases y agentes de policía en la Escuela Nacional de Policía, con una carga horaria de 30 horas semanales, capacitándose a 104 funcionarios en el año 2001.

Se destacan como favorables las medidas internas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para capacitar a su plantel de inspectores en la detección de las violaciones a Convenios de la OIT, a otras normas internacionales y a las leyes nacionales, en materia de discriminación contra la mujer; así como para la orientación a los empleadores, previniendo la ocurrencia de ella.


f.2. Obstáculos
No existe disposición legal o administrativa que haga obligatoria la capacitación permanente en materia de género para funcionarios públicos. Esta es una grave carencia en el país. Los jueces y juezas, los funcionarios de los juzgados, los fiscales y los funcionarios/as policiales deben contar con sensibilización y capacitación permanente.
No han logrado aún dimensionar las graves consecuencias que la violencia contra la mujer produce en las mujeres y en la sociedad toda. En general, no se percibe por parte de los operadores jurídicos, policiales e incluso de la salud que este tipo de violencia es una violación a los Derechos Humanos de las mujeres, los niños y niñas. (17/)
La ausencia de sensibilización y capacitación específica de los operadores de justicia, salud, y otros involucrados en ese tema, es un factor determinante para la atención de este grave problema. La mayoría de ellos siguen considerando a la violencia doméstica como una cuestión privada, revictimizando a la mujer, generando una mayor indefensión de la víctima (Cedaw, art.1 y art. 5, inc. a).
No se cuenta con datos estadísticos del porcentaje sobre el total de los maestros primarios, secundarios y profesores universitarios que recibe capacitación sobre violencia contra la mujer, pero el porcentaje es mínimo.
A pesar de haberse llevado a cabo recientemente una importante reforma educativa, no se introdujeron modificaciones en los programas y textos tendientes a la eliminación de los contenidos sexistas y los estereotipos culturales; ni se incorporó la educación sexual, para enfrentar los problemas que genera el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual.(18/)
2. Acceso a la Justicia
2.1. Avances
La seguridad de las mujeres víctimas de violencia así como la responsabilidad de los perpetradores de dichos actos es contemplada específicamente, en el ámbito del derecho de Familia y de la Ley 17.514 de Violencia Doméstica; mientras que en el ámbito penal, con la tipificación del delito de violencia doméstica (art. 321 bis CP) .
En todo el país el servicio de Defensoría Pública es gratuito y prestado por Defensores que integran la estructura presupuestaria del Poder Judicial.
La IMM financia el Servicio Nacional Telefónico de Asistencia a la Mujer en Situación de Violencia. Este Servicio funciona desde 1992, se establece como gratuito y con cobertura nacional a partir de Agosto de 2001: 0800 4141. La implementación del mismo se realiza a través de un convenio con una ONG nacional, Fundación PLEMUU (Plenario de Mujeres Uruguayas).
La Defensoría de Oficio se encuentra en forma permanente a disposición de las presuntas víctimas para formular las denuncias y asesoramiento en general. La asistencia letrada obligatoria para la víctima fue establecida por el art. 20 de la Ley 17.514, que puso a cargo de la Suprema Corte de Justicia el deber de garantizar tal asistencia.
Por otro lado existen consultorios legales barriales y otros que brindan asistencia jurídica gratuita, pero no todos están especializados en violencia doméstica, por ejemplo: Los Consultorios Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y de la Universidad Católica. En cambio, el Programa Comuna Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo, y determinados Consultorios Jurídicos de ONGs, brindan asesoramiento y/o patrocinio especializado, que de todas formas es insuficiente.
Es de destacar que se implementaron grupos de autoayuda en diversas zonas de Montevideo, promovida por la Intendencia Municipal de Montevideo en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos a través del Programa: “Por el Derecho a una Vida libre de Violencia de género”.

Con relación a la Ley de Violencia Doméstica, normativa de prevención y protección, se hace notar que la misma establece un proceso corto, de urgencia que prevé la aplicación inmediata de medidas cautelares a favor de las víctimas La denuncia puede realizarse indistintamente ante la autoridad policial o ante la autoridad judicial. Las medidas que se adoptan son las indicadas en la Ley N° 17.514 sin perjuicio de que pueden adoptarse otras, a saber:




  • retiro del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de su efectos personales en presencia del Alguacil (Oficial de Justicia);

  • reintegro inmediato de la víctima que hubiere salido de su domicilio o residencia por razones de seguridad personal;

  • prohibición, restricción o limitación de la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho;

  • incautación de armas en poder del agresor, prohibición al mismo el uso o posesión de armas de fuego;

  • fijar asignación alimenticia provisional a favor de la víctima;

  • disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación; si correspondiere pensiones alimenticias, guarda, tenencia y visitas.

Desde el 13 de diciembre de 2004 funcionan en la capital de la República, que concentra más del 50% de la población total del país, cuatro Juzgados de Familia Especializados que se encargan de los asuntos de Violencia Doméstica, conjuntamente con protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños, niñas y adolescentes (arts. 66, 117 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia). Cuentan con sedes judiciales para servicios de Defensoría Pública especializada y de Equipo técnico interdisciplinario, integrados por Médico Forense, Médico Psiquiatra, licenciado en Psicología y Licenciado en Trabajo Social.


En cuanto a medidas, para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia, familiares y testigos, la Ley de Violencia Doméstica prevé medidas cautelares, temporales, en favor de las víctimas pero no de sus familiares o testigos.
Se encuentra en fase de funcionamiento un Programa con fondos del Banco Mundial sobre aspectos de género y de mejoramiento del acceso a la justicia.
2.2. Obstáculos
Las Comisarías – Seccionales, no son adecuadas para atender la cantidad de casos en relación a su cobertura geográfica como a la magnitud de los índices de violencia registrados en esa localidad, ya que en el mismo local y con el mismo personal debe atender todo tipo de denuncias. Se exceptúa el caso de la Comisaría de la Mujer, que son más adecuadas, y el personal, en su mayor parte mujeres, tiene capacitación en el tema.
En el interior de la República la situación no es la misma, pues no existe especialización judicial y los asuntos deben ser atendidos, a veces, por Jueces en materia diferente al de Familia, notándose carencia de equipos técnicos y de recursos materiales.(19/)
Se anota como grave carencia la falta de representantes del Ministerio Público (Fiscales) especializados, cuando su intervención resulta preceptiva en estos asuntos.
El año 2001, el Programa de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Préstamo BID N° 1096/OC – UR) junto con la Embajada Británica publican el “Decálogo de incidentes familiares. Guía de actuación para la Policía Nacional en la República Oriental del Uruguay” cuya autora fue la Comisario Inspector psicóloga Cristina Domínguez. Tuvo como objetivo establecer y difundir criterios uniformes de intervención tendientes a profesionalizar la actuación de los operadores policiales cada vez que atiendan situaciones complejas derivadas de incidentes de índole familiar o doméstico. Lamentablemente, en la actualidad no es utilizado por parte de los operadores policiales.
No existen refugios distribuidos geográficamente destinados a mujeres víctimas de violencia y al cuidado de sus hijos/as.
Existen escasos Servicios de Orientación Familiar, jurídica y psicológica, destacándose el Servicio de atención a mujeres adultas que sufren situaciones de violencia doméstica dependiente del Instituto Nacional de las Mujeres.
El país no cuenta con una política penal referida al delito de feminicidio ya que éste nuevo tipo penal aún no ha alcanzado a ser percibido en los ámbitos parlamentarios y judicial, como un tema de significación que demanda la elaboración y la ejecución sostenida de políticas de prevención, sanción y erradicación.
3. Presupuesto
3.1. Avances
Existe la inversión calculada en dólares destinada a líneas telefónicas de emergencia. El monto aproximado del Convenio Intendencia Municipal de Montevideo- ONG Plenario de Mujeres del Uruguay (PLEMUU) por el teléfono de apoyo a la mujer en situación de violencia es de u$s 47.800; siendo por llamada aproximadamente u$s 9,5 (promedio anual 5000 llamadas). En términos de gasto, solo el Servicio Telefónico representa aproximadamente un 20% del presupuesto asignado a la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo.
3.2. Obstáculos
Respecto a partidas en el presupuesto nacional y local destinadas a financiar acciones frente a la violencia contra las mujeres, si bien se han utilizado partidas presupuestales destinadas a acciones frente a la violencia contra las mujeres, no se cuenta con información fidedigna y en profundidad que sirva para el análisis referido a presupuestos sensibles al género, pues la información sobre el mismo no está desagregado como tal.
Por otra parte, no se visibilizan partidas específicas en el presupuesto nacional y local, destinados a programas de capacitación enfocados a prevenir la violencia contra la mujer.

4. Estadísticas
4.1. Avances
Si bien existe un mecanismo en el Ministerio del Interior y en el Poder Judicial para la recopilación estadística, los resultados existentes a la fecha, son parciales e incongruentes como para dar una respuesta certera. (20/)
Se cuenta con recopilación estadística del Poder Judicial, al año 2004, que suministra datos parciales ya que solo contempla los casos de denuncia de violencia contra la mujer.


  • Durante el año 2004 fueron presentadas 2928 denuncias de violencia doméstica en Montevideo: 1942 denuncias policiales, 222 denuncias penales,221 denuncias ante el Juzgado de Familia con competencia en Violencia Doméstica.




  • Al crearse los Juzgados Especializados, se presentaron 341 denuncias ante la policía y 202 denuncias en la Sede judicial.




  • En el resto del país se presentaron en el año 2004, 2323 denuncias de violencia doméstica discriminadas en la siguiente forma: 1238 denuncias policiales; 785 denuncias penales, 300 denuncias ante la Sede con civil.

El 25 de noviembre de 2005, y en base a datos fragmentados disponibles, la Bancada Femenina Bicameral adelantó una cuantificación de la violencia doméstica y sexual, y anunció la creación de un Observatorio para dar seguimiento a las denuncias de mala praxis judicial que llegan al Parlamento.


- Basada en estadísticas confeccionadas por el Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis del Ministerio del Interior, la diputada Lilián Kechichián anunció que de enero a setiembre de 2005 se registraron 5.079 denuncias por violencia doméstica y 873 por violencia sexual.


  • Otros datos del MI revelan que en el período indicado hubo 150 homicidios en el país. Confrontados con información de prensa, al menos 26 de esas muertes (casi el 20%) tuvieron como causa la violencia doméstica, lo que permite a la Bancada Femenina estimar que en Uruguay cada 11 días murió una mujer por esa causa.




  • La prensa también muestra que el 65% de los feminicidios ocurrieron en el interior del país, y el 35% en Montevideo. El 96% de las víctimas fueron mujeres, con edades de entre 2 y 88 años; 15% de ellas –todas del sexo femenino- eran menores de edad.




  • El 91% de los victimarios fueron hombres, con edades entre 19 y 82 años; el 43% de ellos se suicidó. Las armas de fuego constituyeron el medio más empleado para matar (59% de los casos), seguido por las armas blancas (l9%), los golpes (7%) y el estrangulamiento (4%).

Sobre otros datos recopilados, se tiene que durante el año 2004 y 2005 se llevó a cabo el Proyecto de Investigación: “Género y Generaciones, reproducción biológica y social de la población uruguaya”. Encuesta Nacional realizada durante los meses de octubre y diciembre de 2004, abarcando un total de 6.500 personas entre 15 y 59 años residentes en localidades urbanas de 5000 habitantes y más. La misma estuvo referida a las siguientes temáticas: vida sexual, anticoncepción, fecundidad y comportamiento reproductivo, servicios de salud, VIH – SIDA, derechos sexuales y derechos reproductivos.


Entre los datos obtenidos, se tiene que, en el 2004, las líneas telefónicas de emergencia para casos de violencia familiar llegaron aproximadamente a 5000.

Al 30 de junio de 2005, según las proyecciones de población revisión 2004, la población femenina alcanza a 1.708.683 que representa el 51.69% repartidos en grupos de edades de la forma siguiente:





Se tiene la siguiente relación poblacional femenina que habita en áreas urbanas y rurales, por tramos de edad.



El 30% de la población femenina que habita en localidades de 5000+ habitantes vive bajo la línea de pobreza al año 2004.




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