Reunión de expertas sobre mecanismo de



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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS



COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES

MECANISMO DE SEGUIMIENTO OEA/Ser.L/II.7.10

CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) MESECVI-II/doc.45/08

SEGUNDA CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE 25 junio 2008

9 - 10 de julio de 2008 Original: español

Caracas, Venezuela

.

URUGUAY
INFORME DE PAÍS

INFORME DE PAÍS APROBADO POR EL COMITÉ DE EXPERTAS
EN VIOLENCIA (CEVI)



I. RESUMEN EJECUTIVO

En Uruguay, los tratados internacionales tienen jerarquía de ley. En aquellos cuyo contenido es de derechos humanos, hay juristas que consideran que sus disposiciones adquieren jerarquía constitucional porque los derechos amparados en ellos, están comprendidos en el artículo 72 de la Constitución Nacional. A su vez, tales derechos son de aplicación inmediata en base a lo consagrado por el artículo 332 de la Carta Magna.


Tal fundamento torna imprescindible que el Estado uruguayo cumpla con el deber y compromiso asumido al firmar y ratificar la CEDAW; ello no culmina con ese mero aspecto formal, el cual en realidad es el punto de partida. Es necesario, que tome medidas de orden administrativo, regulatorio y jurisdiccional destinadas a concretizar políticas públicas integrales que materialicen ese reconocimiento hasta ahora declarado.
El presente período de gobierno se inaugura el 31 de Octubre de 2004, asumiendo el Frente Amplio – Encuentro Progresista – Nueva Mayoría (coalición de partidos políticos de izquierda).
Por primera vez, un Presidente en la historia del Uruguay expresa el 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer, su compromiso político con la equidad de género ante la ciudadanía utilizando las siguientes expresiones:
...la consolidación y extensión de los derechos de la mujer ocupan un lugar preponderante en la agenda de género. Una genuina equidad de género y una auténtica igualdad de oportunidades para todas las uruguayas son elementos claves para transitar la senda del desarrollo productivo y sostenible que proponemos como proyecto responsable y realizable de país”.(1/)
A partir de entonces, se ha iniciado un proceso de mejoramiento de la institucionalidad de Género en el Estado fortaleciendo principalmente al Instituto Nacional de las Mujeres a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, redefiniendo sus cometidos y dotándolo de mayor presupuesto (Ley 17.930 del 19.12.05).
La Convención de Belém do Pará, fue ratificada en la República Oriental de Uruguay por Ley 16.735 del 5 de enero de 1996.
El presente Informe sobre la Implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) en Uruguay, se elabora sobre la base estricta del Cuestionario formulado por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará. Asimismo, este informe, contó con los aportes de las /los integrantes de la Comisión Ad-hoc para asuntos de género, quienes representan las siguientes instituciones: Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Estadísticas, Congreso de Intendentes (Intendencia Municipal de Montevideo), Parlamento Nacional, Poder Judicial, Comité de América y el Caribe para la defensa de los derechos de la Mujer (CLADEM) y Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por la Democracia y Ciudadanía (CNS).
El Informe distingue cuatro áreas específicas, las cuales son: I. Legislación. Normativa vigente. Planes Nacionales; II. Acceso a la justicia; III. Presupuesto Nacional; IV. Información y Estadísticas.
En el tema I. Legislación. Normativa vigente. Planes Nacionales, se señalan las leyes con incidencia en el tema de violencia contra la mujer, destacando que el Código Penal mantiene la estructura tradicional de los códigos penales de la región de principios del siglo XX, y por tanto no regula la temática en forma integral ni con perspectiva de género. Por ejemplo, los aspectos relativos a la violencia sexual siguen regulándose en un capítulo denominado delitos contra la moral y las buenas costumbres y se prevén tipos penales como “atentado violento al pudor, ultraje público al pudor, corrupción”.(2/)
La Ley de seguridad Ciudadana, aprobada en 1995 incorporó algunos cambios de relevancia en el Código Penal, relativos a la violencia contra la mujer, sin llegar a modificar la estructura general del mismo. El más significativo fue la tipificación del delito de violencia doméstica y su incorporación al mencionado Código.
El delito de violencia doméstica, incorporado en 1995 al Código Penal, dio lugar a muy pocos procesamientos porque se trata de un tipo penal que requiere la comprobación de muchos extremos de hecho para su configuración. Sin embargo la incorporación de este tipo penal coadyuvó favorablemente a la percepción de la violencia doméstica como un problema social.
En forma posterior a la ratificación de la Convención, se dictan diversas normas de prevención y protección, destacándose la Ley 17.514 de18/6/ 2002, Ley de Violencia Doméstica que declara de interés general las actividades orientadas la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. Esta ley de prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica (Ley 17.514) es la que principalmente ha avanzado hacia los cambios de prácticas. El hecho de regular un procedimiento especial para la atención de estos casos, de urgencia, describir posibles medidas cautelares a adoptar (sin limitarlas), exigir a los jueces que fundamenten expresamente su resolución cuando dan lugar al pedido de medidas cautelares, y crear el Consejo Consultivo, ha puesto el tema de la violencia doméstica como una materia insoslayable del Poder Judicial.

Se observa todavía que para ciertas conductas de violencia contra la mujer, que derivan en acciones de hostigamiento, amenazas, riesgos contra su vida, salud o integridad corporal, violencia sexual dentro del matrimonio, y formas transnacionales de violencia contra la mujer, no existen sanciones específicas, más allá de que dichas acciones puedan quedar subsumidas en otros tipos delictivos.


Pese a dichos avances, aún no existen políticas públicas y normativa que permita a las mujeres el ejercicio pleno de sus Derechos Sexuales y Reproductivos, asimismo en dicho marco encarar la problemática del aborto para favorecer a las mujeres en su derecho a decidir.
Uruguay ha elaborado su primer Plan de Acción para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica se presentó públicamente el 25 de noviembre de 2003 y fue aprobado por el Poder Ejecutivo el 10 de junio de 2004. Regirá durante el período 2004 – 2010. En la actualidad se encuentra en los inicios de su implementación
El organismo encargado del diseño del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, así como de su implementación es el Consejo Nacional Consultivo. Dicho consejo está integrado por un titular y un alterno de las más altas jerarquías de los siguientes organismos públicos: Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura, Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), Poder Judicial, Administración Nacional de Educación Pública, Congreso de Intendentes. Y Tres representantes de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, por las cuales participa la Red de Organizaciones de lucha contra la violencia doméstica. El Consejo Nacional está presidido por la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres que integra el Ministerio de Desarrollo Social.
En cuanto a la capacitación, el Instituto Nacional de las Mujeres inició en el año 2005 varios programas de capacitación en Violencia Doméstica que se coordinaron con los siguientes organismos públicos: Poder Judicial, Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y Ministerio de Salud Pública. Los mismos pudieron llevarse a cabo con fondos extra presupuestales gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FESUR), el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Las/os parlamentarias han podido acceder a instancias de formación en perspectiva de género y violencia doméstica, destacándose la iniciativa y participación de la Bancada Femenina, en el Parlamento Nacional.
En el tema II. Acceso a la Justicia, se destacan dos normas específicas: en el ámbito civil del Derecho de Familia, la Ley 17.514 de Violencia Doméstica, y en el ámbito penal, la tipificación del delito de violencia doméstica (art. 321 bis CP), que contemplan lo referente a la seguridad de las mujeres víctimas de violencia así como la responsabilidad de los perpetradores de dichos actos.(3/)
La ley de violencia doméstica, normativa de prevención y protección, establece un proceso corto, de urgencia que prevé la aplicación inmediata de medidas cautelares a favor de las víctimas y crea una justicia especializada.
La creación de estos juzgados especializados en violencia doméstica, ha significado un gran avance ya que tienen sede y personal propios. Cuentan dichas sedes judiciales con los servicios de Defensoría Pública especializada y de Equipo técnico interdisciplinario. Se observa como negativo la carencia de representantes del Ministerio Público (Fiscales), especializados en materia de género, cuando su intervención resulta preceptiva en estos asuntos.
En el interior de la República la situación no es la misma que en la capital, pues no existe especialización judicial y los asuntos deben ser atendidos por Jueces que además intervienen en otras materias, a veces ni siquiera de Familia, notándose carencia de equipos técnicos y de recursos materiales.
La asistencia letrada obligatoria para la víctima fue establecida por el art. 20 de la Ley 17.514, estando a cargo de la Suprema Corte de Justicia el deber de garantizar tal asistencia. En todo el país el servicio de Defensoría Pública es gratuito y prestado por Defensores que integran la estructura presupuestaria del Poder Judicial.
Se hace notar la insuficiente capacitación del personal receptor de las denuncias, tanto en sede policial como en sede judicial, sobre todo penal. Asimismo la falta de medidas para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia, sus familiares y testigos, la inexistencia de un sistema de apoyo diseñado para atender las necesidades inmediatas de la mujeres víctimas de violencia, la inexistencia de refugios, así como programas de rehabilitación de victimas y tratamiento de agresores.
En el tema III. Presupuesto Nacional. Se observa carencia, ya que no existieron en el período evaluado, previsiones específicas destinadas a financiar acciones encaminadas a contrarrestar la violencia contra las mujeres, con excepción del financiamiento respectivo para el Servicio telefónico de apoyo a la mujer en situación de violencia, cuyo monto equivale al 20% del presupuesto asignado a la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo.(4/)
En el tema IV. Información y Estadísticas, se señala que si bien existe información general respecto a la situación de la mujer, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, la información específica en el tema de violencia contra la mujer, proveniente del Poder Judicial y de la Policía, respecto a denuncias, procesos y sentencias, es incompleta, parcial y sin perspectiva de género, por lo que no resulta fidedigna tales datos a los efectos de este informe.
A pesar del tiempo transcurrido, se constata que la expresión “violencia contra la mujer” no es usual en el lenguaje del legislador, del magistrado, del docente universitario o del operador del derecho; en general no ha sido utilizada para darle contenido a las normas, políticas y acciones del Estado, salvo excepciones. La violencia contra la mujer se visualiza fundamentalmente como violencia doméstica o violencia intrafamiliar, sin darse cuenta que son sólo una parte.
Con el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (Políticas Públicas Hacia Las Mujeres 2007-2011), se da un salto importante en el cumplimiento de las metas de la Erradicación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, ya que pretenden, cualitativa y cuantitativamente, convertirla en Política Estratégica de Estado de la República Oriental del Uruguay, dirigida a construir la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, sin discriminación, como un instrumento útil, integral y articulador de las políticas públicas en la sociedad uruguaya.

II. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN


DE LOS CUATRO TEMAS FORMULADOS
EN CUESTIONARIO AL ESTADO Y A INSTANCIAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

1. LEGISLACIÓN, NORMATIVA VIGENTE Y PLANES NACIONALES


La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer: “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ”, define la base terminológica de “violencia contra la mujer”, y señala su ámbito de aplicación normativa bajo los siguientes términos:
ART.1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en ámbito público como en el privado”
Según la Convención, “violencia” contra la mujer, no sólo es la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a su integridad física, psíquica y moral, sino que sustentados en los principios rectores del derecho que son: la libertad, la seguridad personal, y la igualdad de la ley y ante la ley, (bienes jurídicos protegidos por cualquier Estado civilizado), la violencia ejercida contra los derechos de la mujer se extiende aún más allá:
ART.5.- Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de eses derechos
Dicha forma de violencia selectiva contra la mujer se observa en todos los ámbitos: en la vida intrafamiliar o doméstica, en la relación interpersonal, en la comunidad, o la perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes.
Los fundamentos de orden público e interés social expuestos, condujeron a establecer deberes para los Estados Partes que ratificaron la Convención. Veamos los de mayor relevancia:
ART.7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;(...)”
ART.8.- Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel de proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se base en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;
h. Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencia y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios. (...)”
De acuerdo a estos mandatos, el CEVI no solo debe avocarse a analizar aquellos actos o conductas que están tipificadas como violencia “intrafamiliar”, sino que debe observar crítica e integralmente todos los tipos de violencia que se ejercen contra los derechos de la mujer, a fines de Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
Sistemáticamente, la realidad de esta materia en la República Oriental del Uruguay, se puede desglosar de la siguiente forma:
a) En el Contexto Internacional: Formas transnacionales de violencia contra la dignidad y derechos de la mujer
a.1. Avances

Uruguay ha ratificado los más importantes instrumentos en materia de derechos humanos específicos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo (ratificado por la Ley Nº 17.338 de 18/05/01); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, ratificada por Ley 16.735 del 5 de enero de 1996); el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía (ratificado por Ley 17.559 de 17/09/02; y el Protocolo de Palermo sobre trata de personas, especialmente mujeres y niñas, complementario de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ratificado por Ley 17.861 de 17/09/02).


Así también se tiene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que consagran la igualdad, y los respectivos comités de seguimiento, aprobaron observaciones generales mediante las cuales se han realizado relectura de todo el instrumento desde la óptica de las mujeres(5/).
Uruguay ha adquirido importantes compromisos de desarrollo de políticas públicas de igualdad en las conferencias mundiales sobre Derechos Humanos (Viena, 1993), Población y desarrollo (Cairo, 1994), Desarrollo Social (Copenhague, 1995), Mujer y Desarrollo (Beijing, 1995) y contra el Racismo y la Discriminación (Durban, 2001). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados por Naciones Unidas, que la República de Uruguay ha firmado, incluyen la igualdad de las mujeres como uno de sus objetivos prioritarios de Estado(6/).
a.2. Obstáculos
En el plano nacional, si bien no existía un mecanismo específicamente creado para el seguimiento de la implementación de la Convención de Belém do Pará, contando para ello con sólo un Grupo de Trabajo Ad-hoc, hoy Uruguay cuenta con el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007-2011), donde se procura integrar acciones entre organismos gubernamentales e instituciones de la sociedad civil, a efectos de contar con información actualizada respecto al tema de violencia contra la mujer, útiles instrumentos para la preparación y presentación de informes periódicos a diversos Comités Internacionales y también para la aplicación de medidas legislativas convenientes.
b) En el Contexto Nacional: Políticas legislativas e institucionales del Estado
b.1. Avances
En la XLVI Legislatura (2005-2010) la Cámara de Senadores creó la Comisión Permanente “Población, Desarrollo e Inclusión” a la que se le asignó entre sus cometidos los relacionados con “… el seguimiento de las responsabilidades del Estado con relación al objetivo de un desarrollo humano sustentable que equilibre los efectos de la desigualdad social de los distintos grupos de población y comprometa los objetivos constitucionales de justicia social e igualdad de oportunidades para todos los hombres y mujeres”..
El 8 de marzo de 2000, la Cámara de Representantes de la XLVa. Legislatura (2000 – 2005) aprobó la creación de una Comisión Especial de Género y Equidad conformada por diputadas de todos los partidos políticos, estableciendo como su cometido: “el análisis y control permanente de la evolución en nuestro país hacia la igualdad de oportunidades entre ambos géneros, cumpliendo con los compromisos contraídos por el gobierno y parlamentarios en la IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer”.
Se han establecido las Bancadas Femeninas. Entre los Legislativos que han recurrido a esta modalidad, merece destacarse la experiencia del Legislativo Departamental de Maldonado, donde la Bancada Femenina alcanzó el reconocimiento de “grupo parlamentario” con las prerrogativas que la reglamentación establece para estos en materia de utilización de los recursos materiales y humanos del Poder Legislativo departamental.
El Art. 28 de la Ley 17.514 establece que el Consejo podrá crear Comisiones Departamentales, o Regionales de Género y Equidad. Por ello a nivel provincial y municipal se han creado Comisiones de Género y Equidad, regidos por los respectivos reglamentos de funcionamiento de las Comisiones del correspondiente Legislativo Departamental. A la fecha el Consejo ha instalado las Comisiones Departamentales de Lucha Contra la Violencia Doméstica en siete Departamentos: Durazno, San José, Colonia, Soriano, Canelones, Maldonado y Paysandú, se preveía la instalación de doce Municipios más para el 2006.
La Ley N° 17.514 del 02 de julio del 2002 creó el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y en el artículo 29 de la norma dispuso que el Consejo elabore el Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, con un enfoque integral.
La Ley 17.707 de 10 de Noviembre de 2003 faculta a la Suprema Corte de Justicia a transformar los Juzgados de familia en Juzgados especializados con competencia en violencia doméstica.
El Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica se presentó públicamente el 25 de noviembre de 2003 y fue aprobado por el Poder Ejecutivo el 10 de junio de 2004. Regirá durante el período 2004 – 2010. En la actualidad se encuentra en los inicios de su implementación.
Por Ley N° 17.815 de 18 de agosto de 2004, se legisla sobre la violencia sexual comercial y no comercial cometida contra niños, niñas, adolescentes o incapaces.
Por Ley 17.930 del 19 de Diciembre de 2005, el Instituto Nacional de las Mujeres preside el Consejo Nacionall y según el artículo 24 tiene la responsabilidad de controlar, revisar, adaptar y dar seguimiento a la implementación y ejecución del Plan. Tiene entre sus cometidos: “velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales que el país ha suscrito en materia de género y realizar y ejecutar, dentro de sus posibilidades financieras, los convenios internacionales de cooperación vinculados a dicho cumplimiento”.
El 8 de Marzo de 2005, todos los Ministerios asumieron compromisos para una proyectar una Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos, ello se dio a pocos días de instalación del Gobierno de Tabaré Vásquez.
Se destaca la aprobación el año 2007 de la Ley 18.104 “Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en la República”. Con esta Ley se crea un Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género, con representación civil.
Se espera que este avance legislativo permita hacer efectivo el consenso global sobre la necesidad de previsiones legales específicas con respecto a la no discriminación y la igualdad en el trabajo, expresado desde 1989, en la Ley 16.045 “Igualdad de Trato y oportunidades para ambos Sexos en la actividad laboral”. Entre otras materias, esta ley prohíbe expresamente en el artículo II, la realización de convocatorias, selección o designación de personal que directa o indirectamente establezcan exigencias relacionadas con el sexo.
Un avance significativo en materia de no discriminación, fue la aprobación en noviembre de 2006 de la Ley 18, 065 que establece normas de regulación sobre trabajo doméstico, que equipara los derechos de estas trabajadoras a los del resto de los trabajadores. Con la promulgación de esta ley, impulsada y consensuada por la Comisión Tripartita para la igualdad de Oportunidades, Uruguay se ubica a la cabeza de esta región en la materia.
La Ley Nº 18.104 para la Promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres, es aprobada por el Parlamento Nacional el 6 de marzo de 2007.
“Políticas Públicas Hacia Las Mujeres 2007-2011”, es el denominativo que adopta el Primer Plan de Igualdad de Derechos y Oportunidades, aprobado por el Poder Ejecutivo el 15 de Mayo de 2007 (Decl. 184/007), sobre la base legal de la Ley 18.104, tendiente a asegurar el diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas integradoras en materia de género.
b.2. Obstáculos

Existe carencia de información permanente, fiable, selectiva y por materia de género, que posibilite la identificación de áreas geográficas y clasificación de problemas de mayor incidencia de cuanto a las distintas formas en la que se presenta la violencia familiar, a efectos de levantarse estadísticas especializadas.
Hace falta una mayor difusión informativa y comunicacional de los derechos de la mujer, respecto a la violencia que debe ser prevenida, sancionada y erradicada, conforme establecen la normativa internacional y nacional.
Se hace notoria la falta de un presupuesto económico apropiado que debe asignar el Estado a las instituciones públicas creadas para organizar, capacitar, equipar, sensibilizar, mediatizar, y coordinar políticas de prevención, sanción y reprensión de la violencia contra los derechos de la mujer, así como promover programas públicas de comunicación con el objetivo de lograr la erradicación de forma de discriminación a la mujer.
En materia laboral, las mujeres todavía enfrentan obstáculos estructurales para acceder y permanecer en el mercado laboral aun cuando la brecha de participación por sexo ha disminuido (desde 32.6 puntos porcentuales en 1985, a 19.9 puntos porcentuales en 2006), sufriendo discriminaciones que les impiden integrarse a él con todo su potencial. Las altas tasas de desempleo, subempleo y precariedad son indicadores de desigualdad y definen, por tanto, una agenda política y social para la equidad.

TASAS DE DESEMPLEO POR SEXO





TOTAL

HOMBRE

MUJER

BRECHA

2000

13.6

10.9

17.0

1.6

2001

15.3

11.5

19.7

1.7

2002

17.0

13.5

21.2

1.6

2003

16.9

13.5

20.8

1.5

2004

13.1

10.2

16.5

1.6

2005

12.2

9.5

15.3

1.6

2006

11.4

8.8

14.4

1.6



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