Respuesta de la República Argentina al cuestionario para la segunda ronda de Comité de Expertos del mesecic



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Artículo 53: Para la promoción de funcionarios y empleados se deberá considerar los de la categoría inmediata inferior del cargo a ocupar del Ministerio Público Fiscal, Departamentos o fiscalías del fuero de que se trate, teniéndose en cuenta la aptitud y título de los aspirantes, la idoneidad y conducta demostradas en el desempeño anterior en otros cargos, debidamente registradas y calificadas, y la antigüedad en el Ministerio Público o en la Justicia Nacional y en el cargo; pudiéndose priorizar la especialidad foral y la pertenencia a la dependencia

respectiva, cuando se hallaren los aspirantes en similares condiciones.

La falta de título habilitante o de aptitud para desempeñar el cargo a proveer autorizará la elección del candidato entre aquellos que posean el cargo inmediato inferior en otras dependencias del Ministerio Público o del Poder Judicial de la Nación teniéndose en cuenta idénticos parámetros.

El concepto de categoría inmediata inferior se ve determinado por la estructurad e la dotación real de agentes con que cuenta la dependencia en el momento de producirse la vacante.

Excepcionalmente y, ante el supuesto de que el agente de la dependencia donde se produjo la vacante no se encuentre en condiciones de ascender y de que ningún agente de otra dependencia reúna los requisitos, se podrá proponer -conforme idéntico procedimiento de selección- a aquellos aspirantes que se desempeñen en la categoría subsiguiente.

Respecto a los parámetros que conforman las condiciones objetivas de los aspirantes la propuesta de un agente no puede basarse exclusivamente e n uno solo de esos criterios cuya ponderación se lleve a cabo.



47 Sancionada en diciembre de 1996 y publicada en el Boletín Oficial el 17 de enero de 1997.

48 Para conocer en detalle las acciones desarrolladas por la OA en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, recomendamos consultar el libro publicado por la OA en octubre de 2004, titulado: “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Nuevos paradigmas para la prevención y combate de la corrupción en el escenario global”, accesible a través de la página web de la Oficina: www.anticorrupcion.gov.ar, ingresando en “publicaciones de la OA”.

49 “cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción…”

50 Promulgada en octubre de 1992.

51 Fuente: “Clasificación económica del gasto público. Año 2004”, Instituto Nacional de Estadística y Censos, http://www.indec.gov.ar/.

52 Ámbito de aplicación determinado por el inciso a) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones.

53 Ley N° 24.521, artículo 59.-“Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional. En ese marco corresponde a dichas instituciones: …

f) Aplicar el régimen general de contrataciones, de responsabilidad patrimonial y de gestión de bienes reales, con las excepciones que establezca la reglamentación. ....”



54 En diciembre de 1956 se dictó el Decreto Ley 23.354, cuyo Capítulo VI regulaba lo relativo a las contrataciones del Estado. Dicho decreto fue ratificado por Ley Nº 14.467 (1958) y el capítulo citado fue reglamentado en agosto de 1972 por el Decreto Nº 5720. Luego, con la sanción de la ley de Administración Financiera por el artículo 137 se mantuvo la vigencia de los artículos 55 a 64 de la ley de contabilidad y por Decreto Nº 1545/94 se creó la Oficina Nacional de Contrataciones como órgano rector del referido sistema.

55 Creada en jurisdicción de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia mediante Decreto N° 2507/02.

56 Los Decretos Nº 1075/03, 721/04, 635/05 y 1785/05 establecieron la reasunción transitoria del servicio en manos del Estado –con sucesivas prórrogas hasta llegar al presente- .

57 Decreto Nº 304/2006.

58 Creada por Ley N° 26.092, regida por la ley de sociedades comerciales.

59 Según artículo 22 del Anexo al Decreto Nº 436/00.

60 La Misión de la ONC se halla detallada en los Decretos 1545/1994 y 624/2003, y en la Resolución 20/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

61 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, "La lucha contra las inmunidades del poder", p. 35, Ed. Civitas, Madrid, 1979.

62 Artículo 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, aprobado por Resolución Nº 834/00 del Ministerio de Economía.

“ARTICULO 21.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer en la oferta más conveniente para el Organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la misma, debiéndose emitir dentro del plazo de mantenimiento de oferta la respectiva orden de compra, perfeccionándose el contrato al producirse la notificación de aquélla, al adjudicatario. Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o uno de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, por oferta más conveniente aquélla de menor precio.”



63 Artículo 77.

64 Art. 26 del Decreto Nº 1023/01.

65 Ley 19.549, Título IV, “Impugnación judicial de actos administrativos”.

66 CSJN, Fallos 316-2:3157.

67 Fuente: “Cantidad de procedimientos por tipo” 2003, 2004 y 2005, Oficina Nacional de Contrataciones, https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/p8081/estadisticas/GrafEst/COMAPRHIS2003.gif y https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/p8081/estadisticas/GrafEst/COMAPRHIS2004.gif y https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/p8081/estadisticas/GrafEst/COMAPRHIS2005.gif

68 Fuente: “Montos de O.C. por tipo de procedimiento” 2003, 2004 y 2005, Oficina Nacional de Contrataciones, https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/p8081/estadisticas/GrafEst/COMPROHIS2004.gif y https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/p8081/estadisticas/GrafEst/COMPROHIS2003.gif y https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/p8081/estadisticas/GrafEst/COMPROHIS2005.gif

69 Fuente. “Situación jurídica de la cartera de proveedores” 2004 y 2005, Oficina Nacional de Contrataciones, https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/p8081/estadisticas/GrafEst/PROJURHIS2003.gif y https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/p8081/estadisticas/GrafEst/PROJURHIS2004.gif y https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/p8081/estadisticas/GrafEst/PROJURHIS2005.gif

70 Fuente de información: Respuesta de la ONC enviada por escrito a la OA en junio de 2006.

71 Causa “Meridiano SCA v/ Administración General de Puertos” del 24/4/79.

72 Dentro de esta página hay que ir a “Administración/ Licitaciones”.

73 Modificado por Decreto Nº 827/88, introduce el criterio de que el precio es sólo un componente más de la oferta.

74 Ley Nº 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/ 72 t.o. 1991 y sus modificatorias.

75 Inciso 78) Las preadjudicaciones deberán ser anunciadas durante 3 días como mínimo, cuando se trate de licitaciones públicas; 2 días como mínimo, cuando se trate de licitaciones privadas y un día como mínimo cuando se trate de contrataciones directas, salvo el caso del apartado c) del inciso 3 del art 56 de la Ley, en uno o más lugares visibles del local de la dependencia licitante a1 cua1 tendrá acceso el público. E1 mismo procedimiento, con sus fundamentos, deberá seguirse cuando la autoridad competente para aprobar, modifique la preadjudicación aconsejada por la comisión de preadjudicaciones. En estos casos deberá comunicarse expresamente y en forma fehaciente, al oferente cuya preadjudicación le fue modificada. Esta comunicación deberá ser hecha antes del plazo de iniciación de los anuncios.


76 Decreto Nº 1759/72 - t.o. 1991 y sus modificatorios.

77 Decreto 102/99: http://www.anticorrupcion.gov.ar/102-99.pdf

78 Reglamento de la DIOA: http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos_relacionados/Reglamento%20DIOA.pdf


79 Nota: el artículo 866 del Código Aduanero se refiere al contrabando de estupefacientes


80 El artículo 866 del Código Aduanero se refiere al contrabando de estupefacientes

81 En cumplimiento de la recomendación B. 4.2.1. del Comité de Expertos del Mesicic (informe país de la República Argentina, febrero de 2003).


82 La principal fuente de información para responder este capítulo del Cuestionario ha sido el análisis del Dr. Andrés José D’Alessio publicado en el libro: “Adaptando la Legislación Penal de Argentina a la Convención Interamericana contra la Corrupción”, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica de la OEA, 2001 (JL969.5.C6 A3 2001 -Arg- /// OEA/Ser.D/XIX.3 Add.6). Esta publicación contiene los informes del taller de trabajo realizado en Buenos Aires, los días 10 y 11 de octubre de 2000, en el marco del “Proyecto de Apoyo a la Ratificación e Implementación de la CICC” (surgido del acuerdo de cooperación suscripto por la OEA y el BID el 26/03/’99). El taller de trabajo fue organizado por la OEA, el BID y la Oficina Anticorrupción de la República Argentina. Los informes completos de este taller pueden consultarse en el sitio Web de la Oficina Anticorrupción: www.anticorrupcion.gov.ar, ingresando en “actuación internacional” / “OEA”.


83 La Ley 25.188 ha sustituido la rúbrica del Cap. VI del título XI del libro II del CP (anteriormente llamado "Cohecho"), por el de "Cohecho y tráfico de influencias". En el art. 256 se ha elevado el monto de la pena. Además, se ha agregado el art. 256 bis, donde se tipifica en forma independiente el delito de tráfico de influencias.

84 La jurisprudencia nacional ha sostenido que "En la figura del cohecho el bien jurídico protegido es la moralidad y la corrección que debe imperar en la administración pública, y queda configurado toda vez que un funcionario pretenda obtener para sí una suma de dinero, pactando la venta de actos de autoridad que debían ser oficiosa y funcionalmente cumplidos" (CNCrim. y Correc, sala I, 18/9/96, "Wowe, Carlos y otro", publ. en La Ley, 1998‑ F, pág, 838).

85 "Lo que caracteriza al cohecho (art. 256, Cód. Penal), es el compromiso venal que constituye su contenido; cuando ese pacto se perfecciona, recién ahí se consuma el delito. Y no es sino la aceptación del deleznable trato por parte del funcionario tentado, la que surte efectos consumativos" (CNCrim. y Correc., sala VII, 31/8/82, "B., J. y otros", publ. en ED, 103‑377).

86 El primero reza: "En el presente reglamento se llama "magistrados" a los jueces de todos los grados; "funcionarios" a los secretarios de primera y segunda instancia y los demás empleados de tribunales nacionales que perciben igual o mayor sueldo, y "empleados" al resto del personal"; los últimos distinguen en ese ámbito a los magistrados, funcionarios y demás empleados.

87 "Acción y efecto de exigir, con aplicación a impuestos, prestaciones, multas, deudas, etc." También es definida como "Cobro injusto y violento" (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima edición, Madrid, 1984).

88 "La diferencia entre el cohecho pasivo y la concusión radica en que en el primero existe un acuerdo espúrio, mientras que en el segundo no hay tal acuerdo: la víctima da una dádiva por miedo al poder público o bien inducida por el funcionario público que abusa de su cargo o por una persona interpuesta. En consecuencia, el reproche penal sólo se dirige al funcionario que recibe, ya que el consentimiento de la víctima aparece viciado", Tribunal Oral en lo Criminal N° 12, 9 de junio de 1999, "Wowe, Carlos", publ. en La Ley, Suplemento de Jurisprudencia Penal del 27 de setiembre de 1999, pág. 11.

89 "Si no existió un acuerdo previo para que el funcionario haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones, sino que hubo una exigencia por parte de aquél, mediando un requerimiento intimidatorio, se trata de un caso de exacción ilegal y no de cohecho" (CNCrim. y Correc., Sala II, 18/4/89, "Bello, Oscar", publ. en La Ley, 1989‑ B, pág. 555).

90 Los supuestos previstos por el art. 174 del CP son casos de estafas y defraudaciones agravadas. El art. 174 prevé una pena de dos a seis años, mientras que los arts. 172 y 173 tienen una pena de un mes a seis años.

91 Art. 77 del CP: "Para la inteligencia del texto de este Código, se tendrá presente las siguientes reglas: ... Por los términos "funcionario público" y "empleado público", usados en este Código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente..."

92 La Ley 25.188 ha sustituido la rúbrica del Cap. VI del título XI del libro II del CP (anteriormente llamado "Cohecho"), por el de "Cohecho y tráfico de influencias". En el art. 256 se ha elevado el monto de la pena. Además, se ha agregado el art. 256 bis, donde se tipifica en forma independiente el delito de tráfico de influencias.

93 En la redacción anterior del artículo sólo se incluía a los jueces.

94 Con relación al artículo anterior, sólo se ha producido un leve aumento en el monto de la pena.

95 Se han agravado las penas que se establecían en la ley 16.648, como así también se ha incluido en la forma agravada por la calidad del agente a los funcionarios del Ministerio Público.

96 Los supuestos previstos por el art. 174 del CP son casos de estafas y defraudaciones agravadas. El art. 174 prevé una pena de dos a seis años, mientras que los arts. 172 y 173 tienen una pena de un mes a seis años.

97 Con relación a la redacción anterior, se le ha agregado la frase "...en miras de un beneficio propio o de un tercero".

98 Ver con relación a este punto ZAFFARONI, Eugenio Raúl, "Tratado de Derecho Penal‑ Parte General", tomo IV, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1997.

Catálogo: juridico -> spanish
spanish -> Cassals y asociados
spanish -> Informe de sociedad civil en el Marco de la Segunda Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción Elaborado por la Fundación Poder Ciudadano
spanish -> Republica de costa rica respuesta al cuestionario mesicic / oea – 2da ronda noviembre de 2006
spanish -> Proyecto de informe preliminar
spanish -> Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del estado artíC
spanish -> Anexo capítulo II letra b Respuesta al Cuestionario de Evaluación Fase II implementación de la cicc chile
spanish -> Código federal de procedimientos penales
spanish -> Comité de expertos del mecanismo de seguimiento de la implementación de la convención interamericana contra la corrupcióN
spanish -> Código Penal
spanish -> Ley del servicio exterior mexicano


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