Respuesta de la República Argentina al cuestionario para la segunda ronda de Comité de Expertos del mesecic



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Logros: La OA, a través de la DPPT, interviene activamente en los procesos de adquisición del Instituto atento a la gran relevancia social que tiene este organismo en la sociedad. Es así como, actuando como veedor o asesorando acerca de las herramientas que brindan transparencia a los procesos, se intervino en diversas contrataciones, siempre con resultados altamente positivos. A modo de ejemplo podemos mencionar: la Licitación Pública Nº 17/2004 (provisión de audífonos, estudios audiológicos y adaptación); Licitación Pública Nº 4/05(Provisión de prótesis e implantes ortopédicos); Licitación Nº 28/05(Adquisición de audífonos.) y Licitación Pública Nº 15/2005 (marcapasos; unicamerales y bicamerales, catéteres bipolares y epicárdicos).

Actualmente, la OA está desarrollando, conjuntamente con el Instituto y en el marco del Proyecto PNUD - Fortalecimiento Institucional de la Oficina Anticorrupción-, un curso de capacitación bajo la modalidad E-learning, sobre "Compras y contrataciones transparentes”. A través de este curso, se busca optimizar los recursos humanos y físicos para la adquisición de bienes y servicios, dotando a funcionarios y empleados de todo el país de las políticas fundamentales de transparencia que subrayan la publicidad, la equidad y la eficiencia.



Datos Estadísticos sobre contratos adjudicados en los últimos años clasificados de acuerdo a su modalidad y procedimientos de selección.

Tabla: Cantidad de Trámites Simplificados realizados por año




2004

2005

T
rámites Simplificados


2440

2493

Tabla: Cantidad de Licitaciones Públicas realizadas por año




2004

2005

L
icitaciones Públicas


23

67

Tabla: Cantidad de Concursos Privados realizadas por año




2004

2005

C
oncursos Privados


0

2

Tabla: Cantidad de Licitaciones Privadas realizadas por año




2004

2005

L
icitaciones Privadas


0

4

Tabla: Cantidad de sanciones impuestas a los proveedores







2004

2005

Sanciones impuestas

66

80




Nota: La República Argentina, en cumplimiento de lo expresado por el Comité de Expertos del Mesicic en el Informe sobre la implementación en Argentina de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda” (Febrero de 2003) en su Cap. III (Conclusiones y Recomendaciones) Punto A (Actividades Anti-Corrupción y Medidas Preventivas en los Ambitos Provincial y Municipal) ha incorporado en la respuesta a este Capítulo 1.2. información acerca de los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte de los Estados Provinciales, que se desarrolla en el ANEXO 3- Cap 1-2 - Provincias, incorporado como documento adjunto a la Respuesta de la República Argentina a este Cuestionario.


CAPITULO SEGUNDO



SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN

(ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)


  1. a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción incluyendo la protección de su identidad? En caso afirmativo, describa brevemente dichos sistemas y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstos.



RESPUESTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Capítulo Segundo – a):

Existencia de normas y/u otras medidas

En la República Argentina existen normas y diversas medidas que establecen sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad.


MARCO NORMATIVO BASICO:


Norma:

Título / Tema:

Accesible en:

Decreto 102/99

Oficina Anticorrupción. Objeto y ámbito de aplicación. Competencias y funciones. Estructura y organización. Informes finales al Ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre cada investigación. Derogación de los Decretos Nros. 152/97 y 7/97.


http://www.anticorrupcion.gov.ar/102-99.pdf


Resolución del Ministero de Justicia y Derechos Humanos Nº 749/00.

Reglamento Interno de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción.

http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos_relacionados/Reglamento%20DIOA.pdf


Ley 25.764

Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/87581/norma.htm

Ley 25.241

 


Hechos de terrorismo. Definición. Reducción de la escala penal al imputado que colabore eficazmente con la investigación. Alcances. Medidas de protección.


http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62516/norma.htm

Ley 23.737

Modificaciones al Código PenalCódigo Penal. Estupefacientes.


http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/138/texact.htm

Ley 26.097

Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 31 de octubre de 2003.


http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116954/norma.htm

Ley 23.984


Código Procesal Penal

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/texact.htm

DENUNCIAS ANONIMAS Y CON RESERVA DE IDENTIDAD:
Oficina Anticorrupción – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
En el ámbito de la Oficina Anticorrupción cualquier persona puede efectuar tanto denuncias anónimas como denuncias con reserva de identidad.
Tales previsiones están contempladas en las siguientes normas:


  • Decreto 102/99 (artículo 3), accesible a través del sitio: http://www.anticorrupcion.gov.ar/102-99.pdf

  • Reglamento Interno de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción. Aprobado por Resolución del Ministero de Justicia y Derechos Humanos Nº 749/00, del 11/08/00. Artículo 1º, inciso a). (http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos_relacionados/Reglamento%20DIOA.pdf)

La reserva de identidad prevista por el Reglamento Interno de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción tiene como fin proteger a aquella persona que, por poner en conocimiento de la autoridades un hecho de corrupción, puedan sufrir alguna amenaza o represalia en razón de su denuncia.


Denuncias vinculadas con delitos relacionados con la Ley de Estupefacientes:
La legislación sobre estupefacientes contempla que las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero (contrabando), se mantendrán en el anonimato (Ley 23.737, Art. 34 Bus).
PROTECCION DE TESTIGOS, DENUNCIANTES E IMPUTADOS:
Código Procesal Penal:
El Artículo 79 del Código Procesal (referido a los Derechos de la víctima y el testigo), estipula que:

Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos:

(...)

c) A la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia;


Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados:
El 23 de julio del año 2003 el Congreso Nacional sancionó la Ley de creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados (Ley Nº 25.764).
La Ley 25.764 se encuentra disponible para su consulta en el sitio:

  • http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/87581/norma.htm

El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se vincula principalmente a delitos contra la libertad individual y secuestros (arts. 142 bis y 170 del Código Penal), así como a delitos relacionados con el narcotráfico (Ley Nº 23.737) y con hechos de terrorismo (Ley Nº 25.241).

Como sabemos, tanto el tráfico ilícito de estupefacientes como el terrorismo se encuentran vinculados estrechamente con los delitos de corrupción, mencionándose incluso al primero de modo expreso en el octavo párrafo del Preámbulo de la CICC (“...los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes...”).

Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 25.241 permite extender dichos supuestos a ciertos delitos de corrupción, cuando tenga relación con la delincuencia organizada (supuesto también incluído explícitamente en el párrafo 4to. del Preámbulo de la CICC).


En efecto, el artículo 1º de la Ley 25.764 estipula:

“(...)Créase el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la Nación y los previstos por las Leyes 23.737 y 25.241.



Sin perjuicio de ello, a requerimiento de la autoridad judicial, el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos podrá incluir fundadamente otros casos no previstos en el párrafo anterior cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable”.
La República Argentina también cuenta con la mencionada Ley Nº 25.241, del 23/02/00, que regula la reducción de la escala penal y medidas de protección para el imputado que colabore eficazmente con la investigación de hechos de terrorismo. Esta Ley Nacional estipula asimismo medidas de protección para dicho colaborador (medidas descriptas en la citada Ley Nº 25.764):
Ley 25.241, artículo 7º:Si fuere presumible que el imputado que hubiera colaborado, corriere riesgos en razón de ello respecto de su integridad personal o de su familia, se adoptarán las medidas de protección necesarias, incluidas la provisión de los recursos indispensables para cambiar de actividades laborales y la sustitución de su identidad”.
En cuanto a la Ley Nº 23.737 (tráfico de estupefacientes), diversos artículos se refieren a la protección de los denunciantes y testigos (sobre los que se hará referencia en el próximo punto).


En relación con lo anterior, refiérase, entre otros, a los siguientes aspectos:



  1. Mecanismos de denuncia (por ejemplo: denuncia anónima y denuncia con protección de identidad).



RESPUESTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Capítulo Segundo – a) - i:

Mecanismos de denuncia


Oficina Anticorrupción – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
Las investigaciones preliminares que realiza la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA) tienen carácter reservado (Decreto 102/9977, artículo 3º). Esta previsión le brinda seguridad al denunciante quien, asimismo, tiene la posibilidad de realizar una denuncia con identidad reservada (Reglamento Interno de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción. Aprobado por Resolución del Ministero de Justicia y Derechos Humanos Nº 749/00, del 11/08/0078. Artículo 1º, inciso a)

Esta variable le permite a un denunciante solicitarle a la OA que mantenga su identidad con carácter de confidencial en un sobre cerrado. Este dato le será revelado recién al Magistrado, a su pedido, cuando la investigación preliminar sea presentada formalmente ante la Justicia como denuncia / querella.

Esto permite que, durante la investigación, la identidad del denunciante no sea conocida por los imputados, pero que a su vez la OA sí los pueda consultar en caso de resultar necesario ampliar la información que aportara oportunamente.

Otra posibilidad que tienen los ciudadanos respecto de la OA es realizar denuncias anónimas (Reglamento Interno de la DIOA. Aprobado por Res. MJyDH Nº 749/00, del 11/08/00. Artículo 1º, inciso a). Esta denuncia se recibe por cualquier medio sin que su autor indique datos que permitan individualizarlo.



Denuncias vinculadas con delitos relacionados con la Ley de Estupefacientes:
Ley 23.737. Art. 34 Bis.- Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, se mantendrán en el anonimato.79


  1. Mecanismos para denunciar amenazas o represalias.




RESPUESTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Capítulo Segundo – a) – ii:

Mecanismos para denunciar amenazas o represalias



Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados - Ley 25.764:
Como ya fuera expresado en este Capítulo – punto a) – i) – , el Ministro de Justicia, por decisión fundada, podrá incluir en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados a aquellas personas que se encontraren en situación de peligro para su vida o integridad física, cuando colaborasen de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial en delitos distintos de los específicamente contemplados en la normativa, siempre que estén vinculados con la delincuencia organizada o la violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable.
Código Penal de la Nación:
Los artículos 149 bis y ter del Código Penal de la Nación Argentina tipifican el delito de amenazas simples y amenazas coactivas.
ARTICULO 149 bis. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.
ARTICULO 149 ter. - En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será:

1) De tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas; 2) De cinco a diez años de prisión o reclusión en los siguientes casos:

a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos;

b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.


Código Procesal Penal de la Nación:
Habiendo tomado conocimiento el Ministerio Fiscal de la comisión de un delito, siempre que no sea de acción privada o dependa de instancia privada, debe proceder a iniciar las acciones de persecución respectivas.

Los denunciantes pueden presentarse ante cualquier Delegación Policial, o dirigirse directamente ante un Fiscal o Juez.

Podrán presentarse también ante la Oficina Anticorrupción donde, como se dijo, tendrán opción de presentar su denuncia en forma anónima o bajo reserva de identidad, y en los casos en que el hecho denunciado se encuentre relacionado con algún delito de amenazas o represalias contra el denunciante, remitirá las actuaciones a la autoridad judicial, manteniendo el régimen de reserva de identidad oportunamente brindado y continuando con su investigación en materia de corrupción.

La reserva de identidad prevista por el Reglamento Interno de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción tiene como fin proteger a aquella persona que, por poner en conocimiento de la autoridades un hecho de corrupción, puedan sufrir alguna amenaza o represalia en razón de su denuncia.


Acción pública

Art. 5° - La acción penal pública se ejercerá por el Ministerio fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley.


Acción dependiente de instancia privada

Art. 6° - La acción penal dependiente de instancia privada no se podrá ejercitar si las personas autorizadas por el Código Penal no formularen denuncia ante autoridad competente.




  1. Mecanismos para protección de testigos.




RESPUESTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Capítulo Segundo – a) – iii:

Mecanismos para protección de testigos


Código Procesal Penal:
El Artículo 79 del Código Procesal Penal (referido a los Derechos de la víctima y el testigo), estipula que:

Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos:

(...)

c) A la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia;



Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados:
Respecto de la citada Ley Nº 25.764 (Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados), su articulado describe los diferentes tipos de protección que merece la persona pasible de amenaza, así como todas o algunas de las personas que convivan con ella. En particular, el artículo 5 de la ley expresa:
Artículo 5º — Las medidas especiales de protección, cuando las circunstancias lo permitan y lo hagan aconsejable, podrán consistir en:

a) La custodia personal o domiciliaria:

b) El alojamiento temporario en lugares reservados;

c) El cambio de domicilio;

d) El suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios. En ningún caso la asistencia económica se otorgará por más de seis (6) meses;

e) La asistencia para la gestión de trámites;

f) La asistencia para la reinserción laboral;

g) El suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona protegida y su grupo familiar.



Oficina Anticorrupción – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
La OA asegura la protección de testigos a través del sistema – anteriormente descripto – de recepción de denuncias con identidad reservada.
Denuncias vinculadas con delitos relacionados con la Ley de Estupefacientes:
En cuanto a la Ley Nº 23.737 (tráfico de estupefacientes), diversos artículos se refieren a la protección de los denunciantes, testigos, imputados y agentes encubiertos, como en los siguientes casos:
Art. 31 Bis.- Durante el curso de una investigación y a los efectos de comprobar la comisión de algún delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, de impedir su consumación, de lograr la individualización o detención de los autores, partícipes o encubridores, o para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios, el juez por resolución fundada podrá disponer, si las finalidades de la investigación no pudieran ser logradas de otro modo, que agentes de las fuerzas de seguridad en actividad, actuando en forma encubierta:

a) Se introduzcan como integrantes de organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la comisión de los delitos previstos en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, y

b) Participen en la realización de alguno de los hechos previstos en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero.

La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad con la que actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y con la debida seguridad.

La información que el agente encubierto vaya logrando, será puesta de inmediato en conocimiento del juez. La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en estricto secreto. Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del agente encubierto, éste declarará como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las medidas previstas en el artículo 31 quinques.
Art. 31 Ter.- (...)No será punible el agente encubierto que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que éste no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.

Cuando el agente encubierto hubiese resultado imputado en un proceso, hará saber confidencialmente su carácter al juez interviniente, quien en forma reservada recabará la pertinente información a la autoridad que corresponda.

Si el caso correspondiere a las previsiones del primer párrafo de este artículo, el juez lo resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado.
Art. 31 Quinques.- Cuando peligre la seguridad de la persona que haya actuado como agente encubierto por haberse develado su verdadera identidad, tendrá derecho a optar entre permanecer activo o pasar a retiro, cualquiera fuese la cantidad de años de servicio que tuviera. En este último caso se le reconocerá un haber de retiro igual al que le corresponda a quien tenga dos grados más del que él tiene.

En cuanto fuere compatible, se aplicarán las disposiciones del artículo 33 bis.


Art. 31 Sexies.- El funcionario o empleado público que indebidamente revelare la real o nueva identidad de un agente encubierto o, en su caso, la nueva identidad o el domicilio de un testigo o imputado protegido, será reprimido con prisión de dos a seis años, multa de diez mil a cien mil pesos e inhabilitación absoluta perpetua.

El funcionario o empleado público que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, permitiere o diere ocasión a que otro conozca dicha información, será sancionado con prisión de uno a cuatro años, multa de un mil a treinta mil pesos e inhabilitación especial de tres a diez años.


Art. 33 Bis.- Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un imputado que hubiese colaborado con la investigación, el tribunal deberá disponer las medidas especiales de protección que resulten adecuadas.

Están podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad del testigo o imputado, y en la provisión de los recursos económicos indispensables para el cambio de domicilio y de ocupación, si fuesen necesarias. La gestión que corresponda quedará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación.
Art. 34 Bis.- Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, se mantendrán en el anonimato.80

Ley 25.241. Hechos de terrorismo:
Art. 7º — Si fuere presumible que el imputado que hubiera colaborado, corriere riesgos en razón de ello respecto de su integridad personal o de su familia, se adoptarán las medidas de protección necesarias, incluidas la provisión de los recursos indispensables para cambiar de actividades laborales y la sustitución de su identidad.

Ley 26.097. Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:
La aprobación legislativa, por parte de la República Argentina, de la Convención de la ONU contra la Corrupción, significa un gran avance en materia de protección de testigos, peritos y víctimas de actos de corrupción, por cuanto diversos artículos de dicha Convención tratan acerca de la materia (arts. 32, 33 etc.).
Proyectos normativos:
Oficina Anticorrupción – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
A mediados del año 2003 la Oficina Anticorrupción organizó un procedimiento de elaboración participada de normas81, con amplia participación de todos los sectores sociales, del cual se obtuvo como resultado el Proyecto Ley de Protección de Denunciantes, Informantes y Testigos de Actos de Corrupción. En efecto, la Oficina Anticorrupción, en cumplimiento de lo estipulado por la Convención Interamericana Contra la Corrupción en su artículo III, elaboró un anteproyecto de ley sobre protección de denunciantes, informantes y testigos de actos de corrupción. El proyecto, que se financió con la donación del Banco Mundial IDF 027282, se elevó oportunamente a consideración del entonces Ministro de Justicia para su envío al Congreso de la Nación.

Este anteproyecto está destinado a brindar protección contra medidas tomadas en perjuicio de personas que denuncian u ofrecen información relevante sobre hechos de corrupción, o prestan declaración testimonial en una causa penal relacionada con la investigación de hechos de corrupción. Dadas las particularidades que presentan las represalias contra denunciantes, informantes o testigos de este tipo de ilícitos, el proyecto regula mecanismos de protección no sólo respecto de la integridad física de la persona protegida, sino también sobre las consecuencias que eventualmente pueda sufrir en el ámbito laboral, ya sea que pertenezca a la administración pública o al sector privado.

Con el objeto de lograr un proyecto de ley acorde con nuestro contexto cultural, compatible con los derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico y capaz de alcanzar eficacia y viabilidad práctica, se diagramó un proyecto de trabajo de tres etapas.

En la etapa inicial, se realizó una investigación de derecho comparado y proyectos de ley nacionales sobre la materia, sobre legislación nacional relacionada con los temas que debía abordar el proyecto, consultas y estudio de jurisprudencia nacional y extranjera y entrevistas con personas que tuvieran experiencia práctica en esta problemática. Alcanzado un conocimiento suficientemente sólido sobre los aspectos que el proyecto debía regular, se redactó un borrador del anteproyecto de ley.

En la segunda etapa, el borrador fue sometido a un procedimiento de consulta (Elaboración Participada de Normas) con participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, Organizaciones No Gubernamentales, y académicos con reconocida autoridad en la materia. Durante este proceso, se recibieron muchas y muy valiosas observaciones y sugerencias y permitió contemplar demandas provenientes de los más diversos sectores y perspectivas.

El procedimiento de consulta fue realizado a través de un Seminario, llevado a cabo durante tres días consecutivos para discutir sobre las distintas materias abarcadas por el anteproyecto. Finalmente, en la tercera etapa, se procesaron y analizaron los resultados que arrojó el procedimiento de Elaboración Participada de Normas, y se introdujeron sugerencias recibidas como modificaciones al anteproyecto.


En el sitio web de la OA pueden encontrarse los siguientes documentos:

 

Anteproyecto de Ley:



http://www.anticorrupcion.gov.ar/Anteproyecto%20de%20Ley-Proteccion%20Testigos.pdf

Convocatoria al proceso de debate del anteproyecto de ley:



http://www.anticorrupcion.gov.ar/TEXTO%20INTRODUCTORIO%20WEB%20(II).pdf

Proyecto definitivo de Ley:



http://www.anticorrupcion.gov.ar/Proyec%20Testigo.pdf

Fundamentos del Proyecto definitivo de ley:



http://www.anticorrupcion.gov.ar/Fundamentos%20proyecto%20de%20ley.pdf
Poder Legislativo:
Desde el año 1998 a la fecha se han presentado al menos media docena de proyectos relacionados con esta temática, a saber:
Cámara de Senadores:
Proyecto Nº: 1852-S-98

Firmante del proyecto de ley: Berhongaray, Antonio Tomás

Título: Protección de los derechos laborales de los denunciantes o testigos de delitos e irregularidades cometidos contra la administración nacional, que revistaren como agentes permanentes, transitorios o contratados, de cualquier categoría, en la mencionada administración.
Proyecto Nº: 2676-S-00

Firmante del proyecto de ley: Rostan, Néstor Daniel

Título: Régimen de protección de los denunciantes y testigos de hechos de corrupción.
Proyecto Nº: 2081-S-02

Firmante del proyecto de ley: Colazo, Mario J.

Título: Ley de protección laboral de los denunciantes de delitos e irregularidades contra la administración nacional.
Proyecto Nº: 3278-S-02

Firmante del proyecto de ley: Müller, Mabel H.

Título: Ley de protección de los derechos de los denunciantes de actos de corrupción o de testigos de tales actos, ya sean agentes públicos o ciudadanos particulares.
Proyecto Nº: 3375-S-03

Firmante del proyecto de ley: Capitanich, Jorge

Título: Código Penal sobre delitos no convencionales.

Cámara de Diputados:
Proyecto Nº: 5952-D-03

Firmantes del proyecto de ley: María J. Lubertino Beltrán. – Eduardo D. J. García. – Héctor T. Polino. – Rubén H. Giustiniani. – Jorge Rivas. – José A. Roselli. – Fernando C. Melillo. – María E. Barbagelata. – Patricia C. Walsh. – Marcela A. Bordenave. – Alicia A. Castro. – Lilia Puig de Stubrin. – José A. Vitar. – Margarita O. Jarque. – Mario A. H. Cafiero.

Título: Protección de los/as denunciantes y testigos de hechos de corrupción.


b) En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se han obtenido, incluyendo los datos estadísticos disponibles.

RESPUESTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Capítulo Segundo – b):


Oficina Anticorrupción – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
En la Oficina Anticorrupción, desde enero del año 2000 hasta el 30 de Junio de 2006, se han recibido – sobre un total de 5.696 denuncias – 1439 denuncias anónimas y 122 denuncias con reserva de identidad.
Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados:
Respecto del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, actualmente se encuentran en trámite veintidos (22) casos, que involucran a treinta y un (31) personas  protegidas – entre testigos e imputados – y a sus respectivos grupos familiares.

De esos casos, nueve (9) son por delitos vinculados a la ley de estupefacientes, siete (7) por secuestros extorsivos, dos (2) por violencia institucional, tres (3) por delincuencia organizada y uno (1) por terrorismo.





  1. c) En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 8 del artículo III de la Convención.


CAPITULO TERCERO

ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI DE LA CONVENCIÓN)


    1. Tipificación de actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención




  1. a) ¿Tipifica su país como delitos los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención que se transcriben en este acápite del cuestionario? En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto, indicando a cuales de dichos actos de corrupción se refieren en particular y las sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas.




  • Actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención:




    1. i. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.

    2. ii. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.

    3. iii. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.

    4. iv. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.

    5. v. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.



RESPUESTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Capítulo Tercero – a):

Existencia de normas que tipifiquen los delitos previstos en el

Artículo VI.1. de la CICC

Conforme lo requerido en el Capítulo Tercero, punto 1., a renglón seguido se mencionarán y describirán las normas penales de la República Argentina que tipifican las conductas descriptas en el artículo VI.1 de la Convención82.


i. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.
Esta conducta se relaciona con varios tipos penales, a saber:
a) Cohecho pasivo.

El art. 256 del Código Penal, modificado por el art. 31 de la Ley 25.188, dice:

Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones83.

La figura en análisis, llamada “cohecho pasivo”, es de aquellas que requieren la actuación de otro autor (codelincuencia necesaria), pues el sujeto activo (un funcionario público) no puede recibir o aceptar si no hay alguien que le dé, ofrezca o prometa algo.

Esta norma castiga al funcionario que recibe o acepta, ya sea directamente o por personas interpuestas, dinero, dádivas de cualquier tipo, o bien la promesa de ellas, a fin de hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones84.

Es decir, además de la calidad de funcionario -que incluye también a los empleados públicos-, la figura toma en cuenta la naturaleza del acto corrupto, en tanto para que exista cohecho, es imprescindible que éste corresponda a un acto relativo a las funciones.

El delito se consuma al recibir (entrar en la tenencia material del objeto) o al aceptar (cuando el funcionario admite recibir lo que se le ofrece o promete para un futuro)85.
b) Cohecho del Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público.

Otro supuesto que guarda relación con el artículo de la CICC es el previsto en nuestro art. 257 del CP, modif. por el art. 33 de la ley 25.188, que establece:



"Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia”.

Se trata de una figura autónoma que se aplicará cuando el sujeto activo del cohecho sea un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, y realice alguna de las conductas descriptas en la norma.

Para determinar quiénes pueden ser autores de este delito especial debe acudirse al art. 1º del Reglamento para la Justicia Nacional y a los arts. 3 y 4 de la ley 24.946 de Ministerio Público 86.

Cuando el funcionario reciba una dádiva con relación a un acto que no sea emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, o bien faltare cualquier otro elemento del tipo, el acto delictivo quedará abarcado por el art. 256 del CP.


c) Exacciones ilegales.

Otro delito que se vincula con la norma de la CICC en análisis es el de exacciones ilegales. La figura básica es la del art. 266 del CP, que dispone que:

Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.

La nota distintiva de este tipo es el abuso funcional del que se vale el funcionario para lograr el beneficio indebido. Exacción significa el hecho de exigir, con aplicación a impuestos, prestaciones, multas o deudas87. Se trata de algo que sólo puede percibir el Estado, en cuyo nombre se actúa.

Además, en este delito hay una exigencia de lo que indebidamente se recibe, lo cual lo distingue del cohecho. El sujeto pasivo hace la entrega con su voluntad constreñida por el temor88 al funcionario, quien doblega la voluntad del particular. No se llega, como en la figura del cohecho, a un acuerdo venal entre las partes89.
d) Exacción agravada por los medios.

Como agravante, el art. 267 del CP dispone que:

Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años”.
e) Concusión.

Cuando en el caso de alguno de los supuestos anteriores se le agregue la conversión del producto de las exacciones en provecho particular del funcionario o de un tercero, estaremos ante el delito de concusión, previsto por el art. 268 del CP:

Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores”.

Este supuesto opera cuando, en lugar de dar a lo obtenido el destino que se invocó al sujeto pasivo, se decide no ingresarlo a la administración y sí hacerlo en el propio patrimonio del funcionario o de un tercero.

El delito es complejo, ya que presupone la realización de lo previsto por el art. 266 o 267, y a ello le agrega la conversión de la exacción en provecho del propio autor o de un tercero.

El autor consuma el delito al disponer de lo obtenido o al no hacerlo ingresar en las arcas estatales, si es que existe un plazo para ello.


f) Admisión simple de dádivas.

Por último, la simple admisión de dádivas, que ya excede lo acordado en el marco de la CICC, se encuentra prevista en el art. 259 del Código Penal, que reza:

Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año”.

Lo que distingue a esta figura de las anteriores es la falta de acuerdo venal entre los sujetos del delito.

No debe existir vinculación entre la dádiva y un hecho u omisión por parte del funcionario, porque de existir la conducta quedaría abarcada por el cohecho. Se trata, en general, de obsequios que recibe el agente en consideración a su posición.
ii. “El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”.
a) Cohecho activo.

El art. 258 del C.P. establece que:

Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo”.

En este caso se observa, que no es necesario el concierto previo con el funcionario público (el acuerdo venal que era imprescindible para el cohecho pasivo), sino que la simple dación o la oferta alcanzan para consumar este delito, siempre que se tuviere en vista alguna de las conductas reprimidas por los arts. 256, 256 bis y 257.


iii. “La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.

La redacción de este inciso resulta poco precisa, lo que dificulta el análisis comparativo con nuestra legislación, en la medida en que, al establecer que será acto de corrupción la realización por parte del funcionario de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, permite que sea relacionado con más de una figura de las previstas en nuestra legislación penal. Sin perjuicio de ello, a continuación se analizarán algunos tipos penales contenidos en nuestra legislación, en los que se encuadra esta conducta.


a) Fraude en perjuicio de la Administración Pública.

Así, se puede comenzar el análisis de esta disposición aludiendo, en primer lugar, al llamado fraude en perjuicio de la administración pública, el que se encuentra regulado por nuestro Código Penal en su art. 174 inc. 5°, en cuanto establece que:

Sufrirá prisión de dos a seis años:... 5° El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública... el culpable si fuere empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”90.

Hay acuerdo en la doctrina en que este tipo puede cumplirse ya sea por actos de fraude o por maniobras que constituyan abusos de confianza o de situaciones para defraudar a la administración.

La nota particular que presenta este delito es que la defraudación que se comete debe haber perjudicado al patrimonio de la administración pública, entendida ésta en sentido amplio.

Los sujetos activos de este delito pueden ser tanto un funcionario público, como un empleado o un mero particular.

Al respecto cabe aclarar, que nuestro Código Penal abarca dentro de términos “funcionario público” o “empleado público” a todo aquél que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente (art. 77 del CP)91.

Así mayoritariamente se afirma que el código ha adoptado un criterio amplio con relación a esta cuestión, tomando como sinónimos los términos de funcionario y empleado.


b) Administración infiel.

También se podría relacionar esta conducta con la descripta por el art. 173 inc. 7° CP, en tanto establece que se considerará caso especial de defraudación, y sufrirá la pena del art. 172 ( de un mes a seis años de prisión):

... El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos...”.

Esta figura es conocida como administración infiel, y se trata de una defraudación en la que predomina el abuso de confianza.

La conducta del sujeto activo consiste en perjudicar los intereses confiados u obligar abusivamente al titular de ellos, violando los deberes que tiene a su cargo.

Es necesario que el agente tenga un poder sobre los bienes o intereses de otros, y que éste provenga de la ley (ej. un representante legal), de la autoridad (ej. un tutor o curador designado judicialmente), o por cualquier otro acto jurídico (ej. el director de una sociedad).

El autor debe tener a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de los bienes o intereses del otro, consistiendo su acción en una violación de los deberes que le han sido confiados.

El elemento subjetivo del tipo está dado por la dirección a la que debe dirigirse la maniobra: lograr un lucro indebido para el autor o para un tercero.


c) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Además de estas dos figuras, también guarda cierta relación la prevista en el art. 265 al estipular que:

Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesase en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales”.

Se sostiene, que el objeto tutelado por esta figura es el interés que tiene el Estado en el fiel y debido desempeño de las funciones de la administración en sentido amplio, de manera que la actuación de los órganos no sólo sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad.

Se trata de casos en los que el funcionario interviene en un contrato u operación como órgano del Estado y como particular interesado. Además debe tomar parte en la operación en razón de su competencia funcional.

El delito queda consumado por el sólo hecho de interesarse en el negocio en el que interviene el sujeto en razón de su cargo.

De la lectura del artículo se advierte que no sólo comprende a los funcionarios públicos, sino también a las personas especificadas en el segundo párrafo, las que constituyen claros ejemplos de participación accidental en la función pública.
iv.“El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de los actos a los que se refiere el presente artículo”.

A esta norma, cabe relacionarla con la figura de encubrimiento, que prevé:

1) Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:

(...)

c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.

e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.

2) La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando:


  1. El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquél cuya pena mínima fuera superior a tres años de prisión.

  2. El autor actuare con ánimo de lucro.

c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.
v. “La participación como autor, co‑autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a que se refiere el presente artículo.

Resulta posible analizar esta norma a la luz de varias de las contenidas en nuestra legislación. A saber:


a)
Catálogo: juridico -> spanish
spanish -> Cassals y asociados
spanish -> Informe de sociedad civil en el Marco de la Segunda Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción Elaborado por la Fundación Poder Ciudadano
spanish -> Republica de costa rica respuesta al cuestionario mesicic / oea – 2da ronda noviembre de 2006
spanish -> Proyecto de informe preliminar
spanish -> Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del estado artíC
spanish -> Anexo capítulo II letra b Respuesta al Cuestionario de Evaluación Fase II implementación de la cicc chile
spanish -> Código federal de procedimientos penales
spanish -> Comité de expertos del mecanismo de seguimiento de la implementación de la convención interamericana contra la corrupcióN
spanish -> Código Penal
spanish -> Ley del servicio exterior mexicano


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