Respuesta de la República Argentina al cuestionario para la segunda ronda de Comité de Expertos del mesecic



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Comisión de Preadjudicaciones

A diferencia del Decreto Nº 436/00 que fija la integración de la Comisión de Evaluación, el Decreto Nº 5720/72 no especifica qué funcionarios deben integrar esta Comisión. La misma tiene carácter ad hoc y debe contar como mínimo con tres miembros.



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Cabe destacar que todos los actos administrativos que se vayan dando tanto en el marco del mecanismo de preselección, así como la adjudicación definitiva, son impugnables por la vía recursiva de la ley nacional de procedimientos administrativos74 en toda su extensión.

El Decreto 5720/72 establece al reglamentar el artículo 61 de la Ley de Contabilidad, en el inciso 45) apartado c) que las cláusulas particulares del pliego deberán indicar el término para formular impugnaciones a la preadjudicación75.

El inciso 79) establece que los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo que se fije en las cláusulas particulares, el que no podrá ser inferior a 3 días a contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios.



Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente para aprobar la contratación, previo a decidir la adjudicación. Durante ese término las actuaciones completas que constituyen el acto licitario, se pondrán a disposición de los oferentes para su vista. Este punto es particularmente importante para aquellos oferentes que resulten eliminados, por ejemplo, con la apertura del sobre uno, los cuales perderían de otro modo, toda posibilidad futura en el marco de la contratación en curso, con lo que sus expectativas de ser elegidos quedarían definitivamente fulminadas en ese preciso momento.

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Disposición AFIP Nº 297/2003 “RÉGIMEN GENERAL PARA CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS de la AFIP – "ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS”.

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 618/97 (B.O. 14/7/1997), estableció la organización y competencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 1156/96 (B.O. 16/10/1996), norma ésta constitutiva del citado ente autárquico por la fusión de la Administración Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva.

La AFIP es una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, y tiene la organización y competencia fijadas por el Decreto Nº 618/97.

Asimismo, es el Ente de ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación aplicando las normas legales correspondientes. Tiene las funciones y facultades de los organismos fusionados mencionados, sin perjuicio de las conferidas por otras normas:

a) La aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas, y en especial de:



  1. Los tributos que gravan operaciones ejecutadas en el ámbito territorial y en los espacios marítimos, sobre los cuales se ejerce total o parcialmente la potestad tributaria nacional.

  2. Los tributos que gravan la importación y la exportación de mercaderías y otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras que le estén o le fueren encomendados.

  3. Los recursos de la seguridad social correspondientes a:

    1. Los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, sean de trabajadores en relación de dependencia o autónomos.

    2. Los subsidios y asignaciones familiares.

    3. El Fondo Nacional de Empleo.

    4. Todo otro aporte o contribución que de acuerdo a la normativa vigente se deba recaudar sobre la nómina salarial.

  4. Las multas, recargos, intereses, garantías y cualquier accesorio que por situaciones de cualquier naturaleza puedan surgir de la aplicación y cumplimiento de las normas legales.

b) El control del tráfico internacional de mercaderías dispuesto por las normas legales respectivas.

c) La clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías.

d) Todas aquellas funciones que surjan de su misión y las necesarias para su administración interna.

El Régimen General instaurado mediante Disposición AFIP Nº 297/2003, es de aplicación a todos los procedimientos de contratación en los que sean parte la AFIP y sus unidades con competencia para contratar.

El mismo tiene por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también que la venta de bienes sea al mejor postor, estableciendo la presunción de que toda contratación es de índole administrativa, salvo que por sus características esté sometida a normas de derecho privado.

Los principios generales a los que debe ajustarse la gestión de contrataciones y a partir de los cuales se interpreta cualquier cuestión vinculada a éstas son los siguientes:

a) Razonabilidad, conveniencia y/o necesidad del proyecto.

b) Eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado.

c) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes.

d) Transparencia en los procedimientos.

e) Carácter público del proceso.

f) Responsabilidad de quienes autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones.

g) Conducta correcta de todos los participantes.

h) Igualdad de trato.

Las contrataciones se desarrollarán en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este Régimen. Se utilizará tecnología informática que permita aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso a la información en todo lo relativo a procedimientos de selección posibilitando el control social sobre los mismos. (Art. 10)

La comprobación de que en un llamado a contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la anulación inmediata del procedimiento, cualquiera fuera el estado de trámite en que se encuentran. (Art. 16)

La elección de las modalidades del procedimiento de selección o de ejecución del contrato estará determinada por una o más de las siguientes circunstancias, sin perjuicio de otras no previstas expresamente:

a) Contribución al cumplimiento del objetivo previsto en el inciso a) del artículo 4º de la Ley Nº 24.156, en lo que respecta a la economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos.

b) Características de los bienes o servicios a contratar.

c) Condiciones de comercialización y configuración del mercado (Art. 25 Inciso 1)


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Procedimientos de selección (artículo 21):

-.Licitación Pública: cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación supere el mínimo que a tal efecto determine este reglamento, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exijan los pliegos.

-. Subasta Pública: podrá ser aplicado en los siguientes casos:

1. Compra de bienes muebles, inmuebles y/o semovientes.

2. Venta de bienes de propiedad de la AFIP.

-. Licitación Privada: aquellas licitaciones donde se invita a un grupo limitado de oferentes que se utiliza en los siguientes casos:

1. Cuando el monto presunto del contrato no supere el establecido en el Régimen Jurisdiccional vigente.

2. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno

-. Contratación Directa: se utiliza en los siguientes casos:

1. Cuando una licitación haya resultado desierta o fracasada

2. La realización de obras científicas, técnicas o artísticas

3. La prestación de servicios técnicos o profesionales

4. La contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona física o jurídica, y/o cuando no hubieren sustitutos convenientes.

5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno

6. Cuando el Administrador Federal haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad.

7. Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores

8. Las contrataciones con jurisdicciones, entidades y organismos públicos

9. Cuando el monto del contrato no supere el establecido en el Régimen Jurisdiccional vigente para este tipo de contrataciones.


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1.- Contrataciones en Soporte Digital: Las contrataciones comprendidas en este Régimen podrán realizarse en soporte y firma digital, utilizando los procedimientos de selección y las modalidades que correspondan, considerándose válidas las notificaciones en soporte y firma digital, en los procedimientos regulados por el marco legal.

Los documentos digitales firmados digitalmente, conforme con la legislación aplicable, tendrán el mismo valor legal que los documentos en soporte papel con firma manuscrita, y serán considerados como medio de prueba de la información contenida en ellos.

Todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de selección que se utilice, se difundirán por INTERNET u otro medio electrónico de igual alcance que lo reemplace.

Con el fin de cumplir el principio de transparencia, se difunden por INTERNET del Organismo, www.afip.gov.ar , las convocatorias, los proyectos de pliegos correspondientes a contrataciones que la autoridad jurisdiccional someta a consideración pública, los pliegos de bases y condiciones, las adjudicaciones y las órdenes de compra.

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La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para la AFIP, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Cuando se trata de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá —en principio— como oferta más conveniente, la de menor precio.

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Los oferentes podrán formular impugnaciones contra el acto de adjudicación, dentro de los cinco (5) días de notificado el mismo, debiendo depositar en efectivo el equivalente al CINCO POR MIL (0,5 ‰) del valor de la oferta presentada por el impugnante, el que le será devuelto al impugnante en caso que la impugnación fuera receptada favorablemente y se perderá esta suma en el caso que ella fuera desestimada.

La impugnación será resuelta por la autoridad jurisdiccional que corresponda. En caso que fuera desestimada, se podrá solicitar la revisión de lo decidido para ante el Sr. Administrador Federal, dentro del plazo de cinco (5) días, sin que sea necesario realizar depósito adicional alguno.

En ningún caso la interposición de la impugnación o la revisión de lo decidido tendrá carácter suspensivo, sin perjuicio de la posibilidad de la AFIP de suspender el procedimiento por razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia, por acto debidamente fundado.



Una vez agotada la instancia en sede de la Administración Federal, los oferentes podrán utilizar el procedimiento previsto en el artículo 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos76, es decir, el recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente, a opción del interesado.
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El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, es un organismo cuya misión es brindar atención medica- asistencial a los jubilados y pensionados de la Argentina. Se trata de una persona pública no estatal creada por la Ley Nº 19.032 en el año 1971.

El INSSJP cuenta con normas relativas a la adquisición de bienes y servicios: El plexo normativo que regula el sistema de compras y contrataciones está estructurado en torno a las Resoluciones Nº 135/03 (Régimen general de compras y contrataciones) y la Resolución Nº 218/03 (Pliego único de bases y condiciones).

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En virtud de dichas normas, el Instituto regula los procedimientos vigentes para la selección de co-contratantes (Vg. Licitación o concurso público, licitación o concurso privado, subasta pública, contratación electrónica, trámite simplificado conf. Art. 19 Resolución 135/03 ), así como también las modalidades que pueden presentar tales procesos (Vg. precio tope, orden de compra abierta, compras consolidadas, presentación de ofertas en etapas sucesivas, precalificación de oferentes. Conf. art. 25 Resolución 135/03).

Complementan e informan el régimen general de compras, las resoluciones 355/03 (vinculada con los procesos de descentralización operativa, aplicable a las contrataciones realizadas por las Unidades de Gestión Local del Instituto); la resolución 990/04 (relativa a los montos de autorización y los funcionarios competentes para autorizar y adjudicar las contrataciones del organismo) y la resolución 573/05 (requisitos de validez de las notificaciones).

A través de la adopción de los procedimientos señalados, el Instituto ha adecuado su reglamentación a los principios generales en materia de transparencia y libre concurrencia. Así, la licitación pública es en la actualidad el principio general en materia de contrataciones. Se ha eliminado del esquema normativo la figura de la “contratación directa”. Si fuere necesario –por razones de urgencia, o por estar amenazada la vida o la salud de un afiliado – se puede contratar a través de la figura del Trámite simplificado (art. 19 resolución 135/03; que al igual que en el régimen general de la Administración Pública Nacional, requiere publicidad, se rige por un pliego, permite que formulen ofertas los proveedores especialmente invitados a hacerlo, y todos aquellos que espontáneamente se presenten, etc.).



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Respecto de las autoridades de aplicación en materia de compras y contrataciones - según los montos de cada operación de acuerdo a lo normado en la precitada resolución 990/04- serán la Gerencia de Administración y la Subgerencia de Compras y Contrataciones, las unidades con competencia específica en la materia. Para contrataciones cuyos montos oscilen entre los $5.000 hasta los $30.000 – dependiendo de la cantidad de afiliados que nucleen en cada caso- las Unidades de gestión local (UGLs) se encuentran facultadas a autorizar llamados y realizar las adjudicaciones pertinentes (conf,.Resolución 355/03 y anexo) .



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En lo relativo al registro de proveedores, la posibilidad de formular ofertas por parte de aquellos interesados – con independencia de haber sido efectivamente invitados al llamado, y sin considerar si se encuentran inscriptos o no en el registro de proveedores- es una muestra de la adopción de herramientas concretas que propician la libre concurrencia. Para profundizar sobre el Registro de Proveedores del INSSJP puede consultarse la Resolución 218/03, artículo 12.


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Los procesos se publican en la página web del Instituto (www.pami.org.ar), en el Boletín Oficial de la Nación; y en ciertos supuestos, en diarios de distribución nacional que dinamizan el carácter público de las contrataciones llevadas a cabo.



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Por último, señalamos que el Instituto, en razón de sus misiones y funciones específicas no realiza ni por sí ni por terceros obras públicas. Las obras que efectúa encuadran en adecuaciones de sus instalaciones, y revisten escasa envergadura.



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El régimen general establecido en la Resolución 135/03 establece un mecanismo de evaluación de las ofertas presentadas, en cabeza de un órgano colegiado – Comisión Evaluadora- cuya designación, es efectuada por la máxima autoridad del Instituto, en cada contratación en particular (conf. Art. 60 Resolución 135/03). Los criterios de ponderación de las ofertas presentadas están pormenorizadamente establecidos en la citada resolución (art. 56). Sin perjuicio de la remisión a la normativa específica – cuyas copias anexamos a esta contestación- por razones de brevedad, destacamos que el precio, y la calidad de los productos constituyen el norte a la hora de efectuar el orden de mérito de los oferentes presentados. No obstante, en determinadas contrataciones de insumos con componentes tecnológicos o de complejidad medica, se hace merito asimismo de las calificaciones técnicas, así como de la trayectoria y antigüedad en el mercado de los oferentes.



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En lo atinente a los recursos de impugnación, y revisión de las decisiones adoptadas en el marco de los procesos licitatorios y de compras en general, destacamos que el régimen general no los contempla específicamente; pero recepta en el artículo 24 de la Resolución 135/03, un mecanismo en cabeza de los oferentes para formular observaciones, así como también para requerir a la máxima autoridad del Instituto informes una vez producida la adjudicación.



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