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Resolución de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos
De 9 de mayo de 2008
Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
Caso Raxcacó Reyes y otros

Solicitud de ampliación de medidas provisionales

Vistos:

A) Caso Fermín Ramírez

1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada el 20 de junio de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), notificada íntegramente al Estado el 15 de julio de 2005, mediante la cual dispuso, por unanimidad, que:

7. El Estado debe llevar a cabo, en un plazo razonable, un nuevo enjuiciamiento en contra del señor Fermín Ramírez, que satisfaga las exigencias del debido proceso legal, con plenas garantías de audiencia y defensa para el inculpado. En caso de que se le impute la comisión del delito de asesinato, cuya tipificación estaba en vigor al momento de los hechos que se le imputaron, deberá aplicarse la legislación penal vigente entonces con exclusión de la referencia a la peligrosidad, en los términos del punto resolutivo siguiente.

8. El Estado debe abstenerse de aplicar la parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala que se refiere a la peligrosidad del agente, y modificar dicha disposición dentro de un plazo razonable, adecuándola a la Convención Americana, conforme a lo estipulado en su artículo 2, de manera que se garantice el respeto al principio de legalidad, consagrado en el artículo 9 del mismo instrumento internacional. Se debe suprimir la referencia a la peligrosidad del agente contemplada en ese precepto.

9. El Estado debe abstenerse de ejecutar al señor Fermín Ramírez, cualquiera que sea el resultado del juicio al que se refiere el Punto Resolutivo séptimo.

10. El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas legislativas y administrativas necesarias para establecer un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena, conforme a una regulación que establezca la autoridad facultada para concederlo, los supuestos de procedencia y el trámite respectivo; en estos casos no debe ejecutarse la sentencia mientras se encuentre pendiente la decisión sobre el indulto o la conmutación solicitados.

11. El Estado debe proveer al señor Fermín Ramírez, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la […] Sentencia y por el tiempo que sea necesario, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, un tratamiento adecuado, incluida la provisión de medicamentos.

12. El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos.

13. El Estado debe efectuar el pago por concepto de reintegro de gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo, en los términos de los párrafos 131 a 137 de [la] Sentencia.

14. Las obligaciones del Estado en el marco de las medidas provisionales ordenadas quedan reemplazadas por las que se ordenan en [la] Sentencia, una vez que el Estado asegure el cumplimiento de los Puntos Resolutivos 7, 8 y 9 de la […] Sentencia.

[…]

2. La Resolución de la Corte de 22 de septiembre de 2006, mediante la cual:



DECLAR[Ó]:

1. Que de conformidad con lo señalado en el Considerando octavo de la […] Resolución, el Estado ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el punto resolutivo décimo tercero de la Sentencia sobre fondo y reparaciones dictada por el Tribunal el 20 de junio de 2005, en cuanto a que cumplió con el pago por concepto de reintegro de gastos a favor del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala, de acuerdo a los términos de los párrafos 131 a 137 de dicha Sentencia.

2. Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento integral, a saber, las obligaciones de:


  1. llevar a cabo, en un plazo razonable, un nuevo enjuiciamiento en contra del señor Fermín Ramírez, que satisfaga las exigencias del debido proceso legal, con plenas garantías de audiencia y defensa para el inculpado (punto resolutivo séptimo);

  2. abstenerse de aplicar la parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala referente a la peligrosidad del agente y adecuarla a la Convención en un plazo razonable (punto resolutivo octavo);

  3. abstenerse de ejecutar al señor Fermín Ramírez, cualquiera que sea el resultado del juicio al que se refiere el punto resolutivo séptimo (punto resolutivo noveno);

  4. adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para establecer un procedimiento para que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena (punto resolutivo décimo);

  5. proveer al señor Fermín Ramírez un tratamiento adecuado (punto resolutivo décimo primero).

  6. adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos (punto resolutivo décimo segundo);

Y RES[OLVIÓ]:

1. Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efecto y pronto cumplimiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia sobre fondo y reparaciones el 20 de junio de 2005 y en la […] Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

[…]

3. Los escritos presentados el 19 de enero, 18 de julio, 2 de agosto y 7 de noviembre de 2007, mediante los cuales la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”) informó sobre el avance en el cumplimiento de la Sentencia emitida en el presente caso.



4. Los escritos presentados por los representantes del señor Fermín Ramírez el 23 de agosto de 2007 y 11 de enero de 2008, mediante los cuales remitieron sus observaciones a los informes estatales mencionados.

5. Los escritos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) el 19 de septiembre y 21 de diciembre de 2007, mediante los cuales remitió sus observaciones a los informes estatales referidos.

6. La nota de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 29 de enero de 2007, mediante la cual solicitó al Estado que remitiera una copia de la “Ley del Régimen Penitenciario” y del “Reglamento Interno de las Granjas Modelo de Rehabilitación y Cumplimiento de Condenas a Cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario”, a los cuales se refirió en su primer informe de cumplimiento, y se otorgó una prórroga solicitada por el Estado hasta el 1 de marzo de 2007 para presentar un informe adicional. Dicha nota fue reiterada el 20 de abril y 25 de junio de 2007, y la información solicitada fue remitida el 18 de julio de 2007.

7. La Resolución de la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) de 28 de marzo de 2008, mediante la cual, en ejercicio de las atribuciones de la Corte de supervisión del cumplimiento de sus decisiones, en consulta con los demás Jueces del Tribunal, y de conformidad con los artículos 63.2, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y los artículos 25.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte (en adelante “el Estatuto”) y 4, 14.1, 25.7 y 29.2 del Reglamento del Tribunal (en adelante “el Reglamento”), decidió convocar a la Comisión Interamericana, al Estado, a los representantes de la víctima en el caso Fermín Ramírez, a los representantes de la víctima en el caso Raxcacó Reyes y a los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales dictadas en el caso Raxcacó Reyes y otros a una audiencia privada que se celebraría en la sede de la Corte el día 8 de mayo de 2008, a partir de las 15:00 horas y hasta las 16:45 horas, con el propósito de que el Tribunal obtuviera información por parte del Estado sobre el cumplimiento de las Sentencias emitidas en los casos señalados, escuchara las observaciones de la Comisión y de los representantes de las víctimas al respecto, y recibiera información sobre la solicitud de ampliación de medidas provisionales, en cuanto ésta se relacione con las sentencias cuyo cumplimiento se supervisa.

8. La audiencia privada celebrada por la Corte en su sede en San José de Costa Rica el 8 de mayo de 20081. En el curso de dicha audiencia privada el Estado, la Comisión Interamericana y los representantes se refirieron a los puntos pendientes de cumplimiento en el presente caso.

B) Caso Raxcacó Reyes

9. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada por la Corte el 15 de septiembre de 2005, mediante la cual dispuso, inter alia, que:

5. El Estado debe modificar, dentro de un plazo razonable, el artículo 201 del Código Penal vigente, de manera que se estructuren tipos penales diversos y específicos para determinar las diferentes formas de plagio o secuestro, en función de sus características, la gravedad de los hechos y las circunstancias del delito, con la correspondiente previsión de punibilidades diferentes, proporcionales a aquéllas, así como la atribución al juzgador de la potestad de individualizar las penas en forma consecuente con los datos del hecho y el autor, dentro de los extremos máximo y mínimo que deberá consagrar cada conminación penal. Esta modificación en ningún caso ampliará el catálogo de delitos sancionados con la pena capital previsto con anterioridad a la ratificación de la Convención Americana.

6. Mientras no se realicen las modificaciones señaladas en el punto resolutivo anterior, el Estado deberá abstenerse de aplicar la pena de muerte y ejecutar a los condenados por el delito de plagio o secuestro, en los términos del párrafo 132 de la […] Sentencia.

7. El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar y, en su caso, obtener indulto, conforme a una regulación que establezca la autoridad facultada para concederlo, los supuestos de procedencia y el trámite respectivo. En estos casos no debe ejecutarse la sentencia mientras se encuentre pendiente la decisión sobre el indulto o la conmutación solicitados.

8. El Estado debe dejar sin efectos la pena impuesta al señor Raxcacó Reyes en la sentencia del Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente […] dentro de un plazo razonable y, sin necesidad de un nuevo proceso, emitir otra que en ningún caso podrá ser la pena de muerte. El Estado deberá asegurar que la nueva pena sea proporcional a la naturaleza y gravedad del delito que se persigue, y tome en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que pudieren concurrir en el caso, para lo cual, previamente a dictar sentencia, ofrecerá a las partes la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia.

9. El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a los estándares internacionales relativos a esta materia.

10. El Estado debe proveer al señor Raxcacó Reyes, previa manifestación de su consentimiento, por el tiempo que sea necesario, a partir de la notificación de la […] Sentencia, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, un adecuado tratamiento médico y psicológico, incluida la provisión de medicamentos, según las prescripciones de especialistas debidamente calificados.

11. El Estado debe adoptar, a partir de la notificación de la […] Sentencia, las medidas necesarias para posibilitar que el señor Raxcacó Reyes reciba visitas periódicas de la señora Olga Isabel Vicente.

12. El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas educativas, laborales o de cualquier otra índole necesarias para que el señor Raxcacó Reyes pueda reinsertarse a la sociedad una vez que cumpla la condena que se le imponga de conformidad con el punto resolutivo octavo de la […] Sentencia.

13. El Estado debe publicar, en el plazo de un año a partir de la notificación de la […] Sentencia, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, al menos una vez, el capítulo de Hechos Probados, los párrafos 65, 66, 72, 81, 82, 85, 86, 102 y 113 que corresponden a los capítulos VIII, IX, X y XI, y los puntos resolutivos primero a decimosexto de la […] Sentencia. En la publicación se deberán incluir los títulos de los referidos capítulos y se omitirán las citas al pié de página.

14. El Estado debe efectuar el pago por concepto de reintegro de gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del […] fallo, en los términos del párrafo 138 de [la] Sentencia.

[…]

10. La Sentencia de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida por el Tribunal el 6 de febrero de 2006.



11. Los escritos de 13 de octubre y 19 de diciembre de 2006; 6 de marzo, 8 de marzo, 11 de abril, 8 de mayo, 9 de julio, 2 de octubre y 13 de diciembre de 2007; 16 de abril y 25 de abril de 2008, mediante los cuales el Estado informó sobre el avance en el cumplimiento de la Sentencia.

12. Las comunicaciones de 19 de enero, 12 de abril, 8 de mayo, 16 de mayo, 7 de agosto, 5 de noviembre de 2007 y 16 de enero de 2008, mediante las cuales los representantes de la víctima remitieron sus observaciones a los informes del Estado.

13. Los escritos de 8 de febrero, 27 de abril, 30 de mayo, 22 de junio, 4 de septiembre, 21 de diciembre de 2007 y 24 de enero de 2008, mediante los cuales la Comisión Interamericana presentó sus observaciones a los informes del Estado.

14. La Resolución de la Presidenta de la Corte de 28 de marzo de 2008 (supra Visto 7).

15. La audiencia privada celebrada por la Corte (supra Visto 8), en el curso de la cual el Estado, la Comisión y los representantes se refirieron a los puntos pendientes de cumplimiento en el presente caso.


  1. Solicitud de ampliación de medidas provisionales en el caso Raxcacó Reyes y otros.

16. La Resolución de la Corte dictada el 30 de agosto de 2004, en cuyo punto resolutivo primero resolvió:

Requerir al Estado que adopte, sin dilación, las medidas necesarias para proteger la vida de Ronald Ernesto Raxcacó Reyes, Hugo Humberto Ruiz Fuentes, Bernardino Rodríguez Lara y Pablo Arturo Ruiz Almengor a fin de no obstaculizar el trámite de sus casos ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

17. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida por la Corte Interamericana en el caso Raxcacó Reyes (supra Visto 9) en la que el Tribunal resolvió, inter alia, que:

15. Las obligaciones del Estado en el marco de las medidas provisionales ordenadas por este Tribunal en el presente caso quedan reemplazadas, exclusivamente en lo que respecta al señor Raxcacó Reyes, por las que se ordenan en [la] Sentencia, a partir de la fecha de notificación de la misma.

18. La Resolución de la Corte de 20 de abril de 2006, en la que desestimó, por improcedente, la solicitud de ampliación de medidas provisionales a favor del señor Tirso Román Valenzuela Ávila, interpuesta por los representantes de los beneficiarios.

19. La Resolución del Tribunal de 4 de julio de 2006, por medio de la cual resolvió “dar por terminadas las medidas provisionales ordenadas a favor del señor Hugo Humberto Ruiz Fuentes”.

20. La Resolución de la Corte de 2 febrero de 2007, mediante la cual resolvió mantener las medidas necesarias para proteger la vida de Bernardino Rodríguez Lara y Pablo Arturo Ruiz Almengor.

21. La Resolución de la Corte de 21 noviembre de 2007, mediante la cual resolvió levantar las medidas provisionales en lo que se refiere al señor Pablo Arturo Ruiz Almengor, y mantener las medidas necesarias para proteger la vida del señor Bernardino Rodríguez Lara.

22. El escrito de 28 de febrero de 2008, mediante el cual los representantes de los beneficiarios de las presentes medidas solicitaron la ampliación de las mismas “a favor de todas las personas condenadas a pena de muerte” en Guatemala.

23. La Resolución de la Presidenta de la Corte de 28 de marzo de 2008 (supra Visto 7).

24. La comunicación estatal de 2 de abril de 2008, mediante la cual presentó información adicional.

25. La nota de la Comisión Interamericana de 4 de abril de 2008, en la que expuso consideraciones adicionales a la solicitud de ampliación de medidas provisionales interpuesta por los representantes.

26. La audiencia privada celebrada por la Corte (supra Visto 8), en el curso de la cual el Estado, la Comisión y los representantes se refirieron a la solicitud de ampliación de medidas provisionales presentada en este caso.

Considerando:
1. Que es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el supervisar el cumplimiento de sus decisiones.
2. Que Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia de la Corte el 9 de marzo de 1987.
3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, las sentencias de la Corte deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra. Asimismo, el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”2.
4. Que la obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquéllos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado3.
A) Respecto al caso Fermín Ramírez

5. Que según fue constatado por la Corte en su resolución de 22 de septiembre de 2006, el Estado ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el punto resolutivo décimo tercero de la Sentencia sobre fondo y reparaciones dictada por el Tribunal el 20 de junio de 2005, en cuanto a que cumplió con el pago por concepto de reintegro de gastos a favor del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala (supra Visto 2).

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6. Que en cuanto a la obligación de llevar a cabo, en un plazo razonable, un nuevo enjuiciamiento en contra del señor Fermín Ramírez, que satisfaga las exigencias del debido proceso legal, con plenas garantías de audiencia y defensa para el inculpado (punto resolutivo séptimo de la Sentencia), así como la obligación de abstenerse de ejecutarlo cualquiera que sea el resultado del juicio (punto resolutivo noveno de la Sentencia), el Estado informó que se ha llevado a cabo un nuevo juicio oral y público luego del cual el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Escuintla dictó sentencia el 21 de junio de 2006, en la que declaró por unanimidad al señor Fermín Ramírez como autor responsable del delito de violación calificada, previsto en el artículo 175 del Código Penal, y le impuso la pena de 40 años de prisión inconmutables. La defensa presentó recurso de apelación especial contra dicha sentencia, el cual fue resuelto el 2 de noviembre de 2006 por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, la que declaró no acoger dicho recurso y, por ende, no modificar la sentencia impugnada. El 22 de enero de 2007 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa del señor Fermín Ramírez. Por último, el Estado señaló que, a julio del año 2007 no había notificaciones ni recursos pendientes de tramitar y la casación se encontraba firme. Esta información fue reiterada durante la audiencia (supra Visto 8).

7. Que los representantes refirieron que el Estado cumplió parte de esta obligación en cuanto a realizar un nuevo juicio con las garantías respectivas, pero le impusieron 40 años de pena, sin que fuera imputado de circunstancias agravantes que pudieran elevar la pena de prisión. Por su parte, la Comisión tomó nota de que no se ha aplicado al señor Fermín Ramírez la parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala referente a la peligrosidad y manifestó que el Estado ha respetado la obligación de abstenerse de ejecutar al señor Fermín Ramírez.

8. Que las partes concuerdan en que estos puntos de la Sentencia han sido efectivamente cumplidos por el Estado. Tal como fue señalado en su Resolución de supervisión de cumplimiento dictada anteriormente en este caso (supra Visto 2), este Tribunal valora positivamente los avances demostrados por el Estado en este sentido, en particular los términos del Acuerdo No. 96-2006 tomado por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el cual constituye un precedente de importante trascendencia en el ámbito del Sistema Interamericano en lo concerniente a la ejecución de sentencias de este Tribunal.

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9. Que respecto a la obligación de proveer al señor Fermín Ramírez, previa manifestación de su consentimiento, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, un tratamiento adecuado, incluida la provisión de medicamentos (punto resolutivo undécimo de la Sentencia), el Estado informó que el señor Fermín Ramírez ha recibido regularmente atención médica, psicológica y odontológica por parte del equipo multidisciplinario de la clínica del centro penal. Se le ha brindado tratamiento médico por haber padecido patologías menores. Además, en julio de 2007 y abril de 2008 se le hizo evaluaciones médicas en la que refirió padecer gastritis y posible evolución de úlcera desde hace 6 años, por lo que se le está proporcionando tratamiento al respecto. Además, informó que actualmente no está recibiendo tratamiento psicológico por no haber espacio adecuado.

10. Que los representantes indicaron que el tratamiento médico que se está proporcionando al señor Fermín Ramírez es inadecuado; que los medicamentos prescritos son suministrados en forma irregular e insuficiente; que tiene que comprar sus medicinas y que no ha recibido tratamiento odontológico por un dolor severo de los dientes. Reconocieron que se le ha brindado terapia psicológica a través de personal especializado, pero señalaron que la persona encargada ha sido removida de su cargo, que a enero de 2008 no se había contratado a otro profesional y que hace seis meses que el señor Fermín Ramírez no ve al psiquiatra.

11. Que la Comisión reconoció que se ha hecho el esfuerzo de proveer algún tipo de asistencia de salud al señor Fermín Ramírez. Sin embargo, expresó su preocupación ya que son los familiares del señor Fermín Ramírez quienes le proveen los medicamentos, lo cual constituye una obligación del Estado.

12. Que si bien el Estado se ha referido al tratamiento que el señor Fermín Ramírez ha recibido para diversos padecimientos, no es claro que éste haya sido proporcionado en forma regular según sus necesidades. La Corte valora la disposición del Estado y lo insta a realizar esfuerzos tendientes a asegurar que el tratamiento necesario le sea brindado en forma adecuada, completa y efectiva, según lo que le sea prescrito por los profesionales encargados de su atención.

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13. Que en lo referente al deber de adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos (punto resolutivo duodécimo de la Sentencia), específicamente respecto del señor Fermín Ramírez, el Estado informó que se encuentra recluido en el sector B-4 del Centro de Alta Seguridad “Canadá”, en el Departamento de Escuintla, donde cuenta con sanitarios, condiciones adecuadas y espacio en el corredor y el patio; se desempeña como cocinero, se dedica a la elaboración de manualidades y se encuentra estudiando la segunda fase de alfabetización.

14. Que al respecto los representantes indicaron que en el sector del Centro de Alta Seguridad de Escuintla donde se encuentra recluido el señor Fermín Ramírez escasea el agua permanentemente y el número de sanitarios es insuficiente. Además, el centro no cuenta con ningún programa laboral, de capacitación profesional o de talleres. Indicaron que los trabajos de manualidades y los programas educativos los realiza en forma autogestionada y que no se le permite realizar actividades al aire libre. Además, manifestaron que la zona de recreación es reducida, existe superpoblación en dicho centro y el médico y odontólogo solo llegan tres veces por semana.

15. Que en el presente caso fue determinada la responsabilidad del Estado por las condiciones de detención padecidas por el señor Fermín Ramírez. Una vez dictada la Sentencia, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que esas condiciones cesen.

B) Respecto al caso Raxcacó Reyes

16. Que en lo referente a la obligación del Estado de dejar sin efectos la pena de muerte impuesta al señor Raxcacó Reyes (punto resolutivo octavo de la Sentencia), el Estado informó que el 17 de octubre de 2007 el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dejó sin efecto la pena de muerte e impuso la pena de “cuarenta años de prisión inconmutables” al señor Raxcacó Reyes, quien interpuso un recurso de apelación especial contra dicho fallo. El 11 de marzo de 2008 la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dictó sentencia declarando que no acogía el recurso de apelación especial interpuesto por el señor Raxcacó Reyes y confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Sexto de Sentencia Penal.

17. Que los representantes indicaron que la nueva pena impuesta al señor Raxcacó Reyes “es desproporcionada a la gravedad del delito cometido”.

18. Que la Comisión no presentó observaciones al respecto.

19. Que del expediente ante el Tribunal se desprende que el Estado ha sustituido la pena de muerte impuesta al señor Raxcacó Reyes por una pena privativa de la libertad; que la máxima pena de prisión en Guatemala es de 50 años y el señor Raxcacó Reyes recibió una pena de 40 años; que ninguna parte alegó que las cortes internas hayan fallado en su deber de motivar sus decisiones o que hayan cometido una violación a las garantías judiciales; que los jueces nacionales oyeron los alegatos de los representantes del señor Raxcacó Reyes y lo que él mismo tenía que decir, en la audiencia que para tal efecto se realizó. En consecuencia, la Corte estima que el Estado ha dado cumplimento total a este punto de la Sentencia.

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20. Que en lo referente a proveer al señor Raxcacó Reyes, previa manifestación de su consentimiento, por el tiempo que sea necesario, un adecuado tratamiento médico y psicológico, incluida la provisión de medicamentos (punto resolutivo décimo de la Sentencia), el Estado detalló diversas gestiones que ha realizado desde el 15 de enero de 2002 hasta el 15 de junio de 2007 para dar cumplimiento a este punto. Asimismo, indicó que “[l]a Jefatura de Psicología y el psicólogo del centro penal informaron que el señor Raxcacó Reyes refirió de forma voluntaria no necesitar el tratamiento psicológico por lo que no recibe psicoterapia ni se le administra ningún medicamento”.

21. Que los representantes y la Comisión reconocieron que el Estado ha brindado cierto tipo de asistencia médica, pero manifestaron que son los familiares de la víctima quienes le proveen de la medicación necesaria. Que la Comisión indicó que el Estado debe tener presente que “buena parte” de las consecuencias físicas y enfermedades que padece la víctima son consecuencia directa del sufrimiento a que fue sometida, sobretodo por el excesivo tiempo que permaneció en incertidumbre sobre la posibilidad de su ejecución.

22. Que la Corte considera que el Estado ha realizado algunas gestiones para dar cumplimiento a este punto de la Sentencia, pero considera adecuado recibir mayor información por parte del Estado, en especial sobre la alegada falta de provisión de medicamentos a la víctima. Asimismo, el Tribunal estima apropiado que los representantes confirmen si el deseo del señor Raxcacó Reyes es el de no recibir tratamiento psicológico.

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23. Que en lo referente al deber de adoptar las medidas necesarias para posibilitar que el señor Raxcacó Reyes reciba visitas periódicas de la señora Olga Isabel Vicente (punto resolutivo undécimo de la Sentencia), el Estado informó que la señora Vicente se encuentra recluida en el Centro de Orientación Femenino (COF) y que, luego de una entrevista personal mantenida con ella, la señora Vicente habría indicado que “hace aproximadamente dos años no tiene ninguna relación con el señor Raxcacó Reyes debido a que él mantiene una relación con otra reclusa del Centro de Orientación Femenina, quien ha solicitado permiso para visitarlo en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, manifestando que ellos dos son pareja. Por lo que expresó que no desea tener comunicación con el señor Raxcacó Reyes a pesar de ser aún su esposo e indicó que no está en disposición de visitarlo”.

24. Que ni los representantes ni la Comisión se refirieron a este alegato del Estado.

25. Que en razón de lo anterior, la Corte considera oportuno requerir a los representantes y a la Comisión que se pronuncien sobre el referido alegato.

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26. Que en lo referente al deber del Estado de adoptar medidas educativas, laborales o de cualquier otra índole para que el señor Raxcacó Reyes pueda reinsertarse a la sociedad una vez que cumpla la condena (punto resolutivo duodécimo de la Sentencia), el Estado señaló que la víctima “participa en la elaboración de manualidades y se desempeña como jardinero frente a la Oficina del Director de la Granja Pavón. Además, participa en la educación para adultos de CONALFA [Comité Nacional de Alfabetización] en la segunda etapa de post alfabetización que abarca cuarto, quinto y sexto grado de primaria, y en clases de inglés”.

27. Que los representantes indicaron que el Estado no ha facilitado los espacios de trabajo formal para los procesos de rehabilitación.

28. Que la Comisión no presentó observaciones en este punto.

29. Que el Tribunal considera que el Estado debe aclarar cuál es el salario que el señor Raxcacó Reyes percibe por sus tareas de jardinero, cómo esa labor es útil para la readaptación de la víctima, si la educación que recibe es proporcionada por instancias del Estado o si es brindada por iniciativa de los internos, de la propia víctima o de una organización no gubernamental, y cuál es el apoyo estatal que el señor Raxcacó Reyes recibe en la elaboración de sus manualidades.

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30. Que en lo referente a la publicación de la Sentencia (punto resolutivo décimo tercero de la Sentencia), el Estado informó que el 22 de septiembre de 2006 procedió a la publicación de las partes pertinentes de la Sentencia en el Diario de Centroamérica y el 28 de marzo de 2007 se hizo la publicación respectiva en el Diario Nacional “El Periódico”.

31. Que los representantes no se refirieron a este punto en la audiencia privada celebrada en este caso (supra Visto 8), pero anteriormente indicaron que “las publicaciones realizadas por el Estado no satisfacen los requisitos establecidos [en] la [S]entencia”, ya que “si bien se publican literalmente los párrafos establecidos por la [S]entencia, no se hace referencia al numeral de los mismos, ni a los capítulos [a] los cuales corresponden”.

32. Que la Comisión tampoco se refirió a esta medida de reparación en la audiencia privada, pero anteriormente observó “con satisfacción el cumplimiento sustantivo de lo ordenado por la Corte”.

33. Que del expediente obrante ante el Tribunal se constata que en efecto las publicaciones de la Sentencia no contienen el número de los párrafos de la misma ni los capítulos a los que corresponden. Sin embargo, el texto íntegro de los párrafos está publicado. Además, la Corte nota que los representantes no presentaron justificación alguna que demuestre que la falta de numeración de los párrafos y los capítulos afecte en alguna medida el fin de la reparación. En consecuencia, la Corte considera que el Estado ha dado cumplimiento total a este punto.

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34. Que en lo referente al pago por concepto de reintegro de gastos (punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia), el Estado señaló que el 26 de febrero de 2007 procedió a entregar la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estado Unidos de América) en moneda guatemalteca, conforme a lo ordenado por la Corte.

35. Que los representantes no controvirtieron lo anterior.

36. Que la Comisión no se refirió a este punto en la audiencia privada, pero anteriormente indicó que “el Estado de Guatemala ha cumplido con esta obligación”.

37. Que del expediente se observa que el Estado ha realizado el pago ordenado por esta Corte, por lo que se considera que ha dado cumplimiento total a este punto.



C) Puntos en común en las Sentencias dictadas en los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes

38. Que en lo referente al deber del Estado de abstenerse de aplicar la parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala referente a la peligrosidad del agente y adecuarla a la Convención en un plazo razonable (punto resolutivo octavo de la Sentencia dictada en el caso Fermín Ramírez), así como la modificación del artículo 201 del Código Penal (punto resolutivo quinto de la Sentencia dictada en el caso Raxcacó Reyes), el Estado informó que existen anteproyectos de ley que proponen reformar esas normas, pero que “han sido devueltos con observaciones”; que el 31 de marzo de 2008 se solicitó al Congreso de Guatemala que informe sobre las acciones que ha realizado para modificar dicho artículo, solicitud que se encuentra actualmente pendiente de respuesta, la cual será transmitida a esta Corte “en su momento oportuno”. Asimismo, indicó que el Poder Ejecutivo se encuentra preparando una iniciativa de ley por presentarse al Poder Legislativo, basado en lo dispuesto en las Sentencias dictadas en estos casos.

39. Que además de lo anterior, en lo referente a que el Estado deberá abstenerse de aplicar la pena de muerte y ejecutar a los condenados por el delito de plagio o secuestro (punto resolutivo sexto de la Sentencia dictada en el caso Raxcacó Reyes), el Estado indicó que “[l]a Corte Suprema de Justicia por medio de su Presidente, Oscar Humberto Vásquez Oliva, informó […] que ‘la ejecución de la pena de muerte en los procesos tramitados por el delito [de plagio o secuestro] se encuentran suspendidas en atención a lo resuelto en la [S]entencia proferida por la Corte Interamericana […]. En relación a la emisión de los fallos que declaran la procedencia e improcedencia de la revisión en casos de plagio o secuestro, responde a que en algunos de estos la prueba no satisface los requerimientos establecidos en la legislación procesal penal guatemalteca y es por esa razón que existe tal distinción’”.

40. Que los representantes han manifestado que el Estado ha incumplido aquellos puntos, pues hasta mayo de 2008 no se había presentado ningún proyecto de ley al Congreso de la República para modificar esas disposiciones del Código Penal de Guatemala. Además, recordaron que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ha rechazado un proyecto de ley para derogar la pena de muerte en los delitos de secuestro y asesinato. Manifestaron que el Presidente no ha ejercitado su facultad de iniciativa de ley y no ha promovido las reformas legislativas ordenadas por la Corte. Consideran que las reformas legislativas deben extenderse a todas las normas que ingresan en las categorías declaradas por la Corte, esto es, que prevean la imposición de la pena de muerte por la peligrosidad del agente o que hayan sido emitidas ampliando el catálogo de delitos previstos con pena de muerte tras la ratificación de la Convención Americana. Señalaron que en el Código Penal existen otras dos normas que prevén la imposición de la pena de muerte por peligrosidad del agente: el delito de parricidio del artículo 131 y el magnicidio del artículo 383. Con respecto a delitos que han extendido la pena de muerte, se encuentran el delito de ejecución extrajudicial previsto en el artículo 132 bis, la desaparición forzada prevista en el artículo 201 ter, y el delito calificado por el resultado del artículo 52 de la Ley de Narcoactividad. Además, en la legislación guatemalteca existe un delito con pena de muerte obligatoria, este es, el de violación calificada del artículo 179 del Código Penal. Por otra parte, informaron que siete personas que se encuentran condenadas con base en el artículo 132 del Código Penal de Guatemala corren riesgo de ser ejecutadas, ya que el Estado no ha revocado ni conmutado la condena a muerte. En este sentido, indicaron que la Corte Suprema de Justicia en un inicio procedió a acoger los recursos de revisión presentados ante ella por varios condenados a pena de muerte por el delito de plagio o secuestro y, en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, revocó 6 sentencias por plagio. Sin embargo, “a partir de septiembre de 2006 la Corte Suprema de Justicia revirtió su propia jurisprudencia y ha negado valor a la decisión de la Corte [Interamericana] rechazando los recursos de revisión” presentados desde entonces y que procuraban dejar sin efecto sus sentencias de pena de muerte. Estas decisiones habrían sido, además, confirmadas por la Corte de Constitucionalidad, lo cual resulta preocupante ya que han sentado doctrina legal en cuanto a que son obligatorias para todos los tribunales de Guatemala, negándose a reconocer el carácter obligatorio y vinculante de las Sentencias de esta Corte. Además, expresaron que si bien desde 2005 los tribunales no han impuesto la pena de muerte, los fiscales sí han procedido a pedir la pena de muerte en diversos procesos y que funcionarios del Estado han manifestado públicamente la necesidad de acelerar las ejecuciones.

41. Que la Comisión indicó que el Estado tiene la obligación de proveer recursos judiciales idóneos y efectivos para revisar las condenas a muerte impuestas en función de tipos penales incompatibles con la Convención Americana. La Comisión entiende que no existe ninguna iniciativa legislativa para obtener la efectiva reforma de dichas disposiciones, aunque existe una iniciativa que continúa bajo estudio en el Poder Ejecutivo. Por ello, consideró central que se haga el esfuerzo de someter proyectos al Poder Legislativo nacional para la reforma de dichos artículos del Código Penal.

42. Que conforme a lo expuesto por las partes estos puntos de las Sentencias no han sido cumplidos por el Estado, a pesar de que la reforma de las referidas normas del Código Penal es un aspecto sustancial de aquéllas.

43. Que los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos4. Tal como señalaron los representantes, si las instancias judiciales superiores internas no dan efecto a lo dispuesto en estas Sentencias, otras personas se ven en la paradójica situación de verse obligadas a presentar su caso ante el Sistema Interamericano.

44. Que este Tribunal estima oportuno reiterar que lo ordenado por la Corte en estos puntos resolutivos de las Sentencias tiene, efectivamente, alcances generales, en la medida en que el origen de esa forma de reparación fue el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana, por haber mantenido vigentes aquellas normas del Código Penal, una vez ratificado dicho tratado por parte de Guatemala. Esta orden de la Corte vincula a todos los poderes y órganos estatales5. Específicamente en el caso Fermín Ramírez, según los términos de los párrafos 81 y 90 a 98 de la Sentencia, la introducción en el texto penal de la peligrosidad del agente como criterio para la calificación típica de hechos y la aplicación de ciertas sanciones, es incompatible con el principio de legalidad criminal y, por ende, contrario a la Convención. De tal manera, la reparación ordenada establece, por un lado, la obligación de los órganos del Estado encargados de administrar justicia penal de abstenerse de aplicar la parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala referente a la peligrosidad del agente respecto de cualquier persona procesada, acusada o condenada bajo ese tipo penal. Por otro lado, de ahí deriva la obligación del órgano legislativo guatemalteco de modificar esa disposición en un plazo razonable, de manera tal que se garantice el respeto al principio de legalidad, suprimiendo la referencia a la peligrosidad contemplada en ese precepto. En lo que respecta al caso Raxcacó Reyes esta Corte sentenció que el artículo 201 del Código Penal guatemalteco es contrario a la Convención Americana y que el Estado, además de modificar dicha norma en los términos del párrafo 132 de la Sentencia, debe abstenerse de aplicarla y no ejecutar a las personas que han sido condenadas por el delito tipificado en dicho artículo, mientras no se realicen las reformas.

45. Que la Corte subraya que los Estados que han ratificado la Convención, actuando en ejercicio de sus atribuciones soberanas, han adquirido el compromiso de adecuar su legislación y con ello asegurar la aplicación de las normas reconocidas por el propio Estado, por parte de todos los agentes u órganos de éste. Este compromiso estatal se vuelve aún más evidente cuando la propia Corte señala en un caso concreto que ciertas normas de la legislación interna violan la Convención Americana y, por ello, ordena como garantía de no repetición la adecuación del derecho interno. Lo contrario se traduciría en una desconcertante suspensión de las normas convencionales en forma inconsecuente con la vigencia efectiva de los derechos humanos y con la decisión soberana del Estado de obligarse a cumplir con las normas de la Convención.

46. Que de tal manera, para asegurar el efecto útil de las disposiciones de la Convención Americana y sus efectos propios, bajo las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención, la Corte insta al Estado a que adopte las medidas necesarias para ajustar su ordenamiento interno y, en consecuencia, le solicita que en su próximo informe se refiera a lo señalado por los representantes (supra párr. 40).

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* *


47. Que en lo referente al deber de adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos (puntos resolutivos duodécimo de la Sentencia dictada en el caso Fermín Ramírez y noveno de la Sentencia dictada en el caso Raxcacó Reyes), el Estado indicó que se aprobó la “Ley del Régimen Penitenciario” a través del Decreto número 33-2006 del Congreso de la República, y que fue publicada en el Diario de Centro América el 6 de octubre de 2006, la cual regula el Sistema Penitenciario Nacional guatemalteco, específicamente lo relativo a los centros de prisión preventiva y los centros de cumplimiento de condena para la ejecución de las penas. Dicha ley fue complementada con el “Reglamento Interno de las Granjas Modelo de Rehabilitación y Cumplimiento de Condenas a Cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario”, publicado en el Diario de Centro América el 29 de noviembre de 2006. Además, durante la audiencia el Estado informó que se han efectuado coordinaciones para construir centros penitenciarios de carácter preventivo y de condena, renovar otros y habilitar nuevas áreas, con el propósito de alcanzar los estándares internacionales. Asimismo, que en la actualidad se han implementado programas laborales y educativos en varios centros y 19 centros cuentan con programas de alfabetización básica y algunos con programas de educación básica y bachillerato.

48. Que los representantes manifestaron que el 6 de abril de 2007 entró en vigencia la Ley del Régimen del Sistema Penitenciario. Sin embargo, a diciembre de 2007 no se había implementado, pues no se había asignado el presupuesto ni dictado los reglamentos necesarios. Asimismo, sostuvieron que dicha ley es discriminatoria e incumple con los estándares internacionales, pues establece Centros de Máxima Seguridad donde no existen programas de reinserción social y se delega en la autoridad penitenciaria la reglamentación de dicho régimen, además de que no tienen redención de penas los condenados por delitos con pena de muerte. Igualmente, manifestaron que se han construido 3 nuevas cárceles, pero no se ha dado a conocer las instalaciones.

49. Que la Comisión tomó nota de las reformas legislativas llevadas a cabo por el Estado en este ámbito, pero consideró que su efectividad y el cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal deben ser valorados a partir de la aplicación de la nueva legislación y el efectivo mejoramiento de las condiciones carcelarias generales. Por ello, expresó su preocupación ya que si bien se han informado avances para mejorar las condiciones carcelarias a nivel nacional, estos avances son mínimos y las nuevas cárceles construidas no cumplen con los estándares mínimos.

50. Que este Tribunal valora positivamente los avances en la planificación de otros centros. A su vez, es consciente de que el alivio y corrección de la situación planteada en las cárceles de un Estado es un proceso a corto, mediano y largo plazo, que requiere de un conjunto de acciones por parte de diversas autoridades, de carácter administrativo, judicial y eventualmente legislativo, dirigidas a subsanar las condiciones carcelarias y de detención. Este conjunto de acciones no podrían ser evaluadas por este Tribunal en todos sus alcances y dimensiones en el marco de un procedimiento de supervisión de cumplimiento de una sentencia específica. Sin embargo, el Estado no puede alegar razones de derecho interno para dejar de adoptar medidas firmes, concretas y efectivas para adecuar las cárceles a los estándares internacionales. De tal manera, la Corte estima necesario solicitar al Estado que en sus próximos escritos presente información concreta y actualizada acerca del estado actual de la situación y de las medidas adoptadas con tales fines, en particular los principales problemas carcelarios y las medidas específicas adoptadas o por implementarse.



D) Respecto a la solicitud de ampliación de las medidas provisionales (supra Visto 22) y el deber de adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para establecer un procedimiento para que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena (puntos resolutivos décimo de la Sentencia dictada en el caso Fermín Ramírez y séptimo de la Sentencia dictada en el caso Raxcacó Reyes)

51. Que los representantes alegaron en su escrito de 28 de febrero de 2008 y en la audiencia privada que:



  1. el 12 de febrero de 2008 el Congreso de la República aprobó el Decreto No. 6-2008 que contiene la “Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte”, la cual “devuelve la facultad al Presidente de la República de conocer y resolver el recurso de gracia”;

  2. dicha ley presentaría algunas falencias, entre ellas: “[n]o se contempla el ente administrativo responsable de recibir el indulto[; n]o establece los supuestos de procedencia del indulto[; n]o se prevé el derecho de audiencia […] no contempla un período probatorio[, y] crea la figura de la denegación tácita, mediante la cual, en caso de que el Presidente no se pronuncia en un término de 30 días, se debe considerar que el recurso se encuentra denegado […], tras lo cual procede la ejecución inmediata del condenado dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes”;

  3. la forma como se encuentra regulado el recurso de gracia hace que éste sea “una formalidad burocrática previa que no está destinad[a] a cumplir su función de protección al derecho a la vida”;

  4. el mencionado Decreto fue vetado por el Presidente de la República mediante Acuerdo Gubernativo No. 104-2008 de 14 de marzo de 2008;

  5. si bien el decreto esta siendo reconsiderado por la Comisión de Gobernación del Congreso, “no es claro cuál será la determinación que tome el Congreso de la República respecto de este decreto o de alternativas similares, ya que los procedimientos regulados en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo no son claros y existe una voluntad expresada abierta y repetidamente por una gran cantidad de diputados, tanto oficialistas como de oposición, de aprobar normativa que agilice las ejecuciones de la personas condenadas a muerte”;

  6. “el decreto en cuestión fue aprobado por 140 de los 143 diputados que estaban presentes en el Congreso”;

  7. “existe un alto riego de que se apruebe una ley con las mismas características y objetivos que el decreto vetado”, y

  8. la situación de riesgo de las personas condenadas a muerte “no se deriva únicamente de la aprobación del Decreto No. 6-2008, sino [de un] conjunto de factores […], a saber: la falta de modificación legislativa con respecto a las figuras penales que la Corte consideró incompatibles a la Convención Americana, a la negativa del Estado de resolver la situación jurídica de las personas que han sido condenadas por estas normas […], y [al] contexto político actual en torno al debate de la pena de muerte y las declaraciones de los diputados, incluso luego del veto presidencial, de su voluntad de que se prosigan con las ejecuciones. Es el incumplimiento del Estado de las Sentencias de Fermín Ramírez y de Ernesto Raxcacó lo que ha generado la situación de riesgo para los condenados a muerte”.

52. Que la Comisión señaló que el objetivo de la ley de indulto era acelerar la ejecución de las condenas, lo cual, según su criterio, se desprende del veto presidencial. Consideró que debe aprobarse una ley de indulto que satisfaga los principios constitucionales guatemaltecos y las exigencias de las Sentencias de la Corte. Indicó que la aplicación de la pena de muerte en los casos señalados implicaría un “abierto incumplimiento” de las decisiones de la Corte que ordenaron al Estado reformar los tipos penales, modificar el sistema de recursos y abstenerse de ejecutar a personas condenadas hasta tanto no hubiera procedido a cumplir con estas obligaciones. Sostuvo que “la ejecución de cualquier persona [condenada] a muerte en Guatemala no sería conforme con la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni con los pronunciamientos de la Comisión y la Corte” y estimó necesario que en el procedimiento de supervisión del cumplimiento de las Sentencias dictadas en los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes la Corte adopte medidas de protección para estas personas. Subsidiariamente, la Comisión señaló que si la Corte considera que lo anterior excede su competencia de supervisión de cumplimiento de las referidas Sentencias, se tome a su posición como una solicitud expresa de medidas provisionales.

53. Que el Estado señaló que el Acuerdo Gubernativo No. 104-2008, por el cual el Presidente de la República vetó el Decreto No. 6-2008 contenía las siguientes observaciones:

a) Esta ley viola el artículo 2 de la Constitución Política de la República porque en sus disposiciones contenidas en los artículo[s] 5 [y] 8 y relacionadas con los antecedentes personales del solicitante, el plazo para el silencio administrativo y el plazo de solicitud para el indulto violentan e infringen el principio de “seguridad jurídica” que debe garantizar el Estado a todos los habitantes de la República; b) El Decreto en mención viola los artículos 2° y 3° de la Constitución porque bajo el argumento de establecer el indulto para la pena de muerte, lo que está haciendo implícitamente es restaurar la ejecución de esta pena, lo que va en contra del principio más elemental de la Constitución, cual es el derecho a la vida que el Estado garantiza y protege; c) Se viola el artículo 15 porque bajo el argumento de establecer el indulto de la pena de muerte se está haciendo eficaz nuevamente el proceso de ejecución de esa penalización con lo que se da carácter retroactivo a la ley, lo que no solo es prohibido por la Constitución sino que la disposición no favorece al reo; este proceso de ejecución de la pena fue abolido con la derogatoria del Decreto 159 de la Asamblea Nacional Legislativa siendo eliminado del ordenamiento jurídico de Guatemala, (Decreto 32-2000 del Congreso de la República de fecha 11 de mayo de 2000); d) Se viola el último párrafo del artículo 18 de la Constitución porque, ya había sido abolido el proceso de ejecución de la pena de muerte con la derogatoria del Decreto 159 mencionado y con la emisión del Decreto 6-2008 del Congreso de la República se está dando un viraje de retroceso a la tendencia de abolición de la pena de muerte; con ello también se viola el artículo 46 de la Constitución Política de la República por el que prevalece el numeral 3 del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, por el que se determina que una vez abolida dicha pena, ya no se restablecerá; en este caso, abolido el proceso de ejecución, la tendencia a la abolición de la pena de muerte avanzó y, por virtud de la ley que marcó una tendencia, ya no puede restablecerse la ejecución de la pena, aunque la misma siga existiendo en el ordenamiento jurídico penal; e) Se viola el artículo 19 de la Constitución porque con la aplicación de la pena de muerte se mantiene una tendencia de eliminar al ser humano del núcleo social, mientras que la Constitución dispone que el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir con el tratamiento de los mismos con esta orientación.

54. Que asimismo el Estado informó que el Decreto 6-2008 “se encuentra en suspenso hasta que lo conozca nuevamente el Pleno del Congreso de la República y reconsidere o rechace el veto presidencial, para ello el Congreso deberá reunir 105 votos para hacer uso de la Supremacía Legislativa y de esta manera, entre en vigencia el decreto relacionado”. El Estado reconoció que el Decreto No. 6-2008 “no cumple con las sentencias de la […] Corte en los casos Fermín Ramírez y Ronald Ernesto Raxcacó Reyes, en relación al establecimiento de un procedimiento que garantice que toda persona condena a muerte tenga derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena, conforme a una regulación que establezca la autoridad facultada para concederlo, los supuestos de procedencia y el trámite respectivo, luego de un debido proceso en el cual se ha hado pleno uso de los recursos legales”.

55. Que en relación a la naturaleza de las medidas provisionales dictadas en el caso Raxcacó Reyes y otros el Estado indicó que las mismas “tienen como objetivo salvaguardar la vida de las personas beneficiarias de éstas mientras se sustancia su caso ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, por lo que la solicitud de ampliación de las medidas no es concurrente con el sentido de la medida ya existente”. Sin embargo, el Estado indicó que “no se opone a la adopción de medidas a favor de las personas condenas a la pena de muerte”.

56. Que de la información aportada por el Estado se desprende que 25 personas están condenadas a pena de muerte en Guatemala, de las cuales 6 se encuentran prófugas de la justicia. De las 19 restantes, 7 personas están condenadas por el delito de asesinato, a saber: 1. Miguel Ángel López Caló; 2. Dimas Samayoa García; 3. Santos Hernández Torres; 4. Adolfo Rodas Hernández; 5. Antonio Israel Jiménez Godínez; 6. Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, y 7. Juan Pablo Rafael Eduardo Ocampo Alcalá. La Corte no tiene información de a cuáles de estos condenados se aplicó el artículo 132 del Código Penal que el Tribunal consideró incompatible con la Convención en el caso Fermín Ramírez. El Estado deberá informar al respecto. De otra parte, 12 personas están condenadas por el delito de plagio o secuestro, a saber: 1. Carlos Enrique Chun Choc; 2. Gustavo Adolfo Carranza Castañeda; 3. Jorge Arturo Mazate Paz; 4. Carlos Amilcar González Díaz; 5. Audelio Díaz González; 6. Moisés Esteban Santizo Ola; 7. Edwar Mike Pineda Morales; 8. Ramiro Geovanny Padilla Marroquín; 9. Waldemar Hidalgo Marroquín; 10. Jaime Raúl Quezada Corzo; 11. Douglas Rembil Montt Solórzano, y 12. Bernardino Rodríguez Lara. La Corte desconoce si en todos estos casos se aplicó la parte del artículo 201 del Código Penal que el Tribunal consideró como una ampliación al catálogo de delitos sancionados con pena de muerte. El Estado deberá informar al respecto. Únicamente el señor Bernardino Rodríguez Lara (caso No. 12) se encuentra actualmente protegido por la Corte en virtud de las medidas provisionales ordenadas en este caso.

57. Que la Corte considera que las diversas obligaciones del Estado derivadas de las Sentencias dictadas en los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes son aplicables a todos o a parte de los individuos señalados en el considerando anterior. En efecto, conforme al punto resolutivo sexto y al párrafo 132 de la Sentencia del caso Raxcacó Reyes, el Estado no podrá ejecutar a los condenados por el delito de plagio o secuestro que no haya tenido como consecuencia el fallecimiento del secuestrado. Como se señaló anteriormente, la Corte no puede identificar cuáles de estas personas se encuentran en este supuesto. Por otro lado, conforme al punto resolutivo octavo y a los párrafos 81 y 90 a 98 de la Sentencia del caso Fermín Ramírez, el Estado no podrá ejecutar a las personas a quienes se haya aplicado la parte del artículo 132 del Código Penal que se refiere a la peligrosidad del agente. La Corte tampoco puede identificar quiénes se encuentran en este supuesto. Finalmente, en virtud de los puntos resolutivos décimo de la Sentencia del caso Fermín Ramírez y séptimo de la Sentencia del caso Raxcacó Reyes, el Estado no podrá ejecutar a ningún condenado a muerte, sea cual fuere el delito por el cual se impuso la pena capital, mientras se encuentre pendiente la decisión sobre el indulto o la conmutación de la pena. Bajo este supuesto se encuentran las 25 personas condenadas a muerte y cualquier otra que en el futuro eventualmente sea condenada a la misma pena.

58. Que conforme a lo anterior, a este Tribunal le corresponde, en el marco de la supervisión del cumplimiento de las Sentencias emitidas en los referidos casos, verificar que el Estado cumpla con las obligaciones señaladas.

59. Que al igual que en otros casos6 la Corte estima que, a diferencia de las medidas provisionales que el Tribunal ordena de conformidad con el artículo 63.2 de la Convención Americana, que requieren la demostración prima facie de una situación de extrema gravedad y urgencia, los casos analizados en esta Resolución poseen una extrema gravedad y urgencia que no se queda en la demostración prima facie, sino que fue plenamente comprobada ante la Corte y expresamente declarada por ella en Sentencia. Por ello, la Corte ordenó al Estado que adoptara las medidas de reparación señaladas anteriormente. Asimismo, no se trata de evitar daños irreparables a las personas por hechos aún no demostrados, sino de cesar las consecuencias de violaciones a la Convención ya declaradas por la Corte en Sentencias inapelables.

60. Que en razón de lo expuesto, es innecesaria la ampliación de las medidas provisionales solicitadas por los representantes y respaldadas por la Comisión. En efecto, la obligación estatal de no ejecutar a los condenados a muerte nació ya de las Sentencias dictadas en los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes, en los términos expuestos en los considerandos anteriores.

61. Que de otra parte, las medidas provisionales dictadas en el caso Raxcacó Reyes y otros tienen un objeto concreto, a saber, proteger la vida del señor Bernardino Rodríguez Lara a fin de no obstaculizar el trámite de su caso ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. El objeto expuesto por los representantes en su solicitud de ampliación es distinto al señalado anteriormente, y ante tal falta de conexidad no puede hablarse de una ampliación de medidas sino que corresponde a una nueva solicitud de medidas provisionales que, conforme al artículo 63 de la Convención, sólo puede ser interpuesta por la Comisión Interamericana.

62. Que aún cuando la Comisión haya en efecto presentado una solicitud de medidas provisionales son aplicables los Considerandos 59 y 60 supra.

63. Que en cuanto a la obligación del Estado de brindar un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga el derecho a solicitar y, en su caso, obtener indulto, la Corte recuerda al Estado que los recursos que debe ofrecer, incluido el indulto, no deben ser simples formalidades condenadas de antemano a ser infructuosas. De otro modo, no serían efectivos en los términos de la Convención. Al respecto, la Corte valora que el propio Estado se haya manifestado en el sentido que el Decreto No. 6-2008 no contenía un recurso que cumpliese con las exigencias convencionales dispuestas en las Sentencias de los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes. En tal sentido, el Tribunal entiende que en el supuesto no deseado de que el Congreso de la República de Guatemala rechace el veto presidencial a tal Decreto, el Estado no habrá cumplido con sus obligaciones internacionales y, como consecuencia lógica, no podrá ejecutar a ningún condenado a muerte, hasta tanto no se adecue la legislación a la Convención Americana. Valga recordar que conforme a la jurisprudencia de esta Corte,

cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana.

[…]

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” [ex officio] entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos[, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes]. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana7.



*

* *


64. Que la Corte valora la utilidad de la audiencia celebrada para supervisar los puntos pendientes de cumplimiento en estos casos.

65. Que la Corte considerará el estado general del cumplimiento de los puntos pendientes de las Sentencias dictadas en los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes, una vez que reciba la información pertinente.





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