Reseña Legislativa



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boletÍn 6562-07


17 de septiembre de 2009

ISSN 0787-0415

I. DESCRIPCIÓN

REFERENCIA : Sobre colegios profesionales

INICIATIVA : Mensaje presidencial

MINISTERIOS : De Justicia y Secretaría General de Gobierno

ORIGEN : Cámara de Diputados

INGRESO : 10 de junio de 2009

CALIFICACIÓN : Suma urgencia1



ARTICULADO : 75 artículos permanentes y 6 artículos transitorios2


OBJETO DE LA INICIATIVA

1.-


Facultar a los colegios profesionales, creados en conformidad a la ley, para ejercer el control ético de sus afiliados, mediante tribunales de ética con miembros designados por el respectivo consejo general; y crear, mediante concurso ante las cortes de apelaciones, tribunales especiales de ética profesional, para resolver los casos en que el reclamo del cliente o paciente afecte a un profesional no colegiado.


2.-


Establecer la estructura interna básica de los colegios profesionales, definidos como personas jurídicas de derecho público, sus causales de disolución y sus atribuciones.


3.-


Regular el procedimiento para la aprobación, mediante decreto supremo, de los códigos de ética profesional, que serán obligatorios para colegiados y no colegiados, los que deberán contener, entre otras materias, la descripción de las conductas consideradas infracciones éticas.




4.-

Establecer, en la ley, las sanciones que se podrán imponer por infracciones éticas, que van desde la amonestación hasta la prohibición de ejercer la profesión.


5.-

Dictar diversas normas de procedimiento, tanto judicial como administrativo, para materializar los propósitos de la iniciativa.


6.-

Dictar las normas transitorias para la transformación —voluntaria— de los actuales colegios profesionales (que son asociaciones gremiales) en los colegios profesionales que tendrán la naturaleza, organización y atribuciones que establece el proyecto de ley.


CONTENIDO ESPECÍFICO




TÍTULO PRIMERO
NORMAS GENERALES


Artículo 1º.-

La presente ley regula el ejercicio del derecho a agruparse en colegios profesionales que la Constitución Política de la República garantiza a quienes detentan la calidad de profesionales y el régimen de tuición ética al que se someten los profesionales colegiados, y crea los tribunales especiales que conocerán de las infracciones a la ética cometidas por profesionales no colegiados.


Artículo 2º.-

Para los efectos de esta ley son profesionales las personas que legítimamente detentan títulos profesionales para los que la ley exige grado de licenciado para el ejercicio de la respectiva profesión.





TÍTULO II
DEL REGISTRO PÚBLICO DE PROFESIONALES


Artículo 3º.-

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un Registro Público de Profesionales, de carácter informático, en el que inscribirá a las personas que detenten profesiones para las que la ley exige grado de licenciado para su ejercicio, clasificadas por profesión.

La inscripción en este Registro será condición para el ejercicio legal de las profesiones respecto de las cuales la ley exige grado de licenciado para su ejercicio. Asimismo, será condición para el ejercicio legal de la profesión, que el profesional no se encuentre suspendido en virtud de una sentencia firme dictada por los tribunales de ética que establece esta ley, ni que haya sido cancelada su inscripción del Registro, cuando ello proceda.

Esta inscripción será suficiente para acreditar el legítimo ejercicio de la profesión, sin necesidad de otros certificados o exigencias.





Artículo 4º.-

El Registro Público de Profesionales deberá consignar respecto de cada profesional, a lo menos, su individualización completa, información sobre la universidad o institución de educación superior que ha otorgado el grado de licenciado y la fecha de otorgamiento, de éste y del título profesional, la asociación a colegios profesionales, las sanciones impuestas por dichas entidades o por los tribunales establecidos en esta ley y la inhabilitación para ejercicio de la profesión.


Artículo 5º.-

Para los efectos de formar el Registro, las universidades e instituciones de educación superior reconocidas por el Estado que otorguen el título profesional para los que la ley exige grado de licenciado, dentro de los cinco primeros días de cada mes comunicarán al Servicio de Registro Civil e Identificación, por medios electrónicos, la nómina de las personas a las que han otorgado dicho título, dentro del mes inmediatamente anterior.

Igual obligación tendrán la Corte Suprema respecto de los abogados que presten juramento ante ella, y la Universidad de Chile respecto de los profesionales extranjeros cuyos títulos convalide para ejercer la profesión en Chile. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informará al Servicio de Registro Civil e Identificación de los Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales que se celebren y que habiliten a profesionales extranjeros para ejercer en Chile.

Los colegios profesionales remitirán mensualmente al Servicio de Registro Civil e Identificación, la nómina de los profesionales afiliados y desafiliados a la entidad dentro del mes anterior, así como la de aquellos que en el mismo período han sido objeto de sanciones por parte del respectivo tribunal de ética.

Por su parte, los tribunales especiales de ética y, en su caso, los tribunales ordinarios de justicia cuando corresponda, comunicarán al Servicio de Registro Civil e Identificación toda sentencia que aplique sanción a un profesional por infracciones a la ética, una vez que quede ejecutoriada.




Artículo 6º.-

Aquellos profesionales que no sean incorporados automáticamente al Registro Público de Profesionales de conformidad al artículo anterior, podrán solicitar su inclusión presentando ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, copia autorizada ante Notario Público o legalizada, según corresponda, del respectivo grado o título profesional y de su documento de identidad.
Tratándose de profesionales extranjeros deberá adjuntarse, además, copia autorizada del instrumento de convalidación de título expedido por la Universidad de Chile, salvo que estén habilitados para ejercer en Chile en virtud de un tratado o acuerdo internacional vigente, caso en que deberán individualizarlo, señalando el acto por el cuál dicho instrumento se ha incorporado al derecho interno.

El Servicio de Registro Civil e Identificación requerirá a la universidad o institución de educación superior a la que corresponda el grado o título que se presente, para que dentro de un plazo de treinta días, informe si aquel ha sido efectivamente otorgado por ellas a la persona que lo invoca. Asimismo, requerirá a los colegios profesionales de la respectiva orden para que, dentro del mismo plazo, informen si el solicitante está afiliado a ellos y si ha sido objeto de sanciones por infracciones a la ética aplicadas por sus tribunales de ética. El Servicio también verificará en el Registro de Antecedentes de su dependencia, si el requirente ha sido condenado por un tribunal especial u ordinario por infracciones a la ética y si ha sido objeto de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

Verificado el otorgamiento y validez del título profesional invocado y la identidad del solicitante, se procederá sin más trámite a su inscripción en el Registro, consignándose además, las informaciones y antecedentes que exige esta ley.


Artículo 7º.-

El Servicio de Registro Civil e Identificación estará facultado para requerir de las universidades e instituciones de educación superior, así como de los colegios profesionales, de los tribunales de justicia y de cualquier servicio público, las informaciones y antecedentes necesarios para formar y actualizar el Registro Público de Profesionales.


Artículo 8º.-

Los profesionales inscritos siempre podrán solicitar la rectificación de los datos o informaciones relativos a su persona erróneamente consignados en el Registro Público de Profesionales, presentando los documentos y antecedentes necesarios para acreditar el error y los datos correctos.

Presentada una solicitud de rectificación, el Servicio la comunicará a la institución o entidad de que la han emanado los datos consignados en el Registro que se señalen como erróneos, confiriéndole un plazo de quince días para informar sobre los mismos. Se podrá omitir este trámite en los casos que el Servicio constate la existencia de un error meramente administrativo en la incorporación de los datos al Registro.


El Servicio dispondrá de un plazo total de noventa días para resolver la solicitud de rectificación, contado desde la fecha de su presentación. La resolución que deniegue la rectificación será siempre fundada y de ella podrá reclamarse ante la Corte de Apelaciones del domicilio del peticionario, conforme a los plazos y procedimientos previstos para el recurso de protección.

Transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una solicitud que haya originado un procedimiento, sin que el Servicio se pronuncie sobre ella, se aplicará lo dispuesto en el artículo 64 de la ley N° 18.8803, y en consecuencia el Servicio deberá rectificar el Registro al tenor de lo solicitado.






Artículo 9º.-

El Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante resolución fundada, cancelará la inscripción de un profesional en el Registro Público de Profesionales, en los siguientes casos:
a) Fallecimiento;

b) Inhabilidad legal sobreviniente, declarada por sentencia firme;

c) Inexistencia o anulación del título profesional, declaradas por sentencia firme;

d) Falsificación del título, declarada por sentencia firme, y

e) En los demás casos que señalen las leyes.

En todo caso, la cancelación no provocará la supresión material del registro respectivo, el que se trasladará a la subcategoría especial de inscripciones canceladas que también formará parte del Registro Público de Profesionales.

El afectado por la resolución que ordene la cancelación de la inscripción podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente a su domicilio, conforme a los plazos y procedimientos previstos para el recurso de protección.


Artículo 10.-

Un reglamento expedido a través del Ministerio de Justicia, determinará los datos específicos que respecto de cada una de las informaciones que esta ley requiere, deberán consignarse en el Registro, así como la forma de consignarlos; definirá las informaciones adicionales que los profesionales registrados podrán consignar voluntariamente en el Registro; y establecerá las demás normas necesarias para la formación y funcionamiento del Registro Público de Profesionales.


Artículo 11.-

El Registro Público de Profesionales será público y deberá actualizarse mensualmente.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá mantener este Registro permanentemente a disposición del público para su consulta, a través de medios electrónicos.




Artículo 12.-

Sin perjuicio de lo establecido en este Título, habrá un Registro Nacional de Abogados, confeccionado y administrado por el Secretario de la Corte Suprema.




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