Republica de colombia


- Iglesia Evangélica Luterana de Colombia



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18.- Iglesia Evangélica Luterana de Colombia



El representante de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia señala: “convencido de que cada ser humano es una criatura de Dios, con el atributo de la dignidad que otorga el mero hecho de la existencia humana, y como ciudadano conocedor de la Constitución Política que fundamenta el marco de la convivencia ciudadana sobre la base del reconocimiento a la dignidad y respeto de cada persona sin discriminación por razón alguna, animo a esta alta Corte a dar este paso histórico en la consolidación de los derechos, tanto de niños y niñas a tener una familia, como de las personas homoparentales a ser considerados como alternativa para proveer dichas familias”.
Señala que en la sentencia C-577 de 2011 la Corte reconoció un concepto de familia más amplio que incluyendo aquellas conformadas por parejas del mismo sexo. A pesar de ello, asegura, existe una interpretación de la Constitución que es generalizada y que desconoce en la práctica el concepto dado por la Corte.
Considera que de acoger las pretensiones de la demanda, se protegería el derecho de las parejas del mismo sexo a conformar una familia y se ampliarían las posibilidades para que los niños y niñas en situación de abandono encuentren un ambiente que les brinde afecto, protección y posibilidades para su buen desarrollo humano. A su juicio, en un Estado Social de Derecho la orientación sexual de quienes aspiran a adoptar no debe ser un criterio para conceder o negar dicha posibilidad.

19.- Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – Amicus Curiae-



El director ejecutivo y la coordinadora del área de derechos humanos de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables sostienen que “negar el derecho de adoptar a parejas homosexuales, no solo sería un hecho discriminatorio, sino que también constituiría una violación a los derechos de los/as niños/as a tener una familia y crecer al amparo del amor, la contención y la felicidad que la misma podría brindarle”.
Consideran que la adopción tiene como finalidad otorgar a un niño o una niña, que por alguna razón ha sido privado de su familia de origen, una nueva familia que pueda encargarse de su desarrollo físico, síquico, intelectual y afectivo, y en ese sentido, no existe una categoría de familia que sea más o menos adecuada para asumir ese rol, debiendo siempre estudiarse el caso concreto, libre de prejuicios sexistas y heteronormativos.
Para fundamentar lo anterior, citan lo señalado por la Asociación de Sicólogos de Estados Unidos, según la cual “no hay evidencia científica que la idoneidad para la parentalidad se relaciones con la orientación sexual de los padres. Las parejas lesbianas y gays son tan capaces como las heterosexuales de proveer un apoyo y un ambiente sano a sus hijos”14.
Concluyen que el interés superior del menor, como principio rector, obliga a tomar todas las decisiones judiciales teniendo en mira su bienestar y los derechos de los cuales son sujeto activo.

20.- Yarumal Crítica (Amicus Curiae)



Los ciudadanos Cristian David Céspedes Correa y Natalia Mazo Balbín, integrantes del colectivo juvenil “Yarumal Crítica”, solicitan a la Corte declarar inexequibles los artículos acusados, “en atención a la omisión legislativa que contienen o que se declare la constitucionalidad condicionada y se aclare la forma en que deben ser interpretados dichos artículos”, y “conminar a todo el poder público a crear acciones positivas que erradiquen todas las formas de discriminación sobre la familia homosexual y sus integrantes”.
A juicio de los intervinientes, reconocer que las parejas homosexuales son familia y que el mecanismo idóneo para la protección del menor en condiciones de orfandad es la adopción, permite afirmar que es totalmente legítima y constitucional la implementación de la adopción bajo esas condiciones. Consideran que negar ese derecho a las parejas homosexuales “constituye una acción inconstitucional, ya que si se les considera familia, gracias a la sentencia C-577 de 2011, deben tener también derecho total de ampliar su núcleo familiar, tal como lo hacen las familias heterosexuales que deciden adoptar”.
Continúan señalando que resulta más beneficioso garantizar una familia en la que no importe su composición y proporcionar al menor el cuidado, amor y protección, lo cual no se lleva a cabo dada la omisión legislativa presente en los artículos 64, 66 y 68 de la Ley 1098 de 2006. Aseguran que dicha omisión, en la que no se tienen en cuenta a las parejas homoparentales como idóneas para salvaguardar los derechos fundamentales de los menores, contraría los artículos 13 y 44 de la Constitución.
Afirman igualmente que la familia es un concepto dinámico, que se adapta a las formas en las que los individuos de una sociedad se relacionan y que “mal haría la Corte en sostener que la familia se constituye únicamente por la decisión de una mujer y un hombre de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla y que este modelo de familia es el único protegido constitucionalmente. Violaría de manera notoria la Constitución y la lógica de todo derecho. Desconocería el principio de pluralidad y los derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía, a la autodeterminación y a la igualdad”. De igual forma, aseguran que no reconocer la familia homosexual sería establecer, a partir del artículo 42, una cláusula pétrea en la Constitución.

21.- Intervención ciudadana (Javier Mauricio Rodríguez Olmos)



El ciudadano Javier Mauricio Rodríguez Olmos coadyuva la demanda presentada y pide declarar la constitucionalidad condicionada de los preceptos impugnados, “en el entendido que de dichas normas debe desprenderse que la adopción puede ser solicitada por cualquier persona sin tener en cuenta su orientación sexual, y que el solo hecho de tener una orientación sexual no heterosexual no podrá servir de fundamento para negar o excluir a ninguna persona del proceso de adopción”.
Señala que más allá de la protección del interés superior del menor que no puede verse afectado en abstracto por la orientación sexual de los potenciales adoptantes, lo que se debe valorar es la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la exclusión de las personas homosexuales de la posibilidad de adoptar.
Considera que se encuentra de por medio un criterio sospechoso de diferenciación, en tanto el motivo del trato diferenciado en las normas acusadas se reduce a la orientación sexual de los potenciales adoptantes, lo cual hace que “las medidas adoptadas por el legislador también recaigan en grupos tradicionalmente marginados como son los grupos que no obedecen a la orientación sexual mayoritaria heterosexual”.

22.- Intervención ciudadana (Alejandro Badillo Rodríguez y otros)



Este y otros intervinientes solicitan declarar la exequibilidad condicionada de la norma, “ampliando el concepto de parejas heterosexual, incluyendo a las parejas del mismo sexo, así como las disposiciones hombre-mujer ampliando el código binario, permitiendo así la posibilidad de adopción a las parejas del mismo sexo”. Para ello, remiten un concepto con similares consideraciones a las expuestas en su intervención dentro del expediente D-10315.
De modo introductorio exponen algunas reflexiones teóricas en torno a la naturaleza de la acción pública de inconstitucionalidad como expresión institucionalizada de la desobediencia civil, de la democracia discursiva y el rol de los tribunales constitucionales, que hace necesaria su intervención directa para proteger a las minorías vulnerables, en este caso la comunidad LGBTI.
En cuanto al caso concreto, estiman que concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia para predicar la existencia de una omisión legislativa relativa, en la medida en que las normas acusadas consagran una restricción tácita que impide adoptar a las parejas del mismo sexo, sin que haya una razón suficiente que justifique su exclusión, lo cual configura un tratamiento discriminatorio de los derechos de esa minoría.

23.- Intervención ciudadana. Amicus Curiae del Instituto Williams de la Universidad de California (EEUU)



El ciudadano Lucas Correa Montoya presenta el documento “Amicus Curiae” (amigos de la Corte) preparado por reconocidos expertos del Instituto Williams de la Universidad de California, Los Ángeles (EEUU), sobre los estudios científicos del bienestar de niños criados por parejas del mismo sexo.
El documento hace un repaso de los principales estudios sobre la crianza de hijos por padres LGB (lesbianas, gay, bisexuales), especialmente en Estados Unidos y Europa, que consideran podría asistir a la Corte Constitucional de Colombia. En resumen, sostiene lo siguiente: “(1) muchas personas LGB se convierten en padres en una variedad de formas; (2) padres y madres lesbianas, gay y heterosexuales exhiben pocas diferencias en lo que tiene que ver con salud mental, estrés de crianza e idoneidad en la crianza; (3) existen pocas diferencias entre los hijos criados por padres del mismo sexo y padres heterosexuales en términos de autoestima, calidad de vida, adaptación psicológica o funcionamiento social; (4) la relación entre un menor y sus padres LGB no se ha encontrado diferente a la de los menores criados por parejas heterosexuales en términos del calor de padres, relación emocional y calidad de la relación; y (5) la falta de reconocimiento legal del segundo padre en una relación homosexual puede poner en riesgo la relación entre padre e hijo después de la disolución de la relación de los padres”.

24.- Intervención ciudadana. Amicus Curiae de la Federación Argenitna de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT)



El ciudadano Lucas Correa Montoya presenta el documento “Amicus Curiae” (amigos de la Corte) preparado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).
Según sus palabras: “Desde la FALGBT y la MNPI, con la firme convicción de que debe prevalecer el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que todos y todas tenemos derecho a conformar una familia, y que toda disposición que discrimine en razón o bajo pretexto de la orientación sexual o identidad de expresión de género de las personas es antijurídica, estamos convencidos que hacer lugar a la petición de los accionantes, no solo es hacer justicia al respetar y proteger los derechos fundamentales de lesbianas, gays, bisexuales y trans, sino ayudar a combatir la discriminación y favorecer su inclusión en la sociedad contribuyendo a disminuir y desarticular los estereotipos, prejuicios y estigmas que los/as afectan, a su vez que se estará promoviendo, facilitando y garantizando en condiciones de igualdad el pleno ejercicio de los derechos humanos”.
Así mismo, consideran que el hecho de que algunas instituciones jurídicas “hayan regido los destinos de la sociedad durante siglos no les otorga por ello un inmutable sustento jurídico” y por ello, resalta que circunstancias como la esclavitud, la pena de muerte, la conculcación de los derechos civiles y políticos de la mujer, la cruel estigmatización jurídica de niños inocentes en razón de su nacimiento, entre otras, “hoy nos parecen instituciones aberrantes y fueron sin embargo la regla durante largos siglos de historia”.




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