Republica de colombia


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8.- Universidad de Medellín



La Clínica Jurídica en Género y Derechos Humanos de la Universidad de Medellín acompaña los argumentos de la demanda y pide a la Corte que se proponga, “en pro de derechos humanos, superar el pensamiento heteronormativo en asuntos filiatorios donde la heterosexualidad se concibe como la normalidad, y discuta sobre los aportes que la teoría feminista, lo estudios de género y la jurisprudencia internacional ofrecen al derecho interno para su progresividad y evolución, y en particular sobre las múltiples formas de uniones afectivas y las posibilidades de garantizar, mediante la adopción de las parejas homoparentales y homomaternales, el interés superior de los menores en condición de adoptabilidad y su derecho al amor, el cuidado y la protección de una familia”.
Para ello, expone algunas consideraciones desde el punto de vista teórico, jurídico y social. En primer lugar, señala que la teoría feminista y los estudios sobre el género han cuestionado la manera en que el derecho ha contribuido a producir y sostener a la familia heterosexual como orden natural. Basada en ello, considera que “reconocer la singularidad y construcción socio cultural de la orientación sexual y la identidad de género rompe los esquemas culturalmente impuestos y trasciende a un nuevo orden de género que no asume la heterosexualidad como regla social en la cual se impone que hombres y mujeres son diferentes y complementarios”.
En el mismo sentido, agrega, los sistemas de parentesco “son formas empíricas y observables del sistema sexo/género que mantiene la división del trabajo por sexos e impide que las familias homoparentales y homomaternales puedan ser adoptantes por no cumplir con los atributos delegados cultural y naturalmente a los padres y madres heterosexuales en la crianza de los hijos/as”.
Por otro lado, hace referencia a las consideraciones expuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas contra Chile, en virtud de las cuales la sola referencia al interés superior del menor sin probar en concreto los daños y riesgos que podría conllevar la orientación sexual de sus padres adoptivos, no puede ser la medida idónea para la restricción de un derecho protegido, como del menor a tener una familia. Además, la diferencia de trato y la restricción de un derecho no pueden servir de sustento jurídico frente a la discriminación social que podrían los menores en razón de la orientación sexual de sus padres; es decir, los estados no pueden utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios.
Desde el punto de social, asegura que la permisión de la adopción por parte de parejas homoparentales y homomaternales no puede ser calificada de moral e inmoral, sino que debe ser reconocida en igualdad de condiciones por tratarse de un derecho que sí tienen las parejas heterosexuales y, agrega, todas las familias deben ser tratadas por igual a pesar de las transformaciones sociales que ha tenido esa institución.
Finalmente, resalta que los argumentos presentados en distintos países a favor de la adopción como Canadá, Países Bajos, Sudáfrica, Suecia, España, Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros, no lo han justificado bajo la tradicional concepción de familia, sino que han acudido al derecho comparado y a las normas sobre derechos humanos que reconocen como mandato la autonomía, la dignidad y la igualdad ante la realidad del aumento de nacimientos de niños y niñas que quedan al cuidado y custodia del Estado.

9.- Universidad del Norte



En sentir de los directores del Grupo de litigio de interés público de esa institución, la Corte “debe conceder las pretensiones de la presente acción pública de inconstitucionalidad, sin suspender los efectos de su fallo a un desarrollo legislativo posterior”.
Destacan la re-construcción del concepto de familia a partir de la propia jurisprudencia constitucional, en especial desde la Sentencia C-577 de 2011, que incluye aquellas conformadas por parejas del mismo sexo. Asimismo, indican que es necesario desvirtuar el sexo y el género como un requisito idóneo para conceder la adopción, ya que por el contrario son categorías sospechosas de discriminación.

10.- Universidad de La Sabana

La interviniente de la Universidad de la Sabana, profesora de la facultad de Derecho de esa institución, comienza por hacer un análisis de la presunta vulneración del derecho a la igualdad respecto de los niños, niñas y adolescentes y advierte que mediante la figura jurídica de la adopción, tal y como está contemplada en el Código de la Infancia y la Adolescencia, se le garantiza al menor el derecho a tener una familia y a que sea reconocido como hijo adoptivo en la forma indicada en las normas legales. Por esa razón, considera que no se vulnera su derecho a la igualdad por el hecho de no ser adoptados por parejas homosexuales, ya que a todos se les garantiza el derecho a tener una familia y a no ser separados de ella.


Más adelante presenta algunas consideraciones sobre el origen natural de la filiación como garantía y protección de los derechos del menor. Señala que el derecho ha buscado que la determinación legal de la paternidad coincida o al menos pueda coincidir con la realidad biológica, incluido el vínculo ficticio que existe entre padres e hijos en el caso de la adopción10. Desde ese punto de vista explica que el matrimonio y la unión marital de hecho heterosexual “se fundamentan en la verdad antropológica de que los hombres y las mujeres son complementarios, el hecho biológico de que la reproducción depende de un hombre y una mujer es, obviamente, un hecho claro, y también lo es la realidad social según la cual los niños necesitan una madre y un padre”.
Agrega que de acuerdo con las evidencias sociológicas disponibles, a los niños les va mejor en casi todos los indicadores examinados cuando son criados por sus padres biológicos o adoptantes, casados o en una relación estable; y que otros estudios sugieren que los niños criados en hogares donde hay una relación estable entre al padre y la madre, tienen mejor rendimiento académico, gozan de salud emocional y de un desarrollo en las relaciones familiares e interpersonales, con bajos índices delincuenciales11.
Con sustento en lo anterior, sostiene que las normas acusadas no vulneran ningún precepto de la Constitución y por tanto deben ser declaradas exequibles.


11.- Institución Universitaria de Envigado

El grupo de investigación Auditorio Constitucional de la Facultad de Derecho de la Institución Universitaria de Envigado y Santiago Carvajal Casas, estudiante del semillero de investigación Fenomenología Jurídica Narrativa, consideran que no existe razón alguna que permita a una autoridad administrativa o judicial negar la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente en el marco de la diversidad familiar, especialmente en cuanto a orientación sexual se refiere.


De manera preliminar, explican que la normatividad colombiana ha tenido múltiples transformaciones en el tema de familia y que la Constitución Política de 1991 significó un salto al reconocimiento de la institución familiar, en tanto definió la familia como núcleo básico de la sociedad, validó a las uniones de hecho y reconoció como hijos legítimos los habidos dentro o fuera del matrimonio.
Sin embargo, continúan, las profundas raíces conservadoras de la tradición española resultan ancladas en la sociedad, específicamente en cuanto a la religión se refiere. La idea del legislador colombiano acerca de la familia “estuvo afincada en la realidad básica y fundante de los postulados de la iglesia católica, gracias a los cuales se ha llegado a concebir la familia como una institución sagrada, socialmente básica y con una naturaleza heterosexual a través de la cual resulta posible aumentar la prole”. A juicio de los intervinientes, esta razón incide de forma radical en que hoy se vea como inaceptable la adopción en el marco de la diversidad familiar.
Luego de hacer un recuento jurisprudencial donde se advierte la evolución del pensamiento constitucional sobre el concepto de familia, citan algunas consideraciones expuestas por la Corte en la Sentencia C-577 de 2011, providencia que modifica la interpretación clásica y tradicional del artículo 42 de la Constitución e integra como forma de construcción familiar aquella que tiene por referente las parejas del mismo sexo.
Finalmente, señalan que si bien fue declarado exequible el contrato matrimonial, la Corte condicionó a plazo esa constitucionalidad y exhortó al Congreso para que atendiera el déficit legislativo en materia de las relaciones personales y económicas de las parejas del mismo sexo; y agregan que esa situación “pone en la agenda política contemporánea la discusión del modelo jurídico político familiar, que según el norte trazado por la Corte serán la pluralidad, la tolerancia, el respeto por la diferencia y la inclusión de los raceros que se utilicen a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho”.

12.- Dejusticia – Colombia Diversa



Los intervinientes de Dejusticia y de Colombia Diversa solicitan a la Corte: (i) declarar la exequibilidad condicionada de las normas acusadas de la ley 1098 de 2006, “bajo el entendido de que las expresiones demandadas incluyen dentro de su ámbito de aplicación a los cónyuges y los compañeros permanentes del mismo sexo”; (ii) inhibirse en relación con el artículo 1º de la ley 54 de 1990, por cuanto existe cosa juzgada derivada de la sentencia C-075 de 2007; y (iii) prevenir al ICBF para que se abstenga de considerar la orientación sexual de los adoptantes como criterio descalificatorio dentro de los procesos de adopción.
Para tal fin se remiten al concepto presentado en el proceso D-10315 teniendo en cuenta que los cargos y el problema jurídico planteado en la demanda que ahora se estudia guardan identidad con aquella.
Comienzan por precisar cuál ha de ser el alcance de la disposición normativa que la Corte debe estudiar. Aclaran que aun cuando el texto de las normas acusadas no descarta por sí solo a las parejas del mismo sexo como sujetos adoptantes, ni a ello conduce una lectura sistemática de las mismas, sobre todo después de la Sentencia C-577 de 2011, la Corte debe intervenir “para garantizar que se haga una interpretación de este tipo de normas conforme al principio de igualdad y no discriminación”, en especial ante la exclusión, la discriminación histórica y el déficit de protección legal frente a las uniones de parejas del mismo sexo. Para ello, con miras a lograr un análisis integral, estiman oportuno que se haga unidad normativa con el numeral 2º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, referente a la adopción conjunta de los cónyuges.
Con la advertencia del enorme riesgo de que en el proceso político legislativo no se logre garantizar integral y adecuadamente los derechos de las parejas del mismo sexo, estiman necesario que, “más allá del debate de las mayorías”, sea el Tribunal Constitucional el órgano encargado de garantizar directamente la protección de sus derechos.
A continuación señalan que el problema jurídico que debe resolver la Corte gira en torno a los derechos de los menores, “entre otras razones, porque en la práctica los problemas de la restricción homoparental les han afectado primordialmente a ellos”. Explican que la adopción, en cualquiera de sus modalidades (individual, conjunta o consentida), es por esencia una medida de protección a favor de los menores con el propósito de garantizarles el derecho a tener una familia, aun cuando también es un trámite que involucra varios derechos fundamentales de los adoptantes.
En su criterio, la Corte ha de tener en cuenta que su decisión no solo afectará casos futuros de adopción sino que terminará incidiendo en el goce efectivo de los derechos aquellos menores cuya familia actualmente está integrada por parejas del mismo sexo, que podrían verse desconocidos en caso de que se restrinja la posibilidad de adopción a estas parejas, al tiempo que se reducirían aún más las opciones de brindar un hogar a niños en situación de abandono. Con ello, afirman, el Estado incumpliría una de sus principales obligaciones constitucionales en relación con los menores de edad.
De otra parte, sostienen que incluir expresamente a las parejas del mismo sexo como adoptantes garantiza de mejor manera el interés superior del niño y sus derechos fundamentales. Para tal fin conceptualizan el interés superior del menor según el marco constitucional, algunos instrumentos internacionales y los pronunciamientos de sus intérpretes autorizados. Trasladado ese principio a la adopción homoparental, recuerdan que desde la Sentencia C-577 de 2011 la Corte reconoció que las parejas del mismo sexo pueden conformar familia y por tanto los menores pueden hacer parte de ellas.
Recuerdan que los detractores de la adopción por parejas del mismo sexo sostienen que permitir esta figura afectaría gravemente a los niños por cuanto existe la posibilidad de que el menor desarrolle preferencias homosexuales y sufra consecuencias psicológicas adversas. Sin embargo, puntualizan, “ambas afirmaciones (…) carecen de sustento científico y se amparan en estigmas y prejuicios sociales sobre la homosexualidad que no tienen cabida en un Estado Social de Derecho. No es cierto que el crecimiento de los niños y niñas en hogares conformados por parejas del mismo sexo desconozca su desarrollo integral”.
Para sustentar su tesis destacan cómo para la mayoría de la comunidad científica no existen diferencias significativas entre el desarrollo de los niños criados por parejas heterosexuales y los niños criados por parejas homosexuales, al punto que “no existe en la literatura científica ninguna razón para pensar que los niños o niñas adoptados de forma conjunta o consentida por parejas del mismo sexo tengan desenlaces diferentes que los niños o niñas adoptados por hombres o mujeres solteros o por parejas heterosexuales”. Asimismo, presentan un “análisis de la evidencia más reciente disponible con respecto a los desenlaces médicos, psicológicos y sociales de niños adoptados por parejas del mismo sexo, teniendo en cuenta las revisiones de literatura y revisiones sistemáticas pertinentes”12. Estudio que, según indican, evaluó 1947 publicaciones potencialmente incluibles, revisiones sistemáticas de alta calidad y análisis primarios publicados en diversos países. Luego de explicar las bases de datos consultadas y la estratega de búsqueda, la selección de las publicaciones, la metodología y las preguntas de revisión, el concepto extrae las siguientes conclusiones:
“La evidencia científica reporta seguimiento de hijos de parejas del mismo sexo desde hace más de veinte años, incluso de parejas homosexuales que criaron niños y niñas antes de que fuera legal la adopción en varias jurisdicciones. Este es el caso de la cohorte de niños y niñas del estudio de Golombok, que empezó a seguirse desde la década de 1970 en el Reino Unido. A estos estudios se suma evidencia de Estados Unidos y Canadá, conducidos con los más altos estándares de rigurosidad científica. Dichos estudios no reportan ninguna diferencia en el desarrollo psicosocial de niños y niñas criados por parejas homosexuales.
Los desenlaces revisados por diferentes estudios incluyeron el desarrollo psicosexual, la relación con los padres, desempeño escolar, la interacción con los pares, entre muchos otros. Ninguno de estos estudios ha mostrado que estos niños sean diferentes de los adoptados por hombres o mujeres solteras o por parejas heterosexuales. Sólo hay un estudio primario llevado a cabo por Mark Regnerus, que fue retractado por los innumerables sesgos y problemas metodológicos de diseño. Incluso la Corte de Michigan rechazó la inclusión de este estudio en el caso de adopción por parte de parejas del mismo sexo porque como afirmó el juez Bernard Friedman en su sentencia ‘el [análisis de Regnerus] está sesgado ya que pretendía estudiar una gran muestra al azar de los estadounidenses adultos jóvenes (edades 18-39 ) sin tener en cuenta los arreglos familiares’, pero de hecho lo que hizo no fue estudiar esto en absoluto, porque Regnerus equiparó haber sido criado por una pareja del mismo sexo con haber vivido alguna vez con un padre que tenía una ‘relación romántica con alguien del mismo sexo’ durante cualquier periodo de tiempo.
Así las cosas, no existe en la literatura científica ninguna razón para pensar que los niños o niñas adoptados de forma conjunta o consentida por parejas homosexuales tengan desenlaces diferentes que los niños o niñas adoptados por hombres o mujeres solteros o por parejas heterosexuales.
Si la Honorable Corte quiere ampliar en dichas conclusiones, solicitamos remitirse a los estudios originales anexos a esta intervención, en particular las tablas de evidencia de las revisiones de Tasker y Anderson”.
Con fundamento en lo anterior, sostienen que permitir la adopción a parejas del mismo sexo garantiza el interés superior del niño, en tanto se amplía la posibilidad de que puedan tener una familia y crecer en un núcleo familiar estable. No hacerlo, por el contrario, significaría restringir esas posibilidades e incumplir uno de los deberes del Estado.
Por último, explican que si se prohibiera la adopción homoparental se desconocerían varios derechos de las parejas del mismo sexo, en particular la dignidad humana, la prohibición de discriminación por motivo de la orientación sexual, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a conformar una familia y decidir el número de hijos, así como el reconocimiento de la personalidad jurídica del adoptante y del adoptado.




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