Republica de colombia



Descargar 1.85 Mb.
Página1/22
Fecha de conversión01.05.2018
Tamaño1.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Sentencia T-627/12

Referencia: expediente T-3.331.859


Acción de tutela instaurada por Mónica del Pilar Roa López y otras 1279 mujeres en contra del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y otras.
Magistrado Ponente:

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO



Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil doce (2012).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

87.- Las peticionarias arguyen que la Procuradora Delegada María Eugenia Carreño Gómez vulneró su derecho a la información al difundir información falsa relacionada con sus derechos reproductivos en el oficio enviado, el 30 de marzo de 2011, al Ministro de la Protección Social acerca del principio activo misoprostol, con ocasión del estudio que se estaba adelantando para incluirlo en el POS. Esta comunicación, dicen, contenía datos inexactos y/o falsos sobre el mismo con el objetivo de impedirla1. De acuerdo con el escrito de tutela, las inexactitudes y/o falsedades son básicamente tres:


  1. Que el principio activo no tenía registro sanitario del INVIMA para ser usado con “como abortivo”.




  1. Que “tampoco podría recibirlo” porque la OMS tenía dudas acerca de su seguridad cuando es utilizado para la interrupción del embarazo. En otras palabras, que podría poner en riesgo la vida y afectar la salud de la mujer que lo usara para estos fines.




  1. Que su inclusión en el POS podría ocasionar un daño al presupuesto público.


Las accionantes –junto con el CDR y DeJuSticia- argumentan que lo sostenido en la carta mencionada es inexacto y/o falso porque:


  1. El INVIMA aprobó en uso del misoprostol en los casos de IVE que se encuentran despenalizados mediante el acta 20 de 2007. En efecto, explican las actoras, el Ministerio de la Protección Social solicitó al INVIMA ampliar las indicaciones que había obtenido hasta ese momento el misoprostol para incluir en ellas la IVE en las hipótesis despenalizadas. A través del acta referida, la Comisión Revisora -Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos- conceptuó que “este principio activo podrá ser empleado como oxitócico en las específicas circunstancias señaladas por la sentencia C-355 de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4444 y la Resolución 3905 del mismo año”2.




  1. La OMS no tiene dudas sobre la seguridad del uso del misoprostol para la interrupción del embarazo. Informan las peticionarias que fue incluido en la lista de modelo de medicinas esenciales de la OMS de marzo de 2011 para el manejo del aborto incompleto y del espontáneo y para la prevención de la hemorragia posparto cuando el oxitocin no esté disponible o no pueda ser usado en condiciones seguras3.


Aseguran que la Procuradora Delegada Carreño Gómez incurrió en una inexactitud al citar, como prueba de su dicho, un documento de 2010 tituladoAclaración sobre la postura de la OMS respecto del uso del misoprostol en la comunidad para reducir la mortalidad materna”, pues éste expresaba reservas respecto de su utilización para la prevención de la hemorragia puerperal, pero no frente a la interrupción del embarazo; dudas que en todo caso fueron despejadas pues en 2011 la OMS incluyó el medicamento para ese propósito en la mencionada lista modelo. Es más, resaltan que al principio de dicha Aclaración se reiteró que “actualmente la OMS incluye el misoprostol en sus directrices basadas en la evidencia y en la Lista Modelo de Medicamentos esenciales para la interrupción voluntaria del embarazo junto con la mifepristona, el tratamiento médico del aborto retenido espontáneo y la inducción del trabajo de parto”4.


  1. La inclusión del misoprostol en el POS tiene un impacto neutro en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que significa que no generará mayores costos para el Estado y, en consecuencia, no se presentará ningún detrimento patrimonial. Manifiestan las accionantes que el 29 de diciembre de 2010, mediante Acuerdo 20, la CRES sometió a consulta la inclusión en el POS de varios medicamentos, entre ellos el principio activo misoprostol y que, dentro de las consideraciones para adoptar esta decisión, mencionó que “como resultado de los estudios técnicos de evaluación se recomendó por parte de la Comisión, considerar la inclusión en el Plan Obligatorio de Salud de varias tecnologías en salud conforme a las indicaciones descritas para cada una de ellas debido a que su impacto neto sobre la unidad de pago por capitación (UPC) es neutro” 5.


Al vulnerarse su derecho a recibir información veraz, las peticionarias indican que se amenazaron también sus derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad ya que la información falsa les impide tomar decisiones libres sobre la IVE. El Área de Derechos Sexuales y Reproductivos y el CDR las apoyan en esta apreciación.
Así mismo, estiman que se violó su derecho reproductivo a la IVE, su derecho a la salud y su derecho a beneficiarse del progreso científico en vista de que la información falsa y/o inexacta contenida en el oficio de la Procuradora Delegada Carreño Gómez fue el fundamento para aplazar la inclusión del misoprostol en el POS. Al respecto, DeJuSticia resalta el carácter disuasivo que tuvo la función preventiva de la PGN en este asunto. Indican las actoras que esto derivó en que no pueden acceder gratuitamente a un procedimiento de IVE menos invasivo y más seguro que aquellos que se encuentran actualmente incluidos en el POS, con lo cual coincide el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos. Por ello, aseguran que la mencionada Procuradora Delegada usó su investidura para confundir e infundir temor al Ministro de la Protección Social, garante de estos derechos fundamentales, e impedirle ejercer sus competencias de forma idónea.
88.- La Procuradora Delegada Carreño Gómez manifiesta que la información contenida en el oficio que envió al Ministro de la Protección Social fue verdadera y exacta; para probarlo expresa lo siguiente:


  1. En el acta 20 de 2007 del INVIMA “no se especifica la clase misoprostol, el uso e indicaciones que podría ser empleado como oxitócico”. Precisa que, según el acta 37 del 5 de agosto de 2009 de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora del INVIMA, el misoprostol solo tiene dos indicaciones aprobadas, dentro de las cuales no está la IVE. En el acta se lee: “para el principio activo misoprostol han sido aceptadas únicamente las indicaciones de interrupción del embarazo con feto muerto y retenido y el tratamiento del aborto incompleto. Las indicaciones inducción del parto con feto vivo, hemorragia postparto no se aceptan por cuando no existe evidencia suficiente de su utilidad en las mismas” 6. Añade que esto se confirma en el acta 29 de 2010 de la misma Sala en la cual se señaló que “hasta ahora el INVIMA no ha aceptado medicamentos abortivos en embarazo con feto vivo” y se reiteró el acta 37 de 20097.




  1. Dice que en el controvertido oficio que envió al Ministro de la Protección Social, también transcribió los beneficios del misoprostol, tanto los contenidos en la Aclaración de 2010 de la OMS como aquellos que aparecen en la Guía Técnica Aborto Sin Riesgos de la OMS de 2003. Sin embargo, la Procuradora Delegada Carreño Gómez admite haber hecho “especial énfasis en las contraindicaciones que la OMS referenció sobre este medicamento” y no haber hecho “demasiadas referencias a la conveniencia de utilizarlo junto con mefepristone (como lo recomienda tanto esa Guía Técnica, como en la Norma Técnica incorporada con la Resolución 4905 de 2006 y en la Aclaración de la OMS de 2003) pues, el INVIMA no le ha dado su aval a la mefepristone”, de conformidad con el acta 29 de 2010 ya mencionada.


Indica que hizo referencia a las dudas de la OMS sobre la utilización del misoprostol para la hemorragia posparto contenidas en la Aclaración de 2010 porque “el tema debe ser manejado de forma integral”.


  1. No se pronuncia explícitamente sobre el impacto neutro en la UPC que tiene la inclusión del misoprostol en el POS según la CRES, pero se mantiene en su apreciación de que se puede afectar el equilibrio o la estabilidad financiera del sistema de salud “por cuanto no existe certeza sobre el número de mujeres a las que debería suministrarse”.


El apoderado de la PGN plantea aquí también el conflicto de interés de una de las accionantes –Mónica del Pilar Roa López- ya que a su juicio pretende lograr el registro sanitario del misoprostol “cuya patente ostenta”. Concuerda con la Procuradora Delegada Carreño Gómez respecto de las indicaciones autorizadas del misoprostol y sostiene que, mediante el acta 29 de 2010, el INVIMA negó su registro “como medio de interrupción valido para interrumpir el embarazo”. Finalmente asegura que no se ha vulnerado derecho alguno ya que, aunque puede hacer solicitudes a las autoridades competentes, no es la PGN la que toma las decisiones respecto de los registros sanitarios de los medicamentos ni de las inclusiones en el POS.
89.- La Sala considera que, como en las demás ocasiones, no se configura una vulneración del derecho de las actoras a ser informadas de manera veraz sobre sus derechos reproductivos ya que el oficio de la Procuradora Delegada Carreño Gómez no estaba dirigido a la ciudadanía sino al Ministro de la Protección Social. Así mismo, al descartarse esta violación se excluyen las amenazas a los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, por estar relacionadas directamente con el haber recibido información falsa. Por la misma razón –no estar destinado el oficio al público-, la mencionada Procuradora Delegada no estaba ejerciendo su poder-deber de comunicación.
Lo que sucedió, a juicio de la Sala, es que tanto el oficio referido como otras actuaciones de la Procuradora Delegada Carreño Gómez vulneraron los derechos de las peticionarias –y de las demás mujeres colombianas- al acceso a los servicios de salud reproductiva puesto que impidieron, sin fundamento alguno, la inclusión del misoprostol en el POS. Aunque las peticionarias no lo denunciaron, la Sala encuentra que la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda también contribuyó a que acaeciera esta violación de derechos fundamentales. A continuación, la Sala (i) expondrá por que la oposición a la inclusión del misoprostol en el POS era infundada, (ii) demostrará que el ejercicio de funciones por parte de estas servidoras públicas fue la razón por la cual el misoprostol no fue incluido en el POS, (iii) explicará en que consistió la vulneración a los derechos fundamentales antes mencionados y (iv) dará las ordenes que permitirán reparar la violación.
90.- Los fundamentos de la oposición a la inclusión del principio activo misoprostol en el POS están básicamente contenidos en la comunicación que la Procuradora Delegada Carreño Gómez envió al Ministro de la Protección Social el 30 de marzo de 2011. En opinión de la Sala, ninguno de ellos es de recibo.
El primero consiste en que “no se evidencia que la inclusión de este medicamento obedezca a una necesidad de salud pública” 8. En respuesta a esta observación, el 29 de abril de 2011, la CRES –organismo técnico encargado del estudio de la inclusión en el POS- ofreció a la Procuradora Delegada las razones por las cuales se consideraba que la presencia del misoprostol en el POS era una necesidad de salud pública: “antes de la realización de IVE quirúrgicas del primer semestre, se puede utilizar la preparación cervical con dilatadores osmóticos o agentes farmacológicos, pues hacen que el procedimiento sea más fácil y rápido y reduce la incidencia de complicaciones inmediatas comunes a la IVE realizadas después de la novena semana completa de gestación (…) La preparación cervical previa a la IVE quirúrgica es especialmente beneficiosa para algunas mujeres, tales como aquellas con anormalidades cervicales o cirugías previas, mujeres previas, mujeres jóvenes y aquellas con embarazos avanzados, que tienen mayor riesgo de lesiones cervicales o perforación uterina, que pueden ser la causa de hemorragias (…) Investigaciones recientes sugieren que la administración vaginal de 400 mcg de Misoprostol 4 a 6 horas antes de la cirugía es efectiva. La administración oral de 400 mcg de Misoprostol 4 a 6 horas antes del procedimiento, también es apropiada para la preparación cervical. Las anteriores evidencias técnicas y científicas sustentan la necesidad de contar con una herramienta terapéutica importante en este tipo de patologías, tal y como fue reiterado por toda la comunidad médica en el proceso de participación ciudadana frente a este medicamento”9. A pesar de que nunca refutó o controvirtió estas explicaciones técnicas, la Procuradora Delegada Carreño Gómez insistió en su solicitud de suspender el trámite de inclusión del misoprostol en el POS ya que, el 19 de diciembre de 2011, envió al Ministro de la Protección Social una nueva comunicación en ese sentido10.
La segunda de las razones de la Procuradora Delegada Carreño Gómez para oponerse a la inclusión del misoprostol en el POS estriba en que, dentro de las indicaciones aprobadas por el INVIMA para aquellos medicamentos que poseen el principio activo misoprostol, no se encuentra la IVE. De las pruebas recaudadas por esta Sala se desprende que, contrario a lo señalado por la Procuradora Delegada Carreño Gómez, dos medicamentos con este principio activo tienen como indicación aprobada, desde septiembre de 2010, cuando “sea necesaria la interrupción del embarazo en gestaciones a término o próximas al término”11. Lo cual, además, concuerda plenamente con el acta 20 de 2007, referida por las peticionarias, en la que la Comisión Revisora -Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos- conceptuó que “este principio activo podrá ser empleado como oxitócico en las específicas circunstancias señaladas por la sentencia C-355 de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4444 y la Resolución 3905 del mismo año”12.



Las actas 37 de 2009 y 29 de 2010 de la misma Sala, que fueron citadas por los demandados en la contestación de la presente tutela como sustento de que la IVE no es una indicación aprobada para los medicamentos con principio activo misoprostol, no son pertinentes. La primera rechaza las indicaciones de “inducción del parto vivo” y “hemorragia posparto”, no la indicación de IVE y, como es anterior a septiembre de 2010, es lógico que no mencione la indicación aprobada en esa fecha. La segunda, aunque sí rechaza la indicación de IVE, no se refiere al misoprostol sino a un medicamento que combinaba este principio activo con otro denominado mifepristona13.
El tercero de los fundamentos de oposición a la inclusión del misoprostol en el POS por parte de la Procuradora Delegada Carreño Gómez consistía en las dudas que la OMS tenía sobre su seguridad para la práctica de la interrupción del embarazo, razón por la cual se podría poner en peligro la vida y salud de las mujeres que lo usaran. Además de que el estudio de seguridad y efectividad hecho por la Universidad Nacional en virtud del contrato celebrado con la CRES resultó favorable14, la Sala verifica que no existen tales dudas. Como explican las peticionarias, la lista modelo de medicinas esenciales de la OMS de marzo de 2011 sugiere su uso para el manejo del aborto incompleto y del espontáneo15. Ese dato fue completamente obviado por la Procuradora Delegada en su oficio.
En lo relativo a la IVE, contrario a lo sostenido por la demandada en el oficio cuestionado, la Guía Técnica y de políticas para sistemas de salud “Aborto sin riesgos” de la OMS de 2003 lo prevé como una forma efectiva de realizarla aunque advierte que, cuando no se combina con mefepristone, su efectividad es inferior, el procedimiento tarda más y es más doloroso con mayores efectos gastrointestinales colaterales. Si la preocupación de la Procuradora Delegada era la salud de las mujeres que desean practicarse una IVE, ha debido entonces hacer la precisión de que la OMS prefiere que se use el misoprostol junto con el mefepristone y explicar la posición actual del INVIMA frente a este último, mas no sostener lo que no es cierto, es decir, que el uso del misoprostol es peligroso según la OMS. Además, el solo hecho de que esta Guía haya sido incorporada en Colombia mediante la Resolución 4905 de 2006, que estaba basada en el Decreto 4444 de 2006 provisionalmente suspendido, no modifica en nada la posición de la OMS respecto de la seguridad del misoprostol para la IVE.
En cuanto al documento de 2010 tituladoAclaración sobre la postura de la OMS respecto del uso del misoprostol en la comunidad para reducir la mortalidad materna” -citado por la Procuradora Delegada Carreño Gómez en el controvertido oficio para atacar la seguridad del principio activo-, la referencia al mismo era totalmente impertinente pues, como bien demuestran las accionantes, éste expresaba las reservas de la OMS respecto de su utilización para la prevención de la hemorragia puerperal, no para la IVE, e incluso reiteraba que “actualmente la OMS incluye el misoprostol en sus directrices basadas en la evidencia y en la Lista Modelo de Medicamentos esenciales para la interrupción voluntaria del embarazo junto con la mifepristona, el tratamiento médico del aborto retenido espontáneo y la inducción del trabajo de parto”16. Si la intención de la Procuradora Delegada Carreño Gómez era manejar el tema de manera integral ha debido entonces precisar exactamente cuál era el asunto que se discutía en la Aclaración que citaba.
La cuarta razón de la Procuradora Delegada Carreño Gómez para oponerse a la inclusión del misoprostol en el POS es el supuesto detrimento patrimonial para el sistema de salud. Ante ello, para la Sala es contundente el argumento consistente en que, antes de iniciar al proceso de inclusión, la CRES verificó que su impacto en la UPC era neutro, mediante un estudio hecho por la Universidad Nacional en virtud de un contrato de consultoría firmado para estos efectos17. Esa fue una de las razones para considerar la posibilidad de incluirlo en el POS, de conformidad con el acuerdo 20 de 2010 de la CRES18. El número indeterminado de mujeres a las que se daría el medicamento es irrelevante si ya se ha determinado que la UPC no se incrementará por la inclusión.
Con posterioridad, en un oficio del 19 de diciembre de 2011, la Procuradora Delegada Carreño Gómez reiteró al Ministro de la Protección Social su solicitud de suspender el trámite de inclusión del Misoprostol en el POS y agregó otro argumento que la Sala tampoco encuentra fundado. Manifestó que “hasta tanto la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo no resuelva de fondo la demanda de nulidad (…) o levante la suspensión del decreto 4444 de 2006, ninguna autoridad administrativa puede intentar reglamentar el denominado servicio de interrupción voluntaria del embarazo, expedir normas técnicas sobre el mismo o, mucho menos, introducir servicios quirúrgicos o médicos para la prestación pública u obligatoria del denominado procedimiento, toda vez que sobre el mismo no existe ley o norma administrativa vigente, sino que simplemente se trata de un procedimiento excepcionalmente no penalizado de conformidad con lo establecido en la sentencia C-355 de 2006. Lo contrario, es pretender que la jurisprudencia, ya sea sentencias de constitucionalidad, de tutela u otras, hagan las veces de ley, de normas técnicas, o de actos administrativos, lo cual es equivocado como claramente lo estableció el Honorable Consejo de Estado, precisamente al ordenar la suspensión provisional del citado decreto”19.
Al respecto la Sala reitera que no es jurídicamente correcto dar a la suspensión provisional el alcance de impedir la expedición de cualquier norma infra legal sobre IVE debido a que ésta es, precisamente, una decisión temporal y los argumentos contenidos en ella fueron usados para demostrar la necesidad de la medida cautelar y no para solucionar el fondo. El efecto de la suspensión provisional es privar de efectos temporalmente al acto administrativo en cuestión, y por mucho a aquellos que se deriven del mismo, ni más ni menos que eso.
Adicionalmente, en lo que toca con el conflicto de intereses que supuestamente afecta a una de las peticionarias, según manifiesta el apoderado de la PGN, se reitera que éste resulta irrelevante ya que las partes de un proceso judicial no son -por definición- imparciales ni mucho menos tienen el deber de serlo.
91.- Una vez explicado lo anterior, la Sala resalta que los dos oficios que se han mencionado fueron elaborados por la Procuradora Delegada Carreño Gómez en ejercicio de sus funciones. La primera de las comunicaciones –la del 30 de marzo de 2011- expresamente señala que las “observaciones” se hacen “en ejercicio de las funciones preventivas y de control de gestión”, lo que concuerda con su solicitud final en la cual se “conmina” al Ministro de Protección Social “a suspender el trámite de inclusión del Misoprostol en el POS”20. En la segunda –la del 19 de diciembre de 2011- esto es aún más claro pues tiene el objetivo de remitir al Ministro de la Protección Social un “informe de vigilancia preventiva y de control de gestión ante la Comisión de Regulación en Salud –CRES- para verificar la gestión y las actuaciones administrativas en los asuntos relacionados con la evaluación y la propuesta y la inclusión en el Plan Obligatorio de Salud (POS) del medicamento Misoprostol (…) cuyas conclusiones y recomendaciones se presentan a continuación y se exhorta en función preventiva para su intervención administrativa”21.
Lo mismo cabe para el oficio que la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda envió, con idéntico objetivo, al Ministro de la Protección Social y a los miembros de la CRES el 15 de abril de 2011. En este, la funcionaria hizo referencia a su función constitucional de vigilar el cumplimiento de las normas y manifestó que “en cumplimiento de estas funciones (…) respetuosamente le requiero suspender el tramite adelantado para la inclusión del medicamento misoprostol (…) en el Plan Obligatorio de Salud”. Al final de la comunicación reiteró su petición en similares términos22.
La Sala pudo comprobar que este infundado ejercicio de funciones por parte de las mencionadas Procuradoras Delegadas fue lo que llevó a la CRES a suspender la decisión de incluir el misoprostol en el POS, a pesar de que los estudios de impacto económico, efectividad y seguridad y la consulta a la comunidad médica y a los ciudadanos habían sido positivos23. Incluso es claro que, por razones similares a las que en esta sentencia se expresan, ni el Ministro de la Protección Social ni los miembros de la CRES compartían los argumentos de oposición de las Procuradoras Delegadas, como se lo manifestaron a la Procuradora Delegada Carreño Gómez en contestación a sus observaciones24.
Sin embargo, en la respuesta a la solicitud de pruebas que esta Sala hizo a la CRES, la entidad manifestó que, en el curso de la sesión en la cual se debatía la inclusión del misoprostol en el POS, el Presidente leyó el mencionado oficio enviado por la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda y “con fundamento en esta comunicación, el señor Ministro de la Protección Social solicito la suspensión de la discusión”25. Para justificarlo, agregó que “está llamada a atender los requerimientos que en ejercicio de su función preventiva le hagan los organismos de control de la gestión pública”26. Es claro entonces que, si bien la PGN no puede incluir o excluir un servicio del POS –como manifiesta el apoderado de la PGN-, en este caso dos de sus funcionarias, en ejercicio de sus competencias, fueron responsables directas y exclusivas de lo sucedido con el misoprostol.
Vale aclarar que, aunque distintas autoridades hacen referencia a la suspensión de la decisión hasta la realización de una “Mesa de Trabajo” convocada por la Procuradora Delegada Carreño Gómez27, ni los demandados ni la CRES ni el Ministerio de la Protección Social informaron que ésta se hubiera realizado, sus resultados o la fecha en que se realizará. Así las cosas, la Sala entiende que la decisión sobre la inclusión del misoprostol en el POS sigue suspendida indefinidamente.
92.- La suspensión indefinida de la decisión de incluir el misoprostol en el POS, como consecuencia directa del inadecuado ejercicio de funciones por parte de las Procuradoras Delegadas demandadas, vulneró el derecho al acceso a los servicios de salud reproductiva de las peticionarias –y de las demás mujeres colombianas-. Como se vio, según la jurisprudencia constitucional, uno de los dos grandes contenidos de los derechos reproductivos es el acceso a los servicios de salud reproductiva, dentro de los cuales se encuentra la IVE en aquellos casos en que no es punible de conformidad con la sentencia C-355 de 2006. Gracias a la actuación de las Procuradoras Delegadas demandadas, una forma de realizar este procedimiento no fue incluida en el POS y, por tanto, ni las accionantes ni las demás mujeres en Colombia tienen acceso a ella como parte de los servicios básicos en salud.
El hecho de que otros métodos de IVE estén incluidos en el POS, no descarta la violación pues, como expresó la comunidad médica en el proceso de consulta realizado por la CRES, el misoprostol resulta menos invasivo y tiene menos efectos adversos28. Si los estudios de impacto económico, efectividad y seguridad y la consulta a la comunidad médica y a los ciudadanos fueron positivos, no ve la Sala una razón constitucionalmente válida para someter a las mujeres a un procedimiento de IVE mas invasivo y con más efectos adversos.
Por similares razones, se violó el derecho a la salud de las accionantes y de las demás mujeres colombianas pues la Sala encontró que, además de la IVE, el misoprostol tiene numerosos usos aprobados por el INVIMA relacionados con la salud reproductiva de la mujer a los que tampoco tendrán acceso como parte de los servicios básicos en salud, lo cual es consecuencia indirecta de la actuación de las Procuradoras Delegadas demandadas, quienes al oponerse al uso del misoprostol para la IVE terminaron afectando las demás indicaciones aprobadas, tales como la maduración del cuello uterino para la histeroscopia y para la colocación del dispositivo intrauterino, la evacuación del útero en casos de feto muerto, la inducción del trabajo de parto con feto muerto y con feto vivo29.
Para reparar la violación, se ordenará a la Comisión de Regulación en Salud que levante la suspensión de la decisión acerca de la inclusión del misoprostol en el POS y, en consecuencia, continúe su trámite desde la etapa en la cual fue suspendido. Así mismo, se prevendrá a las Procuradoras Delegadas María Eugenia Carreño e Ilva Myriam Hoyos Castañeda para que se abstengan de interferir de manera infundada en este proceso, por ejemplo, reiterando las objeciones cuya fundamentación ha sido descartada en la presente sentencia.
93.- Para finalizar, esta Sala considera importante remarcar que la presente providencia surte efectos de manera inmediata, una vez cobre ejecutoria luego de su notificación, por manera que una eventual solicitud de nulidad de la decisión no tendrá ninguna incidencia en el cumplimiento de lo que aquí se ordene, pues la nulidad no es un recurso contra la decisión ni tiene un efecto suspensivo sobre la misma.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente




Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad