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TUTELA
REPORTE DE CONSULTA



RELEVANTE
SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

ID

:

628913

M. PONENTE

:

MARGARITA CABELLO BLANCO

NÚMERO DE PROCESO

:

T 1100102030002018-00087-00

NÚMERO DE PROVIDENCIA

:

STC4362-2018

CLASE DE ACTUACIÓN

:

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

TIPO DE PROVIDENCIA

:

SENTENCIA

FECHA

:

04/04/2018

DECISIÓN

:

CONCEDE TUTELA

ACCIONADO

:

Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca

ACCIONANTE

:

Y.S.G.C.

FUENTE FORMAL

:

Constitución Política de Colombia art. 95








ASUNTO:

PROBLEMA JURÍDICO ¿La negativa del Consejo Superior y del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca de acceder al traslado solicitado por la accionante, víctima de violencia sexual en un despacho judicial, vulnera sus derechos fundamentales?





TEMA: DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - Marco normativo internacional de protección
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - Prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - Derecho a la igualdad: deber estatal de protección con perspectiva de género
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - Derecho a la igualdad: deber del Estado de implementar políticas públicas con rostro humano
Tesis:

«En el panorama jurídico hay múltiples compendios normativos que, al unísono, concurren a la inaplazable protección de los Derechos Humanos; por vía de ejemplo, obran la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir Sanciones y Erradicar la Violencia contra la Mujer -también llamada Convención de Belém do Pará-.


Por supuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano principal yautónomo de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington EE. UU., junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (creada el 22 de mayo de 1979 en San José deCosta Rica), se erigen indisimuladamente en un sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos enderezado a que las anotadas convenciones, entre otras cosas, puedan interactuar para que su convergencia tienda a erradicar efectiva y eficazmente la violencia contra la mujer, en sus múltiples manifestaciones, habida cuenta que, valga decirlo, el apuntado desafuero se erige en una nociva forma más de discriminación por razones de género; por lo propio, han sido definidos los correspondientes procedimientos y actuaciones que movilizan la materialización de las protecciones y sanciones correspondientes a quienes soslayen su observancia y defensa.
Anejo a lo anterior, señálase que el Estado colombiano debe empoderarse (conforme así lo impone el marco normativo nacional e internacional que disciplina la materia, parte del cua ha sido ratificado por Colombia, verbigracia la Convención Americana sobre Derechos Humanoslo fue a través de la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972) en las buenas prácticas ordenadas hacía la protección y promoción de los "Derechos Humanos", en especial de los sujetos más vulnerables, no sólo en la faz de acción concreta, sino en el desarrollo y planificación de políticas públicas que los reconozcan, promuevan y resguarden; no otra lectura tiene la circunstancia de que los Estados Parte ratificantes, por lo propio, quedan comprometidos a respetar y dar garantías para que aquellos sean enaltecidos.
De ahí que, también, al aparato estatal, en su integridad, le incumbe velar y propender para que prevalezca, como todos los demás de su misma estirpe, el derecho fundamental a la igualdad en las diversas actuaciones que desarrolla, amén que tal se evidencie en todos los ámbitos en que los connacionales se desenvuelven. Tal postura de igualdad, para que sea materializada en sus reales y precisas connotaciones, se debe vislumbrar desde la perspectiva del enfoque de género, grosso modo, en aras de "disminuir la violencia frente a grupos desprotegidos y débiles como ocurre con la mujer, [lo cual] implica aplicar el derecho a la igualdad y romper los patrones socioculturales de carácter machista en el ejercicio de los roles hombre-mujer que por sí, en principio, son roles de desigualdad" (CSJ STC2287-2018, 21 feb. 2018, rad. 2017-00544-01).
De ese modo, en la actualidad los cometidos que emprende el Estado no pueden desligarse de la "perspectiva de género" que menester es atender, por lo que al abordar aquellos corresponde sopesar si en su decurso pudieren llegar a vislumbrarse situaciones de discriminación o alejamiento que precisen obrar de particular forma a efectos de desarraigar ese inaceptable trato anómalo que perennemente se debe conjurar; en ese orden de ideas, cumple tener conciencia de que ante situaciones diferenciales dadas por la especial posición de debilidad manifiesta de, verbigracia, una mujer agredida, el estándar de gestión "normal" no debe ser la pauta a seguir, ameritando por tanto en muchos casos que se obre "no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano" (Cfr. STC2287-2018).
Valga anotar que, "específicamente, acerca de la perspectiva de género, esta Sala de Casación Civil, en cosecha reciente [STC4812-2017], citó un precedente pronunciado por la Corte Constitucional [CC T-027/17], en el que se enfatizó el compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer”, en tanto que, “nacional e internacionalmente, se han adoptado una serie de mandatos para la protección de la mujer y prevención de cualquier forma de violencia en su contra. Entre estos mandatos se encuentra la debida diligencia, que los obliga a adoptar medidas integrales en materia jurídica y legal, además de la implementación de políticas de prevención que permitan actuar con eficacia ante las posibles denuncias por violencia contra la mujer. Asimismo, se ha reconocido que los Estados deben responder, no solo por los actos propios de violencia contra la mujer, sino por los actos privados, cuando se demuestre la falta de adopción de medidas con la debida diligencia para prevenirlos o impedirlos" (CSJ STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 2017-00282-01)».
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - Cualquier afrenta cometida en contra de las mujeres debe ser condenada y reparada
DERECHO A LA SALUD - La salud en el ámbito laboral: deber de las autoridades de analizar el derecho dando prevalencia al principio pro homine
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA - Importancia del rol que desempeña la Rama Judicial en la protección de los derechos de las mujeres
Tesis:

«En el presente asunto surge de las pruebas compiladas una verdad incontestable: la persona que acciona en tutela es una mujer que funge como servidora pública en provisionalidad de la Rama Judicial (escribiente), quien cuando estaba cumpliendo con sus labores sufrió una lamentable agresión sexual -acceso carnal violento- que, a no dudarlo, la victimizó.


A consecuencia de ello, y por venir padeciendo mentalmente a secuela del anotado abuso sufrido, fue diagnosticada con "trastorno de estrés postraumático" y, en vista que "los síntomas se intensifican porque la paciente labora en el sitio donde ocurrió el evento traumático", la profesional de la medicina tratante determinó que es "pertinente el cambio de lugar de trabajo".
Por tanto y para menguar sus males, la actora pidió al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y a otras entidades de aquel, que la trasladaran a una sede judicial diversa a aquella en que ahora se desempeña, preferentemente del municipio de Soacha, siendo que, finalmente, en el Oficio CSJCUO17-2254 de 1º de noviembre de 2017, poniéndosele de presente razones de raigambre legal, su pedimento le fue denegado.
De suyo, las entidades acusadas al proceder en la manera como lo hicieron dejaron de ver que el particular y específico asunto se trata de un evento excepcionalísimo que, precisamente por eso, amerita recibir una urgente y determinada solución, misma que en manera alguna puede estar definida por el rigorismo excesivo y manifiesto con que la puntual temática se trató, que se limitó meramente a verificar cuál es la pauta legal a seguir sin aquilatar las connotaciones peculiares que el asunto bajo análisis encierra, olvidando que "cualquier afrenta cometida en contra de las mujeres debe ser condenada y reparada" (CSJ STC10829-2017, 25 jul. 2017, rad. 2017-01401-00), tanto más por cuanto actualmente persisten los menoscabos de orden psicológico diagnosticados a la accionante, inescindiblemente derivados del acceso carnal violento que padeció, violencia sexual que, como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres" vulneratoria de sus derechos esenciales a la vida privada de la persona y de su intimidad, que anula su facultad de tomar libremente sus decisiones.
Y es que, siendo que el caso ahora auscultado se trata de la protección de los ius fundamentales a la dignidad humana y a la salud dentro del ámbito laboral, el mismo más bien debió abordarse por las autoridades cuestionadas con la debida y suficiente protección desde la óptica de los "derechos humanos", dándosele prevalencia al principio "pro homine" que dice que la interpretación de una norma debe realizarse de la manera más favorable al ser humano, por cuanto la defensa de aquellos comporta reconocer, entre otras cosas, el papel prevalente que ocupa la mujer al desempeñar sus roles dentro de la sociedad, su prerrogativa de igualdad y no discriminación, su potestad de acceso a la justicia, amén de la incorporación de la perspectiva de género en los asuntos que a ellas les atañen. De ahí que el Poder Judicial juega un papel importante en el ámbito de la defensa y protección de los aludidos ius, incluyéndose de necesidad en esa traza, cómo no, la salvaguardia de los derechos de las mujeres.
Por supuesto que el hecho de que la reclamante tenga que asistir día a día al sitio donde sin su consentimiento fue accedida carnalmente, comporta ponerla en la injusta situación de seguir reviviendo la violación sufrida, con las consecuencias de padecimiento que de allí derivan, lo cual no se acompasa con el deber de protección que ha de brindar el Estado a la personas que han sido objeto de agresiones a causa de su precisa condición: recuérdese que la violencia desplegada en contra de las mujeres es una clara manifestación de discriminación en razón del género, lo cual deviene en la actualidad abierta y ostensiblemente inaceptable; no otra connotación tiene el hecho de que la doctrina tenga establecido que "[l]a violencia sexual, como un tipo de violencia contra las mujeres, es una forma de desconocimiento de los derechos a la dignidad, autonomía, integridad física y psicológica de la persona; es un desconocimiento o una expropiación de su carácter de humanidad"».
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - La negativa de trasladar a la accionante, víctima de violencia sexual, genera su revictimización
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - La ausencia de protección a los eventos de violencia basada en género es una forma de segregación
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - Deber del Estado de evitar la revictimización
DERECHO A LA SALUD - La salud en el ámbito laboral: déficit de protección constitucional
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA - Protección constitucional en el marco de los Derechos Humanos
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS - Tensión con el derecho positivo interno: prevalencia de los Derechos Humanos
Tesis:

«(...) negarle el traslado que reclama la promotora no sería cosa distinta que volver a victimizarla, pues la ausencia de protección a los eventos de violencia basada en género es unadolorosa forma de segregación; es, sin lugar a dudas, una "diferencia de trato arbitraria". Ello, sobre todo cuando en el caso particular, de no procederse al mentado traslado, ese obrar implicaría situar a la actora en la inviable elección de tener que renunciar a su empleo o seguir reviviendo la violación sufrida, lo cual no traduce en cosa distinta de ser nuevamente victimizada pero ahora mediando la pasividad de las corporaciones querelladas.


Y es que al efecto, la doctrina clínica señala que un evento y/o suceso que es capaz de provocar un gran impacto emocional con manifestaciones físicas y psicológicas en el ser humano, como por vía de ejemplo lo es una violación, es una experiencia traumática que sobrepasa todas las respuestas de reacción habituales y genera en el organismo situaciones que, dependiendo de su estructura biopsicosocial, pueden derivar en severas afectaciones; ello, comoquiera que si la persona ocasionalmente falla en el intento de adaptación y no logra recuperar su condición previa al hecho traumático, elabora de una forma inadecuada lo sucedido y queda expuesta a desarrollar un trastorno por estrés post traumático debido a que surgen pensamientos y sentimientos de vulnerabilidad y pérdida de control, lo que ocasiona angustia psicológica y bloqueo cognitivo que afecta su desempeño laboral.
Si bien las autoridades entuteladas han denotado una intención de colaboración a la accionante, tanto así que le han pedido el envío de su hoja de vida para circularizarla en aras de que los funcionarios nominadores de los diversos juzgados de la sede territorial a donde quiere trasladarse puedan tener "en consideración su experiencia […] para una eventual designación para el mismo cargo, u otro para el cual cumpla los requisitos", lo cierto es que dicho actuar no cumple con las órdenes constitucionales y convencionales de protección, por cuanto que el Estado debe evitar la revictimización, dado que de ese modo no se conjura el sufrimiento de la quejosa, que mal puede seguir produciéndose, máxime cuando sabido es, itérase, que "[e]l Estado debe velar porque, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma".
Puestas así las cosas, adviértase que en eventos como el presente, en que hay Derechos Humanos comprometidos, esta Sala considera que la situación materia de la dolencia tutelar fueinsuficientemente abordada, denotándose un déficit de protección constitucional, según atrás quedó evidenciado, lo que configuró, entonces, el quebranto de los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la salud de la actora, en tanto si bien no existe precisa normatividad con que sea dable acoger el pedimento elevado por la reclamante, por cuanto su empleo lo ocupa en provisionalidad, también lo es que ello no puede erigirse en dispensa para dejar de activar solventemente la protección que ella precisa, haciéndose operar la égida del marco jurídico ampliado a través del Derecho Internacional protector de los "Derechos Humanos" en juego, que es a lo que aquí se procede por parte del juez de amparo, cual es su deber, dado que, por encima de todo, así no exista puntual fundamento legal para ello, su perspectiva mal puede perder de vista que al pináculo a que siempre se ha de apuntar en su laborío es al del resguardo de las prerrogativas enantes enunciadas que, per se, prevalecen ante la tensión suscitada con el derecho positivo cuando este no regula las concretas situaciones fácticas acaecidas.
Por lo anterior, cumple conjurar por esta vía la anomalía vislumbrada, lo que implica acceder a la protección solicitada en los precisos términos que adelante se verán reflejados. O sea, que el Consejo Superior de la Judicatura, a través de sus unidades en coordinación conel Consejo Seccional de Cundinamarca, por hacerlo en cumplimiento de la presente orden de tutela, habrá de solicitar a todos los jueces promiscuos municipales de Cundinamarca, dentro de las cuarenta y ocho (48) ho ras siguientes al momento en que reciba notificación de esta decisión, que le informen cuál es la lista de cargos vacantes que haya en cada una de las células judiciales que ellos presiden y lo propio a partir de la fecha de recibo del correspondiente requerimiento, poniéndoles de presente que en caso de existir alguno de aquellos se abstengan de proveerlo a través de nombramiento hasta tanto no se les anuncie lo contrario, lo cual será de obligatoria observancia para todos los jueces así informados, y todo lo expuesto en aras de que se realice el inmediato traslado y/o reubicación de la tutelista, a lo que procederá el Consejo Superior de la Judicatura en el lapso de los treinta (30) días calendario subsiguientes al envió de la apuntada comunicación, de acuerdo con la información que al efecto le sea suministrada por los referidos juzgadores.
Con todo, de no ser posible el anotado traslado por una eventual ausencia de vacantes, el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus unidades respectivas en coordinación con el Consejo Seccional de Cundinamarca, en el mismo término, aquilatando las circunstancias del caso para afectar en lo menor posible a quien en forma temporal ocupe el cargo de similares características al de escribiente en que la promotora actualmente se desempeña, analizará los empleos vacantes ocupados en provisionalidad y dispondrá el traslado recíproco entre el juzgado que sea menester y el Despacho Promiscuo Municipal de Susa (donde actualmente está laborando la accionante), todo lo anterior con carácter de obligatoriedad para los servidores públicos así comunicados».
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA - Protección constitucional transitoria, durante el término que disponga el dictamen médico que efectúe el Instituto Nacional de Medicina Legal
ACCIÓN DE TUTELA - El amparo constitucional no implica la inaplicación de la norma que restringe los traslados a los servidores públicos que se encuentren en carrera judicial
Tesis:

«(...) en pro de resguardar debidamente las prerrogativas de la querellante, aquí se dispondrá la "estabilidad laboral reforzada" a su favor, misma que se mantendrá por el término necesario que determine una experticia médica, que al efecto habrá de realizarle el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Lo anterior, a fin de que a la accionante no se le pueda desvincular del cargo en que sea nombrada por virtud de la orden aquí impartida, y lo propio por el preciso lapso que la citada peritación prevea como suficiente para que supere las directas secuelas que la agresión padecida le generó y así pueda volver a laborar en condiciones aceptables como las que presentó al momento de su incorporación al cargo que ahora desempeña en el Juzgado Promiscuo Municipal de Susa.


A ese fin, a la referida entidad aquí se le ordena proceder a realizar la señalada peritación a la enjuiciante, en el plazo máximo de cinco (5) días computados desde que reciba la respectiva comunicación que habrá de enviársele.
Relievase que lo ut supra aseverado no puede entenderse en manera alguna como que la Corte, ahora en más, persiga enviar el mensaje de que en adelante se puede dejar de aplicar la norma que prescribe que los traslados solamente operan para servidores públicos que se hallen en carrera judicial. No; se hace la salvedad para este preciso asunto por las peculiares connotaciones que alberga, y en vista de que la victimización secundaria acontecida a que se vería avocada la censora de no ser trasladada, es tópico que se puede remover bajo la perspectiva aquí trazada, que precisamente está instituida para remediar asuntos análogos al expuesto, siendo del caso amparar sus prerrogativas ius fundamentales invocadas no obstante que la quejosa se encuentre en provisionalidad».
ÓRDENES IMPARTIDAS EN LA SENTENCIA - La Sala ordena al Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el Consejo Seccional de Cundinamarca, solicitar a todos los jueces promiscuos municipales de Cundinamarca, le informen cuál es la lista de cargos vacantes que haya en cada una de las sedes judiciales que ellos presiden a partir de la fecha de recibo del correspondiente requerimiento, poniéndoles de presente que en caso de existir alguno de aquellos se abstengan de proveerlo a través de nombramiento hasta tanto no se les anuncie lo contrario, orden que será de obligatoria observancia para todos los jueces así informados; todo lo expuesto en aras de poder realizar el traslado o reubicación de la tutelista, a lo que procederá el Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y correspondiente juez, en el inaplazable término de los treinta (30) días calendario subsiguientes al envió de la apuntada solicitud, de acuerdo con la información que al efecto le sea suministrada por los referidos juzgadores.
ACLARACIÓN DE VOTO

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA Y DERECHO A LA SALUD - El amparo constitucional no pretende desconocer las normas de la carrera judicial
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA - Servidora judicial víctima de violencia sexual: necesidad de esclarecer, previamente, la situación legal y reglamentaria de la empleada judicial
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA - Servidora judicial víctima de violencia sexual: la gravedad del delito sufrido por la accionante, su mayor vulnerabilidad y el enfoque diferencial, no generan derechos de carrera
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA - Servidora judicial víctima de violencia sexual: la estabilidad relativa que debe otorgársele a la accionante no puede quedar indefinida en el tiempo
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA - Servidora judicial víctima de violencia sexual: prevalencia de los derechos de carrera ante la eventual provisión del cargo en propiedad
Tesis:

«(...) debo manifestar que aunque coincido con el criterio mayoritario sobre la imperiosa necesidad de otorgar el amparo en el asunto sometido a examen constitucional para así remediar el quebranto de las garantías fundamentales de la tutelante, causado por la omisión de las autoridades administrativas accionadas en el cumplimiento de su deber de garantizar de forma cierta y expedita el goce de los derechos a la salud, integridad mental y emocional, dignidad humana y trabajo en condiciones dignas, atendida la condición de sujeto de especial de protección que ostenta dicha servidora judicial, lo que la hace merecedora de un trato preferente, disiento de algunas de las consideraciones que se consignaron en la providencia.


En efecto, aun cuando en el fallo aprobado por la mayoría se insistió en que la Corte no pretende desconocer las normas de la carrera judicial, la cual constituye el pilar central del régimen de ingreso y ascenso de los servidores de esa rama del poder público acorde con lo preceptuado por el artículo 156 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el análisis que se efectuó sobre la procedencia del otorgamiento de privilegios como la "estabilidad laboral reforzada", no estuvo acompañado de directrices que, a mi juicio, resultan necesarias para la preservación de los fines constitucionalmente legítimos que orientan el indicado régimen.
En ese orden, aunque la reubicación de la accionante en otro sitio de trabajo, esto es, en un juzgado de la misma categoría pero de diversa sede territorial, es la medida especial aconsejable para la salvaguarda efectiva de sus derechos superiores atendiendo circunstancias clínicamente comprobadas corno el "trastorno de estrés postraumático", padecimiento psiquiátrico con el que fue diagnosticada y la exacerbación de sus síntomas característicos de ansiedad y depresión por laborar en el lugar en el que fue agredida sexualmente, teniendo en cuenta además que dicha orden permite superar, para el caso, el déficit de protección legal existente, dado que situaciones de ese tipo u otras que impliquen circunstancias irresistibles, no han sido reguladas por el ordenamiento jurídico, era necesario, a mi juicio, hacer claridad sobre aspectos atinentes a la situación legal y reglamentaria de la empleada judicial.
Había que atender, entonces, que el nombramiento en provisionalidad bajo el cual la promotora de la acción ejercía su cargo, otorga a quien lo desempeñe una estabilidad laboral relativa, en virtud de la cual su desvinculación procede por razones objetivas como, por ejemplo, la provisión de la vacante mediante el sistema de carrera, bien sea con una persona que ha superado el proceso de selección previsto en el artículo 162 de la Ley 270 de 1996 o por quien ostentando derechos de carrera, cumpla los requisitos exigidos por la normatividad para obtener su traslado.
La gravedad del delito cometido contra la accionante; la mayor vulnerabilidad que ese hecho punible le ocasionó; y el enfoque diferencial con que debe tratarse su caso, no modifican automáticamente la modalidad de su designación, ni tales circunstancias pueden originar derechos de carrera, de ahí que la estabilidad relativa que debe otorgársele atendida su situación de debilidad manifiesta no puede quedar indefinida en el tiempo.
Luego, la respuesta diferenciada que debe ofrecerse a la problemática planteada en este asunto, aunque, es cierto, ha de encaminarse adicional al otorgamiento de la reubicación de su sitio de trabajo, a garantizar el beneficio de "estabilidad laboral reforzada" a la tutelante por cuanto debido a las afectaciones psicológicas y psiquiátricas que el hecho criminal perpetrado en su contra le produjo, no "puede desarrollarse laboralmente en condiciones óptimas de salud, por lo que se ve la necesidad de salvaguardar sus derechos para que pueda permanecer en el empleo sin ningún tipo de obstáculos" (CC, T-899-13, 3 Dic. 2013, Rad. T-3.991.831), esa prerrogativa, en mi criterio, aun limitada al período de tiempo que el dictamen médico ordenado por la Sala vaya a determinar corno razonable, debe ceder ante la eventual provisión, en propiedad, que del cargo se realice mediante el sistema de carrera judicial, bien con un integrante de la lista de elegibles que haya superado el proceso de selección establecido en dicha reglamentación, o con el empleado que, siendo titular de derechos de carrera, reúna los requisitos legales para ser trasladado, circunstancia objetiva y legítima en frente de la cual no es posible ofrecer a la accionante que su permanencia en el empleo tenga una mayor duración.
Por últimmo, considero que la orden dirigida a una eventual reubicación recíproca entre la impulsora de este trámite y algún empleado designado en provisionalidad en un juzgado municipal del departamento de Cundinamarca si no llegan a existir vacantes sin proveer en el cargo de escribiente, requería un análisis previo sobre la procedencia de la afectación de derechos fundamentales de otro servidor judicial co sustento, acaso, en el deber de solidaridad consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política, estudio que la Sala omitió a pesar de ser necesario para justificar el sacrificio de las garantías superiores del destinatario de esa imposición y legitimar una medida de ese talante».

JURISPRUDENCIA RELACIONADA: Rad: CSJ STC2287-2018
CATEGORÍA: Derecho de las mujeres a la intimidad y dignidad / Derecho de las mujeres a la salud / Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia / Prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres
SALVAMENTO / ACLARACIÓN / ADICIÓN DE VOTO: ACLARACIÓN DE VOTO: ARIEL SALAZAR RAMÍREZ


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