Recursos de alzada contra evaluaciones de la aneca



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ANECA: EVALUACIONES ILEGALES DEL PROFESORADO
Y RECURSOS DE ALZADA
(Rectificación justa y posible o implicación plena del Gobierno)


Andrés de la Oliva Santos1
Catedrático.
Director del Dpto. de Derecho Procesal.
Universidad Complutense

Como es sabido, contra las Resoluciones2 de la Dirección General de Universidades, de evaluación desfavorable de Profesores, cabe recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Educación y Universidades, en el plazo de un mes desde la recepción de la correspondiente notificación, (art. 4.3 del R. D. 1052/2002, de 11 de octubre).3 La página "web" de la ANECA contiene interesantes indicaciones (aunque no pueden ser otra cosa que recomendaciones) acerca de la estructura del escrito de recurso, dónde y cómo se puede presentar y otros extremos.

Sin embargo, los recursos de alzada suscitan importantes interrogantes. De ahí este nuevo documento, con dos finalidades:

Primera: Completar la información sobre los recursos con un dato jurídico y unas consideraciones de interés general y de particular importancia para quienes aún se encuentren en el trance de recurrir o puedan en el futuro encontrarse en ese trance.

Segunda: Exponer cuál es el alcance de las atribuciones o competencia del referido Secretario de Estado ante los recursos de alzada o, dicho en términos menos jurídicos, qué puede (y qué debe) hacer, en buen Derecho, para resolver sobre esos recursos.

Ésta ultima cuestión es de mucha importancia. Porque resulta necesario que estén bien delimitadas las atribuciones y responsabilidades de ANECA, por un lado, y del MECD, por otro. Que existe estrecha relación entre ambas instituciones es indudable, pero, si existe esa relación es precisamente porque no son idénticas. El Gobierno, en aplicación de la LOU, quiso que la ANECA fuese una Fundación, aunque estatal, y no una dependencia de un Ministerio. Además, la ANECA tiene personalidad jurídica propia y pregona su autonomía e independencia.4

Desde el mismo Ministerio se ha afirmado la "independencia" de la ANECA. Concretamente, en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en sesión celebrada el martes, 27 de mayo de 2003, a pregunta del Diputado Sr. Lissavetzky Díez (Grupo Parlamentario Socialista), el Secretario de Estado de Educación y Universidades, Prof. Iglesias Ussel, afirmó, textualmente, que "la ANECA es una fundación de las reguladas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de dicha ley, la fundación tiene personalidad jurídica propia y es totalmente independiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte" (el subrayado es mío).5

Pues bien, la hora de resolver los recursos de alzada es la hora de la verdad sobre las relaciones entre ANECA y Ministerio o Gobierno. La ANECA es independiente del Ministerio: se nos dice. Aceptemos esa hipótesis de momento, pero ¿es el Ministerio (el Gobierno) independiente de la ANECA?. Dicho de otro modo y muy por encima del juego de palabras a que el asunto se presta: ¿es el Ministerio (el Gobierno) capaz de enmendar a la ANECA, no sin motivo, por capricho o mero arbitrio, sino en razón de la distribución legal de atribuciones y por imperativos racionales y jurídicos?.

Pero, vayamos por partes.

I.— LA ILEGALIDAD MANIFIESTA DE MUCHAS EVALUACIONES, POR AUSENCIA DE EXPERTOS.

1. El aptdo. 2 del art. 3 del ya citado R.D. 1052/2002, dispone que "las evaluaciones y los informes se realizarán por evaluadores independientes y expertos en el campo científico que corresponda."

Por tanto, cuando en las evaluaciones de Profesores no ha intervenido ningún especialista en la materia a que se dedique el "evaluado", las evaluaciones son a todas luces ilegales, además de irracionales en sí mismas.

2. La única argumentación que se nos ocurre, en contra de esta afirmación, consistiría en pretender que el "campo científico que corrresponda" es el ámbito de cada uno de los Comités de Evaluación y que los concretos evaluadores que los integraban eran personas expertas al amparo del rótulo general del Comité. Así se defendería que se cumplió —o se está cumpliendo— el requisito explícitamente exigido en el citado Decreto.

3. Sin embargo, esa argumentación resulta insostenible, tanto desde el punto de vista científico-universitario como en el plano jurídico (que, como en tantas ocasiones, están estrechamente implicados). Lo veremos de inmediato.

4. Si tomamos como ejemplo el Comité de Evaluación en el ámbito de las denominadas "Ciencias Sociales y Jurídicas", véanse, conforme a la clasificación oficial de las "áreas de conocimiento", las incluidas por la ANECA en dicho ámbito:



030

Antropología Social

040

Biblioteconomía y Documentación

070

Ciencia Política y de la Administración

095

Comercialización e Investigación de Mercados

105

Comunicación Audiovisual y Publicidad

125

Derecho Administrativo

130

Derecho Civil

135

Derecho Constitucional

140

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

145

Derecho Eclesiástico de Estado

150

Derecho Financiero y Tributario

155

Derecho Internacional Privado

160

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

165

Derecho Mercantil

170

Derecho Penal

175

Derecho Procesal

180

Derecho Romano

187

Didáctica de la Expresión

189

Didáctica de la Expresión Musical

193

Didáctica de la Expresión Plástica

195

Didáctica de la Lengua y Literatura

200

Didáctica de la Matemática

205

Didáctica de las Ciencias Experimentales

210

Didáctica de las Ciencias Sociales

215

Didáctica y Organización Escolar

225

Economía Aplicada

230

Economía Financiera y Contabilidad

235

Economía, Sociología y Política Agraria

245

Educación Física y Deportiva

381

Filosofía del Derecho



383

Filosofía Moral

415

Fundamentos de Análisis Económico

470

Historia del Derecho y las Instituciones

475

Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos

480

Historia e Instituciones Económicas

620

Metodología de las Ciencias y del Comportamiento

625

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

650

Organización de Empresas

675

Periodismo

680

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

725

Psicobiología

730

Psicología Básica

735

Psicología Evolutiva

740

Psicología Social

775

Sociología

805

Teoría e Historia de la Educación

813

Trabajo Social y Servicios Sociales

5. Leída la relación de "áreas de conocimiento", ¿cabe en cabeza medianamente razonable y con la cultura básica imprescindible para aplicar el concepto "campo científico" entender que las investigaciones en materia de Derecho Romano y de Psicobiología, p. ej., pertenecen al mismo "campo científico"? ¿Alguien con mínimo conocimiento de causa pretenderá que el experto en Derecho Financiero y Tributario es también, por razón de esta concreta pericia, igualmente experto en Teoría e Historia de la Educación?

Desde el punto de vista científico, académico y jurídico, si el concepto "campo científico" se amplía, el concepto de "experto" se vacía de contenido. Y si el concepto de "experto" no se desvirtúa, resulta imposible ampliar desmesuradamente la idea o concepto de "campo científico".

6. Por añadidura: a multitud de efectos legales y reglamentarios, sobradamente conocidos por los destinatarios de este documento, lo que vale es la distinción de "áreas de conocimiento", que sólo cabría matizar o complementar con las analogías y “afinidades” legal o reglamentariamente establecidas entre algunas disciplinas. Pero no existe razón alguna para que el aptdo. 2 del art. 3 del R.D. 1052/2002 sea interpretado, en cuanto al concepto "experto en el campo científico que corresponda", según una agrupación de muchas y distintas "áreas de conocimiento", no efectuada por el mismo R.D. 1052/2002 y ni siquiera por la Resolución de la Dirección General de Universidades, de 17 de octubre de 2002 (B.O.E. de 30 de octubre), que establece los criterios de evaluación. Muy al contrario, el Anexo III de esa Resolución contiene un catálogo de "áreas de conocimiento", que, obviamente, las distingue, sin agruparlas.

7. Las agrupaciones de "áreas de conocimiento" las ha inventado la ANECA con posterioridad a las normas reglamentarias citadas y sin apoyo en ellas. En concreto, ahora sólo se encuentra la determinación del ámbito del Comité evaluador relativo a Ciencias Sociales y Jurídicas dentro de un denominado "Manual de procedimiento para la emisión de evaluación o informe para la contratación de profesorado universitario", fechado ¡el 17 de octubre de 2003.! (hasta entonces, al parecer, se actuó sin "manual").

Se dirá, a buen seguro, que la determinación del ámbito de los distintos Comités de Evaluación es anterior a esa fecha y que el "Manual" simplemente la recoge en el apenas extinto mes de octubre de 2003. Así lo damos por sentado. Pero, con todo, dos cosas parecen innegables:

1ª) Que la determinación del tan repetido ámbito de cada Comité sólo habría evitado ser contraria a la razón y, además, al R.D. 1052/2002, si en cada Comité hubiese al menos un experto en la materia de cada "área de conocimiento" sometida, por la ANECA, a la acción del Comité.

Pero no fue —ni es— así. Por tanto, las evaluaciones de profesores llevadas a cabo por la ANECA sin contar con expertos en las materias propias de esos profesores no sólo contradicen todo criterio científico y académico racional, sino que han infringido el R.D. 1052/2002.

2ª) Que la determinación de los ámbitos de los distintos Comités de evaluación no ha aparecido en el B.O.E. y, por tanto, no está incluida en ninguno de los tipos de normas positivas que acceden a ese Boletín. Nos permitimos afirmar que no existen tales normas, salvo que los "Manuales" de la ANECA hayan pasado a ser, secretamente, fuentes del Derecho.

Porque nótese bien lo siguiente: la información que la misma ANECA proporciona en su página www.aneca.es, con referencia separada a "legislación" y a "Manuales" o "Documentos de trabajo", nos permite saber que lo que dispone el "Manual" (también considerado "documento de trabajo"), permitiendo e impulsando, de hecho, la evaluación por no expertos, constituye una decisión de la ANECA no basada en ninguna norma legal o reglamentaria, que la ANECA ni siquiera pretende esgrimir. El "Manual", no obstante, ofrece una redacción imperativa, igual a la de los preceptos positivos.

8. Resulta, pues, de meridiana claridad, que es la ANECA y no, por ahora, el Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes, quien ha vulnerado lo dispuesto en el art. art. 3.2 del R.D. 1052/2002. Pero la inminente resolución de recursos de alzada va a desvelar si el Ministerio, independiente de la ANECA, rectifica o, por el contrario, asume y respalda las ilegalidades (y arbitrariedades) de la ANECA.

II.— LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA ANECA: ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES: LA POSIBLE Y NECESARIA RECTIFICACIÓN... O LA COMPLETA IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO CON LOS ERRORES E ILEGALIDADES DE LA ANECA.

1. Por independiente que la ANECA se considere y sea considerada desde el MECD, lo cierto es que el art. 4.3 del R. D. 1052/2002 sitúa al Secretario de Estado de Educación y Universidades en una posición de superioridad objetiva respecto de la tan citada Agencia. Esta posición de superioridad es consustancial a la atribución a dicho Secretario de Estado de la competencia para resolver los recursos de alzada contra evaluaciones desfavorables de la ANECA, certificadas por la Dirección General de Universidades.

2. ¿Cuál es el alcance de las atribuciones del Secretario de Estado? O, en otros términos, ¿qué puede (o puede y debe) hacer el Secretario de Estado?

Nuestra posición6 es la siguiente: el Secretario de Estado de Educación y Universidades, al ser competente para resolver los recursos de alzada, no posee competencia o “jurisdicción” simplemente negativa, es decir, sólo anulatoria de las evaluaciones, que, certifica la Dirección General de Universidades. El Secretario de Estado puede confirmar o revocar las resoluciones y, por tanto, su único contenido real, que son las evaluaciones. En caso de revocación, ha de sustituirlas por su propia decisión, que puede ser favorable.

La única salvedad admisible a este planteamiento es que el recurrente expresamente no pretenda del Secretario de Estado una resolución que sustituya la que recurre. No reiteraremos esta salvedad en lo sucesivo, dándola ya por sentada. Pero subrayamos que, salvo casos excepcionales, a los recurrentes les conviene solicitar, al recurrir en alzada, que el Secretario de Estado, tras revocar la Resolución impugnada, dicte otra que, en sustitución de la recurrida, reconozca al recurrente su idoneidad para ser contratado conforme a la LOU (o, en el caso de Profesores de Universidad privadas, lo que les interesa: su idoneidad a los efectos previstos en el art. 72.2 LOU).

3. Para no alargar este documento y por no ser conocedores del Derecho todos sus posibles lectores, ofrecemos en ANEXO, al final de este documento, los argumentos jurídicos que fundamentan el pronunciamiento del Secretario de Estado sobre el fondo de los recursos, resolviendo, si procede, en sentido contrario a la ANECA. Esa argumentación incluye vías diversas para alcanzar ese resultado.

4. De un modo o de otro, el Secretario de Estado, salvo voluntad en sentido contrario del recurrente, ha de encontrar el modo de cumplir el deber inherente de resolver, a fondo, unos recursos de alzada que ponen fin a la vía administrativa.

Al cumplir ese deber del cargo, el Secretario de Estado, que no dirige la ANECA ni participa en sus actuaciones, pero personifica al Ejecutivo, tiene la oportunidad de rectificar graves errores de planteamiento y, en concreto, uno del que únicamente es responsable la ANECA: no haber dispuesto la intervención de expertos en la evaluación de muchos Profesores. Espero que se dé la rectificación, pero, sinceramente, me temo, con bastantes motivos, que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cierre filas con la ANECA.

Madrid, 5 de noviembre de 2003.

ANEXO

ESTUDIO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LOS RECURSOS DE ALZADA CONTRA EVALUACIONES DESFAVORABLES DE LA ANECA.

1) Comprobación por el Secretario de Estado de la legalidad de las evaluaciones, a tenor del art. 3.2 del R. D. 1052/2002.

El Secretario de Estado, ante los recursos de alzada, ha de comprobar, en primer término, si se han observado los preceptos jurídicos relativos al procedimiento y a los presupuestos y modo de enjuiciar de la ANECA. En ese sentido, puede y debe comprobar, incluso cuando la persona desfavorablemente evaluada no lo hubiese alegado (cfr. art. 113.3 LRJPAC, a fortiori)7, si ha habido, o no, infracción del aptdo. 2 del art. 3 del R.D. 1052/2002, para lo que habrá de comprobar si ha intervenido, o no, un “experto” en la evaluación. De no darse esa intervención, la evaluación y la consiguiente Resolución de la DGU serían contrarias a Derecho y no somos capaces de imaginar que el Secretario de Estado pudiese resolver confirmando lo recurrido... sin dictar él mismo, a sabiendas, una resolución injusta. Por tanto, ha de revocar la Resolución de la DGU, que asume la evaluación desfavorable, dejando ésta sin efecto.



2) Por qué y cómo puede y debe el Secretario de Estado, revocada una evaluación, pronunciarse sobre el fondo y, en su caso, sustituir la evaluación desfavorable por un decisión propia favorable.

1. Revocada una Resolución de la DGU por el Secretario de Estado, hemos dicho que, por no ser su “jurisdicción” o competencia meramente negativa o anulatoria, el Secretario de Estado se encuentra en la necesidad jurídica de ir más allá.



a) Por qué puede y debe actuar con plena competencia sobre el asunto de fondo.

Esta necesidad jurídica deriva de la misma naturaleza del recurso de alzada, reforzada por el significado y relevancia de estos datos: el citado R.D. no prevé que la decisión del Secretario de Estado pueda ser, en caso de revocación, de reenvío o devolución del expediente a la ANECA, para que ésta proceda a una nueva evaluación, ajustándose a Derecho. Por el contrario, el reenvío o devolución a la ANECA, además de no estar legal ni reglamentariamente previstos de forma expresa, como sería necesario, resultarían del todo incoherentes con el dato legal de que la decisión del Secretario de Estado pone fin a la denominada "vía administrativa" (cfr. art. 109 LRJPAC) y deja abiertas las puertas de acceso a los Tribunales de Justicia, mediante el pertinente recurso contencioso-administrativo.

Además, si el recurrente ha pedido una resolución del Secretario de Estado, en sustitución de la recurrida, esa petición, por imperativo del art. 113.3 LRJPAC, debe ser respondida y no eludida.

2. Si en la evaluación de la ANECA no ha intervenido “experto”, en el sentido genuino y serio, el Secretario de Estado no puede ampararse en la denominada “discrecionalidad técnica” para negarse incluso a considerar la posibilidad de contradecir la evaluación desfavorable en su día emanada de la ANECA.

La doctrina de la llamada “discrecionalidad técnica” viene a establecer que, ante el juicio de expertos, no cabe revisión, ni siquiera por los Tribunales de Justicia, pues ahí se da una discrecionalidad propia del ámbito material enjuiciable sólo por los expertos. Obviamente, si no ha habido enjuiciamiento por expertos, no hay “discrecionalidad técnica”.

b) El aparente obstáculo derivado de no ser el Secretario de Estado un "experto".

Descartada la apelación a la "discrecionalidad técnica", parece que nos enfrentamos a un insoluble dilema (que ya adelantamos que es sólo aparente) en caso de sostener, como sostenemos, que el Secretario de Estado, al resolver recurso de alzada, no puede limitarse a revocar la resolución de la DGU, certificadora de la evaluación, si ésta ha sido contraria a Derecho. Y, por si fuera poco, diríase que el dilema existe tanto para nosotros (es un modo de hablar) como para el Secretario de Estado:

Un dilema para el Secretario de Estado, porque si reconoce, como debe, que es contraria a Derecho una "evaluación" sin experto, parece que tiene que permanecer inactivo, pues él mismo no es "experto".

Otro dilema, para nosotros, porque si sostenemos que es antijurídica y debe rectificarse una evaluación sin experto, diríase que no podemos defender que evalúe el Secretario de Estado, que no es experto (salvo, en cuanto Profesor, si lo es, como en la actualidad, en la materia de su "área de conocimiento").



c) Genuino objeto del recurso de alzada y de la correspondiente actuación debida del Secretario de Estado al ser competente para resolverlo.

Frente a todo lo anterior, está el dato, inesquivable, de que el R.D. 1052/2002 ha dispuesto que exista un recurso de alzada y ha atribuido la competencia para resolverlo al Secretario de Estado de Educación y Universidades. Los problemas que suscita la coherencia de la decisión creadora del recurso no pueden —sería absurdo e inicuo— volverse contra quienes tienen atribuido el genuino derecho a recurrir.



Sentado lo anterior, es de señalar que, en estricta técnica jurídica, una vez que se ha apreciado que ningún “experto” ha intervenido en la evaluación emitida por la ANECA, lo que queda sin resolver del objeto del recurso y la correspondiente actuación del Secretario de Estado no consiste ya en una evaluación de la evaluación de la ANECA o en una nueva evaluación del historial de los recurrentes, de la misma naturaleza que la de la ANECA. Lo que la existencia del recurso de alzada entraña, una vez revocada, por ilegal, la evaluación de la ANECA es una sustitución por el Secretario de Estado de la evaluación ilegal o, si se prefiere, del vacío de evaluación legal. Para esto, sin lugar a dudas, el R.D. 1052/2002 está atribuyendo al tan citado alto cargo la necesaria competencia y poder.

Evidentemente, para resolver sobre el fondo, una vez revocada la evaluación a causa de su ilegalidad, el Secretario de Estado no debe proceder arbitraria o caprichosamente. Habrá de examinar la documentación de cada recurrente, comprobando su docencia, la existencia de publicaciones y otros elementos de juicio, valorando el conjunto conforme a criterios racionales (idénticos a las denominadas "reglas de la sana crítica" que la ley supone que poseen los Jueces y Magistrados). Y, a nuestro entender, no debiera pasar por alto que muchos de los recurrentes ya fueron contratados a propuesta formulada por expertos y anualmente renovada.

Cabe, desde luego, estar en desacuerdo con lo que se acaba de decir, pero se trataría de un desacuerdo con el mismo R.D. 1052/2002, del que ni nosotros ni los recurrentes somos responsables.

d) Vía subsidiaria: el instrumento legal de la petición de informe a expertos..

1. Así, pues, no se propone que el Secretario de Estado evalúe a la ANECA o evalúe a los recurrentes, como si fuera la ANECA, y haga prevalecer su evaluación. Se propone algo que es, a nuestro entender, juridicamente ortodoxo y en absoluto irracional, a partir del hecho de que las evaluaciones de la ANECA, certificadas por la DGU, son susceptibles del descrito recurso de alzada. Mas, por si ese planteamiento no se aceptase, señalamos la existencia de un instrumento legal a disposición del Secretario de Estado, para que éste no tergiverse el recurso de alzada omitiendo una decisión sobre el fondo. Nos referimos al instrumento previsto en el art. 82.1 LRJPAC, que dice así:

"A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán [nótese el inequívoco imperativo] aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales [no conocemos que exista ninguna disposición en este caso] y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos."

2. Dado el considerable número de evaluaciones desfavorables de la ANECA en las que no han intervenido "expertos", quizá parezca en la Secretaría de Estado una tarea ingente y muy gravosa la solicitud y consideración de esos informes. No vemos, sin embargo, otra opción clara e indiscutible y, teniendo en cuenta que la evaluación ha sido desfavorable, mucho mejor ―además de ser lo jurídicamente procedente— será que se tarde algo más en resolver que una resolución relativamente rápida, pero mal fundada, desde varios puntos de vista.



e) Una posible vía alternativa para la petición de informes.

1. Seguidamente exponemos, para su valoración, unas consideraciones concatenadas, que podrían configurar un concreto modo de proceder, que, aunque presenta flancos aparentemente vulnerables a la crítica, en absoluto consideramos irracional, injusto o ilegal. Es una vía para sistematizar la petición de informes por el Secretario de Estado y obtenerlos más rápidamente. Antes de concretar esa vía, son convenientes algunas consideraciones.

2. En primer lugar, no cabe perder de vista la finalidad de la norma que dispone las evaluaciones por la ANECA. Se trata, las más de las veces, no de evaluar para decidir sobre la idoneidad de personas que, desde fuera de la Universidad, aspiran a ingresar en ella, sino de una evaluación prevista para decidir si pueden acogerse a la nueva legalidad unas personas que integran distintas Universidades y que en ellas, como Profesores, están ya desempeñando funciones docentes, en una situación con pleno fundamento académico-científico y fundamento legal. No sería en absoluto razonable dejar de considerar esta realidad, no contradicha por el hecho de que la nueva legalidad contemple distintas figuras de Profesores contratados. Lo que en ningún caso cabe hacer (y aquí no se propone ni se sugiere hacer), con la LOU en la mano, es acoger en alguna nueva figura de Profesor contratado a quien no reúna los requisitos objetivos previstos en la misma LOU.

3. Parece, asimismo, de obligada consideración el dato siguiente: la contratación, en su día, de esos Profesores desfavorablemente "evaluados", se llevó a cabo, casi siempre, con la intervención de expertos, que propusieron la contratación, aprobada después por el Rectorado correspondiente, con sucesivos informes anuales. Por eso hemos dicho que esos Profesores se encuentran en una situación con pleno fundamento académico y legal. Y aún hay más: en algunos casos —como el examinado en el documento titulado "Análisis crítico de la teoría y la praxis de la ANECA", del pasado 23 de octubre— intervinieron en la contratación, examinando curricula y formulando propuesta, muchos expertos, de nada desdeñable cualificación, absoluta y comparativamente considerada.

4. Sentado lo anterior, lo que se sugiere es esto: que cuando el recurrente hubiese sido contratado según la LRU, el Secretario de Estado podría recabar del Departamento, Sección departamental o "área de conocimiento" que propuso la contratación, a título de informe de expertos (que los ha habido), informe actualizado y pormenorizadamente motivado sobre los méritos del recurrente, enjuiciados (de forma razonable, eso sí) conforme a los criterios o parámetros establecidos en la Resolución de la DGU, de 17 de octubre de 2002.

5. No se diga, con carácter general y "a priori", para descalificar sumariamente este modo de proceder, que Departamento, Sección departamental o "área de conocimiento", aunque estén integrados por "expertos", son una vía impracticable porque los expertos no son "independientes". Será rarísimo que exista una relación de dependencia del "experto" respecto del evaluado. Y, desde luego, los "evaluados" no están en una situación de dependencia respecto de los expertos (a menos que, en ciertos ámbitos, que tendrían que ser identificados con pruebas, se haya regresado a la esclavitud o al vasallaje).



Autor, lugar y fecha ut supra.

1 Rectifico error cometido en el anterior documento sobre la ANECA: confundí la página "web" del Departamento de Derecho Procesal con la dirección de correo electrónico. Mis datos personales y profesionales pueden encontrarse en www.ucm.es/info/procesal. En esa página se encuentra, asimismo, el primer documento, que es posible descargar en formato PDF y ahí se colocará también, de inmediato, este papel y cuantos le sigan y puedan resultar de interés general para universitarios.

2 Una curiosidad más de este mundo de la evaluación del profesorado universitario, que bastantes profesores universitarios no conocíamos, consiste en que, según los términos del R. D. 1052/2002, de 11 de octubre, lo que hace la Dirección General de Universidades es certificar las evaluaciones de la ANECA. Si descartamos que certificar se utilice en el R.D. en el sentido vulgar o popular de remitir por correo certificado, nos encontraríamos con el sentido de dar fe (certificar: del lat. certus facere: hacer cierto), de suerte que lo que estaría haciendo la Dirección General de Universidades es proporcionar a los destinatarios de sus resoluciones la certeza de que la correspondiente evaluación ha sido efectuada por la ANECA.

3 El plazo, como todos los plazos por meses, se computa de fecha a fecha, pero comenzando a contar desde el día siguiente al de la recepción de la Resolución (art. 48 L. 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: en adelante, para abreviar LRJPAC) en la redacción dada por la L. 4/1999, de reforma de la Ley que se acaba de citar.

4 El término "independencia" —que aparece ahora a propósito de la ANECA, pero que también reviste interés si se mira a la norma que declara que los evaluadores han de ser "independientes"— se presta a equívocos y vaguedades, que pueden convertir en inservible el concepto. A mi entender, hay que desprenderse de ideas rebosantes de subjetividad, como las que connotan expresiones frecuentes, del estilo de "independencia de criterio", "talante independiente", "independencia de juicio", etc. Está pasablemente claro lo que se quiere comunicar con esas expresiones y esas cualidades tienen en común, si bien se miran, el no ser mensurables ni comprobables objetivamente. Algo he tenido que reflexionar al respecto a propósito de asunto de la incumbencia de los procesalistas, como es la "independencia judicial". Así que, en coincidencia con su sentido etimológico, lo más preciso sobre "independencia", cuando se predica de órganos o instituciones públicas, es el sentido negativo, de ausencia de relaciones o vínculos de dependencia. En cuanto a la independencia de los evaluadores, consistiría en la inexistencia de vínculo de dependencia respecto de los evaluados. Por supuesto, además de la independencia, está la imparcialidad, tutelada mediante los institutos jurídicos de la abstención y la recusación.

5 Cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones., núm. 763, págs. 24309-24312, que recogen la totalidad de las intervenciones. La lectura íntegra de las citadas páginas, que puede hacerse fácilmente mediante Internet (www.congreso.es), resulta interesante.

6 A la que no hemos llegado sin estudio de la literatura jurídico-administrativa pertinente (incluida jurisprudencia) y consulta de expertos en Derecho Administrativo. Aquí parecen de más citas de autores.

7 Precepto que dice así: "El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial." (el subrayado, que resalta lo que ahora nos interesa, es nuestro). Si el órgano competente para resolver el recurso de alzada puede entrar en cuestiones no alegadas, a fortiori puede y debe considerar las cuestiones sí alegadas a la luz de preceptos aplicables, aunque los preceptos no hayan sido alegados. Y para eso no se requiere oír previamente a los interesados.



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