Quinientos cuarenta y siete Santiago, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete



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Foja: 547

Quinientos cuarenta y siete

Santiago, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

Vistos:

Demandan en juicio ordinario a la Iglesia Católica de Chile, los señores Juan Carlos Cruz Chellew, José Andrés Murillo Urrutia y James George Hamilton Sánchez, solicitando que se condene al Arzobispado de Santiago como su representante, al pago de una indemnización por daño moral, por la suma de cuatrocientos cincuenta millones de pesos. Sostienen haber sido abusados sexualmente por el sacerdote Fernando Karadima y sin embargo la Iglesia desarrolló acciones para encubrir los crímenes. La investigación eclesiástica se detuvo entre los años 2006 y 2009. Solo el año 2010 los actores denunciaron públicamente los hechos, lo que derivó en el conocimiento pleno de la comunidad y las consecuentes medidas que se adoptaron.

Mediante presentación de fojas 63, el Arzobispado contestó la demanda y pide su rechazo porque, en su concepto, no se encubrieron los hechos sino que a través del proceso canónico pudo establecerse la verdad de los mismos, acogiéndose las denuncias de los demandantes. Hace referencia a la investigación criminal de la Ministra en Visita doña Jessica González y en detalle a la investigación eclesiástica. Explica que los daños sufridos no han sido consecuencia de los actos u omisiones del Arzobispado. Pide también el rechazo de la demanda subsidiaria en contra de la Iglesia por el hecho de su dependiente (Karadima).

Los escritos de réplica y dúplica rolan a fojas 84 y 102, abordando las partes las observaciones a propósito de los escritos principales. A fojas 111, rola comparendo de conciliación, suspendiéndose hasta el 11 de agosto de 2014, la que se llevó a cabo según consta a fojas 136, sin resultados.

Se recibió la causa a prueba a fojas 137, acogiéndose parcialmente, a fojas 168, las reposiciones deducidas por las partes, quedando finalmente el auto de prueba definitivo a fojas 174. Se rinde prueba testimonial desde fojas 196 a 204, 206 a 226, 238 a 247, 257 a 263. Informe emitido por don Álvaro Vidal Olivares, corriente a fojas 264 y de doña Elizabeth Leiva, psicóloga a fojas 276. Continúa la prueba testimonial a fojas 295 hasta 303. Se acompañan documentos a fojas 311 por la demandante. Consta a fojas 315 la testimonial que se indica, que se prolonga hasta fojas 336. Se acompañan documentos a fojas 337 por la parte demandante. Informe de don Hernán Corral Talciani, agregado a fojas 348, acompañándose junto a otros documentos a fojas 382. Desde fojas 354 hasta 365, consta absolución de posiciones de don Ricardo Ezzatti y a fojas 448 la misma diligencia para Fernando Karadima. A fojas 492, rola escrito de observaciones a la prueba de la parte demandante y a fojas 519 la misma diligencia de la parte demandada.

Se decretó una medida para mejor resolver a fojas 533, la que se cumplió, disponiendo la citación para oír sentencia la resolución de 9 de enero pasado, escrita a fojas 546.



Considerando:

Que, como se indicó, los señores JUAN CARLOS CRUZ CHELLEW, periodista; JOSÉ ANDRÉS MURILLO URRUTIA, profesor; y JAMES GEORGE HAMILTON SÁNCHEZ, médico cirujano, todos domiciliados para estos efectos en calle Miraflores № 178, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del Arzobispado de Santiago, RUT: 81.175.100-7, domiciliado en calle Erasmo Escala N"1872 comuna de Santiago, representado legalmente por don Ricardo Ezzati Andrello, CNI: 4.812.114-4, por la responsabilidad que le cabe en los graves daños que sufrieron a causa del actuar de sus representantes y agentes, según los antecedentes de hecho y argumentos de derecho que señalan, con expresa condenación en costas.

Que, a título de preámbulo, sostienen que la Iglesia Católica como Estado Jerárquico, siendo una Institución y un Estado que goza de personalidad jurídica tanto nacional como internacional. La Santa Sede, su entidad más relevante, con su representación territorial y temporal en el Estado Vaticano, son sujetos de derecho internacional con personalidad jurídica propia y representaciones diplomáticas a través de los Nuncios Apostólicos. El Estaco de la Ciudad del Vaticano fue constituido por el tratado de Letrán entre la Santa Sede y el Estado italiano, el 11 de febrero de 1929 fijando la personalidad del Vaticano como ente soberano de derecho público internacional. El objetivo de este tratado fue asegurar a la Santa Sede, en su condición de máxima institución de la Iglesia Católica, "la absoluta y visible independencia, y garantizarle una soberanía indiscutible también en el campo internacional", según se afirma en el preámbulo del tratado. Su estructura jerárquica además comprende a sus agentes territoriales, los Obispos, quienes tienen jurisdicción sobre una diócesis y que se encuentran funcionalmente bajo el Papa, gobernador de la Iglesia Católica y que concentra las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales del Estado (Artículo 1 ° Ley Fundamental del Estado Vaticano).

De esta forma, la Iglesia Católica conforma un Estado, con un gobierno, un espacio físico determinado, con gobernantes y representaciones sujetas a inmunidad diplomática y con participación activa dentro de los organismos de derecho internacional como ocurre con su calidad de observador permanente de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Como el propio sitio oficial del Estado Vaticano lo afirma "La forma de gobierno del Estado es la monarquía absoluta. El Jefe del Estado es el Sumo Pontífice, que tiene plenos poderes legislativo, ejecutivo y judicial" . Debido a esto, su sistema de gobierno es estrictamente jerárquico. Tanto el Vaticano, como la curia romana, su centro administrativo y de toma de decisiones, son gobernados por el Papa. Además, esto se encuentra explícitamente dispuesto en la Parte II llamada "de La Constitución Jerárquica de La Iglesia" del Código de Derecho Canónico, la cual señala: "En virtud de su oficio, el Romano Pontífice no sólo tiene potestad sobre toda la Iglesia, sino que ostenta también la primacía de potestad ordinaria sobre todas las Iglesias particulares y sobre sus agrupaciones, con lo cual se fortalece y defiende al mismo tiempo la potestad propia, ordinaria e inmediata que compete a los Obispos en las Iglesias particulares encomendadas a su cuidado (C.333 § 1).

Se trata por tanto de una organización altamente jerarquizada, con liderazgos centralizados en individuos, los Obispos, más que en instancias colectivas; de hecho, concilios, sínodos y conferencias episcopales tienen un rol principalmente consultivo sirviendo más que nada de consejeros del Papa.

La Iglesia Católica se ordena administrativamente en diócesis cada una de las cuales se encuentra gobernada por un Obispo quien disfruta de total jurisdicción sobre ese territorio: *AI Obispo diocesano compete en la diócesis que se le ha confiado toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función pastoral, exceptuadas aquellas causas que por el derecho o por decreto del Sumo Pontífice se reserven a la autoridad suprema o a otra autoridad eclesiástica" (C. 381 § 1). Es, en efecto, un representante directo del Papa en las unidades territoriales de la Iglesia, concentrando su poder toda vez que "Corresponde al Obispo diocesano gobernar la Iglesia particular que le está encomendada con potestad legislativa, ejecutiva y judicial, a tenor del derecho" (C. 391 § 7). Es en razón de estas facultades que el Sumo Pontífice actúa como su superior inmediato. Las diócesis a su vez se reúnen en provincias, a la cabeza de la cual se halla una arquidiócesis bajo el gobierno de un Arzobispo.

El vínculo jerárquico entre Obispo y el Sumo Pontífice se evidencia además en la potestad de este último de elegir libremente a los Obispos: "El Sumo Pontífice nombra libremente a los Obispos, o confirma a los que han sido legítimamente elegidos" (C. 377 § 1). A pesar de ello, para cumplir esta función el Papa se apoya en la Conferencia Episcopal la cual propone a quienes les parece más idóneos para cumplir dicha tarea: "Al menos cada tres años, los Obispos de la provincia eclesiástica o, donde así lo aconsejen las circunstancias, los de la Conferencia Episcopal, deben elaborar de común acuerdo y bajo secreto una lista de presbíteros, también de entre los miembros de institutos de vida consagrada, que sean más idóneos para el episcopado, y han de enviar esa lista a la Sede Apostólica, permaneciendo firme el derecho de cada Obispo de dar a conocer particularmente a la Sede Apostólica nombres de presbíteros que considere dignos e idóneos para el oficio episcopal" (C. 377 § 2). De esta forma, si bien la designación de Obispos es una facultad directa del Papa, en la práctica y por derecho canónico, los candidatos son seleccionados por la élite eclesiástica local gobernada por el Arzobispo, sin perjuicio de este último de proponer candidatos particulares que considere idóneos.

Siguiendo la misma línea de continuidad jerárquica, el presbítero (coloquialmente cura o sacerdote) debe obediencia irrestricta a su Obispo. Cada sacerdote debe encontrarse inserto (incardinado) dentro de una unidad territorial o iglesia particular, no pueden existir acéfalos o vagos (C. 265) y deben siempre tener un Obispo al cual obedecer y responder: "Los clérigos tienen especial obligación de mostrar respeto y obediencia al Sumo Pontífice y a su Ordinario propio" (C. 273). De hecho, al momento de su ordenación estos deben responder afirmativamente a la pregunta realizada por el Obispo: "¿Prometes a mí y a mis sucesores reverencia y obediencia?". En este sentido, las tareas que realiza son encomendadas directamente por su Obispo: "A no ser que estén excusados por un impedimento legítimo, los clérigos deben aceptar y desempeñar fielmente la tarea que les encomiende su Ordinario" (274 § 2).

De lo anterior, como contrapartida, surgen los deberes de supervisión consagrados en la normativa canónica pero de baja ocurrencia en la realidad. En efecto, todo Obispo tiene la obligación general de vigilancia en su diócesis: "Dado que tiene obligación de defender la unidad de la Iglesia universal, el Obispo debe promover la disciplina que es común a toda la Iglesia, y por tanto exigir el cumplimiento de todas las leyes eclesiásticas. Ha de vigilar para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente acerca del ministerio de la palabra, la celebración de los sacramentos y sacramentales, el culto de Dios y de los Santos y la administración de los bienes" (C. 392). Para esto puede apoyarse en sus colaboradores y en el instrumento cualificado de la visita canónica (CC. 396-398). Es tal, la subordinación del sacerdote frente al Obispo que éste, como lo puede hacer con toda su feligresía, tiene la facultad de imponerle la excomunión, la pena más severa que conoce el Código Canónico (C. 1341 y siguientes).

Con todo, si bien en la práctica la responsabilidad fundamental de los Obispos es velar por el bien de los feligreses, como se verá, en la realidad, respecto de los abusos sexuales, han priorizado la defensa de los sacerdotes acusados, encubriéndolos e, incluso, revictimizando a los feligreses que han sufrido estos abusos.

El sacerdote opera como la concreta mediación simbólica personal de Cristo (Aiter Cristus), de manera que es, para una parte importante de la feligresía, un verdadero representante de Cristo. Así, cuando éste realiza un sacramento, es Cristo quien lo hace y al bautizar, es Cristo quien bautiza, al consagrar o al perdonar los pecados, es el mismo Cristo el que realiza esos sacramentos, Esto tiene una relevancia crucial puesto que muchos sacerdotes, como se verá, cuya autoridad deriva de Dios según el derecho canónico (Cánones 330 y siguientes), invocan a Dios en sus conductas para justificar y velar los abusos sexuales que cometen. En este punto, es necesario mencionar el sacramento de la confesión, el cual por su propia naturaleza permite invadir la voluntad y conciencia de las personas. Como se verá, varios sacerdotes violando el secreto de confesión, unas de las infracciones más graves que puede cometer, lo usaron en nuestra contra para manipular nuestras conciencias y chantajeamos.

Además de las funciones sacramentales, generalmente los sacerdotes realizan de manera permanente consejería, acompañamiento y guía espiritual por lo que tienen acceso ilimitado sobre la feligresía y especialmente sobre menores de edad. Esto se torna especialmente relevante puesto que, según algunas estimaciones, los sacerdotes pasan entre un 25 a 60% de su tiempo en conversaciones cara a cara.

La relación entre sacerdote y la persona que participa de una parroquia o grupo religioso está marcada generalmente por una importante asimetría de poder entre las partes. En efecto, como se evidencia en los múltiples casos de abusos físicos, sexuales y de conciencia dentro de la Iglesia y como ocurrió con quienes suscribimos esta demanda, de un parte existe un Obispo, presbítero o diácono investido de poder y autoridad divina (C. 330) el cual es el mediador directo de Cristo con su Iglesia y que hace uso de los signos (la cruz, la biblia), vestimentas (túnicas y cuellos clericales), sacramentos y sanciones religiosas (la condenación, la excomunión) para diferenciarse del laicado; y, por el otro, feligreses muchas veces emocionalmente vulnerables que buscan en el sacerdote y en ocasiones en el sacerdocio, una forma de encontrar apoyo y sentido a sus dificultades.

Así, el sacerdote entabla una relación íntima justamente en la realización de sus deberes pastorales, lo que sitúa, a quienes se acercan a la Iglesia y a sus agentes, en una posición altamente manipulable debido al eventual mal uso de la autoridad coercitiva que la naturaleza misma de la función y rol sacerdotal lleva implícita. Como en cualquier otra búsqueda de apoyo y guía, la persona deposita toda su confianza en el sacerdote lo que conduce a una cierta dependencia toda vez que el primero asume la expectativa de que el clérigo actuará en función del mejor interés del feligrés. Luego, es claro que se genera un deber fiduciario de parte del cura hacia el feligrés.

De esta forma, de esta relación asimétrica, marcada por la autoridad y el poder de un lado y la vulnerabilidad y dependencia de otro, surge una relación de inherente y previsible riesgo que establece para la Iglesia y sus representantes deberes de cuidado especialmente exigentes. En efecto, un sacerdote católico sólo tiene acceso a la confianza de los feligreses gracias a la garantía que da el haber pasado por los procesos de selección de la Iglesia, haber sido ordenado por un obispo y pertenecer a una diócesis. Esta confianza vicaria es la que involucra y responsabiliza a la Iglesia cada vez que se establece un vínculo de confianza entre un sacerdote y un feligrés, así como cuando esa confianza es utilizada para cualquier tipo de abuso. Por esta razón, al referirse a los casos de abuso sexual que involucran a sacerdotes católicos, algunos especialistas hablan del triángulo del abuso , puesto que no hay sólo dos términos, víctimario y víctima, sino tres: la iglesia como institución garante, como sostenedora (bystandef) de esa confianza.

Siguiendo esta línea, la psicoanalista norteamericana y doctora en psicología, Mary Gail Frawley-O'Dea, que ha dedicado su vida profesional a tratar víctimás de abuso sexual especialmente en ambientes religiosos, responsabiliza a los obispos de haber utilizado su poder no en proteger a las víctimás, como les hubiera correspondido, sino en silenciarlas, defender a los sacerdotes acusados de abuso, y protegerse ellos mismos.

Los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia como los que dicen haber sufrido, no son excepcionales ni novedosos. El primer Concilio conocido, el de Elvira o Llíberis, llevado a cabo cerca del año 300 DC dio como resultado 81 cánones, 38 de los cuales decían relación con temáticas sexuales. En ellos explícitamente se condenaban ciertas actitudes, por ejemplo, se sancionaba con la exclusión irrevocable a "Obispos, presbíteros y diáconos que cometieran pecados sexuales" (C. 18) y con excomunión a "aquéllos que abusaran sexualmente de niños" (C. 71). En el período de la Edad Media, a propósito del abandono de niños que eran recogidos por órdenes religiosas con los que convivían hasta que tenían la edad de trabajar, los Monjes Benedictinos tuvieron que establecer y revisar numerosas reglas de comportamiento sexual entre monjes y niños. Cercano a ello, el Concilio de Trento (1545-1563) durante la segunda sesión de reforma llevada entre 1552 y 1554, fue presidido por el Papa Julio III, famoso por sostener relaciones con un joven de 15 años recogido de las calles de Parma, a quien nombró Cardenal antes de morir.

Recientemente se han destapado casos de abusos sexuales eclesiásticos en prácticamente todas las regiones del mundo. El informe del John Jay College of Criminal Justice encontró denuncias contra 4.392 sacerdotes estadounidenses durante los 50 años que cubría el estudio, es decir, el 4% del clero de ese país. Algunos otros ejemplos de los abusos a nivel mundial son los siguientes: En Australia, el arzobispo de Sidney, George Pell, ofreció miles de dólares a las familias de los niños que sufrieron abusos. La Iglesia australiana pidió disculpas oficiales a los niños inmigrantes británicos y malteses que fueron abusados entre 1930 y 1960. Por su parte, el gobierno de ese país ordenó el año 2013 una investigación y creo una comisión donde se citó a declarar al Cardenal Pell y a varios otros obispos, sacerdotes, religiosas y laicos. Durante la investigación quedó en evidencia el ocultamiento sistemático de la Iglesia Australiana, amparada por el Vaticano; en Austria, la Iglesia aceptó que las acusaciones contra su antiguo líder, el arzobispo de Viena, Hans Hermann Groer, eran verdaderas; en Holanda, la Comisión Deetman, instaurada por la propia Iglesia, establece que a lo menos ha habido 20.000 víctimás de abusos entre el fin de la Segunda Guerra Mundial 1981. A esto se puede agregar finalmente los abusos cometidos por el Sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de Los Legionarios de Cristo, quien abusó de numerosos jóvenes, fue padre de al menos 6 niños y mantuvo relaciones con al menos dos mujeres, al mismo tiempo que era nombrado "Ejemplo de la Juventud" por el Papa Juan Pablo II a pesar de las acusaciones que ya existían en su contra desde hace décadas.

Este patrón de abusos sexuales ha sido igualmente consistente dentro de la Iglesia Católica Chilena. Si bien, como en otras partes, las denuncias y la dimensión comunicacional ha explotado en los últimos años, existen claros indicios de que se trata de un problema tan antiguo como la Iglesia misma en nuestro país. Dentro de los primeros casos conocidos se encuentra el ocurrido en el Colegio San Jacinto el 26 de diciembre de 1904, cuando un niño de 8 años fue abusado por su profesor, el hermano Santiago Herreros Cerda. Como se convertiría un patrón de respuesta, la Iglesia lo envió inicialmente a un fundo en Colina desde donde huyó a Mendoza escapando del juicio criminal al que se le buscaba someter.

En la última década han ocurrido un sinfín de casos que involucran no sólo a sacerdotes sino a parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, como encubridores o protagonistas de los abusos. En el año 2003, fue condenado a 12 años de presidio al ex sacerdote José Andrés Aguirre, el "cura Tato", por 9 delitos de abuso sexual contra menores, además del delito de estupro, y a pagar 50 millones de pesos como indemnización de perjuicios.

Luego de este, se tuvo conocimiento del caso del ex párroco de Putaendo, Francisco Valenzuela Sanhueza, el cual abusó de menores de edad entre los años 2003 y 2010. Lo relevante de este caso es el reconocimiento en juicio de parte del Obispo de ese entonces de San Felipe, Manuel Camilo Vial, quien ante el Tribunal de Garantía de la misma ciudad reconoció conocer de hechos que databan del año 1989 en los cuales el párroco dejó embarazada a una niña de 14 años y luego la indujo a abortar. El Obispo, junto con afirmar que la niña se veía bastante "madurita" y no de 13 años, señaló que como superior tuvo que "escucharlo, reprenderlo y también darle la oportunidad de renovarse en su consagración". Declaró además que sobre cómo actuar "en esa época no había claridad" y que eran "los padres los que tenían responsabilidad de denunciarlo a la Justicia. No tenía conocimiento de que yo tenía que realizarlo" .

Cuesta entender cómo se pueden justificar actuaciones como éstas, sin embargo, ocurre que el mismo Arzobispo Ezzatti señaló al respecto que "...es muy diferente el clima en el que nos encontramos hoy día, después de que todo el mundo ha progresado en el conocimiento de una situación como ésta...". Pareciera ser que las autoridades eclesiásticas recientemente han arribado a la idea de que abusar sexualmente de menores no sólo es un delito sino que es un atentado a la dignidad y al desarrollo de los niños. En fin, en este caso, con la complicidad del sacerdote Cristian Contreras Molina, el párroco Valenzuela fue solamente trasladado a Talca.

Otro reciente caso es el de Mauricio Pulgar, quien como ex seminarista del Pontificio Mayor San Rafael de Los Andes, sufrió de actos de connotación sexual de parte del presbítero Humberto Henríquez. A pesar de que estos hechos los denunció formalmente a la Iglesia Católica el año 1993, no sólo fue desestimado sino que recibió una sanción por sus declaraciones. Frente a ello, interpuso una denuncia sobre el presbítero Henríquez y en contra de los sacerdotes Mauro Ojeda Videla, presbítero párroco de San Benito en Chorrillos, Limache; José Antonio Olguín Gutiérrez, presbítero y párroco de San Martín de Tours en Quillota; Mario Usperguer Santibáñez, decano de la Santa Cruz del Valle y párroco de La Santa Cruz en Limache, y sobre las siguientes autoridades de la Iglesia: Gonzalo Duarte García de Cortázar, obispo de Valparaíso; Jorge Medina Estévez, cardenal emérito, Javier Prado Aránguiz, obispo emérito de Rancagua, ex obispo auxiliar en Valparaíso, y Francisco Javier Errázuriz Ossa, cardenal Arzobispo emérito de Santiago, todos quienes, como parece ser un patrón de conducta, no tomaron ninguna acción para frenar ni remediar los abusos.

Un caso similar pero que involucra directamente a un Obispo es el caso de Marco Órdenes, ex Obispo de Iquique, quien renunció a tal calidad, por los abusos sexuales que cometió contra un joven de 15 años integrante de un grupo de acólitos del Santuario de La Tirana y la Catedral de Iquique. Por este caso se sigue un juicio penal y una investigación canónica que aún no han concluido. Lo mismo ocurrió en el caso del ex Obispo de la Serena, Francisco José Cox, quien renunció a su calidad luego de que se hicieran visibles varios casos y denuncias de abusos sobre menores de edad. Como respuesta, la jerarquía eclesiástica decidió en estecaso enviarlo, primero a Colombia, y luego de la investigación canónica en 2001, fue enviado a Suiza a vivir una vida de oración y penitencia en una residencia de su Congregación, la Comunidad de Schoenshtatt, misma congregación del actual Cardenal Francisco Javier Errázuriz quien ayudó a su salida como Superior de la Congregación y su posición en Roma. Ambos continúan su amistad ya que regularmente se ven como indican las fotografías en los medios al celebrar aniversarios sacerdotales. Debido a este nivel de conexiones nunca enfrentó a la justicia.

A estos casos se pueden agregar muchos otros por ejemplo: el del sacerdote Víctor Hugo Carrera de Punta Arenas que en 2005 fue condenado a pena remitida de 540 días de cárcel por abuso sexual contra un niño de 13 años; el de Marcelo Morales Vásquez, sacerdote del Instituto Salesiano de Valdivia, quien en 2008 fue procesado por abuso sexual y producción de pornografía infantil; el de el filipino Richard Aguinaldo del Liceo Alemán del Verbo Divino de Chicureo, quien en 2009 abusó de 2 alumnos de prebásica; el del párroco de Melipilla, Ricardo Alberto Muñoz Quinteros quien fue condenado por el abuso sexual de su hija de 4 años y quien además llevaba una doble vida que incluía hijos y conviviente; y, el del sacerdote español José Ángel Arregui Eraña, condenado también a 817 días de cárcel por el delito de almacenamiento de pornografía infantil, las cuales incluían escenas de sadomásoquismo, coprofilia, urofilia y sexo con bebés, entre muchos otros casos. Últimamente se conoce el caso del sacerdote de Cuneo Orlando Rogel Pinuer declarado culpable de abusar de cuatro víctimás entre los años 2006 y 2011 a quienes les daba dinero y licor para que lo penetraran. En este caso resultan relevantes las declaraciones del Fiscal del caso quien señaló que el Obispo de Villarrica, teniendo conocimiento de los casos no denunció ni colaboró en el juicio.

Ante este escenario de abusos sexuales eclesiásticos de antigua data, cabe preguntarse cómo ha sido posible que la Iglesia Católica con su constitución jerárquica, no tomara medidas, no generara protocolos, no fiscalizara debidamente y no previniera hechos que han ocurrido desde siempre en Chile y en el extranjero. En efecto, estos hechos dan cuenta, no de fenómenos aislados ni de conductas excepcionales de algunos de los agentes y representantes de la Iglesia Católica Chilena y mundial, sino de un patrón persistente dentro de una organización altamente jerárquica que realiza sus actividades en el marco de relaciones pastorales de confianza y dependencia que facilitan la ocurrencia de abusos de toda índole.

Despejada la pregunta sobre si los abusos son un problema dentro de la Iglesia, cabe preguntarse ¿Cómo y por qué, ante hechos de ocurrencia sistemática y notoria, muchas veces de público conocimiento, se ha seguido de parte de sus representantes una sistemática negligencia y ceguera, que es posible calificar, atendida la contundencia de los hechos, de voluntaria? Una clara respuesta a esta pregunta se encuentra en los hechos que vivimos en La Iglesia El Bosque, semillero de más de 50 sacerdotes y varios Obispos.

La Iglesia El Bosque fue fundada por el sacerdote Alejandro Hunneus. Este, dentro de sus primeros clérigos, tenía a Fernando Karadima Fariña quien llegó en 1952 y que en 1958 sería el Vicario de esa Iglesia. Ya en esa época surgieron dudas respecto del perfil de una parroquia como esta que tenía en su seno la Pía Unión Sacerdotal. Algunos curas de entonces, en particular Jorge Medina y Sergio Valech, sospecharon que esto se podía convertir en un centro de formación independiente del seminario donde la espiritualidad no estaba muy bien definida .

En ella se conjugaron factores decisivos: una clero conectado con las más altas esferas de poder económico, con la jerarquía de la Iglesia Católica Chilena y en Roma, y la oportunidad de parte de sus sacerdotes de tener un acceso ilimitado a la feligresía, especialmente a jóvenes y niños. Dentro de las dinámicas propias de este espacio de impunidad que se fue forjando con el permiso y promoción de la Iglesia, los sacerdotes eran entendidos como personas santas, representantes directos de Jesús en la tierra debido a la cual no podían cometer pecados. Estas cuestiones, como se verá, fueron facilitadas por sus responsables directos en la línea jerárquica, los Obispos y un Cardenal, quienes facilitaron la ocurrencia de los abusos a través de una estrategia consciente de negligencia o ceguera deliberada llevada a cabo para proteger intereses institucionales.

En este contexto cerrado de la parroquia El Bosque, Fernando Karadima consolidó un centro de formación de sacerdotes alternativo, a vista y paciencia de las autoridades eclesiales Chilenas, destituyendo de sus cargos a los que osaban decir algo, como le ocurrió al sacerdote Benjamín Pereira, Rector del Seminario, quien, al enfrentarse a Karadima para que dejase en libertad a los seminaristas de El Bosque, fue destituido por el Cardenal Juan Francisco Fresno luego de que Karadima amenazará que haría que todos "sus" seminaristas se saliesen del Seminario Pontificio. A principios de la década de los 80, Fresno reemplazó a Pereira por el sacerdote Juan de Castro y logró introducir como formadores del seminario a dos de sus más leales, los entonces seminaristas Rodrigo Polanco y Andrés Arteaga. Asimismo, logró imponer que Juan Barros fuese nombrado secretario privado del cardenal Fresno, lo que le permitió tener una visión completa de la Iglesia Chilena, enorme influencia y accesos privilegiados.

De esta manera, Karadima pudo formar a sus seguidores bajo una doctrina intimista deformada para su propia conveniencia personal, para abusar sexual y sicológicamente de sus feligreses predilectos, sus "regalías máximás" como prefería nombrarnos. Muchos de sus aprendices repitieron las mismás estrategias de abusos, generando en dicha Iglesia y sus ramificaciones, un escenario generalizado e impune de abusos. Todo esto con el conocimiento de la más alta jerarquía católica, quizás porque ocurría en la parroquia que durante décadas fue símbolo del catolicismo de la clase alta Chilena y porque efectivamente se trataba de una gran fuente de vocaciones. De otra forma, cuesta entender cómo, según lo sostiene el Fallo de 14 de noviembre de 2011 en la causa Rol №110.217-2010, dictado por la Ministra en Visita Extraordinaria Jessica González Troncoso, "Los comportamientos de Karadima...se mantuvieron en el tiempo como un patrón de conducta, por los menos desde 1962 en adelante"(Considerando 13 letra f).

En este contexto describen como de ceguera voluntaria de parte de la Iglesia, Karadima desplegó todo su poder y sus dinámicas de abuso, las cuales probablemente aprendió en la misma parroquia, En efecto, según el relato de Mariano Cepeda, ex sacristán de la Iglesia El Bosque, un seminarista lo tomó de sus genitales en un momento de privacidad. En sus palabras "Se lo comenté al vicario Ramón Ojeda y este me señaló que hiciéramos un juramento de honor y que dicha situación nunca la comentara con nadie Desde ese minuto supe que la parroquia tapaba situaciones de esta naturaleza". Posteriormente, en 1961 ocurrió un intento de abuso en contra del arquitecto Juan Pablo Zañartu, en ese entonces de 12 años, de parte del seminarista Raúl Claro Hunneus. En declaraciones hechas ante el Fiscal Xavier Armendáriz, señaló que además de aquél episodio, en repetidas ocasiones debía confesarse con Fernando Karadima quien junto con hacerlo exageradamente cerca de su pecho, le preguntaba básicamente sobre temáticas sexuales. De la misma manera, a principio de los años 80, Luis Lira Campino y Francisco Gómez Barroilhet, quien llegó a El Bosque cuando su padre se encontraba gravemente enfermo, sufrieron de los mismos abusos sicológicos y sexuales, relato en este último caso, que quedó establecido ante la Ministra Jessica González el 28 de marzo de 2011.

En estos casos de la Iglesia El Bosque se verificaban los patrones que durante más de 40 años llevaría a varios sacerdotes de El Bosque a abusar, principalmente a Fernando Karadima. La consecuencia de estos patrones, en base a lo que se resume como hecho de la causa en el Fallo citado, conforme al cual "Karadima creó un vínculo desigual con sus dirigidos, ejerció autoridad sobre ellos usando como estrategia el aislamiento y la exclusión, el control y la manipulación, el manejo intrusivo de la vida privada, el abuso emocional, y el sentimiento de culpa el adoctrinamiento a creencias absolutas, imponiéndose sobre sus dirigidos como autoridad y referente de santidad única, abusando de su fama en la dirección espiritual y vocacional" (Considerando 15). Lo anterior, lo hizo especialmente a través de la manipulación de las conciencias durante el sacramento de la confesión.

Estos patrones se organizaban como una estrategia bien definida de la cual los actores dicen haber sido víctimás, donde lo primero era la gradualidad. En efecto, Karadima fue acercándose y conociéndolos por etapas, por lo cual, primero los incluyó dentro de su círculo íntimo, los eligió como su secretario personal para luego pasar a ser director espiritual y confesor exclusivo y excluyente.

Para lograr lo anterior se basó básicamente en las siguientes técnicas. En primer lugar, estableció relaciones paternales. En este punto cabe agregar que se encontraban todos en un estado de gran vulnerabilidad debido a la muerte o ausencia de la figura paterna, cuestión respecto de la cual, Karadima supo tomar provecho. Junto con ello, los alejó de las familias, los predispuso en contra de las personas que más querían, evitó que fueran influenciados por otros que no fuera él y de a poco fue despojándolos de su mundo y de la personalidad, llamándolos por diminutivos o directamente cambiando sus nombres, Además, abusó de su ministerio, esto es, en palabras del mismo Obispo Cristian Contreras: la "creación de todo un habitat en torno a la persona del sacerdote, estableciendo dependencias, especialmente en ámbitos de la dirección espiritual que no favorecen la libertad, sino más bien el sometimiento de las voluntades, interviniendo en otros ámbitos de manera indebida" (Declaraciones ante la Ministra Jessica González). Luego, para sustentar sus actos indebidos y abusos, aprovechó su calidad de representante de la Iglesia para confundir su voluntad con la de Cristo. Con esta estrategia y su autoproclamación de santo, fue asegurando el silencio de varios que veían en sus mandatos, como él lo decía, "la voluntad de Dios". Por último, exigió obediencia ciega. Como lo declaró el sacerdote Andrés Ferrada ante la Ministra Jessica González el 8 de abril de 2011, "Karadima hacía pensar a sus seguidores que la salvación dependía de la obediencia a él". En efecto, el fallo citado establece que: "Karadima forjó al interior de la Parroquia El Bosque, en relación con su persona, una ideología que lo ensalzaba, era reverenciado por aquellos que formaban parte de su círculo cercano, fomentó y concretó en los hechos una dependencia afectiva y psicológica, adoctrinando a sus seguidores en el sentido de que la lealtad y fidelidad al director espiritual era irrestricta, creando un verdadero dogma en torno a si mismo" (Considerando 13).

Esta estrategia que se desplegó dentro de la parroquia El Bosque y en contra de quienes suscriben la demanda, aconteció a vista y paciencia de las autoridades y jerarquía de la Iglesia Católica en Chile, quienes permitieron a Fernando Karadima, como paso previo a los abusos sexuales, abusarlos sicológicamente. Estos ocurrieron principalmente manipulando sus conciencias, a través del mal uso de la dirección espiritual y del sacramento de la confesión, y mediante la degradación y humillación pública a través de las "correcciones fraternas" que sufrieron en variadas ocasiones. De estas últimás fueron cómplices activos muchos de los actuales obispos, entre ellos, el actual Obispo Castrense Juan Barros, Horacio Valenzuela, obispo de Talca, Tomislav Koljatic, Obispo de Linares, Andrés Arteaga obispo auxiliar de Santiago y Felipe Bacarreza, Obispo de Los Ángeles.

Usando estos medios y personas, fue sometiendo sus conciencias y voluntades y amoldándolas a sus propósitos e intenciones de abusar sexualmente. En efecto, en el citado fallo se tiene por establecido que: "Fernando Karadima restó libertad a sus dirigidos cercanos controlando aspecto personales de sus vidas, limitó sus amistades, los desvinculó de sus familias, exigió obediencia total, si no acataban su voluntad los reprendía severamente en público o en privado, por sí o a través de terceros, y como sanción moral, a fin de mantener el control del grupo, los aislaba o excluida generando animadversión hacia quienes consideraba desleales, infundiendo en ellos temor de perder su afecto y amistad, por lo que llegó a transformarse en un referente sin contrapeso. Ejerció un real poder a través de la manipulación de conciencia de sus dirigidos, quienes confiaban en él, creó un ambiente cerrado, de élite y dirigido exclusivamente por su persona. Lo anterior trajo como consecuencia que los jóvenes laicos, seminaristas y sacerdotes, no asimilaran la entidad ni naturaleza indebida de las conductas o de la situación de abuso ejercida sobre otros o sobre sí mismos, pues la devoción y admiración hacia su figura eran incuestionable" (Considerando 13).

Debido a la negligencia sistemática de la Iglesia Chilena la cual, sabiendo de estos hechos, no tomó medidas para frenar ni prevenir lo que ocurría, los actores fueron algunos de los muchos que sufrieron de abusos por parte de Fernando Karadima y otros sacerdotes, situación que como lo establece el fallo en comento se prolongó por cerca de 50 años. Sus casos, de público conocimiento en la sociedad Chilena, fueron además tenidos por cierto en el juicio penal que se realizó ante la Ministra en visita extraordinaria Jessica González, quien con fecha 14 de noviembre de 2011 tuvo por acreditados los hechos constitutivos del delito de abusos deshonestos reiterados:

"Que los elementos de convicción reunidos en esta causa, en relación al denunciante Sr. Murillo, permiten, en el contexto procesal en que se analizan los hechos, tener por justificado en autos que en fechas indeterminadas entre los años 1993 y marzo de 1997 el sacerdote Karadima procedió, en varias ocasiones, a abrazarlo y a besarlo, luego tocó con sus manos la zona genital del ofendido; en otra ocasión, encontrándose a solas con la víctima en su habitación, mientras conversaban de las inquietudes vocacionales de éste, el sacerdote bajó el cierre del pantalón del ofendido, tomó su pene y comenzó a másturbarlo, lo que éste reprimió con carácter y decisión" (Considerando 19).

"Que, los antecedentes, en el contexto procesal que se revisan, son a juicio de esta sentenciadora suficientes para concluir que se encuentra justificado en autos que James Hamilton a la edad de 17 años, desde mediados del año 1983 y hasta octubre del mismo año, primero en público y luego en privado, fue objeto de tocaciones en los genitales y de besos en la boca por parte de su confesor y director espiritual, quien para ejecutar las conductas descritas se valió de su condición de sacerdote y del vínculo de superioridad y dependencia creado en relación a la víctima, lo que no fue consentido o aceptado libremente por ésta" (Considerando 37).

"Los elementos de convicción reunidos en esta causa configuran también un conjunto de indicios para atribuir credibilidad a las conductas sexuales abusivas descritas por James Hamilton a partir de los 18 años y hasta diciembre de 2003, las que habrían consistido en besos en la boca, tocaciones en lo zona genital, por sobre la ropa o directamente en el pene, actos de másturbación mutua y sexo oral." (Considerando 37).

"Que en este contexto, el tribunal adquiere convicción suficiente para aceptar el relato del Sr. Cruz, como prueba de los hechos de que da cuenta, testimonio que unido al conjunto de antecedentes ya referidos y especialmente a los indicios derivados de los rasgos de personalidad del sacerdote, referidos al sometimiento y control ejercidos sobre la víctima, permiten tener por justificado en autos, que en fechas no precisadas, pero comprendidas entre mediados de 1980 y julio del año 1981, el sacerdote, director espiritual y confesor de Juan Carlos Cruz efectuó, en reiteradas ocasiones, tocaciones a éste ofendido en su zona genital al encontrarse en la habitación del hechor, donde se dirigía con la finalidad de ser oído en confesión, oportunidad en que el sacerdote recostado sobre su cama, permaneciendo el ofendido arrodillado a su lado, procedía a colocar su mano en el muslo de la víctima moviéndola hacia su zona genital para frotar su pene hasta provocarle una erección, lo que no fue consentido por el ofendido, abusando de esta forma de una situación privilegiada en relación con el vínculo de dependencia que los unía y del ascendiente que, como religioso, ejercía sobre la víctima. Además, en numerosas ocasiones, dentro del mismo periodo, besó al ofendido en la boca, pidiéndole "sacar su lengüita" para unirla a la suya. Estas conductas se repitieron en la época citada, en la parroquia donde el agresor servía como sacerdote a la cual concurría Cruz". (Considerando 27).

Cabe agregar que este largo período desde que fueron víctimás de estos abusos se fue eternizando con la posterior indolencia y con las acciones positivas de encubrimiento y chantaje de agentes relevantes de la Iglesia. Como se verá, la existencia de estos abusos y su prolongación en el tiempo, sólo fue posible gracias a las acciones y omisiones de integrantes de la Iglesia, sacerdotes y especialmente, su jerarquía justamente los llamados a vigilar la disciplina y encargar las tareas a sus presbíteros.

Las causas de los abusos de los que fueron víctimás, se explican por un agente ofensor que ejecutó los abusos sexuales y comprende un conjunto de acciones y omisiones sistemáticas y reiteradas que generaron las condiciones que permitieron su ocurrencia, su ocultamiento y peor aún, su permanencia en el tiempo.

En este sentido es importante recalcar que los abusos sicológicos también provinieron de parte de autoridades de la Iglesia Católica. Estos abusos configuraron acciones propias e independientes que se organizaron con mayor o menor nivel de conciencia, voluntad y deliberación, como un sistema de abusos con ejecutores, encubridores y personas encargadas de chantajear a las víctimás, todo lo cual permitió que estos hechos se prolongaran por alrededor de 50 años. En efecto, como relata el sacerdote Percival Cowley, estas omisiones son de larga data: "Yo trabajé un tiempo en la Conferencia Episcopal, hace veinticinco años y ya entonces planteaba que había que hacer un estudio de sociología religiosa de la parroquia El Bosque...Y uno veía estos muchachos de pelito corto, la chaquetita azul, camisa blanca, la corbata, los pantalones y uno los comparaba con los cabros en otros lados, entonces uno decía, ¿Qué está pasando aquí?.

La pregunta que inevitablemente se instala a continuación dice relación con las condiciones de posibilidad para que un sacerdote pudiera abusar de su poder prolongadamente. Como lo afirma el sacerdote Antonio Delfau: "no puede haber sido solo producto de su mente afiebrada, enferma o lo que sea, tiene que haber tenido algún soporte... ¿Cómo puede ser que una persona durante cuarenta años expulse gente a su capricho, seduzca o algunos, torture sicológicamente a otros, los mantenga a todos unidos obedientes en esta unión sacerdotal, todos los lunes ahí rindiéndole pleitesía, todos siendo dirigidos espirituales? Y han pasado todos por el seminario. ¿ Y los rectores del seminario? ¿ Y los padres espirituales del seminario? ¿Y los Obispos de Santiago? ¿Y los otros Obispos que mandaban a sus seminaristas ahí? ¿Y el Nuncio Apostólico?".

Las condiciones de posibilidad, el soporte, para sufrir los abusos sexuales y sicológicos de los que fueron víctimás, se fue desarrollando en la Iglesia Católica desde hace décadas, en un principio, gracias a la displicencia de su jerarquía, más adelante con su total connivencia y participación.

Si bien los últimos tres Obispos de Santiago Juan Francisco Fresno Larraín, Carlos Oviedo Cavada y Francisco Javier Errázuriz Ossa, recibieron denuncias de los abusos que ocurrían en la parroquia El Bosque, las participaciones más relevantes íueron las del Obispo Fresno y sobretodo, en lo que a los actores les afectó, la del Cardenal Errázuriz. Sobre el primero, se encuentra acreditado su conocimiento cuando a instancias de Juan Edwards, fue enviada una carta firmada por 5 personas entre quienes se incluía Francisco Gómez Barroilhet, denunciando las conductas impropias de Fernando Karadima. El destino de ésta fue relatada por Juan Hólzel quien para esa fecha trabajaba en el área de prensa del Arzobispado: "La carta se recibió, se leyó, se rompió y se botó a la basura... ...Mientras (Juan) Barros esté acá, no vale la pena" . Esta fue la primera oportunidad perdida para detener los abusos de Karadima pero ya en esa época se utilizaba la política de ocultar evidencia y denuncias de abusos, en este caso gracias al secretario del Obispo Fresno, actual Obispo Castrense Juan Barros, quien fuera elegido en dicho cargo, sin ser ordenado sacerdote aún. Pero la participación del Obispo Fresno fue más decisiva.

Al ser nombrado como Obispo, unas de las primeras medidas que tomó fue la designación de sacerdotes formados por Karadima en cargos de importancia: como rector del Seminario a Juan de Castro en vez de Benjamín Pereira y a Andrés Arteaga y Rodrigo Polanco como sus formadores. De esta manera, la propia Iglesia permitió que desde la instancia central de formación de los sacerdotes católicos se fuera ampliando el círculo de influencia e impunidad de Fernando Karadima para la comisión de abusos. Así, durante el obispado de Juan Francisco Fresno, no sólo se omitieron las medidas para evitar más abusos sino que se consolidó, gracias a las autoridades más altas de la Iglesia, una organización en cuyo seno se produjeron reiterados y sistemáticos abusos con total impunidad.

Con todo, no sólo los Obispos de Santiago estaban conscientes de lo que ocurría en El Bosque, varios actuales Obispos no podían si no saber con detalle lo que pasaba en su interior, básicamente porque fueron partícipes y protagonistas de los abusos sicológicos que padecieron. Uno de estos mecanismos eran las "correcciones fraternas", juicios públicos en los que, basándose en la supuesta debilidad espiritual o falta de fe de alguno, se debía responder y dar cuenta de los comportamientos privados, ante un grupo de seguidores de Karadima. Si en los años 70 Felipe Bacarreza, actual Obispo de los Ángeles, participaba de éstos, en los años 80 y 90 fueron los actuales Obispos Juan Barros, Obispo Castrense y Andrés Arteaga, Obispo auxiliar de Santiago. Junto a ellos se sumaban a este ejército de chantajeadores y encubridores, el actual Obispo de Linares, Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela, Obispo de Talca, quien según declaraciones de Francisco Gómez "era experto en esquivar las manos y los besos de Karadima y daba saltos eléctricos cada vez que el sacerdote le tocaba el trasero". De la misma forma, Monseñor Cristian Contreras, Obispo Auxiliar de Santiago, a principios de los 80 tenía conocimiento de lo que se vivía en El Bosque. Primero como seminarista y luego como formador, supo de las experiencias de Juan Debesa, a quien Karadima señaló como loco en un carta enviada al seminario, y de Juan Carlos Cruz, de quien fue su formador. De hecho, respecto del primero, declaró ante la Ministra Jessica González con fecha 9 de agosto de 2011: "Me tocó ser testigo y acompañarlo en su sufrimiento, como compañero de curso en esos años". Posteriormente, cuando se hicieron las denuncias dentro de la Iglesia, sabiendo desde hace décadas que algo ocurría en esa parroquia, teniendo el testimonio escrito de Juan Carlos Cruz y, conociendo de las otras denuncias principalmente la de James Hamilton, no tomó medidas oportunas para investigar lo sucedido.

Siendo lo anterior así, se ve que parte importante e influyente de la jerarquía de la Iglesia Católica de las últimás décadas presenció actos de abuso sicológico, manipulación emocional y, al menos, de actos de connotación sexual. Fueron ellos quienes a sabiendas, no sólo no tomaron medidas para evitar y prevenir más abusos sino que, algunos de ellos, como se verá, ejercieron acciones que se tradujeron en más abusos.

Cabe destacar la actuación directa del Obispo Auxiliar de Santiago Andrés Arteaga, uno de los principales sacerdotes que intentó silenciar y que constantemente hizo de intermediario entre los demandantes y Fernando Karadima, presionándonos para, por ejemplo, subir a su pieza cuando intentaban evitarlo. En esos casos, Karadima, quien decía que estábamos con "la maña" enviaba a uno de sus seguidores más cercanos para convencernos de subir con él. Fue el mismo Arteaga quien el año 2003, a sabiendas de las denuncias sobre Karadima, gracias al aviso del Cardenal Errázuriz, recibió a José Murillo y lo amenazó advirtiéndole que había leído su carta, que debía ir al sicólogo y que la parroquia El Bosque tenía buenos abogados.

Junto con él se encontraba Rodrigo Polanco, quien se convirtió en un vigilante de los cercanos de Karadima. Especialmente desde su rol de formador en el Seminario, fue reportando las acciones de quienes, como Juan Carlos Cruz, optaron en determinado momento de su vida, por la vida religiosa. En ese contexto, Polanco fue informando de las nuevas amistades de Juan Carlos Cruz o simplemente de conversaciones o confesiones con otros sacerdotes fuera del círculo Karadima, al punto de terminar en una "corrección fraterna" durísima en su contra donde participaron miembros del círculo íntimo de Karadima y algunos actuales obispos además de intentar desacreditar su vocación y calidad moral mediante cartas del obispo Juan Barros y rumores dirigidos a los superiores del seminario.

En el mismo sentido, es posible nombrar a otros sacerdotes y jerarcas de la Iglesia Católica Chilena que ejecutaron acciones destinadas a encubrir, silenciar y desacreditar los hechos que ocurrían. Como se verá, en esto, los principales actores fueron además del Obispo Arteaga, Diego Ossa y Juan Esteban Morales, quizás sus encubridores y más fieles seguidores. Sobre este último, en el juicio penal seguido ante la Ministra Jessica González, constan las declaraciones del sacerdote Andrés Ferrada según las cuales "en su opinión el padre Juan Esteban Morales llegó a ser un colaborador estrecho de Karadima en la creación de este misticismo y le es muy difícil de creer que el Padre Morales no supiera de los abusos".

Todo lo anterior, no hubiese sido posible sin una red generalizada de soporte dentro de la Iglesia, la cual partía desde sus más altas esferas, que incluía decenas de sacerdotes formados por Karadima en decenas de parroquias de importancia, varios Obispos, formadores y rectores del Seminario Pontificio, todos de sus filas, e incluso contactos de alto nivel en el Vaticano. Ejemplo de esto son las declaraciones del sacerdote Andrés Ferrada ante la Ministra Jessica González el 19 de mayo de 2011, a quien le fue encargado hablar mal ante la Santa Sede de algunos sacerdotes. Como se ve, las influencias que avalaron a Karadima se encontraban también en la más alta jerarquía católica.

Pero para que esta red de abuso tuviera un soporte expedito de comunicaciones con la jerarquía vaticana hubo otros actores operando, silenciando y encubriendo los abusos que se cometían. En efecto, Jorge Medina, Obispo y Cardenal de la Iglesia Chilena, a pesar de sus recelos iniciales por la formación paralela que se producía en El Bosque a los sacerdotes, terminó siendo uno de sus grandes promotores y frecuente predicador en la Iglesia El Bosque. Como se sabe, su influencia en el Vaticano es indudable sobre todo desde que ostenta el cargo de Prefecto Emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Por eso no es raro que cuando nuestros casos finalmente lograron salir a la luz pública, Jorge Medina, quien ya por los años 70 había sido puesto en aviso de los sistemás de abusos y presión sicológica sobre los feligreses, haya declarado a la Revista Caras del día 1 ° de abril de 2011: "Ahora, menor es alguien que no haya cumplido los 18 años. Sin embargo, y con el debido respeto a las leyes de mi país, es muy distinto un niño de 8 o 9 años que uno de 1 ese es un acto de homosexualidad. Un muchacho de 17 años sabe lo que hace".

Además de la relativización moral del Cardenal Emérito Medina, son conocidos los vínculos que tuvo la parroquia El Bosque y sus integrantes con el Nuncio Apostólico Angelo Sodano, embajador de la Santa Sede en Chile hasta 1987 y posterior Secretario del Estado Vaticano, el cargo más alto después del Papa. En honor a él se designó una sala de la parroquia como "la salita del Nuncio" y gracias a esta influencia fue que Karadima logró instalar a cinco sacerdotes de sus filas como Obispos, amenazar con excomuniones express y resolver en tiempo record algunas nulidades canónicas. No resulta rara esta relación toda vez que la injerencia de esta alta autoridad de la iglesia mundial en el ocultamiento de los abusos ha sido ampliamente conocida, sobretodo en el caso de Marcial Maciel.

Ante esta verdadera red de encubrimiento, de chantaje, abuso emocional y sicológico de alto nivel que incluía sacerdotes, obispos y cardenales, la capacidad de reacción y denuncia se vio mermada en la medida que las amenazas y descréditos seguían produciéndose. El daño que se fue infringiendo fue muy superior a los abusos sexuales profusamente públicados en la prensa. Éste se prolongó ante las dificultades que tuvimos que pasar cuando intentamos hacer justicia, primero ante las autoridades eclesiásticas y luego ante la justicia civil. Efectivamente, este proceso fue excepcionalmente largo debido a los obstáculos dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica Chilena.

El primero en denunciar fue José Andrés Murillo. Esto ocurrió en 2003 cuando a instancias del sacerdote Juan Díaz, escribió una carta dirigida al entonces Arzobispo Errázuriz. Fue el propio Juan Díaz quien le hizo entrega de la carta al Arzobispo, sin embargo no hubo respuesta alguna sobre los hechos que se denunciaban. Como declaró en el juicio penal sustanciado ante la Ministra Jessica González, sólo se limitó a transmitirle que rezaría por él. Ante la falta de respuesta, dos años más tarde, el 11 de abril de 2005, a través del sacerdote Rodrigo García, entregó una segunda carta, ahora dirigida al Obispo Ricardo Ezzati. En ambos casos, los sacerdotes emisarios dejaron constancia de su opinión favorable hacia la verosimilitud de los hechos y del denunciante. En esta segunda carta, a diferencia de la primera, se coordinó una reunión donde el Obispo Ezzati escuchó las declaraciones de José Murillo.

En este segundo intento por hacer justicia, la denuncia nuevamente terminó en manos del Cardenal Errázuriz, quien sólo luego de dos años de recibida la denuncia decidió iniciar una investigación. Como el mismo declaró, la tardanza en esto se debió a que "en ese entonces yo tenía dudas acerca de la verosimilitud de los hechos expuestos". Este tipo de respuesta, a la luz de los profusos y cada vez más mediáticos casos que se iban conociendo dentro de la Iglesia, resultaba al menos apática cuando, más encima por ese entonces, se conocía de otros abusos como el del Cura Tato. En efecto, ya en este caso se pudo observar la indolencia del Cardenal: "...se tomaron las medidas que en ese entonces parecían no sólo necesarias, sino también suficientes, tales como un acompañamiento espiritual cercano y calificado, la elección de trabajo que evitaran los peligros y afianzaran la identidad sacerdotal" .

Si bien lo anterior es desde ya una enorme negligencia para el jefe máximo de la Iglesia Chilena resulta ser totalmente inaceptable y con visos de encubrimiento cuando se toman en cuenta los hechos que siguieron la denuncia de José Murillo. Dicha ya la inactividad en dar curso a la investigación, lo primero que pone en evidencia su pro actividad para ocultar los hechos que ocurrían, dice relación con el anticipo del inicio de la investigación, supuestamente secreta, a dos se los seguidores más fieles de Karadima: Rodrigo Polanco y Andrés Arteaga. No sólo eso, el Cardenal le mostró las declaraciones que James Hamilton había realizado en la investigación eclesiástica, "solicitándole" según él, un informe sobre estos dos primeros denunciantes. El nivel de objetividad que puede esperarse de un informe en estas condiciones es bajo; lo relevante es que a partir de este hecho y de la consiguiente desacreditación de los denunciantes, por segunda vez, el curso de la investigación se detuvo, en esta ocasión, por 3 años. En la declaración ante la Ministra González el Cardenal más importante de la Iglesia Católica Chilena confiesa que "el receso del procedimiento administrativo entre los años 2006 y 2009 es de mi responsabilidad y fue una decisión que tomé luego de haber oído el testimonio de monseñor Arteaga respecto de los denunciantes".

En este punto cabe preguntarse cómo fue posible que el mayor jerarca de la Iglesia consultara con uno de los más cercanos al responsable de abusos, para conocer su opinión. Atendido que la cercanía entre Arteaga y Karadima era de conocimiento público, la hipótesis de la ignorancia no tiene cabida, no es posible señalar que no sabía de este vínculo estrecho, Sólo queda pensar en tres alternativas: un acto deliberado del Cardenal; en una acción de extrema negligencia o, por último, en un punto medio entre estas dos, una ceguera deliberada, la opción por no ver lo evidente para evitar las consecuencias que de los hechos se siguen, en este caso, para proteger los intereses institucionales de la Iglesia Católica.

Pero el aviso previo a los cercanos a Karadima no es la única muestra de la complicidad del Cardenal Errázuriz en el encubrimiento de los hechos que denunciamos, porque, como se dijo, ya en el año 2004 existía en su poder una segunda acusación. Se trata de la denuncia que había realizado Verónica Miranda, ex mujer de James Hamilton, uno de los suscriptores de esta demanda, y por la cual éste último declaró ante el Promotor de Justicia Elíseo Escudero en el año 2006. A pesar de que fue esta segunda denuncia la que llevó a Errázuriz a tomar la medida de que Karadima dejara de ser párroco de El Bosque, ante la opinión pública señaló inicialmente que tenía un carácter meramente administrativo debido a su avanzada edad. A pesar de que éstas fueron las razones públicas, con posterioridad, ante la ministra González confesó que "Pensé que al separarlo de su cargo y al saber de las denuncias en su contra que yo le había hecho saber a sus cercanos, y que sin duda se lo habrían hecho saber a él, sus conductas abusivas iban a cesar". Esto resulta simplemente inaudito. En primer lugar, con sus declaraciones reconoce que ya en el año 2006 sabía y consideraba verosímiles las conductas abusivas de Karadima.

Pero además esperar que éstas se detendrían por el hecho de conocer el mismo Karadima de las denuncias en su contra, es una explicación que limita con la candidez, cuestión que puede predicar el Cardenal de la Iglesia Católica en Chile.

Es importante destacar que en el intertanto entre los años 2004 y 2006 el Padre Elíseo Escudero, promotor de justicia, hizo entrega al Cardenal Errázuriz de 3 informes (el primero el 2004 a partir del testimonio de Verónica Miranda; el segundo en noviembre de 2005 con el relato de José Murillo; y, el tercero en el 2006 en base a la declaración directa de James Hamitlon) advirtiendo sobre las verosimilitud de los hechos denunciados. Por ello, no resulta extraño que el mismo sacerdote haya declarado que "Yo había hecho todo lo que estaba en mi poder para que no se llegara a esto, pero quienes debían hacer el resto no lo hicieron. Hubo mucha omisión en este caso".

El Cardenal de la Iglesia Católica acumulaba un conjunto de omisiones y medidas equívocas: suspendía investigaciones, omitía denuncias de las víctimás e informes de su promotor de justicia, precavía a los cercanos del víctimario y lo alejaba de una función pastoral a sabiendas que cometía abusos, sin alejarlo al mismo tiempo de la feligresía sobre la que abusaba, puesto que siguió viviendo en la misma parroquia, a la vez que nombró a Juan Esteban Morales, uno de sus más cercanos, como su sucesor.

Como se dijo, este conjunto de acciones y omisiones, que en palabras del mismísimo Cardenal Errázuriz fueron responsabilidad suya, permitieron que la investigación se detuviera durante 3 años más. Esto se encuentra testimoniado en el relato de Percival Cowley quien en 2006 supo de los hechos por James Hamllton. En virtud de la declaración de este último, llamó directamente al Obispo, entonces auxiliar de Santiago, Ricardo Ezzati, el cual según su declaración, no lo llamó de vuelta. El mismo sacerdote, luego de dos años sin noticias relata que le comentó de la denuncia al Cardenal Errázuriz: "¡Pero Francisco Javier, ¿qué pasa con esto? Te llamé y no pasó nada! Y cuando le dije eso, ¿sabes cuál fue la respuesta del arzobispo? Enfurecido, me contestó: eso es mentira".

La razón que gatilló la reapertura de la investigación no fue la mesura ni el cuidado que exige una investigación compleja; el caso se reabrió en atención al testimonio de Fernando Batlle, quien para la fecha de los abusos era menor de edad. En conformidad con la legislación canónica, el Cardenal esta vez, estaba obligado a enviar el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Habían transcurrido 6 años desde la primera denuncia y, si bien, la inaceptable excusa del Cardenal Errázuriz fue que "...cuando logró que personalidades importantes avalen los dichos de los primeros que han denunciado, cuando logró ir a Roma a conversar con el promotor de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien me ayuda acerca del procedimiento que hay que seguir, ahí se produce un vuelco y el proceso se vuelve más rápido”. El abrumante peso de las evidencias y la obligación del Cardenal de enviar un caso de un menor de edad a Roma, pudo superar las barreras y obstáculos que se plantearon para hacer justicia.

Se encontró el hecho de que, con motivo de la visita que realizó Juan Esteban Morales a James Hamilton para disuadirlo de contar lo que ocurría en El Bosque, Morales le señaló que se había enterado de su declaración biográfica, la cual es absolutamente confidencial, a través del sacerdote Francisco Walker, presidente en esa época del Tribunal Eclesiástico. Con esta filtración, se vulneraron las garantías de James Hamilton y la autoridad eclesiástica faltó a sus obligaciones básicas, según le confesó a la ministra González por "lealtad hacia el padre Fernando". Luego de ello, el mismo Morales se ofreció como testigo en el juicio de nulidad de James Hamilton. En esa declaración intentó desacreditar con todo tipo de inventos al denunciante, señalando entre otras cosas, que había sido despedido de clínicas, que había emitido licencias falsas, intentando incluso restar legitimidad a uno de sus testigos, Juan Carlos Cruz, por ser homosexual.

En este mismo juicio de nulidad eclesiástica de uno de los suscriptores, ocurrió otro hecho que da cuenta de los intentos sistemáticos de sacerdotes y autoridades de la Iglesia para acallar las denuncias. El reemplazante del destituido Francisco Walker, el sacerdote Eugenio Zúñiga, le hizo entrega de una carta a James Hamilton escrita en primera persona para su firma, donde reconocía que se confesaba con Fernando Karadima. Con ello, como lo declaró su abogado, el sacerdote Francisco García de Vinuesa, se buscaba dar término al juicio porque, de mediar este reconocimiento, se debía cerrar el juicio por el secreto de confesión.

Demás está decir que en el tiempo en que todo esto ocurría, Karadima siguió actuando con total libertad desde la parroquia El Bosque a vista y paciencia de las autoridades que sabían, con certeza de sobra, lo que desde hace años ocurría en el entorno de Karadima. En efecto, durante el año 2006 viajó 37 días a Europa, lo mismo que hizo durante el 2007; en 2008 viajó dos veces a Francia y a España y en 2009, cuando existían 4 denuncias en su contra, lo hizo por 15 días a Francia. Para el 2010, la suma de denuncias y declaraciones en su contra en el juicio de nulidad, impidió que viajara ese verano luego de décadas.

Con posterioridad a la sentencia eclesiástica que señalaba los abusos a los que James Hamilton había sido sometido, las acciones de los más fieles a Karadima se intensificaron. Un ejemplo de esto ocurrió cuando Juan Esteban Morales, como el mismo lo reconoció en juicio, solicitó información a la Clínica Alemana sobre la efectividad de haber sido despedido por acosos sexuales, cuestión que el doctor fiscal de la clínica, Gustavo Rencoret, desmintió. Asimismo, el entonces vicario de la zona centro de la arquidiócesis de Santiago, Francisco Javier Manterola en coordinación con el abogado Juan Pablo Bulnes, urdieron una declaración jurada falsa de jóvenes compañeros de James Hamilton afirmando que en 1983 contaba con la mayoría de edad. Esto fue presentado en TVN en la víspera de la transmisión del programa de Informe Especial que destapó definitivamente los hechos objeto de esta demanda. Por su parte, cuando Juan Carlos Cruz se dirigió al Arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, a través de un correo electrónico de fecha 1 de abril de 2010 para solicitarle su ayuda, este simplemente no le respondió. Como siempre, tardíamente, en mayo de 2011 el líder de la segunda arquidiócesis más importante de Chile, reconocía "humildemente que fui frío...no estuve a la altura de su dolor...". La verdad es que no sólo no tuvo una actitud poco cristiana, si no que en su calidad de Arzobispo, fue negligente e infringió los deberes de cuidado que debía cumplir en virtud de su cargo.

Por esa misma época, cuando el fallo de nulidad de James Hamilton era un hecho, hubo presiones para que la sentencia de segunda instancia omitiera los motivos de la sentencia, lo que finalmente ocurrió. Cuando la ministra Jessica González le consultó al presidente del Tribunal Eclesiástico Ernesto Zúñiga sobre este punto, señaló que desconocía la razón por la cual no se citaban las causales. Al mismo tiempo, el obispo Juan Luis Ysern a propósito de la visita de Verónica Miranda, ex esposa de James Hamilton, para notificarse de la resolución, le preguntó si tenía copia del fallo de primera instancia, exigiéndole enfurecido que se lo entregara y ante su negativa, que lo quemara.

A continuación, fue de nuevo el abogado Buhes quien maquinó una nueva estrategia, esta vez, a través de las declaraciones de 19 sacerdotes y Obispos emanados de las filas de Karadima. Estas cartas fueron especialmente estructuradas en atención a lo solicitado por el abogado Bulnes. Toda ellas contienen al menos: 1. Presentación personal; 2. Descripción de la relación (siempre luminosa) con Karadima; 3. Párrafo especial para destacar que todos sabían lo que hacía todo el tiempo; 4. Párrafo sobre el buen uso de la confesión y la dirección espiritual; y, 5. Párrafos finales para denigrar a los denunciantes y a quienes apoyaron las denuncias. Bajo esta estructura, similar en cada una de las cartas, incluso aquéllas dirigidas al Vaticano, se buscaron dos objetivos: dar cuenta de la Inocencia de Karadima y desacreditar a los denunciantes y a quienes habían aceptado como verdadera dichas denuncias.


El texto de estas cartas da cuenta de cómo la Iglesia y sus representantes se organizaron para encubrir los abusos a costa de la dignidad de quienes eran precisamente las víctimás. Así Rodrigo Polanco se refiere a Luis Lira de la siguiente manera: "Me puedo explicar sus acusaciones, como fruto de una vida un poco difícil y de unas condiciones de saludo (Sic) siquiátrica más bien precarias." (Carta a Juan Pablo Bulnes de fecha 4 de Agosto de 2010); El Obispo Horacio Valenzuela en carta dirigida a Monseñor Luis Ladaria Ferrer, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de fecha 6 de Agosto de 2010, hipotetiza que algunos inventarían historias de abusos, como quien inventa un calumnia cualquiera por mero despecho, porque "es muy posible que se lavaran heridas nunca tratadas, por temor o falta de consideración, que se agravaron con el tiempo y que, en la actual circunstancia de confusión construida y de temor, han hecho erupción".

Asimismo, otro Obispo, Tomislav Koljatic, en carta de la misma fecha dirigida al mismo Prefecto, afirma que "Francamente el que tiene que explicar muchas cosas es Hamilton, no el Padre Karadima. Entre otras cosas su inestabilidad laboral y emocional. A todas luces su acusación es una excusa Impresionante para pedir la nulidad matrimonial, ya que sostiene que no fue libre para casarse": Luego de otro acusador, Fernando Batlle, dijo: "Tiene un carácter muy difícil, conflictivo. Se rebeló, dejó la parroquia y se fue a los PP. de Schoenstatt. Entró al Noviciado de los Padres donde duró menos de 2 años y tuvo que salir. Desconozco las causas... nunca le perdonó al Padre que no le diera cargos de responsabilidad en la Acción Católica"; y, por último, sobre José Murillo, "Él quiso entrar en la Compañía de Jesús a lo que el Padre Karadima se opuso ya que le dijo que no tenía vocación sacerdotal". En efecto, como inconscientemente afirma el Obispo Koljatic, Karadima restó libertad a sus regalías máximás forzándolos a casarse o negándoles la vocación sacerdotal. Así lo demuestra otra carta, esta vez la carta a Bulnes de fecha 6 de Agosto de 2010, del sacerdote Antonio Fuenzalida: "En algunos casos en que él se daba cuenta que no veía vocación sacerdotal en la persona, se lo decía. Esto producía en algunos rebeldía, como el caso de Murillo, Batlle y Juan Carlos Cruz". Yendo más lejos, señala: "Había indicios de que tenía ciertas tendencias incompatibles con el ministerio sacerdotal. En el año 1987 o 1988, siendo rector del Seminario Pontificio el P. Juan de Castro y yo seminarista, le expuse mis aprensiones sobre Juan Carlos Cruz". Esto es especialmente grave, no sólo busca desacreditarlo de forma discriminadora sino que reconoce gestiones para sacarlo del seminario.

De la misma forma, el sacerdote Francisco Herrera explica las denuncias respecto de James Hamilton de la siguiente manera: "Su alejamiento coincide con un problema matrimonial público (que me enteré por mi hermana y mi familia) y el descuido de su vida cristiana y de oración"; respecto de la posición tomada por Hans Kast alude frustraciones previas: "Mi impresión personal es que el descontento y alejamiento del presbítero Hans Kast de la Unión Sacerdotal y rompimiento de la dirección espiritual con el Padre Fernando se debieron más por anhelos de estudio no satisfechos y frustración como profesor en el Seminario Pontificio, del cual salió muy mal evaluado"; y, del sacerdote Andrés Ferrada: "El presbítero Ferrada siempre manifestó una personalidad de extremos, tanto en sus acciones y juicios personales".

En carta del 4 de Agosto de 2010, el sobrino de Karadima, Gonzalo Guzmán, da un paso más: "Mi Padre, médico y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile lo tuvo como alumno en una beca de postgrado en cirugía. Desde esos años, hasta hoy, mi papá siempre ha afirmado que Jimy es una persona enferma mental". También aprovecha de descalificar a Batlle quien según él se habría expuesto inventando abusos por simples envidias: "Fernando nunca fue muy cercado al Padre. Jamás lo vi en la pieza del Padre Fernando. Sí ingresaba a la casa parroquial, sólo algunas veces estuvo al te o a comer. Lo vi reemplazando a Guido. Me recuerdo que esto le incomodaba. Era tímido, muy molestoso y manifestaba envidia para con los demás jóvenes. Especialmente para con quienes éramos más cercanos al Padre Fernando".

De esta forma, ocupando frases pre hechas, con las mismás palabras, con las mismás visiones y comentarios respecto de los denunciantes, a lo largo de esas 19 cartas Jaime Tocornal. José Miguel Fernández, Julio Sóchting, Rodrigo Magaña, Rodrigo Polanco, Pablo Guzmán Anrique, Antonio Fuenzalida Besa, José Tomás Salinas Errázuriz, Nicolás Achondo, Jorge Merino Reed, Francisco Javier Manterola, Cristian Hodge Cornejo, Francisco Herrera Maturana, Francisco Cruz Amenábar, Samuel Fernández, Juan Ignacio Ovalle, Javier Vergara Nadal, Gonzalo Guzmán Karadima, Pablo Arteaga Echeverría, además de los Obispos Valenzuela y Koljatic, buscaron configurar un muro de contención a los cuales se debe sumar las acciones de los Obispos Barros, Arteaga y a la labor de muchos otros sacerdotes y altos personeros de la Iglesia Católica que buscaron desacreditar a través de mentiras e infamias a los acusadores y a quienes apoyaron dichas denuncias. Como una policía secreta, se montó una estrategia entre los agentes y representantes de la Iglesia Católica para evadir las responsabilidades de un abusador.

Todo lo anterior conforma el inmenso cúmulo de hechos, acciones y omisiones, que durante décadas la Iglesia Católica ha llevado a cabo con un alto nivel de deliberación y conciencia (a través de Obispos, Nuncios, Presidentes de Tribunales Eclesiásticos, Prefectos de Congregaciones, formadores y directores del Seminario Pontificio, Vicarios y un sinfín de sacerdotes). Lo relevante es que los hechos que terminaron en prolongados abusos sicológicos y sexuales sobre quienes suscriben la demanda, pudieron y debieron ser prevenidos, detectados y contenidos hace décadas, de manera que la enorme cantidad de víctimás que se siguieron de la culposa actitud de nada menos que los líderes y autoridades máximás de esta institución, se pudieron haber evitado fácilmente si se hubiera dado prioridad a los intereses de sus fieles por sobre los de la Institución, la cual decidió, ante todo, protegerse de las denuncias negando, ocultando, encubriendo y, cuando la evidencia se hizo acuciante, chantajeando y amenazando. Como se verá, ante tal despliegue de fuerza y amenazas, no hubo otra opción que terminar haciendo lo que una persona abusada jamás querría hacer, esto es, exponiendo públicamente los casos, último recurso para ser escuchados.






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