Publicado en el sup. “C” al p. O. 642 De fecha del de diciembre del 2015 lic. Arturo núÑez jiménez, gobernador del estado libre y soberano de tabasco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51, fracción i



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LEY DE ATENCIÓN, APOYO Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS EN EL ESTADO

DE TABASCO.

PUBLICADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7642 DE FECHA DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2015

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:



LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Desde hace varios años, el Estado mexicano se ha colocado a la vanguardia en el reconocimiento de la preeminencia de los derechos de las personas por encima de cualquier ente, órgano o institución, producto de un renovador estilo de pensamiento, orientado e influenciado sin duda por las tendencias provenientes de las experiencias del derecho procesal y del derecho penal nacional e internacional.

En ese sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito, previsto en los artículos 17 y 20 de la Constitución General de la República, constituye la prueba palpable de esa evolución de las tendencias normativas garantistas referentes a los derechos de las víctimas y ofendidos, especialmente en lo que se refiere a la reparación del daño.



SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, se han realizado diversas reformas Constitucionales y legales, con el objeto de proteger el derecho de todas aquellas personas que sean víctimas, ya sea porque se le ha vulnerado algún derecho humano o bien, por haber sufrido la afectación en su persona o patrimonio, derivado de la comisión de un delito.

Una de estas reformas, fue la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 en materia de seguridad pública y procuración de justicia, considerada como una de las más importantes modificaciones al texto Constitucional de los últimos años, en razón de las transformaciones al Sistema de Justicia Penal, pues se abandona el tradicional proceso penal inquisitivo o mixto y evoluciona hacia un sistema procesal penal de corte acusatorio y oral, que privilegia la salvaguarda y reconocimiento de los derechos humanos tanto de las víctimas u ofendidos, como de los imputados. En ese contexto se pretende que el nuevo procedimiento




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penal se siga bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en aras de dar eficacia y sencillez a la administración de justicia.

TERCERO.- Seguidamente, en el marco del mismo proceso de transformación del sistema de justicia penal mexicano, los días 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos importantes adecuaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de administración de justicia. Por la primera, se reformaron los artículos 94, 103, 104 y 107, en lo relativo a la tutela de los derechos fundamentales de las personas mediante el fortalecimiento del juicio de amparo, hasta entonces limitado a las denominadas garantías individuales, para extender su ámbito de protección a los derechos contenidos en los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito y ratificado el Estado Mexicano, a consecuencia de lo cual se amplió la procedencia del Amparo respecto de cualquier norma general en tratándose de violaciones a los mismos, además de la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades, configurando con ello un sistema más dinámico, abierto a criterios internacionales, orientado a la materialidad de la justicia social, ajeno a formalismos y accesible a los grupos más vulnerables.

La segunda reforma, por la que se modificaron la denominación del Capítulo I del Título Primero (ahora titulado “De los Derechos Humanos y sus Garantías”)
y diversos artículos de la Carta Magna, relacionada estrechamente con la anterior, abre la puerta de forma plena al derecho internacional, principiando por el cambio cultural, filosófico y cualitativo de la denominación de garantías individuales a derechos humanos, reconociendo la progresividad de los mismos mediante la expresión clara del principio pro personae, término ya conocido internacionalmente que supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, el intérprete deberá elegir aquella que brinde máxima protección y beneficio al titular de un derecho humano. Además, se establece la obligación del Estado en todos los órdenes de gobierno, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, generando obligaciones para las autoridades de todo orden, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a tales derechos, ya sean de carácter individual o social, en los términos de ley. Esa modificación constitucional vino a reforzar el sentido de universalidad de los derechos humanos instaurado en junio de 2008.

CUARTO.- Como puede verse, nuestro país se encuentra en una etapa evolucionista en favor de reconocer y respetar de manera palpable y eficaz los derechos fundamentales de toda persona, sobre todo, de quienes se encuentren en un estado de vulnerabilidad, como lo son aquellos que sufren un menoscabo en sus prerrogativas naturales o por la afectación derivado de un hecho tipificado como delito.

En ese sentido, en enero de 2013, fue publicada la Ley General de Víctimas, ordenamiento de observancia general en toda la República, que obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que


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velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral a las mismas.

Dicha Ley General, es de naturaleza concurrente y establece obligaciones y facultades en cada uno de los niveles de gobierno, conforme a sus respectivas competencias, en aras de proteger a las víctimas por la afectación de algún derecho humano o bien, por haber sufrido afectaciones derivadas de la comisión de algún ilícito.

El citado ordenamiento estableció en sus disposiciones transitorias, que las entidades federativas debían armonizar sus legislaciones locales para efectos de contar con ordenamientos similares en el orden estatal, que sirvan como mecanismos e instrumentos de apoyo a las víctimas.



Luego entonces, es claro para las dictaminadoras, que el Estado de Tabasco necesita de una Ley de aplicación en el ámbito local, que regule lo concerniente hacia el apoyo y atención de quienes sean víctimas, conforme al modelo establecido en la Ley General, siendo esta la razón por la cual se coincide con la pretensión de los titulares de cada una de las iniciativas sometidas a estudio en el presente Decreto.

QUINTO.- Hecho lo anterior, el presente Decreto, se estima acorde la expedición del ordenamiento legal de carácter estatal que tenga a bien regular la actuación de autoridades y servidores públicos del Estado en favor de proteger, ayudar y garantizar el apoyo irrestricto para quienes adquieran la calidad de víctimas, ya sea por la vulneración a un derecho fundamental o bien, por haber sido afectados derivado de la comisión de un delito.

En este sentido, es que se propone que la presente Ley lleve como nomenclatura: "Ley de Atención, Apoyo y Protección a Víctimas u Ofendidos en el Estado de Tabasco”, al ser un ordenamiento que se aplicará en beneficio de todas las víctimas u ofendidos del delito o por la violación de derechos humanos, sin distinción alguna motivada por razones de origen étnico o nacional, género, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, de salud, religión, opinión, orientación o identidad sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.



SEXTO.- Derivado de lo antes expuesto, se determina que la nueva Ley de Atención, Apoyo y Protección a Víctimas u Ofendidos en el Estado de Tabasco, se integre con 63 artículos, distribuidos en Tres Títulos, el primero denominado DISPOSICIONES GENERALES constante de dos Capítulos; el segundo, DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, integrado por ocho Capítulos; el tercero, intitulado DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, constante de seis Capítulos; y un Régimen Transitorio formado con cuatro ordinales.

En el primer Título se establecen el objeto de la ley, su ámbito de aplicación en el fuero local, y los criterios para su interpretación; además, se integra el glosario de conceptos fundamentales de la Ley, tales como Víctimas, Violación a los derechos humanos, Unidad de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Programa






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