Proyecto de ley sobre Aborto



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SEÑORA XAVIER.- Quería hacer una consulta al doctor Medina con relación al tema de la temporalidad, de ese lapso de las primeras doce semanas. Me gustaría, de ser posible, que nos pudiera dar la última visión del ámbito científico, en cuanto al desarrollo del embrión, ya que este proyecto de ley sostiene ese criterio de temporalidad para habilitar en los artículos 4º y 5º la interrupción del embarazo en determinadas condiciones. Algunos de nuestros visitantes anteriores, desde un enfoque jurídico y no médico, han planteado la alternativa de la causalidad más que de la temporalidad. Creo que frente a este problema no sólo se cruzan dos concepciones, sino que también existen aspectos en los que la ciencia no ha podido avanzar. Sí se han establecido algunos criterios, pero hay otros de índole jurídica que no tienen la adaptación necesaria si se tienen en cuenta determinados avances que se han producido, pues la ley siempre va mucho más atrás. En este caso la intención es cambiar un concepto dentro del marco penal de este tema, hacia la prevención y la salud reproductiva.

Con relación al planteamiento que realizaba el profesor acerca de si esto sigue o no siendo un delito -tal como hoy establece la ley- pretendemos que no lo siga siendo. A ese respecto, el capítulo 5 trata sobre la modificación de lo que hasta ahora siempre ha sido delito. Sin embargo, puede que no esté suficientemente clara la redacción.

Concretamente, mi pregunta apunta al tema del lapso de doce semanas como criterio científico.

SEÑOR MEDINA.- Desde el punto de vista científico no existe acuerdo, ni mucho menos. Se trata de un tema que tiene varias puntas, ya que existen varias visiones: una legal, otra ética, otra religiosa, otra filosófica, en fin, de las cuales la ciencia médica no se puede abstraer. Por ese motivo, si uno analiza las leyes de aborto existentes en el mundo, puede ver que existen diferentes concepciones al respecto.

Con relación a la pregunta concreta formulada por la señora Senadora, alrededor de las doce semanas existe un cambio de categoría desde el punto de vista científico y el embrión pasa a ser feto. Es por eso que se recoge esa división en las distintas concepciones, haciendo abstracción total de lo filosófico y religioso. El asunto es si la ley va a decir que el embrión es un ser viviente o un proyecto de ser viviente. Desde el punto de vista científico creo que no se va a encontrar la respuesta exacta. ¿Cuál es la diferencia entre el embrión y el feto? ¿Es solamente la edad? ¿O es que el feto, o sea las estructuras ovulares, ya de por sí mantienen el embarazo, cuando antes de las doce semanas era mantenido en base a la secreción hormonal materna? Entonces, a las doce semanas, por un lado, cambia el soporte hormonal del embarazo y, por otro, se completa la formación y comienza la etapa de crecimiento y maduración de ese producto de gestación. Pero no existe una respuesta para la discusión de siempre en cuanto a si se trata o no un ser humano. Desde el punto de vista científico, sinceramente, no me atrevo a darla.



SEÑOR CID.- Quisiera preguntar al profesor Medina cómo se está visualizando este tema en el ámbito hospitalario. En nuestra práctica como internos en el hospital donde atendíamos, tuvimos ocasión de ver muchas pacientes que se habían realizado abortos y, sobre todo, prácticas con intento abortivo que, ni siquiera, llegaban a ser verdaderos abortos pero eran más dañinas que estos.

Concretamente, quisiera saber cómo se está visualizando este tema en la esfera del hospital, es decir, si los casos han aumentado o se han estancado y si se continúa con esas prácticas muy inseguras. Desearía contar con un panorama más concreto del tema. Sabemos que la Cátedra de Ginecotocología a la que pertenece el doctor Medina ha trabajado con esta problemática e incluso han realizado una publicación muy seria. De todos modos, quisiera que los demás miembros de la Comisión conocieran esto en detalle.



SEÑOR MEDINA.- En realidad, siempre ha sido un tema que nos ha preocupado enormemente. Prácticamente, toda mi actuación en el ámbito de la salud pública -excepto un período muy corto- ha sido en el Hospital de Clínicas, en el cual existía el Centro de Tratamiento Intensivo, que era el referente al que acudían todas estas mujeres que habían tenido un intento de aborto o que se habían realizado maniobras abortivas.

Este problema ha existido siempre. En los inicios de mi carrera tuve ocasión de atender un gran número de pacientes con complicaciones a raíz de haberse practicado un aborto; creo que debo ser una de las personas que más ha operado pacientes por ese motivo en Uruguay. Lo digo como una casuística personal. La tasa de mortalidad, en algún momento, llegó a ser exasperante y luego decayó, pero sigue siendo una causa importante de muerte.

Ha sucedido algo para lo cual no tengo explicación: en el Hospital de Clínicas ha disminuido la incidencia de estos cuadros. Es poco frecuente que, en este momento, allí atendamos consecuencias de abortos complicados. Por otro lado, en el Hospital Pereira Rossell ha sucedido lo inverso: si no me equivoco, en lo que va de este año han fallecido tres mujeres por complicaciones de abortos practicados en malas condiciones y, por supuesto, clandestinamente. A estas mujeres fallecidas hay que sumarle el grupo de aquellas -no tengo las cifras correspondientes- que sufren grandes mutilaciones; hay que tener presente que las complicaciones graves del aborto significan, entre otras cosas, la extirpación del aparato genital y que en un porcentaje sumamente alto se trata de mujeres jóvenes. En el Hospital Pereira Rossell están tremendamente alarmados porque se ha registrado un aumento de las complicaciones y del índice de mortalidad.

A propósito, el punto de partida que ha provocado esta situación de alarma, es que han salido a la luz los trabajos o los proyectos que se han elaborado tendientes al apoyo y la asistencia de la mujer que va a realizarse un aborto en situaciones de riesgo.

La tasa de mortalidad de los abortos complicados es nada despreciable y debe rondar un 10% o un 15%. Debo decir que se han logrado muy buenos resultados porque esa tasa, cuando yo ingresé en la especialidad, rondaba el 70% o el 80%. Gracias al advenimiento de la implementación de los centros de tratamiento intensivo, a los avances que se han dado en los cuidados de soporte de la mujer y de los cambios en la óptica del tratamiento quirúrgico, se ha logrado abatir estos porcentajes que, de cualquier manera, siguen siendo muy importantes. Digo esto porque una enfermedad que provoque un 10% o un 15% de muertes debe tenerse muy en cuenta.

En definitiva este es un tema que siempre nos ha preocupado; hubo una época en la que parecía que los abortos criminales se estaban realizando en mejores condiciones, pero en este momento estamos experimentado un aumento en la asistencia en las complicaciones derivadas de esos abortos. Esas complicaciones pueden ser infecciosas o, como bien se hacía referencia, derivadas de las medidas que se toman con fines abortivos y que derivan en enfermedades médicas que pueden ser tanto o más graves que la propia infección post-aborto. Me refiero, fundamentalmente, a la ingesta de sustancias que no son abortivas pero que pueden ocasionar una enfermedad materna grave que puede terminar en la interrupción del embarazo pero también en la muerte de la mujer.



SEÑORA XAVIER.- Quería preguntar si hay datos en relación al interior del país, porque cuando se hacía referencia al Hospital de Clínicas, debemos tener en cuenta que ya no se da el mismo número de traslados que se daba antes desde los centros de atención departamentales. A esto debemos sumarle las dificultades que ese Hospital ha tenido en el último año y medio -por razones que todos conocemos- que han redundado en la reducción de su capacidad de atención.

Entonces, quería saber si existe algún dato con respecto al interior del país. Recuerdo que el año pasado se dio un caso patético, en el departamento de Colonia, de una joven de 16 años, que ya tenía un chiquito de seis meses y que pensó que estaba embarazada, por lo que tomó veneno para ratas y falleció a consecuencia de ello. La autopsia determinó que no estaba embarazada, pero el temor a estarlo la llevó a tomar una actitud tan desesperante. No recuerdo si ese caso llegó o no a Montevideo, pero creo que no hubo posibilidad de traslado dado la rapidez del desenlace de la situación. Quisiera saber si, eventualmente, existe un conocimiento de parte de ustedes en el sentido de que puedan estarse incrementando esas cifras en los departamentos del interior y si hay algún tipo de estudio relativo a los costos económicos. Obviamente, en estos casos lo que más importa son los costos humanos, pero muchas veces existen -esto lo vemos en otros países- diferencias terribles en cuanto a cómo se podrían prevenir estas situaciones y cuánto se gasta, desde el punto de vista de la salud, en estas complicaciones cuyas alternativas no siempre son satisfactorias para salvar la vida de estas mujeres.



SEÑOR MEDINA.- No tengo conocimiento de las cifras, pero quizás sí las tenga el Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, no creo que las otras cátedras las posean -aunque lo ignoro-; si ellas tienen esas cifras, las desconozco.

Por otro lado no creo que haya grandes diferencias de comportamiento entre la población de Montevideo y la del interior. Entonces, si estamos verificando un aumento en la capital, también debe haber un aumento en el interior de la República. Hay que tener presente que muchas de las pacientes que ingresan en este momento en el Hospital Pereira Rossell provienen del interior y son, además, pacientes críticas que necesitan un cuidado intensivo con el que, muchas veces, no se cuenta en el interior de la República.

En cuanto a los costos, debo confesar que estoy muy lejos de lo que significa administración de la salud, pero no tengo dudas de que son muy elevados en relación a cada paciente que presenta una complicación. Por supuesto que al decir que son elevados nos referimos a los costos económicos, pero no olvidamos los costos en vidas humanas, ni las secuelas en aquellas mujeres que tuvieron complicaciones y luego han evolucionado favorablemente.

Se utilizan, entonces, cuidados intensivos, sobre los que el señor Senador Cid seguramente tiene más conocimiento que yo, así como del costo de una cama o de un día de internación en un centro de tratamiento intensivo, en donde se aplica antibióticoterapia de alto costo. En general, debido a los problemas médicos de resistencia bacteriana, hay que utilizar antibióticoterapia muy amplia y drogas de última generación. Todo esto significa, evidentemente, un gasto importante en salud. Reitero que no puedo cuantificar esta situación en cifras, porque soy un médico fundamentalmente clínico, bastante malo para lo que es el conocimiento de los costos que significa cada paciente, pero no tengo dudas de que se gasta mucho dinero en cada aborto complicado que se asiste en el país.



SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Comisión de Salud Pública, agradezco profundamente la presencia del profesor doctor Medina y los aportes que ha realizado a este Cuerpo. Nos ha dejado algunas interrogantes planteadas, sobre todo en relación al Capítulo V a propósito del cual ha efectuado una observación que consideramos de recibo y que analizaremos con mayor detenimiento.

DEFENSA DE LA SALUD REPRODUCTIVA
NORMAS

DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL
FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
PROFESOR DOCTOR GUIDO BERRO
Y
DOCTOR GUILLERMO LOPEZ
VISITA
__________________________________
Versión taquigráfica de la sesión del día
12 de agosto de 2003
- Sin corregir por los oradores -

(Ingresan a Sala los representantes del Departamento de Medicina Legal, doctores Guido Berro y Guillermo López)



SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los Profesores Guido Berro y Guillermo López, a quienes hemos convocado para escuchar su opinión sobre el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva que analiza esta Comisión, porque nos parece trascendente escuchar la posición de la Cátedra en este sentido.

En consecuencia, les cedemos el uso de la palabra.



SEÑOR BERRO.- Es un honor para nosotros ser recibidos por esta Comisión.

A modo de disculpa, quiero hacer una muy breve pero significativa corrección o ajuste a lo que ha expresado el señor Presidente en cuanto a la opinión de la Cátedra. En estos temas, como en otros, es muy difícil lograr la unanimidad de opiniones. Tampoco me caracterizo por imponer una posición en estos temas, en el ámbito de la Cátedra. De modo que los docentes son libre pensantes en cuanto a temas tan tocantes. Entonces, vamos a decir, fundamentalmente, cuál es nuestra opinión sobre este proyecto de ley, concretamente.

Sí se ha compartido, no sólo por la Cátedra, sino por todos, que no estamos a favor del aborto, pero hay determinadas circunstancias, muchas de ellas recogidas en este proyecto de ley, que nos hacen contemplarlo, pensarlo e, incluso, compartir la despenalización en determinados momentos o la eximencia, como decía el Código en su Ley de 1938, que hablaba de algunos atenuantes y eximentes. Dicho sea de paso, siempre los consideramos de avanzada y atendibles, pero nunca funcionaron adecuadamente. A mi modesto entender, estaban en la letra, pero la realidad era muy diferente. Quizás eso mismo sea uno de los puntos rescatables y haya ameritado esta iniciativa de hacer funcionar, en esas especiales circunstancias, algún articulado o previsión legal que permita poner en práctica, repito, esas eximentes o atenuantes.

Esto es lo que quería expresar a modo de introducción.

El doctor López ha estado siempre muy interesado en este tema y tiene una perspectiva -anticipo sus palabras- un poco más hacia una reflexión, no tanto al tratamiento puntual, artículo por artículo.

En ese sentido, cabe agregar que cuando estuvimos en la Cámara de Representantes personalmente había hecho algunas sugerencias, muchas de las cuales han sido recogidas, lo que me produjo cierta alimentación al ego y estoy muy contento. Sin embargo, quedan pendientes otras sugerencias que, llegado el momento, si los señores Senadores lo estiman conveniente, podremos abordar.



SEÑOR LOPEZ.- Antes que nada, quiero decir que es un alto honor asistir a esta Comisión.

De alguna manera, voy a contradecir al doctor Berro, porque he acotado algunos elementos a determinados artículos, en cuanto al espíritu de ciertos puntos que considero fundamentales. Con esta legislación el Estado instituye un nuevo orden axiológico en el sentido de que se otorga a la mujer el derecho de decidir sobre la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas, pero en las condiciones que establece la ley, que son: la situación de penuria económica, la situación social, familiar y etaria. O sea que esto es un alegato que hace la mujer al médico que, de hecho, debe ser aceptado por éste. Pero, además, agrega la expresión: "que a su criterio le impidan continuar con el embarazo". Esa expresión: "que a su criterio", es muy relativa y es un término demasiado amplio y, a la vez, acotado. ¿Por qué digo que es amplio y, a su vez, acotado? Aquí hay una pequeña contradicción que, me parece, encierra este tema. Todas estas razones, en realidad, se reflejan en el artículo 6º que dice que el médico debe dejar constancia del consentimiento informado y firmado para interrumpir el proceso de gestación, que va a quedar adjunto a la historia. Todo consentimiento informado tiene que ser libremente asumido, debe ser explícito, debe estar firmado y, además, debe ser auténtico, esto quiero decir que debe estar de acuerdo con la escala de valores de la gestante. Acá es donde aparece lo discutible. De alguna manera, las razones que invoca el proyecto de ley están obligando a la mujer, en realidad, no son de su propio ejercicio de autonomía, porque la situación de penuria económica no depende directamente de ella, tampoco la social, tampoco la familiar y tampoco la etaria. Me pregunto: si la mujer, simplemente, no quiere tener un hijo -aquí estaría ejerciendo su única y real autonomía- ¿la ley no la contempla?

El artículo 5º que estaba citando, al mismo tiempo, dice: "que a su criterio le impidan continuar con el embarazo". La expresión de voluntad de no querer ya es un criterio válido. Se puede eliminar la frase o incluir la voluntad de la gestante de no tener hijos. Esa razón es tan válida como cualquiera de las otras. En realidad, ella misma está exponiendo el motivo y no la acotación al consentimiento que le dan la situación económica, familiar, etaria y social.

El artículo 5º expresa también que el médico deberá: A) Informar a la mujer gestante de la posibilidad de adopción de su futuro hijo por parte de terceros, de los programas disponibles de apoyo económico y médico, a la maternidad. B) Brindar información y apoyo a la mujer pre y post intervención relativa a la interrupción voluntaria del embarazo. En el literal A) el médico informa a la mujer no acerca del problema moral que significa abortar, sino de las posibilidades de dar ese hijo a terceros y, al mismo tiempo, le dice que hay programas económicos de apoyo a la maternidad. En el literal B) da información a la mujer y apoyo antes del aborto y aun después. ¿Qué informa después? ¿Con qué objeto? Si ya se hizo el aborto, ¿qué le va a ofrecer? Apoyo psicológico o algún tipo de sostén. De lo contrario, ¿qué rol cumple el médico? Lo real sería que, además de asesorar en cuanto a la posible adopción, el médico le dijera a la gestante que le va a enseñar las ventajas de la maternidad. Esto está señalado en el artículo 1º, que dice que: "El Estado velará por el derecho a la procreación consciente y responsable, reconociendo el valor social de la maternidad, la paternidad responsable y la tutela de la vida humana. A esos efectos se promoverán políticas sociales y educativas". El médico no sólo tiene una función social, sino que en estos casos cumple también un rol educativo. Tal vez debería hacerlo antes pero, mientras ocurre el embarazo, también debería educar. Si bien no puede manipular porque lo acota mucho el articulado anterior en cuanto a la situación de política económica, social, familiar y etaria, por lo menos debe cumplir con el artículo 1º. El médico es parte del Estado y el Estado somos todos nosotros. La responsabilidad se transfiere al médico con un gran peso y no puede cumplir solamente la función de decir que le va a dar apoyo y apartarse humanamente de la mujer.

Volviendo al tema de la información, ¿la posibilidad de adopción en estos casos y el apoyo, en cierta forma, no están presionando a la gestante que quiere abortar y le dicen: "No, espere, no lo haga"? Si esto fuera sentido así por la mujer, en realidad, le estaría quitando validez a aquel consentimiento, que sería libremente aceptado, firmado y estaría de acuerdo a su escala de valores.

El artículo 11 establece: "Las interrupciones del embarazo que se practiquen según los términos que establece esta ley serán consideradas acto médico sin valor comercial". Creo que "valor comercial" es un término desgraciado. El acto médico no tiene un valor comercial. Puede generar honorarios o ser gratuito, pero nunca es un acto comercial. No hay que confundir con la empresa médica que, si se quiere, tiene hasta fines de lucro, pero el acto médico en sí es un acto noble, humano y desinteresado, que puede exigir o no honorarios, porque el médico, aparte de su independencia técnica, tiene una autoridad moral que le permite decir: "No, yo no cobro" y eso es tan válido como cobrar honorarios, pero no es un acto comercial.

Por su parte, el artículo 13 expresa: "El médico que intervenga en un aborto o sus complicaciones, deberá dar cuenta del hecho, sin revelación de nombres, al sistema estadístico del Ministerio de Salud Pública." Considero que este concepto debe introducirse un poco más adelante en el tiempo y no alimentar un sistema estadístico que solamente va a servir para decir cuántas personas abortan y cuántas no lo hacen en este país. Considero que para el Estado y el Ministerio de Salud Pública sería mucho más útil que cada institución, pública o privada, se genere la obligatoriedad mensual, trimestral, cuatrimestral o semestral de elevar a esa Cartera el número de abortos realizados en sus dependencias y las causas de los mismos. ¿Por qué digo esto? La estadística numérica por sí misma no tiene mucho sentido y solamente determina la incidencia. Sin embargo, sí es interesante que el Ministerio tenga en su haber las causas que predominan a nivel social con la finalidad de estudiarlas y prevenirlas. Esto tiene que ver con el artículo 1º que establece que el Estado velará por el derecho a la procreación consciente y responsable a efectos de promover políticas sociales y educativas. Pensamos que todo eso tendría más valor si el Ministerio recoge cifras y las transforma en corrientes de opinión respecto a la prevención y la educación, pero eso surge de la información de por qué se aborta y bajo qué circunstancias.

Por otra parte, me llama mucho la atención cuando el proyecto de ley reconoce el valor social de la maternidad y la paternidad responsable que no se mencione jamás al hombre. Me pregunto cuántos maridos o concubinos pueden quedar muy mal afectivamente si saben que la mujer abortó por su cuenta y voluntad. ¿Cuántas personas se divorcian porque la mujer o el hombre se niegan a tener hijos? Antes se usaba aquí el examen prenuncipal -no sé si aún se practica- por el cual se determinaba la fertilidad del hombre o de la mujer. ¿Cuántas personas se casan o se unen pensando en tener hijos y como uno de los dos no puede tenerlos se divorcian o se separan? Sin embargo, en esta iniciativa el padre no opina. No sé si no se debería contemplar el derecho del padre, el concubino o el autor del embarazo porque eso forma parte del artículo 1º que habla de promover políticas sociales y educativas tendientes a la promoción de la salud reproductiva, la defensa y promoción de los derechos sexuales y a la disminución de la morbimortalidad materna. Pienso que si el hombre es capaz de convencer a la mujer de la necesidad de tener ese hijo, quizás ésta no aborta. Personalmente no sé si la ley puede prever esto pero creo que, por lo menos, se debería nombrar que el hombre tiene derecho a opinar.

En suma, esto es lo que modestamente analizamos respecto a este proyecto de ley.

SEÑOR BERRO.- En lo que a mí respecta también tengo algunas sugerencias con respecto al articulado.

De la lectura global del proyecto de ley parece desprenderse que el médico que realice la interrupción de la gravidez puede ser distinto a aquel que actúa en la etapa de brindar la información que está prevista en el artículo 5º. Sin embargo, en el artículo 6º no está claramente expresado que la información puede ser brindada por un médico que no sea el que luego va a actuar en la interrupción.

El artículo 6º le impone al médico que adjunto a la historia clínica deberá recoger y dejar bien establecida la voluntad de la mujer, avalada con su firma y, además, señalar que fue informada, etcétera, pero quizás no se trate del mismo profesional que el que hizo el informe. Sugiero que allí se perfeccione la redacción de la norma, en el sentido de aclarar que puede no ser el mismo ginecólogo que hace la interrupción del embarazo -tal como lo estipula el artículo 11- que quien brinde toda la información, que puede ser incluso hasta un equipo en el que participe gente especializada para informar a la mujer de la posibilidad de la adopción. Quizás, no precisamente los médicos que practican la maniobra sean los más capacitados para informar sobre esas posibilidades o para brindar ese apoyo a la mujer, tanto en la pre como en la post intervención. Respecto de lo que informaba el doctor López, se me ocurre que esa información y ese apoyo en la etapa post puede no estar en manos de quien practique la interrupción, sino más bien de un equipo que incluya a otros profesionales de la salud, como técnicos, sicólogos, etcétera.

Esto es lo que se me ocurre transmitir en cuanto a que existe una falta de aclaración total entre los artículos 5º y 6º, en virtud de que los participantes pueden ser personas distintas.

En el proyecto, si bien se habla de que se toman los 18 años como la edad para consentir, existen legislaciones donde la mayoría de edad civil no es exactamente los 18 años. Me estoy refiriendo al consentimiento médico que involucra a los actos médicos. Hay bastante legislación sobre este tema, inclusive hay posturas doctrinarias, donde se habla del menor competente, del menor maduro, del menor no tan menor, del niño capaz o del adolescente capaz para consentir actos médicos. Digo esto a modo de reflexión, porque claramente en la ley, tal como se desprende de los artículos ulteriores, se establece que los 18 años es la edad para consentir.

En cuanto al embarazo adolescente, si bien luego se habla del asentimiento de los padres o, incluso, de recurrir al juez de familia, en otros países y en distintas circunstancias, no específicamente en lo que hace al aborto sino a la medicina en general, se está revisando si se manejan los 18 años o una edad anterior.

En la consulta diaria ginecológica, muchas adolescentes solicitan a su doctor métodos anticonceptivos, concretamente anticonceptivos orales, y no tienen 18 años. Concurren solas a la consulta, tienen vida sexual activa y el médico se ve en la disyuntiva de valorar la aptitud para consentir aún antes de los 18 años. Planteo esto como un tema de futuro, pues puede hacer surgir ciertas dudas en cuanto a si mantenemos o no la edad de los 18 años para consentir.

El artículo 7º dice que fuera de lo establecido en el artículo 4º, la interrupción de un embarazo sólo podrá realizarse cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer o cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina. Y el artículo 4º establece que toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de la gravidez.

Uno de los motivos recogidos por la ley como permitido para la interrupción del embarazo es el grave riesgo para la salud de la madre más allá de las doce semanas, mientras que antes de las doce semanas sólo decidiría la voluntad de la mujer. A mi juicio, dentro de las doce semanas, también se pueden considerar los graves riesgos para la salud, ya que todo a lo largo del embarazo puede haberlos y no sólo después de las doce semanas. Quizás acá traicionó un poco la idea de autorizar abortos más allá de las doce semanas por causas graves de salud, o para salvar la vida de la madre, o por malformaciones fetales incompatibles con la vida. Pero hay que tener en cuenta que puede haber causas graves de salud también dentro de las primeras doce semanas. Por lo tanto, habría que suprimir "Fuera de lo establecido en el artículo 4º" porque, reitero, a lo largo de toda la gravidez la interrupción del embarazo podrá realizarse por causas graves de salud.

En cuanto a la expresión "proceso patológico que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina.", así como se dice que el consentimiento deberá estar registrado en la historia y se expresa: "El médico dejará constancia por escrito en la historia", creo que más que una constancia, esta situación debe estar documentada. De lo contrario, puede llegar a ser relativamente fácil ampararse en la práctica abortiva diciendo que se trataba de un malformado. En tal sentido, debe documentarse que realmente había un malformado y se puede establecer que se dejará constancia por escrito en la historia clínica debidamente documentado el hecho de la malformación. Esto puede hacerse por ecografías estructurales, por determinación de cariotipos o mediante las distintas técnicas que diagnosticaron esa alteración morfológica o congénita incompatible con la vida extrauterina.

Más adelante, al final del artículo 7º se expresa que "En todos los casos se deberá tratar de salvar la vida del feto". Esto, en cierta forma, me parece una incongruencia. Si se está autorizando el aborto, es muy probable que se haya intentado salvar la vida del feto pero ya se ha tomado la resolución de sacrificarla. Por estos motivos no entendí claramente esta parte y menos cuando se expresa: "sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer." En esta práctica siempre se corre algún riesgo y creo que es imposible realizar la maniobra abortiva, sea cual sea el método, sin poner en cierto riesgo la salud de la mujer. Quizás, lo que se quiso establecer aquí es que se prioriza la salud -que ya estaba comprometida, porque estamos hablando del aborto por riesgo de salud materna- de la madre, sacrificando la del feto. Esta parte yo simplemente la suprimiría o la modificaría porque es un incongruente.

Con relación al artículo 8º no tendría sugerencias.

Con referencia al artículo 9º me surge una duda que deseo trasmitir para que, si es recogida, se la puedan plantear a los propios Jueces Letrados. Se expresa que "Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el asentimiento de quien debe prestarlo" -se está hablando de la menor, del asentimiento de los padres o representantes legales y, en ausencia o inexistencia de ellos, del guardador de hecho- si ese asentimiento no se obtiene, "habrá acción ante los Jueces Letrados competentes en materia de familia para que declaren irracional el disenso o brinden el asentimiento". Aquí puede haber una cierta resistencia de los jueces -quizás por formación y costumbre- a tomar la determinación porque pueden preguntarse: "¿podemos autorizar o asentir un aborto?" También es una decisión difícil, porque si el aborto es ontológica o primariamente un delito, el juez podrá luego de consumado el hecho resolver si lo pena o no. Pero autorizarlo se vuelve bastante difícil, y autorizarlo en una menor, más aún.

Esta es una reflexión que quizá evade lo concreto de la letra del proyecto de ley. En este caso, cabe preguntarse si no hay que evaluar lo que hoy decíamos acerca de la competencia de la menor y dejar a criterio médico -no sólo de quien vaya a practicar la maniobra, sino de un psiquiatra o de una junta médica- su capacidad y su competencia, de forma tal de poder avalarlas, así como la realidad que está sufriendo sin necesidad de recurrir al asentimiento de un Juez. Dejo planteado esto como una duda.

Por otra parte, en los artículos 8º, 9º y 10 no figura el rol del médico, aspecto que puede resultar muy importante a la hora de avalar y evaluar la etapa previa al asentimiento de los representantes legales de esa menor -o no tan menor- o gestante, competente y apta para decidir por sí sola, aun no teniendo dieciocho años. Reitero que no es un tema fácil.

El artículo 11 me parece excelente en cuanto a que sea considerado un acto médico, aun con las salvedades terminológicas que expresaba el doctor López y que comparto. Considero muy bueno que, de aprobarse esta iniciativa, no se fije un precio, porque hay casos en los que al precio le han seguido las clínicas y los abortos clandestinos. En consecuencia, creo que es muy importante recoger la gratuidad en este sentido, ya que lo haría más equitativo.

El artículo 12 presenta, a mi modo de ver, algunos problemas. El mismo hace referencia a las objeciones de conciencia y, a mi juicio, las limita un poco, porque habla de que cuando una persona recién recibida va a trabajar a una mutualista, debe manifestar su objeción de conciencia. ¿Por qué digo que las limita? Porque uno puede evolucionar y cambiar de manera de pensar, madurar o no, evolucionar o involucionar; eso quedará a criterio de cada uno. De pronto, queda obligado porque cuando comenzó a trabajar manifestó que iba a tener objeción de conciencia de realizar determinada práctica. Además, me parece un poco limitado el hecho de exigir al médico una manifestación previa. Hay casos tan ricos que, en algunos, puede tener objeción de conciencia, mientras que en otros no; en unos puede existir el resguardo de no cometer una omisión de asistencia, y en otros no tener esa objeción de conciencia. En fin; esta posibilidad de objeción de conciencia la dejaría más abierta.




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