Proyecto de ley sobre Aborto



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SEÑORA XAVIER.- En primer término quiero agradecer a los invitados por su concurrencia.

Más allá de que hemos leído sobre este tema por la preocupación que ello significa en un país como el nuestro, donde la mortalidad materna por aborto inseguro es tan alta y las consecuencias de morbilidad también son elevadas, queremos saber si tiene conocimiento de algún estudio que, de alguna manera, pueda reflejar la repercusión -porque me parece muy interesante el relato que nuestro invitado hizo- de un asunto tan polémico. Me refiero a la repercusión, sobre todo desde el punto de vista psicológico, que pueda tener una mujer sometida a un aborto inseguro, frente al de una que pueda realizárselo con las tranquilidades y las seguridades que le brinde otro lugar en donde esté despenalizado. También nos referimos a una mujer enfrentada a una maternidad contra su voluntad. Repito: quiero saber si existe algún estudio que pueda reflejar alguna línea de ese tipo. Lo consideramos importante porque una vez que toma una decisión de esta naturaleza, la mujer no da vuelta atrás, aunque sí puede llegar con la necesidad de que el profesional le indique los diferentes caminos. Ese es el tiempo útil, la ventana que tienen los profesionales para resolver y orientar una situación. Reitero que una vez que la mujer resuelve que no va a seguir adelante con el embarazo, nadie la hace volver atrás.

Me gustaría saber, reitero, si existe algún estudio a nivel internacional que pueda reflejar las repercusiones psicológicas de las mujeres enfrentadas a las tres posibilidades que mencioné anteriormente.

SEÑOR FAUNDES.- La pregunta que formula la señora Senadora es bastante compleja.

Hay un primer aspecto que es claro. Existen relatos de casos de mujeres para las que el aborto ha tenido un efecto desastroso desde el punto de vista psicológico. Sin embargo, los estudios que analizan sistemáticamente el efecto psicológico del aborto en la mujer, llega a la siguiente conclusión. Existe un informe del Ministerio de Salud -no recuerdo exactamente su nombre- de los Estados Unidos que, después de un análisis muy detallado de literatura sobre el tema, declara que el aborto no tiene efectos negativos en la salud de la mujer cuando es realizado dentro del marco legal.

Otra cosa que se sabe es que los hijos de mujeres que solicitaron un aborto y se les negó, tienen alteraciones psicológicas, de desempeño intelectual y conductual, significativamente más inapropiados que los hijos de mujeres que tuvieron un embarazo deseado.

No conozco ningún estudio que haya comparado mujeres que tuvieron su aborto en condiciones de riesgo, con mujeres que lo tuvieron sin condiciones de riesgo.

No hay diferencia en los efectos psicológicos según la edad: en adolescentes no hay más problemas que en las no adolescentes.

Hay diferencias según el origen de la decisión de abortar. Si la decisión de abortar fue de la propia mujer o si fue impuesta desde afuera.

Existen algunos estudios en mujeres que, por ejemplo, abortaron porque se les diagnosticó un defecto congénito en el hijo. Es difícil saber si se debe al hecho de haber tenido un hijo con defecto congénito o es el aborto lo que produce alteraciones psicológicas.

Otro elemento es que cuando las mujeres son muy religiosas y tienen una sanción negativa frente al acto de abortar también tienen un efecto psicológico más desfavorable que cuando no existe ese tipo de presión.

Es lo que puedo responder a la consulta planteada.

SEÑORA LOPEZ GOMEZ.- Antes que nada, quiero agradecer a los señores Senadores que nos hayan recibido y, especialmente, al doctor Faúndez.

Tal vez es por mi formación profesional, pero quisiera hacer una acotación a la pregunta planteada, como complemento de lo que ha respondido el doctor Faúndez. Seguramente, los señores Senadores han escuchado hablar del denominado síndrome postraumático, postaborto. En realidad, hay estudios y decisiones de las sociedades de psiquiatría como, por ejemplo, la norteamericana, que trabajó en la actualización del DSN 4 -que es el Manual de Gnosografía Psiquiátrica que se utiliza en nuestros países- y la posibilidad de incluir o no el síndrome postraumático, postaborto, como uno de los síndromes dentro del DSN 4. En el debate de la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría se descartó la posibilidad de incluir este síndrome, precisamente, porque los estudios no permiten afirmar que toda mujer que se practica un aborto por decisión propia presente este conjunto de signos descritos en el síndrome postaborto. Por el contrario, en los estudios realizados, en contexto de legalidad de la práctica -prácticas seguras, donde la mujer no pone en riesgo su vida, su salud ni se dejan secuelas desde el punto de vista sanitario, y donde, además, hay un proceso de acompañamiento; por otra parte, este proyecto de ley prevé un proceso de orientación y acompañamiento a la mujer en la toma de la decisión- los testimonios de las mujeres reflejan que los sentimientos asociados luego de la práctica del aborto no están relacionados con la culpabilización, el reproche o el intento de autoeliminación, tal como están descritos algunos de los signos que formarían parte de este síndrome postaborto. Incluso, en las estadísticas sobre causales de suicidio no aparece el aborto inducido como una causal de suicidio significativa en nuestros países, sino todo lo contrario.



SEÑOR FAUNDEZ.- Quiero aclarar que existe evidencia en cuanto a que para muchas mujeres que no se realizan un aborto, la alternativa es el suicidio, y eso está muy bien documentado. O sea, en lo que respecta al suicidio, puede decirse que se da más en los casos de negativa de aborto, que cuando se lo practica.

SEÑORA LOPEZ GOMEZ.- Precisamente, esto tiene que ver no sólo con la inseguridad de la práctica en contextos de ilegalidad, sino también con lo que genera dicho contexto a nivel de la gente. Al respecto, puedo decir que los estudios que se han realizado sobre los abortos que se practican en contextos de ilegalidad y de legalidad, muestran notables diferencias en cuanto a los sentimientos asociados con esta práctica. Es por ese motivo que no hay un consenso con respecto a la existencia de un síndrome post aborto, es más, se descarta la posibilidad de hablar de dicho síndrome, ya que ello implicaría que en todas las circunstancias los sentimientos asociados serían los mismos y, en realidad, los estudios no lo demuestran así. Como dije, existen diferencias notables en ambas situaciones desde el punto de vista del impacto psicológico de esta práctica.

SEÑOR RODRIGUEZ DE ARMAS.- En primer lugar, quiero aclarar que no soy Catedrático de Ginecología, sino que soy Profesor Agregado y estoy amparado a una jubilación. Estoy aquí como Presidente de la Sociedad de Ginecología del Uruguay, por un compromiso, como uruguayo, de estar al lado del profesor Faúndez dado que también trabajamos en América Latina por la salud sexual y reproductiva y, fundamentalmente, en el tema de la violencia contra la mujer. De manera, entonces, que como representante de la ginecología, no podía estar ausente ni separado del profesor Faúndez en su visita al Uruguay, nada menos que frente a vuestra representación; prácticamente es un compromiso moral que tengo, de compartir la distinción que nos han brindado al invitarnos a escuchar el asesoramiento del profesor Faúndez.

Muchas gracias.



SEÑOR PRESIDENTE.- El profesor hizo mucho énfasis en la tarea educativa que el proyecto de ley propone, como un instrumento adicional a la legalización de la práctica abortiva, haciendo referencia a los países del norte de Europa. Creo haber leído, hace ya un tiempo, un trabajo que señalaba que en algunos países nórdicos, luego de legalizarse la práctica del aborto, que se acompañó de un fuerte componente educativo, se observó que la tasa de abortos realizados había disminuido de manera vertiginosa; es decir, como que el componente educativo reforzaba el elemento de evitar con mayor fuerza un embarazo no deseado. Al respecto, quisiera que el profesor me aclarara el concepto.

SEÑOR FAUNDEZ.- De acuerdo con las informaciones concretas que existen, se sabe que es muy difícil evaluar el efecto de los programas de educación sexual. Pero, si comparamos los países que tienen buenos programas de educación sexual -que comienzan desde la infancia- con los que no tienen ese tipo de programas, se ve, por ejemplo en los países de Europa Occidental, particularmente en los escandinavos, que las tasas de embarazo adolescente y de aborto a esa misma edad, no llegan a la mitad de las de los países donde no existe ese tipo de programas de educación sexual. Por supuesto que estamos hablando de países desarrollados en las mismas condiciones.

Recientemente, apareció una revisión sobre el efecto de la educación sexual, el embarazo y la contaminación por enfermedades, como el SIDA. Luego del análisis de un número muy grande de estudios, se llegó a la conclusión de que la educación sexual entre los jóvenes que cumplen determinadas condiciones y que hacen del programa, un programa adecuado, no aumenta, sino que disminuye la frecuencia de las relaciones sexuales -atrasando su inicio- los embarazos y, por ende, los abortos. Es decir que frente a lo que la gente cree, en el sentido de que la relación sexual estimula la curiosidad, lo que sucede es que la educación sexual -dicho esto entre comillas- está en el ambiente. Cuando uno organiza la educación sexual adecuadamente en la escuela, no recibe las informaciones a través de los medios de comunicación, de revistas, etcétera, sino que recibe una formación que hace a la persona responsable de su sexualidad, que es el objetivo de la educación. De esta forma, disminuye -como muy bien decía el señor Senador- no sólo el número de abortos, sino también el de embarazos, la fertilidad, la edad de inicio de la vida sexual y el número de relaciones. Este aspecto es altamente positivo y constituye el primer ítem que habla de la planificación familiar, donde planificar es aceptar políticas en materia de educación sexual. Por todo esto, vuelvo a decir, que me gusta mucho este proyecto de ley.



SEÑOR PRESIDENTE.- Finalmente, quiero decir que es cierto que en nuestras sociedades hay un fuerte contenido de discriminación entre las mujeres que tienen medios socio-económicos y acceso a prácticas seguras, versus aquellas mujeres que por distintas razones, ya sean educativas, económicas, etcétera, no tienen acceso a estas mismas prácticas que recibíamos en el Hospital Pereira Rossell, cuando nos desempeñábamos como practicantes internos.

Concretamente, quisiera preguntar si esta discriminación no se acentúa en la medida en que hoy en día y por razones culturales y económicas, las mujeres de medios socio-económicos altos, tienen acceso también a nuevos combinados hormonales, como los comprimidos para el día después. ¿Ello no tiene otro componente de segregación hacia la mujer de escasos recursos que, muchas veces, va unido a un escaso nivel cultural? Simplemente, formulo esta pregunta como una curiosidad que tengo sobre el tema.



SEÑOR FAÚNDES.- El primero de los derechos sexuales y reproductivos -que fuera aprobado por la Asamblea de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, en Bolivia, el año pasado- es el ejercicio de la sexualidad sin violencia y sin riesgo de enfermedad y de embarazo no deseado. Eso significa defender el acceso a la anticoncepción de emergencia -a la que el señor Presidente llamó "píldora del día siguiente"- que es el mecanismo fundamental para evitar el embarazo cuando la mujer tiene relaciones sexuales contra su voluntad o en condiciones que no son las apropiadas para protegerse de un embarazo no deseado. A mi juicio, el ítem siguiente, que se refiere a planificar y hacer ejecutar políticas en materia de planificación familiar, apunta al libre acceso a la anticoncepción de emergencia para todas las mujeres, independientemente de su nivel social y económico.

En este sentido, quería aprovechar la oportunidad para decir que la anticoncepción de emergencia no debe confundirse con un aborto precoz, porque ella claramente actúa antes de la fertilización del logocito. De manera que, cualquiera sea la definición de aborto, ello no constituye un método de aborto precoz.

Por lo tanto, la otra cosa que es muy importante, es que la anticoncepción de emergencia es más eficiente cuanto más precozmente se aplique después de la relación sexual. Entonces, si queremos cumplir con el precepto de esta ley, es necesario que esté libremente accesible a toda mujer que haya tenido un acto sexual no protegido.

SEÑORA LOPEZ.- Quiero agradecer en nombre de Mujer y Salud en Uruguay y de la Comisión Nacional de Seguimiento -que son las dos organizaciones de mujeres que, junto con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, han hecho posible este grato esfuerzo de poder contar con la presencia del doctor Faúndes- a los señores Senadores el haber podido contar con este tiempo de diálogo para tratar esta temática. Nosotros como representantes de organizaciones sociales venimos hace mucho tiempo trabajando en pro de poder generar un debate lo más plural, tolerante y abierto porque, como en determinado momento dijo el doctor Faúndes, este es un debate que hace a la construcción de la ciudadanía y de la democracia y, además, no es un asunto privado ni personal, solamente, sino que también es un tema social, de alta incidencia en nuestro país. Por eso, estamos haciendo el esfuerzo de poder contar con personalidades de la talla del doctor Faúndes para que nos alimenten en el debate social y profesional sobre este asunto.

Reitero mi agradecimiento por el tiempo que nos dispensaron en este asunto.



SEÑOR FAUNDES.- No quiero salir de aquí sin decir cuán honrado me siento de poder estar conversando con ustedes sobre estas cosas y, además, aclarar que tengo una estrecha ligazón con Uruguay. Digo esto porque viví en Uruguay casi un año, entre 1960 y 1961; en 1958 vine por primera vez, pero estuve muchas otras veces, entre ellas, en 1973, cuando fui invitado por Caldeyro Barcia y residí casi tres meses en Montevideo. Por todo esto, lo siento un país muy próximo y, en general, me siento mucho más latinoamericano que chileno o brasileño y, Uruguay, es uno de los países por el que tengo mayor cariño. El hecho de que ustedes me hayan recibido aquí me demuestra, una vez más, el amor que Uruguay tiene por la democracia.

Muchas gracias.



SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Comisión, agradecemos la presencia de nuestros invitados no solamente por los conceptos vertidos y lo ilustrativo que ha sido la charla del profesor Faúndes, sino por esta expresión de cariño que, además, es recíproca. Por lo tanto, agradecemos con mucho calor esta visita.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 13 y 23 minutos)

DEFENSA DE LA SALUD REPRODUCTIVA
NORMAS
DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ,
DOCTOR HORACIO CASSINELLI MUÑOZ
y
DOCTOR HECTOR GROS ESPIELL

VISITA
_________________________
Versión taquigráfica de la sesión del día
5 de agosto de 2003
-Sin corregir por los oradores-

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 11 y 7 minutos)

La Comisión de Salud Pública da la bienvenida a los doctores Aguirre y Cassinelli Muñoz, a quienes ha invitado especialmente para que nos dieran su opinión sobre el proyecto que comienza a ser tratado por esta Comisión sobre la defensa de la salud reproductiva, el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes. Por iniciativa del señor Senador Correa Freitas se decidió, para iniciar el trabajo de la Comisión, convocarlos para recibir sus opiniones con respecto al referido proyecto.

Ustedes decidirán cómo ordenan sus exposiciones, aunque lo habitual es que cada uno utilice un tiempo para realizar su exposición, sin interferir con el otro.



SEÑOR CASSINELLI MUÑOZ.- Como todo proyecto de ley puede encararse desde el punto de vista de la legitimidad, es decir, si está de acuerdo con la Constitución y con los tratados internacionales, y desde el punto de vista del mérito, o sea, si sirve para los fines perseguidos.

En cuanto a la cuestión jurídica, a mi criterio se resuelve en el sentido de la legitimidad de la ley. No creo que haya en ese texto disposiciones inconstitucionales, por cuanto las referencias al derecho a la vida que existen en la Constitución, tienden a la protección del goce de la vida. En el caso concreto que nos convoca, este texto legal no está hecho contra el goce de la vida, sino a favor tanto del feto como de la madre, ello por una consideración de tipo estadístico.

La aplicación del actual régimen punitivo del aborto ha tenido consecuencias sociales contrarias a la eliminación del aborto. En todas las clases sociales se siguen realizando abortos, a pesar de la ley vigente. Además, se realizan en condiciones inconvenientes para la salud pública y para la salud de la madre y del futuro hijo.

Por ello pienso que no hay una inconstitucionalidad, sino una aplicación del artículo 7º en cuanto establece un modo paradójico -pero modo al fin- de protección del goce de la vida. Entiendo que habrá más vidas protegidas con la vigencia del proyecto de ley que se está tratando que con la legislación vigente que, por su misma naturaleza, tipificadora de delitos, es una invitación a la clandestinidad y, por consiguiente, al embarazo y parto en condiciones de riesgo o al aborto también en condiciones de riesgo para las dos vidas que están en juego.

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, que sería el otro aspecto de legitimidad del proyecto, tampoco creo que sea ilegítimo porque el Convenio Interamericano de Derechos Humanos, cuando se refiere al goce de la vida, utiliza las expresiones "por lo general", "generalmente" o "en general".

Esa frase fue establecida -y los distintos testigos de la historia fidedigna de la sanción están de acuerdo en ello- con el fin de darle más flexibilidad al precepto, es decir, dar entrada a posibles situaciones en las cuales no sea ilícito poner fin a una vida embrionaria desde la concepción en general. Pueden haber normas excepcionales respecto de esa generalidad, y en este caso se justifica especialmente por cuanto la finalidad de la norma no es limitar la garantía del derecho a la vida sino fomentarla, aunque como dije, en forma paradójica.

Si nos atenemos al problema no de legitimidad, sino de mérito o de conveniencia, francamente no es un tema que me incumba como constitucionalista pero sí como ser humano, partidario de la familia como valor y extremadamente entusiasmado con la idea de tener hijos y nietos. Entonces, no obstante eso, pienso que la solución de la ley, por las razones paradójicas que expliqué, resulta favorable para la institución familiar y para el mayor número de nacimientos viables de vidas protegidas.

Quedo a disposición de los señores Senadores para cualquier aclaración de esta opinión.



SEÑOR AGUIRRE.- Señor Presidente: en primer lugar agradezco a la Comisión de Salud Pública del Senado por esta invitación para poder dar mi opinión sobre este tan importante proyecto de ley. Aunque al igual que al profesor Cassinelli Muñoz nos han requerido nuestro juicio y criterio, obviamente desde nuestra condición de especialista en esa rama del Derecho que tanto queremos que es el Derecho Constitucional, no podemos desconocer como ciudadanos de nuestro país que el proyecto tiene otras implicaciones éticas, morales y filosóficas y que debe ser juzgado -tal como decía el profesor Cassinelli Muñoz con terminología jurídica- desde el punto de vista de su mérito, es decir, de su conveniencia o inconveniencia, de su oportunidad o inoportunidad.

Me voy a adelantar a abrir juicio sobre un punto que no me han requerido: creo que el proyecto es bueno. Considero que este proyecto, desde el punto de vista de las consecuencias prácticas, puede mejorar la situación actual, es decir, la situación que con clarividencia había previsto el codificador, el ilustre y eminente ciudadano José Irureta Goyena cuando no tipificó como delito el aborto en el Código, y explicó que no lo había hecho previendo las consecuencias que en la práctica se produjeron, ya que iba a producir un discrimen entre aquellas personas del sexo femenino que por su educación, medios económicos, posición familiar u otras razones, pueden interrumpir un embarazo en condiciones que protegen su salud y tienen los medios económicos para hacerlo y, por el contrario, tipificando esa situación como delito, se condenaba a las personas del sexo femenino que no están en la misma situación, a interrumpir en condiciones deplorables los embarazos con riesgo de salud, sin que la tipificación del aborto como delito conduzca a la eliminación de éste como hecho social que se da continuamente en la realidad.

Así que, desde ese punto de vista, comparto la filosofía del proyecto de ley. Ojalá el Capítulo I de este texto -integrado por disposiciones programáticas, como decimos los constitucionalistas- pueda traducirse en hechos concretos en el seno de la sociedad, aunque este es un problema que depende de la educación y, por ende, se trata de conquistas que se alcanzan a largo plazo. Aquí se aplica, pues, lo que una vez dijo el profesor Sayagués Laso en cuanto a que, en materia de Derechos Humanos, no hay que desalentarse porque no se consigan progresos en días o en meses, ya que hay cosas que se logran en años, en décadas o en siglos; en definitiva, algún día llegará.

Desde el punto de vista estrictamente constitucional, y también en cuanto a la incidencia del Pacto de San José de Costa Rica -que tiene la particularidad de ser una ley vigente y, al mismo tiempo, un Tratado ratificado por el país, por lo que tiene la doble condición de ser norma de Derecho Interno y norma de Derecho Internacional- ya adelanté mi opinión cuando la Comisión me hizo el honor de consultarme sobre el proyecto de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que planteaba algunos problemas aún más complicados que los que plantea esta iniciativa.

En realidad, hace unos momentos estaba releyendo la versión taquigráfica y me bastaría remitirme a lo que entonces expresé, pero como suele ocurrir, pensando nuevamente en los problemas y escuchando a quien fuera mi maestro en la Facultad de Derecho, el profesor Cassinelli Muñoz, empiezo a dudar de que haya acertado en lo que en aquel momento manifesté.

De todas maneras, reitero que a nivel constitucional -y aquí comparto la opinión del profesor Risso Ferrand cuando dice que esta norma deviene de 1830, por lo que resulta difícil de adecuar a circunstancias que los constituyentes de aquella época de gestación de la patria no podían prever, como es la evolución ética y científica- el artículo 7º establece que "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida", y luego enuncia otra serie de derechos fundamentales, o Derechos Humanos, como hoy se les llama. Obviamente, cuando se habla de "habitantes" no se está pensando en un ser gestado, y si bien el doctor Risso Ferrand ha señalado que no podemos guiarnos por las disposiciones del Código Civil sobre el domicilio para interpretar el precepto constitucional y el concepto de "habitantes", nos parece que en el lenguaje común y en la idea que todos tenemos, un habitante es una persona con individualidad propia, que reside en el país, lo que creo que no se puede aplicar a una persona recién gestada.

Sin embargo, a través del famoso artículo 72 de la Constitución de la República, incorporado en el año 1918 por iniciativa del doctor Alfredo Vázquez Acevedo, de alguna manera se siguieron los pasos o se adoptó el modelo -por decirlo de alguna forma- de la Constitución americana y de la Constitución argentina de 1853, y se protegió genéricamente, de acuerdo con una filiación jusnaturalista, los derechos inherentes a la personalidad humana. Parecería que allí sí está comprendido el ser que aún no se ha desprendido de su madre, que no ha nacido, pero que ya configura una manifestación de vida que solamente la madre puede interrumpir, ya que si se deja actuar a la naturaleza, esa persona nacerá y tendrá su individualidad, como todo ser humano.

Obviamente, esto se complica con nociones científicas respecto a desde cuándo hay vida humana, si a partir del propio momento de la gestación o después de las doce semanas, cuando hay actividad cerebral. Naturalmente, no opinaremos sobre esta cuestión, pues se nos ha solicitado nuestra opinión como juristas y no como científicos, que no lo somos.

En lo que tiene que ver con el Pacto de San José de Costa Rica, debemos recordar que, en cuanto ley, obviamente puede ser modificada por otra ley; pero en cuanto Tratado Internacional, la opinión que tengo -que la he explicado y defendido en mi obra "Derecho Legislativo" y que en lo esencial la reproduje en la exposición que hice la vez anterior ante esta Comisión- es que una norma de Derecho Internacional nace, produce sus efectos y se extingue de acuerdo con las reglas del Derecho Internacional y no del Derecho Interno de cada país. En tanto la Constitución de la República autoriza al Poder Ejecutivo -con la aprobación parlamentaria- a suscribir y luego ratificar Tratados, el Estado no tiene -ni ningún Estado- el derecho de desligarse de las obligaciones internacionales que ha contraído con arreglo a su Constitución, por el arbitrio fácil de dictar una ley posterior contraria al Tratado. Si eso fuera así, el Derecho Internacional no podría producir obligaciones y generar responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones que se contraen en mérito a sus disposiciones.

El doctor Cassinelli Muñoz decía recién que la norma establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, termina diciendo el texto. Parece claro que la disposición considera que a partir de la concepción hay vida. El profesor Cassinelli Muñoz dice que la expresión "en general", de acuerdo con los antecedentes y con la discusión que se dio en la Conferencia en la que se aprobó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, comúnmente conocida como Pacto de San José de Costa Rica, avala la interpretación de que la intención fue dejar una puerta abierta para que hubiera excepciones. Realmente, yo no lo puedo decir porque no he consultado esos antecedentes, pero respetando el texto parecería que no se puede interrumpir la vida humana desde el momento en que hay concepción. De todos modos, admito que como tantas cuestiones jurídicas, puede ser opinable. Por tanto, en lo estrictamente jurídico no comparto el punto de vista del doctor Cassinelli Muñoz sobre la interpretación del artículo 72 y del Pacto de San José de Costa Rica.

O sea que, de aprobarse esta ley, si habla mi conciencia jurídica no voy a estar de acuerdo, pero simplemente como ser humano, como ser pensante, creo que esta ley va a mejorar la situación actual. Considero que tenía razón el doctor Irureta Goyena y que la penalización del aborto, en sus consecuencias prácticas, ha sido totalmente negativa para la sociedad y sobre todo para las personas que tienen menos posibilidades de hacer valer sus derechos.

Lamentablemente, cuando se tienen que adoptar decisiones desde los Poderes de Gobierno -tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, y quienes hemos sido Legisladores lo sabemos bien- no hay soluciones buenas; tanto si se lo mira desde un enfoque como desde el otro, la solución es criticable, pero se trata de optar por el mal menor, y la situación actual, con la penalización del aborto en el Código Penal, evidentemente no es buena. Nos puede satisfacer en una concepción ética ideal, porque estamos penando la privación de la vida; nos puede satisfacer desde el punto de vista jurídico a quienes creemos en una de las bibliotecas -por ejemplo, el doctor Risso Ferrand es concluyente en la posición contraria a la del doctor Cassinelli Muñoz- pero evidentemente, en los hechos esta situación es mala. No nos podemos sentir satisfechos por algo que sabemos que en la práctica funciona mal; y no funciona mal en un problema menor, sino en uno de tremenda importancia para los seres que lo viven y lo sufren.

Por lo tanto, reitero que esa es mi opinión jurídica, pero a pesar de ella, creo que si este proyecto se aprobara se le haría un gran bien a la sociedad uruguaya.

Muchas gracias.





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