Proyecto de ley sobre Aborto



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SEÑORA ECHAGÜE.- Mi nombre es Rosario Echagüe y trabajo desde hace 12 años en el Hospital de Nueva Palmira, ciudad en la que vivo con mi esposo y mis dos hijas de 8 y 10 años.

El día 14 de agosto hizo exactamente un año que viví un hecho que me conmovió de tal forma que me llevó a escribir este testimonio. Como mujer y como médica siento que debo decir lo que ocurre en nuestros hospitales, reflejo de una grave problemática de nuestro país y que podría aliviarse -en parte- con la aprobación del proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva que hoy están estudiando en esta Comisión.

"Ella tenía 16 años y un bebe de seis meses -sin padre que se hiciera cargo- que aún amamantaba por las noches. Tenía educación primaria completa y algún que otro año de secundaria. Tenía una familia numerosa y muy pobre, con la que vivía, y que alimentaba a ella y su bebe. No tenía novio; tenía un retraso menstrual; tenía mucho miedo de estar nuevamente embarazada; tenía una pastilla para matar "tucu -tucu"; la tenía desde hacía tiempo. La había comprado cuando se enteró de su anterior embarazo pero, en aquel entonces, no se animó a usarla. La tenía guardada porque, ¡nunca se sabe!

Flavia no había tenido nunca acceso a la educación sexual y reproductiva, tampoco a las "clínicas de aborto seguras". En esas condiciones, un embarazo no deseado se vuelve una situación bien peliaguda, y con el tema del dólar, mucho peor. Aunque Flavia nunca vio un billete norteamericano y no tiene idea de lo que es un blastómero sintió, en su barriga y en su alma, el terrible efecto que ambos podían tener sobre ella y su familia.

Sólo tenía un retraso menstrual, un bebé de seis meses y mucho miedo; sólo tenía 16 años; ¡lástima!, también tenía esa pastilla de veneno que colocó en su vagina con la idea de abortar. La recibí en la puerta del Hospital de Nueva Palmira a las once y media de una noche triste, hace poco más de un año. Hacía una hora que se había puesto la pastilla. Tenía mucho dolor de barriga, una diarrea abundante -que olía muy mal- y vómitos imparables. Estaba muy pálida y temblorosa, no sabía lo que le estaba pasando y tenía mucho miedo. En la Sala de espera, un familión aguardaba a que yo, la médica de guardia, pudiera ayudarla. Ahora yo también tenía mucho miedo.

Llamé a cuanto médico y veterinario tuve a mi alcance. El veterinario que le había vendido el veneno y que podía informarme el nombre del plaguicida, había emigrado y estaba viviendo en España. Los otros, me daban pistas que no servían: no era un compuesto fosforado ni un anticoagulante, porque los síntomas no coincidían. Dos médicos llegaron de apoyo en cuanto los llamé. El ginecólogo lavó la vagina de Flavia y sacó los magros restos de veneno que aún no habían sido absorbidos; constató y me mostró la úlcera que había quedado en el lugar donde estuvo la pastilla. La médica de emergencia móvil vigilaba a Flavia, mientras yo llamaba por teléfono a Toxicología, en Montevideo, en búsqueda de un antídoto o de pautas para manejar la situación.

Su pulso se fue perdiendo y su presión se hizo intomable. Comenzó a adormilarse. "¡Flavia no te duermas. Flavia tenés que colaborar!"

La médica de toxicología estaba tan confundida como nosotras. Quedó en llamar a su profesor y tratar de obtener más información.

Flavia tenía mucho frío y le dolía el pecho; su presión ya era audible. De sus brazos salían las cánulas que nos permitían pasarle suero ´a baldes` y mantener su presión en 60/40. La cubrían 4 frazadas que no lograban abrigarla.

´Le duele el pecho’, me informó la madre. ‘Tranquila, ha de ser la angustia’, proyecté. ‘Viste Flavia, la doctora dice que estés tranquila, que ya llega la ambulancia para llevarte donde puedas estar mejor.’

Había reservado cama en el CTI más próximo y mientras pedíamos las autorizaciones pertinentes, llega de Montevideo el aviso de que la sustancia era seguramente fosfuro de aluminio, un potentísimo plaguicida.

‘De dónde lo sacó’ -me preguntó la médica de Montevideo- ‘no es de venta libre y además se usa en medio del campo.’

‘Estamos en medio del campo’, le contesté.

‘Mándala urgente a un CTI’, y siguió dándome indicaciones para mantenerla hasta que llegara la ambulancia.

A las dos de la mañana partió rumbo al CTI de Carmelo, a sólo 20 km. Con pulso lleno, presión 70/40, despierta y algo más calentita, despedí a Flavia.

‘¿Cómo está?’, me preguntó la mamá que no pudo acompañarla porque se quedó a cuidar del bebé. ‘Bueno está mejor que cuando llegó y va a un lugar especializado, yo creo que va a estar bien.’

Flavia hizo un paro cardíaco a las 6 de la mañana en el CTI de Carmelo. Varios médicos intensivistas y enfermeros especializados intentaron reanimarla por el lapso de una hora. Su corazón no pudo volver a latir.

Tenía 16 años, un bebé de 6 meses y mucho miedo. No tenía apoyo legal, ni social, ni económico, ni cultural, ni médico para afrontar con éxito la situación que le tocó vivir.

El semanario local informó ese fin de semana, que según la autopsia Flavia murió por los efectos directos del veneno y reveló, además, que no estaba embarazada.

Como mujer, como médica y como ciudadana yo me hago responsable de lo que pasó; esta muerte que por acción u omisión yo no pude evitar tiene que ver conmigo y me duele.

Unos meses más tarde, estaba pasando visita en sala a mis pacientes -también soy siquiatra- cuando desde un rincón una señora desconocida me llama. ‘Doctora, doctora Echagüe, acérquese que quiero agradecerle, usted trató a mi hija.’

‘De nada’ -le respondí- ‘¿cómo está ella ahora?’

‘Está muerta doctora, yo soy la mamá de Flavia, ¿la recuerda?’

Del rostro de la mamá de Flavia no me acordaba, pero de Flavia, sí. Me senté a los pies de la cama y ella comenzó a llorar. ‘Fue culpa mía doctora, usted hizo lo que pudo, la culpa fue mía y de los médicos de Carmelo; ella salió de acá hablando y en Carmelo la descuidaron.’

‘No doña, usted no tuvo la culpa y tampoco en Carmelo, el veneno era muy fuerte.`

‘¿En serio? ¿Usted está segura que hicieron todo lo posible?’

‘Sí, yo hablé con ellos y fue así.’

‘Pero yo sí soy culpable, si ella me hubiera dicho, otro bebé podíamos haberla ayudado a tener.’

‘Pero ella no le dijo y usted no podía saberlo.’

Pensó un rato en silencio y dijo: ‘Yo tengo la culpa doctora; yo permití que la alcanzara la miseria.’

‘La culpa no es de nadie madre o es de todos, pero no es suya. En este país las leyes no están hechas para ayudar a los pobres y esa es nuestra culpa y no otra.’

‘En eso tiene razón, a nosotros nadie nos ayuda. La noche del entierro de Flavia era un martes 13, ¿se acuerda? Y nosotros creíamos que era suerte. Totó, el bebé, lloraba desesperado, extrañaba la tetita. Un tío viejo le dio a Fanny -mi otra hija- la ropa de Flavia para que se pusiera y así se durmió tranquilo, con el olor de la madre, y así unos días hasta que se acostumbró.’

Personalmente, creo que cuando debatimos sobre leyes, o sea, sobre las normas que nos damos para convivir en sociedad, su discusión se enriquece y clarifica cuando la idea deja de ser abstracta y sustituimos los números y las gráficas por nombres y rostros concretos. Por ello traigo esta historia y algunas fotos de Flavia, de su hijo Tomás y de su mamá Nelda, que entrego al señor Presiente de la Comisión.

Así resulta más fácil ponerse en el lugar del otro, saber qué se siente en esa situación o, más concretamente, que sintió Flavia ese día y que la impulsó a hacer lo que hizo y que finalmente, y sin que ella lo deseara, la llevó a la muerte. Flavia, a pesar de ser mamá, era una adolescente, que no sabía cómo controlar su fertilidad, que provenía de un nivel social muy pobre. Creo que ella pensó que no podía darse el lujo de traer otra "boca" más a la familia, pero no se animó a decirlo, así como tampoco a consultar a nadie sobre lo que le estaba pasando, y decidió sola, como creo que lo hacen la mayoría de las mujeres que están en una situación similar a la suya. Pero Flavia era casi una niña, una niña desesperada, que ya tenía un bebé, que decidió sola y mal, y se murió. Ahora, ¿podía ella haber decidido bien? ¿Tenía ella realmente la posibilidad de elegir? Creo que no.

Cuando se discute sobre este proyecto de ley, a mi entender lo más importante es tener muy presente que ahora las mujeres más humildes no tienen la posibilidad de elegir. La ley, que no permite a ninguna mujer embarazada decidir sobre la pertinencia o no de traer un hijo al mundo, en realidad no lo permite solamente a las mujeres pobres. Las otras, entre las que me incluyo, tenemos el privilegio -gracias a nuestra posición socio-económica y cultural- de elegir. Hoy yo puedo acceder, sin mayores inconvenientes, a planificar mi vida y mis hijos a mi voluntad, y en caso de que quedara embarazada y sin desearlo, también podría acceder a un aborto en condiciones mínimas de higiene. Incluso, si quedara embarazada sin desearlo, también podría tener ese otro hijo. Yo tengo marido, puedo mantenerme; podría tener otro hijo sin problemas económicos efectivos y sin que ello significara una pérdida de calidad de vida de mis otras dos hijas. Yo puedo hacerlo y ese derecho no me lo brinda una legislación, sino que me lo da una situación social. Puedo defender mis derechos, incluso los que me han sido negados. Puedo pensar con independencia, sortear o sufrir con menor intensidad la presión social de lo que está bien y de lo que está mal, o de lo que es legal o ilegal, pero ese privilegio no lo tienen las mujeres de escasos recursos, las mujeres sin derecho, las mujeres sin voz, las que no importan, porque no tienen plata ni educación y por eso no pueden defenderse ni elegir. Porque si eligen abortar, seguramente mueran desangradas, infectadas o trágicamente, como murió Flavia. Y si eligen tener ese otro hijo no deseado, probablemente se sumerjan más en la pobreza económica o afectiva, ellas y sus otros hijos.

La ley vigente que penaliza el aborto es, a mi entender, inútil, injusta y discriminatoria. Inútil, porque no evita que las mujeres que quedan embarazadas sin desearlo, aborten si así es su voluntad. El aborto existe, y aquellos que argumentan en contra de su despenalización siguen hablando del aborto como si no existiera o como si sólo fuera a existir a partir del momento en que una ley lo apruebe. Lo cierto es que el aborto existe desde tiempos inmemoriales, tanto donde es legal como donde está prohibido, y va a seguir existiendo de todas maneras.

La ley es injusta y discriminatoria porque desfavorece -como ya dijimos- a las que menos tienen. Afecta nuestra libertad y atenta contra los derechos de las mujeres, pero la sufren con mayor intensidad las más pobres. Porque Flavia no murió sólo por el efecto del plaguicida, ya había comenzado a morir antes... y de puro desamparo. Tenía 16 años y un bebé en sus brazos, pero no tenía a nadie a quien consultar ni que pudiera ayudarla.

La ley vigente la condenó; el poder político la desamparó; el ser pobre la condenó;el no saber nada sobre el tema la desamparó.

Finalmente nosotros, los médicos, aunque me consta que hicimos todo para salvarle la vida, también la hubiéramos desamparado.

Señores Senadores y Senadoras: en sus manos que hoy nos representan está el destino sobre la vida o la muerte de numerosas mujeres. Dejemos por un momento de lado nuestras respectivas creencias filosóficas y religiosas sobre temas que ni aún hoy la ciencia puede saldar. Las mujeres pobres, para las que hoy más urgentemente ustedes deben legislar, no tienen opinión sobre en qué momento comienza la vida, pero saben fehacientemente cuándo empieza la muerte. Flavia lo supo, y en total desolación, y esa es nuestra responsabilidad. Pero ¿y las otras, las que sufren este problema hoy, las de mañana y las de pasado mañana? Ellas están vivas ahora; sobre eso no hay discusión. No las olvidemos nuevamente. Escuchemos su discurso. Es tan dramático y sordo que nadie lo quiere oír. Asumamos también que lo oímos desde afuera, que nosotros estamos a salvo. Amparemos sus vidas y la de sus hijos legislando a favor de una ley que contemple el legítimo derecho a decidir sobre un tema tan íntimo y privado, como es la maternidad. Seamos así partícipes activos, responsables y orgullosos de dar comienzo al final de esta pesadilla que sólo viven en todo su horror las mujeres más desposeídas. Para ellas, todo mi respeto y mi solidaridad."

Gracias por su atención.

SEÑOR PRESIDENTE.- Considero que después de este testimonio, deberíamos levantar la sesión y lamentar que esto no pueda ser escuchado masivamente, para comprender la gravedad que tiene este problema, así como también la tristeza que encierran los relatos que se han hecho aquí.

Les agradecemos su presencia y los testimonios.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 13 y 47 minutos)



DEFENSA DE LA SALUD REPRODUCTIVA
NORMAS
UNIVERSIDAD PARA LA PAZ
CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
E INFORMACION PARA LA PAZ
(CIIIP/UPAZ)
______________
Versión taquigráfica de la sesión del día
14 de octubre de 2003
- Sin corregir por los oradores -

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 12 y 14 minutos)

En nombre de la Comisión, damos la bienvenida a los representantes del Centro Internacional de Investigación de la Universidad para la Paz. Fueron convocados a los efectos de continuar analizando el proyecto de ley de salud reproductiva que, por otra parte, hace un tiempo bastante prolongado está a estudio de esta Comisión.

Nos han informado que este organismo ha realizado un estudio muy profundo -tal vez sea el único que de manera organizada y formal tenga el país- acerca de la problemática del aborto y sus derivaciones.



SEÑOR DOMINGUEZ.- Me llamo Roberto Domínguez y soy representante regional de la Universidad para la Paz. En Montevideo, en el marco de nuestros estudios sobre visibilidad de violencia venimos desarrollando lo que es la problemática del aborto. En particular, el equipo que me acompaña en la mañana de hoy está integrado por los señores Rafael Sanseviero y Américo Migliónico y las señoras Rosana Rostagnol y Mónica Guchín, y ha realizado una investigación de campo muy de fondo sobre este tema.

Nos ha parecido que sería interesante que los señores Senadores conozcan algunos aspectos de esta investigación. Quisiéramos informarles que dicha investigación será publicada en formato libro y se presentará el 11 de noviembre. Adelanto que estará al alcance de todos los que estén interesados en la problemática.

Pensamos que en el marco del debate que están teniendo en esta rama parlamentaria, algunas de las cosas que hemos encontrado en esta investigación podrían ser de su interés.

Ahora, preferiría que el equipo de investigación sea el que presente los resultados obtenidos en dicho proyecto.



SEÑOR SANSEVIERO.- En primer lugar, quiero informar que estuve a cargo de la investigación. Hemos presentado los resultados de dicho trabajo por escrito. Entonces, simplemente haré algunos comentarios ampliatorios a los efectos de poder habilitar a los miembros de la Comisión para que, en caso de que les surjan dudas, puedan plantear preguntas tomando como base la información que intentaremos brindar.

Quisiera empezar haciendo una precisión en cuanto al contenido y al alcance de la investigación que, como se ha dicho, va a conocerse públicamente a través de un libro llamado "Condena, tolerancia y negación del aborto en el Uruguay". Intentamos resumir en la presentación lo que ha sido el principal hallazgo de nuestro trabajo.

Se trata de un trabajo que se ha desarrollado en los niveles cuantitativo y cualitativo, y que ha tenido por objeto producir y aportar un nuevo nivel de conocimiento sobre un tema que, como todos conocemos, entra y sale periódicamente de la agenda del debate nacional. Durante décadas ha ingresado como proyecto de ley, como preocupación epidemiológica, como hecho político, como debate jurídico, ético y filosófico, y sobre él hay una afirmación que, en los hechos, ocluye la posibilidad de llegar a un nivel de consenso o de acuerdo, principalmente a nivel político. Estoy hablando de la ignorancia sobre cuál es la incidencia del aborto en el Uruguay, esto es, cuántos abortos se producen y qué significado tienen para la vida de la comunidad como un todo y para la vida de las personas en particular.

Estos son, pues, los dos ejes sobre los que se desarrolló nuestro trabajo y acerca de lo que versa el material que, como decía el señor Domínguez, el día 11de noviembre será presentado públicamente bajo la forma de un libro.

Trabajamos fundamentalmente en base a dos tipos de fuentes: indirectas y directas. Las fuentes indirectas -algunos de mis compañeros, como Mónica Guchín y Américo Migliónico, trabajaron específicamente en la estimación cuantitativa de la incidencia del aborto en el Uruguay- fueron recabadas fundamentalmente de datos oficiales. Trabajamos con registros del Ministerio de Salud Pública, con egresos hospitalarios de Salud Pública, con legrados de algunas de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, y también sobre la base de las estimaciones y de las evaluaciones de muerte materna por esta causa, con el censo de fecundidad y sobre el certificado del nacido vivo. Asimismo, trabajamos con fuentes directas, como clínicas en las que se practican abortos; concretamente, accedimos a 18 de todo el país. También nos vinculamos con algunos integrantes de redes, de los que vulgarmente se denominan "acarreadores", es decir, personas que facilitan el acceso a estas clínicas a mujeres que necesitan abortar, así como con 23 médicos, fundamentalmente de servicios públicos aunque, como todos sabemos, los médicos asisten también en servicios privados. Pero lo que nos interesó fundamentalmente fue conocer la experiencia de los médicos, en muchos casos, de los que atienden emergencias y, en otros, de los que trabajan en servicios gineco-obstétricos de Salud Pública, así como de administradores y directores de centros departamentales de atención de Salud Pública. En general, abarcamos un espectro amplio de centros y servicios en el país, especialmente en Montevideo y en lo que en nuestra investigación se define como la frontera, es decir, la zona limítrofe de Uruguay con Brasil, así como en el departamento de Salto. Esta distinción obedece a que a lo largo del proceso de investigación fuimos encontrando diferencias sustantivas entre las prácticas del aborto en la zona de Montevideo y los departamentos al sur del Río Negro, y lo que sucede en la frontera.

Trabajamos con mujeres que habían pasado por la experiencia del aborto. En tal sentido, accedimos a doce experiencias de ese tipo: diez de ellas en forma directa, es decir, de mujeres que lo habían protagonizado, y dos que correspondían a mujeres que habían fallecido como resultado de esta intervención, por lo que entrevistamos a sus familiares, a su entorno de amigos, a médicos que las habían atendido, etcétera, en un total de 16 personas.

Por gentileza de la Suprema Corte de Justicia, accedimos a expedientes judiciales radicados en diferentes Juzgados Penales donde nos brindaron una amplia colaboración que nos permitió leer los expedientes y entrevistar a los Jueces y a los funcionarios del Juzgado que habían estado vinculados con la investigación.

Visitamos en la cárcel a algunos practicantes de aborto procesados y trabajamos también con algunos funcionarios policiales, especialmente de Interpol, que habían estado afectados a investigaciones de este tipo.

Por último, trabajamos con organizaciones feministas y con algunas Organizaciones No Gubernamentales vinculadas indirectamente con esta temática. Inclusive, tuvimos que llegar hasta la República Argentina y, especialmente, a Brasil. En este último caso, accedimos a clínicas de ciudades ubicadas en la frontera con nuestro país y a hospitales fronterizos a los que acuden mujeres uruguayas con intención de abortar o para realizarse tratamientos post aborto.

Las entrevistas fueron personales y grupales, especialmente en el entorno de algunas mujeres que habían fallecido y de los médicos. En el origen de la investigación tuvimos, además, una muy rica entrevista colectiva con un grupo de médicos del centro hospitalario Pereyra Rossell.

El método de desarrollo de la investigación fue por saturación, es decir, efectuar la entrevista hasta el momento en que el nivel de respuesta que obteníamos nos demostraba que ya no se podía avanzar más o que ya no se podía incorporar nueva información, en virtud de que se repetía el relato aportado por otros.

Quiero agregar que en la mayoría de los casos nos fue posible cruzar la información, o sea que entrevistamos a un practicante de aborto y también a mujeres que se habían hecho abortos con él, así como a los médicos que habían atendido a algunas de ellas. En consecuencia, la consistencia de la información recibida es para nosotros importante.

En relación al primero de los cinco puntos que figuran en el resumen escrito que hemos puesto a disposición de la Comisión, y en lo que tiene que ver con la estimación de la incidencia del aborto en el Uruguay, diré que antes de iniciar nuestro propio trabajo de estimación recurrimos a muchas experiencias internacionales, entre las cuales seleccionamos -y en ella trabajamos durante muchos meses- la que desarrolla el Alan Guttmacher Institute, que ha llevado a cabo investigaciones de este tipo sobre todo en América Latina.

El intento por desarrollar esos modelos nos llevó a resultados que terminaban siendo absurdos en cuanto al significado que tenían. Vimos que esas metodologías no daban cuenta de la realidad que nosotros, por otro lado, estábamos percibiendo empíricamente a lo largo de nuestro trabajo de campo. Sobre todo, eran incontrastables con algunos datos.

 

Cuando uno habla de 200.000 abortos en el Uruguay, se está manejando un nivel de incidencia de esta práctica que nos indicaría que la actividad reproductiva de las mujeres en nuestro país sería prácticamente la única a la que se dedicarían, porque es imposible imputar que existan 200.000 abortos más los nacimientos. De manera que descartamos la utilización de ese método a partir de desarrollarlo, y no de evaluar teóricamente que no servía.



En ese contexto fue que percibimos que era muy valioso hacer un cruce entre lo cualitativo y lo cuantitativo y, el principal hallazgo, fue descubrir en primer lugar, que no hay una sola forma de práctica del aborto en Uruguay, sino que existe una diversidad de procedimientos y de formas. Por lo tanto, intentar captarlo a través, por ejemplo, sólo de los egresos hospitalarios y proyectarlo en una cifra como la que se construye por el método Alan Guttmacher Institute, no nos resolvía el problema. En ese sentido, definimos una estrategia orientada en tres direcciones que consistía en estimar los abortos que se realizan en el Uruguay a través del análisis de la capacidad de las mujeres de acceder a los distintos tipos de abortos, ya que el punto es que las mujeres masivamente acceden a ellos. Sobre esto, quiero precisar algunos aspectos.

En las estimaciones que se hacen en América Latina, se parte de la base de que la mayor parte de los abortos no se realizan en clínicas; en Uruguay sucede exactamente lo contrario: el 81 % de los abortos que hemos estimado se realizan a nivel de clínicas de distintas características y calidades y sólo el 19 % restante se lleva a cabo fuera de este circuito, es decir, a través de prácticas autogestionadas por las mujeres o en contexto de vecindades o vías de otra naturaleza. A partir de esto, definimos tres categorías de mujeres según su capacidad de acceso al aborto.

Por un lado, tenemos a las mujeres de escasos recursos económicos y de escaso capital social, es decir, las que no tienen acceso a las clínicas. Cuando hablamos de capital social, nos estamos refiriendo a la capacidad de una mujer, más allá de sus capacidades económicas reales, de interactuar con otras mujeres y con otros entornos de manera de poder acceder a un aborto. Este primer grupo está integrado, reitero entonces, por mujeres de escasos recursos económicos y de escaso capital social y, por lo tanto, no tienen acceso a ninguna clínica. Estos abortos los estimamos a partir de los egresos hospitalarios del sector público por causa de embarazo terminado en aborto, lo cual está definido en la Clasificación Nacional de Enfermedades en su décima revisión en la Categoría 0000 08. Para poder hacer esta estimación, contamos con una muestra expandida del 20 % de los egresos por estas causas en todos los hospitales, a partir de una muestra del Ministerio de Salud Pública, e imputamos el porcentaje de esos egresos sobre el total de nacimientos del sector público del país. Ese procedimiento nos dio que estas mujeres, que no acceden a las clínicas y cuyos abortos podemos registrar de esta manera, alcanzan a 4.289 en el interior del país y a 1.718 en Montevideo, llegando a un total estimado de 6.007 abortos anuales de mujeres que los realizarían fuera del circuito de las clínicas.

 

Para las mujeres del sector social medio del interior del país, es decir, para aquellas que cuentan con medios económicos para acceder a clínicas radicadas en sus lugares de residencia o próximas a ellos, contamos con información de diez clínicas del interior del país, referida a tipo de práctica que utilizaban para hacer el aborto, cuánto cobraban y al perfil de las usuarias, pero no teníamos -como disponíamos en otros casos- información circunstanciada o un registro importante de cuántas mujeres se atendían por semana, por mes o por año. Sin embargo, de una de estas clínicas que está ubicada en una capital departamental, sí teníamos un registro de actividades que abarca de julio de 1989 a diciembre de 2001, un perfil bastante preciso de las usuarias -es decir, del tipo de mujeres que concurrían a esa clínica- y el precio que les cobraban. Relacionamos entonces el promedio de abortos anuales de esa clínica con los nacimientos del departamento y expandimos esta relación al total de nacimientos del interior del país de todos los sectores. Esto nos da como resultado que en estas clínicas, mejor dicho, estas mujeres, se realizarían un total de 11.000 abortos anuales en el país. Para las mujeres de sector social medio y alto de Montevideo e interior, contando con información proveniente de ocho clínicas de Montevideo, para el período que consideramos 2000 - 2001, observamos que hay rangos diferentes. Nosotros contamos con información de algunas clínicas de Montevideo que abarca diez años, en algunos casos dos y en otros un año, pero el núcleo duro de información con que contábamos era prácticamente con relación a los años 1999 - 2001, por lo cual focalizamos el año 2000. Para estas ocho clínicas, por el nivel de desagregación con que contábamos, entre ellas se podía percibir que había un promedio de 75% de mujeres de Montevideo que iban a abortar en esas clínicas y un 35% que provenían de distintos departamentos del interior lo cual, en el cruce de las entrevistas con mujeres y con otras personas a las que accedimos, se fundamenta en el hecho de que muchas mujeres de sectores medio y medio alto del interior no recurren a las clínicas locales, sino que se trasladan a Montevideo en busca de un nivel de atención que le brinde mayores garantías y, además, privacidad.



Tomando los datos de estas clínicas llegamos a la conclusión de que en ellas se produciría un total estimado de 16.000 abortos anuales, lo cual nos da para el año considerado, año 2000, 33.000 abortos anuales como base. Digo como base porque en todo este trabajo hemos hecho un esfuerzo muy grande para no inflar las cifras y para no ceñirnos a números que pudieran ser consistentes desde todos los tratamientos que se le pueden hacer a este tipo de datos para lograr resultados consistentes.

Estos 33.000 abortos anuales, cifra que como se puede advertir está bastante por debajo de muchas que se han manejado históricamente en el país, significan en primer lugar una tasa de aborto del 38.5%, o sea, la proporción del número de abortos con respecto al total de nacimientos más abortos. Esto colocaría al Uruguay en un doceavo lugar en un ranking de ochenta y un países considerados en algunos estudios serios a nivel internacional. Esto también quiere decir que en el Uruguay, de cada diez concepciones cuatro se abortarían. Esto en lo que tiene que ver con una estimación.

 

Desde el punto de vista de un análisis que aborda al aborto como hecho social, como acontecimiento, ¿cómo sucede el aborto en la sociedad uruguaya? Una primera conclusión que arrojan las cifras, en primer lugar, es que la sociedad uruguaya sigue recurriendo al aborto como un medio para regular la fecundidad.



Esto ha sido estudiado a lo largo de décadas y parece resultar consistente con el mantenimiento del número de nacimientos estables y con las valoraciones que se han hecho con relación a la eficacia de la difusión de los métodos anticonceptivos en nuestro país, sobre lo cual ha habido críticas consistentes.

Por otra parte, quisiéramos destacar de nuestro trabajo un hecho que resulta evidente y es que cada aborto es un acto privado que protagoniza una mujer pero, al mismo tiempo, es un hecho social. Con esto queremos decir que la gestión del aborto ocurre en el contexto de un denso tramado social del que participan múltiples actores. O sea, no se trata de una situación aislada ni personal ni circunscripta a la vida de una persona, sino que está circunscripta en un conjunto de situaciones que se vinculan con otros ámbitos o campos de la vida social. Un aborto es el resultado de un embarazo no viable; dicho de otro modo, una mujer al estar embarazada encuentra que por algún motivo no puede continuar con el embarazo. En esta medida esa necesidad de abortar es el resultado de un embarazo en esas condiciones, más un conjunto de vulnerabilidades socialmente producidas.

En ese sentido, nuestro trabajo ha identificado tres niveles de vulnerabilidades.

Existe la vulnerabilidad individual que tiene que ver con el momento vital de la mujer, con los problemas familiares, emocionales, de salud u otros. En este sentido, resulta imposible hacer un inventario de las circunstancias que determinan que un embarazo es inviable.

Por otra parte, hay vulnerabilidad de naturaleza social que es aquella que se da en el contexto socioeconómico en el que la mujer está inscripta.

Y, finalmente, existe vulnerabilidad de tipo programática que tiene que ver con la existencia o no de programas y políticas públicas en relación con la salud reproductiva y sexual y, en particular, con la inaccesibilidad legal a interrupciones de embarazo.

Un tercer nivel, sobre el que nos pareció pertinente informar, es el de los procedimientos y las prácticas para abortar a que recurre la sociedad uruguaya. En este sentido, nosotros hemos relevado 22 tipos de procedimientos para interrumpir embarazos.

Básicamente, los abortos se gestionan sobre la base de dos ejes, líneas o caminos. En el primero, están los abortos medicalizados que son los que se producen en las clínicas y que, en general, ocurren por mediación de profesionales de la salud. Y, en el segundo, encontramos a los que hemos dado en llamar "saberes populares", que son los abortos a los que recurren las mujeres que no tienen acceso a los abortos medicalizados.

Como he dicho, el 81% de los abortos que hemos estimado se producen en el ámbito medicalizado, mientras que el 19% restante, se realiza mediante prácticas populares. Da la sensación de que en lo que se refiere a la medicalización de la vida colectiva -o sea, al peso de lo médico en la vida colectiva- y a la mercantilización de la medicina, la gestión social del aborto sigue otras tendencias generales de la sociedad uruguaya. Digo esto porque el aborto es un acto médico de naturaleza comercial, como lo son tantos otros servicios que existen y que son legales.

La práctica mayoritaria del aborto se presenta como un servicio médico, público e ilegal de gestión privada. En este sentido, todas las prácticas y procedimientos que hemos relevado, independientemente de que se gestionen en el ámbito medicalizado o como prácticas populares, representan experiencias de violencia material o simbólica y de abatimiento de derechos para aquellas mujeres que los protagonizan.

Un cuarto punto sobre el que queremos llamar la atención tiene que ver con lo que hemos definido como las transiciones entre la condena y la tolerancia del aborto. Hemos dicho que 33.000 abortos anuales estimados suponen un consenso social de hecho, que articula el nivel normativo y discursivo de condena -que es lo que predomina en la sociedad- con una práctica de la sociedad que lo tolera. Esto sucede en una trama social donde nosotros hemos identificado lo que llamamos espacios de deslizamiento entre la condena discursiva y la tolerancia práctica. En algunos casos, estos espacios son difusos; se trata de redes informales -muchas veces femeninas, aunque también participan hombres- donde circula la información sobre cómo, dónde y con quién abortar. En otros casos, son entramados estables de intereses económicos vinculados a la práctica del aborto en tanto negocio médico. O sea que hay una zona

-que hemos identificado y sobre la que nuestra investigación da cuenta en forma pormenorizada- de un sistema de intereses.

Quiero recalcar que en nuestro trabajo y valoración hemos eludido todo juicio moral sobre quién hace qué cosas en esta situación, porque lo que nos parece más relevante es percibir o poner de manifiesto cómo la sociedad, como conjunto, convive con ella.

Nosotros hemos percibido -y esto es lo que ha dado título a nuestro libro- que la sociedad articula la condena y la discursiva con la tolerancia práctica a través de la negación o "invisibilización" del hecho. Esta es la forma en que se resuelve este nivel de conflicto fuerte que tiene una práctica masiva, articulada en una densa trama social de la que participan numerosos y calificados actores. Estamos pensando en el campo médico, en el policial; en fin, estamos pensando en lo que nos aportan, como reflexión y como conflicto de su práctica, los jueces que se enfrentan a una mujer que está acusada de haberse practicado un aborto.

Por último, tenemos un quinto nivel de análisis -que, finalmente, queremos aportar a esta Comisión- y es lo que definimos como los significados y las resignificaciones de la penalización del aborto.

Como todos sabemos, la caracterización del aborto como un acto criminal data de fines del Siglo XIX, con el breve interregno de legalidad de 1934-1938 que, por otra parte, fue bastante formal por una serie de situaciones que se dieron en ese período y que lo convirtieron en algo efectivo.

De acuerdo a informaciones que nosotros obtuvimos del Instituto Técnico Forense, los procesamientos por el delito de aborto en los años 2000 y 2001 fueron 16 en cada uno de ellos. Quiero aclarar que se trata de 16 procesamientos por delitos conexos con el aborto, porque los que se dieron en virtud del artículo 325 del Código Penal -que es el que establece que aquella mujer que produzca su aborto debe ser procesada- fueron menos. Esto supone que sólo el 0,04% del total de abortos estimados resultó punido.

Por otra parte, una serie de informaciones que también nos proporcionó el Instituto Técnico Forense relativas a los años 1989 a 1997 arrojan un promedio de 14 procesamientos anuales, lo que reafirma ese porcentaje de 0,04%.

Todo esto pone de manifiesto que la ley que penaliza el aborto ha caído en desuso, o sea que, desde el punto de vista de sus efectos en la población en el sentido de disuadir la práctica del aborto, no tiene resultado. Desde el punto de vista de la actuación de las instituciones del Estado que deben velar por el cumplimiento de esa ley, sucede exactamente lo mismo, o sea que da la sensación de que esas instituciones actúan en consonancia con el consenso social.

Sin embargo, sí tiene efectos en otro nivel -aspecto sobre el que no voy a extenderme mucho porque he tenido oportunidad de leer las versiones taquigráficas de otras comparecencias en esta Comisión, que han sido muy elocuentes en este sentido-, porque la ley tiene un gran efecto social, como producto inhibidor. O sea que la ley o el miedo a la incriminación determina que las mujeres realicen consultas tardías o no las hagan, lo cual tiene incidencia en el nivel epidemiológico y que médicos, especialmente de Salud Pública -sobre esto ha habido, en nuestra investigación, múltiples testimonios en todo el país-, se nieguen a atender a mujeres que demandan abortos o, en caso de que la mujer se presente con complicaciones derivadas de haberse practicado uno, se sientan en la obligación de denunciarlo, lo cual refuerza el miedo de la comunidad. Esto también lleva a que los practicantes de abortos rodeen su actividad profesional de precauciones, lo que refuerza los niveles de violencia -material y simbólica- en que esto ocurre y los riesgos en que se producen estas intervenciones.

Lo interesante es que todo esto se realiza con pleno desconocimiento, por parte de todos los actores, del hecho de que la mayor parte de los abortos que se practican podrían encontrarse comprendidos en los eximentes y atenuantes que establece el artículo 328 del Código Penal. Esto sucede con desconocimiento de que, tanto en los niveles legales administrativos como en los códigos de ética médica, no existe ningún elemento sustantivo que indique que los médicos deben actuar de acuerdo a la forma en que lo hacen. Esto sucede, además, en un país en donde, según nuestras estimaciones, se producen aproximadamente 33.000 abortos anuales, de los cuales se penaliza efectivamente el 0,04%. Y como decía algún médico jerarca del Centro Hospitalario Pereira Rossell, esto sucede como resultado del desconocimiento de la ley y de una tradición oral, porque cuando se reclamó en ese Hospital que se presentara la normativa que indicaba que era obligación de los médicos denunciar a estas mujeres, esa normativa no pudo ser hallada porque es una tradición oral, una recreación o una resignificación de lo que los niveles legales de nuestro país indican.

El Sindicato Médico del Uruguay, la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay y la Facultad de Medicina han puesto de manifiesto, en forma elocuente, el significado epidemiológico de todo esto, cual es que el aborto es la principal causa de muerte materna en el país.

Básicamente, esto es lo que quería plantear como introducción al material que hemos traído.




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