Proyecto de ley sobre Aborto



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SEÑORA PEREZ AZZIZ.- No debemos olvidar que las menores de edad, por su propia inexperiencia, reconocen tardíamente que están embarazadas y, si lo hacen a tiempo, procuran ocultarlo lo más posible.

Incluso, no sé si alguna vez se podrá cumplir el plazo de doce semanas de que habla la ley. Planteo esto porque, según nuestra experiencia, las chicas ocultan el embarazo o se enteran de que están gestando cuando el embarazo está bastante avanzado, por lo que puede darse el caso de que se presenten un día antes del vencimiento del plazo de las doce semanas.



SEÑOR PRESIDENTE.- El planteo que formulan nuestros visitantes nos enfrenta a otro problema, que es la decisión del profesional médico de realizar una práctica riesgosa en una menor sin el consentimiento de los padres, cuando en la práctica médica está muy arraigado el concepto de que toda maniobra o procedimiento efectuado a un menor debe contar con la autorización de los padres.

SEÑORA PEREZ AZZIZ.- Pero, en ese caso, se está trasladando la responsabilidad del médico al Juez.

SEÑORA DIAZ.- ¿Quién está más capacitado para saber cuál es el riesgo, el médico o el Juez? Si es el médico, entonces, que afronte la responsabilidad y que lo haga. Si existe una ley que lo autoriza a hacerlo, creo que la responsabilidad debe ser afrontada por los médicos. Además, en realidad, es un problema médico, porque después de que la chica resuelve si se lo hace o no, el médico es quien tiene que evaluar si existen o no riesgos y cuáles son. ¡Qué puedo saber yo de medicina más que determinar si alguien tiene o no fiebre!

SEÑOR PRESIDENTE.- Cabe aclarar que cualquier procedimiento médico conlleva riesgos, hasta en las mejores circunstancias. Tal vez el médico esté decidido a afrontar esa responsabilidad, pero en el fondo de todo esto existe un problema cultural que no se va a poder subsanar diciendo que sobra tal artículo o sea que hay que eliminarlo y que es el médico el que debe decidir. El problema cultural al que me estoy refiriendo es que ningún profesional va a tomar la decisión de practicar un procedimiento a una menor de edad -menos aún un aborto- sin el aval o consentimiento de sus padres.

SEÑORA PEREZ AZZIZ.- Si nosotros damos un consentimiento para un aborto y el médico, evaluando el caso, dice que la chica corre riesgos, ¿va a cumplir con el mandato judicial de practicarle el aborto aunque él considere que es riesgoso? No; o sea que siempre va a decidir con su conciencia si es o no conveniente practicar el aborto. Por eso digo que dar al Juez la responsabilidad de decidir por sí o por no es trasladarle su propia responsabilidad, porque ambos, tanto médico como Juez, vamos a estar decidiendo sobre la vida de la menor de edad y de su feto. Sin embargo, existe una diferencia: a nosotros la ley nos impone dar ese consentimiento y al médico, solamente su conciencia.

SEÑORA DIAZ.- Querría hacer una observación. El señor Presidente habla de un problema cultural. Déjeme decirle que en el Uruguay no existe la pena de muerte y, si algún Juez entiende que con su veredicto está dando a alguien la pena de muerte, no lo va a decir por más que lo sienta; eso también es algo cultural, señor Presidente. Nunca decidimos sobre la vida o la muerte de alguien y, en realidad, no nos gusta hacerlo. Un doctor en lo penal, ante el error, deja a la persona afuera para no coartar la libertad. Y si, en este caso, tenemos que decidir sobre la vida de alguien, ¿no es algo cultural? Es más cultural lo nuestro que lo suyo.

SEÑORA PEREZ AZZIZ.- Voy a hacer otro comentario de índole penal, de atrevida que soy, porque esto deben decirlo los Jueces Penales. Simplemente, quiero plantear algo con respecto al tema de las modificaciones del delito. Creo que hay una redundancia -y así se lo comenté al doctor- ya que el artículo 15 prevé la modificación del Código Penal en cuanto a los delitos de aborto y en el artículo 325 se establece cuándo el aborto es delito, que es cuando se practicare en incumplimiento del proyecto de ley que estamos considerando.

Luego, en el artículo Nº 327 se habla del aborto con consentimiento de la mujer, y dice que no constituye delito cuando es consentido por la mujer en las circunstancias, plazos y condiciones previstos por la ley. Si en el artículo Nº 325 ya se está diciendo que es delito cuando no se cumpla con la ley, entonces el artículo Nº 327 está de más.



SEÑOR PRESIDENTE.- Algún penalista opina que lo que abunda no daña.

SEÑORA PEREZ AZZIZ .- Por eso antes de realizar el planteo, aclaré: "de atrevida que soy y recordando mis conocimientos de Derecho Penal". De todos modos, eso lo va a decir más claramente la Comisión de Derecho Penal.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión agradece la presencia a los señores representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay, no sin antes indicar que han sido muy removedores los planteos que se han hecho, así como las discusiones y el intercambio de opiniones que hemos tenido, porque aportan mucho al debate que se va a mantener en el futuro, ya que, se apruebe o no el proyecto de ley, este es un tema que va a estar en el tapete. Por lo tanto, lo valoro como muy positivo y agradezco infinitamente, reitero, la comparecencia de ustedes en la Comisión.

SEÑOR BORGES.- Muchas gracias.

 

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay)



DEFENSA DE LA SALUD REPRODUCTIVA
NORMAS
COORDINACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES
SOCIALES POR LA DEFENSA DE LA
SALUD REPRODUCTIVA
VISITA
_________________
Versión taquigráfica de la sesión del día
16 de setiembre de 2003
- Sin corregir por los oradores -

(Ingresa a Sala una delegación de la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales para la Defensa de la Salud Reproductiva)



SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Comisión, damos la bienvenida a representantes de la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales para la Defensa de la Salud Reproductiva.

Les concedemos el uso de la palabra en el acuerdo de que ustedes van a comentar el proyecto de ley que esta Comisión está analizando que refiere, justamente, a la salud reproductiva y, por lo tanto, es muy importante la opinión que brinden.



SEÑORA VITALE.- Adelanto que, en primer término, cada uno de nosotros se va a presentar y, en segundo lugar, comenzaremos a dar nuestro punto de vista en torno a este proyecto de ley.

He venido aquí en nombre de la Comisión Nacional de Seguimiento "Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía", que representa a más de 40 organizaciones de mujeres y feministas de todo el país.



SEÑOR ALVAREZ.- Soy sacerdote afroindígena del Consejo de Estudios y Difusión de las Religiones y Culturas Africanas y Amerindias -que representa a más de 200 templos afroumbandistas en todo el país- y voy a dar mi postura sobre el proyecto de ley.

SEÑORA DE LOS SANTOS.- Estoy aquí representando a Organizaciones Mundo Afro del Uruguay.

SEÑORA ECHAGÜE.- Si bien estoy acompañando esta delegación, cabe señalar que no vengo en nombre de ninguna organización.

SEÑORA GINES.- Tengo 19 años y estoy aquí en representación de las organizaciones de jóvenes que trabajamos dentro de la Coordinación.

SEÑOR GOICHEA.- Vengo en nombre del movimiento sindical como integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

SEÑORA ABRACINSKAS.- Integro una organización llamada "Cotidiano Mujer" y dentro de ella una coordinación denominada MYSU, Mujer y Salud en el Uruguay.

Como se dijo, para hacer la presentación no vamos a hablar todos, sino solamente tres personas, a los efectos de abordar distintos aspectos que nos competen con relación a este proyecto de ley.



SEÑOR ALVAREZ.- Como religioso de las religiones afroindígenas en el Uruguay, pero también intentando reflejar el pensamiento de compañeros que están dentro de la Coordinación -religiosos también- como gente del Grupo de Bioética de la Iglesia Valdense del Uruguay, de la Iglesia Metodista del Uruguay y de iglesias católicas por el Derecho de Decidir, así como también de otras organizaciones, debo decir que apoyamos este proyecto de ley, que creemos -viéndolo desde un punto de vista estrictamente religioso- necesario, porque no nos queremos encerrar en una lucha de cuestiones religiosas.

Creemos que el tema del aborto no está comprendido en los fundamentos de las religiones ya que, estudiándolo teológicamente, no parte de esas bases. Sin embargo, nuestras religiones, nuestras comunidades, siempre han tenido este tema en la base de su educación. Entendemos que la educación a los chicos y chicas es fundamental y, en tal sentido, las comunidades indígenas y africanas lo toman como una gran prioridad. Desde chicos se les enseña a los niños a enfrentarse a la vida y se les explica cómo situarse ante la sexualidad de cada uno. Eso sí entra en nuestros fundamentos y es lo que entendemos que falta en la sociedad. No vemos que, frente a las chicas y mujeres, se tenga un sentir de respaldo a su educación sexual lo que, reitero, sí es base fundamental en las comunidades indígenas y africanistas y en otras también.

Lo que vemos de positivo en este proyecto de ley es el hecho de buscar desde el Estado una coordinación y una base de trabajo para la educación y para llevar el conocimiento a todas las chicas y mujeres. Esto lo decimos desde la base de la experiencia que hemos tenido en nuestros templos a los que constantemente llegan menores de edad que no saben qué hacer ni cómo enfrentar esta situación porque no tienen el conocimiento necesario; no saben a dónde dirigirse. Además, con la legislación actual del Uruguay, tampoco disponemos de muchos caminos para enfrentar esas circunstancias.

En este sentido, entendemos que debe haber un instrumento legal que, principalmente enseñe, eduque y cree políticas afirmativas en relación a este tema. Por otro lado, las mujeres deben tener dónde apoyarse porque a los médicos y a los técnicos es a donde deben recurrir para llegar a la decisión del aborto. Debemos tener en cuenta que no se debe llegar a esa determinación porque sí, y también allí queremos poner un freno; no es una cuestión de aceptar libremente el aborto y que se haga en forma impensada. En tal sentido, creemos que este proyecto de ley está acertado al establecer límites y apoyamos la penalización que se establece frente a determinadas circunstancias. A su vez, entendemos que la sociedad en su conjunto debe asumir la responsabilidad por lo que está sucediendo. Nos parece muy mal que existan las llamadas "carnicerías" a las que las mujeres deben recurrir por no disponer de recursos económicos. Como religiosos, entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Tenemos que lograr la igualdad entre todas las personas, sin importar la religión o la creencia que cada una profese. Ahora estamos viendo que de hecho hay diferencias, porque la mujer que dispone de determinada cifra de dinero puede enfrentar la situación de aborto en clínicas totalmente preparadas. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres, la mujer pobre, no tiene cómo hacer frente a esto y las consecuencias que quedan después de estos abortos son verdaderas carnicerías. No podemos llamarlas de otra forma cuando vemos que hay casos de mujeres que terminan muriendo por estos procedimientos. ¿Qué hacemos entonces como religiosos? ¿Obviamos el sufrimiento de la mujer o tomamos como primera medida el buscar desde el Estado y desde la sociedad en su conjunto un lugar en el que ella se pueda apoyar, desde la educación y desde el Ministerio de Salud Pública para que exista la idea clara de que la mujer no tiene que llegar a este tipo de discriminación?

Podemos hablar mucho rato de este tema desde el punto de vista de la religiosidad, pero lo importante es ver que ningún ser humano sufra y para ello tenemos que empezar desde la causa. Si terminamos solamente penalizando a una parte de la sociedad, entendemos que como religiosos estamos faltando a nuestro deber.

Lo importante de este proyecto de ley es que le damos las mismas posibilidades a todas las personas que es a lo que apuestan todas las creencias religiosas. Dios, en definitiva, nos marca el camino para intentar que todos seamos iguales. Todas las creencias religiosas nos enseñan que somos todos iguales frente a los ojos de Dios. Entonces, los seres que estamos de paso y probándonos en esta vida también tenemos que seguir ese camino que Dios nos ha marcado e intentar, en este caso específico, que todas las mujeres sean iguales para nosotros y que sean tomadas iguales ante los ojos de Dios, porque esa es una forma de buscar nuestra propia salvación espiritual.

Estamos en contra del sufrimiento por la culpa, ya que entendemos que no es la forma lógica de ninguna religión. Por sobre todas las cosas, debemos apoyar y enseñar, y la única forma que tenemos de hacerlo es basándonos en las leyes porque estamos en una sociedad de Derecho.

Por lo tanto, apoyamos totalmente este proyecto de ley y queremos dejar la idea clara de que lo que buscamos es que el aborto no siga existiendo en forma inhumana. Lo esencial sería que no existiera el aborto, pero "camino se hace al andar". Si no creamos los suficientes escalones para que podamos ir desandando este tema, no lo vamos a lograr. Creemos que cerrarnos en la posición del "no proyecto" es una forma de no dar una esperanza a cientos de mujeres. No estamos hablando de casos aislados sino, reitero, de cientos o de miles de mujeres. Entonces, nos parece mal que personas de nuestra sociedad, muchas veces familiares, tengan que llegar a esta solución sin darle un espaldarazo o el apoyo necesario.

Queremos aclarar que esta posición la tomamos desde la religiosidad. Como sacerdotes estamos obligados a velar por la igualdad de todos los seres humanos. No podemos hacer diferencias pero, hoy por hoy, ellas existen.

Es cuanto quería manifestar.



SEÑORA ABRACINSKAS.- En primer lugar, queremos agradecer que los señores Senadores nos hayan recibido a fin de escuchar los planteos que tienen para hacer los representantes de diversas organizaciones de nuestro medio.

Somos una Coordinación que ha estado trabajando en el intercambio de reflexiones, experiencias y en la construcción de consensos en relación a las temáticas que hoy nos convocan a través del proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva. Desde el respeto, el reconocimiento y la convivencia de diversidad de creencias y postulados, coincidimos en que la aprobación de esta iniciativa sería un importante avance para nuestro país en la búsqueda de soluciones a distintas problemáticas que ameritan una solución inmediata.

Como habrán podido observar, esta Coordinación está integrada por representantes de distintas iglesias, organizaciones y grupos de jóvenes, instituciones de defensa de derechos humanos, más de cuarenta y cinco organizaciones de mujeres y feministas de todo el país, la central de trabajadores y trabajadoras del PIT-CNT, gremios y organizaciones del medio rural, comunitario y barrial.

Nuestro objetivo fundamental ha sido el difundir la existencia de este proyecto de ley, informar sobre su contenido y extender y ampliar el debate público generando numerosas instancias de intercambio que nos han posibilitado aprender más del tema y conocer mejor las opiniones de la gente.

A las organizaciones que hemos participado desde 1985 en el debate sobre la situación del aborto en el Uruguay nos importa resaltar que si bien en cada Legislatura se han presentado proyectos de despenalización y regulación de esta práctica, con sus correspondientes debates, es en esta oportunidad que se ha constituido una corriente de opinión mucho más amplia. Se han pronunciado públicamente, en apoyo de este proyecto, instituciones de la magnitud del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, Decanos de diversas Facultades, personalidades del ámbito académico, profesional, deportivo y de distintas expresiones artísticas, con diversas edades, condiciones socioeconómicas y culturales.

Uruguay está siendo mirado desde otros países y desde distintas organizaciones regionales internacionales como un país pionero en generar legislación que promueva, respete y garantice los derechos sexuales y los derechos reproductivos, reconociéndolos desde la universalidad, integralidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos. Ha sido un largo trayecto, que ha permitido acumular reflexiones y madurar las posiciones que hoy nos permiten estar en la Comisión de Salud Pública del Senado, analizando un proyecto de ley de esta envergadura, que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Representantes y con un importante respaldo de diversas expresiones de nuestra sociedad.

Se han abierto las fronteras de los espacios "tradicionales" en los que se sostenía la polémica y hemos coincidido en que: 1) la práctica clandestina del aborto -en condiciones de riesgo- es un problema de salud pública y de justicia social que sólo podrá ser solucionado con una política integral de prevención y atención adecuadas a la realidad; 2) la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos es una responsabilidad del Estado que debe estar garantizada desde su laicidad, el respeto a la diversidad de creencias y la promoción de una convivencia democrática que no permita el avasallamiento de posiciones hegemónicas de ningún tipo; 3) la promoción y orientación del ejercicio responsable de la paternidad y de la maternidad es uno de los elementos sustanciales para la construcción de una sociedad más equitativa y, por tanto, más saludable.

Tenemos interés en compartir con los señores Senadores lo aprendido, por considerar que puede ser un aporte que contribuya a su compleja tarea de decidir el futuro de este proyecto de ley.

Quisiéramos comenzar por reflexionar conjuntamente sobre el concepto del aborto como un delito. ¿Hay consenso social sobre este concepto?

Los últimos cuarenta años en la historia de la humanidad han sido decisivos en la tendencia abolicionista del aborto voluntario como delito. Los argumentos despenalizadores y reguladores de la práctica del aborto en diversos países, cada vez son más claros y rotundos frente a un fenómeno social absolutamente destacado de nuestro mundo contemporáneo: el mayor grado de igualdad social, la justa y progresiva emancipación de la mujer y la relación interdependiente entre diversos Estados o países, son realidades que han ido fracturando los moldes que definieron al aborto voluntario como un delito.

La concepción político-democrática que hoy vivimos y que nos permite postular "derechos humanos fundamentales", "constitucionalidad", "igualdad y justicia", hacen que la concepción de aborto-delito y su despenalización sea una cuestión política de primera magnitud donde la voluntad mayoritaria de la ciudadanía ha sido -en la experiencia mundial- la que ha determinado el "sí", el "cuándo" y el "cómo" despenalizar su práctica, por encima de cualquier postulado ideológico, individual o colectivo.

¿Es posible y lógico pensar que una conducta humana, que se produce miles o millones de veces en el mundo, en todos los países y en todos los años -de modo repetido- se corresponde con otros tantos miles o millones de delitos? Una conducta tan reiterada en todas las épocas, latitudes y circunstancias, ¿no podría leerse como un signo de aprobación social y aceptación legal?

El aborto se aparta de los delitos clásicos. El homicidio, el asesinato, el robo, las infracciones contra la propiedad, son conductas humanas que consensuadamente definimos como delitos dignos de sanción penal. Sin embargo, el aborto voluntario tiene una valoración legal y penal radicalmente diversa, según épocas y países, que va desde condenarlo como delito hasta aceptarlo como acto lícito, desde "crimen o pecado" hasta "derecho propio de la mujer".

Desde 1970 un buen número de países ha liberalizado en diverso grado sus leyes sobre aborto. Es un grupo muy reducido de países el que sostiene el aborto ilegal en cualquier circunstancia, aun cuando está en riesgo la vida de la mujer. Ya sea por vía del sistema de indicaciones o por el de plazos, un alto porcentaje de países ha ido flexibilizando sus legislaciones, habilitando abortos legales. Vivimos en un mundo en el que el 65% de los países ha habilitado alguna forma de práctica legal del aborto. Es esta calidad de diversidad en su tratamiento legal lo que marca un total contraste con los llamados delitos clásicos. El asesinato, el homicidio y los delitos contra las personas tienen una contemplación y tratamiento homogéneos y cercanos en casi todos los regímenes positivos. El aborto, no.

Otra constatación que podemos hacer es que los países que registran mejores indicadores en la defensa y el respeto de los Derechos Humanos han descriminalizado total o parcialmente el aborto. En los países en donde aún continúa arraigado el concepto del delito, no se han modificado sus leyes ni se han implementado servicios para su atención; algunos de estos países pertenecen a África, América Latina y al mundo islámico. Allí es donde se concentran las cifras más altas de muerte materna por abortos practicados en condiciones de riesgo y donde se registra la mayor influencia de expresiones fundamentalistas de distintas religiones, como la católica, musulmana, judía ortodoxa o islámica. Desde el siglo II la tesis de aborto-delito y la vinculación del aborto-homicidio, fue configurada desde el cristianismo, influyendo hasta el siglo XVIII en el pensamiento y en las leyes de diversos países que asimilaron el aborto como homicidio, imponiéndole las penas máximas.

El Derecho Penal de la Ilustración, desarrollado en el siglo XIX, produce un quiebre sustancial que altera la concepción del aborto en una triple dirección: desaparece la equivalencia del aborto con el homicidio, configurándose como delito autónomo; deja de aplicarse la pena capital para los casos de aborto y se atenúan las penas de forma general, y aparecen causales que habilitan su práctica.

El concepto rígido de aborto-delito como marca ideológica impuesta hasta el siglo XVIII, fue siendo sustituido por concepciones jurídicas diversas, tendientes a responder de forma más adecuada a una conducta indudablemente humana y persistente en las más diversas culturas.

El aborto-pecado y su transposición al Derecho Positivo como aborto-delito, además de no dar cuenta de la realidad, ha resultado ser ineficaz para transformar la práctica voluntaria del aborto, desestimularla y erradicarla. Juristas, sociólogos y antropólogos estudiosos del tema, sostienen que al ser el aborto-delito el producto de una creación religiosa con fundamentos que se sostienen en postulados religiosos y no en verificaciones científicas, debería ser razón suficiente para no ser tomado como concepto en un Estado confesional y menos aún en Estados no confesionales.

Otro dato que también genera conflictos de diversa índole y que parecería ser gravitante en la decisión de modificar legislaciones, es la magnitud de la práctica. Concretamente, ¿de cuántos abortos estamos hablando? A nivel mundial, las fuentes informativas que pueden responder parcialmente a esta pregunta provienen de datos oficiales -en aquellos países en donde el aborto ha sido despenalizado y se registra su práctica- de estimaciones de diversa índole, que intentan dar cuenta del número de abortos ilegales, pero que por la propia naturaleza clandestina de la práctica adolecen de fiabilidad, y de un registro, que también da cierta cuenta del fenómeno, como es la experiencia personal de gran número de personas que, directa o indirectamente, la han pasado o conocido a alguien que se ha practicado un aborto.

Importantes instituciones internacionales referentes en salud, como la OMS y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), calculan que anualmente se producen 75:000.000 de embarazos no deseados, no esperados, de los cuales aproximadamente 20:000.000 terminan en abortos realizados en malas condiciones.

Según las tasas de abortos conocidas, se estima que el porcentaje de abortos es un 30 % respecto del de los nacimientos, mientras que otros cálculos arrojan que por cada nacimiento se producen entre 1 a 3 abortos. ¿Cuántos abortos se producen en Uruguay? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Y ésta es otra consecuencia negativa que, a nuestro entender, es el resultado de la vigencia, por más de 64 años, de una ley que no atendió efectivamente el problema. No hay mecanismos claros para la realización de un aborto legal, no contamos con registros ni tenemos datos que nos permitan conocer la magnitud del problema. Sólo tenemos las cifras de mujeres muertas por haberse practicado abortos en condiciones de riesgo.

De las pocas investigaciones que existen en nuestro país y del resultado de distintas estimaciones, se calcula que podrían producirse entre 16.000 a 150.000 abortos anuales. Estos cálculos coinciden con los datos que manejábamos anteriormente, es decir, cuando hablábamos del 30 % y de la relación de 1 a 3 abortos por cada nacimiento. La gama es amplísima. Por lo tanto, para algunos, 16.000 abortos anuales serán pocos y, para otros, 150.000 serán demasiados. De todas maneras, vale preguntarse por qué y para qué es importante conocer cuál es la incidencia de la práctica del aborto.

Si es para definir un cambio legislativo, estamos en problemas, porque además de aquellos que manejan una cifra entre 16.000 y 150.000, existen los que plantean que inflar o disminuir las cifras puede ser de interés para aquellos que defiendan una posición o la otra. Lo cierto es que, aun en la menor de las estimaciones, suponiendo que se produjeran 16.000 abortos anuales, estamos hablando de 43 mujeres que, por día, en Uruguay están abortando en condiciones de clandestinidad.

A nuestro entender, es importante y fundamental saber cuántos abortos se producen, pero por otra razón. Como país, necesitamos conocer las principales razones por las que se producen embarazos no esperados, cómo funcionan las medidas de prevención, cuáles son los métodos anticonceptivos más usados o no usados, y cuál es la prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos. Vale la pena aclarar que el último dato que tenemos de registro oficial es de 1986. Necesitamos conocer la magnitud de la situación para poder intervenir en la realidad de forma más consciente, fundamentada, integral y que nos permita evaluar de forma más objetiva políticas y programas educativos e incidencia de servicios de prevención en salud reproductiva.

El detalle no menor es que para saber con mayor confiabilidad cuántos abortos se producen en nuestro país y qué medidas son más efectivas para reducir su incidencia, necesitamos un cambio legislativo. De otra forma no tendremos garantías en la veracidad de datos que provienen de prácticas clandestinas.

¿Cuál es el desafío de ustedes como Legisladores?

Frente a un problema que no ha dejado de manifestarse de forma constante en nuestro país y que se ha agudizado en los últimos tiempos, frente a un proyecto de ley que ha logrado mayoría legislativa en la Cámara de Representantes y adhesión de una parte importante de la ciudadanía, los señores Senadores y señoras Senadoras tendrán que decidir si: a) dilatan la decisión y trasladan el debate a próximas legislaturas, dejando el antecedente de que en ésta se llegó hasta la media sanción parlamentaria o b) asumen que Uruguay transitó ya 64 años de una ley que no ha tenido buenos resultados y que desde hace 18 años se están discutiendo en el Poder Legislativo y en la opinión pública distintos proyectos de ley que han intentado dar solución al problema.

El doctor James Drane, un bioeticista que participó de los debates legislativos en 1993 sobre este mismo tema, decía que para saber si una ley es justa se debe averiguar que no garantice más daños que beneficios. Debe considerar la ética social sin descuidar la ética individual. El problema es que muchas veces se han confundido y se ha tratado de convertir una ética individual en una ley justa.

Por otro lado, las encuestas de opinión realizadas por distintas empresas encuestadoras coinciden en que desde hace mucho tiempo una gran mayoría de la población está a favor de modificar la legislación vigente.

Porque el aborto pueda practicarse por libre decisión de la mujer hasta las 12 semanas hay un 56 % de la población uruguaya a favor, un 38 % en contra y sólo un 6 % no emite opinión.

Más que una postura coyuntural, dicen los responsables de las empresas encuestadoras que la sociedad uruguaya tiene muy metido el tema del aborto. La gente ha construido su posición desde hace mucho tiempo, a través de charlas familiares, experiencias personales y las cifras no se mueven desde hace una década. Las posiciones parecen estar definidas, arrojando una mayoría a favor.

Cruzando las respuestas en función de las simpatías políticas de la población encuestada, los resultados dan que: los votantes del Encuentro Progresista - Frente Amplio están 70 % a favor y 25 % en contra, los votantes del Partido Colorado están repartidos en 45 % a favor y 45 % en contra y los votantes del Partido Nacional están 53 % a favor y 43 % en contra, lo que arroja diferencias muy importantes con la forma cómo votaron los representantes del Partido Nacional en Cámara.

De esto se puede concluir que no habría una correlación entre las posiciones parlamentarias de algunos sectores y lo que opina la opinión pública.

Señoras y señores Senadores: estamos frente a un dilema. El poder político deberá expedirse sobre temas no tradicionales de la agenda política y parecería que la opción no pasa por una representación sectorial sino que se tiene que legislar contemplando la diversidad de opiniones y respetando la diversidad de creencias.

Salvo un reducido polo ultraconservador que no admite el aborto ni aún cuando está en riesgo la vida de la mujer embarazada, se abre una amplia gama de posiciones que admiten la práctica del aborto voluntario como una práctica humana que no se debe criminalizar sino prevenir para reducir su incidencia.

Queremos terminar nuestra exposición diciendo lo que esperamos desde esta Coordinación en función de su trabajo.

Consideramos que el peor de los escenarios es continuar con lo que tenemos y hacer como si nada pasara. Démonos la oportunidad, como país, de movernos hacia otras posibles soluciones. Hasta ahora penar y prohibir por ley no dio resultado.

Promover condiciones para que toda la población pueda ejercer de forma libre y responsable sus derechos sexuales y reproductivos, sin discriminaciones de ningún tipo, es una alternativa tangible a considerar. Tenemos la oportunidad de avanzar, no la despreciemos.

Todos sabemos -pero ustedes fundamentalmente mejor que nosotros- que hay que hacer un enorme esfuerzo para trascender creencias y posiciones personales si lo que se pretende es alcanzar una solución que contemple y se aplique a la multiplicidad de realidades. Sabemos que la tarea no es fácil y ustedes mismos lo podrán comprobar con el testimonio que presentará la doctora Rosario Echagüe.




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