Proyecto de ley artículo 1º



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PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - En los casos de violencia de género, violencia familiar y/o doméstica, según lo previsto en la Ley Nº 24.417, la Ley Nº 26.485, la Ley Nº 1.265, Ley Nº 1.688 y Ley N° 4.016 y modificatorias, durante cualquier etapa del proceso el/la Juez/a, el Ministerio Público o las autoridades que correspondan, de oficio o a petición de parte, deberán proveer en forma obligatoria y gratuita:


  1. A las víctimas: un sistema de alerta y localización inmediata georeferenciada portátil (GPS), que crea una zona a su alrededor con un detector de proximidad del presunto agresor a través de tecnología de radio frecuencia y comunicación permanente a un centro de control.




  1. A los victimarios: un sistema de ubicación y rastreo continuo con tecnología georeferenciada portátil (GPS) y radio frecuencia, que envíe señales de alertas cuando se acerque o ingrese a la zona restringida de exclusión donde se encuentra la posible víctima, con comunicación permanente a un centro de control.



Artículo 2º - El Ministerio de Justicia y Seguridad arbitrará las medidas pertinentes para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 3º - Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Esta iniciativa propone la creación de un sistema de alerta para prevenir situaciones de violencia de género, violencia familiar y/o doméstica, según lo previsto en las Leyes Nº 24.417, Nº 26.485, Nº 1.265, Nº 1.688 y Nº 4.016 y sus modificatorias.
En tal sentido, ante estos entornos de violencia de género, violencia familiar y/o doméstica y durante cualquier etapa del proceso, el/la Juez/a, el Ministerio Público o, en su caso, las autoridades que correspondan, de oficio o a petición de parte, deberán proveer en forma obligatoria y gratuita sistemas de alerta, monitoreo y localización para el resguardo y la protección de las posibles víctimas.
La Ley Nacional Nº 24.417, establece que toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. Además, cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el Ministerio Público. También, estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor.
La Ley Nacional Ley Nº 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, procura promover y garantizar: a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia y g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.
Asimismo, la norma mencionada garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La Ley Nº 1.265 tiene por objeto establecer procedimientos para la protección y asistencia a las víctimas de violencia familiar y doméstica, su prevención y la promoción de vínculos libres de violencia. La misma define como violencia familiar y doméstica el maltrato por acción u omisión de un miembro del grupo familiar que afecte la dignidad e integridad física, psíquica, sexual y/o la libertad de otro/a integrante, aunque el hecho constituya o no delito. En tanto conceptualiza como grupo familiar al originado en el matrimonio, la unión civil o en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales, consanguíneos o por adopción; convivientes sin relación de parentesco; no convivientes que estén o hayan estado vinculados por matrimonio, unión civil o unión de hecho; o con quien se tiene o se ha tenido relación de noviazgo o pareja.
A su vez, la Ley Nº 1.688 establece las bases de la prevención de la violencia familiar y doméstica y la definición de acciones para la asistencia integral de sus víctimas, sean estas mujeres, varones, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o personas con necesidades especiales, de acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley N° 1.265. Asimismo, promueve acciones que tiendan a: generar una cultura de prevención de las acciones de violencia familiar y doméstica a través de la educación e información; detectar en forma temprana las posibles víctimas de violencia familiar; asistir a las víctimas de violencia familiar y doméstica desde una perspectiva física, psíquica, jurídica, económica y social, incluyendo alojamiento cuando se considere necesario; fortalecer la autoestima de las víctimas de violencia familiar y doméstica; posibilitar el intercambio de experiencias con otras víctimas en situación similar; difundir modelos de convivencia alternativos a los vividos de manera conflictiva; proveer atención psicológica a los/las agresores/as; promover la independencia social y económica de las víctimas; sostener la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar y garantizar el pleno acceso a la atención a las víctimas de la violencia familiar y doméstica que por circunstancias personales o sociales puedan tener dificultades de acceso a los mismos
En tanto, la Ley Nº 4.016, crea la Guía de Programas y Servicios para la Prevención y Asistencia de la Violencia contra las mujeres. A su vez la misma hace propias las definiciones de la Ley Nacional Nº 26.485, entendiendo por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el estado por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Además, especifica los tipos de violencia contra la mujer (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica) y las modalidades en las que estas se manifiestan (violencia doméstica, violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica y violencia mediática.
En este marco, la presente iniciativa propone la incorporación de un sistema de alerta electrónico para la protección de las mujeres en situación de violencia de género, violencia familiar y/o doméstica; consistente en el deber de provisión por parte el Ministerio de Justicia y Seguridad, en forma obligatoria y gratuita de: 1) A las víctimas: de un sistema de alerta y localización inmediata georeferenciada portátil (GPS), que crea una zona a su alrededor con un detector de proximidad del presunto agresor a través de tecnología de radio frecuencia y comunicación permanente a un centro de control y 2) A los victimarios: de un sistema de ubicación y rastreo continuo con tecnología georeferenciada portátil (GPS) y radio frecuencia, que envíe señales de alertas cuando se acerque o ingrese a la zona restringida de exclusión donde se encuentra la posible víctima, con comunicación permanente a un centro de control.
Estos dispositivos electrónicos ya han sido implementados en varios países, además la provincia de Río Negro, la Municipalidad de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires utilizan el botón antipánico, como elemento de protección para mujeres en riesgo.

Es conveniente mencionar, que en la Provincia de Río Negro la Ley N° 4.948, crea un “Sistema de Alerta y Monitoreo Antipánico” para asistencia a las víctimas de violencia en el ámbito de las relaciones familiares.


En la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Corte Suprema de la Provincia firmaron un convenio el 30 de julio de 2013, para poner en marcha el "Sistema de Botón de Alerta aplicado a la Violencia de Género", destinado a mujeres víctimas de violencia de género, a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana.
Desde el año 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba puso en marcha un plan piloto para la entrega gradual y progresiva de “Botones Antipánicos” a las mujeres que afronten los casos más graves de violencia familiar en la ciudad de Córdoba.
Particularmente, la Ciudad de Buenos Aires mediante la Disposición Nº 118/GCABA/DGCYC/11 (BOCBA Nº 3662) ha adquirido dispositivos para paliar la problemática derivada de la violencia de género. Según se desprende de la información oficial el Gobierno de la Ciudad ha entregado un total de 7.212 “Botones Antipánicos”, de los cuales 2.771 dispositivos corresponden a víctimas directas de violencia doméstica.
Por lo expuesto, solicito la sanción de la presente iniciativa.

Último cambio: 21/02/2018 04:22:00 a.m. - Cantidad de caracteres: 8381 - Cantidad de palabras: 1555



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