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ARTÍCULOS TRANSITORIOS




PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2016 y su vigencia durará hasta el 31 de diciembre del mismo año,misma que será publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SEGUNDO.- La presente Ley de Ingresos se aplicará en todo lo que no contravenga a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y a los convenios de Coordinación Fiscal que celebre la Federación con el Estado de Durango y que hayan sido aprobados por la Legislatura Local.

TERCERO.- Por encontrarse vigente el Decreto No.142, de fecha 18 de Diciembre de 1979, continúa suspendido el cobro en forma parcial de los siguientes Impuestos Municipales:

3.-Sobre Ejercicios de Actividades Mercantiles, Industriales, Agrícolas y Ganaderas.

5.-Sobre Actividades Comerciales y Oficios Ambulantes.

6.-Sobre Anuncios.

En caso de ser derogado, abrogado o reformado el decreto referido en el primer párrafo de este artículo, el cobro de los impuestos se efectuará en los términos que establezca el ordenamiento que contenga dicha reforma.



CUARTO.- En tanto siga vigente la Declaratoria de Coordinación en Materia Federal de Derechos entre la Federación y el Estado de Durango y Por encontrarse en vigor los Decretos Números 73, publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 9 de fecha 31 de enero de 1982; 77, publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 1 Bis. de fecha 3 de enero de 1993 y 285, publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 51 de fecha 23 de diciembre de 1993, continúa suspendido el cobro de los siguientes Derechos Municipales:

3.- Por Servicio de Alineación de Predios y Fijación de Números Oficiales.

11.- Por Registro de Fierros de Herrar y Expedición de Tarjetas de Identificación.

12.- Sobre Certificaciones, Registros, Actas y Legalizaciones.

13.- Sobre Empadronamiento.

14.- Por Expedición de Licencias y Refrendos; con excepción de las relativas al Expendio de Bebidas Alcohólicas y Anuncios.

15.- Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias.

16.- Por Inspección y Vigilancia para la Seguridad Pública.

17.- Por Revisión, Inspección y Servicios.

En caso de ser derogados, abrogados o reformados los decretos referidos en el primer párrafo de este artículo, el cobro de los citados derechos se efectuará en los términos que establezcan el o los ordenamientos que contengan dicha reforma.



QUINTO.- Una vez que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado los recursos financieros que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha considerado para los Municipios del Estado de Durango, en el ejercicio fiscal del año 2016, por concepto de Participaciones Federales, del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal, las cantidades relativas deberán formar parte del presente decreto. Para ello, el H. Ayuntamiento deberá realizar las sustituciones numéricas y las adecuaciones presupuestales correspondientes tanto en esta Ley como en su presupuesto de egresos.

SEXTO.- Los recursos provenientes del Fondo Estatal de Participaciones al que se refieren los artículos 3 y 4 de la Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participaciones y la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Estatal, serán asignados a los Municipios conforme a la determinación presupuestal que contenga el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016 y deberán formar parte del presente decreto. Para ello, el H. Ayuntamiento deberá realizar las sustituciones numéricas y las adecuaciones presupuestales correspondientes tanto en la presente ley como en el Presupuesto de Egresos del Municipio.

SÉPTIMO.- Toda vez que es competencia exclusiva del Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y de Administración o por las Recaudaciones de Rentas en los Municipios, el otorgamiento de los permisos para circular sin placas y/o sin tarjeta de circulación y para la expedición de licencias de manejo, entre otros conceptos a que alude la Ley de Tránsito para los Municipios del Estado de Durango en vigor; el cobro de los DerechosCorrespondientes a estos conceptos por parte del Municipio, se efectuará conforme a las disposiciones del Convenio entre el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento.
OCTAVO.- Respecto a los ingresos por concepto de aprovechamientos, el cobro de las multas municipales se efectuará de conformidad con las tasas, cuotas o tarifas establecidas en esta ley de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Bando de Policía y Gobierno y Reglamentos correspondientes.

NOVENO.- El Municipio de Poanas, Dgo., deberá, en los términos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dar cumplimiento a las obligaciones que en materia de Armonización Contable establece dicho ordenamiento legal.

DÉCIMO.-El Ayuntamiento podrá celebrar convenios con el Gobierno del Estado de Durango, para la colaboración en materia de recaudación de Impuestos o de cualquier otro concepto de los que en ésta Ley se incluyen, con el objeto de aumentar los ingresos propios del Municipio.

DÉCIMO PRIMERO.- En aquellos conceptos en donde esta Ley de Ingresos contempla el cobro en salarios mínimos, se entenderá que es el vigente en el mes de diciembre del año 2015; para el caso de que el Congreso de la Unión establezca una Unidad de Medida y Actualización, de cuenta, o cualquiera que sea su denominación, las obligaciones a cargo del contribuyente serán cubiertas al valor que determine el decreto correspondiente.

DÉCIMO SEGUNDO.- Se derogan todas disposiciones legales que se opongan a la presente.

ElCiudadanoGobernador del Estado,sanciona,promulgaráy dispondrásepublique,circuleyobserve.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., alos02 (dos) días del mes de diciembre del año 2015 (dos mil quince).

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO

Y CUENTA PÚBLICA:

RÚBRICA

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA

RÚBRICA PRESIDENTE

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO

SECRETARIO RÚBRICA

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ

RÚBRICA VOCAL

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ

VOCAL RÚBRICA

DIP. ARTURO KAMPFNER DÍAZ

VOCAL
PRESIDENTE: EL DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ, DARA LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, DEL MUNICIPIO DE: GUADALUPE VICTORIA, DGO.
DIPUTADO JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ: HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa enviada por el C. Marcial García Abraham,Presidente Municipal del H. Ayuntamiento deGUADALUPE VICTORIA, DGO., que contiene LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93 fracción I, 122 fracción II, 176, 177 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen en base a los siguientes:


C O N S I D E R A N D O S:
PRIMERO.-Esta Comisión que dictamina al entrar al estudio y análisis que se mencionar en el proemio del presente dictamen, da cuenta que en la misma se contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe Victoria, Durango, para el ejercicio fiscal 2016, misma que tiene como fundamento el Acuerdo de Cabildo tomado en Sesión extraordinaria No. 12 de fecha 27 octubre del año 2015, mediante el cual sus integrantes, previo estudio y análisis, aprobaron la propuesta de los ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal del 2016, autorizando desde luego al C. Presidente Municipal a formular la iniciativa de decreto, para los efectos de que esta Legislatura, emita la Ley correspondiente.
SEGUNDO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 115, que los ayuntamientos manejarán libremente su hacienda la cual se formará de los rendimientos, de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor; dispone así mismo, que los municipios percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales sobre la propiedad inmobiliaria; de igual forma contempla y enumera los servicios públicos y atribuciones a cargo de los municipios.
TERCERO.-En este contexto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango en su numeral 150, dispone que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor; en todo caso, percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tenga como base el cambio de valor de los inmuebles; las participaciones, aportaciones y subsidios federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos, y plazos que anualmente determine en las leyes, además de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo; así como los productos y aprovechamientos que le correspondan. Tal es así que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango refiere que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de aprobar su proyecto de presupuesto anual de ingresos, el cual soportará los egresos previstos para el ejercicio fiscal, para los efectos de que el Poder Legislativo materialice la facultad que le confiere la fracción I del artículo 82 de la Carta Política Local.
CUARTO.- En el caso que nos ocupa, la dictaminadora da cuenta que el Municipio iniciador dio cumplimiento a lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango en sus artículos 39, 42 y 52 fracción XXI en relación a la fracción I del Apartado C) del artículo 33 de la mencionada ley, sin soslayar que la Administración Pública Municipal debe contar con recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que le permitan llevar a cabo la prestación de los servicios públicos que le corresponden; en este sentido efectúa un proceso de planeación, que parte de un diagnóstico, para establecer las estrategias y acciones a realizar de acuerdo a las necesidades prioritarias de la población de las diferentes localidades del municipio; estas acciones se contemplan en los Planes Municipales de Desarrollo y desde luego en sus programas anuales de trabajo.
Es indudable que la Administración Municipal conoce la importancia de su responsabilidad, por ser el nivel de gobierno más cercano a la población, es la que conoce sus problemas y necesidades, la que cotidianamente dialoga, comparte y de manera corresponsable al lado de los sectores privado y social busca las mejores alternativas y las plasma en los planes y programas a desarrollar durante su gestión.
QUINTO.- En cuanto a la integración de la propuesta que constituye la iniciativa, no escapó a la dictaminadora el hecho de que el fortalecimiento de las haciendas públicas municipales constituye una prioridad relevante para el Poder Legislativo, puesto que las facultades y obligaciones fiscales deben ser ejercidas para posibilitar una mayor recaudación, específicamente en los ramos de predial y agua potable, los que no han sido eficientemente recaudados por diversas razones, previendo los mecanismos de recaudación que permitan su eficiente cobro. Las facilidades que se otorgan a los contribuyentes del impuesto predial y del derecho por prestación del servicio de agua potable, adeudados en ejercicios anteriores permitirán una mayor recaudación, facilidades que también alcanzan a los contribuyentes puntuales, respecto del impuesto mencionado, pues al cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo recibirán un subsidio que permitirá engrosar los caudales públicos. El establecimiento de facilidades fiscales vía subsidio sin duda facilitarán la recaudación de compromisos anteriores y procurarán la protección a sectores más desfavorecidos económicamente, estableciendo tarifas preferentes al Impuesto Predial, Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, así como en el derecho del Agua, para aquellos propietarios de predios urbanos y rústicos, que sean jubilados pensionados y personas con discapacidad, legalmente acreditados, o mayores de 60 años en precaria situación económica; lo anterior, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el hecho de que el legislador contemple subsidios dentro de una ley, ello no contraviene lo dispuesto por nuestra Carta Fundamental, ya que al otorgar éstos, es porque en las mismas leyes se reflejan intereses sociales o económicos de los sujetos beneficiados que los diferencian del resto de los contribuyentes que amerita que se les dé un tratamiento fiscal diferente, pues existen otras leyes que procuran su protección.
Así mismo, se deja constancia que con apego al respeto a la autonomía municipal, la dictaminadora, para los efectos de mejor proveer, realizó consultas con los órganos técnicos del Congreso y dio a los ayuntamientos, la posibilidad de comparecer ante la misma, a fin de realizar un estudio sistemático, puntual y conjunto de cada uno de los rubros que integran la Hacienda Pública Municipal, y poder en pleno ejercicio de facultades, colaborar en la determinación de una ley de ingresos que contenga una estimación clara y precisa de los rubros fiscales y financieros que deberá percibir el municipio para sustentar los egresos que corresponden a la prestación de manera eficaz y eficiente de servicios públicos y administrativos a la comunidad.
SEXTO.-De igual modo, la Comisión, consideró que a manera de dar certeza jurídica al contribuyente, al momento de acudir a la oficina recaudadora a realizar los pagos por las contribuciones establecidas en la presente ley, cuando se mencione en las tablas de cuotas o tarifas, que dichos pagos se harán en Salarios Mínimos Diarios, se entenderá que los mismos se refieren al que se encuentre vigente en el mes de diciembre del año 2015, ello hasta en tanto no entre en vigor la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que con cualquier denominación se establezca y sirva para determinar la cuantía del pago de obligaciones, pues en este caso, toda referencia al Salario Mínimo Diario en esta ley, se entenderá hecha la unidad de medición aplicable.
SÉPTIMO.- Es un hecho a la vista de todos nosotros que en los últimos años ha habido un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas en todos los niveles de nuestra sociedad.
A pesar de que en nuestro país se ha venido implementando programas para ayudar a las personas que han caído en el abuso en el consumo del alcohol, el problema que sigue siendo una de las cuestiones que despierta mayor preocupación, especialmente porque este problema afecta cada vez más a nuestra sociedad.
El abuso en el consumo del alcohol conduce directamente a otros problemas sociales, económicos, laborales, mentales, familiares y físicos, que sufren hombres y mujeres.
Además, estamos todos de acuerdo en que esta situación produce para el Estado costos muy altos en el manejo de la enfermedad, derivada por el consumo desmedido, y que es también causa de accidentes mortales y sirve como puerta de acceso hacia otras adicciones.
Los números son fríos y los datos estadísticos desafortunadamente, en vez de que nos alienten a dar un paso hacia adelante en el combate, al parecer nos hacen cada vez más insensibles de esta problemática.
Son muchos y muy variados los estudios que se han hecho en esta materia sobre los efectos negativos que trae el consumo desmedido de alcohol, en el individuo y en la sociedad.
Por lo que, con fecha 15 de junio de 2003 mediante decreto número 215, la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango expidió la Ley para el Control de Bebidas con Contenido Alcohólico del Estado de Durango, la cual tiene por objeto regular la operación y funcionamiento de establecimientos dedicados a la elaboración, envasado, transportación, almacenamiento, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, lo anterior según el artículo 1 de la citada norma.
De igual forma el numeral 16 de la Ley en comento señala que para operar y establecer los negocios de los que esta da cuenta se requiere de licencia expedida por el Ayuntamiento que corresponda, la cual se otorgará cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento establecidos en la misma y en el reglamento municipal respectivo, siempre y cuando no se afecte el interés social.
OCTAVO.- En tal virtud, de la lectura de la iniciativa aludida en el proemio del presente dictamen, se desprende la intención de tutelar el interés fundamental, social y general que representa el combate y la prevención del abuso en el consumo de bebidas con contenido alcohólico, precisando que las contribuciones que por concepto de la expedición de licencias y su refrendo podrán ser destinadas, a la construcción de infraestructura sanitaria, social, deportiva o de otra índole que materialice en los hechos la corresponsabilidad de la autoridad municipal para favorecer las campañas específicas que conforme al artículo 73, fracción XVI, base 4ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha puesto en vigor el Consejo de Salubridad General y las diversas autoridades sanitarias.
Bajo el anterior contexto normativo conviene traer a colación la tesis de rubro FINES EXTRAFISCALES Y DE POLÍTICA FISCAL. CUANDO PERSIGUEN UNA FINALIDAD AVALADA POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APORTAN ELEMENTOS ADICIONALES PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO.; emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, con número de registro 168133, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta atinente a la Novena Época, visible en la página 551, Tomo XXIX, con fecha Enero de 2009, la cual literalmente establece:
Acorde con la jurisprudencia P./J. 24/2000, de rubro: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.", para cumplir el principio de equidad tributaria el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. En ese sentido, se advierte que las mencionadas finalidades económicas o sociales, o bien, las razones de política fiscal o extrafiscal que sustenten las categorías diferenciadoras establecidas por el legislador, cuando se materializan a través de bases objetivas y bajo parámetros razonables, no son una causa que justifique la violación a la garantía de equidad tributaria, sino que tal concatenación de circunstancias es lo que permite salvaguardar dicha garantía, es decir, cuando los indicados fines persiguen una finalidad avalada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aportan elementos adicionales para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un determinado precepto. En tal virtud, partiendo de la premisa de que efectivamente existiría un trato diferenciado, la búsqueda de fines extrafiscales o de política tributaria no es la razón que justificaría el establecimiento de un trato discriminatorio, sino que evidenciaría que la diferenciación no vulnera la Constitución y que se cumplen los postulados de la garantía de equidad. Argumentar lo contrario implica un error metodológico, al alterarse el orden de la conclusión en relación con las premisas, pues se partiría de la existencia -no corroborada- de una violación a la garantía de equidad tributaria, para posteriormente oponer a ésta la existencia de fines fiscales o extrafiscales que supuestamente justificarían la afectación a los derechos de los gobernados. Sin embargo, ello no es así, pues no debe inferirse que el trato simplemente desigual en automático implica una diferenciación discriminatoria y violatoria de garantías, sino que debe reconocerse que, en las circunstancias descritas, no se vulnera la mencionada garantía porque se persiguen las finalidades apuntadas, las cuales podrán analizarse desde una óptica constitucional.
Así mismo, resulta importante señalar que en diversos juicios de garantías resultado de litigios, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito con sede en la Ciudad de Durango, precisó de manera clara que el legislador puede perseguir la satisfacción de fines extrafiscales, siempre y cuando se sustenten en bases objetivas y bajo parámetros razonables, además que el legislador no solo tiene facultades, sino que además tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente y que puedan responder a finalidades económicas o sociales.
La dictaminadora señala pues, que las bases objetivas y parámetros razonables estriban en que al establecer tributos con fines extra fiscales, que son con un objetivo distinto del recaudatorio, es decir, el Estado no persigue como objetivo fundamental allegarse de recursos para afrontar el gasto público, sino que busca impulsar, orientar o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país.
De tal manera que al aprobarse esta Ley en los términos del presente, se estará coadyuvando con los ayuntamientos a proporcionar seguridad tanto a los que se dedican a la elaboración, envasado, transportación, almacenamiento, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, así como a aquellos que consumen dichas bebidas, toda vez que al destinar los gastos que ingresan a las arcas municipales por las licencias y refrendos de bebidas con contenido alcohólico a fines fiscales y extra fiscales, con ello no se violenta la garantía de equidad tributaria señalada en la Carta Fundamental del País.
Como ya fue establecido en los considerandos precedentes, esta Ley de Ingresos que se dictaminó, va más allá de los fines puramente fiscales de la autoridad pública, siendo la intención primigenia del dictamen que la recaudación en sí no constituye un fin, sino que es un medio para obtener ingresos encaminados a satisfacer las necesidades sociales, dentro del trazo establecido en el texto constitucional, tal como se desprende del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que conmina a contribuir a los gastos públicos, y no a la acumulación de recursos fiscales, lo anterior en atención a que mientras los medios tributarios utilizados por el Estado para obtener recursos -las contribuciones- deben tener un fin necesariamente fiscal -al cual, conforme a criterios jurisprudenciales, pueden adicionarse otros fines de índole extrafiscal-, los montos que generen las contribuciones y todos los demás ingresos del Estado apuntarán siempre hacia objetivos extrafiscales.
Ahora bien, a la luz de estos criterios jurisprudenciales y normativos, y a fin apegarnos estrictamente al marco constitucional en materia tributaria, encuentra exacta aplicación en la especie la tesis jurisprudencial 1a./J. 46/2005, en materia Administrativa, con número de registro 178454, atinente a la Novena Época de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 157 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI de fecha Mayo de 2005, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:
FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.

Una nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente será el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva.

NOVENO.- Además de lo anterior, es menester hacer mención que en fecha 26 de junio de 2013, se aprobó el Decreto número 520, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 68 de fecha 25 de agosto de 2013, en el cual se contienen diversas reformas a la Ley para el Control de Bebidas con Contenido Alcohólico del Estado de Durango, por lo que dentro de lo más relevante en dicho Decreto se contempla en su artículo 5 lo siguiente: ……..

Los recursos que ingresen a las haciendas públicas de los municipios por concepto de multas por infracciones a la presente Ley o al reglamento municipal correspondiente, deberá ser depositado en un fondo que se destinará a los programas permanentes contra las adicciones, de fomento a la educación, la cultura, el deporte y la seguridad pública, para lo cual el Tesorero Municipal o su equivalente, deberán realizar las acciones tendientes al cumplimiento de lo establecido en este dispositivo legal”; en tal virtud, esta dictaminadora coincide con el iniciador de las propuestas aprobadas por la Ley de Bebidas con Contenido Alcohólico, y que los ayuntamientos las apliquen a cabalidad, toda vez que con ellos se podrá ir disminuyendo en forma considerable el abuso de las bebidas con contenido alcohólico; de igual modo, las disposiciones en el mencionado Decreto deberán adecuarlo de conformidad con las leyes respectivas.



DECIMO.- Por último la Comisión que dictaminó, exhorta respetuosamente a la autonomía Municipal para que en uso de sus facultades establezcan sistemas y procedimientos tendientes a incrementar la recaudación de los ingresos propios en los conceptos del impuesto predial, agua potable, y otros rubros que permitan elevar la eficiencia en la recaudación tributaria, ya que con ello podrán contar con finanzas más sólidas que brindarán la oportunidad de crecimiento real a los municipios, evitando de manera paulatina la dependencia de recursos que son enviados por la Federación o el Estado. Dicha mejora en recaudación beneficiará de manera directa a la sociedad en general del Municipio, con mayores y mejores obras y servicios que brinden el Ayuntamiento

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima, que al cumplir con las disposiciones constitucionales y legales, las iniciativas cuyo estudio nos ocupan, con las adecuaciones realizadas a las mismas son procedentes, lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 182 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de forma y fondo jurídicos. Asimismo, se somete a la determinación de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente:


PROYECTO DE DECRETO
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO,D E C R E T A:



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