Proceso legislativo



Descargar 16.94 Mb.
Página1/43
Fecha de conversión16.12.2018
Tamaño16.94 Mb.
Vistas624
Descargas0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43








OFICIALÍA MAYOR

PROCESO LEGISLATIVO

SESIÓN ORDINARIA

DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

03 DE DICIEMBRE DE 2015

(10:00) HORAS




SESIÓN ORDINARIA

H. LXVI LEGISLATURA DEL ESTADO



TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
PRESIDENTE: SESIÓN ORDINARIA DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO, TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 03 DE DICIEMBRE DE 2015.
EN LA CIUDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (03) TRES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO (2015) DOS MIL QUINCE, REUNIDOS LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA LOCAL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO RAÚL VARGAS MARTÍNEZ, ASISTIDO DE LOS DIPUTADOS SECRETARIOS JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ Y AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO, DIO PRINCIPIO LA SESIÓN CON LA INSTRUCCIÓN A LA OFICIALÍA MAYOR QUE ABRA EL SISTEMA DE REGISTRO HASTA POR UN MINUTO, PARA QUE LOS DIPUTADOS INSCRIBAN SU ASISTENCIA, REGISTRÁNDOSE DE “PRESENTE” LOS SIGUIENTES: DIPUTADO CARLOS EMILIO CONTRERAS GALINDO, DIPUTADO ARTURO KAMPFNER DÍAZ, DIPUTADO LUIS IVÁN GURROLA VEGA, DIPUTADO EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA, DIPUTADO MANUEL HERRERA RUIZ, DIPUTADO JOSÉ ENCARNACIÓN LUJÁN SOTO, DIPUTADA BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ, DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX, DIPUTADO OCTAVIO CARRETE CARRETE, DIPUTADA MARÍA LUISA GONZÁLEZ ACHEM, DIPUTADO JULIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ, DIPUTADO JUAN CUITLÁHUAC ÁVALOS MÉNDEZ, DIPUTADA ANAVEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIPUTADO PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO, DIPUTADO RAÚL VARGAS MARTÍNEZ, DIPUTADO MARCO AURELIO ROSALES SARACCO, DIPUTADO FERNANDO BARRAGÁN GUTIÉRREZ, DIPUTADO CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA, DIPUTADO AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO, DIPUTADO EUSEBIO CEPEDA SOLÍS, DIPUTADO RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ, DIPUTADO FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA, DIPUTADO FELIPE FRANCISCO AGUILAR OVIEDO, DIPUTADA ALICIA GARCÍA VALENZUELA, DIPUTADO JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ, DIPUTADO FELIPE MERAZ SILVA, DIPUTADO ROSAURO MEZA SIFUENTES, DIPUTADO JUAN QUIÑÓNEZ RUIZ, DIPUTADO JULIÁN SALVADOR REYES Y DIPUTADO ISRAEL SOTO PEÑA.-
PRESIDENTE: SE CIERRA EL SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA, Y SE INSTRUYE AL DIPUTADO SECRETARIO AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO, PARA QUE VERIFIQUE EL RESULTADO E INFORME SI EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA INICIAR LA SESIÓN.

Nombre

Registro

JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX

10:37:00

FELIPE DE JESÚS ENRIQUEZ HERRERA

10:27:39

LUIS IVÁN GURROLA VEGA

10:27:00

ROSAURO MEZA SIFUENTES

10:28:29

AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO

10:27:00

EUSEBIO CEPEDA SOLIS

10:29:31

JULIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ

10:28:18

FELIPE FRANCISCO AGUILAR OVIEDO

10:34:09

FERNANDO BARRAGÁN GUTIÉRREZ

10:31:57

JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ

10:28:17

EDUARDO SOLIS NOGUEIRA

10:27:41

ARTURO KAMPFNER DÍAZ

10:29:18

BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ

10:27:52

ANAVEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

10:28:46

JUAN QUIÑONES RUIZ

JUSTIFICADA

MARÍA LUISA GONZÁLEZ ACHEM

10:27:00

PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO

10:28:05

CARLOS EMILIO CONTRERAS GALINDO

10:31:03

CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA

10:33:00

MANUEL HERRERA RUIZ

10:43:24

OCTAVIO CARRETE CARRETE

10:27:00

ALICIA GARCIA VALENZUELA

11:14:00

JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ

10:28:52

JULIÁN SALVADOR REYES

10:27:00

ISRAEL SOTO PEÑA

10:27:49

RAÚL VARGAS MARTÍNEZ

10:27:43

JOSE ENCARNACION LUJAN SOTO

10:45:25

RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ

10:47:40

MARCO AURELIO ROSALES SARACCO

10:27:38

FELIPE MERAZ SILVA

10:27:39







DIPUTADO AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO: CON SU PERMISO SEÑOR DIPUTADO CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE VEINTE DIPUTADOS, ASÍ MISMO LE INFORMO QUE SE RECIBIÓ TARJETA DE LOS CC. DIPUTADOS: ALICIA GARCÍA VALENZUELA Y JUAN QUIÑÓNEZ RUIZ, EN LA CUAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN DÉCIMO TERCERA, DE LA “LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO”, SOLICITAN A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA QUE LES SEA JUSTIFICADA SU INASISTENCIA, HAY QUÓRUM SEÑOR PRESIDENTE.
PRESIDENTE: HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN.
PRESIDENTE: INFORMO A LA ASAMBLEA QUE LOS ASUNTOS A TRATAR EN ESTA SESIÓN, SE DAN A CONOCER MEDIANTE LA GACETA PARLAMENTARIA QUE PUEDE SER CONSULTADA DESDE SUS LUGARES, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA, Y DE IGUAL MANERA SE LES INFORMA QUE LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES A LEYES DE INGRESOS SE ENCUENTRAN EN EL APARTADO DE DICTÁMENES QUE APARECE EN EL MONITOR DE SUS CURULES.
PRESIDENTE: ESTA PRESIDENCIA SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2015.

PRESIDENTE: SE SOMETE A VOTACIÓN PARA SU APROBACIÓN EN FORMA ECONÓMICA, MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA, PARA LO CUAL LAS Y LOS DIPUTADOS TIENEN HASTA UN MINUTO PARA REGISTRAR SU VOTO.


PRESIDENTE: SE CIERRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE VOTACIÓN, Y SE INSTRUYE AL DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ, PARA QUE DE A CONOCER EL SENTIDO DE LOS VOTOS A ESTA PRESIDENCIA.

Diputado

Sentido

JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX

 

FELIPE DE JESÚS ENRIQUEZ HERRERA

A favor

LUIS IVÁN GURROLA VEGA

 

ROSAURO MEZA SIFUENTES

A favor

AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO

A favor

EUSEBIO CEPEDA SOLIS

A favor

JULIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ

A favor

FELIPE FRANCISCO AGUILAR OVIEDO

 

FERNANDO BARRAGÁN GUTIÉRREZ

A favor

JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ

A favor

EDUARDO SOLIS NOGUEIRA

 

ARTURO KAMPFNER DÍAZ

A favor

BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ

A favor

ANAVEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

A favor

JUAN QUIÑONES RUIZ

 

MARÍA LUISA GONZÁLEZ ACHEM

A favor

PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO

A favor

CARLOS EMILIO CONTRERAS GALINDO

A favor

CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA

 

MANUEL HERRERA RUIZ

 

OCTAVIO CARRETE CARRETE

 

ALICIA GARCIA VALENZUELA

 

JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ

 

JULIÁN SALVADOR REYES

A favor

ISRAEL SOTO PEÑA

 

RAÚL VARGAS MARTÍNEZ

A favor

JOSE ENCARNACION LUJAN SOTO

 

RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ

 

MARCO AURELIO ROSALES SARACCO

A favor

FELIPE MERAZ SILVA

A favor







DIPUTADO JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ: LE INFORMO DIPUTADO PRESIDENTE QUE SON DIECISIETE VOTOS A FAVOR CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES.
PRESIDENTE: SE APRUEBA LA SOLICITUD DE LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
PRESIDENTE: PREGUNTO A LAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS SI DESEAN HACER ALGUNA ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN AL ACTA CUYA LECTURA SE HA DISPENSADO.
PRESIDENTE: AL NO HABER INTERVENCIONES SE SOMETE A VOTACIÓN PARA SU APROBACIÓN EN FORMA ECONÓMICA EL ACTA DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DEL 2015, MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA, PARA LO CUAL LOS DIPUTADOS TIENEN HASTA UN MINUTO PARA REGISTRAR SU VOTO.

PRESIDENTE: SE CIERRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE VOTACIÓN, Y SE INSTRUYE AL DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ, PARA QUE DE A CONOCER EL SENTIDO DE LOS VOTOS A ESTA PRESIDENCIA.



Diputado

Sentido

JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX

 

FELIPE DE JESÚS ENRIQUEZ HERRERA

A favor

LUIS IVÁN GURROLA VEGA

 

ROSAURO MEZA SIFUENTES

A favor

AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO

A favor

EUSEBIO CEPEDA SOLIS

A favor

JULIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ

A favor

FELIPE FRANCISCO AGUILAR OVIEDO

A favor

FERNANDO BARRAGÁN GUTIÉRREZ

A favor

JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ

A favor

EDUARDO SOLIS NOGUEIRA

 

ARTURO KAMPFNER DÍAZ

A favor

BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ

A favor

ANAVEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

A favor

JUAN QUIÑONES RUIZ

 

MARÍA LUISA GONZÁLEZ ACHEM

A favor

PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO

A favor

CARLOS EMILIO CONTRERAS GALINDO

A favor

CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA

 

MANUEL HERRERA RUIZ

 

OCTAVIO CARRETE CARRETE

 

ALICIA GARCIA VALENZUELA

 

JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ

 

JULIÁN SALVADOR REYES

A favor

ISRAEL SOTO PEÑA

A favor

RAÚL VARGAS MARTÍNEZ

A favor

JOSE ENCARNACION LUJAN SOTO

 

RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ

 

MARCO AURELIO ROSALES SARACCO

A favor

FELIPE MERAZ SILVA

A favor







DIPUTADO JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ: LE INFORMO DIPUTADO PRESIDENTE QUE EL REGISTRO DE LA VOTACIÓN CONSISTE EN DIECINUEVE VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES.
PRESIDENTE: GRACIAS SEÑOR DIPUTADO, SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PRESIDENTE: SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO, DAR LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA.
DIPUTADO AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. LXVI LEGISLATURA DEL ESTADO 03 DE DICIEMBRE DE 2015.
OFICIO No. 0082/2015.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, COMUNICANDO ELECCIÓN DE SU MESA DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ DURANTE EL PRESENTE MES.
PRESIDENTE: ENTERADOS.
CIRCULAR No. 33.- ENVIADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, COMUNICANDO ELECCIÓN DE SU MESA DIRECTIVA, QUE FUNGIRÁ DURANTE EL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
PRESIDENTE: ENTERADOS.
DIPUTADO AGUSTÍN BERNArdo bonilla saucedo: es cuanto señor presidente.
PRESIDENTE: GRACIAS SEÑOR DIPUTADO, EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS JUAN QUIÑONEZ RUIZ Y RICARDO DEL RIVERO MARTINEZ, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA



DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.

P R E S E N T E.
JUAN QUIÑONEZ RUIZ Y RICARDO DEL RIVERO MARTINEZ, diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional de esta Sexagésima Sexta Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 171 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos someter a la consideración del Honorable Pleno, Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado mes de mayo del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

El artículo Primero Transitorio del referido Decreto, prevé que la reforma entró en vigor al día siguiente de dicha publicación, de tal forma que son normas vigentes en nuestro orden jurídico.

Con base en el artículo Cuarto Transitorio del ya mencionado Decreto, los Poderes Legislativo Federal y Estatales deberán, dentro de su competencia, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales ya precisadas.

Asimismo, el mismo decreto establece en su artículo Séptimo Transitorio, los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales.

La iniciativa que hoy presentamos, acorde a la reforma Constitucional referida, pretende homologar nuestra Constitución Política, a las disposiciones del referido Decreto, creando el Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Durango, con las siguientes características: Sistema Estatal Anticorrupción se crea como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

La iniciativa plantea crear el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Durango contará con:

a) Un Comité Coordinador por los titulares de laEntidad de Auditoria Superior del Estado; de las Fiscalías Especial para el Combate a la Corrupción y Especial para la Prevención y Atención de Delitos Electorales; por el titular de la secretaría del Ejecutivo del Estado responsable del control interno; por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; así como por un representante del Consejo dela Judicatura del Poder Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Al Comité Coordinador del Sistema le corresponderá:


  1. El establecimiento de mecanismos de coordinación en materia de combate a la corrupción

  2. El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción

  3. La emisión de recomendaciones a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas institucionales dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno, debiendo las autoridades destinatarias de las recomendaciones e informar al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

b) El Comité de Participación Ciudadana, se conformara por 5 ciudadanos designados por el Congreso del Estado. Su objetivo será encaminar de manera eficaz las propuestas ciudadanas.

c) Dentro de la funciones del Sistema Estatal de Anticorrupción será el coordinar el diseño y evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la promoción de la integridad pública. El Sistema Estatal Anticorrupción se compone de tres áreas competenciales para su plena eficacia en el combate a la Corrupción.

En materia de prevención los entes públicos, estatales y municipales, tendrán órganos internos de control facultados para, en los términos que establezca la ley, prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito. Los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables.

En materia de investigación la Entidad de Auditoría Superior del Estado será el órgano responsable de vigilar la cuenta pública para identificar posibles irregularidades en ingresos o gastos de recursos públicos. Estará a cargo de:

 Promover la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales, municipales, y a los particulares, cuando en uso de sus facultades de fiscalización detecte irregularidades.

 Presentar denuncias penales y para iniciar procedimientos ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 Hacer revisiones durante el ejercicio fiscal y sobre actos ya definitivos las Fiscalías Especial para el Combate a la Corrupción y Especial para la Prevención y Atención de Delitos Electorales creadas de manera autónoma a la Fiscalía General del Estado, cuyos titulares serán designados con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Legislatura y con facultades de investigación en posibles delitos relacionados con sus competencias.

Con relación a las sanciones el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativase le otorgan facultades en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos del estado y los municipios, así como a los particulares involucrados en faltas administrativas graves.

El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y estará a cargo de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, así como imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa y a los particulares que incurran en hechos de corrupción en los términos que determinen las leyes.

Estará dotado de facultades para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

Por todo lo anterior, sometemos a su consideración para su trámite legislativo correspondiente, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:
LA LXVI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 82 Y 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO UNICO.- Se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, para quedar

Artículo 82.-El Congreso del Estado tiene facultades para legislar en todo aquello que no esté expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras; además tiene las siguientes:
I…

a)…


b)…

c)…


e)…
II…

  1. Recibir la cuenta pública del Ejecutivo, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos.

  2. Fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar en su caso con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, las Cuentas Públicas que presenten los Poderes del Estado, los Organismos Autónomos, los organismos descentralizados y desconcentrados y fideicomisos públicos de la administración pública del Estado, los Municipios y sus organismos descentralizados y desconcentrados, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos respectivos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, así como fiscalizar a las personas físicas o morales de derecho privado que hayan recibido recursos públicos.

  3. Para legislar sobre el ejercicio de la acción penal, y designar al Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción y al Fiscal Especial para la Prevención y Atención de Delitos Electorales, mediante el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública donde participaran profesionistas título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.




  1. Para expedir la ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción a que se refiere esta Constitución.

  2. Coordinar y evaluar por medio de la Comisión correspondiente, el desempeño de las funciones de la Entidad de Auditoría Superior del Estado.




  1. Para citar a los secretarios del despacho del Ejecutivo, al Fiscal General, a los titulares de las entidades de la administración pública estatal o municipal, a los titulares de los organismos constitucionales autónomos y demás servidores públicos previstos en esta Constitución, para que emitan opinión cuando se discuta una ley o informen cuando se estudie cualquier asunto concerniente a sus respectivos ramos.

  2. Citar, a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a las autoridades o servidores públicos que no acepten o incumplan las recomendaciones de dicha Comisión, esto a fin de que comparezcan ante el Pleno Legislativo en sesión pública, a explicar el motivo de su negativa.




  1. Recabar informes sobre todos los ramos de administración pública del Estado y de los municipios, cuando lo estime necesario para el mejor ejercicio de las funciones de la Legislatura; y

  2. Llevar un registro del patrimonio de los servidores públicos.

III.-…
IV.-…


V.-…
Artículo 86.- La Entidad de Auditoría Superior del Estado tiene las siguientes atribuciones:

I. Fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de recursos que ejerzan las entidades fiscalizadas.La fiscalización también procederá respecto a la recaudación, administración, manejo o ejercicio de los recursos públicos, que realice cualquier persona física o moral, pública o privada. También fiscalizará directamente los recursos estatales y municipales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, vigilando que se cumpla con lo establecido en las Leyes de Ingresos y la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Durango, así como los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los usuarios del sistema financiero.

II. Realizar auditorías sobre el desempeño, emitiendo las recomendaciones correspondientes. Las entidades fiscalizadas deberán precisar las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.

III. Sin perjuicio del principio de anualidad, la auditoría superior deberá solicitar y revisar periodos anteriores, cuando el programa o proyecto contenidos en el presupuesto en revisión, abarque diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de programas. Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. El Órgano de Fiscalización Superior rendirá un informe específico a la Legislatura y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes.

IV. Revisar los procesos concluidos que las entidades fiscalizadas reporten en los informes de avance de gestión financiera. De igual manera, derivado de denuncias que presuman daño a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades fiscalizadas, la auditoría superior podrá requerir a éstas procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los hechos motivo de la denuncia y le rindan un informe inmediatamente a su conclusión.

V. Entregar al Congreso del Estado los informes del resultado de la revisión de la Cuenta Pública, a más tardar el último día hábil del mes de mayo del año de su presentación, los cuales tendrán el carácter de públicos desde su entrega. Dentro de dichos informes se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables, la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas y el relativo al estado en que se encuentran las observaciones de la Entidad de Auditoría Superior del Estado.

VI. Rendir al pleno del Congreso del Estado, dentro de los primeros quince días de los meses de febrero y julio de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones, acciones y sobre el estado que guardan las denuncias penales y administrativas promovidas por la Entidad de Auditoria Superior. La omisión de presentar los informes a que se refiere esta disposición será considerada grave para los efectos de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.

VII. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, control, administración y aplicación de recursos públicos que ejerzan las entidades fiscalizadas.

VIII. Efectuar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, así como realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos de las entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente el ejercicio de sus funciones.

IX. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades fiscalizadas, decretar las indemnizaciones y sanciones correspondientes, y en su caso, promover ante las autoridades competentes el establecimiento de otras responsabilidades, y

X. Las demás que le otorgue esta Constitución y las leyes.
Artículo 102.- Al ministerio público le corresponde investigar los delitos del orden común; ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad y de la acción penal ante los tribunales.

El ejercicio de las funciones del ministerio público estará adscrito:

I.- Al Fiscal General del Estado,quien dependerá directamente del Gobernador del Estado.

II.- Al Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción, en el ámbito de su competencia.

III.- Al Fiscal Especial para la Prevención y Atención de Delitos Electorales, en el ámbito de su competencia.

Las Fiscalías Especial para el Combate a la Corrupción y Especial para la Prevención y Atención de Delitos Electorales serán, cada una, organismos autónomos, permanentes, especializados, imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio; con plena autonomía técnica, de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, y para decidir sobre su funcionamiento, actos y resoluciones; la función a su cargo se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad sus titulares serán designados conforme a lo establecido en la presente Constitución.

La Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción será competente para:

a) Recibir en el ámbito de su competencia, las denuncias por hechos que la Ley señale como delitos para su conocimiento específico;

b) Conducir las investigaciones que legalmente procedan cuando se trate de hechos previstos en el inciso anterior;

c) Coordinar a la Policía a su cargo y a los servicios periciales durante su investigación;

d) Ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión;

e) Integrar las carpetas de investigación bajo los principios que rigen la actuación del Ministerio Público;

f) Resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley;

g) Cumplir adecuadamente sus funciones en las audiencias de control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, intermedias, de juicio oral y de ejecución de sentencias;

h) Remitir a las autoridades correspondientes las Carpetas de Investigación con motivo de hechos que la ley señale como delitos, en los casos que se determine que no sean de su competencia;

i) Coordinarse con las autoridades estatales y nacionales para el establecimiento de programas y acciones para la prevención de delitos de su conocimiento, así como de fomento a la cultura de la denuncia y legalidad en su materia;

j) Llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la formación, actualización, capacitación y profesionalización de los servidores públicos de la Fiscalía;

k) Llevar a cabo campañas de difusión sobre la prevención, conocimiento y denuncia de delitos de su ámbito;

l) Las demás que determinen las leyes.
La Fiscalía Especial para la Prevención y Atención de Delitos Electorales será competente para investigar y perseguir los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuando no sea competente la federación, y tendrá las siguientes atribuciones:

a) Recibir en el ámbito de su competencia, las denuncias por hechos que la Ley General en Materia de Delitos Electorales señale como delitos electorales;

b) Conducir las investigaciones que legalmente procedan cuando se trate de hechos previstos en el inciso anterior;

c) Coordinar a la Policía a su cargo y a los servicios periciales durante su investigación;

d) Ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión;

e) Integrar las carpetas de investigación bajo los principios que rigen la actuación del Ministerio Público;

f) Resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley;

g) Cumplir adecuadamente sus funciones en las audiencias de control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, intermedias, de juicio oral y de ejecución de sentencias;

h) Remitir a las autoridades correspondientes las Carpetas de Investigación con motivo de hechos que la ley señale como delitos electorales, en los casos que se determine que no sean de su competencia;

i) Coordinarse con las autoridades estatales y nacionales para el establecimiento de programas y acciones para la prevención de delitos electorales, así como de fomento a la cultura de la denuncia y legalidad en materia de delitos electorales, en donde se involucre a la sociedad civil;

j) Llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la formación, actualización, capacitación y profesionalización de los servidores públicos de la Fiscalía;

k) Llevar a cabo campañas de difusión sobre la prevención, conocimiento y denuncia de delitos electorales;

l) Las demás que determinen las leyes.
Las Fiscalías Especial para el Combate a la Corrupción y Especial para la Prevención y Atención de Delitos Electorales contarán con los agentes del Ministerio Público y de la Policía Estatal Investigadora en los términos dispuestos por esta Constitución.

El Ministerio Publico se auxiliará de una policía encargada de la investigación de los delitos, la que estará bajo su mando inmediato y directo, así como de los demás cuerpos de seguridad pública y privada, en los términos de las leyes.

Las funciones de procuración de justicia que se realicen en el Estado, se harán con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, el Estado está obligado a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de los respectivos órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las autoridades locales podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República.

Las faltas accidentales y temporales del Fiscal General del Estado y de los fiscales especiales para el Combate a la Corrupción y para la Prevención y Atención de Delitos Electorales, se suplirán en la forma que determine la Ley.
Artículo 103.-El Fiscal General será designado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado con la ratificación del Congresodel Estado.

Una vez que el Fiscal General rinda la protesta de ley correspondiente ante el Titular del Poder Ejecutivo, dentro de los treinta días posteriores deberá presentar ante el Congresodel Estado el programa de trabajo anual de la Fiscalía.


Artículo 104.-Para ser Fiscal General del Estado se requiere:

  1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

  2. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;

  3. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

  4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;

  5. Acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción;

  6. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación.


Artículo 114.-El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano jurisdiccional independiente con autonomía funcional y presupuestal y dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal, ya sea central o paraestatal; estableciendo las normas de su organización y funcionamiento, los requisitos, las licencias y renuncias de sus integrantes, sus procedimientos y los recursos contra las resoluciones que pronuncien. Dicho Tribunal conocerá de las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública municipal, central o paramunicipal.
Asimismo, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa será el órgano competente en materia anticorrupción, para imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales, por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.

Del Sistema Estatal Anticorrupción de Durango

Artículo 144.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
I.- El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Entidad de Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción; por el titular de la Secretaría del Ejecutivo del Estado responsable del control interno; un representante de los órganos de control de cada región; por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; así como por un representante del Consejo delajudicatura Poder Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana;

II.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que serán designados por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política; y


III.- Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:

a) La coordinación con las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción;

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.
IV.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que sin constituir delito, puedan afectar la eficiencia y buena marcha de los asuntos públicos.

La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas serán investigadas y substanciadas por la Entidad de Auditoria Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltaspor el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

El Consejo dela Judicatura del Poder Judicial será la instancia competente para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de las atribuciones de la Entidad de Auditoria Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

V.- La jurisdicción administrativa conocerá de las controversias en que se reclame a la Administración Pública estatal o municipal el pago de indemnización por los daños y perjuicios que ocasionen a las personas en sus bienes y derechos.

VI.- El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.

Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.

Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. Para el ejercicio de la competencia señalada en este párrafo, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, deberá emitir sus resoluciones, interlocutorias y definitivas, por el voto mínimo de 2 de sus integrantes.

No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

VII.- Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

En los casos de corrupción las responsabilidades prescribirán en un plazo de diez años.

La ley penal establecerá los delitos de corrupción y sus respectivas penas, que incluirán en su caso el decomiso y la privación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como resultado de la comisión de los mismos.

Las sanciones impuestas podrán ser recurridas, en los términos de las leyes de la materia.
Artículo 175 Bis.- Los servidores públicos y los particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:


  1. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.

La ley determinará los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten tu patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privatización de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

  1. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en sanciones económicas que , en su caso, haya obtenido el responsable y con los daño sy perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Órgano de Fiscalización Superior y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en su Ley Orgánica, sin perjuicio de las atribuciones del órgano de Fiscalización Superior en materia de fiscalización sobre el manejo, las custodia y aplicación de recursos públicos.


La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que determinen los órganos internos de control.

Los entes públicos estatales y municipales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia, las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; así también para sancionar los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos.



Los órganos internos de control estatal y municipal contarán con su autonomía técnica, de gestión y presupuestal en el ejercicio de sus funciones de control, conforme a lo que establezca la ley.


  1. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios u ejecución de obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública estatal o municipal. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción, cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas que causen perjuicio a la Hacienda Pública estatal o municipal, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución se definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores, se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo, conforme lo señale la ley respectiva.
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal estatal.
El Órgano de Fiscalización Superior, la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno y los órganos internos de control en el ámbito municipal podrán recurrir las determinaciones de la Agencia Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Se establece un plazo de noventa días naturales para que el Congreso del Estado apruebe la Ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves; así como las reformas a la legislación de justicia administrativa, la relativa a la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango y las demás correspondientes y necesarias para adecuar el marco normativo del Estado a la presente reforma constitucional.

ARTÍCULO CUARTO.- El Congreso del Estado deberá realizar las designaciones de los titulares de las Fiscalías Especial para el Combate a la Corrupción y Especial para la Prevención y Atención de Delitos Electorales.

ARTÍCULO QUINTO.- Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado deberán garantizar que las Fiscalías Especial para el Combate a la Corrupción y Especial para la Prevención y Atención de Delitos Electorales cuenten con los recursos financieros necesarios para su operación dentro de los diez días siguientes contados a partir de la designación de sus titulares.

A t en t a m en t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 3 de Diciembre de 2015.



RÚBRICA RÚBRICA

DIP. JUAN QUIÑONEZ RUIZ DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTINEZ
PRESIDENTE: PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: TIENE LA PALABRA EL DIPUTADO RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ, HASTA POR 15 MINUTOS.


DIPUTADO RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ: CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS, LA CORRUPCIÓN ES UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS GRAVES ENTENDIDOS EN MÉXICO, Y SU OMNIPRESENCIA Y LOS COSTOS QUE ACARREA PERMITEN CATEGORIZARLA COMO EL ENEMIGO PÚBLICO NÚMERO UNO, PEOR AÚN, COMO UN PROBLEMA A NIVEL NACIONAL, ESTE PROBLEMA ATRAVIESA ESTE PROBLEMA ATRAVIESA ESTATUS SOCIOECONÓMICOS, GÉNEROS, EDAD, SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO TIPO DE ACTIVIDAD DE INDUSTRIA, SERVICIOS, TRANSPORTE CULTURA CATEGORÍAS LABORALES, MANDOS MEDIOS, PATRONES, TRABAJADORES, LAS RAMAS DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ORDENES DE GOBIERNO, FEDERAL, ESTATAL, O LOCAL, FILIACIONES POLÍTICAS O CUALQUIER OTRA FILIACIÓN QUE SE NOS OCURRA, NORMALMENTE SE DA EN GRAN Y PEQUEÑA ESCALA EN SITUACIONES ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES, A LA LUZ DEL DÍA Y EN LO OBSCURITO A SU LADO VA SIEMPRE SU INSEPARABLE COMPAÑERA, LA IMPUNIDAD Y QUE A PESAR DE SU OMNIPOTENCIA, NO HA EXISTIDO NI LA VOLUNTAD PARA PREVENIRLA, NI CASTIGARLA NI TAMPOCO UNA POLÍTICA NACIONAL PARA COMBATIRLA, COMO EN TODO PROBLEMA DE CARÁCTER PÚBLICO PARA ENCONTRARLE LA SOLUCIÓN HAY QUE COMENZAR PRIMERO POR RECONOCERLA, SEGUNDO TENERLO EN LA AGENDA DE DISCUSIÓN, TERCERO ENTENDERLO EN TODA SU COMPLEJIDAD, CUARTO PROPONER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, Y QUINTO FORMAR UNA ALIANZA GANADORA PARA RESOLVERLO, EN ESTE SENTIDO EL PASADO MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DECRETO POR EL CUAL SE REFORMARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL REFERIDO DECRETO, PREVÉ QUE LA REFORMA ENTRÓ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE DICHA PUBLICACIÓN, DE TAL FORMA QUE SON NORMAS VIGENTES EN NUESTRO ORDEN JURÍDICO, CON BASE EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL YA MENCIONADO DECRETO, LOS PODERES LEGISLATIVO FEDERAL Y ESTATALES DEBERÁN, DENTRO DE SU COMPETENCIA, EXPEDIR LAS LEYES Y REALIZAR LAS ADECUACIONES NORMATIVAS CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS 180 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS LEYES GENERALES YA PRECISADAS, ASIMISMO, EL MISMO DECRETO ESTABLECE EN SU ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE DEBERÁN CONFORMARSE DE ACUERDO CON LAS LEYES GENERALES QUE RESULTEN APLICABLES, LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES, LA INICIATIVA QUE HOY PRESENTAMOS, ACORDE A LA REFORMA CONSTITUCIONAL REFERIDA, PRETENDE HOMOLOGAR NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, A LAS DISPOSICIONES DEL REFERIDO DECRETO, CREANDO EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO DE DURANGO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN SE CREA COMO UNA INSTANCIA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y SANCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, ASÍ COMO EN LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS, LA INICIATIVA PLANTEA CREAR UN SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE DURANGO CONTARÁ CON: UN COMITÉ COORDINADOR POR LOS TITULARES DE LAENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO; DE LAS FISCALÍAS ESPECIAL PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES; POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO; POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA; ASÍ COMO EL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL Y OTRO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA LE CORRESPONDERÁ: PRIMERO EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, EL DISEÑO Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS, DE PREVENCIÓN, CONTROL Y DISUASIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, LA EMISIÓN DE RECOMENDACIONES A LAS AUTORIDADES, CON EL OBJETO DE QUE ADOPTEN MEDIDAS INSTITUCIONALES DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, ASÍ COMO AL MEJORAMIENTO DE SU DESEMPEÑO Y DEL CONTROL INTERNO, DEBIENDO LAS AUTORIDADES DESTINATARIAS DE LAS RECOMENDACIONES E INFORMAR AL COMITÉ SOBRE LA ATENCIÓN QUE BRINDEN A LAS MISMAS, EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE CONFORMARA POR 5 CIUDADANOS DESIGNADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO Y SU OBJETIVO SERÁ ENCAMINAR DE MANERA EFICAZ LAS PROPUESTAS CIUDADANAS, DENTRO DE LA FUNCIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE ANTICORRUPCIÓN SERÁ EL COORDINAR EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE EDUCACIÓN, CONCIENTIZACIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y SANCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD PÚBLICA. EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN SE COMPONE DE TRES ÁREAS COMPETENCIALES PARA SU PLENA EFICACIA EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, EN MATERIA DE PREVENCIÓN LOS ENTES PÚBLICOS, ESTATALES Y MUNICIPALES, TENDRÁN ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL FACULTADOS PARA, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY, PREVENIR, CORREGIR E INVESTIGAR ACTOS U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; PARA SANCIONAR AQUÉLLAS DISTINTAS A LAS QUE SON COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA; REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS; ASÍ COMO PRESENTAR LAS DENUNCIAS POR HECHOS U OMISIONES QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARÁN OBLIGADOS A PRESENTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y EN LOS TÉRMINOS QUE DETERMINEN LAS LEYES APLICABLES, EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN LA ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO SERÁ EL ÓRGANO RESPONSABLE DE VIGILAR LA CUENTA PÚBLICA PARA IDENTIFICAR POSIBLES IRREGULARIDADES EN INGRESOS O GASTOS DE RECURSOS PÚBLICOS. ESTARÁ A CARGO DE: PROMOVER LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES, MUNICIPALES, Y A LOS PARTICULARES, CUANDO EN USO DE SUS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN DETECTE IRREGULARIDADES, PRESENTAR DENUNCIAS PENALES Y PARA INICIAR PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, HACER REVISIONES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL Y SOBRE ACTOS YA DEFINITIVOS LAS FISCALÍAS ESPECIAL PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES CREADAS DE MANERA AUTÓNOMA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CUYOS TITULARES SERÁN DESIGNADOS CON EL VOTO DE LAS 2/3 PARTES DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA Y CON FACULTADES DE INVESTIGACIÓN EN POSIBLES DELITOS RELACIONADOS CON SUS COMPETENCIAS, CON RELACIÓN A LAS SANCIONES EL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVAS SE LE OTORGAN FACULTADES EN MATERIA DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS GRAVES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO A LOS PARTICULARES INVOLUCRADOS EN FALTAS ADMINISTRATIVA GRAVEAS, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DOTADO DE PLENA AUTONOMÍA PARA DICTAR SUS FALLOS Y ESTARÁ A CARGO DE DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y MUNICIPAL Y LOS PARTICULARES, ASÍ COMO IMPONER LAS SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES Y MUNICIPALES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y A LOS PARTICULARES QUE INCURRAN EN HECHOS DE CORRUPCIÓN EN LOS TÉRMINOS QUE DETERMINEN LAS LEYES, ESTARÁ DOTADO DE FACULTADES PARA FINCAR A LOS RESPONSABLES EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES Y SANCIONES PECUNIARIAS QUE DERIVEN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE AFECTEN A LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL O MUNICIPAL O AL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS LOCALES O MUNICIPALES, POR TODO LO ANTERIOR, LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PRESENTA INICIATIVA DE DECRETO EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, ESPERANDO EL APOYO DE TODOS LOS COMPAÑEROS DIPUTADOS, EN EL PROCESO DE LA DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, POR SU ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS.
PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO EUSEBIO CEPEDA SOLÍS.
PRESIDENTE: EL DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ, DARA LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE TRÁNSITO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO
DIPUTADO JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ: HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Tránsito y Transportes, le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativas con Proyecto de Decreto, la primera presentada por los CC. DIPUTADOS EUSEBIO CEPEDA SOLÍS, ANAVEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FELIPE MERAZ SILVA y AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO, la segunda por los C.C. DIPUTADOS JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ Y FELIPE MERAZ SILVA, y la tercera presentada por los CC. DIPUTADOS EUSEBIO CEPEDA SOLÍS, ARTURO KAMPFNER DÍAZ Y ANAVEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, integrantes de esta LXVI Legislatura, que contienen REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE TRANSITO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, 103, 135, 176, 177, 178 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base a los siguientes:



C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO.- El 29 de Agosto de 2013, fue publicado el decreto 540, mismo que contiene la Reforma Integral a la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango, lo que trajo consigo el compromiso de ajustar los ordenamientos secundarios conforme lo establecido en el máximo ordenamiento estatal, así como lo manifiesta en su artículo segundo transitorio, que a la letra dice: “En el término máximo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Constitución, el Congreso del Estado deberá expedir las leyes secundarias y realizar las reformas que correspondan para ajustarlas al contenido de la presente Constitución.”


SEGUNDO.- Los suscritos que integramos esta comisión, consideramos que es menester en esta ocasión hacer lo propio con la Ley de Tránsito para los Municipios del Estado de Durango, y estar en plena armonía con nuestra carta magna estatal, dando cumplimiento a dicho mandato constitucional y de esta manera poder brindar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos duranguenses, a través de una normativa adecuada en tiempo y forma.
TERCERO.- Aunado a lo anterior, en observancia plena con la cultura de respeto a los derechos humanos, los suscritos nos dimos a la tarea de velar y salvaguardar los mismos en esta ley accesoria, en virtud de ello, se propone reformar diversos artículos del presente ordenamiento con la intención de referirnos a las personas con discapacidad sin generar la percepción de que ellos sean discriminados, pues se trata de integrantes de nuestra sociedad que conviven con nosotros diariamente y debemos fortalecer las bases para promover el respeto que como ciudadanos merecen, además de promover la armonía y la convivencia en paz y tranquilidad, en franca concordancia con la política de inclusión que deja de lado términos que puedan llevar a la discriminación en algún momento.

En base a lo anteriormente expuesto y con las modificaciones realizadas al Proyecto de Decreto, analizadas y discutidas, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el último párrafo del artículo 182 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación correspondiente, en su caso, el siguiente:
P R O Y E C T O D E D E C R E T O
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, 4, 8, 18, 20, 21, 36 BIS, 41, 45 y 52, todos de la Ley de Tránsito para los Municipios del Estado de Durango, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3.

Para lograr lo previsto en el artículo anterior, será necesaria la planeación, ordenación, organización y operación del servicio de tránsito y vialidad dentro de la jurisdicción de cada municipio del Estado de Durango, ajustándose a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, a la presente ley, a lo establecido en los reglamentos que se expiden para tal efecto, y demás ordenamientos aplicables, así como a los convenios que se suscriban como consecuencia de la transferencia del Servicio Público de Tránsito.

ARTÍCULO 4.



Los ayuntamientos tendrán a su cargo el Servicio Público de Tránsito, en los términos que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 Fracción III inciso H), así como el artículo 153 fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.

ARTÍCULO 8.

Las autoridades municipales de tránsito, en los términos de esta ley, están facultadas para dictar las disposiciones necesarias a efecto de regular y planear el tránsito de peatones y de vehículos en las vías públicas de su jurisdicción territorial, a excepción de las vías públicas estatales y federales.

ARTÍCULO 18


….
De la I a la XII….

XIII.- Instrumentar las medidas necesarias para proteger a los peatones, a los menores de edad, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores, en su carácter de usuarios de la vía pública; y


XIV….

ARTÍCULO 20


….
I.- Coadyuvar en las funciones del Director;
De la II a la III ….

ARTÍCULO 21


….
I a la IV…
V.- ….
a) DE EDUCACIÓN: Instruyendo, durante el desempeño de sus funciones, a los usuarios sobre el uso apropiado de la vía pública, el respeto a los peatones y las consideraciones especiales a las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad;

ARTICULO 36 BIS.


Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 34, 35 y 36 de esta Ley, las direcciones municipales de seguridad pública, vialidad o las dependencias equivalentes de los ayuntamientos, podrán expedir permisos temporales para el uso de espacios, rampas y estacionamientos de uso exclusivo para personas con discapacidad, en los siguientes supuestos:

I. ….
II. A las personas con discapacidad temporal, que sin ser propietarios o poseedores de un vehículo automotor, sean transportados por automovilistas que no cuenten con placas para personas con discapacidad.


….
De la I a la VII….
….

ARTÍCULO 41

….

I. …


a) a la c)….

d) ….


En el caso de las personas con discapacidad, el reconocimiento médico deberá tomar en cuenta el tipo de incapacidad del solicitante, su habilidad para superarla, y el acondicionamiento de su vehículo.

e) a la g)…

II….

a) a la j)….



III…

….

….


ARTÍCULO 45

A toda persona con discapacidad para la conducción normal de vehículos de motor, se le podrá expedir licencia de conducción cuando cuente, según la deficiencia, con anteojos, prótesis u otros aparatos, o el vehículo que pretenda conducir esté provisto de mecanismos y otros medios auxiliares que, previa demostración, le capaciten para conducir.

ARTÍCULO 52
Los Municipios están obligados a colaborar de manera eficiente con el Gobierno del Estado, para el caso de que se cometa una violación al usuario por el permisionario de un servicio público de transporte, dando aviso de inmediato al Gobierno del Estado. Los Municipios procederán a coadyuvar en la ejecución de las órdenes emitidas por la Dirección General de Transportes en el Estado, siempre y cuando no contravengan disposiciones de orden público contenidas en la Ley y los Reglamentos aplicables.
T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (2) dos días del mes de Diciembre del año 2015 (dos mil quince).
LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES

RÚBRICA

DIP. ANAVEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

PRESIDENTA

RÚBRICA

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA

SECRETARIO

RÚBRICA

RÚBRICA

DIP. EUSEBIO CEPEDA SOLÍS

VOCAL

RÚBRICA

DIP. FELIPE MERAZ SILVA

VOCAL

DIP. AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO

VOCAL

PRESIDENTE: EL DIPUTADO SECRETARIO AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO, DARA LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE DURANGO
DIPUTADO AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO: HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, iniciativa presentada por los CC. Diputados Carlos Emilio Contreras Galindo, Manuel Herrera Ruíz, Anavel Fernández Martínez, José Ángel Beltrán Félix, Eduardo Solís Nogueira y Octavio Carrete Carrete, que contiene reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley que Crea el Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado de Durango; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 93 fracción I, 103, 146, 176, 177 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base a los siguientes:


C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- La iniciativa referida en el proemio del presente dictamen, tiene como propósito armonizar diversas disposiciones de la Ley que Crea el Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado de Durango, con las nuevas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, lo anterior debido a que mediante decreto número 540, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, número 69 de fecha 29 de agosto de 2013, se aprobó la reforma a integral a nuestra Constitución Local, en la cual en su artículo Segundo Transitorio se estableció que el término máximo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor de la misma, el Congreso del Estado debería expedir las leyes secundarias y realizar las reformas que correspondan para homologarlas al contenido de la misma, situación que hace necesario las reformas y adiciones de algunos preceptos de la norma secundaria motivo del presente dictamen.
SEGUNDO.- La planeación de desarrollo municipal es una actividad de racionalidad administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad; por lo que, los suscritos coincidimos con los iniciadores, que una de las tareas básicas de todos los órdenes de gobierno, gira necesariamente en torno a la planeación, la cual constituye el desarrollo municipal, así como buscar los medios idóneos para la consecución de sus fines y finalmente su transparencia en una realidad palpable para la sociedad para la cual se gobierna.


TERCERO.- Aunado a lo anterior y en base a nuestro máximo ordenamiento local, el Estado de Durango tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, al municipio libre, tal como lo mandata el artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en base a este imperativo, la legislación secundaria en la materia, es decir la Ley que Crea el Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado de Durango, debe ser acorde a nuestra Carta Fundamental Local.
CUARTO.- En esas condiciones y siguiendo la armonización con nuestro marco legal supremo, se considera necesario armonizar el artículo 1 de la Ley que en esta ocasión se propone a reforma, con el numeral 152 de la Constitución Local, ello, en virtud de que los Municipios como plataforma de la conformación política y administrativa estatal, tienen la necesidad de aprobar, de acuerdo a las leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana vecinal
QUINTO.- En esa Tesitura, con la presente adecuación del artículo 4 de la legislación secundaria con el numeral 160 de la Constitución Estatal, se pretende que los Municipios en el manejo de los recursos públicos se apeguen a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad, honradez y responsabilidad social para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, con fundamento en lo que dispone el artículo 182, último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, con las adecuaciones realizadas a la misma, es procedente, en virtud de considerar que obedece al mejoramiento de forma y fondo jurídicos, permitiéndose someter a la determinación de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente:
P R O Y E C T O D E D E C R E T O
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, y 4 en su fracción II, ambos de la Ley que Crea el Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado de Durango, para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 1. Se crea el Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado de Durango, en concordancia con los numerales 47, 50, y 152 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión, el cual tendrá su domicilio legal en la capital del Estado.
ARTÍCULO 4. …
I.-…

II.-Desarrollo integral de los municipios a través de la articulación de políticas públicas, programas y acciones de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, a fin de favorecer el adecuado aprovechamiento de los recursos, así como su racionalización, optimización y rendición de cuentas, en estricto apego a lo preceptuado en el artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango;
III. a la VI.-….
TRANSITORIOS
PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido de esta ley.
El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 02 (dos) días del mes de diciembre del año 2015 (dos mil quince).
LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

RÚBRICA

DIP. MANUEL HERRERA RUIZ

PRESIDENTE

RÚBRICA RÚBRICA

DIP. ISRAEL SOTO PEÑA

SECRETARIO

RÚBRICA

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ

VOCAL

DIP. ANAVEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

VOCAL

RÚBRICA

DIP. JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX

VOCAL


PRESIDENTE: EL DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ, DARA LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, DEL MUNICIPIO DE: TLAHUALILO, DGO.
DIPUTADO JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ: HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa enviada por el C. Armando Rodríguez Belmontes,Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de TLAHUALILO, DGO., que contiene LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93 fracción I, 122 fracción II, 176, 177 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen en base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO.-Esta Comisión que dictamina al entrar al estudio y análisis que se mencionar en el proemio del presente dictamen, da cuenta que en la misma se contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Tlahualilo, Durango, para el ejercicio fiscal 2016, misma que tiene como fundamento el Acuerdo de Cabildo tomado en Sesión Pública Ordinaria No. 16 de fecha 27 octubre del año 2015, mediante el cual sus integrantes, previo estudio y análisis, aprobaron la propuesta de los ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal del 2016, autorizando desde luego al C. Presidente Municipal a formular la iniciativa de decreto, para los efectos de que esta Legislatura, emita la Ley correspondiente.
SEGUNDO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 115, que los ayuntamientos manejarán libremente su hacienda la cual se formará de los rendimientos, de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor; dispone así mismo, que los municipios percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales sobre la propiedad inmobiliaria; de igual forma contempla y enumera los servicios públicos y atribuciones a cargo de los municipios.
TERCERO.-En este contexto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango en su numeral 150, dispone que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor; en todo caso, percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tenga como base el cambio de valor de los inmuebles; las participaciones, aportaciones y subsidios federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos, y plazos que anualmente determine en las leyes, además de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo; así como los productos y aprovechamientos que le correspondan. Tal es así que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango refiere que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de aprobar su proyecto de presupuesto anual de ingresos, el cual soportará los egresos previstos para el ejercicio fiscal, para los efectos de que el Poder Legislativo materialice la facultad que le confiere la fracción I del artículo 82 de la Carta Política Local.
CUARTO.- En el caso que nos ocupa, la dictaminadora da cuenta que el Municipio iniciador dio cumplimiento a lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango en sus artículos 39, 42 y 52 fracción XXI en relación a la fracción I del Apartado C) del artículo 33 de la mencionada ley, sin soslayar que la Administración Pública Municipal debe contar con recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que le permitan llevar a cabo la prestación de los servicios públicos que le corresponden; en este sentido efectúa un proceso de planeación, que parte de un diagnóstico, para establecer las estrategias y acciones a realizar de acuerdo a las necesidades prioritarias de la población de las diferentes localidades del municipio; estas acciones se contemplan en los Planes Municipales de Desarrollo y desde luego en sus programas anuales de trabajo.
Es indudable que la Administración Municipal conoce la importancia de su responsabilidad, por ser el nivel de gobierno más cercano a la población, es la que conoce sus problemas y necesidades, la que cotidianamente dialoga, comparte y de manera corresponsable al lado de los sectores privado y social busca las mejores alternativas y las plasma en los planes y programas a desarrollar durante su gestión.
QUINTO.- En cuanto a la integración de la propuesta que constituye la iniciativa, no escapó a la dictaminadora el hecho de que el fortalecimiento de las haciendas públicas municipales constituye una prioridad relevante para el Poder Legislativo, puesto que las facultades y obligaciones fiscales deben ser ejercidas para posibilitar una mayor recaudación, específicamente en los ramos de predial y agua potable, los que no han sido eficientemente recaudados por diversas razones, previendo los mecanismos de recaudación que permitan su eficiente cobro. Las facilidades que se otorgan a los contribuyentes del impuesto predial y del derecho por prestación del servicio de agua potable, adeudados en ejercicios anteriores permitirán una mayor recaudación, facilidades que también alcanzan a los contribuyentes puntuales, respecto del impuesto mencionado, pues al cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo recibirán un subsidio que permitirá engrosar los caudales públicos. El establecimiento de facilidades fiscales vía subsidio sin duda facilitarán la recaudación de compromisos anteriores y procurarán la protección a sectores más desfavorecidos económicamente, estableciendo tarifas preferentes al Impuesto Predial, Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, así como en el derecho del Agua, para aquellos propietarios de predios urbanos y rústicos, que sean jubilados pensionados y personas con discapacidad, legalmente acreditados, o mayores de 60 años en precaria situación económica; lo anterior, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el hecho de que el legislador contemple subsidios dentro de una ley, ello no contraviene lo dispuesto por nuestra Carta Fundamental, ya que al otorgar éstos, es porque en las mismas leyes se reflejan intereses sociales o económicos de los sujetos beneficiados que los diferencian del resto de los contribuyentes que amerita que se les dé un tratamiento fiscal diferente, pues existen otras leyes que procuran su protección.
Así mismo, se deja constancia que con apego al respeto a la autonomía municipal, la dictaminadora, para los efectos de mejor proveer, realizó consultas con los órganos técnicos del Congreso y dio a los ayuntamientos, la posibilidad de comparecer ante la misma, a fin de realizar un estudio sistemático, puntual y conjunto de cada uno de los rubros que integran la Hacienda Pública Municipal, y poder en pleno ejercicio de facultades, colaborar en la determinación de una ley de ingresos que contenga una estimación clara y precisa de los rubros fiscales y financieros que deberá percibir el municipio para sustentar los egresos que corresponden a la prestación de manera eficaz y eficiente de servicios públicos y administrativos a la comunidad.
SEXTO.-De igual modo, la Comisión, consideró que a manera de dar certeza jurídica al contribuyente, al momento de acudir a la oficina recaudadora a realizar los pagos por las contribuciones establecidas en la presente ley, cuando se mencione en las tablas de cuotas o tarifas, que dichos pagos se harán en Salarios Mínimos Diarios, se entenderá que los mismos se refieren al que se encuentre vigente en el mes de diciembre del año 2015, ello hasta en tanto no entre en vigor la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que con cualquier denominación se establezca y sirva para determinar la cuantía del pago de obligaciones, pues en este caso, toda referencia al Salario Mínimo Diario en esta ley, se entenderá hecha la unidad de medición aplicable.
SÉPTIMO.- Es un hecho a la vista de todos nosotros que en los últimos años ha habido un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas en todos los niveles de nuestra sociedad.
A pesar de que en nuestro país se ha venido implementando programas para ayudar a las personas que han caído en el abuso en el consumo del alcohol, el problema que sigue siendo una de las cuestiones que despierta mayor preocupación, especialmente porque este problema afecta cada vez más a nuestra sociedad.
El abuso en el consumo del alcohol conduce directamente a otros problemas sociales, económicos, laborales, mentales, familiares y físicos, que sufren hombres y mujeres.
Además, estamos todos de acuerdo en que esta situación produce para el Estado costos muy altos en el manejo de la enfermedad, derivada por el consumo desmedido, y que es también causa de accidentes mortales y sirve como puerta de acceso hacia otras adicciones.
Los números son fríos y los datos estadísticos desafortunadamente, en vez de que nos alienten a dar un paso hacia adelante en el combate, al parecer nos hacen cada vez más insensibles de esta problemática.
Son muchos y muy variados los estudios que se han hecho en esta materia sobre los efectos negativos que trae el consumo desmedido de alcohol, en el individuo y en la sociedad.
Por lo que, con fecha 15 de junio de 2003 mediante decreto número 215, la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango expidió la Ley para el Control de Bebidas con Contenido Alcohólico del Estado de Durango, la cual tiene por objeto regular la operación y funcionamiento de establecimientos dedicados a la elaboración, envasado, transportación, almacenamiento, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, lo anterior según el artículo 1 de la citada norma.
De igual forma el numeral 16 de la Ley en comento señala que para operar y establecer los negocios de los que esta da cuenta se requiere de licencia expedida por el Ayuntamiento que corresponda, la cual se otorgará cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento establecidos en la misma y en el reglamento municipal respectivo, siempre y cuando no se afecte el interés social.
OCTAVO.- En tal virtud, de la lectura de la iniciativa aludida en el proemio del presente dictamen, se desprende la intención de tutelar el interés fundamental, social y general que representa el combate y la prevención del abuso en el consumo de bebidas con contenido alcohólico, precisando que las contribuciones que por concepto de la expedición de licencias y su refrendo podrán ser destinadas, a la construcción de infraestructura sanitaria, social, deportiva o de otra índole que materialice en los hechos la corresponsabilidad de la autoridad municipal para favorecer las campañas específicas que conforme al artículo 73, fracción XVI, base 4ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha puesto en vigor el Consejo de Salubridad General y las diversas autoridades sanitarias.
Bajo el anterior contexto normativo conviene traer a colación la tesis de rubro FINES EXTRAFISCALES Y DE POLÍTICA FISCAL. CUANDO PERSIGUEN UNA FINALIDAD AVALADA POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APORTAN ELEMENTOS ADICIONALES PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO.; emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, con número de registro 168133, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta atinente a la Novena Época, visible en la página 551, Tomo XXIX, con fecha Enero de 2009, la cual literalmente establece:
Acorde con la jurisprudencia P./J. 24/2000, de rubro: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.", para cumplir el principio de equidad tributaria el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. En ese sentido, se advierte que las mencionadas finalidades económicas o sociales, o bien, las razones de política fiscal o extrafiscal que sustenten las categorías diferenciadoras establecidas por el legislador, cuando se materializan a través de bases objetivas y bajo parámetros razonables, no son una causa que justifique la violación a la garantía de equidad tributaria, sino que tal concatenación de circunstancias es lo que permite salvaguardar dicha garantía, es decir, cuando los indicados fines persiguen una finalidad avalada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aportan elementos adicionales para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un determinado precepto. En tal virtud, partiendo de la premisa de que efectivamente existiría un trato diferenciado, la búsqueda de fines extrafiscales o de política tributaria no es la razón que justificaría el establecimiento de un trato discriminatorio, sino que evidenciaría que la diferenciación no vulnera la Constitución y que se cumplen los postulados de la garantía de equidad. Argumentar lo contrario implica un error metodológico, al alterarse el orden de la conclusión en relación con las premisas, pues se partiría de la existencia -no corroborada- de una violación a la garantía de equidad tributaria, para posteriormente oponer a ésta la existencia de fines fiscales o extrafiscales que supuestamente justificarían la afectación a los derechos de los gobernados. Sin embargo, ello no es así, pues no debe inferirse que el trato simplemente desigual en automático implica una diferenciación discriminatoria y violatoria de garantías, sino que debe reconocerse que, en las circunstancias descritas, no se vulnera la mencionada garantía porque se persiguen las finalidades apuntadas, las cuales podrán analizarse desde una óptica constitucional.
Así mismo, resulta importante señalar que en diversos juicios de garantías resultado de litigios, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito con sede en la Ciudad de Durango, precisó de manera clara que el legislador puede perseguir la satisfacción de fines extrafiscales, siempre y cuando se sustenten en bases objetivas y bajo parámetros razonables, además que el legislador no solo tiene facultades, sino que además tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente y que puedan responder a finalidades económicas o sociales.
La dictaminadora señala pues, que las bases objetivas y parámetros razonables estriban en que al establecer tributos con fines extra fiscales, que son con un objetivo distinto del recaudatorio, es decir, el Estado no persigue como objetivo fundamental allegarse de recursos para afrontar el gasto público, sino que busca impulsar, orientar o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país.
De tal manera que al aprobarse esta Ley en los términos del presente, se estará coadyuvando con los ayuntamientos a proporcionar seguridad tanto a los que se dedican a la elaboración, envasado, transportación, almacenamiento, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, así como a aquellos que consumen dichas bebidas, toda vez que al destinar los gastos que ingresan a las arcas municipales por las licencias y refrendos de bebidas con contenido alcohólico a fines fiscales y extra fiscales, con ello no se violenta la garantía de equidad tributaria señalada en la Carta Fundamental del País.
Como ya fue establecido en los considerandos precedentes, esta Ley de Ingresos que se dictaminó, va más allá de los fines puramente fiscales de la autoridad pública, siendo la intención primigenia del dictamen que la recaudación en sí no constituye un fin, sino que es un medio para obtener ingresos encaminados a satisfacer las necesidades sociales, dentro del trazo establecido en el texto constitucional, tal como se desprende del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que conmina a contribuir a los gastos públicos, y no a la acumulación de recursos fiscales, lo anterior en atención a que mientras los medios tributarios utilizados por el Estado para obtener recursos -las contribuciones- deben tener un fin necesariamente fiscal -al cual, conforme a criterios jurisprudenciales, pueden adicionarse otros fines de índole extrafiscal-, los montos que generen las contribuciones y todos los demás ingresos del Estado apuntarán siempre hacia objetivos extrafiscales.
Ahora bien, a la luz de estos criterios jurisprudenciales y normativos, y a fin apegarnos estrictamente al marco constitucional en materia tributaria, encuentra exacta aplicación en la especie la tesis jurisprudencial 1a./J. 46/2005, en materia Administrativa, con número de registro 178454, atinente a la Novena Época de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 157 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI de fecha Mayo de 2005, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:
FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.

Una nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente será el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva.
NOVENO.-Además de lo anterior, es menester hacer mención que en fecha 26 de junio de 2013, se aprobó el Decreto número 520, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 68 de fecha 25 de agosto de 2013, en el cual se contienen diversas reformas a la Ley para el Control de Bebidas con Contenido Alcohólico del Estado de Durango, por lo que dentro de lo más relevante en dicho Decreto se contempla en su artículo 5 lo siguiente: ……..

Los recursos que ingresen a las haciendas públicas de los municipios por concepto de multas por infracciones a la presente Ley o al reglamento municipal correspondiente, deberá ser depositado en un fondo que se destinará a los programas permanentes contra las adicciones, de fomento a la educación, la cultura, el deporte y la seguridad pública, para lo cual el Tesorero Municipal o su equivalente, deberán realizar las acciones tendientes al cumplimiento de lo establecido en este dispositivo legal”; en tal virtud, esta dictaminadora coincide con el iniciador de las propuestas aprobadas por la Ley de Bebidas con Contenido Alcohólico, y que los ayuntamientos las apliquen a cabalidad, toda vez que con ellos se podrá ir disminuyendo en forma considerable el abuso de las bebidas con contenido alcohólico; de igual modo, las disposiciones en el mencionado Decreto deberán adecuarlo de conformidad con las leyes respectivas.



DÉCIMO.-Por último la Comisión que dictaminó, exhorta respetuosamente a la autonomía Municipal para que en uso de sus facultades establezcan sistemas y procedimientos tendientes a incrementar la recaudación de los ingresos propios en los conceptos del impuesto predial, agua potable, y otros rubros que permitan elevar la eficiencia en la recaudación tributaria, ya que con ello podrán contar con finanzas más sólidas que brindarán la oportunidad de crecimiento real a los municipios, evitando de manera paulatina la dependencia de recursos que son enviados por la Federación o el Estado. Dicha mejora en recaudación beneficiará de manera directa a la sociedad en general del Municipio, con mayores y mejores obras y servicios que brinden el Ayuntamiento.
Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima, que al cumplir con las disposiciones constitucionales y legales, las iniciativas cuyo estudio nos ocupan, con las adecuaciones realizadas a las mismas son procedentes, lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 182 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de forma y fondo jurídicos. Asimismo, se somete a la determinación de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA:





Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos