Procesado: laurencio ruano navarro niega recurso de queja



Descargar 47.56 Kb.
Fecha de conversión26.04.2019
Tamaño47.56 Kb.
Vistas29
Descargas0

ACTOS SEXUALES MENOR DE 14 AÑOS

RADICACIÓN: 66001600003620110067301

PROCESADO: LAURENCIO RUANO NAVARRO

NIEGA RECURSO DE QUEJA

A N°50


El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de la respectiva sala.
Providencia: Auto – Define recurso de QUEJA - 18 de noviembre de 2016

Radicación Nro. : 66001600003620110067301

Procesado: LAURENCIO RUANO NAVARRO

Delito: ACTOS SEXUALES MENOR DE 14 AÑOS



Magistrado Ponente: JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Tema: RECURSO DE QUEJA / SE NIEGA / NO ES LA ETAPA PROCESAL PARA CUESTIONAR LA ADMISIÓN O PEDIR LA EXCLUSIÓN DE PRUEBAS/ “Acorde con lo analizado en precedencia, en criterio de esta Colegiatura, al no ser la etapa procesal correspondiente para cuestionar la admisión o pedir la exclusión de la prueba objeto de censura, no procedía la apelación solicitada por la defensa, tal como lo concluyó el a quo y lo sustentan cada uno de los sujetos procesales no recurrentes; en consecuencia, se negará el recurso impetrado.
De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, NIEGA el recurso de queja incoado por la defensa, y en consecuencia dispone remitirse la actuación al juzgado de instancia para que se continúe la audiencia de juicio oral en los términos ordenados por la funcionaria de primer nivel.”
Citación jurisprudencial: CSJ AP, 06 ju. 2011, rad. 36611 /

REPÚBLICA DE COLOMBIA

PEREIRA-RISARALDA

RAMA JUDICIAL

T
RIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA

SALA de decisión PENAL

Magistrado Ponente

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE



Pereira, dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Aprobado por Acta N° 1073

Hora: 1:40 p.m.
1.- VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre el recurso de queja incoado por el apoderado judicial del señor LAURENCIO RUANO NAVARRO, contra la negativa de la Juez Segunda Penal del Circuito de esta ciudad de permitirle interponer recurso de apelación frente a la decisión en la que negó su petición de no tener como perito a un testigo de la Fiscalía.
2.- PRECEDENTES
2.1.- En noviembre 02 de 2016, en desarrollo del juicio oral cuando se llevaba a cabo la práctica probatoria de la Fiscalía, más exactamente en el momento en que rendía declaración el Dr. JAIRO ROBLEDO VÉLEZ, psicólogo adscrito al Instituto de Medicina Legal, a quien se pidió por la representante del ente acusador tenerlo como perito, la defensa se opuso a esa solicitud, en atención a que la entrevista que ese profesional le realizó a la menor que figura como víctima no cumplió con las formalidades establecidas en la Ley 1652/13, al no haberse utilizado la cámara gesell; por tanto, considera que eso viola el debido proceso y el elemento material probatorio es ilegal y no puede introducirse al juicio.
La delegada de Fiscal, el representante de la víctima y el procurador judicial, no compartieron lo argumentado por el togado y pidieron que no se accediera a su requerimiento.
2.2.- Mediante proveído de esa misma fecha la titular del juzgado determinó que no le asiste razón al defensor en sus planteamientos por cuanto no hay ninguna ilegalidad en la prueba, y ordenó continuar con la declaración del perito, de conformidad con los siguientes argumentos:
Lo que se apreciara no será la entrevista forense de la menor, sino que se escuchará el testimonio de un perito en psicólogo, el cual ya fue admitido como tal, y va a exponer su experticia en esa área, es decir, la conclusión a la que él llego después de valorar a la víctima.
Ese profesional se ciñó a la metodología establecida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para ese tipo de experticias, entre la que se encuentra la versión del menor, y si bien se haya dicho que ello se hace mediante una entrevista semiestructurada, la misma no puede considerarse como una entrevista forense; por tanto, no tiene que cumplir con los requisitos que se exigen para ese tipo de entrevistas, pero en todo caso la ley que las regula es del 2013 y la valoración se hizo en el 2011, y en ella se prevé que no siempre se contará con una cámara gessell para el desarrollo de la entrevista, por lo que se dispuso como alternativa que se haga en “un espacio físico acondicionado”, con lo que se busca la protección de los menores.
2.3.- El togado al no facultarse por la funcionaria de primer nivel para interponer apelación frente a esa decisión, presentó recurso de queja para que el mismo se conceda y lo sustentó en el acto. Al efecto argumentó:
Respecto de la determinación adoptada por la juez, consistente en permitir la práctica de una prueba, es susceptible de alzada; por tanto, solicitó se conceda el recurso de alzada.
Aunque se diga que el testimonio admitido es pericial, lo que va a rendir aquí el profesional de la salud mental es lo percibido por él de otra persona en una valoración sicológica, que en términos generales podría considerarse como una prueba de referencia, ya que su dictamen estará basado en lo manifestado por la menor. Lo que el perito diga va quedar en la mente de la señora juez por la inmediación de la prueba, y difícilmente podrá dejar de lado esas manifestaciones al momento de dictar la sentencia.
Según lo dispuesto en el artículo 29 inciso final de la Ley 906/04 es nula de pleno derecho toda prueba que se haya obtenido con violación del debido proceso, y en este caso si el legislador ha determinado que la entrevista se debe hacer en cámara gessel, no se puede obviar, pasar por alto, o interpretar de otra manera.
Debe aplicarse por favorabilidad esa ley procesal posterior, de conformidad con la cual las anteriores pierden vigencia, y expresamente la ley consigna que deroga toda disposición anterior que sea contraria a ásta.
2.4.-. La representante de la Fiscalía pidió que no se acceda a la pretensión de la defensa, por cuanto contra la decisión atinente a la práctica de una prueba no procede la apelación, y en consecuencia, no existe causal legal para que se interponga recurso de queja.
Esta no es la instancia en la cual se debe solicitar la exclusión de pruebas que se ventilaron en la audiencia preparatoria, y en desarrollo de ese acto ninguna solicitud se hizo al respecto frente a la declaración de Dr. JAIRO ROBLEDO VÉLEZ como perito psicólogo, pese a que la defensa ya tenía el traslado de la base de opinión pericial del mencionado profesional forense, la cual contenía las técnicas utilizadas en la valoración de la menor; por tanto era en escenario donde debía pedirse que no se practicara, lo que se entiende como exclusión de la prueba por ilegal, y no hay una situación sobreviniente que permita considerar en esta etapa procesal dicha petición tardía.
En todo caso, la prueba no es ilegal, y si bien la Ley 1652/13 determinó unos requisitos para la elaboración de entrevista, entre ellos, la utilización de la cámara gesell, también de manera subsidiaria permite aplicar cualquier otro medio con el que se garanticen los derechos del menor, pero la misma no es aplicable a este caso, ya que el profesional de la psicología escuchó a la menor V.M.E. en la narración de los hechos, y valoró los demás elementos de prueba allegados al proceso.
Si el abogado defensor considera que la forma en la que la infante fue abordada por parte del psicólogo forense atentó contra sus derechos y garantías fundamentales o los del procesado, o existió alguna situación irregular, debe plantearlo en los alegatos de conclusión y será objeto de valoración por la juez al momento de tomar la decisión correspondiente, así como el determinar si el testimonio del perito es referente a su propio conocimiento personal.
2.5.- El representante de la víctima solicitó se desestime la pretensión de la defensa y se acceda a la declaración del perito, por cuanto no es la etapa procesal para intentar excluir una prueba que ya se admitió, conforme a lo establecido en el estatuto penal.
2.6.- El Procurador judicial señaló que no es procedente interponer recurso de apelación frente a la decisión que permitió la práctica de una prueba en la audiencia de juicio oral, ya que la oportunidad procesal feneció en la audiencia preparatoria, donde ya se decretó y consecuentemente se tomó la decisión de ser practicada.
La práctica de la prueba solo se omite en el evento de ser desistida por la parte interesada o adolecer de las formalidades legales y necesarias para su aplicación. El Código de Procedimiento Penal en el artículo 177 modificado por el 13 de la Ley 1142/07 refiere que la apelación solo es procedente frente al auto que niega la práctica de una prueba o decide sobre la exclusión, más no contra la que admite la práctica de la prueba, lo cual ha sido confirmado por la jurisprudencia de este año -CSJ AP, 20 jul. 2016, rad. 47469., en la que la alta Corporación varió su posición al respecto. En consecuencia, solicitó despachar desfavorablemente la petición.
2.7.- El defensor indicó que el auto referido por el representante del Ministerio Público es contrario al citado en el comunicado del 16 de agosto de 2016 de la Corte Suprema de Justicia, por tanto el Tribunal debe pronunciarse al respecto, al haber jurisprudencias opuestas.
3.- Para resolver, SE CONSIDERA
3.1.- Competencia
La tiene la Corporación por los factores objetivo, territorial y funcional, a voces de los artículos 34, 179C y 179D de la Ley 906/04.
3.2.- Problema jurídico planteado
Corresponde a la magistratura decidir el recurso de queja interpuesto por el apoderado del señor LAURENCIO RUANO NAVARRO, y en tal sentido definir si se acepta o no la apelación presentada contra el proveído por medio del cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.) negó la su petición de no tener como perito a uno de los testigos de la Fiscalía.
3.3.- Solución a la controversia
Es forzoso advertir que a efectos de la sustentación de un recurso de queja no caben apreciaciones acerca del fondo del asunto. La argumentación debe ceñirse única y exclusivamente a demostrar los requisitos para la concesión de la impugnación; por tanto, la Sala no tendrá en consideración las manifestaciones realizadas por el togado impugnante en torno a lo que es materia de controversia en relación con la prueba admitida.
En esa dirección podemos decir que la razón que se tuvo por parte de la Juez Segundo Penal del Circuito de esta capital para no conceder la oportunidad de interponer apelación, consistió en que la decisión que se cuestiona es atinente a la admisión de una prueba, la cual no es susceptible de recurso, posición respaldada por las demás partes e intervinientes.
El togado recurrente insiste en que sí es procedente el recurso de apelación que pretende interponer, pese a que la decisión haya sido de admisión probatoria, y sustenta su pedimento en un auto reciente de la H. Corte Suprema de Justicial cuya radicación y fecha no indica, el cual asegura es contrario al citado por el Procurador Judicial, y por tanto debe ser materia de análisis por la Colegiatura al tratarse de providencias encontradas.
Para la Sala la definición de este asunto no se contrae a determinar si la decisión adoptada en torno a la declaración del perito en psicología, Dr. JAIRO ROBLEDO VÉLEZ, es de admisión de una prueba, o si estamos frente a una petición de exclusión de la misma, según las elucubraciones que hizo el togado impugnante en torno a su ilicitud, sino a que la petición realizada por él en ese sentido es totalmente extemporánea, tal cual lo indicaron los sujetos procesales no recurrentes.
En esas condiciones, si bien en reciente proveído la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal en auto 47469 de julio 27 de 2016 reformuló una tesis anterior, al considerar que frente a la providencia que “admite pruebas” solo procede el recurso de reposición y no el de apelación, e hizo énfasis en que los jueces deben controlar adecuadamente las solicitudes de pruebas y sus efectos, por cuanto las partes pueden acudir al mecanismo de exclusión para evadir la limitación al recurso de alzada, y por ello se determinar que dicha pretensión debe estar basada únicamente en demostrar la vulneración de derechos fundamentales dentro del escenario de la prueba ilícita y no apenas la ilegal, dicho tema no es el corresponde a analizar en este caso.
Sobra decir que ninguna referencia puede hacerse sobre la providencia mencionada por el profesional del derecho que representa los intereses del judicializado, toda vez que no precisó ningún dato que permita identificarla.
En lo tocante a la extemporaneidad a la que se hizo alusión en precedencia, debe tenerse en consideración que según lo ha consignado nuestro órgano de cierre en materia penal CSJ AP, 06 ju. 2011, rad. 36611, la etapa procesal indicada para solicitar la exclusión de un elemento material probatorio o cuestionar su incorporación es la audiencia preparatoria, y si el fiscal o el defensor omiten hacerlo no lo pueden pedir en el juicio. Ello enmarcado en el principio procesal de la preclusión de los actos procesales, según el cual si los procedimientos no se cumplen dentro de las fases señaladas en la Ley no pueden ejecutarse después, a efectos de evitar retrocesos innecesarios en la actuación, y exigir un mayor rigor jurídico a las funcionarios y a las partes. El aparte pertinente reza así:
“[…] De conformidad con la dinámica que gobierna el Sistema Penal Acusatorio, es en la audiencia preparatoria donde las partes deben manifestar sus observaciones al descubrimiento de elementos probatorios, solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en ese código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba1.
[…]

Siendo lo anterior así, se equivocó el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta al permitir que en la audiencia de juicio oral, el defensor del acusado cuestionara la forma como se habían incorporado las pruebas por parte de la fiscalía, e igualmente al darle la posibilidad de recurrir la orden de su incorporación, pues tal acto procesal ya se encontraba superado.

De aceptar el trámite cumplido, se estaría soslayando que el proceso penal lo componen una serie de pasos o etapas progresivas cada una de las cuales debe agotarse para pasar a la siguiente, lo cual efectiviza los derechos de todos los intervinientes al adelantamiento de un debido proceso sin dilaciones injustificadas y contravendría principios como los de igualdad de armas, del derecho a la prueba, la lealtad y el equilibrio procesal.

Ahora bien, ello no implica que su inconformidad no pueda ser discutida en las alegaciones finales y que de llegar al proferimiento de sentencia adversa a los intereses de su asistido pueda cuestionarla a través del recurso de apelación […]”


Acorde con lo analizado en precedencia, en criterio de esta Colegiatura, al no ser la etapa procesal correspondiente para cuestionar la admisión o pedir la exclusión de la prueba objeto de censura, no procedía la apelación solicitada por la defensa, tal como lo concluyó el a quo y lo sustentan cada uno de los sujetos procesales no recurrentes; en consecuencia, se negará el recurso impetrado.
De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, NIEGA el recurso de queja incoado por la defensa, y en consecuencia dispone remitirse la actuación al juzgado de instancia para que se continúe la audiencia de juicio oral en los términos ordenados por la funcionaria de primer nivel.

Contra esta determinación no procede recurso alguno.


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Los Magistrados,

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
La Secretaria de la Sala,

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ



1 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal.

Página de



Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos