Procedimiento administrativo de responsabilidad



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expediente 6/2017 en el mismo trámite judicial se aduce cometieron las siguientes violaciones:


  1. Considera que ////////// y //////////, en el proveído de 15 quince de diciembre del 2016 dos mil dieciséis, ponen de manifiesto la parcialidad con la que se conducen, porque lo pronunciaron en base a manifestaciones sin que se encontrara soportado por ningún medio de prueba.




  1. Tanto ////////// y //////////, se avocaron a emitir el acuerdo de 14 catorce de noviembre (2016 dos mil dieciséis) no obstante que el 18 dieciocho de octubre de (2016 dos mil dieciséis), ya se había citado para sentencia.



  1. En entrevista que solicitó a //////////, para expresarle la inconformidad de su actuación, esta le manifestó entre otras cosas, que tenía una cuestión personal con el abogado del quejoso, quien refiere que esta situación ha sido reflejada al conducirse de la manera en que lo hace de emitir fallos ilegales.




  1. Ha ofrecido pruebas supervenientes y ha hecho manifestaciones, las cuales se ha negado a recibir //////////, situaciones ante las que ha interpuesto los recursos correspondientes y los cuales lisa y llanamente se ha negado admitir.



  1. El 18 dieciocho de octubre del 2016 dos mil dieciséis, citó para sentencia en el incidente en cuestión y de acuerdo al artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles, las Sentencias Interlocutorias deben pronunciarse en un término de 5 cinco días, pese a ello, el 14 catorce de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, lejos de emitir un fallo, la juzgadora se avoco a emitir el acuerdo aludido de 14 catorce de noviembre del mes y año de referenciado en antecedentes.



  1. El 7 siete de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, se citó la incidencia planteada para sentencia, y pese a que ha transcurrido en exceso el término para ello, simplemente se ha negado a emitirlo y en su lugar se ha dedicado a emitir acuerdos violatorios de los derechos Humanos de audiencia de ////////// y del //////////.

Para acreditarlos, constan en el expediente a estudio 5/2016, fotocopias simples de diversas constancias, del expediente que integran el juicio ////////// sobre ////////// número ////////// tramitado por ////////// frente a //////////, constancias todas ellas de año 2016 dos mil dieciséis, entre las que destacan:



  1. Escrito sin data ilegible de presentación, por el que //////////, contesta el incidente promovido en su contra, quien: no se opone a la convivencia que le demanda //////////, pero cuando acredite estar en condiciones, ante el peligro de agresividad que les representa y no estar bien mentalmente, ofreciendo prueba superveniente “testimonial y pericial toxicológica”.




  1. Acuerdo recaído, de 20 veinte de setiembre, mismo que no ha lugar a tenerlo por ofreciendo prueba superveniente (testimonial y pericial en toxicología) porque de conformidad con los artículos 360 y 361 del supletorio Código de Procedimientos Civiles del Estado, sólo tiene esa calidad las escrituras o documentos justificativos de hechos ocurridos con posterioridad, o de los anteriores cuya existencia se ignorare6.



  1. Escrito de 23 veintitrés de septiembre mediante el cual //////////, interpuso recurso de apelación, en contra del auto de 20 veinte de septiembre.



  1. Acuerdo recaído de 27 veintisiete de septiembre. que no admite el recurso de apelación de conformidad con el artículo 691 del supletorio Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán.



  1. Escrito sin fecha legible, de //////////, apoderado del inccidentado, solicitando prueba de inspección ocular en el inmueble de //////////, para que el tribunal determine, si dicho inmueble cuenta con las condiciones para que el mismo lo habite una persona.



  1. Auto recaído, de 10 diez de octubre que no admite la inspección judicial, por haber fenecido el término dentro del incidente.



  1. Proveído de 23 veintitrés de noviembre que no admite el recurso de apelación en contra del auto de 14 catorce de noviembre, en atención a lo dispuesto por el artículo 813 del Código Familiar para el Estado de Michoacán.



  1. Oficios de 3279 tres mil doscientos setenta y nueve y 3280 tres mil doscientos ochenta, de 16 dieciséis de noviembre, el primero dirigido a ////////// y el segundo a //////////, por los que se comunica la vigencia del Régimen de Convivencia decretada en autos.

Así mismo, el quejoso allegó, copias certificadas en 171 ciento setenta y uno fojas, del expediente 750/2016 dentro del procedimiento administrativo acumulado 6/2017, visibles a fojas 288 doscientas ochenta y ocho a 459 cuatrocientas cincuenta y nueve, que comprenden entre otras, todas y cada una de las documentales anteriormente reseñadas como copia simple, destacando de las copias certificadas las siguientes actuaciones del 2016 dos mil dieciséis:

  1. Escrito sin data ilegible de presentación al juzgado, visible en la foja 164 ciento sesenta y cuatro, por el cual la actora, hace del conocimiento a //////////, que el convenio de convivencia que celebró el 26 veintiséis agosto de 2015 dos mil quince, no precisa la hora en que pasaría por ////////// para tal fin, por tanto, para tener los elementos necesarios para fijar los horarios de convivencia, solicita envíe oficio al //////////, donde estudian ////////// y al encargado del ////////// para que indicaran en que horario acuden.




  1. Reporte de la Trabajadora Social, del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de 30 treinta de agosto, practicado en el domicilio de //////////, quien menciona que en relación a la convivencia de esta, con //////////, hace 1 un año 3 tres meses que se salió del domicilio que compartía con ////////// e //////////, ya no mantiene convivencia con ellos, porque ////////// no se lo permite, por lo que ha optado por visitarlos por fuera de la escuela donde asisten o afuera de la vivienda donde habitan.



  1. Acta destacada de 24 veinticuatro de diciembre de suscrita por el Notario Público 186 ciento ochenta y seis, que hace constar que //////////, no ha podido ejercer su derecho de convivencia (con //////////), porque //////////, nunca le permite que entre en contacto con ellos.



  1. Escrito de //////////, haciendo del conocimiento a //////////, que el vigilante de la entrada del fraccionamiento donde tienen su domicilio //////////, por órdenes del //////////, le negó el acceso ha dicho fraccionamiento.



  1. Acuerdo recaído de 15 quince de diciembre, que faculta a la actuaria constituirse en el domicilio de ////////// para que se cumplimente la medida provisional decretada, en aras de garantizar su derecho fundamental de convivencia que deben tener con //////////.




  1. Escrito de 6 seis de septiembre por el que solicita ////////// como medida precautoria, se decrete la convivencia con //////////, porque hace más de un año que //////////, no le permite verlos.



  1. Escrito visible a fojas 384 trecientos ochenta, por el que interpone recurso de apelación, en contra del auto de 20 veinte de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.



  1. Acuerdo de 18 dieciocho de octubre, que de oficio ordena poner los autos a la vista del //////////, para que pronuncie la resolución que conformé a derecho proceda.



  1. Audiencia de escucha de ////////// y //////////, celebrada el 29 veintinueve de agosto de 2016 dos mil dieciséis, en el //////////, en el //////////, en presencia de //////////, la Fiscal Adscrita al juzgado y la tutora designada a //////////.



  1. Interposición del recurso de apelación en contra del auto dictado el 14 catorce de noviembre.

Las resumidas documentales descritas bajo los números 1 uno al 8 ocho, por tratarse de fotocopias simples, carecen de pleno valor probatorio, ya que se trata de simples reproducciones fotográficas de un documento que la parte interesada en su obtención coloca en la maquina respectiva con la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de no corresponder exactamente a un documento existente; y en dado caso solo contarían con valor indiciario que, para que adquiera eficacia probatoria deberán de estar corroboradas con diverso medio de convicción.

Al efecto es aplicable por analogía de razón, la Tesis 3ª. 18., de la Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero-junio de 1989, página 379, que de manera literal señala:

COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer”.

Referente a las 171 ciento setenta y una, fojas certificadas tienen pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 131, 133, y 159, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, toda vez que se trata de una actuación autorizada de reproducciones de constancias originales que forman parte de un procedimiento judicial, y que fueron emitidas por un servidor público con facultades para ello y no fue objetada por las partes.

Sentado lo anterior, atendiendo la literalidad de los motivos de desacuerdo, se hace necesario destacar que en el presente procedimiento se aducen indistintamente para ////////// y ////////// diversas irregularidades, mismas que de acuerdo a las constancias que obran en autos se desprende con particular claridad que se cuestionan circunstancias debatibles u opinables que constituyen la materialización de cuestiones jurisdiccionales y que por consiguiente dada su naturaleza son improcedentes para resolverse por vía administrativa, en virtud de la independencia y autonomía judicial, por tal razón atendiendo que los hechos se atribuyen indistintamente a la titular y a la secretaria de acuerdos, por cuestión de economía procesal y en obvio de repeticiones estériles se omitirá los argumentos del informe justificado de //////////, así mismo en tal vertiente de economía procesal, se resolverán de manera conjunta bajo el siguiente bosquejo:


En efecto, en los motivos de inconformidad del presente procedimiento administrativo, se expone para su valoración y análisis las determinaciones y decisiones inherentes a la actividad de potestad jurisdicional que corresponden a //////////, de las que no obstante su naturaleza jurídica también le atribuyen a //////////, a pesar de que los autos que contienen las determinaciones jurisdiccionales solo puede apreciarse que su participación en los mismos deriva de una cuestión de legalidad ante el dictado de dichas determinaciones y/o resoluciones, de las que es factible señalar que una vez materializadas con las formalidades de ley constituyen un acto o decisión jurisdicional.
En tal sentido, se desprende que la emisión de las resoluciones judiciales, corresponde al titular en el ejercicio de la función jurisdiccional que tiene encomendada para decidir las cuestiones jurídicas sometidas a su conocimiento, por ende, los autos y determinaciones dictados en el ejercicio de dicha función jurisdiccional puede advertirse con diáfana claridad que en el caso particular, en efecto, constituyen propiamente situaciones de índole jurisdiccional por las razones que se puntualizaran en los siguientes apartados.

Así se tiene, que por esta vía en el procedimiento de responsabilidad 5/2017, tilda el quejoso que en el juicio ////////// número //////////, sobre ////////// dentro del incidente sobre modificación de convenio, existen diversas irregularidades, sin embargo, de un simple análisis se advierte que se cuestionan circunstancias que substancialmente traen implícita la emisión de decisiones y/o determinaciones jurisdiccionales, que corresponde únicamente a ////////// como expresión tangible del ejercicio cotidiano de la función pública que tiene encomendada.

Por tal razón se hace necesario destacar que del procedimiento administrativo de responsabilidad acumulado 6/2017, se exceptúan para su valoración los incisos B y C, atendiendo las circunstancias de su planteamiento que por lo mismo se resolverán de manera separada, por consiguiente en el presente apartado únicamente se analizaran los motivos reseñados bajo los números I, al XII, y 1 y 2, así como el A, del citado acumulado 6/2017, por desprenderse por igual de estos motivos de queja ya reseñados en antecedentes, que se cuestionan los actos precitados de naturaleza estrictamente jurisdicional determinados por ////////// en el expediente subyacente.

De los específicos motivos de inconformidad a resolver, se desprende con particular claridad que el quejoso aborda por esta vía administrativa, con el fin de que sean analizados los criterios jurídicos de interpretación y discrecionalidad, aplicados en la actuación de la funcionaria en el expediente subyacente, es decir pretende que esta instancia, revise valore y en consecuencia se pronuncie como si fuera una segunda instancia, sobre las cuestiones jurisdiccionales y el criterio de discrecionalidad aplicados en los motivos de reproche, lo que resulta inconducente al no poder este órgano disciplinario extralimitarse en el uso de sus facultades para trastocar el ámbito jurisdiccional

Ante tales circunstancias, no puede analizarse por esta vía administrativa, la legalidad de los motivos de inconformidad que ////////// fundamentó en sus diversas actuaciones, no obstante que se aducen una serie de violaciones, ilegalidades y/o irregularidades y medidas parciales, encaminadas a favorecer a la parte contraria, circunstancias que de ninguna manera puede analizarse en esta instancia administrativa, ya que la facultad de este consejo de revisar el sustento jurídico y consideraciones de las actuaciones de los servidores públicos, se actualiza siempre que la materia de pronunciamiento no sea una cuestión de criterio o arbitrio debatible u opinable, en la cual puedan sustentarse válidamente diversas soluciones, sino que deriven de datos objetivos, como sería un evidente error o descuido, por haberse emitido en clara contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias de autos de carácter esencial para la solución del asunto, bajo esas condiciones es claro que por esta vía es improcedente el procedimiento incoado.

Al respecto son aplicables como criterios orientadores las tesis siguientes:

QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE CRITERIOS JURÍDICOS7. La llamada “queja administrativa” cuya existencia se deriva de lo previsto en la fracción VI del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene como propósito que el Pleno de la Suprema Corte conozca y decida si la conducta de magistrados y jueces es correcta, por lo que esa instancia debe circunscribirse al examen de conductas que revelen ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna seria irregularidad en la actuación de los funcionarios judiciales. Por consiguiente, en dicha instancia no pueden examinarse de nueva cuenta, para efectos jurisdiccionales, los problemas jurídicos controvertidos en un caso concreto, para determinar si la Suprema Corte comparte el criterio jurídico sustentado o existe alguna irregularidad técnica en una sentencia que, en muchos casos, tiene el carácter de ejecutoria”.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL RESOLVER SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE JUECES DE DISTRITO O MAGISTRADOS DE CIRCUITO PUEDE, SIN MENOSCABO DEL PRINCIPIO COSA JUZGADA Y DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES, EXAMINAR EL APEGO A LA LEGALIDAD DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES8. Para cumplir con las funciones en materia de disciplina al resolver sobre la responsabilidad administrativa de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuitos, el Consejo de la Judicatura Federal puede analizar la correcta aplicación del derecho en las consideraciones expresadas al emitir sus decisiones, siendo que el caso específico de remoción, la resolución respectiva debe ser aprobada por mayoría de cinco votos, situación que garantiza un suficiente consenso en cuanto a la determinación de responsabilidad grave de eso funcionarios. Asimismo, cabe destacar que como la única finalidad de esta revisión consiste en determinar si la actuación de los juzgadores se apegó a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que deben caracterizar su actividad, no es susceptible de modificar las situaciones jurídicas derivadas de las resoluciones judiciales, por no tratarse de un recurso o medio de defensa, debiendo referirse a aquellas actuaciones que constituyan una desviación de la legalidad que no sea una cuestión de criterio o arbitrio debatible u opinable, en la cual puedan sustentarse válidamente diversas soluciones, sino que deriven de datos objetivos, como serían un evidente error o descuido, por haberse emitido en clara contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias de autos de carácter esencial para la solución del asunto, lo cual no atenta contra la autonomía e independencia con que debe contar los juzgadores en el ejercicio de sus funciones, pues éstos conservan íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallo, los que deben ser apegados a derecho”.

En efecto, la queja se hace valer con los argumentos de que el acuerdo de 14 catorce de noviembre de 2016 dos mil dieciséis visible a fojas 201 doscientas uno, emitido por ////////// es ilegal, parcial con el ánimo de favorecer a su contraria, que la medida cautelar decretada se dictó por encima del interés superior de //////////, que se entorpece el procedimiento por ordenar //////////, dejar sin efectos la citación para sentencia, que otorgarles 10 diez días al fiscal adscrita y a los tutores de ////////// para ofrecer pruebas es ilegal, ya que dicho termino no está contemplado como tal, que también es ilegal, que se haya ordenado agregar copia de audiencia de menores celebrada en juicio diverso con las mismas partes, que la medida cautelar carece de fundamento y sustento legal, por no existir convenio o sentencia de por medio, que también su dictado es ilegal y parcial, porque no basta el arbitrio de la juez para dictarlo, quien sin ser la etapa correspondiente otorgó y valoró las pruebas de su contraria, que la juez monopoliza la justicia al no admitirle un recurso de apelación y pruebas supervenientes, así mismo que para el dictado del referido decreto no tomó en cuenta las recomendaciones y opiniones de los psicólogos, las pruebas del traumatismo craneoencefálico //////////, que sufrió cuando se encontraba al cuidado de //////////, que pasó por alto constancias de un proceso diverso, en las que ////////// se obligó a no acercarse al domicilio del quejoso, que además ////////// estimó la convivencia por encima de cualquier enfermedad, que también resulta ilegal que haya impuesto al quejoso, al ////////// y a las instituciones y/o terapeutas, medidas intimidantes y amenazantes consistentes en los medios de apremio, que también es parcialmente violatorio de derechos, haber enviado oficios a las instituciones escolares y de terapia de //////////, lo que resulta ilegal porque había interpuesto una impugnación y esta no había quedado firme, también considera ilegal que la jueza no le impusiera ninguna obligación para con ////////// a ////////// porque de acuerdo al 1° y 4° Constitucionales, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, que en entrevista que solicitó a la juez para manifestarle su inconformidad, esta le manifestó entre otras cosas, que tenía una cuestión personal con el abogado del quejoso y que esta situación considera que se ve reflejada en emitir los fallos ilegales de meritó.

Respecto al procedimiento administrativo de responsabilidad 6/2017, en el mismo trámite judicial, argumenta:

Que el proveído de 15 quince de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, es producto de la parcialidad, porque ////////// lo pronunció sin soporte de ningún medio de prueba, solo en base a manifestaciones.

De los anteriores motivos de reproche, por igual se advierte con plena claridad, que también, se cuestiona por esta vía administrativa, la facultad jurisdicional de discrecionalidad, otorgada a favor del juzgador por el legislador, constituida por un poder de libre apreciación, que la ley le reconoce respecto al contenido de sus actos o sus acciones, y que surge como ocurre en la especie, porque se debe atender a una serie de factores casuísticos que el legislador no puede contemplar ya que son distintos en cada caso; pero en la medida en que esta facultad deriva de la ley, no puede constituir un acto arbitrario, porque dicha discrecionalidad, como ocurre en la especie, es la permisión para ejercer una libertad limitada racionalmente, intrínseca al abandono del formalismo jurídico absoluto en la interpretación y aplicación del derecho, que permite al operador jurisdiccional cumplir con el deber categórico de resolver todas las controversias que le son sometidas para su conocimiento, aun en los casos en los que la complejidad del asunto, la ambigüedad o insuficiencia de la ley, para regular de manera directa cada uno de los supuestos de hecho que pueden surgir en la realidad, respecto de los cuales no existe una sola posible respuesta admisible y razonable, sino que debe elegirse una entre varias, conforme a las reglas básicas de la lógica, la experiencia, la proporcionalidad y el sistema de fuentes establecido, expresada en un discurso de justificación sustentado en esos límites, para conjurar el riesgo de arbitrariedad en la toma de decisiones judiciales.

Analizar todo lo anterior, implicaría valorar la legalidad de las resoluciones y/o determinaciones, lo cual no está permitido a este consejo, ya que en el procedimiento como el que nos ocupa, se analiza la existencia de ineptitud, mala fe, deshonestidad o la vulneración a principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que deben caracterizar su función, por lo que la materia del pronunciamiento no debe versar sobre actuaciones que impliquen precisamente una cuestión de criterio o situaciones de índole discrecional, solamente en aquellos casos en que existan errores judiciales inexcusables supuesto en que se trata de una falta grave, por tratarse de un error craso, culposo y dañino; o bien, errores tan patentes y claros, al grado de asociarse con la idea de arbitrariedad, al hacer que la decisión judicial sea insostenible por ir en contra de los presupuestos o hechos del caso, cuando es producto de un razonamiento equivocado que no corresponde con la realidad, merecen ser sancionados con el solo propósito de mejorar la calidad en impartición de justicia.

Las anteriores consideraciones se apoyan en el criterio 57 que, en materia de disciplina, emitió el Consejo de la Judicatura Federal, con el título y texto siguiente:



ERRORES JUDICIALES. SON SANCIONABLES ATENUADAMENTE, CUANDO SIN SER INEXCUSABLES, RESULTAN PATENTES Y CLAROS. Este Consejo de la Judicatura Federal no debe pronunciarse sobre cuestiones jurisdiccionales a fin de respetar la independencia de los juzgadores. Sin embargo, es criterio del Pleno de este órgano colegiado que existen errores judiciales que no deben pasarse por alto, por ser tan evidentes que denotan o bien la comisión de un error judicial inexcusable (supuesto en que se trata de una falta grave, por tratarse de un error craso, culposo y dañino); o bien, errores tan patentes y claros, que, sin tener tal naturaleza por no acarrear daños graves a los justiciables, merecen ser sancionados atenuadamente, con el sólo propósito de mejorar la calidad en la impartición de justicia. Tal es el caso, por ejemplo, de dejar insubsistente el acta de audiencia constitucional celebrada en un juicio de amparo”.
Asimismo, resulta aplicable el criterio que se trascribe a continuación:
ERROR JUDICIAL. ELEMENTOS DE SU CONFIGURACIÓN Y SU CORRECCIÓN POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. El "error" como vocablo es entendido como una equivocación. En el ámbito judicial presenta ciertas notas distintivas: i) surge de una decisión jurisdiccional, no exclusivamente de las sentencias; ii) los sujetos activos son Jueces y Magistrados o las personas que ejerzan sus funciones; y, iii) los errores han de ser crasos, patentes y manifiestos. Aunque los elementos pueden variar, lo cierto es que el último extremo señalado resulta de interés. Esto, porque a juicio de este tribunal, los errores deben ser patentes, al grado de que puedan asociarse con la idea de arbitrariedad, al hacer que la decisión judicial sea insostenible por ir en contra de los presupuestos o hechos del caso. En otras palabras, el error judicial adquiere relevancia constitucional cuando es producto de un razonamiento equivocado que no corresponde con la realidad, por haber incurrido el órgano judicial en un error manifiesto en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión, de tal manera que el error sea inmediatamente verificable, en forma incontrovertible, a partir de las actuaciones judiciales y sea determinante en la decisión adoptada por el Juez por constituir su soporte único o básico. Aunado a lo anterior, el error judicial adquiere relevancia constitucional cuando atenta contra los principios esenciales del Estado de derecho, como la cosa juzgada -como cuando se obliga al demandado a dar cumplimiento a una sentencia, cuando lo cierto es que el Juez, en las consideraciones del fallo, lo absolvió en forma absoluta-. Ahora, los órganos de control constitucional, al conocer de los juicios de amparo sometidos a su potestad, se encuentran facultados para corregir el error judicial cuando éste presente las características apuntadas en líneas anteriores. Lo anterior, porque toda resolución fundada en el "error judicial" puede calificarse como arbitraria y, por esa sola razón, violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva. Bajo esa óptica, no podría estimarse que el error judicial constituya "cosa juzgada" o que el derecho de los justiciables para combatirlo precluya porque ello se traduciría en que la decisión arbitraria sería incontrovertible por el simple transcurso del tiempo, cuando lo cierto es que la misma nunca debió existir”9.

Así pues, acorde con lo dispuesto en los artículos 67, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 84, 90 fracciones I, III, XXV y XLV, 164 a 168, 172, 176 a 188 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial goza de atribuciones para conocer, resolver y sancionar las faltas administrativas en las que hubieren incurrido los servidores públicos judiciales por demoras o irregularidades en el despacho de los asuntos, ya por el incumplimiento de sus labores con eficacia, orden y compostura, dando vista al Ministerio Público en caso de probable delito en los términos establecidos en la citada legislación, como en el artículo 12, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos.

De lo anterior se concluye que los procedimientos administrativos de responsabilidad tienen como propósito que este consejo conozca y decida si la conducta de jueces y demás servidores públicos judiciales se ajusta a los principios que norman la función pública que tienen encomendada, siendo los de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia; por tanto, esta instancia debe circunscribirse al examen de comportamientos que revelen ineptitud, mala fe, deshonestidad o alguna otra seria irregularidad en su actuación.

A mayor abundamiento, por regla general, en estos procedimientos no pueden analizarse los problemas jurídicos controvertidos en un asunto concreto, los fundamentos de una resolución, ni cada actuación que realice un juez en el ámbito de sus atribuciones para el efecto de determinar si este consejo coincide o no con su criterio jurídico sustentado en el caso de origen, o si existe alguna irregularidad técnica en una resolución que, en muchos casos, tiene el carácter de ejecutoria.

Al respecto, cabe citar la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente:

"QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO POR VIRTUD DEL CUAL SE ESTUDIE, ANALICE Y RESUELVA SOBRE LA LEGALIDAD DE UNA RESOLUCIÓN. Del contenido de la queja sólo deben tomarse en consideración los hechos que aludan a la comisión de una pretendida falta en el despacho de los negocios a cargo de un funcionario judicial. De ahí que, por regla general, no es procedente analizar los fundamentos de una resolución, ni menos pronunciarse al respecto, pues ello equivaldría a tratar la queja como si fuera un recurso, lo cual carece de fundamento legal”10.

En otras palabras, el procedimiento disciplinario únicamente tiene lugar en hipótesis de responsabilidad administrativa, es decir, procede sólo contra aquellos actos u omisiones indebidas o negligentes de los servidores públicos del Poder Judicial que atenten contra la impartición de justicia provocando, en su oportunidad, la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en la Ley Orgánica.

Lo anterior significa que esta instancia constituye un medio para, en su caso, imponer medidas disciplinarias, pero no trae como consecuencia la confirmación, modificación o anulación del acto jurisdiccional reclamado, sino que, atento a los fines que persigue, su resultado redunda exclusivamente en preservar la buena marcha de la impartición de justicia, sin que salga del ámbito meramente administrativo ni, por ende, incida en el juicio del cual emerja, aun cuando estén íntimamente ligados.

En consecuencia, al ser la naturaleza del presente procedimiento exclusivamente administrativa, por lo general no resulta procedente examinar la motivación y legalidad de una determinación que emita un juez en el ámbito de su competencia, derivada del ejercicio de la facultad jurisdiccional que le es propia, menos aún es factible instruirle para que se pronuncie en uno u otro sentido respecto de los derechos sustantivos de las partes o en la conducción procesal del asunto, ya que hacerlo equivaldría a darle a este procedimiento el carácter de un recurso jurisdiccional, lo que es ajeno a su esencia.

La única excepción a tal regla, que impide a este consejo el análisis de las decisiones de los jueces, corresponde a aquellas actuaciones judiciales que estén en franca oposición a los principios que rigen su función pública o que constituyan errores que superan el límite razonable de lo tolerable.

Es decir, porque se trate de determinaciones que entrañan una relevante e indiscutible desviación de la legalidad, que no sean una cuestión de criterio o arbitrio debatible u opinable en la cual puedan sustentarse válidamente diversas soluciones en cuanto expresión tangible del ejercicio cotidiano de la atribución jurisdiccional conferida a los jueces, sino porque así se advierta de datos objetivos, como sería un evidente error o descuido, que supere el límite de lo razonable y causen graves perjuicios a la administración de la justicia o las partes.

Sólo por esas razones de excepción, y a partir de tales elementos objetivos, este consejo se encontraría en condiciones de adoptar una postura mediante la cual, sin llegar a convertirse propiamente en un órgano revisor de la legalidad y sin menoscabo de los principios de cosa juzgada y de la autonomía e independencia judiciales, aprecie de manera directa los fundamentos y motivos expuestos en una actuación, y sin entrar al fondo ni afectar las situaciones jurídicas derivadas de ésta, simplemente vigile, desde un punto de vista meramente administrativo, que la actitud del juez sea congruente con la naturaleza de sus actividades, para en caso contrario, a partir de razones obvias, determinar medidas disciplinarias por la realización de esas conductas indebidas, que vulneran los principios que regulan la óptima ejecución de la función pública jurisdiccional que tienen encomendada o contravengan la buena marcha de la impartición de justicia.

Esto es, cuando no se trate de simples errores producto de su actuar, ni de discrepancias de criterios jurídicos de interpretación o aplicación de normas, sino de verdaderas equivocaciones destacables, derivadas de no tomar en cuenta reglas de carácter esencial que rigen la materia en aplicación y las decisiones asumidas por los jueces.

Acorde a lo anterior, tienen aplicación los criterios números 8 y 13 en materia disciplinaria, sustentados por el Consejo de la Judicatura Federal que se transcriben a continuación:

EXCEPCIÓN A LA REGLA QUE EXCLUYE LA INTROMISIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN CUESTIONES JURISDICCIONALES. La regla que excluye la intromisión del Consejo de la Judicatura Federal en cuestiones jurisdiccionales, por respeto a la autonomía de los órganos, tiene como excepción el caso en que los errores superen el límite razonable de lo tolerable. Los errores de derecho deben juzgarse con prudencia y mesura; y, sólo se deberán considerar constitutivos de responsabilidad administrativa cuando superen el límite de lo razonable, causen gravísimos perjuicios a la administración de justicia y/o a las partes, o permitan presuponer la pérdida de imparcialidad del tribunal”

QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO MEDIANTE EL CUAL SE REVISEN O ESTUDIEN LOS RAZONAMIENTOS JURÍDICOS QUE SE CONTIENEN EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. El Consejo de la Judicatura Federal carece de facultades para sancionar a los funcionarios judiciales por la comisión de errores netamente jurisdiccionales, trátese de errores cometidos durante la substanciación del procedimiento, o bien, en las resoluciones que emitan dentro de los asuntos sometidos a su consideración. Si se aceptara que cualquier error jurisdiccional es sancionable por el Consejo de la Judicatura Federal, se vulneraría el principio de autonomía judicial consagrado en el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se desprende que la carrera judicial debe regirse, entre otros principios, por el de la independencia de la función. Por consiguiente, debe considerarse que la queja administrativa, no es un recurso mediante el cual se revisen o estudien los razonamientos jurídicos que se contienen en las resoluciones emitidas por los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación”11.

En el caso en estudio, no se advierte que pudiera existir una manifiesta ineptitud, mala fe o descuido, tampoco se afirma que se hubiere resuelto sin tomar en cuenta constancias que obran en autos, ya que no se alega la aplicación de una ley que no correspondiera, en este apartado es importante mencionar que se afirma en el presente procedimiento, que se decretó la medida cautelar sin tomar en cuenta constancias que obran en autos, debe puntualizarse que este fue un decreto provisional de convivencia, y el mismo se caracteriza por ser accesorio, sumario y con efectos provisionales, por ende queda indefectiblemente la valoración del conjunto de constancias pruebas, derechos y obligaciones de las partes a la resultas del procedimiento jurisdiccional en el que se dicte la resolución del juicio principal, donde en estricta observancia a la ley, el juzgador entre otros aspectos; tiene el deber de valorar, ponderar y hacer el pronunciamiento de las constancias y medios de prueba allegados por las partes, por lo tanto no se observa que la medida cautelar provisional se hubiere emitido en clara contravención a la ley.
En conclusión, los criterios jurídicos aplicables al caso concreto en las determinaciones judiciales de la juzgadora, sólo puede verse como la expresión de su discernimiento jurisdiccional y discrecional asumido en el expediente subyacente, observándose que limitó su actuación en atender el texto expreso del dispositivo jurídico en sentido estricto, y acorde a la discrecionalidad que la ley le otorga, para la aplicación derivada de la interpretación que realizo de la norma jurídica procesal aplicable al caso concreto, para determinar el sentido correcto y funcional, desde una perspectiva estrictamente jurisdiccional, cuya aplicación demanda, la generación de criterios de legalidad e interpretación, que corresponde exclusivamente a los juzgados y salas de la materia jurídica del negocio, quienes podrían determinar la calificativa legal de las actuaciones que en su caso el denunciante considera como fallos ilegales, al no concordar con el criterio de la base razonada de ////////// solicita se le sancione disciplinariamente, sin embargo, por las razones que anteceden este órgano disciplinario no puede constituirse en un tribunal de legalidad.

Por las relatadas circunstancias, los motivos de queja atribuidos de manera indistinta a ////////// y ////////// son improcedentes.

En relación al motivo de queja número B. Aduce el quejoso, que el incidente subyacente se citó para sentencia el 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis, y de conformidad con el artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles, las sentencias interlocutorias deben emitirse en 5 cinco días, pero pese a ello, el 14 catorce de noviembre del mes y año precitado lejos de emitir la sentencia emitió un auto. Sin embargo este resulta infundado por los motivos que a continuación se señalan en líneas subsecuentes.

En efecto, del expediente 750/2016, se advierte que la sentencia interlocutoria del incidente debió emitirse en 5 cinco días, conforme al artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado que establece:


“Artículo 572. Las sentencias se dictarán en cinco días si son interlocutorias y en diez días si son definitivas”.

Esto es, que las sentencias interlocutorias deben emitirse dentro de 5 días. Fue así que por auto 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el término de 5 días que tenía para emitirla concluyo el 26 veintiséis de dicho mes y año, en razón del fin de semana no laborable y de que el día 19 diecinueve de octubre de la misma anualidad fue inhábil acorde al calendario oficial del tribunal.


Sin embargo el día 14 catorce de noviembre de la anualidad de antecedentes, emitió un proveído no así la sentencia, transcurriendo sin hacer el pronunciamiento respectivo 11 once días hábiles, al exceptuarse oficialmente como día inhábil el 2 dos de noviembre, los sábados 5 cinco y 12 doce; y domingos 6 y 13 trece.
Ante la situación anterior, ////////// por su parte en su informe justificado del acumulado 6/2016, esencialmente expuso: que tal circunstancia obedecía a las características especiales y naturaleza de las cuestiones jurídicas de la controversia puesta en su conocimiento, destaca además que el incidente está compuesto por 2 dos tomos que en su conjunto lo integran 790 setecientas noventa fojas útiles, además también lo conforma el expediente principal del que emana la incidencia integrado por 175 ciento setenta y cinco fojas útiles, revestidas de diversos medios de prueba, que requirieron de un minucioso y sensible estudio a fin de no vulnerar principios del debido proceso y legalidad, porque en un inicio no se tramitó ante su juzgado sino en juzgado diverso.
En segundo término, manifiesta; que realizó un análisis objetivo y razonado de la factibilidad de la procedencia de la medida cautelar, porque no debe pasarse por alto que están involucradas cuestiones relativas a la guarda y custodia, a más de las diversas peticiones en torno al régimen de convivencia cuyo análisis implica, entre otros aspectos suplir la deficiencia de la queja a favor del interés de los menores; la observancia, interpretación, y, en su caso aplicación , de los ordenamientos, y el cumplimiento además, de los criterios jurisprudenciales vigentes sobre el tema resuelto, revisten de una transcendental complejidad de decisión, lo que por sí mismo le impregna un alto grado de dificultad a esa resolución. Circunstancia que impidió humanamente observar de manera puntual los plazos para resolver.
En esa tesitura, respecto al volumen de que consta el expediente, para acreditarlo de manera plena, ////////// allegó a su informe justificado una certificación visible a foja 548 quinientos cuarenta y ocho, levantada por la //////////, sobre el registro del ////////// número //////////, en la que hace constar que el juicio de referencia supera las quinientas fojas al estar conformado el incidente de 790 setecientas noventa fojas y el juicio principal de 175 ciento setenta y cinco fojas.
En tales condiciones, para el dictado del fallo respectivo, la juzgadora por cada 100 cien fojas, después de 500 quinientas, disfruto de un día más para el dictado de la resolución, como así lo dispone el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles en cuanto Norma Orientadora sobre el plazo para ampliar el pronunciamiento de la sentencia, en consecuencia deben abonarse 4 cuatro días más, para el dictado de dicha resolución, y en tales circunstancias existe un retardo de 7 siete días hábiles, los que se deben tomar en consideración en la dilación que nos ocupa.
Como antecede, sumado a los diversos factores invocados por ////////// en su informe justificado, también argumenta que en el retardo de referencia, influyo la implementación de los juicios orales, así como la carga de trabajo imperante en el //////////
Cierto, la //////////, sostiene en su informe justificado del procedimiento 6/2017, que estima se actualiza a su favor una causa que la exime de una sanción. Invocando a su favor por ser aplicable el criterio:

Sostenido al resolver la queja administrativa número 658/2007, //////////, autorizado de Pulsar Internacional sociedad anónima de capital variable. Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. 26 veintiséis de febrero de 2008. Unanimidad de votos Ponente: //////////. Secretaria: C. //////////, del rubro siguiente:

DILACION. LA COMPLEJIDAD TRANCEDENTAL DEL ASUNTO ES UNA CAUSA QUE PUEDE EXIMIR DE RESPONSABILIDAD AL SERVIDOR PUBLICO A QUIEN SE LE ATRIBULLE. “…

Que considera aplicable porque el retardo de la emisión de la resolución y/o auto, se debió a las diversas circunstancias en, análisis entre las que también se encuentran:

Que en relación a ese procedimiento, existen dos cuadernos de amparo tramitados en el Juzgado Octavo de Distrito con los números 647/2016 y 44/201.

Por consiguiente, solicita que también se tomen en consideración, para que se actualice a su favor la causa eximente de responsabilidad, los siguientes aspectos siguientes:



  1. La carga laboral en el juzgado de su adscripción, por el número de ingresos mensuales de asuntos, ya que en el periodo comprendido del 5 cinco de marzo de 2015 dos mil quince al 18 dieciocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, hubo un ingreso total de 2,064 dos mil sesenta y cuatro asuntos, como así se asienta en la visita respectiva.



  1. Su asistencia al curso de Especialización en Materia familiar realizado por el Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado, en esta capital del 5 cinco de febrero al 7 siete de mayo de 2016 dos mil dieciséis. Le requirió una disminución de tiempo para dedicar a las labores de su encargo, en virtud de que viajaba cada viernes a esta capital durante ese periodo.



  1. La entrada en vigor, el 29 veintinueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis, de la reforma implementadora de los juicios orales en materia familiar, motivo el atraso en la marcha de los asuntos, porque en observancia a los principios, de inmediación, está obligada a presidir los principios de concentración y continuidad, y decidir en el acto de las propias audiencias, las solicitudes formuladas por las partes, también le demandaron una inversión de mayores recursos, entre otros el humano, porque además de imponerse del contenido de todas las constancias de los expedientes, consulto diversos ordenamientos aplicables a la materia, Familiar, la Constitución Política, los Tratados Internacionales, y la Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya que los aspectos a decidir vinculan temas sensibles que han de garantizar a los justiciables, la organización familiar y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respecto a la dignidad y a los derechos humanos.



  1. También, para llevar acabo las audiencias orales, requiere de una previa y mayor preparación, a fin de hacer efectivo el principio de oralidad, además de ejercer el resto de sus funciones entre las que destaca decidir los asuntos que aún se tramitan en la materia civil y mercantil del sistema escrito, diligencias en estado de ejecución, sentencias, lanzamientos, inspecciones, dedicando una gran parte a la preparación de las audiencias orales.



  1. En su juzgado, se encuentra en estado de ejecución el juicio ejecutivo mercantil ////////////, ordenándose sacar a remate el bien inmueble embargado, donde se edificó un fraccionamiento integrado por 211 doscientas once viviendas, promoviendo los propietarios 55 cincuenta y cinco amparos derivados de ese proceso, donde ha rendido informes y un sin número de información que le ha sido requerida, además el expediente consta de XV tomos en 6, 166 seis mil ciento sesenta y seis fojas, así mismo ha practicado el cumplimento del requerimiento de la ejecución de 8 resoluciones de amparos concedidos.



  1. Todo el mes de marzo, la primera semana de abril y la primera semana de mayo, de 2016 dos mil dieciséis, permaneció acéfala la secretaria de acuerdos de números pares, por lo cual la secretaria de números nones tuvo que elaborar los proyectos de acuerdos de la secretaria acéfala.

Para acreditar lo anterior, allegó a este expediente entre otros:

  • Una certificación por la secretaria del juzgado del conocimiento, de 9 nueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete sobre el expediente ////////// y del incidente respectivo.



  • Certificación de algunas constancias del juicio //////////, por la que se hace constar que se compone de XV, tomos integrados por 6166 seis mil ciento sesenta y seis fojas, un incidente de prescripción de sentencia de 178 ciento setenta y ocho fojas, un incidente de reinscripción de embargo de 32 treinta y dos carillas, un incidente de liquidación de 14 catorce páginas así como 55 cincuenta y cinco amparos, donde incluso dio cumplimiento a diversas ejecutorias de los mismos.



  • Copias certificadas por el Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, de la visita ordinaria //////////, realizada al //////////, el 29 veintinueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, de donde se infiere de los datos estadísticos, que el //////////, reportaba una excesiva carga de trabajo, porque dentro del periodo del 5 cinco de marzo de 2015 dos mil quince al 18 dieciocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, ingresaron la cantidad de 2,074 dos mil sesenta y cuatro asuntos, de la materia Civil, Mercantil, del Sistema Tradicional y Oral, entre otros, no obstante dicha carga laboral, si bien la juzgadora se incorporó a dicho juzgado el 9 nueve de noviembre de 2015 dos mil quince, un mes después de tener dicho tribunal acéfala la titularidad, es evidente la carga laboral que la absorbió por el rezago existente a su llegada, sin embargo, para el día de la visita de referencia egresaron por sentencia definitiva, interlocutoria, y por auto, 2015 dos mil quince asuntos de las diversas materias, logrando prácticamente resolverlos casi en su totalidad. De lo que se advierte el enorme esfuerzo que hizo la servidora pública denunciada para abatir el rezago.

En cuanto a las certificaciones que anteceden, realizadas por la secretaria del juzgado del conocimiento, por el Secretario Técnico de la antedicha Comisión, así como la copia certificada de la visita ordinaria //////////, gozan de pleno valor al tenor de lo dispuesto por el artículos 159, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, al tratarse de una actuación de reproducciones de constancias originales, emitidas por un servidor público con facultades para ello y que no fueron objetada por las partes:

  • Escrito que remite la estadística de audiencias de juicios orales de 29 veintinueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis, dirigido por el Jefe de la Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral región Lázaro Cárdenas, al Presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial del Estado, mismo que goza de pleno valor por tratarse de una documental acorde a las contempladas en el numeral 158 de la invocada Ley de Responsabilidades Administrativas, advirtiéndose de dicha estadística que ////////// desahogo específicamente en el periodo comprendido entre el 21 veintiuno de octubre al 14 catorce de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 17 diecisiete audiencias en su tipo, lo que le implicó necesariamente sustraerse de su actuar habitual para atender la generalidad de los asuntos que ingresan y a la resolución de los mismos.



  • Constancia de su participación, al primer curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar, la cual se hace constar su existencia en el libro de registros del instituto de la Judicatura del Consejo del poder Judicial del Estado, y por ende, se le otorga pleno valor probatorio en términos del artículo 165, de la antedicha Ley de Responsabilidades Administrativas, y de la misma se desprende que del 5 cinco de febrero al 7 siete de mayo de 2016 dos mil dieciséis, los días viernes de cada semana durante ese periodo, se trasladó a esta capital para asistir a dicho curso, lo que le género dedicar un menor tiempo para atender de manera cotidiana los asuntos del tribunal de su adscripción.



  • Testimonial de la secretaria de acuerdos del juzgado de adscripción de //////////, la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 134 de Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, goza de pleno valor probatorio, al resultar fiable en virtud de su fuente laboral para acreditar que el juzgado duro acéfalo en tres ocasiones en cuanto a la secretaria de los expedientes pares, con lo cual se generó una carga más de trabajo al tribunal.

Con tales medios de convicción, resulta incuestionable que la denunciada requiriera de mayor tiempo del contemplado por el legislador para la emisión del fallo o acuerdo en cuestión, tomando en cuenta, además, que en los órganos jurisdiccionales sobre todo en materia civil, conocen de diversas materias tales como la materia civil, familiar, tradicional, juicios de extinción de dominio, jurisdicción voluntaria, y juicio familiar oral, y mercantil entre otras, lo que trae como consecuencia que el número de asuntos se incremente en dicho tribunal y absorba un mayor tiempo a la jueza además dependiendo de su complejidad.

Máxime si tomamos en cuenta, como se asienta en la referida visita ordinaria ya valorada en términos de ley, que en lo referente a la “Plantilla de Personal” sólo contaba con un Secretario Proyectista, lo que resultaba notoriamente insuficiente para hacer frente a la carga de trabajo ya reseñada, por tanto, con dicho personal y ante la excesiva carga de trabajo, es indudable que no contaba con una plantilla de personal suficiente para afrontar las actividades jurisdiccionales cotidianas, y eso redundo en que hubiera una afectación en el retardo del dictado de la sentencia y/o auto, ya que incluso el juzgado duro acéfalo en tres ocasiones en cuanto a la secretaria de los expedientes pares, como se acreditó con la testimonial de //////////.

En cuanto a su argumento de la complejidad del asunto, se advierte de la certificación sobre el juicio //////////, ya previamente valorada, que el juicio está integrado el principal 175 ciento setenta y cinco fojas, y el incidente sobre modificación de convenio en 2 dos tomos formados por 790 setecientos noventa páginas y 2 dos cuadernos de amparo ////////// y ////////// de lo que se advierte su gran volumen, y, la cantidad de pruebas y actuaciones ahí contenidas, que le implicaron actuar en consecuencia conforme a las exigencias que ello implica.

No obstante todo ello, de las constancias de actuación del expediente subyacente, también se desprende en efecto, que se trata de un asunto que inicialmente se llevó en un juzgado diverso al de la juzgadora, consecuentemente tuvo menor tiempo al normal, para imponerse de la totalidad de los autos y poder resolver lo conducente en cuanto a las cuestiones jurídicas sometidas a su conocimiento, otro de los factores que invoca la juez, y que de acuerdo a constancias resulta cierto, que al encontrarse involucrado el interés superior del menor, resulta un asunto sumamente complejo, porque debió observar en todas sus etapas, el debido cumplimiento de los actos procesales, en aras de no vulnerar los principios del debido proceso y la legalidad que impera en un proceso judicial, por ello, argumenta que este alto grado de dificultad, le impidió humanamente observar de manera puntual el plazo para resolver.

De ahí que, las circunstancias previamente reseñadas, se estiman suficientes para tener por justificada la dilación en que incurrió la responsable.

Sirve de orientación al caso, la tesis, con registro //////////, //////////; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo //////////, Septiembre de 2006, Materia Administrativa, Tesis I, 12º A, Página 1497. Del siguiente rubro y texto:

MAGISTRADOS Y JUECES ELEMENTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD POR DILACION EN EL DICTADO DE SENTENCIAS. La labor jurisdicional se encuentra sujeta a la garantía derivada del artículo 17 de la Constitución Federal, que exige la atención personal de cada asunto, dado que el texto señala “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia…”, obliga al análisis completo y directo de cada asunto sometido al conocimiento de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido si bien es cierto que en los ordenamientos, por lo general, está previsto un plazo para que los funcionarios judiciales emitan las resoluciones correspondientes, también lo es que para determinar si existe responsabilidad administrativa a cargo del funcionario judicial, por la inobservancia del mismo, se deben de tomar en cuenta necesariamente entre otras las siguientes circunstancias: 1) El número de asuntos que ingresaron; 2) Los egresos; 3)El remanente;4)la complejidad de los asuntos; 5) Las condiciones particulares en que se presta el servicio jurisdicional, incluyendo las circunstancias personales del funcionario (como pueden ser si ha solicitado licencias o incapacidades médicas, o si ha sido comisionado para atender asuntos ajenos a su función judicial), así como las materiales (como si cuenta o no con personal suficiente, si se le ha provisto oportunamente o no de elementos o instrumentos de oficina, tales como equipo de cómputo y papelería); y 6) Las condiciones propias del proceso en cada juicio (verbigracia el problema jurídico planteado, la mayor o menor dificultad para integrar el expediente, el número de fojas o tomos de que consta, el número de pruebas ofrecidas además de los recursos interpuestos). Además en la resolución que emita el órgano de investigación o de acusación en la que determine si es administrativamente responsable el funcionario judicial, se deben analizar las circunstancias particulares de cada juicio en el que se adujo que existió dilación, sin que esto último implique ejercer atribuciones jurisdiccionales y por ello, no impide que se tomen en consideración. Consecuentemente, para determinar si un Juez o Magistrado es administrativamente responsable de la dilación en el dictado de las sentencias, se deben tomar en cuenta las circunstancias antes precisadas y, en particular, la carga de trabajo que tenía el funcionario judicial que tenía el funcionario judicial en el momento de la falta que se le imputa”.

A mayor abundamiento a lo señalado en sus argumentos respecto del interés superior del menor, se advierte además que la controversia planteada, trae cuestiones jurídicas apremiantes por estar involucrados derechos fundamentales o esenciales de menores de edad, sobre los que debió resolver ////////// de lo que también resulta evidente, que dicha dilación responde a ello, con el fin de evitarles al respecto se les causare un perjuicio grave o irreparable al existir de por medio un interés público o social tutelado.

Las circunstancias anteriores, permiten concluir que en la especie existe una situación anormal, con efectos de causa excluyente de responsabilidad, en relación a la dilación de dictar la sentencia y/o auto procedente, en razón de que la denunciada tuvo causa justificada para retardar la emisión que se considera extemporánea, dado que las condiciones así lo ameritaban, además de que justificó que dicha lentitud también se debió a los diversos factores ya reseñados.

En el caso concreto, se estima pertinente considerar dichas circunstancias que concurren e hizo valer //////////, en esa tesitura se declara el presente motivo de queja infundado.

Finalmente, en relación al último motivo de queja, señalado mediante inciso C). Por el que expuso //////////, que el día 7 siete de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, se citó la incidencia planteada para sentencia, y pese a que transcurrido en exceso el termino para ello, simplemente se ha negado a emitirlo y en su lugar se ha dedicado a emitir los acuerdo violatorios ya reseñados.

No obstante la acusación de mérito, se advierte de las constancias de prueba que allegó el quejoso, que no existe en el caso concreto la certeza exigida para este tipo de procedimientos, particularmente para acreditar, que posteriormente al día 7 siete de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, en que la juez citó la incidencia planteada para sentencia; pese a que ha transcurrido con exceso el termino para ello, se ha negado a emitirla, lo anterior es así, porque si bien el quejoso solamente allegó 171 siento setenta y una foja en copia certificadas del incidente del que emana el juicio subyacente, //////////, lo cierto es que dicho incidente, está conformado como antecede con la respectiva certificación ya valorada, de 790 setecientas noventa fojas, por consiguiente al no tener las constancias de actuación allegadas como prueba el orden respectivo que se sigue en el tribunal conforme a la evolución del progreso del expediente, es evidente que no se tiene la certeza que el motivo de reproche sea acorde al planteamiento del denunciante, por lo que en caso concreto, con el propósito de no generar incertidumbre resultaba necesario que allegara el expediente integro, para acreditar e ilustrar a este consejo de manera plena sobre la irregularidad planteada, en consecuencia es factible señalar que dicho motivo de inconformidad, deviene infundado, además por las siguientes razones.

Bajo esas circunstancias, resulta evidente que //////////, no acreditó con los medios probatorios idóneos, en este caso el expediente integro de actuación del Incidente de referencia, para confirmar el hecho de que la juzgadora posteriormente a que citó la antedicha incidencia para sentencia en la data preindicada, pese a que ha transcurrido en exceso el termino para ello, simplemente se ha negado a emitirla y en su lugar a emitido los acuerdo violatorios ya reseñados.

En una consecuencia lógica, atendiendo el valor del único medio de prueba aportado por el quejo //////////, conduce a concluir que el medio probatorio aportado, no resulta suficiente o idóneo para tener por demostrada una indebida actuación de //////////, que revele que haya actuado contra constancias, con ineptitud mala fe, negligencia, o alguna otra seria irregularidad en su actuación.

En tales condiciones, es factible señalar que la queja administrativa presentada por //////////, no cumple con la exigencia prevista en los artículos 176 segundo párrafo, 179, de la Ley Orgánica y 37, del Reglamento de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial del Estado, que previene que las quejas o denuncias deberán estar apoyadas en elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y la responsabilidad del Servidor Público denunciado, porque de lo contrario se declararan infundadas.

Bajo este contexto, se advierte de forma plena, que en el caso concreto a estudio, no se revelan datos y/o pruebas que permitan establecer con certeza la responsabilidad de //////////, sobre la conducta que le atribuyen cometió en el expediente de origen, por lo tanto no se puede inferir, ni siquiera presumiblemente, una práctica ilegal que en relación a este hecho hubiere cometido en su actuar la funcionaria referida.

Luego, en estricta observancia a los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia que forman parte integral del derecho humano de acceso a la justicia, cuya salvaguarda debe garantizarse en el procedimiento administrativo de responsabilidad, en cuanto que, éste constituye una manifestación punitiva del Estado, lo procedente es declarar infundado el motivo de queja que ahora se analizan, porque para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las probanzas aportadas acrediten plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada por la ley, hipótesis la cual, según los argumentos que se han vertido no se surten en la especie.

Al respecto, es aplicable por identidad jurídica sustancial la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable en la página 146, Tomo XX, diciembre del 2004, Novena Época del Semanario Judicial de Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:


PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa legal de responsabilidad debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de responsabilidad. ”

Bajo este escenario, se advierte que no existen condiciones que en el caso particular, permitan pronunciarse, sobre la materialización de alguna falta administrativa cometida por la funcionaria, porque como consta en antecedentes, del texto de queja, //////////, solo hace una referencia generalizada e imprecisa, de una conducta infractora, lo que legalmente impide a este órgano Colegiado concluir si la conducta reclamada encuadra en alguna hipótesis de responsabilidad de las ya señaladas y si atenta o no contra los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, bajo este escenario, es evidente que le era necesario, acreditar los hechos constitutivos en la forma exigida por la ley, para acceder a calificar adecuadamente la violación cometida.

En tales condiciones, al no ser posible determinar la calificación de los hechos planteados por la ausencia de prueba, y de datos que permitan establecer con certeza la responsabilidad de //////////, sobre la conducta que atribuyen cometió en el expediente de origen, por lo tanto respetando en todo momento los derechos humanos de la denunciada juez, y a efecto de no vulnerar el principio de presunción de inocencia, cuya traslación a la esfera del derecho administrativo sancionador cobra sentido cuando la administración fundamenta su resolución en una presunción de culpabilidad del sancionado carente de elemento probatorio alguno, siendo lo cierto que en el supuesto objeto de estudio se observa vacío probatorio, ante tales circunstancias este procedimiento administrativo de responsabilidad por lo que respecta a este apartado se declara infundado.

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- El Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer y fallar la presente queja administrativa.

SEGUNDO.- Se decreta la acumulación del procedimiento administrativo 6/2017 al 5/2017.

TERCERO.- En lo que corresponde a //////////, y //////////, por un lado es improcedente la queja administrativa 5/2017 y su acumulada 6/2017, y por otro, respecto de la citada //////////, es infundada, la primera en cuanto //////////, atentos a los diversos razonamientos esgrimidos en la presente resolución.

CUARTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y cúmplase; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Registro correspondiente; remítase copia autorizada de esta resolución a la Secretaria de Administración del Consejo del Poder Judicial de la Entidad; y, en su oportunidad, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos, los integrantes del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, los Consejeros: Marco Antonio Flores Negrete; J. Jesús Sierra Arias, Armando Pérez Gálvez, Rafael Argueta Mora y Eli Rivera Gómez, siendo ponente este último; quienes actúan ante la Secretaria Ejecutiva Soledad Alejandra Ornelas Farfán, que autoriza y da fe.


En términos de lo previsto en los artículos 35, fracción XXXV y 38, fracción XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en dichos supuestos normativos”





1 Véase foja 461 del expediente.

2 Hasta antes del 19 diecinueve de julio del año próximo pasado, en que entro en vigor la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

3 CABANELLAS, G,.. Diccionario de derecho usual, Tomo II, 11ª ed., Editorial Heliasta S, R, L.., Buenos Aires 1976, p 533.

4 CABANELLAS, G,.. Diccionario de derecho usual,

5 ROXIN Claus. Ob. Cit. Pág. 164.

6 Véase foja 180 ciento ochenta del expediente.

7 P./J. 15/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

8 P. XLII/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 88, tomo XI, marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

9 Publicada en la página 2001, del tomo 3, Libro XVIII, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

10 Visible en la página 85, tomo VI, primera parte, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

11 Disponible en la página electrónica: http://www.cjf.gob.mx/secretarias/sed/criterios/


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pnt -> Vistos para resolver la queja administrativa número 7/2015
pnt -> Visto s, para resolver, los autos que integran el procedimiento administrativo de responsabilidad 18/2017
pnt -> Morelia, Michoacán, a del 2008 dos mil ocho
pnt -> Visto s para resolver, los autos del procedimiento administrativo número 123/2016, promovido por ////////// en contra del Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Morelia; y, resultand o: primero
transparencia -> Consejo del poder judicial del estado de michoacáN
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