Problemas en la adolescencia


Consecuencias y Factores de riesgo del consumo de sustancias



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Consecuencias y Factores de riesgo del consumo de sustancias.
Las consecuencias físicas del consumo de sustancias como el tabaco o el alcohol están sólidamente documentadas. Así, si el consumo habitual del tabaco está relacionado con enfermedades tan graves como el cáncer o el enfisema pulmonar, en el caso del alcohol los datos disponibles son igualmente concluyentes. El inicio precoz en el consumo de alcohol es uno de los principales predictores del consumo abusivo posterior (Grant y Dawson, 1997), aunque algunos estudios longitudinales cuestionan esta relación. Por otra parte, cada vez son más los estudios que revelan que el consumo de alcohol y de otras drogas durante la adolescencia puede alterar el desarrollo neurológico normal del cerebro, lo que tendría un importante impacto a nivel psicológico y comportamental (Spear, 2002). En cuanto al cannabis, su consumo abusivo puede generar daños en las vías respiratorias semejantes a los ocasionados por el tabaco (Iversen, 2005).
Si las consecuencias físicas parecen claras, menos consenso existe en relación con las consecuencias psicológicas y comportamentales del consumo de sustancias. Los efectos a corto plazo son evidentes y están relacionados con las intoxicaciones agudas y con la distorsión que ocasionan en los juicios de evaluación de situaciones de riesgo, que pueden llevar a la conducción temeraria o a las conductas sexuales de riesgo (Apter, 1992). Sin embargo, las consecuencias a largo plazo están menos claras, y es necesario diferenciar entre el consumo experimental u ocasional y el consumo abusivo, ya que muchos estudios encuentran que los adolescentes que experimentan moderadamente con algunas sustancias se convierten en adultos con un ajuste psicológico igual o superior al de quienes se abstienen por completo (Shedler y Block, 1990; Oliva, et al., 2008). Aunque este mejor ajuste puede parecer sorprendente, como ya hemos tenido ocasión de comentar, las conductas de experimentación y asunción de riesgos pueden ayudar al adolescente a aumentar su autoestima y a lograr su identidad. Por otra parte, es posible que los adolescentes más ajustados y con más competencia social participen más que los desajustados en actividades sociales en las que el consumo de alcohol y otras sustancias suele ser habitual, por lo que sería la competencia la que llevaría a una vida social más intensa y a un mayor consumo.
En cuanto al consumo abusivo, muchos estudios encuentran que está relacionado con fracaso o abandono escolar, problemas conductuales y actividades delictivas, síntomas depresivos, implicación en conductas sexuales de riesgo y consumo abusivo de alcohol en la adultez temprana (Chassin et al., 2004; Johnson et al., 2000). Además, el alcohol y otras drogas suelen estar asociados con los accidentes de tráfico, que representan la principal causa de mortalidad durante estos años. El hecho de que la mayoría de estudios que encuentran relación entre abuso de sustancias y desajuste psicológico sean transversales hace que sea difícil saber si se trata de consecuencias o de precursores del consumo.
Los factores de riesgo son numerosos y pueden ser psicológicos, familiares y sociales. Entre los primeros se ha encontrado que los adolescentes más impulsivos, con más dificultades académicas, con tendencias depresivas, y que tienen actitudes más tolerantes hacia el uso de drogas muestran un consumo mayor. También algunas capacidades cognitivas, especialmente las que tienen que ver con la función ejecutiva: habilidades de planificación, organización, atención selectiva, toma de decisiones, etc., suelen ser deficitarias en los consumidores abusivos.
Los adolescentes con relaciones familiares distantes, hostiles o conflictivas son más propensos al consumo abusivo que quienes viven en familias cariñosas. Los estilos parentales negligentes o permisivos también aparecen asociados al consumo excesivo, al igual que el consumo por parte de algún familiar, especialmente cuando este consumo interfiere con la relaciones familiares aumentando el estrés en casa y disminuyendo la monitorización parental (Chassin et al., 2004).
Los adolescentes que consumen sustancias suelen tener amigos que también consumen, aunque esta relación se debe tanto al hecho de que chicos y chicas tienden a imitar el comportamiento del grupo de iguales, como a que seleccionan a sus amistades de acuerdo con ciertas similitudes en valores y comportamientos, lo que tiende a crear un círculo vicioso que perpetúa el consumo abusivo (Sánchez-Queija, Moreno, Muñoz y Pérez, 2007). La relación con el nivel socio-económico del vecindario no parece clara ya que los resultados son contradictorios y algunos estudios han encontrado un mayor consumo entre adolescentes residentes en barrios de mayor nivel económico (Leventhal y Brooks-Gunn, 2000). Por último, otros factores sociales y culturales son muy relevantes, como por ejemplo vivir en un contexto social en el que se tiene un fácil acceso a las drogas, o en que se promueve su consumo a través de los medios de comunicación.
Intervención sobre el consumo de sustancias.
Los esfuerzos para prevenir el consumo de sustancias entre adolescentes han utilizado dos tipos de estrategias, las dirigidas a influir sobre algunas características y competencias de los potenciales consumidores y las que pretenden modificar el contexto del adolescente y su acceso a las drogas. Entre las primeras hay que situar los programas escolares de prevención del consumo, que tratan de informar a los adolescentes sobre los riesgos de las drogas y de promover el desarrollo de habilidades sociales y de toma de decisiones. Estos programas se basan en el supuesto de que una mayor conciencia de los riesgos, y una mayor competencia para la toma de decisiones, como, por ejemplo, para oponerse a la presión que ejercen los iguales, conllevará una disminución del consumo. Sin embargo, la evidencia empírica acerca de la eficacia de estos programas no es muy esperanzadora ya que los datos procedentes de Estados Unidos indican que estos programas no consiguen prevenir o reducir el consumo, probablemente porque la educación por sí sola, ya sea a través de la información racional o de técnicas emocionales que pretender asustar al consumidor, no resulta suficiente (West y O’Neal, 2004).

Las estrategias dirigidas al contexto social y cultural del adolescente parecen mostrarse más eficaces (Reyna y Farley, 2006), y suelen incluir medidas legislativas como aumentar las penas relacionadas con el tráfico de drogas ilegales, prohibir la publicidad y el consumo en determinados espacios públicos de tabaco y alcohol, subir la edad para su consumo legal, o aumentar mediante impuestos su precio.


Probablemente, sean más eficaces las intervenciones de carácter multimodal que conllevan medidas legislativas e incluyen programas preventivos, y que implican no sólo al adolescente sino también a sus padres, iguales y educadores. Finalmente, hay que destacar que retrasar la edad de inicio también debe ser un objetivo importante de la prevención, sobre todo si tenemos en cuenta que en la adolescencia temprana el desarrollo cerebral muestra aún una inmadurez que sitúa a chicos y chicas en una situación de mucho riesgo y vulnerabilidad para desarrollar un consumo de carácter adictivo (Oliva, 2007).

8. Conducta antisocial.
Aunque muchos autores utilizan el término de delincuencia juvenil, siguiendo a Rutter, Giller y Hagel (1998) hemos optado por hablar de conducta antisocial para referirnos a uno de los problemas propios de los adolescentes que generan una mayor preocupación social. La delincuencia juvenil es una categoría legal referida a aquellos sujetos de edades comprendidas entre los 14 y 18 años que hayan cometido una o más acciones punibles definidas como tales en el código penal, por tanto, requiere de la comisión de un delito. En cambio, la conducta antisocial comprende las acciones lesivas y dañinas para la sociedad que infringen reglas y expectativas sociales, con independencia de que constituyan un delito, por ejemplo, vandalismo, hurtos, agresiones, etc. Aunque hay un claro solapamiento entre ambos términos, en algunos casos los comportamientos antisociales no constituirán un delito, bien por su baja intensidad, bien porque hayan sido cometidos por un niño o niña de menos de 14 años, que en nuestro país es la edad mínima de imputabilidad, es decir, la edad a partir de la cual se aplican las sanciones penales. No obstante, aunque a partir de los 14 años un menor puede ser imputado, La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, establece una normativa sancionadora específica para los menores con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años.
También hay que diferenciar la conducta antisocial del concepto utilizado en psicología clínica de trastorno de conducta o trastorno disocial (conduct disorder), descrito en el DMS IV-TR como un patrón repetitivo y persistente de conducta en el que los derechos básicos de otras personas o las principales normas sociales adecuadas a una edad son violadas. De acuerdo con el criterio diagnóstico deben estar presentes 3 o más conductas desviadas y conllevar un deterioro significativo del funcionamiento en casa o en la escuela. Por lo tanto, muchos adolescentes que manifiesten conductas antisociales, por ejemplo que cometan un único acto delictivo, quedarán fuera de esta definición y no podrá atribuírseles un trastorno de conducta (Farrington, 2004).
Prevalencia y trayectorias evolutivas de la conducta antisocial.
Conocer la prevalencia real de comportamientos antisociales o delitos reviste una gran complejidad, y no es fácil llegar a conclusiones fiables al respecto. Las razones de estas dificultades tienen que ver con las diferencias existentes entre las fuentes de información utilizadas. Así, podemos referirnos a cifras oficiales, como los datos procedentes de detenciones policiales o de registros judiciales. Pero, además de esas cifras referidas a la delincuencia oficial, algunos estudios se llevan a cabo preguntando a la población general sobre su experiencia como víctimas de delitos, o aplicando cuestionarios anónimos a la población adolescente en los que se recoge información acerca de su implicación en la comisión de delitos. En estos últimos casos estaríamos hablando de delincuencia sumergida o no detectada, ya que la mayoría de los adolescentes que reconocen haber cometido algún delito, no ha entrado en contacto con los sistemas policial o judicial.
A pesar de esas dificultades, podemos ofrecer algunos datos de prevalencia referidos a distintos países, así Farrington (2004) indica que un 15% de chicos y un 3% de chicas fueron detenidos antes de los 18 años en Inglaterra, mientras que en estados Unidos estas cifras fueron claramente superiores: 33% y 14%. Si se analizan las cifras de delincuencia sumergida basada en auto-informes, la prevalencia es más elevada, situándose en torno al 50% el porcentaje de adolescentes que reconocen haber cometido algún delito, aunque en algunos estudios esta cifra sube hasta el 70-80%. En cuanto al porcentaje de delitos que son cometidos por menores, las cifras oficiales indican que en estos países, entre un cuarto y un tercio de los delitos son cometidos por adolescentes de menos de 18 años. La mayoría de estos delitos están relacionados con robos y hurtos, y sólo un 10% representan delitos violentos (Rutter, et al. 1998).
Las diferencias de género son una constante en todos los países, ya que las estadísticas indican una mayor prevalencia de delitos y comportamientos antisociales en varones, diferencias que son menores al inicio de la adolescencia y que van aumentando con la edad. Además, como señalan Rutter et al. (1998), existen diferencias entre el tipo de delitos cometidos por chicos y chicas, ya que los primeros se implican en delitos más graves y con uso de violencia y suelen reincidir más. No obstante, las diferencias de género son menores si analizamos los datos de delincuencia sumergida. Las diferencias entre las cifras referidas a delincuencia sumergida y delincuencia oficial no se refieren exclusivamente al género, ya que también aparecen en las cifras oficiales más adolescentes procedentes de minorías étnicas y clases más desfavorecidas. Estas discrepancias reflejan un claro sesgo en las estadísticas oficiales, y se deben tanto a la mayor gravedad de los delitos cometidos por varones y por jóvenes de grupos sociales desfavorecidos, como al hecho de que estos adolescentes reciben un trato discriminatorio y más duro por parte de la policía y el sistema judicial (Poe-Yamagata y Jones, 2000).

En cuanto a la tendencia histórica sobre la evolución de la prevalencia de los delitos cometidos por menores, la evidencia indica un claro aumento desde los años 50 hasta los 90 en la mayoría de los países, España entre ellos (Rutter et al. 1998). Sin embargo, desde mediados de los años 90, la tendencia es mucho menos clara ya que parece que se ha frenado la epidemia de violencia juvenil que se había observado en las últimas décadas del pasado siglo, y en muchos países se ha estabilizado o ha descendido la incidencia de la mayoría de delitos (Pleiffer, 2004; Koops y Orobio de Castro, 2006)


En términos generales, la adolescencia es una etapa de mucha incidencia de conductas antisociales y delictivas, y existe un consenso generalizado entre investigadores con respecto a la tendencia que sigue el comportamiento antisocial a lo largo del ciclo vital, y en aceptar lo que se ha denominado la curva de edad del crimen (Tremblay, 2000). Así, si durante la infancia son más frecuentes las conductas agresivas de poca importancia, con la llegada de la adolescencia disminuyen esos comportamientos para dar paso a conductas antisociales de mayor gravedad, que seguirán aumentando hasta tocar techo al final de la adolescencia y descender de forma acusada durante la adultez temprana. No obstante, algunos estudios longitudinales han diferenciado entre dos tipos de trayectorias evolutivas, una de mayor gravedad, aunque mucho menos frecuente, que comienza en la infancia y se extiende a lo largo de todo el ciclo vital, y otra que se limita a la adolescencia, tendiendo a desaparecer en la medida en que el sujeto empieza a asumir las responsabilidades propias de la adultez (Moffitt, 1993; Farrington, 2004). Este segundo tipo es el más habitual.
Factores de riesgo relacionados con la conducta antisocial.
A la hora de analizar las causas del comportamiento antisocial y delictivo habrá que tener en cuenta el tipo de patrón delictivo, ya que los factores relacionados con el patrón más grave y persistente son algo diferentes a los que se asocian con la conducta antisocial limitada a la adolescencia. En el caso de los adolescentes que limitan su actividad delictiva a la adolescencia, algunos de los factores de riesgo son semejantes a los relacionados con las conductas de asunción de riesgos, pues estas conductas antisociales son en muchos casos un tipo de conductas de búsqueda de sensaciones y de asunción de riesgos, y por ello serían más frecuentes durante esta etapa evolutiva. Ciertos factores familiares se relacionan con la conducta antisocial limitada a la adolescencia, en concreto los padres de estos chicos y chicas presentan un estilo parental caracterizado por la falta de control o supervisión (Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts y Dornbusch, 1994). El rol que desempeña el grupo de iguales también es muy relevante, y algunos estudios indican que estos comportamientos son más frecuentes en situaciones grupales en las que el adolescente se ve presionado por sus amigos (Rutter et al., 1998).
En cuanto a los adolescentes que muestran el patrón antisocial más severo, el predictor más potente es la existencia en la infancia de agresividad y problemas de conducta durante un periodo prolongado de tiempo, no obstante, hay que hacer referencia a la confluencia de una serie de factores de riesgo, tanto individuales como contextuales, que operando de forma conjunta favorecen el surgimiento de estos comportamientos. Entre las variables individuales, las influencias genéticas sobre la mayoría de conductas antisociales son significativas aunque de moderada magnitud, siendo la agresión especialmente heredable (Plomin y Asbury, 2005). Algunos estudios han encontrado en los menores antisociales una mayor impulsividad, problemas de auto-regulación y dificultades para controlar la ira, y una mayor incidencia de trastornos de hiperactividad y déficit de atención, problemas todos ellos que parecen asociados a una falta de maduración del córtex prefrontal (Patterson, DeGarmo y Knutson, 2000). Las bajas puntuaciones en los tests de CI junto a un rendimiento académico muy bajo es otra constante en estos adolescentes, que además suelen mostrar sesgos cognitivos atribucionales muy hostiles, que le llevan a interpretar de forma amenazante y hostil comportamientos y actitudes neutras de sus compañeros, y a reaccionar de forma agresiva (Lochman, Phillips y Barry, 2003). El consumo de drogas aparece con frecuencia asociado al comportamiento delictivo, probablemente porque comparten factores de riesgo, aunque también porque el consumo provoca desinhibición y distorsiona la valoración de los riesgos derivados del comportamiento delictivo.

Las variables familiares han sido consideradas como claves para el desarrollo de la conducta antisocial severa, ya que según muestran numerosos estudios estos adolescentes provienen de familias muy desorganizadas y conflictivas, con padres que se muestran hostiles o negligentes, y que fracasan a la hora de ofrecer a sus hijos modelos comportamentales apropiados (Patterson et al., 2000). Por otra parte, también es frecuente por parte de estos padres el empleo de estrategias disciplinarias muy coercitivas con la aplicación castigos físicos que en algunos casos se pueden considerar situaciones de maltrato. De hecho el comportamiento antisocial es una de las consecuencias más frecuentes del maltrato infantil y adolescente, probablemente porque el abuso severo, al igual que otras experiencias infantiles traumáticas provoca modificaciones en la estructura y funcionamiento cerebral (Oliva, 2002; 2007). Los factores familiares y los genéticos pueden interactuar de cara a generar un comportamiento desajustado; como se ha puesto de manifiesto en un estudio longitudinal llevado a cabo en Nueva Zelanda por Caspi et al. (2002), aquellos niños que habían experimentado malos tratos se convirtieron en adolescentes y adultos violentos sólo cuando tenían una versión de baja actividad del llamado gen de la Mono Amino Oxidasa A, pero no cuando tenían la versión activa del gen.


Entre los factores sociales de riesgo, s e encuentran la pobreza o las situaciones muy desfavorecidas. No obstante, la relación entre la clase social y el comportamiento antisocial es muy débil e incluso no aparece en algunos estudios recientes, además cuando es significativa, se trata de una influencia indirecta que se ejerce a través de la depresión de los padres y el conflicto familiar. Es decir, las situaciones de pobreza harían más probable tanto la conflictividad marital como la depresión parental, lo que llevaría que los padres mostraran unas estrategias disciplinarias menos eficaces y los menores un comportamiento más desajustado (Buehler et al., 1997). La relación con un grupo de iguales con altas tasas de actividades delictivas es otro claro factor de riesgo, especialmente cuando aparece relacionado con unas malas relaciones familiares, aunque también es cierto que los adolescentes antisociales tienden a elegir como amigos a otros chicos y chicas que también muestran comportamientos desviados.
Intervención sobre la conducta antisocial.
La mayoría de programas preventivos suelen incluir la formación de padres desde la primera infancia para que puedan seguir estilos de crianza más positivos y manejen el comportamiento disruptivo de sus hijos sin utilizar métodos coercitivos. En casos de familias de riesgo también pueden incluir el apoyo a los padres mediante visitas domiciliarias. Estos programas se han mostrado eficaces para reducir la disciplina coercitiva y los malos tratos físicos, que como ya hemos comentado son unos de los principales factores de riesgo de la conducta antisocial (Kazdin, 1997).
Los programas llevados a cabo en los centros educativos para evitar el maltrato y la victimización entre iguales se muestran también eficaces a nivel preventivo, y tratan de formar a los educadores para que puedan detectar e intervenir en situaciones de riesgo. Otros programas también realizados en escuelas persiguen el objetivo de enseñar a niños y adolescentes a resistir la presión de los iguales para implicarse en comportamientos antisociales o delictivos (Farrington, 2004).
En cuanto al tratamiento de adolescentes antisociales, las técnicas centradas en el entrenamiento de habilidades sociales interpersonales se han mostrado eficaces. Se trata de técnicas que intentan modificar el pensamiento egocéntrico e impulsivo de los chicos y chicas antisociales, enseñarles a pensar antes de actuar, a buscar alternativas para solucionar problemas interpersonales, o a considerar el impacto de su comportamiento sobre otras personas (Ross y Ross, 1995).


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