Principales marcos normativos y programáticos vinculados a la concepción y objetivos del iace



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Principales marcos normativos y programáticos vinculados a la concepción y objetivos del IACE

Graciela Cardarelli - UNICEF- CEADEL-, marzo 2015



Presentación

En este documento se presentan los principales encuadres normativos y programáticos nacionales y provinciales que orientan la dirección las políticas en materia educativa de los últimos años, a fin de sistematizar información relevante y útil, tanto para proveer insumos al trabajo de capacitación, asistencia técnica y monitoreo que viene realizando el IACE en las provincias involucradas, como para brindar a los lectores interesados un compendio básico de los principales preceptos legales establecidos por las autoridades competentes en la materia. Estos preceptos no sólo rigen la conducta institucional y social en los temas educativos que nos ocupan, sino que operan como habilitantes para la implementación de programas, proyectos y acciones transformadoras que concreten el derecho a una educación inclusiva y de calidad.

Dadas las características del IACE, enmarcado en las políticas y estrategias de UNICEF, se han incluido en primera instancia aquellas normas que surgen del acuerdo entre distintas naciones, enunciadas como tratados o convenios y consideradas como instrumentos legales supranacionales, que adquieren fuerza de ley u otra normativa en función de su tratamiento en los países participantes.

Todos los instrumentos regulatorios y los planes que se incluyen en este trabajo se han seleccionado en función de su vinculación con los lineamientos conceptuales, metodológicos y operacionales del IACE, a su compatibilidad con los indicadores que se incluyen en el método de autoevaluación que se sustenta y a su potencial aporte a la institucionalización y sustentabilidad de esos procesos autoevaluativos en las jurisdicciones.1

Asimismo, se han consignado especialmente referencias normativas que involucran temáticas y/o dispositivos de evaluación y autoevaluación de la calidad educativa. En el caso de la autoevaluación educativa o institucional se puede observar que el IACE resulta ser pionero en dicha temática, tanto por su diseño metodológico como por su extendida aplicación en las jurisdicciones, dado que en Argentina a nivel “oficial” no se han instrumentado procesos auto evaluativos de la calidad educativa con sentido integral y con epicentro en las propias escuelas.

Por último, es importante señalar que la Constitución Nacional establece en su artículo 78, que “corresponde al Congreso Nacional sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna” (se promueve especialmente la educación intercultural y bilingüe)…” y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.



I. Instrumentos básicos de referencia para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes adoptados por Argentina

Convención sobre los Derechos del Niño: Adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 20/11/1989 y sancionada en Argentina por Ley 23.849/90. Adquiere rango constitucional desde el año 1994 en virtud del artículo 75 inciso 22 de la Constitución.

A partir de ello, el país asumió el compromiso de adecuar su legislación interna, sus instituciones y las políticas para la infancia y adolescencia a la luz de esta nueva fuente normativa para asegurar el reconocimiento y cumplimiento de todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes que habitan en el país.

“La Convención sobre los Derechos del Niño sienta las bases mínimas para el establecimiento de una ciudadanía plena para la niñez y adolescencia, es decir, de una nueva relación jurídica entre el Estado y la sociedad con la infancia, que fortalezca la consideración del niño, niña o adolescente como sujeto de derecho, con derechos especiales por su condición particular de desarrollo y con los mismos derechos que todas las personas, y que abandone el concepto de la niñez como objeto pasivo de intervención por parte de la familia, el Estado y la comunidad.”2

Un rasgo destacable del enfoque de la Convención es la centralidad que adquieren los titulares de derecho para pensar el sentido de la educación. “La educación en el marco que fijan los derechos humanos conlleva un desplazamiento desde visiones que la valoran por su capacidad de expandir el capital humano o la productividad de un país, hacia otra centrada en las posibilidades que esta ofrece a las personas de ampliar su margen de autonomía y oportunidades para participar activamente en la sociedad y disfrutar de una ciudadanía plena”3.



Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061/2005 y Decretos Reglamentarios 1.202/08, 1.703/08 y 1.714/08, que promueven su aplicación en todo el territorio nacional

La Ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. En ella se reconocen derechos sustentados en el principio de interés superior del niño. En los artículos 15 y 16 se reconoce el derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo el desarrollo integral de los niños, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, la formación para la convivencia democrática y el trabajo, y respetando su identidad cultural y su lengua de origen. También se reconocen otros derechos fundamentales como el derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia y el deber de las escuelas de inscribir a alumnos indocumentados y realizar las gestiones correspondientes para su legitimación.



Ley 25.673 /03 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y su Decreto Reglamentario (Decreto Nacional Nº 1282/2003)

Establece la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud. Es el principal antecedente del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en las escuelas, que se consigna más adelante.



II. Resumen de los principales Acuerdos Internacionales que operan como fundamentos de la Legislación y las políticas

Acuerdo internacional sobre la protección y promoción de los derechos de la infancia, denominado “Un mundo apropiado para los niños

En la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la Infancia (mayo de 2002, Nueva .York), representantes de 289 países - incluido niños y jóvenes - se reunieron en la sede de las Naciones Unidas para participar en la Sesión Especial. Más de 400 niños y niñas de 8 a 18 años se reunieron también en el Foro de la Infancia, celebrado antes de la Sesión Especial, en la que produjeron su propia declaración: “Un mundo apropiado para nosotros”.

Se acordaron una serie de metas con plazos definidos para la niñez. Estos objetivos abarcan las siguientes esferas: promoción de vidas sanas; educación de calidad; protección contra el abuso, la explotación y la violencia; y lucha contra el VIH/SIDA. Todas las naciones acordaron llevar a cabo medidas específicas de seguimiento para asegurar que las metas de Un mundo apropiado para los niños se conviertan en realidad en sus propios países y en todo el mundo.

Esta Sesión Especial en favor de la Infancia se celebró para evaluar los progresos que se habían alcanzado desde la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en 1990 en Nueva York.

Las metas de “Un mundo apropiado para los niños” complementan la Declaración de la Cumbre del Milenio y se inspiran en ella. Esta declaración fue aprobada por el mayor número de dirigentes mundiales en la historia de la humanidad durante la Cumbre del Milenio celebrada en septiembre 2000 en Nueva York. La Declaración de la Cumbre del Milenio abarca la paz y la seguridad, el medio ambiente, los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, destinados a combatir la pobreza en sus numerosas dimensiones, entre ellas la reducción de la pobreza de ingresos, el hambre, la enfermedad, la degradación del medio ambiente y la discriminación entre los géneros. La mayoría de los objetivos- 8 en total - se -relacionan directamente con la infancia.

Al respecto se establece que la educación constituye un derecho humano fundamental especialmente reconocido para niñas, niños y adolescentes, y ocupa un lugar destacado en las prioridades del Sistema de Naciones. La República Argentina adaptó los ODM a la situación nacional y se planteó en el 2007 “alcanzar la educación básica universal, “universalizar la educación secundaria” y reducir las heterogeneidades del sistema educativo, especialmente en relación con la cobertura del nivel inicial, la supervivencia en educación básica y la terminalidad de la escuela secundaria.4-5



Declaración Mundial sobre educación para todos "Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje", Jomtien, Tailandia, 5 al 9 de marzo, 1990

Surge en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, convocada conjuntamente por UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD , la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Banco Mundial y es el parámetro fundamental para comenzar a resaltar la importancia de la educación inicial. Parte de la consideración de la educación como un derecho fundamental de todos y que es una condición indispensable, aunque no suficiente, para el progreso personal y social. Expresa que, en términos generales, la educación que se imparte adolece de graves deficiencias, que es menester mejorar su adecuación y su calidad y que debe ponerse al alcance de todos, sin discriminación de género o sector social. Se centra en la educación básica y en las herramientas esenciales y contenidos básicos del aprendizaje, destacando que el aprendizaje comienza con el nacimiento, lo que exige el cuidado temprano y la educación inicial de la infancia, lo que puede conseguirse mediante medidas destinadas a la familia, la comunidad o las instituciones.

En ese momento histórico fue sumamente importante esta aseveración: “EI principal sistema para impartir la educación básica fuera de la familia es la escuela primaria. La educación primaria debe ser universal, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje de todos los niños y tener en cuenta la cultura, las necesidades y las posibilidades de la comunidad. Otros programas alternativos pueden ayudar a atender las necesidades de aprendizaje de niños cuyo acceso a la escolaridad formal es limitado o no existe, siempre que compartan los mismos niveles de aprendizaje aplicados a la enseñanza escolar y que dispongan del adecuado apoyo”.

Proyecto “Metas Educativas 2021 - La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios”

Fue aprobado por la Conferencia Iberoamericana de Educación y posteriormente refrendado por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada a comienzos de diciembre de 2010 en Mar del Plata (Argentina). Se trata de un proyecto que aspira a mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad y así contribuir a lograr la inclusión social. Su propósito consiste en superar los desafíos educativos que Iberoamérica tiene aún pendientes del siglo XX al tiempo que se afrontan los nuevos retos que plantea el siglo XXI. A ese objetivo corresponde un plan de actuación de amplia perspectiva.



Otro acuerdo en situación particular

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes: Organizada por la Comisión Interamericana de la Juventud, que estableció un tratado emanado de una reunión de representantes de países iberoamericanos y fue realizada en Badajoz (España), en octubre de 2005. Desde entonces (al 2014), 16 países suscribieron ese tratado: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y de ellos, 7 lo ratificaron en sus países por la vía legislativa: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, República Dominicana y Uruguay. Si bien Argentina no adhirió a este tratado y no existe una Ley integral dirigida especialmente a proteger los derechos de los jóvenes., existen importantes avances legislativos sectoriales que concuerdan con los contenidos de la Convención y fueron refrendados por el poder legislativo: educación secundaria obligatoria., educación sexual integral, protección del trabajo adolescente. CIPPEC (2014) reseña -entre otras propuestas- que en el Congreso nacional se presentaron, entre los períodos legislativos de 2013 y 2014, un total de 28 proyectos de ley dirigidos a los/as jóvenes. La mitad de ellos están centrados en la revisión de herramientas de capacitación y empleo, becas/incentivos para la formación, prácticas justas de empleo (especialmente de pymes), ampliación de la edad de ejercicio del voto, existiendo también los conocidos proyectos de modificación del régimen de responsabilidad penal juvenil y referidos a la prevención y tratamiento del consumo y adicción a las drogas.6

III: Marcos legales y programáticos educativos nacionales y provinciales

III.1. Nivel Nacional

Ley/Resolución/Plan

Caracterización

Aplicación en provincias

Ley Nacional de Educación N° 26.206/06

Fija (entre otras disposiciones) el retorno a la estructura de niveles de primaria y secundaria, con la opción de un modelo de 6 años para cada nivel o el tradicional 7 y 5 y la obligatoriedad de la educación secundaria. Establece que “La escuela secundaria es el segmento del sistema educativo que completa los 13 años de educación obligatoria fijados por la Ley y que está destinada a todo/as lo/as adolescentes y jóvenes que cumplieron con el nivel de Educación Primaria, y su finalidad es habilitarlos para que ejerzan plenamente su ciudadanía, continuando con sus estudios o ingresando al mundo del trabajo“. Con relación a la educación inicial plantea que constituye el primero de los cuatro niveles del sistema educativo y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco días hasta los cinco años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año. Fija también, la refundación del Consejo Federal, la reforma de la formación docente, con la creación de un instituto nacional, la conformación de gobiernos colegiados en los institutos formadores, la extensión de los derechos de poblaciones excluidas, como los niños y niñas pobres que no tienen oportunidades en la educación inicial.

Establece la necesidad de implementar estrategias tendientes a garantizar la alfabetización digital de los niños, niñas y jóvenes del país e incorporar el dominio tecnológico en la formación docente.

Respecto a la evaluación, establece en su capítulo III, art. 96 que “La política de información y evaluación se concretará en el ámbito del Consejo Federal de Educación. Las jurisdicciones participarán en el desarrollo e implementación del sistema de evaluación e información periódica del sistema educativo, verificando la concordancia con las necesidades de su propia comunidad en la búsqueda de la igualdad educativa. Asimismo, apoyará y facilitará la autoevaluación de las unidades educativas con la participación de los/as docentes y otros/as integrantes de la comunidad educativa”.7


Aun cuando cada provincia tiene su propia Ley de Educación, todas las involucradas en IACE han adherido a los principios de esta ley, especialmente a la adopción de los NAP y a la estructura de los sistemas educativos, adecuándolos a cada realidad provincial, especialmente a través de proyectos específicos que se presentarán en la siguiente Tabla referida a las Leyes y programas provinciales.

La Ley 26.206 se sustenta también en la necesidad de responder al problema de las desigualdades educativas y de constituirse en un “organizador de la enseñanza a nivel nacional”. En año 2004 (Res. CFE 228) se aprueban los NAP – Núcleos de aprendizaje prioritarios - para el nivel inicial y primario, en las áreas de lengua, matemáticas, ciencias naturales y sociales. Esos NAP se completan, por resolución del CFE 37/07 con la formación cívico- ciudadana, la educación artística y la educación tecnológica.

Ley Nacional de Financiamiento Educativo (26.075/2006)


Surge como fruto de un amplio consenso político y refiere prioritariamente a la meta de inversión del presupuesto del Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y la tecnología.

Éste se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2010, una participación del seis por ciento (6%) en el Producto Interno Bruto (PIB). Además de este criterio (entre otras regulaciones), establece incluir en el nivel inicial al cien por ciento (100%) de la población de cinco (5) años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de tres (3) y cuatro (4) años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos, garantizar un mínimo de diez (10) años de escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y jóvenes. Asegurar la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales y lograr que, como mínimo, el 30% de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos, avanzar en la universalización del nivel medio logrando que los jóvenes no escolarizados ingresen o se reincorporen y completen sus estudios, producir las transformaciones pedagógicas y organizacionales que posibiliten mejorar la calidad y equidad del sistema educativo nacional, mejorar la formación docente..8



Para todas las provincias se garantiza un porcentaje de coparticipación federal destinado a la inversión educativa con tres prioridades: mejorar: las condiciones laborales y salariales, jerarquizar la carrera docente y promover la calidad de la formación inicial y permanente. No se cumplió aún la meta de “Lograr que el 30% de los alumnos de educación básica tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa”. Tanto desde Sindicatos, ONG, Centros de Estudios como el CIPPEC, Universidades y aún gobiernos provinciales, plantean una revisión de la Ley en cuanto a las medidas de base del PBI y a la ampliación de presupuesto para la educación secundaria, en función de su estructura obligatoriedad, que requiere nuevos cargos y en cuanto a la ampliación de cobertura en la educación inicial. 9

Obligatoriedad de la sala de 4 años y universalización de la de 3 años. (Ley 27.045/14)


Establece que la sala de cuatro años del jardín de infantes será obligatoria. La norma declara obligatoria la Educación Inicial para niños y niñas de 4 años, modifica el artículo 16 de la ley 26.206 y establece que "la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de 4 años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria”. También modifica los artículos 18 y 19 de la misma ley, al fijar que "la educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los niños desde los 45 días de vida hasta los 5 años, siendo obligatorios los dos últimos", y que "el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños de tres 3 años de edad, priorizando la atención educativa de los sectores menos favorecidos de la población”.

Salvo en el caso de la provincia de Buenos Aires, que ya en su Ley del año 2007 fijaba la obligatoriedad de sala de 4 años, el resto de las provincias ha adherido a la disposición legal y progresivamente está incorporando la implementación efectiva de la sala de 4.

Plan Nacional de Educación Obligatoria (Res Nº 79/09 CFE)

Establece una “construcción conjunta” que integre las políticas nacionales, provinciales y locales, las estrategias para enfrentar los desafíos de la educación obligatoria, en sus diferentes ámbitos, niveles y modalidades y la articulación con las intervenciones intersectoriales de otros ministerios y organizaciones sociales. En cuanto a la Educación Secundaria, debe preparar y orientar para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el mundo del trabajo y para la continuación de estudios, asegurando que las jurisdicciones provinciales cumplan con estos objetivos.

Adhesiones provinciales

Plan Nacional de Educación Inicial (MEN, mayo 2009)

Se basa en los criterios contemplados en la Ley de Educación “La educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año” y propone un conjunto de objetivos estratégicos para el nivel, estableciendo los NAP (Núcleos de Aprendizaje prioritarios) como organizadores de la enseñanza y planteados como acuerdo nacional. Sus antecedentes principales son: La Res. 225/04 CFE: Documento sobre aprendizajes prioritarios para Nivel Inicial y Primer Ciclo Primaria, Res. N° 228/04 CFE: NAP Nivel Inicial y Primer Ciclo Primaria (Áreas: Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales).

Adhesiones provinciales con diseños curriculares jurisdiccionales basados en los NAP.


Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria (Resolución CFE Nº 84/09 )

Define criterios para dotar de unidad pedagógica y organizativa al nivel secundario en Argentina. Reafirma el criterio de obligatoriedad de la educación secundaria y se acuerda federalmente la revisión de toda regulación y prácticas que comprometan el cumplimiento de dicha obligatoriedad. Especifica los atributos del gobierno, organización y estructura de la educación secundaria. Propone estrategias de articulación entre organismos y niveles gubernamentales con incidencia en la educación secundaria, el fortalecimiento de equipos pedagógicos que acompañen a las instituciones, la renovación de propuestas formativas y la generación de condiciones pedagógicas para la escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos. Establece pautas para la organización de la oferta educativa, el desarrollo curricular, la duración de los ciclos lectivos, las titulaciones, la necesidad de innovar en propuestas de formación y socialización y “repensar la enseñanza”, todos criterios y estrategias enmarcadas en la consideración del adolescente y el joven como sujeto de derecho. Se destaca el lugar que ocupa la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la importancia asignada la convivencia cotidiana, al clima de trabajo institucional, a las relaciones entre agentes educativos y con la comunidad educativa, al modo de abordar los conflictos, a la posición que los adultos asumen frente a los derechos de los adolescentes, jóvenes y adultos, a los espacios que se abren a la participación y otros.

Establece distintos recorridos formativos por disciplinas y considerando la participación en centros juveniles como una experiencia de formación, dentro de la propuesta escolar.

Propone “revisar integralmente la problemática de la evaluación”, poniendo en el centro del debate el problema de la calidad y de la exigencia en los procesos de enseñanza, desde una perspectiva política.” La evaluación no puede constituir, por principio, una herramienta de expulsión/exclusión del sistema”. “Resulta necesario diseñar formas de evaluación que, en articulación con las experiencias formativas que se ofrecen, otorgue relevancia a los procesos reflexivos y críticos, superando el carácter selectivo que le imprime a la escuela actual.” “Se requiere, entonces, producir un saber pedagógico que permita delinear alternativas de evaluación que den cuenta de los aprendizajes alcanzados, pero al mismo tiempo de las condiciones y calidad de la enseñanza, y sus propios efectos.”


Adhesiones provinciales, con escasos cambios en los sistemas evaluativos tradicionales.

Desarrollo, en todas las provincias IACE de modalidades de participación de los estudiantes (/no solo CAJ), con distintos grados de participación efectiva.



Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

(Resolución CFE N° 118/10)



Aprueba los documentos “Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y los “Lineamientos curriculares para la Educación Permanente de Jóvenes”.

Establece que las autoridades educativas nacionales y jurisdiccionales implementarán en forma gradual y progresiva medidas conducentes para la puesta en vigencia al año 2013 del ingreso con 18 años de edad a las instituciones educativas. Establece que los servicios educativos de nivel primario y secundario de la educación obligatoria dependientes de las jurisdicciones, pondrán en vigencia planes y programas para la inclusión efectiva de la población estudiantil comprendida entre 14 y 17 años, en los niveles correspondientes, al año 2013.



Resolución no firmada por Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y CABA.

Lineamientos de la Educación secundaria obligatoria

(Resol. CFE 88/09 y Res.CFE 93 /09)




La primera establece los “Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria” y la segunda aprueba el documento “Institucionalidad y fortalecimiento de la educación secundaria obligatoria – planes jurisdiccionales y planes de mejora institucional” de acuerdo con las finalidades y prioridades acordadas para la educación secundaria. En este caso se establece que “cada escuela del país deberá establecer su punto de partida sobre la base de un conjunto de indicadores de calidad de los aprendizajes, trayectoria educativa e inclusión escolar”. “A partir de este diagnóstico”, las jurisdicciones y las escuelas establecerán acciones orientadas a mejorar los resultados y modificar el diagnóstico presentado.


Junto con la Ley Nacional de Educación, estas 2 resoluciones constituyen el marco normativo del programa GEMA: Gestión escolar para la Mejora de los Aprendizajes, programa que viene desarrollando UNICEF en Salta, Jujuy y el Chaco.

Ley Nº 25.864/03 Ciclo lectivo Anual


Fija un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clase, para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación General Básica y Educación Polimodal, o sus respectivos equivalentes. Ante el eventual incumplimiento del ciclo lectivo anual, esta ley establece que las autoridades educativas de las respectivas jurisdicciones deberán adoptar las medidas necesarias a fin de compensar los días de clase perdidos, hasta completar el mínimo establecido.

Adhesiones provinciales

Ley Nacional Nº 26.150/06 de Educación Sexual Integral, que sanciona el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI)

Establece el derecho de todos los alumnos a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión pública o privada, articulando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, genéticos, éticos y afectivos.

Debe impartirse desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria, a lo largo del ciclo lectivo y con capacitación docente. Se denomina ESI al “espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes”, se incluye en el proyecto educativo de la escuela y promueve el trabajo articulado con centros de salud, las organizaciones sociales y las familias.



Adhesiones provinciales, con distintos grados de cumplimiento efectivo

Ley de Educación técnico profesional (N° 26.058/05)

Tiene por objeto regular y ordenar la educación técnico profesional del nivel medio y superior no universitario y la formación profesional, definiendo a la Educación Técnica Profesional como un “derecho de todo habitante de la Nación Argentina” que “abarca, articula e integra los diversos tipos de instituciones y programas de educación para y en el trabajo”. Mediante esta ley se crea el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción y tres instrumentos: el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnica Profesional, el Catálogo de Títulos y Certificaciones y el proceso de Homologación de Títulos y Certificaciones. Asimismo se crea el Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional, que no puede ser inferior al 0,2% del total de ingresos corrientes del Presupuesto Anual del Sector Público Nacional.

En su artículo 45 reconoce al INET como el ámbito que debe hacer cumplir con la responsabilidad de “desarrollar los instrumentos necesarios para la evaluación de la calidad de las ofertas de Educación Técnico Profesional e intervenir en la evaluación”. Cita a la resolución del CFE N° 134/11 establece en su Artículo 4, “profundizar los procesos de autoevaluación institucional y sostener espacios de trabajo docente colaborativo para la planificación, desarrollo y evaluación de los Planes de Mejora en el 100% de las escuelas secundarias, con el objeto de asegurar un mayor acceso y permanencia de los alumnos en el marco de la obligatoriedad del nivel secundario, acompañar las trayectorias educativas y brindar instancias de apoyo a los estudiantes.” A partir de ello se ha diseñado e impulsado un proceso de autoevaluación institucional (AEI) “sistemática, integral y colectiva”, como instancia de reflexión y participación de docentes y alumnos, que brinda a la comunidad educativa de cada escuela la posibilidad de realizar un balance sobre sus fortalezas, debilidades y desafíos”.



Adhesiones provinciales. Experiencias previas de la priorización y ampliación de la escala de concreción de esta modalidad en Buenos Aires y Chaco.

Ley N° 26.233/07 Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil


Se dirige a promover y regular los Centros de Desarrollo Infantil, a los que asistan niños de hasta 4 años de edad, en particular aquellos en situación de pobreza. Establece el derecho a la educación de los niños y la accesibilidad al sistema educativo formal. Incluye disposiciones de cuidado y pedagógicas, que aseguren que se contemple el desarrollo integral de los niños y la capacitación del personal a cargo.

Adhesiones provinciales, en especial en Salta, que cuenta con varios CDI

Ley de Promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas (Ley 26.892/2013).

Res. CFE 226/14 Conflictividad Social en Instituciones Educativas y Resolución CFE 239/14 - Anexo I Pautas y criterios federales para la elaboración de acuerdos de convivencia para el nivel inicial y el nivel primario.


Resolución CFE Nº 217/14 Aprobación del documento “Guía federal de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar”.



La Ley establece las bases para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia, así como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Los principios explícitos principios orientadores de esta ley, en el marco de lo estipulado por ley 23.849 —Convención sobre los Derechos del Niño—, ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ley 26.206, de Educación Nacional. Incluye “el derecho a participar de diferentes ámbitos y asuntos de la vida de las instituciones educativas”. Entre sus objetivos figura : “Promover la elaboración o revisión de las normas de las jurisdicciones sobre convivencia en las instituciones educativas, estableciendo así las bases para que estas últimas elaboren sus propios acuerdos de convivencia y conformen órganos e instancias de participación de los diferentes actores de la comunidad educativa”..”. Promover junto con los equipos jurisdiccionales la articulación con la autoridad local y los servicios locales de protección integral de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con vistas a garantizar la atención de la problemática en toda su magnitud y complejidad”. Fija que el Ministerio de Educación de la Nación, con el acuerdo del Consejo Federal de Educación, debe promover el fortalecimiento de las prácticas institucionales ante la conflictividad social en las instituciones educativas “promover junto con los equipos jurisdiccionales el desarrollo de estrategias y acciones para fortalecer a las instituciones educativas y los equipos docentes y de supervisión, brindándoles herramientas y capacitación para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia en las instituciones educativas y debe “impulsar la consolidación de espacios de orientación y reflexión acerca de la conflictividad social”.

A través de la Res. 226 se regulan las estrategias a desarrollar entre el Ministerio de Educación de la Nación y las diversas jurisdicciones ante situaciones de violencia en las escuelas y crea una línea telefónica gratuita para la atención de situaciones de violencia en las escuelas, que será coordinada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN y contará con la participación de todas las jurisdicciones.


La Res 217 (Ministro Sileoni) se propone “ brindar a los docentes, a los equipos técnicos y de orientación y a los equipos directivos y de supervisión, lineamientos de intervención desde un marco pedagógico con relación con las propuestas de intervención de otras áreas gubernamentales como Ministerios de Justicia, Salud, Desarrollo Social, INADI, y las Autoridades de Aplicación de la Ley 26.061 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niño- Propone : “profundizar la construcción participativa de Acuerdos Escolares de Convivencia especialmente en escuelas secundarias” ….” con el objetivo de asegurar el conocimiento y aplicación de normas de convivencia y la asunción de los derechos y obligaciones de todos los actores de la vida institucional”.

Estos instrumentos legales (y otros complementarios) implican el rol promotor del MEN y la autonomía jurisdiccional y escolar para fijar sus propias reglas de convivencia. Varias provincias han establecido su propia normativa.

En el año 2013 se elaboraron y distribuyeron a las jurisdicciones y escuelas una serie de 3 cuadernillos para la elaboración y/o revisión de los Acuerdos escolares de convivencia, promoviendo la organización y/o fortalecimiento de los Consejos Escolares de Convivencia (CEC). Se promueve la organización de “una consulta a todos los actores institucionales, incluyendo como objetivo particular el examen de las prácticas de comunicación al interior de la escuela”.

En el año 2014 se elabora y distribuye la “Guía Federal de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar”, destinada a docentes y directivos de escuelas de todos los niveles, recomendando reflexiones docentes colectivas.


Decreto Presidencial 459/10. Creación del Programa Conectar Igualdad. Com.Ar.


Establece “la incorporación de la nueva tecnología para el aprendizaje de alumnos y docentes” y se crea el Programa con el fin de “proporcionar una computadora a alumnas y alumnos y docentes de educación secundaria en escuelas públicas, de educación especial y de Institutos de Formación docente, capacitar en el uso de dicha herramienta y elaborar propuestas educativas con el objeto de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Crea el Comité Ejecutivo del Programa.

Adhesión por Convenio de todas las provincias.

Principal normativa complementaria al decreto anterior: Decreto PEN N° 76/11: Dispone la cesión de computadoras a los alumnos egresados y los requisitos correspondientes -- Res. 147/10 de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación fija procedimientos para dotar de conectividad a las instituciones que forman parte del Programa Conectar Igualdad. --- Res.123/10 Aprueba el documento “Las políticas de inclusión digital educativa. El Programa Conectar Igualdad” y el Manual operativo para la gestión institucional del Programa e incluye en el Anexo I el documento “Estrategia político pedagógica y marco normativo del Programa Conectar Igualdad”.10

Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación docente 2012-2016 (Resolución C.F.E. 188/12)



Su propósito principal es consolidar el proceso de construcción federal como condición necesaria para el fortalecimiento del sistema educativo, estableciendo formas de intervención para superar el fracaso escolar y la incorporación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a una experiencia escolar de calidad. Con respecto al Nivel Secundario, se establecen tres objetivos: I: Ampliar y mejorar las condiciones de acceso, permanencia y egreso, II: Fortalecer las trayectorias escolares generando mejores condiciones para la enseñanza y los aprendizajes, III: Fortalecer la gestión institucional ampliando las estrategias educativas para adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados

Se destacan, entre las estrategias planteadas: “Articular acciones con diferentes organismos para fortalecer la escolaridad de adolescentes y jóvenes, privilegiando a los sectores de mayor vulnerabilidad y Ampliar espacios de participación de los estudiantes (en Centros de Estudiantes; Voluntariado, Parlamentos Juveniles, etc.), que promuevan la construcción de ciudadanía y la convivencia.”



Aplicación en todas las provincias con diferentes modalidades pedagógicas

Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela” (Resolución CFE Nº 201/13.)

Complementa y especifica el Plan anterior .Se define “una acción universal de aplicación gradual destinada a docentes de todos los niveles de la educación obligatoria y la educación superior y a todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada.”

El primer objetivo es “Instalar una cultura de la formación permanente basada en la evaluación participativa como instancia formativa y necesaria para la producción de estrategias de mejora en las instituciones educativas”.

Incluye dos componentes de trabajo desarrollados de forma complementaria: uno institucional, centrado en la unidad escuela y otro en prioridades formativas de profundización de acuerdo a los puestos de trabajo y/o nuevos roles, disciplinas, niveles y modalidades vinculadas a los objetivos del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente. Estas acciones podrán incluir distintos dispositivos de formación, en función de los objetivos perseguidos, tales como ciclos, tramos, Postítulos, Seminarios, entre otros. Las acciones podrán estar a cargo de los siguientes actores: el MEN, los Ministerios jurisdiccionales, los Sindicatos Docentes, las Universidades Nacionales, los Institutos Superiores, los Organismos Científicos, Ministerios, Gestión mixta entre los ámbitos citados anteriormente. Se consignan grandes núcleos temáticos acordados federalmente como prioritarios no siendo un listado exhaustivo ni acabado, que puede adecuarse a los requerimientos provinciales

Entre los ejes conceptuales comunes se destaca “La evaluación institucional participativa como estrategia de mejora y fortalecimiento de las unidades educativas: herramientas e instrumentos para su desarrollo”.



Se aplica progresivamente en todas las provincias. En Jujuy, Chaco y Misiones se está utilizando el IACE y los resultados obtenidos en las diversas sistematizaciones para el armado de contenidos del Programa y adopción de técnicas de participación docente.

Los Cuadernillos del IACE se incluyen como bibliografía.



Programa Integral para la Igualdad Educativa – PIIE- (Res Minis. 316/04)


Se orienta a : “ Implementar acciones pedagógicas y comunitarias que apunten al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, acompañar y apoyar el desarrollo de iniciativas pedagógicas escolares en cuanto espacios de acción y reflexión de las propuestas de enseñanza institucionales y de aula, fortalecer el lugar central de la enseñanza a través de propuestas de profesionalización docente, promover acciones educativas vinculadas con el entorno escolar para la conformación de comunidades de aprendizaje, diseñar e implementar redes interinstitucionales e intersectoriales y desarrollar estrategias de atención e inclusión de los niños que están fuera de la escuela. La población objetivo del PIIE son los alumnos de escuelas primaria urbanas en las que se concentran situaciones de vulnerabilidad social”. Su inclusión en el programa se opera por vía institucional, o sea mediada a través de las escuelas y sus agentes. Cuenta con una evaluación de diseño e implementación “de eficacia e impacto”, que incluye el alcance de las acciones PIIE “desde la perspectiva de los actores institucionales” y el análisis de la “apropiación jurisdiccional del programa”, entre otras dimensiones de carácter institucional.11

Aplicación en todas las jurisdicciones

Plan FinEs (Res. CFE N° 22/07 y 66/08) y PROGRESAR

Es el Plan de Finalización de estudios Primarios y Secundarios para jóvenes y adultos –Plan FinEs- que da cumplimiento a la normativa vigente para que jóvenes y adultos mayores de 18 años puedan finalizar la escolaridad obligatoria., Establece pautas para el diseño de las propuestas educativas y sus contenidos, así como la articulación entre organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.

Se complementa con la Iniciativa PROGRESAR “Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina”, del MEN (2014), en coordinación con el ANSES, que brinda una ayuda económica mensual a los jóvenes que estudian e incluye la educación superior, Prioriza la formación técnica y de oficios y ofrece asistencia para la inserción laboral a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



El FinEs se aplica en todo el país.

PROGRESAR privilegia los sectores más vulnerables del NOA, NEA y Cuyo.




Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER). MEN

En cumplimiento de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (Art. Nº 49) y de la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075, concreta las políticas definidas para la educación en ámbitos rurales. El objetivo es “mejorar la cobertura, la eficiencia y la calidad del sistema educativo de Argentina, así como su gestión a través del fortalecimiento de la capacidad normativa, planeamiento, información, monitoreo y evaluación en los niveles nacionales y provinciales.”

Se aplica en todas las escuelas rurales del país, a través de Convenios Nación – Provincias

Existen varios programas del MEN cuyo marco de referencia es la mejora de la calidad educativa y tienen su y aplicación en las provincias: Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (POMEDU I y II) cuyo objetivo escontribuir a mejorar la equidad de la educación inicial, primaria y secundaria y contribuir a cerrar la brecha existente en las oportunidades educativas de los niños y jóvenes pertenecientes a distintos estratos de ingreso”. Se focalizan fundamentalmente en el apoyo a la retención en el nivel secundario, a la mejoría en los aprendizajes en primaria y secundaria y al mejoramiento en los procesos de gestión del sistema educativo. Cuentan con financiamiento del BID. También se desarrolla el “Programa de Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes, financiado con fondos propios y de donación de la Unión Europea y dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, que no estudian ni trabajan, para que finalicen la educación secundaria y accedan al mundo del trabajo. Otro Programa es el “ Programa de Apoyo al Sector Educativo Mercosur” (PASEM), en conjunto con la Unión Europea, que se propone “ mejorar la formación docente inicial, continua y en servicio en la región, focalizando en el diseño y gestión de las políticas públicas para la formación y el desarrollo profesional docente, el reconocimiento de estudios, el aprendizaje del español y portugués como lenguas extranjeras, la alfabetización y el uso de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje, y la consolidación de los vínculos interinstitucionales”. Presta especial atención a la formación docente continua en cuanto su acceso y uso de las TIC.12.Se incluye también el Programa de Becas estudiantiles.

Se destacan los Planes de Mejora Institucionales (PMI) –financiados por el Ministerio de Educación de la Nación– que son proyectos que diseña cada escuela según sus necesidades. Su aplicación se inició en 2006 con la educación técnica profesional, de modo que con la incorporación de las secundarias comunes se completa este proceso que busca mejorar la calidad de la enseñanza y las trayectorias educativas. Según la matrícula de cada escuela, los Planes permiten asignar horas institucionales para el desarrollo de las actividades previstas, además de un monto para los gastos operativos que dichas acciones requieren. El “formato” de presentación de los PMI es compatible con el que incluye el IACE para la elaboración de los Planes de Acción para la Mejora de la Calidad Educativa, con lo cual la mayoría de las escuelas IACE utiliza el modelo propuesto por el Plan de Mejora. Los talleres de Planificación/Programación que implementa el IACE para los establecimientos participantes constituyen instancias importantes para la formación en la temática de formulación y evaluación de proyectos.

Otro Programa que se ejecuta en las provincias es “Educación Solidaria” o “Escuelas Solidarias”, cuyo objetivo es “el fortalecimiento de propuestas pedagógicas institucionales que articulan acciones solidarias con contenidos formales curriculares en todas las escuelas del país”. En ellas los alumnos, con el acompañamiento de sus docentes, atienden problemáticas sociales relevantes en experiencias que, a la vez, les permiten profundizar sus aprendizajes. Se impulsa el trabajo conjunto de las escuelas con los destinatarios de las acciones y el establecimiento de alianzas con otros programas públicos y con instituciones y organizaciones locales. Asimismo ,el Programa, a través de su presentación al Premio Presidencial “Escuelas Solidarias”, lleva registradas más de 25000 experiencias que se desarrollan en alrededor de 14000 escuelas de los niveles Inicial, Primario y Secundario.13



Reglamento para el Acceso a la Información Pública (Decreto N° 1172/03) y Plan de Acción de Evaluación de la Calidad educativa 2010– 2020 (Res CFE 99/10).


La Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece), dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, es la unidad del Ministerio de Educación responsable del desarrollo y la sustentabilidad del Sistema Federal de Información Educativa, que comprende las acciones de evaluación del sistema educativo nacional y el diseño y desarrollo de investigaciones vinculadas con la formulación de las políticas educativas y evaluación de programas. Cuenta con un área de Evaluación de la Calidad Educativa otra de Investigación y Evaluación de Programas Educativos. Las acciones de Evaluación de la Calidad Educativa de la Diniece se inscriben en el marco de la Ley de Educación Nacional y en las funciones establecidas en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, para el período 2010-2020: Planificación y desarrollo de los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), en el tercero y sexto año del nivel primario y en el segundo/tercer año y el último año del nivel secundario de la educación común obligatoria, con una periodicidad trienal, a partir del año 2010, Participación en la planificación e implementación de estudios internacionales de evaluación de la calidad. Al respecto, la Argentina participa de Estudios Internacionales de Evaluación, desde el año 1997. Estos estudios son organizados por la LLECE-UNESCO (PERCE -1997/ SERCE -2006/ TERCE -2013) y por la OCDE (PISA 2001-2006-2009-2012-2013).

Todas las provincias participan en distinta escala de cobertura en los operativos de evaluación. A la vez y como se viene implementando históricamente, todas cuentan con un sistema propio de evaluación, acreditación y promoción para los alumnos en todos niveles, que regulan también los “boletines de calificaciones”.


IMESA- Índice de Mejora de la Educación Secundaria Argentina- MEN

Es un método evaluativo lanzado en año 2013/2014, que abarca a 9.000 escuelas de todo el país, midiendo la tasa de egreso de cada establecimiento colegio, el tiempo que tardan sus estudiantes en recibirse y los resultados de las pruebas del Operativo Nacional de Evaluación (ONE) en las áreas de Matemática y Lengua.14 Se trata de una herramienta de “aplicación progresiva” que permitiría a las escuelas “definir la implementación de los recursos provenientes del Plan de Mejora que desde 2010 llevamos adelante, en el marco de la reforma del secundario” y adecuar las políticas públicas. Los resultados no tendrán difusión pública y forma parte del Plan Nacional de Evaluación del Sistema Educativo.

Se está implementando progresivamente en todas las provincias.

Ampliación de los procesos de autoevaluación en los diferentes niveles del sistema.

Res.CFE 134/11



Expresa para el caso del nivel secundario “Profundizar los procesos de autoevaluación institucional y sostener espacios de trabajo docente colaborativo para la planificación, desarrollo y evaluación de los Planes de mejora en l 100%de las escuelas secundarias con el objeto de asegurar un mayor acceso y permanencia de los alumnos en el marco de la obligatoriedad del nivel secundario, acompañar las trayectorias educativas y brindar instancias de apoyo a los estudiantes”.





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