Preámbulo



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PREÁMBULO. CASTILLA Y LEÓN PIDE CAMBIO

CAPÍTULO I.



INSTITUCIONES LIMPIAS, ABIERTAS Y AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

1.1 Una democracia más fuerte, una democracia más representativa, una democracia sin corrupción

1.2. El modelo autonómico de Ciudadanos

1.3. El modelo de financiación autonómica de Ciudadanos

1.4 Modelo de Administración de Ciudadanos

CAPÍTULO II.



REACTIVACION DE LA ECONOMIA Y CREACIÓN DE EMPLEO

2.1 Una economía garantía de prosperidad y empleo

2.2 Por un comercio dinámico, un turismo de calidad y un consumidor exigente

2.3 Transportes e infraestructuras: Tendiendo puentes, abriendo caminos para el futuro

2.4 Una agricultura moderna, competitiva y respetuosa con el territorio

2.5 Una energía más eficiente, un medio ambiente más controlado

CAPÍTULO III.

POR UNA CASTILLA Y LEÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS Y SU BIENESTAR

3.1 Educación y cultura, bases para un futuro mejor

3.2 La sanidad, una garantía para todos los ciudadanos

3.3 Los servicios sociales, la verdadera política de unión y cohesión social

3.4 Comprometidos con la calidad de vida: Vivienda y Urbanismo

PREÁMBULO. CASTILLA Y LEÓN PIDE CAMBIO

Castilla y León ya ha perdido demasiado tiempo. El dominio desde 1983 de la política castellanoleonesa por parte del Partido Popular ha propiciado la creación de una red clientelar que ha generado abuso de poder.


Durante los últimos treinta años el clientelismo del PP ha diseñado la acción política de la Junta de Castilla y León, incluso dando un trato desigual a aquellos ayuntamientos gobernados por otros partidos políticos.
En este tiempo, los partidos tradicionales y la endogamia que los gobierna han ido alejándose paulatinamente de la ciudadanía, más preocupados por sus propios intereses que por trabajar con honestidad para la sociedad a la que representan; han ido haciéndose con el control de todos los sectores de la vida pública de forma tal que han terminado con cualquier independencia entre los poderes de Castilla y León e invadido todos los resortes de funcionamiento de la sociedad civil.
En la actualidad nada escapa al control de los partidos (justicia, medios de comunicación, los sindicatos, la cultura, las universidades, etc.). Todo esto ha llevado a que el político no se sienta representante de la ciudadanía sino gobernante de la misma y a que el ciudadano no perciba al político como un servidor público al que se le han de exigir responsabilidades por su gestión.
En Castilla y León se ha establecido un régimen pétreo que confunde partido con gobierno.
El PP ha logrado consolidar una administración intervencionista que contamina todos los ámbitos de la sociedad y que es utilizada como una máquina de repartir cargos, prebendas, favores, represalias y genera corruptelas.
El resultado de casi 30 años de gobierno monocolor es una Castilla y León que sigue sin modernizarse y a la cola en gran parte de los parámetros de desarrollo. No existe un tejido social emprendedor y nuestro sistema educativo es deficiente. Castilla y León es una sociedad presidida por el inmovilismo que presenta claros síntomas de ‘esclerosis social’, con falta de meritocracia y una economía poco competitiva.
Por otra parte, el resto de partidos políticos han renunciado de forma tácita, por dejadez o incapacidad, a ejercer cualquier tipo de oposición, lo que hace impensable que se produzca hoy en Castilla y León cualquier tipo de alternancia democrática, no digamos de una diferente alternativa. Esta particular situación de la política castellanoleonesa hace imprescindible la consolidación de un movimiento regenerador civil que levante las alfombras del régimen y que devuelva al ciudadano lo que es suyo: el control de la vida pública de nuestra Comunidad Autónoma.
Ciudadanos irrumpe como la gran esperanza de cambio en Castilla y León. Cambio para los autónomos, para los pequeños empresarios, para los trabajadores, para las familias, para los jóvenes que han de buscar fuera sus oportunidades, para los funcionarios que son desplazados por asesores enchufados por los partidos, para los ciudadanos de la calle que hasta hoy no teníamos voz en las Cortes de Castilla y León para defendernos de los abusos de la partitocracia.
Ciudadanos supone un cambio de rumbo en la política castellanoleonesa porque orienta el debate político hacia la búsqueda de soluciones a los problemas reales de las personas, por aumentar sus libertades cívicas desde un posicionamiento progresista, y por asignar todos los esfuerzos y recursos públicos a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

En definitiva, apostamos por defender el proyecto político que se recoge en nuestro ideario, en nuestros programas electorales anteriores, y en el que presentamos a continuación dando respuesta a los que hoy constituyen los principales problemas y las principales demandas que la ciudadanía hace a los políticos:


- Reactivación económica y creación de empleo.
- Regeneración de nuestra democracia para aumentar la transparencia en los asuntos

públicos y acabar con la corrupción y la partitocracia.
- Garantía del Estado del Bienestar sin recortes en sanidad, educación o servicios sociales.
- Defensa de los derechos y libertades cívicas.
- Racionalización de las administraciones públicas para que sean más eficientes y evitar el despilfarro. Gastar menos y gastar mejor.

CAPÍTULO I



INSTITUCIONES LIMPIAS, ABIERTAS Y AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
En Castilla y León, al igual que en el resto de España, se impone poderosamente la necesidad de una transición ciudadana que ponga fin a las corruptelas para que los ciudadanos asumamos el poder y la responsabilidad de decidir qué queremos para nuestro futuro y para el de nuestros hijos.
Ha llegado la hora de proponer a los castellanoleoneses un nuevo pacto político. Un nuevo contrato con los ciudadanos donde los elementos centrales de ese pacto sean la integridad, la transparencia y la vocación de servicio a la ciudadanía. Todo ello con el objetivo de renovar las instituciones políticas, de tal manera que se restaure el principio de representatividad, se despoliticen las instituciones y se garantice la total transparencia en la gestión de las finanzas y recursos públicos.
Hay que separar poder político y poder económico, cortar los tentáculos de la partitocracia sobre el poder judicial, los medios de comunicación, los organismos reguladores y supervisores, los consejos de administración de las empresas, los sindicatos y patronales entre muchas otras medidas.
Necesitamos un cambio de mentalidad: en lugar de recelar de los intentos de la ciudadanía por controlarles más estrechamente, los políticos deben asumir que cuanto más abierto y transparente sea su trabajo y más control tengan los ciudadanos sobre él, más eficaz y digno de valorar será. Las instituciones, el imperio de la ley y la seguridad jurídica, no son sólo necesarias por pura higiene democrática, sino que también son cruciales para el crecimiento económico.


1.1 Una democracia más fuerte, una democracia más representativa, una democracia sin corrupción
En Castilla y León y en el resto de España sufrimos una partitocracia en la cual los partidos desbordan su espacio propio y ocupan todo el Estado y una buena parte de la sociedad. El poder de los partidos anula la división de poderes e instaura un sistema descontrolado que tiende a configurarse como un dominio absoluto de todo poder, creando así el caldo de cultivo de todo tipo de desafueros y corrupciones.
Para Ciudadanos es imprescindible ser rigurosos en la separación de poderes para que éstos mantengan una verdadera independencia. Es necesario que se incrementen los sistemas de control de las instituciones, tanto desde la participación de los ciudadanos como desde organismos técnicos independientes. Las instituciones deben ofrecer transparencia en la información sobre su gestión.
Para Ciudadanos, Castilla y León no es patrimonio de oligarquías políticas, sino de cada uno de sus ciudadanos. Por ello hay que acercar la política al ciudadano, hacerla más representativa y, sobre todo, no permitir que se establezcan redes clientelares ni de corrupción en las administraciones. Para lograrlo hay que reforzar los instrumentos de transparencia y control y afianzar la participación, representación y decisión de los ciudadanos en las cuestiones que nos afectan a todos.

1. Limitación de mandatos


Limitaremos a dos legislaturas el mandato máximo de altos cargos, como el Presidente de la Junta o el del Parlamento, así como la estancia en el gobierno autonómico como consejero.
2. Mejor representación de los ciudadanos
Fortalecer la democracia conlleva ensanchar los cauces de participación pública de que disponemos los ciudadanos. En tal sentido, promoveremos una reforma de la Ley Electoral autonómica que mejore la representatividad de los ciudadanos y que aumente la proporcionalidad, haciendo que un voto valga igual en cualquier lugar de Castilla y León, para que los escaños obtenidos reflejen fielmente el respaldo popular otorgado.
Endureceremos las obligaciones de transparencia entre los partidos políticos y las entidades financieras. Además ciudadanos se compromete a dar preferencia a trabajar con banca ética allá donde tenga responsabilidad de arcas públicas.
Fomentaremos la democracia interna de los partidos proponiendo que asuman en sus estatutos, como Ciudadanos, la elección mediante primarias de sus candidatos y mejoren la transparencia de sus órganos internos, a fin de asegurar la participación activa de los afiliados en la toma de decisiones y promover así un mayor interés de la ciudadanía por la participación política.
3. Listas abiertas
Promoveremos un modelo de listas abiertas y desbloqueadas, frente a las actualmente cerradas y bloqueadas, donde el ciudadano escoja entre los diferentes candidatos y los distintos partidos.
4. Financiación de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales
Proponemos la modificación de la legislación vigente para que todas las donaciones realizadas a partidos políticos sean conocidas públicamente.
Reduciremos las subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales ante la realidad económica que vivimos y la necesidad de reducir el gasto público.
Eliminaremos las subvenciones a las asociaciones juveniles de los partidos políticos y de los sindicatos. Eliminaremos las subvenciones a las fundaciones de los partidos políticos y de los sindicatos.
5. Limitación del gasto electoral
Proponemos disminuir un 50% el límite legal de los gastos electorales de los partidos políticos. En momentos en que la crisis económica obliga a apretarse el cinturón a familias, empresas y administraciones, los partidos deben dar ejemplo y disminuir sus gastos.
Unificaremos en un solo envío la publicidad electoral, de tal manera que todos los partidos

cuenten con la misma visibilidad logrando además un importante ahorro de gastos de envío, de sobres y de ensobrado.


6. Reducción de sueldos de los cargos públicos
Propondremos la aprobación de una tabla de retribuciones para representantes públicos y

miembros de órganos ejecutivos del Estado Central, las Comunidades Autónomas y la

Administración Local, basada en los principios de austeridad y proporcionalidad con la

responsabilidad del cargo.


7. Subvenciones a entidades
Evitaremos el acceso a las subvenciones públicas a todas las entidades que incumplan o inciten a incumplir la legalidad democrática y constitucional.
8. Acabar con la corrupción
Levantaremos las alfombras de las administraciones e instituciones de Castilla y León para

descubrir y limpiar cuanto nos hayan ocultado. Los ciudadanos merecen representantes públicos y gobiernos honestos que sirvan a la ciudadanía y hagan buena gestión del dinero público.


Propondremos a todos los partidos políticos la firma de un pacto contra la corrupción, en el que se incluyan, entre otras, las siguientes medidas: la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos en casos de corrupción, la separación del imputado por delitos relacionados con la corrupción política del cargo público y exclusión de las listas electorales, la modificación de la legislación sobre la financiación de los partidos políticos, la prohibición de las condonaciones de las deudas contraídas por partidos políticos con entidades financieras o la elaboración de un registro público de todas las donaciones y las subvenciones que reciben los partidos políticos, de acceso sencillo y gratuito por parte de cualquier ciudadano.
9. Derecho a la información y transparencia en la gestión pública
Estableceremos la obligación de hacer públicos todo tipo de informes y encuestas que lleven a cabo los diferentes departamentos y organismos, así como del coste y la motivación de los mismos y garantizaremos la transparencia en sus adjudicaciones. Obligaremos a que los diputados autonómicos elegidos y los consejeros nombrados hagan una declaración de bienes al comenzar y finalizar la legislatura.
10. Propaganda institucional
Suprimiremos las campañas de propaganda institucional explícita o encubierta. La Junta de Castilla y León tiene medios más que suficientes para informar a la ciudadanía de su política y su incidencia en la vida cotidiana por lo que no hay necesidad de gastar recursos en balances propagandísticos, encartes, espacios de pago en diarios o vallas publicitarias.
11. Incompatibilidades
Promoveremos el endurecimiento de la legislación y su aplicación efectiva sobre la regulación de las incompatibilidades en las instituciones y la Administración, así como entre éstas y la sociedad civil, para evitar que los tránsitos entre la esfera pública y la privada supongan perjuicio alguno de los intereses generales.
Incluiremos como incompatibilidad el ser alcalde o concejal y procurador en las Cortes de Castilla y León.

1.2. El modelo autonómico de Ciudadanos

1. El ciudadano es el sujeto político


Desde la óptica de C’s, que el modelo de Estado sea unitario o federal no es lo fundamental; lo importante es que el Estado, independientemente de su organización territorial, haga del ciudadano el sujeto político, atienda y resuelva sus problemas, garantice de manera efectiva la igualdad de derechos y oportunidades y amplíe su libertad.
2. Eficacia en la prestación de los servicios públicos
La autonomía territorial estará siempre subordinada a la mejor defensa de la libertad del

ciudadano y de sus derechos políticos y sociales y a la mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos. En ningún caso la descentralización política (tampoco la centralización) puede ser un fin en sí mismo independiente de los criterios de interés para los ciudadanos o de la eficacia en la prestación de servicios públicos. A conseguir esos objetivos deben orientarse los recursos económicos, financieros, humanos, materiales y legislativos.


3. Clarificación de competencias
Es necesario establecer un catálogo claro, simple y estable de competencias basado en criterios de eficacia y racionalidad en la distribución del poder político y la capacidad de gestión. Si bien sabemos la importancia del criterio de la proximidad en la prestación de los servicios cotidianos, en igualdad de oportunidades y con independencia del lugar de residencia, no es menos cierto que no siempre la Administración más próxima es la más adecuada para prestar un servicio. Es necesario que el ciudadano identifique con nitidez qué competencias corresponden a cada Administración y qué incidencia tienen en su vida diaria para facilitar así, llegado el caso, la exigencia de responsabilidades.
4. Igualdad en los derechos, las libertades y los servicios públicos que reciben los ciudadanos en todo el país
Un Estado eficaz es aquel capaz de proteger y desarrollar por igual los derechos, las prestaciones y las libertades cívicas. La Administración Central del Estado debe definir, diseñar y asegurar la extensión y la calidad de los servicios y las prestaciones públicas consustanciales a la condición de ciudadano tales como: educación, sanidad y servicios sociales, seguridad y justicia, comunicaciones e infraestructuras y prestaciones sociales y mecanismos de redistribución.
5. Más cooperación y coordinación
Un Estado complejo como el autonómico, con diferentes niveles de decisión política, necesita mecanismos institucionales para favorecer la cooperación, la coordinación y la armonización de las políticas, el intercambio de datos e iniciativas y la cohesión de la acción pública conjunta.
6. Más autonomía local
El proceso de descentralización se ha llevado a cabo en nombre de la proximidad, pero su

desarrollo se ha quedado bloqueado a nivel de autonomías. Es necesario dar un impulso a la gestión descentralizada y potenciar la administración local dotando a municipios, mancomunidades y aéreas metropolitanas de mayor autonomía, regulando sus competencias y dotándolos de más capacidad y recursos para prestar unos servicios de calidad que faciliten la resolución de las problemáticas y asuntos más cotidianos de los ciudadanos.



1.3. El modelo de financiación autonómica de Ciudadanos
C's prioriza cuatro principios en su modelo:
1. Igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, ayudas sociales, justicia y seguridad
Debe definirse un catálogo de servicios común las CCAA cuya financiación esté asegurada, como garantía de una sociedad justa y cohesionada. Proponemos la creación de mecanismos de control del gasto del fondo de cohesión que comprueben que recursos destinados a garantizar los servicios básicos realmente se destinen a esas partidas.
2. Corresponsabilidad fiscal
Mediante una agencia tributaria única consorciada, una “Hacienda compartida”, entre la Administración Central y las comunidades autónomas para evitar deslealtades y retrasos en los pagos, garantizando la coordinación de las bases de datos de todas las administraciones para luchar contra el fraude fiscal.
3. Autonomía y suficiencia financiera
Para que las Comunidades Autónomas obtengan los recursos suficientes para prestar y gestionar las competencias que tienen asumidas.
4. Transparencia
En el modelo para que los ciudadanos sepan cuántos impuestos pagan y a qué administración, para que puedan exigir responsabilidades por la gestión de los mismos a quien corresponda.
5. Reforma
Ciudadanos propone la revisión del sistema de financiación autonómica en el marco de la LOFCA (Ley Órgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) con el objetivo de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios esenciales del conjunto ciudadanos españoles y la suficiencia financiera del conjunto administraciones públicas españolas.

1.4 Modelo de Administración de Ciudadanos
1. Administraciones abiertas, transparentes e impermeables a la corrupción
Queremos Administraciones transparentes, con paredes de cristal, donde el ciudadano tenga derecho de acceso a la información, derecho a saber cuánto, dónde y cómo se gasta el dinero de sus impuestos. Administraciones donde los puestos de nivel inferior a Director General o equivalente sean desempeñados por funcionarios de carrera en lugar de personal de libre designación. En Ciudadanos queremos unas Administraciones donde no haya cabida ni para la corrupción y ni para el clientelismo político.
Impulsaremos las “sedes electrónicas” o “portales para la transparencia”· de la Junta de Castilla y León y sus Consejerías, como portales de acceso, a través de Internet, a la información autonómica y como herramienta para agilizar los trámites administrativos. Estos portales también deberán mostrar las actividades más importantes de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León como Plenos, actividades institucionales, propuestas, etc., y mostrar las retribuciones de todos los representantes públicos, incluidos los cargos directivos y de libre designación (asesores y cargos de confianza).
2. Administraciones más eficientes, más ágiles, más participativas y próximas a la ciudadanía
Administraciones donde se corrijan duplicidades, solapamientos y gastos innecesarios. Hay que racionalizar estructuras administrativas y empresariales suprimiendo aquellas que no tengan una clara justificación, no aporten valor a la economía, o no tengan un carácter social.
3. Instituciones orientadas a resolver los problemas de los ciudadanos
Hoy la Administración y las instituciones de Castilla y León se centran en crear y mantener redes clientelares. Ciudadanos cambiará esta prioridad destinando los recursos a abordar y resolver los problemas reales de los castellanoleoneses y no a subvencionar asociaciones y entidades cuya única finalidad es la lealtad partidista al partido gobernante.
Potenciaremos la administración electrónica fomentando la utilización de los certificados

digitales para empresas y ciudadanos y mejorando la interconexión entre las distintas

administraciones.
4. Racionalización de gastos administrativos
El número de puestos de confianza en la Junta de Castilla y León supone uno de los asuntos más ocultados por el gobierno castellanoleones. Son puestos que dependen directamente del nombramiento del presidente o de los consejeros, por lo que su elección no se resuelve por convocatoria pública ni aparece en los boletines oficiales. La Junta es opaca en relación a cuánto personal de esta condición trabaja para ella; en general, ninguna administración pública es proclive a ofrecer esta información. El Estatuto Básico del Empleado Público establece que este personal, “en virtud de nombramiento y con carácter no permanente” y que “sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”, deben ser retribuidos con cargo a los créditos presupuestados consignados a tal fin.
Reduciremos el personal de confianza, estableceremos que sus sueldos sean acordes a sus equivalentes de funcionarios de carrera y que además los puestos de nivel inferior a Director General o equivalente sean desempeñados por funcionarios de carrera en lugar de personal de libre designación.
Nos comprometemos a recortar de manera drástica los gastos en informes y estudios técnicos, los gastos de representación y protocolo y las dietas y gratificaciones extraordinarias. Pondremos en conocimiento del ciudadano el coste real de estos servicios y sus remuneraciones.
Proponemos que las dietas de los cargos públicos sean incorporadas como parte del sueldo y que por tanto tengan sus retenciones de IRPF y tribute como rendimiento del trabajo, o bien que todas las dietas para ser cobradas vengan justificadas como gastos mediante factura.
5. Transparencia en las adjudicaciones
Estableceremos la máxima transparencia en la adjudicación de contratos por parte de la

Administración de la Junta de Castilla y León e incrementaremos los concursos abiertos que

fomenten la libre concurrencia.
Promoveremos mecanismos transparentes de adjudicación y protocolos de control que garanticen la legalidad de las actuaciones; se solicitarán informes y valoraciones reales de las empresas que liciten y se publicarán en la web o sede electrónica las empresas adjudicatarias de contratos con la administración, las ofertas realizadas por la empresa ganadora y montante de los mismos.

CAPÍTULO II



REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO
En un contexto de crisis financiera y económica, la economía castellanoleonesa y la del resto de España se encuentra en un momento difícil y en una situación de gran debilidad. Un volumen de deuda total (Estado, CCAA, ayuntamientos, empresas, entidades financieras y familias) que representa casi el 400% del PIB español; un sistema productivo especializado en la fabricación de bienes y en la elaboración de servicios de medio o bajo valor añadido y muy baja productividad; más de cuatro millones y medio de parados y una tasa de desempleo que duplica la media europea, y una gran dependencia de las importaciones de energía, de los bienes de capital y de la tecnología que precisa para crecer.
Acabar con la crisis exige que, además del apoyo a la estabilidad del sistema financiero, el aumento de la demanda y el mantenimiento del crédito, se produzca una reconversión productiva que favorezca la producción de bienes y servicios de más alto valor añadido, mejore la productividad y corrija el déficit comercial.
Para salir de la crisis hay que rediseñar el sistema productivo de Castilla y León y del resto de España y orientarlo hacia un modelo de mayor valor añadido y alta productividad.
Necesitamos un modelo de crecimiento basado en el conocimiento, que tenga como objetivo la eficiencia y la sostenibilidad y en el que se fomenten las actividades relacionadas con el aprovechamiento y la optimización y se primen las ideas de reutilización y de utilidad. En definitiva, un modelo basado en la responsabilidad social que tenga como objetivo el bienestar.
Ciudadanos considera que un cambio de modelo energético es clave para el cambio de modelo productivo que necesitamos. La mejora de la productividad de nuestra economía y la competitividad de nuestras empresas exige un modelo energético más eficiente, menos

dependiente del exterior y más barato.


En Castilla y León estamos sufriendo una gravísima crisis económica y social que comporta un aumento de las desigualdades, una disminución del principio de igualdad de oportunidades y la continua destrucción del tejido productivo y social.
Tenemos menos empresas, más desempleo, menos profesores, más listas de espera hospitalarias, etc.
Castilla y León necesita realizar reformas estructurales que aumenten la competitividad de su economía, requiere políticas de rigor presupuestario y crecimiento que supongan creación de riqueza y empleo. Sin crecimiento, no hay austeridad ni política impositiva que sirva para reducir el déficit público, para resolver el problema del desequilibrio de las cuentas públicas, ni para recuperar el empleo perdido.



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