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LA REELECCIÓN DEL GOBERNADOR Y VICE



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LA REELECCIÓN DEL GOBERNADOR Y VICE



Su incorporación a la Constitución de Entre Ríos

Por: Oscar G. Barbosa*
(Publicado en El Diario, Paraná, Entre Ríos; 8 y 9 de septiembre de 2008).

La Convención Constituyente de Entre Ríos, aprobó por mayoría absoluta la norma por la cual Gobernador y Vice en ejercicio, podrán acceder a un nuevo mandato sea en forma consecutiva o alternada por única vez. Se completa con otras que establecen que el mandatario actualmente en ejercicio, como aquellos que ya acumulan mandatos, pueden aspirar nuevamente a estas investiduras.


Coincidieron en ello convencionales del Justicialismo (lo promueve afanosamente desde hace tiempo), el Socialismo – Coalición Cívica y RECREAR. Se expresó luego de la votación, que estas nuevas normas son la superación de un “anacronismo” que impedía al Gobernador y su Vice buscar su legitimación mediante la voluntad popular expresada en las urnas, al igual que sucede actualmente con intendentes, legisladores, secretarios generales de gremios, rectores de universidades.
¿Es que el concepto establecido en la constitución Provincial de 1933 está hoy fuera de época?. Desde los economistas clásicos conocemos de la relación entre economía e instituciones; Sin embargo es a partir de los años 60’, cuando la Academia Sueca otorga a Douglas North, el Premio Nobel de Economía, que se pone la lupa en el impacto de las instituciones en la vida económica y social.

LA REELECCION EN LA EXPERIENCIA ARGENTINA
Hasta los años 60/70 todas las constituciones provinciales prohibían la reelección consecutiva del Gobernador y Vice. Hacia fines del 80’, 17 provincias mantenían este impedimento; En el 2000 solo 8 /1. En ese proceso Provincias como Santa Cruz, Formosa, San Luís, Catamarca, La Rioja (entre otras) de fuerte tradición personalista establecieron la posibilidad de reelección indefinida de Gobernador y Vice. Muchas de estas provincias han dado lugar a liderazgos nacionales que intentan replicar modos de gestión aplicados en sus provincias. La constitución nacional del 94´ (Pacto de Olivos de por medio) consagró esta posibilidad para el presidente y vice; En el 2006 el Gobernador Robira de Misiones impulsó una reforma constitucional buscando la reelección permanente; fue frustrada por una gran movilización de la sociedad civil y política. Ello licuó proyectos similares en Jujuy y otras provincias.

LA EXPERIENCIA DE CHILE
Hacia mediados del 90´ el Presidente Chileno Frei impulsó una reforma constitucional: reducción del período presidencial de 8 a 4 años y reelección consecutiva de presidente y Vice. Luego de un largo debate la propuesta fue denegada. Una investigadora Universitaria chilena /2 sintetiza los argumentos en los siguientes términos: “Al acortar la reelección del presidente a cuatro años, pareciera conveniente admitir la posibilidad de reelección, para darle al presidente exitoso la posibilidad de continuar su gestión, con la legitimación que le dará la ciudadanía.
Sin embargo algunas razones justifican el impedimento de la reelección para el período inmediato siguiente. Principalmente la circunstancia de que el Presidente en ejercicio ante la posibilidad de ser reelegido tendrá una natural tendencia a perder la necesaria objetividad en el cumplimiento de su programa en interés del Estado, para tomar en consideración aspectos contingentes a favor de sus intereses y adoptar medidas que le aseguren una votación favorable, estando por lo demás en una posición privilegiada por las importantes atribuciones que posee como jefe de Estado en un gobierno presidencialista. Un buen presidente (o gobernador decimos nosotros) será apreciado en la perspectiva que da el tiempo manteniéndose abierta su opción de postularse a la reelección en un período posterior”.

REELECCIONISMO Y SOCIEDAD
En el marco de tradiciones tan extendidas en provincias y comarcas, como el clientelismo político, (instituciones no escritas), es difícil que un gobernador (o un intendente) en ejercicio, pierda una elección. Son seres humanos (diría nuestra amiga chilena) y dispondrán de todos los recursos del Estado (y del poder) para “convencer” a la ciudadanía. La reelección crea condiciones para la reproducción del poder concentrado, hegemónico, en personas (reeleccionismo personalista), en familias (reeleccionismo familiar), o en partidos (reeleccionismo de partido).
La clave es el poder que dan los recursos públicos. Al estudiar el comportamiento del gasto público Provincial entre 1970 – 2000, Fridrich sostiene: “encontramos fuertes evidencias que la posibilidad de reelección de un gobernador sí afecta el desempeño fiscal de la provincia, siendo mayor el efecto expansivo ante la reelección que el incentivo a ser fiscalmente responsable”.
Esto gravita sobre el modelo de sociedad. La historia muestra que estos procesos se asocian (entre otros) con el deterioro de las capacidades de gestión estatal (gana el poder del mercado), la colonización de otros poderes e instituciones y, la disolución en la ciudadanía del concepto de legitimidad subjetiva del estado (al ver un estado ganado por particularismos); de allí al descreimiento en el principio de igualdad ante la ley /3 y la perdida de cohesión social (que hoy vemos acentuada dramáticamente) solo hay un paso.
El reeleccionismo es un viento que sopla desde hace tiempo en Argentina y recientemente en algunos países de América Latina; figuras dispares como los presidentes de Venezuela y Colombia la propician. Se funda en la legitimidad de origen de los resultados electorales, a no dudarlo imprescindibles en una sociedad democrática.
En Entre Ríos el reeleccionismo consecutivo propiciará en los próximos años lo que Sartori llama un: “sistema político de partido predominante”. Solo hace falta mirar el mapa político de provincias más pequeñas donde los procesos son más cristalinos. Hay sin embargo una brisa que sopla en dirección contraria. Se vio en Misiones cuando la sociedad civil y política trasformó la brisa en ventarrón y frenó la desmesura del reeleccionismo ilimitado.
Esta brisa renovadora es coherente con los conceptos republicanos de Juan B. Alberdi, y la constitución de Entre Ríos de 1933 Sugiere que para la construcción de una sociedad avanzada, abierta, creativa, donde la democracia es “una forma de vida”, el único poder bueno es aquel que está bajo control (en todas las instituciones y niveles del Estado); limitado por la constitución, por las normas legales de las instituciones, por la capacidad de la sociedad civil y sociedad política para plasmar nuevas y permanentes iniciativas y alternativas de democratización.
Junto a la democracia de base electoral, se necesita una democracia de instituciones (como la que se insinúa hoy en el congreso nacional) que a partir de enriquecer la política, pueda plasmar un proyecto de desarrollo compartido con cohesión social. A 75 años de la Constitución de 1933 las normas que acordaron sus convencionales en 1933 tienen todavía una gran actualidad.


* Profesor Universitario UNER. Economista, M.C. en C. Sociales. FLACSO Chile.

cparana@santafe-conicet.gov.ar
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BIBLIOGRAFÍA
1 Fridrij, Daniel, E. (2006), UNT: Constituciones y Desempeño Fiscal. Lecciones del caso Argentino (Asociación Argentina de Economía Política).
2 García Barzelatta, Ana M. (2002): Duración del mandato presidencial y Reelección, “Ius et Praxis”, Universidad de Talca. Chile.
3 Nino, C. “Un país al margen de la ley”, editorial Ariel, 2005.
NOTA: Los convencionales constituyentes de 1933 fueron: E. Laurencena (Pte), M. Consoli, L.M. Daneri, A. Eguiguren, A. Etchevehere, J. Gadea, M. Gras, J.Labayen, J. Medina, A. Mendez Casariego, L. Jaureguiberry, E. Acebal, J. Aguerre, M. Aguerrezzabella, H. Ardoy, C. Barbiero, J. Blanda, O. Calderon, J. Carulla, L. Melo, S. Mundani, R. Vilar, E. Sanmartino, E. Tibiletti, D. O´Connor, A. Petrozi, J. Ravagnan.


UN DEBATE PROVOCATIVO Y PROVOCADOR. EQUIDAD DE GÉNERO



Por: Prof. Griselda De Paoli. / Convencional Constituyente MC

Prof. Susana Londero. / Asesora
Me apropio de Galeano para decir que “Mientras los leones no tengan sus propios relatores, la historia seguirá siendo contada por los cazadores.” Como mujer, esposa, madre, docente, política, desde el campo de la historia y de la investigación histórica, podría hacer mención de una larga lista de mujeres comprometidas con la dinámica de sus tiempos y considerar a otras muchas que siguen invisibles, en la historia y en lo cotidiano, visibilizamos a estas mujeres con la manda constitucional del artículo 17 de la Constitución Provincial reformada que dice: “ Se garantiza la igualdad real de oportunidades y de trato …”en el pleno y efectivo ejercicio de los derechos”… el principio de equidad de género en todos los órdenes, eliminando de sus políticas públicas cualquier exclusión, segregación o discriminación que se le oponga” “una política de estado prevendrá en forma continua todo tipo de violencia y dispondrá acciones positivas para corregir cualquier desigualdad de género.” “Establece y sostiene la equidad de género en la representación política y partidaria…” “reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar”.
Siguiendo a Ester Roaro, coincidimos en considerar que la perspectiva de género tiende a desmontar del discurso y de la acción masculina lo que se dice, piensa y hace en torno de la mujer; plantea que la mujer sea el sujeto de su propio discurso y de su propia acción y decisión. “Yo tengo derecho a ser yo” según Tourraine- Iguales siendo diferentes.
Ello supone, necesariamente, en el plano social, un proceso democrático en donde todos los sujetos, actores de la historia social, se traten de igual a igual. La capacidad de diálogo a su vez implica procesos culturales en un entramado social que finalmente emerge como democracia de género.
En la democracia de género que queremos, no existe el pre destino sino la auto telia, la definición de sí mismo acorde a sus circunstancias. Nadie nació para ser madre o para ser maceta de corredor si así no está contemplado en su cosmovisión,- dice Ester Roaro, autora mexicana- autotelia individual y circunstancias ideológicas y sociales.
La permanencia, y la necesidad de insistencia en estos debates hace que tengamos que preguntarnos si es una ilusión una democracia de iguales, y es para contemplar en este contexto el concepto de O´Donnell de “ciudadanía de baja intensidad” como una situación de carencia de la ciudadanía en condiciones de pobreza y alto grado de desigualdad en la mayor parte de los países de América Latina y el resto del Tercer Mundo. Y en consecuencia pensamos que el ejercicio de la ciudadanía supone necesariamente ciertas condiciones sociales, pero también requiere avances en los textos normativos.
Si bien el concepto de “ciudadanía de baja densidad” se refiere estrictamente a la esfera política, podríamos analizar desde la perspectiva de las mujeres, las implicancias de la necesidad de una ley o de una norma constitucional de cupos, cuotas, proporciones, que estaría dirigida a la esfera política, pero dejaríamos fuera el problema de los escasos niveles de representación en diversos espacios institucionales y sociales, de ahí que nuestra Constitución deba consagrar el derecho con esta amplitud, e interesar su extensión al ámbito privado.
Mas allá de las realidades, a veces desalentadoras, es indudable que el movimiento feminista así como los estudios de género han luchado por visibilizar a la mujer. Es indudable, también que la noción de género rompe con la tendencia del eterno femenino anclado en la tradición biologicista, pero aún quedan numerosos debates en torno al tema de la ciudadanía de las mujeres. La más importante: las decisiones de la cotidianeidad y de las políticas públicas.
En esa visibilización y en el espacio de las políticas públicas, muchas son las barreras que las mujeres hemos ido derribando: la capacidad civil plena, la ley de divorcio, la patria potestad, las leyes de procreación responsable, la condena social a la violencia, el cambio en el Código Penal en torno a los delitos sexuales que dejaron de ser delitos contra la honestidad. Hoy los techos de cristal son otros y vamos por ellos.
Retomemos, lo que hace a las decisiones cotidianas, que tiene que ver con cómo educamos a nuestras niñas y niños, con qué construcciones culturales. Reiteramos, hay que desmontar discursos desigualadores, entre ellos el del mandato cultural del hombre como único proveedor del hogar y dicho de manera simple, que la reunión de la cooperadora no sea a las 10 de la noche, que la reunión del partido no sea entre las 11 y las tres de la tarde cuando cocinamos y además, buscamos los chicos en la escuela, que las sesiones de los parlamentos no sean en el horario cultural de las 4 de la mañana, según los filósofos argentinos Les Luthiers.
Es muy fuerte en este sentido el reconocimiento expreso que consagramos en la letra constitucional sobre el valor social del trabajo en el ámbito del hogar, trabajo de tiempo completo, naturalizado, rutinizado, donde se construye la cultura que se trasmite a la familia y que es el último bastión frente a la violencia, el trabajo del nido, que no lo mide ningún PBI, pero que tiene impacto profundo en la construcción de la trama social y cultural.
Vayamos a la participación. Desde la perspectiva de la ciencia política pueden definirse tres formas de participación la denominada presencia, comportamiento básicamente receptivo y pasivo; la activación - acciones que se delegaban autopromovidas-, y finalmente en sentido estricto participación que se refiere a las prácticas en las que se incide o se define. El concepto convencional de participación que sostienen las teorías clásicas sobre la democracia y la ciudadanía resulta restrictivo para incluir a las mujeres.

Y en este sentido, algunas explicaciones acerca de la ausencia de las mujeres en la participación política han planteado, que somos nosotras, las que no deseamos ocupar estos roles, sin advertir – con ingenuidad, claro- aunque en realidad ningún discurso es ingenuo- que es la configuración de la esfera política, por el tipo de exigencias y el tipo de interpelación que realiza, la que las excluye. Se considera que la distinción público/privado actuó como un poderoso principio de exclusión y de subordinación de las mujeres identificadas con lo privado o lo doméstico. Y es un doble reduccionismo, pues lo doméstico queda despolitizado y la política queda limitada a lo público, ocultando las implicancias políticas que tiene lo doméstico. Este doble reduccionismo lo estamos superando con el artículo 17 de la Constitución Provincial.


Para definir el alcance del concepto de IGUALDAD la Corte Suprema emplea habitualmente una serie de estándares para definir el alcance de la igualdad, la Constitución Nacional, traduce IGUALDAD por el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se le concede a otros en igualdad de circunstancias. Para la Corte la igualdad ante la ley reclama iguales derechos frente a hechos semejantes o igual trato siempre que las personas se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Igualdad ante la ley quiere decir “debe ser igual la ley para los iguales en iguales circunstancias”.
La democracia necesita y presupone ciudadanos iguales para generar políticas públicas y la noción de ciudadanía no se entiende sin un sistema de derechos y la función de la democracia es proporcionar derechos fundamentales para todas y todos, valores y ejercicio de la ciudadanía.
El acceso de la mujer a la política comenzó a finales del siglo XIX, cuando las mujeres ganamos la batalla por el derecho al voto, aunque en algunos estados la aprobación del voto femenino no llegó hasta mediados del siglo XX. Esto marcó el comienzo de un proceso trascendental.
La presencia o no de las mujeres en el poder político, tiene que ver con cómo se ejerce el poder y con las consecuencias culturales, sociales y económicas de este ejercicio.
La igualdad de oportunidades para las mujeres pasa por la participación y representación en los puestos de toma de decisiones, no solo en los cargos legislativos sino en el ejercicio y el acceso para la elaboración, la ejecución, el seguimiento y la información de las políticas pública.
El modo que se ha dado de seguir derribando barreras ha sido el de la ACCIÓN POSITIVA, el concepto emanado del Comité para la igualdad entre hombres y mujeres del Consejo de Europa” expresa “estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permitan contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales”.
También se las ha descripto como “medidas de impulso y promoción para establecer la igualdad ante las desigualdades de hecho”.
El objetivo de la acción positiva es, genéricamente el establecimiento de una igualdad de hecho entre un grupo dominante y un grupo discriminado. Pero como en todas las cosas, el estado tiene que poner a todas y todos en el mismo punto de partida pero no preferir a nadie en el punto de llegada por el hecho de pertenecer a un determinado grupo porque aunque el fin buscado sea bueno, no justifica un medio que convalida un perjuicio para otros.
Creemos, que de existir la acción positiva a través de la ley, la misma operará como un paliativo temporal, transitorio, de ahí la inconveniencia que planteamos de fijar criterios como porcentaje o cuota, como un precepto constitucional. Solo el procedimiento legislativo puede legitimar la adopción de este tipo de disposiciones, mientras, que en lo cultural, tenemos mucho trabajo por hacer.
No olvidemos que en Argentina, hasta la ley 24012, cuyo origen se encuentra en el proyecto de la senadora mendocina radical Malharro de Torres, tuvo cuestionamientos de inconstitucional, y se trataba de una ley. Otros autores, si bien no llegaron a sostener la inconstitucionalidad, señalaron su inconveniencia. Mas allá de no haber prosperado la inconstitucionalidad, la realidad ha mostrado que aún con la ley existe subrepresentación de la mujer.
Al efecto recordamos que en Entre Ríos el primer proyecto de acción positiva, un proyecto de ley, fue el de las Diputadas mandato cumplido Celia Piñón Ávila y Cristina Zapata, en 1991, diez más han pasado por las cámaras y salvo el último han tenido como destino el archivo. Hoy, la espera tiene plazo, lo ha puesto la constitución y ningún prejuicio podrá oponérsele.
En la Constitución, el principio consagrado es la EQUIDAD, que sólo será posible con el ejercicio del poder en su sentido más amplio, como poder crear, poder saber, poder dirigir, poder disfrutar, poder elegir, ser elegida, poder decidir, poder informarnos. Muchos de los convencionales, presentamos proyectos que apuntaban precisamente a la no discriminación. El acceso de todas y todos a la apropiación de los derechos humanos, eso es lo que hemos consagrado, el que hagamos un aparte cuando hablamos de la mujer, no debía llevarnos a una situación de discriminación. No por repetir la condición de sujeto en relación con los derechos humanos lograríamos mayor garantía. Lo tenemos que cargar de contenido. Exijamos a los legisladores, en primer lugar, asegurar de manera explícita los mecanismos para concretar la acción, la ley es el lugar y en mi propuesta y en su defensa sostuve, con éxito, que la letra constitucional no debía ser distorsionada.
Es importante enfatizar que los derechos pueden ser violados por acción u omisión; este último es el modo más frecuente cuando se trata de los derechos de las mujeres, aquí estará enmarcada la violación efectuada por los legisladores de no hacer operativo, a través de acciones positivas, el derecho de equidad que esta constitución establece y allí estaremos para señalarlo. Será el Estado – garante de los derechos- el que los estará violando Y nosotros contamos con una nueva herramienta que es la inconstitucionalidad por omisión.
Coincido y hago mías las expresiones vertidas por el Convencional Monge en la Comisión de Nuevos Derechos en que la consagración es de principios que manden a los tres poderes remover todo tipo de desigualdad y a fomentarla en todos los aspectos, y así se hizo en el despacho que se llevó al Pleno de la Convención.
No coincidí con el criterio de algunos convencionales de insertar una acción afirmativa o de discriminación inversa en el texto constitucional porque hubiéramos dado jerarquía de permanente a una disposición que debe ser transitoria, esto es la inconveniencia de fijar en el texto constitucional un porcentaje o un número para la representación femenina en cargos electivos.
Tal como Monge nos ilustró, Néstor Sagües destaca el principio de principalidad y el de perdurabilidad de la materia constitucional que tiene una vocación de permanencia a diferencia de la legislativa que está sujeta a cambios, según la realidad, por el carácter de transitoriedad y reversibilidad. De avanzar en este sentido hubiéramos congelado constitucionalmente una cuestión que no requiere de perennidad y que se constituiría en una valla para el legislador y también para los requerimientos de otras realidades.
Para hacer justicia, a quienes sean desiguales no los podemos tratar de forma igualitaria, y a ese fin se introdujo precisamente la idea de equidad. A nuestros fines, el principio es la equidad que nos con-movió a garantizar a los sujetos la igualdad de oportunidades y al desarrollo de sus capacidades mediante la eliminación de las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas, sociales y políticas, así como el acceso a la educación y los servicios dignos, de tal manera que las personas (hombres y mujeres de todas edades, de todas las condiciones y posiciones), puedan disfrutar de dichas oportunidades y beneficiarse con ellas. La equidad de género implica el avance de las mujeres en la participación mediante acciones positivas que contribuyan a reducir las desigualdades entre los géneros, pero son eso ACCIONES, herramientas operativas para hacer efectivo un PRINCIPIO que en este caso es la EQUIDAD, principio que dejamos claramente establecido en nuestra constitución, como justicia distributiva.
El proyecto realizado desde mi historia, desde mi formación, desde mi militancia, desde mi convicción, en el que tuve el apoyo de los Convencionales correligionarios, Rogel, Brasesco y Cepeda y que logró el acompañamiento de otras señoras y señores convencionales en la comisión, apuntaba en su artículo primero a garantizar en el ámbito público y promover en el privado, la igualdad de oportunidades y acceso y goce de todos los derechos y mencionábamos, como herramienta para hacerlo operativos las “acciones positivas” que permitieran su ejercicio en todos los ámbitos, organismos y niveles. También proponíamos, a fin de que se debatiera, la equidad de género en el acceso a cargos públicos y partidarios garantizados nuevamente por acciones positivas que regularan tanto el régimen electoral como el de los partidos.
De ahí que nos satisfaga plenamente el artículo primero que se sancionó, que consagra de manera efectiva la “igualdad de oportunidades”, expresión que se potencia al establecer que una política de estado prevendrá todo tipo de violencia y destacamos que habla ya no sólo de acciones positivas sino de una POLÍTICA DE ESTADO – que en todo caso deberá manifestarse a través de ellas y estamos hablando de salud, vivienda, educación, deporte, trabajo, producción, seguridad social. Reconocemos, y valoramos que el producto de esta construcción cooperativa y colectiva del artículo 17 es una disposición superadora de la que proponíamos.
Quienes pertenecimos a la Comisión de “Nuevos Derechos. Formas de Participación popular” sabemos que los debates insumieron tiempo esfuerzo y comprensión, no quedaron solo en el reclamo de espacios político para la mujer, aunque una buena parte se fue en ello, sino centrados en los alcances del principio consagrado “la equidad de género en todos los órdenes”, lo que va casi más allá del contenido de todos los proyectos presentados. Compartimos y celebramos el buen criterio que primó, atendiendo a las características propias de un texto constitucional, la consagración del principio.

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BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA


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