Por una nueva economíA, humana y sustentable


ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE ENTRE RÍOS



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ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE ENTRE RÍOS



Por: Dr. Santiago Reggiardo

Convencional Constituyente

La nueva Constitución de Entre Ríos, cuyo nuevo texto comenzó a regir a partir del 1º de noviembre pasado, marca un significativo avance institucional en la Provincia.


Previo a señalar algunos de los aspectos fundamentales de la reforma, debemos destacar desde el Bloque de Convencionales de la Coalición Cívica-Partido Socialista, un hecho superador que consideramos relevante para la práctica política y parlamentaria de nuestros tiempos difíciles.
En Entre Ríos, cuarenta y cinco convencionales trabajaron y orientaron esfuerzos jerarquizando una permanente y voluntariosa búsqueda de consenso para la sanción de los textos constitucionales, jerarquizando las coincidencias por sobre diferencias políticas o ideológicas.
Es cierto que la mayoría oficialista impuso en algunos temas de su especial interés el peso del voto mayoritario, pero ello ocurrió en muy contadas ocasiones.

Así fue como los distintos planteos conceptuales que se manifestaron en el tratamiento de los más de novecientos proyectos de texto presentados por constituyentes, y por ciudadanos y entidades en una instancia participativa, encontraron en la mayor parte de los casos la formulación de síntesis superadoras que dieron contenido al texto constitucional.


El resultado de esta experiencia parlamentaria inédita entre nosotros, aparece incorporado en la Constitución en principios y normas que en apretada síntesis, tomando sólo algunos ejemplos que nos parecen relevantes, pasamos a señalar:
Derechos y garantías de las personas. Sin perjuicio de que muchos de ellos están reconocidos en la Constitución nacional, en algunos casos su tratamiento en la nueva Constitución Provincial resulta enriquecedor.

- Derecho a la identidad personal: la reforma reconoce expresamente el derecho a la identidad personal y como consecuencia práctica prescribe que no podrá negarse ningún servicio urgente en razón de la falta de identificación al peticionante. Es esta una norma que marca el respeto a las personas y sus derechos, cuando requieren de su atención con necesidad.


- Derecho a la información pública: .resulta fundamental para el ejercicio de los demás derechos de los ciudadanos, en especial para el control de los actos `públicos y la defensa del ambiente. Por ello el texto constitucional reconoce el derecho al acceso informal y gratuito a la información pública que estuviera en poder de cualquiera de los poderes u órganos, o entes o empresas del Estado, municipios y universidades, que debe ser completa, veraz adecuada y oportuna. Prescribe además que la información deberá se recopilada en el medio de almacenamiento de datos de acceso más universal que permita la tecnología disponible para hacer realmente factible su disponibilidad.
Para garantizar la vigencia del principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública, se establece que la adjudicación de la publicidad deberá regirse por los principios de transparencia, eficacia, pluralismo y austeridad, sobre la base de pautas objetivas para asegurar la distribución equitativa y no discriminatoria de espacios en los medios de comunicación social que se inscriban para tal fin. La norma tiende a evitar la práctica habitual del discrecionalismo político en el manejo de la publicidad

- Pluralismo y diversidad: se garantiza el derecho a la diversidad, al pluralismo y la igualdad de oportunidades. No podrán ser fundamento de privilegio la filiación, el sexo, la riqueza, las ideas políticas, la condición cultural ni las creencias religiosas o cualquier otra condición o circunstancia personal y social. Se hace expresa mención a la plena operatividad de los derechos humanos.


Ello lleva también al reconocimiento de la equidad de género, que se establece en todos los órdenes, así como el de la igualdad real de oportunidades, con expresa mención a la igualdad de oportunidades de la mujer para el acceso a los diferentes estamentos y organismos del Estado.

- Derecho a la alimentación: ante la realidad ominosa de la pobreza y de tantos indigentes, se impone la obligación del estado provincial de asegurar a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes que coloque al afectado en situación de desamparo.

- Cultura: se define a la Cultura como un derecho fundamental y la obligación del Estado de proveer a la defensa del patrimonio histórico, artístico, arqueológico, arquitectónico y paisajístico y la promoción de la aplicación de nuevas tecnologías de la comunicación para la producción cultural, así como promover, proteger difundir el folclore, las artesanías y demás manifestaciones culturales.
- Deporte: es considerado como derecho social y se sanciona el deber del Estado de promover la actividad deportiva para la formación integral de la persona, facilitando las condiciones materiales, profesionales y técnicas para su organización, desarrollo y el acceso a su práctica en igualdad de oportunidades.

- Derecho de consumidores y usuarios: se garantiza su defensa tanto respecto a los servicios públicos como privados. En esta materia se incorpora un concepto trascendente que tiene que ver con la crisis ambiental y el camino que debemos recorrer para lograr sistemas productivos en una economía sustentable.


La Constitución incorpora la directiva de que las autoridades deberán proveer a la educación para el consumo responsable. Este concepto marca una línea divisoria con el consumismo desenfrenado y contaminante, motor de la sociedad de consumo en la que estamos inmersos, cuya crisis se precipita en nuestros días en el mundo globalizado.

Ambiente y sustentabilidad.

Es tal vez el tema mejor contemplado en la Constitución. Se sintetizan en sus normas los avances ideológicos, técnicos y conceptuales que va logrando el movimiento ambientalista en el mundo.


Así, son definidos los lineamientos que deberá observar la política en la Provincia sobre la base del respeto de los principios rectores de la materia: sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención utilización racional, progresividad y responsabilidad.
También son puntualmente descriptas de las herramientas que deberá utilizar el ente que tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental: evaluación ambiental estratégica, plan de gestión estratégico, estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; ordenamiento ambiental territorial, indicadores de sustentabilidad, el libre acceso a la información, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental atendiendo principalmente a las culturas locales.

Organismos de control. Participación en el proceso de designaciones de la sociedad civil
Uno de los ejes de las propuestas del bloque Coalición Cívica-Partido Socialista fue que la Constitución abra cauce a la participación de la sociedad civil en el proceso de designación de los jueces y de los integrantes de los organismos de control del Estado.

Ello para limitar el discrecionalismo del poder político, facilitado porque los intervienen en los actos administrativos sujetos a control son a su vez los que designan a quienes que ejercerán el control de dichos actos. Pese a lo expuesto es usual e los textos constitucionales que quienes están sujetos a control eligen a los controladores.


A diferencia de ese criterio el artículo 217 de la Constitución establece que el nombramiento del Contador General, del Tesorero General, y de los miembros mayoritarios del Tribunal de Cuentas (presidente y dos vocales) se realizará previo concurso público que la ley ordenará.
Pero la norma previene una eventual digresión del legislador y enumera expresamente los criterios que deberá observar la ley, de manera de que no se desvirtúe el propósito de asegurar la participación de la sociedad civil.
Ellos son: un jurado de concurso que será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo el que designará su representante y asegurará la participación igualitaria de los sectores académicos, de las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública, con personería jurídica y domicilio en la Provincia, y de las entidades representativas de las profesiones exigidas. Este jurado se desempeñará en forma honoraria y elegirá una terna que será elevada al Poder Ejecutivo para su designación con el acuerdo del Senado.

Otras instancias de participación de la sociedad civil.

Contempla la reforma la iniciativa popular para la sanción de leyes; procedimientos de consulta popular en sus dos modalidades: vinculante y no vinculante; la revocatoria del mandato de los funcionarios electivos por incumplimiento de la plataforma electoral o de los deberes propios de su cargo; la audiencia publica para debatir asuntos concernientes al interés general.


Por último en esta materia de participación ciudadana da luz la Constitución a un instituto destinado a enriquecer la democracia representativa con el ejercicio la democracia participativa: el Consejo Económico y Social.
Queda definido en el texto constitucional como un órgano de consulta de los poderes públicos cuya función será producir informes y dictámenes no vinculantes para la elaboración de políticas de Estado. Estará integrado por representantes de la producción, el trabajo, el ambientalismo, la educación, las profesiones, la ciencia y la tecnología, que serán elegidos por las respectivas entidades a las que pertenezcan. Ante aspectos centrales de la vida entrerriana se distingue la creación de departamentos del Consejo para el asesoramiento y la elaboración de políticas específicas para la familia, salud y cultura y otros que se estimen necesarios.


Régimen económico y del trabajo:

La norma constitucional jerarquiza el bienestar económico y social de la colectividad y el respeto de la justicia social, la defensa y aliento a la pequeña y mediana empresa y producción rural bajo el principio de sustentabilidad.


Es de destacar un concepto cuya realización la Provincia ha de promover, que es vieja aspiración de la producción agropecuaria: la participación equitativa del sector en la cadena de valor.
La incorporación al texto constitucional de este principio brindará cobertura legal a la acción para que tanto el consumidor en una punta de la cadena de valor, como los productores en la otra, dejen de ser la variable de ajuste de impropias ganancias que se adjudica el supermercadismo dominante en el sector comercial, que impone su fuerza marcando grandes diferencias entre los precios de compra con relación al de sus ventas en góndola, ante lo cual la industria se limita a hacer de pasamanos, y descarga el peso del valor del que se apropia el supermercadismo en la materia prima que elabora, es decir en los productores.


Ambiente.

Tal vez sea el texto mejor elaborado por la reforma. Se receptan en la norma constitucional los conceptos y principios que hoy son de avanzada en la actual e insoslayable temática ambiental, cuando el inevitable cambio climático ha de afectar de manera irreversible al mundo que hemos conocido.


Los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización, progresividad y responsabilidad son merced a la reforma de raigambre constitucional.
Se incorpora el deber del Estado de asegurar la preservación, recuperación y de los ecosistemas y de sus corredores biológicos y la conservación de la diversidad biológica; promover la creación de bancos estatales de reservas genéticas de especies y prohibir la introducción de las exóticas perjudiciales; el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes y una gestión integral de los residuos y su eventual utilización y reciclaje y fomentar la incorporación de fuentes de energía renovables y limpias.
Reconoce la facultad de del Estado de imponer medidas preventivas y precautorias del daño ambiental.

Determina los instrumentos del que dispondrá un ente que tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental: la evaluación ambiental estratégica; plan de gestión estratégico; estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; ordenamiento ambiental territorial; indicados de sustentabilidad; el libre acceso a la información; la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental, atendiendo principalmente a las culturas locales.


Incorpora el concepto de la producción sustentable y ligado a ello establece que la Provincia promoverá la unidad económica productiva y el arraigo del productor entrerriano, unido al desaliento al latifundio y al uso de la tierra en grandes extensiones continuas o discontinuas mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas y otras políticas activas.
Con respecto al monte nativo, reducido a niveles alarmantes por el desmonte indiscriminado, y sin perjuicio de la regulación o prohibición en su caso de desmonte, establece el principio de que toda la sociedad debe proveer a su mantenimiento y para ello reconoce al propietario de montes nativos el derecho a ser compensado por su preservación.
Atendiendo al preocupante fenómeno de la extranjerización de las tierras que experimenta el país, incorpora la directiva para que la Provincia resguarde el Orden Público en relación a la adquisición de inmuebles rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras no residentes en el territorio nacional.
De esta manera se habilita al poder Legislativo para que ante la amenaza al bienestar y el futuro de los entrerrianos que representa la extranjerización de las tierras en la Provincia sancione leyes restrictivas en la materia.

Relación Nación - Provincias

En virtud de la experiencia de acuerdos de coparticipación de impuestos entre la Nación y las Provincias que resultan lesivos para los intereses de éstas, ya que no guardan relación con el nivel de aportes que realizan, se ha incorporado una cláusula que establece que sólo se podrán suscribir convenios de coparticipación que no menoscaben sus ingresos.

Además, refirma la potestad tributaria de la Provincia y prohíbe la delegación de atribuciones locales a la Nación mediante tratados o convenios por los cuales se declinen los derechos a crear y percibir impuestos que le son privativos.
Para terminar esta breve exposición debemos señalar algunas excepciones al consenso a través de disposiciones que impuso la mayoría oficialista, que no compartimos.

Ello aconteció, por ejemplo, con el modo de designación de los magistrados del Superior de Justicia, donde se repitió la vieja fórmula de nombramiento por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, en vez de vincularlo al Consejo de la Magistratura, como dispone respecto del resto de los jueces. Ello puede afectar en algunas situaciones la independencia del máximo tribunal del control de la constitucionalidad de los actos y normas que dicte el Poder Ejecutivo o Legislatura.


Tampoco nos parece positivo haber relegado el principio democrático de proporcionalidad en la asignación de bancas en la Cámara de Diputados y en los Consejos deliberantes de los municipios. Se ha mantenido el principio de la gobernabilidad que asigna a la primer minoría que resulte electa la mitad mas uno de las bancas, lo que favorece la concentración del poder.

Lo mismo decir del abandono en el régimen municipal del principio de no reelección por más de dos períodos consecutivos o alternados, que fuera sancionado en base a propuesta de nuestro bloque respecto del Gobernador y del Vice Gobernador. Esta norma es trascendente en el orden provincial pues limita a futuro la extensión de la práctica del caudillismo por quienes afrontarán la realidad de no poder ser nunca más reelectos en el cargo de Gobernador.

Lamentablemente para los municipios rige otro criterio: la reelección indefinida en forma alternada de los intendentes. De esta manera la Constitución hace posible la continuidad en el tiempo de cacicazgos locales.

He aquí brevemente reseñados algunas de las disposiciones incorporadas por la reforma que juzgamos trascendentes, muchas de ellas impulsadas por el bloque de constituyentes de la Coalición Cívica-Partido Socialista, así como algunos aspectos que juzgamos negativos.

Apreciada en su conjunto, la reforma marca un avance institucional y la convención constituyente marcó un hito para la convivencia democrática y la discusión de ideas en orden a privilegiar el consenso por sobre la imposición de mayorías.





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