Por una nueva economíA, humana y sustentable



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LA INFORMACIÓN ES PODER
Sobre los medios, un debate entero


El Observatorio Comunicacional de la UNER, en el marco de su trabajo por una comunicación plural que contribuya a fortalecer la democracia, adhiere al siguiente petitorio de la Red Nacional de Medios Alternativos:
La democracia no existe sin espacios de participación. Participar quiere decir ejercer nuestro derecho a expresar ideas, estar informados e informar, debatir, disentir, proponer y acordar. Los medios de comunicación son parte de esos espacios.

Hoy, con solo echar una mirada al “mapa de medios” podemos darnos cuenta de que un pequeño grupo decide lo que miramos, leemos, escuchamos, e intentan hacernos creer que estamos eligiendo. La libertad de expresión y de información son derechos humanos y la concentración de los medios en pocas manos viola esos derechos.

El gobierno nacional ha manifestado su intención de presentar al Congreso un proyecto de “Ley de Servicios de Comunicación audiovisuales” que reemplace al Decreto-Ley 22.285/80 sancionado por la dictadura militar de 1976 y modificado en varias ocasiones por los gobiernos que le siguieron.

Creemos que una ley por la cual el Estado administre la utilización de las frecuencias de radio y televisión debe indefectiblemente impedir la concentración. Para lograrlo es imprescindible participar en el debate del contenido de esta ley.



Por eso exigimos:

  1. Que se haga público el contenido del proyecto de Ley de Radiodifusión anunciado por el gobierno nacional, con la debida antelación para que la comunidad toda debata, proponga y acuerde su contenido teniendo en cuenta que las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad y son patrimonio de la humanidad.



  1. La inmediata anulación del Decreto 527/05 que, en la práctica, su continuidad implica que el multimedio Clarín explotará las licencias hasta el 2025, el grupo Hadad hasta el 2019, el grupo Telefé de Telefónica hasta el 2025, Mario Pergollini hasta el 2035, Manzano, Avila y Vila hasta el 2022.



  1. A la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) y al COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) la devolución de los equipos a todas las radios que hayan sido decomisadas.

Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar
RESPUESTAS SOBRE LA LEY DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Respuesta de Luis Lafferriere, miembro del Observatorio Comunicacional, a un reportaje realizado el pasado 15-10-2008, para un estudiante de la carrera de Comunicación Social.




El Observatorio Comunicacional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER surgió a fines del año 2007 por iniciativa de nuestro Proyecto de Extensión ‘Por una nueva economía, humana y sustentable’. Nos reunimos con un grupo de estudiantes, docentes, graduados y periodistas, con la intención de generar un espacio para observar, estudiar y comprender con espíritu crítico el funcionamiento de los medios de comunicación locales y de la región, y las políticas de comunicación ejercidas aquí por el Estado Nacional y de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

La preocupación compartida por el grupo constitutivo se centraba en el profundo deterioro sufrido por la gran mayoría de la sociedad argentina en las últimas tres décadas, producto de un proyecto de concentración, saqueo y genocidio que se inició a mediados de los años ’70 y que aún hoy continúa. Esto sucedió a pesar de la vigencia de más de veinte años de democracia, merced al rol nefasto que han jugado los grandes medios de comunicación social, apoyando los planes y las políticas antinacionales y antipopulares que se han venido aplicando.

En lugar de servir a la comunidad como vehículo de información para conocer mejor la realidad y sus problemas, los medios de comunicación y las políticas oficiales en esa materia, han servido para ocultar las causas de los problemas actuales, dificultar la comprensión y distorsionar los acontecimientos, legitimando la orientación regresiva y elitista de las gestiones gubernamentales y de sus planes neoliberales.

La modalidad de funcionamiento del Observatorio es absolutamente transparente y participativa. Cualquier persona interesada en sumarse puede hacerlo, y desde su integración tiene los mismos derechos que el resto de los miembros. Las decisiones se adoptan por consenso y no existen cargos dentro de este espacio. En general se realizan reuniones presenciales quincenales, y la mayor actividad es vía Internet, donde se intercambian opiniones, se difunde información, se consultan temas a los integrantes cuando se debe tomar una decisión, etc.




¿Por qué nos hemos pronunciado por una nueva ley de medios?
Una de las cuestiones que está dentro de las preocupaciones del Observatorio es el marco jurídico que rige la comunicación social y los medios en la Argentina. La ley actual fue sancionada durante la última dictadura militar, y a pesar de las múltiples reformas parciales en su articulado, su espíritu responde a una orientación autoritaria y mercantilista, que nada tiene que ver con la información como un derecho humano fundamental.

En este marco se ha producido un proceso de concentración de la comunicación en manos de un reducido grupo de poderosos multimedios (muchos extranjeros) que manejan la información en beneficio de sus intereses y a espaldas de los sectores mayoritarios de la sociedad.

En nuestra realidad, los grandes medios de comunicación no comunican ni informan. Sólo desparraman una visión de la realidad que es funcional a los intereses del poder dominante y de sus negocios particulares. Y dado el rol legitimante de su discurso, también desde las esferas oficiales se intenta condicionar el mensaje mediático, ya sea con jugosos contratos de fondos provenientes de la publicidad oficial, con otros favores gubernamentales o, de ser necesario, con presiones y sutiles acciones de censura.

No es posible hablar de una verdadera libertad de expresión cuando es imposible acceder a los grandes medios, concentrados en muy pocas empresas o manejados en forma feudal por el poder político. Es inadmisible que continúe aún hoy la exclusión de grandes sectores de la sociedad del derecho a expresarse libremente.

Uno de los tantos artículos cuestionados de la legislación que sancionó la última dictadura fue el que sólo permitía la autorización para operar medios radiales y televisivos a sociedades que tuvieran un propósito de lucro (cuando debería ser a la inversa). Eso se logró modificar hace muy poco, luego de años de lucha, reclamos y presiones desde diferentes sectores y organizaciones comunitarias.
Pero desde entonces el COMFER y la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) se encargaron de actuar drásticamente con las pequeñas radios que venían operando desde antes. Es decir que el gobierno de Néstor Kirchner aceptó a regañadientes un cambio en el articulado, pero salió a incautar los equipos de numerosas radios comunitarias que habían sobrevivido aún la nefasta década de los ’90.

Esto significa que no sólo se requiere un cambio de la legislación vigente, sino también de las políticas y la orientación gubernamental con un espíritu democrático y participativo, que no desnaturalice los avances que se puedan lograr en las normas para el sector.


En el número 4 de nuestra revista electrónica PESO - Pensar Económico Social, publicamos una serie de notas sobre este tema, elaboradas por docentes de la carrera de Comunicación Social y miembros de este Observatorio, a las que se puede acceder ingresando a nuestro sitio Web www.porunanuevaeconomia.com.ar

¿Qué debería contemplar principalmente una nueva ley para los medios de comunicación?
Partiendo de lo dicho antes, acerca de que sólo la letra de la ley no garantiza el avance que se requiere para garantizar el cumplimiento del derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental, hay valiosos aportes que hemos difundido a través de nuestro Observatorio, y que se pueden resumir en los ’21 Puntos Básicos’ para poner la comunicación al servicio de la democracia y su fortalecimiento.

Estos 21 Puntos Básicos fueron acordados por una gran cantidad de organizaciones, entidades y personalidades provenientes de diferentes ámbitos de actuación, pero con una preocupación común: lograr una verdadera libertad de expresión y garantizar el pluralismo informativo y cultural. Desde hace años se viene trabajando por la difusión de esa propuesta en el marco de las grandes coincidencias que allí se expresan.

Entre otras propuestas y reclamos se pueden mencionar, además de lo anterior, lo siguiente: libertad frente a los poderes económico y político, impedir cualquier forma de presión o condicionamiento, prohibir la asignación discrecional de la publicidad oficial, mantener las frecuencias radioeléctricas en manos de la sociedad y administrarlas en forma democrática, promover la diversidad y el pluralismo garantizando la igualdad de géneros e igualdad de oportunidades, límite a la concentración oligopólica y monopólica, transparencia en la gestión de las políticas y los registros de licencias, garantizar acceso a los medios a entidades sin fines de lucro, cuotas que garanticen la producción y difusión de contenidos locales y nacionales, variedad de programación informativa, educativa, cultural y de entretenimiento, garantizar una frecuencia radial y televisiva nacional y en cada provincia, y radial en cada municipio, con recepción gratuita de las emisiones para toda la comunidad, inclusión de la comunicación regional en la distribución de las señales, creación de la figura de la ‘Defensoría del público’, con delegaciones provinciales, que reciba y canalice las inquietudes de los habitantes de la Nación, etc.

Que este debate sobre la nueva ley se haya reabierto en medio del conflicto del campo, teniendo en cuenta el rol que los medios tuvieron en él, ¿le quita legitimidad a la iniciativa? ¿No se enmascara en una cuestión de poderes más que en una de mayor democracia y pluralidad comunicacional? ¿Cuál es la postura del Observatorio?
Las respuestas a estos interrogantes están contenidas un documentos y declaraciones realizadas por el Observatorio Comunicacional en esa oportunidad, incluyendo una nota preparada por el Lic. Alejandro Ramírez (docente de la Facultad y miembro activo del Observatorio), que distribuimos por nuestros canales habituales.

En esos documentos afirmamos que es saludable que se genere un intenso debate en la sociedad para poner en la agenda pública la cuestión del derecho a una comunicación democrática, y se denuncie el alto grado de concentración mediática existente. Pero también se llama la atención que lo haga precisamente un gobierno que ha venido trabajando en la consolidación de esa concentración, y actuando en abierto beneficio de los grupos multimedios más poderosos de la Argentina.

Más que quitar legitimidad a la iniciativa oficial, que cuestiona el manejo informativo de ciertos medios, nuestra preocupación es por la falta de convencimiento del gobierno para llevar adelante la democratización de las comunicaciones. Las declaraciones de la Presidenta más bien se inscribían en una lucha de sectores que, al igual que el conflicto del campo, no llegaban al fondo de la cuestión, sino más bien contribuían a ocultarlo.

En la página del Observatorio (dentro del sitio de nuestro Proyecto de Extensión) se pueden ver en detalle las posiciones asumidas y las declaraciones públicas que realizamos, con la idea de llegar a la comunidad con una información más independiente sobre estos temas.



¿Es posible cambiar el mapa de medios que se ha conformado en el país, teniendo en cuenta el poder que estas empresas de comunicación poseen en la actualidad?
No sólo es posible, sino que es imprescindible hacerlo, dado que sin una comunicación independiente, transparente y democrática, es ilusorio pensar en una sociedad más democrática y equitativa, con igualdad de oportunidades para todos.

Para empezar, ni siquiera se debe esperar una reforma legal para revertir los efectos negativos del Decreto 527/05, que le otorga a los grandes multimedios la continuidad de las licencias en algunos casos hasta el año 2035. Basta con otro decreto presidencial que deje sin efecto el anterior, para que los plazos de vigencia de esas licencias caduquen en muy poco tiempo.

Tampoco sería imposible modificar la ley actual, sino todo lo contrario. En primer lugar, porque es una necesidad democrática y social. Y en segundo lugar, porque si hubiera voluntad política del actual gobierno, pocas veces se ha tenido tanta mayoría en las dos Cámaras del Congreso para aprobar una norma que beneficie a toda la sociedad.

Es cierto que los grandes multimedios harían una campaña en contra de un proyecto democratizador, pero el rol de la política no es gestionar los intereses de los poderosos, sino proteger el de los más débiles y vulnerables. Y con el argumento de que no se puede hacer nada frente a un poder tan concentrado (salvo ceder), entraríamos en el círculo vicioso de una profecía autocumplida. Nada se podría hacer por cambiar la realidad si nosotros mismos nos ponemos cadenas mentales donde nos convencemos que es imposible intentar cualquier cambio.



¿Qué reflexión le merece que Néstor Kirchner a días de finalizar su gobierno haya aprobado la fusión de Cablevisión y Multicanal, y que hoy, a menos de un año, el gobierno de su esposa mediante ciertos puntos en el proyecto oficial pretenda anular dicha unión?
La actitud del ex presidente Néstor Kirchner es repudiable, tanto por haber violado la legislación vigente, como por haber permitido con esa violación una súper concentración del sector, y además por hacerlo a espaldas del pueblo sin siquiera dar tiempo para que se analice y debata entre los sectores involucrados por las consecuencias de la medida.

El actual gobierno de la Presidenta y esposa del anterior mandatario, es la continuidad esencial de la gestión que estamos comentando. Y no sólo avaló todo lo realizado por su marido, sino que declaró explícitamente que venía a continuar y profundizar lo realizado desde el año 2003. Hasta ahora, y salvo los ‘fuegos de artificios’ del discurso mediático, no ha habido ninguna medida oficial o decisión política que apunte a revertir ni el decreto presidencial del año 2005, ni la autorización de la fusión realizada a fines del 2007. Creo que dada la lógica que demuestran estos gobiernos, sólo podemos considerar un anuncio cuando se concrete efectivamente en medidas operativas. En general, cuando los anuncios indican una dirección, los hechos concretos indican que se camina en sentido opuesto.



¿Por qué el Poder Ejecutivo Nacional aún no ha dado a su proyecto estado público? ¿Por qué se ha retrasado el envío del mismo al Parlamento?
Algunos opinan que el anunciado proyecto oficial se mantiene bajo estricta reserva, y que sólo es conocido por cuatro o cinco personas, para evitar que los grandes medios boicoteen la iniciativa antes de que logre avanzar efectivamente. Es un comentario que surge de sectores intelectuales cercanos al poder kirchnerista, que buscan legitimar su acercamiento y sumar adhesiones a la política oficial. Desde ese espacio se han emitido distintos documentos, algunos sumamente contradictorios, ya que sostienen los ’21 Puntos Básicos’ antes mencionados, critican varias de las medidas del gobierno anterior, pero insisten en la necesidad de un ‘pleno apoyo’ a una anunciada iniciativa que nadie conoce.

Mi percepción es que se trata de una más de las tantas actitudes equívocas y engañosas de este gobierno, que apunta a sumar adhesiones de sectores ‘progresistas’ y ‘kooptar’ dirigentes que podrían jugar un rol crítico o sumarse a los cuestionamientos de la oposición. Si en realidad quisiera avanzar en forma efectiva en el sentido de los ’21 Puntos Básicos’, hay muchas medidas que ya debería haber tomado, como las mencionadas antes y que están dentro del reclamo que efectuamos en un Petitorio que estamos haciendo firmar, con la Red Nacional de Medios Alternativos.



Como reflexión personal, ¿Cree que el que se haya abierto el debate, significa que realmente estamos ante la sanción de una nueva ley de radiodifusión, o ha sido sólo una herramienta que el gobierno utilizó para amenazar a los multimedios ‘opositores’?
Parte de la respuesta está en los párrafos anteriores. Si bien es deseable que se abra el debate en la sociedad para la sanción de una nueva ley de medios, y que se produzca un giro drástico de las políticas comunicaciones del gobierno nacional, creo que no es la intención oficial. Más bien puede entenderse ese anuncio como una de las tantas medidas discursivas que pregonan el progresismo, pero que como en la realidad nada cambian, no llegan a ser ni siquiera gatopardistas. Lo que no significa que pudiera haber habido también alguna intención ‘disuasiva’ frente a la crítica de los medios opositores. En síntesis, y considerando la realidad de la Argentina en los pocos años que llevamos de este siglo XXI, estoy convencido que nada recibirá la sociedad sin luchar por lograrlo. Nada se le regalará al pueblo argentino, que no sea el resultado de sus reclamos, de su protagonismo y de su firme decisión de cambiar. Para eso, todos los esfuerzos por hacer llegar una información más transparente, independiente y comprometida con los sectores populares, son muy valiosos a los efectos de contribuir con el necesario cambio social.




RECHAZO AL SILENCIO DISPUESTO PARA UNA RADIO COMUNITARIA

El Observatorio Comunicacional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) expresa su enérgico rechazo al decomiso de equipos dispuesto por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y que significó el cese de sus transmisiones para FM Punto Cero 94.1, una estación de baja potencia con varios años de inserción en la localidad bonaerense de Alberti.


La emisora fue privada de su equipamiento durante un allanamiento que se efectuó el martes último por orden del Juzgado Federal de Mercedes. Ese día los inspectores de la CNC llegaron al lugar secundados por efectivos de la Policía Federal y retiraron el transmisor y otros equipos indispensables para la salida al aire.
La medida, que generó el rechazo de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), apartó del dial a FM Punto Cero, que transmitía con 8 wats de potencia para los 7.000 habitantes de Alberti. Se trata de una radio gestada y administrada por la Asociación Civil Un Surco por familia.
Desde esa ONG se atribuyó el hecho a sus denuncias sobre diferentes episodios que se registran en Alberti; desde la contaminación de napas de agua por cloacas a cielo abierto y la fumigación indiscriminada sobre campos cercanos al casco urbano, hasta el presunto desvío de fondos en la Municipalidad.
Es muy preocupante que mientras se vienen anunciando medidas para democratizar la comunicación que nunca llegan, en los hechos se mantiene vigente el Decreto presidencial que otorga licencia por décadas a los grandes multimedios como Manzano, Avila y Vila (hasta el 2022) o Clarín y Telefé (hasta el 2025), y se persigue a las pequeñas radios comunitarias.
Es por eso que el Observatorio Comunicacional de la UNER se suma al reclamo de la RNMA y exige a la Comisión Nacional de Comunicaciones la inmediata restitución de los equipos de FM Punto Cero. De lo contrario se producirá un nuevo ataque y una profundización del daño a la pluralidad de ideas y a la libertad de expresión, algo incompatible con el sistema republicano de gobierno y con la vigencia de una democracia efectiva.
Paraná, 31 de octubre de 2008.-



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