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Ponencia: La extensión universitaria y la formación integral de lxs abogadxs. El caso del Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la FCJyS de la UNLP.

Autoras: Bianco, Carola, Perez Cazenave, Ligia y Talamonti Calzetta, Paula

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP, Argentina
Introducción

En el presente trabajo compartiremos una experiencia de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata – denominada “Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas” (en adelante “El Programa”)- a partir de la cual nos proponemos describir y analizar las relaciones y tensiones generadas entre las prácticas concretas de los miembros del proyecto de extensión y los fundamentos teóricos y metodológicos implicados. Nos interesa poner de resalto el contexto histórico y las relaciones sociales que le dan sentido al Programa así como las limitaciones y los desafíos que se han configurado hasta el momento.

Siguiendo con el razonamiento expuesto, pretendemos realizar un análisis diacrónico y sincrónico del programa mencionado, con el objeto de construir y poner a disposición de lxs lectorxs interesadxs1 una mirada crítica de dicha experiencia, momento (el de la crítica) que consideramos indispensable como parte de los procesos de construcción y lucha por el sentido y los alcances de los derechos humanos y las instituciones del Estado. Más específicamente nos interesa poner en cuestión y aportar herramientas de análisis para repensar la formación de lxs abogadxs, y las posibilidades de la extensión universitaria en dichos procesos educativos, así como otros posicionamientos posibles de las universidades públicas en sus posibilidades de disputa por la progresividad de las políticas públicas de derechos humanos.

Partimos de algunas notas distintivas, dado que el Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas, surgió como consecuencia del trabajo territorial de los miembros del equipo2, en cuyo transcurso se configuraron cuantiosas demandas por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos, respecto de herramientas jurídicas para hacer frente a la vulneración de derechos de niñxs y adolescentes.

Asimismo haremos referencia a los objetivos que, luego de dicho recorrido, se pusieron de manifiesto en torno a la participación de la FCJyS de la UNLP, en la construcción y escrutinio de las políticas públicas de derechos humanos y la necesidad concomitante de que dicha institución despliegue estrategias formativas en las que se ponen en juego distintas concepciones acerca de la extensión universitaria y los derechos humanos, directamente vinculadas al efectivo cumplimiento del rol.

Acto seguido analizaremos el trabajo realizado en los cinco años de existencia del Programa de mención, a través de sus producciones concretas y los desafíos pendientes.


De qué trata el Programa “Niñez, DDHH y Políticas Públicas”

Tal como consta en el proyecto aprobado por la Resolución del HCD de la FCJyS N° 246 del 7 de julio de 2011, el Programa tiene por finalidad trabajar y reflexionar críticamente sobre las políticas públicas de derechos humanos en relación a la niñez, desde el conocimiento y el trabajo concreto con a) niñxs en situación de calle en la ciudad de La Plata y a través de: b) Consultorios Jurídicos Gratuitos de la FCJyS- UNLP, c) organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajan en los barrios en los alrededores de la ciudad de la Plata. Posteriormente se planteó la demanda y la posibilidad de sumar al trabajo a d) escuelas primarias y secundarias pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata (Escuela Anexa, Bachillerato de Bellas Artes, Escuela Nacional y Liceo Víctor Mercante).

Uno de los fundamentos principales de esta experiencia de extensión gira en torno a la concepción que sostiene que la educación jurídica pública debe comprender el ejercicio de prácticas de enseñanza aprendizaje en territorios en los que, dada la situación de vulneración de derechos en los que se encuentran sus habitantes, resultan inaccesibles material y simbólicamente para una significativa parte de lxs egresadxs de la carrera de abogacía. Dichas personas resultan desoídas en los reclamos judiciales y quedan por fuera o nuevamente desaventajadas en las disputas por el acceso a la agenda en donde se deciden las prioridades para la asignación de recursos y la construcción de políticas públicas.

Se hace referencia al acceso de todxs lxs habitantes a sus derechos fundamentales para llevar una vida digna al amparo de la ley. Entre los principales obstáculos a dicho acceso, se encuentran el desconocimiento de dichos derechos fundamentales por parte de lxs destinatarixs, la fragmentación de los abordajes disciplinares y la desarticulación de las acciones institucionales.

Tal como expresa el proyecto, estas problemáticas se presentan de manera compleja y requieren de un abordaje interdisciplinario desde una concepción no iluminista de la educación, ni paternalista por parte del derecho y el Estado.

Las distancias sociales entre quienes deben brindar respuestas a dichos problemas y quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, devienen fronteras que se evidencian palmariamente en materia de lenguaje y tornan sumamente difícil la construcción de lazos sociales que habiliten las acciones de restitución de derechos humanos para lxs niñxs y adolescentes.

“Los derechos no se tienen si no se ejercen” El reconocimiento de lxs niñxs como sujetos de derechos resulta una condición necesaria pero no suficiente para su efectivo acceso a la ciudadanía.

Por estas razones, en los fundamentos de la propuesta se expresa que “(…) el Programa supone otras funciones del derecho. Fundamentalmente, reivindica y/o permite resignificar su carácter político en tanto promueve la participación de la Universidad pública en la construcción de conocimiento a través del trabajo territorial, con la finalidad de brindar herramientas y proponer cursos de acción para la puesta en marcha de políticas públicas de derechos humanos para la niñez y el escrutinio de los fondos públicos”.

Desde el inicio del Programa se plantearon dos finalidades que desde la concepción mencionada se consideraron indisociables:


  1. La tarea de extensión como parte de la formación de lxs abogadxs en el grado y el postgrado.

  2. La intervención de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en los debates y el escrutinio de las políticas públicas de derechos humanos para la niñez.

Dichos propósitos se abordarían a través de la participación de estudiantes, docentes y organizaciones territoriales, en la creación de herramientas jurídicas para la exigibilidad de la puesta en marcha de la normativa vigente en materia de niñez (Sistema de Promoción y Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, ley nacional 26.061 y provincial 13.298).

La necesidad de la creación de dichas herramientas provenía de las demandas que llegaban a la institución a través de casos concretos que accedían al Consultorio Jurídico Gratuito e Interdisciplinario, que funciona en la sede del Programa, en la misma FCJyS de la UNLP.

Los procesos de restitución de los derechos vulnerados de niñxs en situación de calle en la ciudad de La Plata, se pensaron y utilizaron como espacios de trabajo, reflexión y aprendizaje, sumamente propicios para el desarrollo de las habilidades mencionadas para la formación de lxs abogadxs, así como para la promoción y fortalecimiento de lazos sociales entre la universidad y las organizaciones territoriales.

El trabajo del Consultorio consiste en el asesoramiento y acompañamiento de organizaciones sociales, escuelas y otros programas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Desde el Consultorio se asesora y acompaña formalmente en procesos de restitución de derechos de niñxs y jóvenes y sus familias que son materialmente llevados adelante por éstxs en su centro de vida, junto a las organizaciones sociales, escuelas y/o programas de la Universidad.

La tarea comienza con la consulta de algunos miembros de la organización al Consultorio Jurídico de la Facultad reclamando por la vulneración de derechos de niñxs o adolescentes, a partir de la cual desde el Programa se organizan una serie de encuentros y un plan de acción para comenzar diversas instancias de acompañamiento y/o exigibilidad por el derrotero planteado en la nueva normativa de niñez hacia la restitución de manera integral de los derechos vulnerados de lxs niñxs y sus familias (en sentido amplio). La descentralización del sistema de promoción y protección de niñez, la obligación de escuchar a lxs niñxs, de asegurar soluciones integradoras de los diversos aspectos en juego que no impliquen la separación de lxs niñxs de sus centros de vida, así como el interés superior de cada niñx, son los principios claves de las intervenciones y estrategias que se plantean a las organizaciones sociales.

Se trata del acompañamiento en la restitución de los derechos vulnerados y no de la expropiación y asunción de la representación de dichos actores. Por ello, implica instancias pedagógicas y de diálogo donde se construyen estrategias de manera conjunta, y en las que lxs niñxs son parte esencial de la tarea.


Un poco de historia

Como adelantamos una nota distintiva se dio en la génesis del Programa, pues se inició a raíz de una experiencia territorial colectiva de denuncia y exigibilidad al Estado del cumplimiento de sus obligaciones respecto a la niñez y sus familias.

Fue en el año 2008 cuando la Facultad de Trabajo Social de la UNLP y la Dirección de Niñez y Adolescencia de la municipalidad de La Plata acordaron mediante un convenio una articulación interinstitucional para trabajar en conjunto con niñxs en situación de calle en dos plazas céntricas de la ciudad de La Plata. Sin embargo, debido a la falta de recursos y a las condiciones de precariedad laboral de lxs trabajadorxs, esta propuesta del Estado se interrumpió3. Un grupo de estudiantes universitarixs que participaron en dicha articulación impulsó la creación de una organización social que se denominó “Autoconvocados por los derechos de los pibes en situación de calle”. En la misma participaban otras organizaciones sociales de derechos humanos, instituciones académicas y actores independientes.

En ese contexto, el 25 de julio de 2008 el grupo de niñxs que se encontraba en situación de calle y vivía en una de las plazas céntricas4 de la ciudad sufrió un ataque violento por parte de una patota de 25 adultxs, mujeres y hombres que, vestidxs de civil –algunxs con el rostro cubierto y otrxs identificándose como policías- ingresaron a la plaza con palos y cadenas y armas de fuego y lesionaron a lxs niñxs bajo la consigna de “limpiarla”. Ese grupo de niñxs se encontraban en situación de calle hacía un tiempo. Habían sido desalojadxs en el año 2007 del edificio que compartían la Facultad de Humanidades, Psicología y Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP –que se encontraba a dos cuadras de la plaza donde se produjo el ataque violento- en la que habían vivido alrededor de un año. A partir de una situación violenta fueron arrojadxs a la calle.

La represión que sucedió en la plaza fue el puntapié para promover las actividades de la organización social que cambió su denominación a “Asamblea Permanente por los derechos de la Niñez”5. Luego del episodio represivo se amplió el espacio de reflexión y lucha colectiva desde el cual, se cursó la denuncia penal por lo sucedido y diversas peticiones a los órganos administrativos de promoción y protección de los derechos de la niñez. Sin embargo, ninguna fue viable.

Por un lado, el caso puso al descubierto la ausencia de la puesta en marcha del sistema de promoción y protección de derechos de la niñez vigente en la Provincia de Buenos Aires. Se puso en evidencia la ausencia de programas para promover y restablecer los derechos de lxs niñxs en situación de calle, la inexistencia de la comisión interministerial (encargada de articular con las instituciones responsables respecto a los derechos humanos vulnerados), la falta de conformación del Consejo Local (indispensable para el diseño y seguimiento de la problemática local de niñez a través del trabajo con organizaciones sociales y otros actores que trabajan con niñxs), la insuficiencia de plazas disponibles en la única casa de abrigo de la ciudad de La Plata, la violencia institucional que se ejerce contra lxs niñxs y el incumplimiento de la obligación de utilizar todos los recursos del Estado en aras del interés superior de lxs niñxs, entre otras acciones y omisiones del Estado.

Lxs representantes legales de lxs niñxs –en la mayoría de los casos, sus madres- intentaron algunas soluciones aisladas que no resultaron factibles, posiblemente por su fragmentación, la falta de profesionales idónexs para llevarlas a cabo interdisciplinariamente y fundamentalmente, por carecer de un proyecto que las articule y las contenga.

La organización social a la par de realizar un acompañamiento a lxs chicxs en situación de calle y sus familias (callejeadas, olla popular, etc.) emprendió varios reclamos hacia el Estado en diversos formatos: jornadas de visibilización a través de intervenciones artísticas y políticas en el espacio público, denuncias en medios de comunicación, elaboración de materiales y campañas de concientización, etc. Asimismo decidió ampliar su campo de lucha, llevándolo al ámbito judicial.

Con fecha 14 de octubre de 2008 se inició una acción de amparo colectivo que se caratuló “Asociación Civil Miguel Bru y otros c/ Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ Amparo” con radicación en un Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Plata.

El amparo tenía como objeto la restitución de los derechos consagrados por las normas de niñez y la solicitud del dictado de una medida cautelar que contemplara la habilitación de un lugar “que opere como centro de referencia diurno y nocturno para niñxs”, dotado de profesionales. Con fecha 10 de noviembre de 2008, el juez interviniente entendiendo que los requisitos de “verosimilitud del derecho” y “peligro en la demora” se hallaban constatados hizo lugar al pedido. La medida cautelar fue apelada por el Estado Provincial y la Municipalidad, siendo ratificada en segunda instancia. Sin embargo, ni el Estado provincial ni el municipio efectivizaron la manda judicial, circunstancia que puso de manifiesto un problema de gravedad institucional, puesto que el Estado no sólo incumplió la normativa sino que se negó a cumplir una sentencia judicial a pesar de su ratificación en segunda instancia.

Por ese motivo, se realizó una denuncia de incumplimiento de la medida cautelar lo cual provocó una sanción económica a lxs funcionarixs responsables. Asimismo el juez de la causa le dio vista al fiscal de turno por la posible comisión de los delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionarix públicx previstos en el código penal.

El 22 de mayo de 2012 el juez dictó sentencia definitiva haciendo lugar al amparo y condenando a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata a que, “dentro de un plazo de seis meses, procedan a realizar todas las acciones necesarias para la implementación efectiva del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño en la ciudad de La Plata”, especificando algunas acciones particulares. La sentencia fue cuestionada por las demandadas, encontrándose desde 2012 en la Suprema Corte provincial para su resolución definitiva.

Asimismo, la represión de 2008 evidenció la disociación ente teoría y práctica social, entre el conocimiento producido en la universidad pública y la realidad a la que debe atender y de la cual debe abrevar para su producción. La única intervención de los actores del campo académico se había limitado al desalojo del hall centra del edificio de las Tres Facultades. No se exigió desde ese espacio alguna solución para contener a lxs niñxs, cuyos derechos humanos se encontraban violados. La Universidad no se sintió interpelada como parte del conflicto.

Un grupo de docentes que formaban parte de la Asamblea propusieron dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales la creación de un programa de extensión, al cual la institución se mostró receptiva y finalmente mediante la Resolución HCD N° 246/11 aprobó la creación del Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas en el ámbito de la Secretaría de Extensión.


¿Por qué la extensión universitaria? ¿Cómo se relacionan las intervenciones en problemáticas de derechos humanos y la formación de lxs abogadxs?

En trabajos anteriores hemos analizado con profundidad la historia de la extensión universitaria, así como los proyectos y concepciones que se encuentran implicados en las diversas prácticas al interior de la FCJYS de la UNLP.

Asimismo, también hemos hecho referencia a que desde la perspectiva crítica de derechos humanos, la extensión universitaria resulta central para la democratización en la producción del conocimiento y en el mismo sentido para la formación de lxs abogadxs.

En ésa dirección, dijimos “–concordantemente a lo expresado por Silvia Brusilovsky (1998) - resulta necesario articular la teoría y la práctica en los procesos de formación de graduadxs universitarixs con sentido social crítico y de encontrar estrategias institucionales para llevar a cabo esta propuesta. Además –agregamos- no sólo se trata de formación de graduadxs sino que la institución también debe preguntarse por la formación de sus docentes en consonancia con la misma propuesta.

En el trabajo que comentamos la autora trata dos principios de política universitaria que resultan centrales a la hora de abordar la problemática:

a) el principio de democratización: que alude tanto a la relación de la universidad con la sociedad cuanto a la vida interna de la institución.

Allí se coloca como uno de los ejes de su proyecto lo que se ha dado en llamar democratización epistemológica6, el proceso por el cual se genera conocimiento científico y técnico con posibilidad de participación de la mayoría de la población en su construcción.

La democratización epistemológica tiene así dos caras, la que reconoce la necesidad de que los sujetos populares participen en la construcción de conocimiento y la que reclama que el conocimiento que se construya sea significativo para entender y resolver los problemas relativos a sus condiciones de vida material y simbólica.

Asimismo, involucra a la democratización pedagógica, que constituye también una cuestión central de política universitaria. Se plantea la necesidad de que la universidad trabaje hacia el interior mismo de la institución para que la tarea universitaria responda efectivamente a las necesidades reales del país. La enseñanza puede entenderse no sólo como un proceso técnico- metodológico de puesta en circulación de conocimientos sino también como un proceso de construcción de sujetos sociales.

b) El principio de demostración: Con este concepto se coloca en el centro de la discusión una concepción para la evaluación de lo que hoy se llama calidad, factibilidad e impacto social del conocimiento. La idea que se sostenía era que la calidad técnica del conocimiento no puede ser evaluada en abstracto, desde criterios referidos exclusivamente a sus características intrínsecas, sino a su significación para el logro de objetivos de política social, en concretas condiciones históricas que determinan sus formas de validación.

El principio de que el Estado es el principal responsable de la creación de servicios de educación, salud, vivienda, considerados como derechos universales define los límites de la extensión universitaria: las experiencias deben ser tomadas por instancias no universitarias.

En síntesis, las ideas de democratización y demostración suponen un doble camino: uno hacia la sociedad y el Estado y un proceso de modificación de la institución universitaria a través de actividades de investigación y docencia que permitan integrar la universidad a su entorno social.

No se afirma el rol transformador del conocimiento académico sino el compromiso y puesta a prueba social de conocimientos para responder a las necesidades de los sectores populares.7

Siguiendo con el razonamiento expuesto, es menester señalar que nada de lo anterior resulta factible si no encaramos la necesidad de superar la concepción estrecha del derecho heredada del formalismo jurídico que predomina en nuestras escuelas de abogacía, y que lo reduce a las normas positivas.

En este sentido vale recordar tal como lo expusiéramos en otro trabajo8, “en lugar de esta concepción (el formalismo) se debe utilizar otra que incluya en lo jurídico además de las normas, a los actores, los símbolos, las ideas, las relaciones de poder e instituciones sociales que constituyen la práctica del Derecho”.

La perspectiva crítica resulta indisociable de la Interdisciplinariedad. En el caso del Derecho, el aislamiento disciplinario ha sido reforzado por el formalismo jurídico que al difundir eficazmente la creencia de la separación entre el campo jurídico y los demás campos ha desalentado o desacreditado la indagación de las conexiones entre lo jurídico y lo social con base en herramientas de análisis tomadas de distintas disciplinas. Para burlar el doble efecto de la Ciencia Moderna y del formalismo jurídico, los estudios interdisciplinarios combinan, campos de conocimiento tales como la Sociología, la Filosofía, la Historia, la Antropología, la Ciencia Política y la Economía.

Asimismo la perspectiva crítica alude al esfuerzo consciente por cuestionar los fundamentos de las formas jurídicas y sociales dominantes con el fin de impulsar prácticas e ideas emancipatorias dentro y fuera del campo jurídico. Esto implica una doble tarea. Primero, deben ser altamente reflexivos, hacer explícitos a la audiencia a la que se dirigen los propósitos que persiguen y la forma en que dicha audiencia y los propósitos contribuyen a una agenda de transformación social en dirección a una sociedad más igualitaria y justa. Segundo, deben seguir una estrategia en dos tiempos - la dialéctica deconstrucción-reconstrucción- (García Villegas M. y Rodríguez, C. 2003), en la cual se encuentra el desafío de los estudios interdisciplinarios críticos sobre el Derecho:

1º) Momento deconstructivo: analizar los fundamentos de las prácticas jurídicas dominantes que sirven para reproducir el status quo, tales como la creencia en la neutralidad del derecho, difundida por el formalismo y las concepciones minimalistas de los Derechos humanos y maximalistas de las reglas del juego del mercado, en las que se basan las reformas neoliberales del derecho en América Latina.

2º) Momento constructivo: los estudios críticos luego de la demolición de tradiciones que implican la reproducción de las prácticas opresivas del Derecho en perjuicio de los sectores más desaventajados, pueden proponer prácticas, instituciones y formas de pensar concretas que encarnen valores de compromiso e inclusión social y que representen alternativas viables de acuerdo al estado de cosas existente.

Como dijimos, la interdisciplinariedad y la perspectiva crítica están estrechamente relacionadas, sobre todo cuando se centra la atención en las prácticas de enseñanza del Derecho, pues al analizar la ciencia moderna y proponer la superación de las barreras disciplinares, se libera el potencial crítico encorsetado, por la dedicación a la construcción de dichas fronteras y permite encarar temas de investigación-acción y usar herramientas analíticas, que las ciencias modernas han desacreditado. A ello se suma la posibilidad de construir con lxs otrxs, la necesidad de sumar miradas y por ende, actores que posean tradiciones disciplinares diferentes y, por tanto, repensar y reelaborar colectivamente nuestras imágenes acerca del Derecho y su enseñanza.

Como señala Sousa Santos (2004:35) el conocimiento universitario fue a lo largo del siglo XX netamente disciplinar, pero en las últimas décadas se dieron alteraciones que desestabilizaron este modelo de conocimiento, abriendo el camino a lo que llama conocimiento plurisdisciplinario, un tipo de conocimiento contextual en el que el principio organizador es la aplicación, resultado del acuerdo entre universidad y sociedad: “la sociedad deja de ser un objeto de interpelaciones de la ciencia para ser ella misma sujeto de interpelaciones a la ciencia”.


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