Poder Judicial de la Nación sent. Def. Nº: 20099 expte nº: 23. 481/2009 (29. 508) juzgado nº: 35 sala X



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Poder Judicial de la Nación

SENT. DEF. Nº: 20099 EXPTE Nº: 23.481/2009 (29.508)

JUZGADO Nº: 35 SALA X
AUTOS: “GARCIA NORMA SUSANA C/ TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE – ACCION CIVIL”

Buenos Aires,

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

El Sr. Juez “a-quo” consideró que existió relación directa entre la lesión que porta la actora (síndrome de túnel carpiano operado) y las tareas que cumplió de modo habitual a órdenes de la codemandada Transportadora de Caudales Juncadella S.A., y que la incapacitan en el 6% de la total obrera, más la incidencia psíquica, y por lo cual, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, responsabilizó a dicha codemandada, en su condición de empleadora, en los términos del art. 1.113 C. Civil. A su vez, condenó solidariamente a la codemandada La Segunda ART S.A. por no haber cumplido con la obligación que le impone la ley 24.557, principalmente en su art. 4.2, incurriendo así en una omisión culposa que conlleva la aplicación del art. 1.074 C. Civil.

Contra tal pronunciamiento recurren las codemandadas a tenor de los memoriales de fs. 641/51 y fs. 652/36vta, y también lo hacen los peritos (ver fs. 624/vta y fs. 628) y la letrada de la parte actora (ver fs. 627) por considerar reducidos los honorarios regulados a su favor.

Cabe señalar, en primer lugar, y para que no se entienda el enunciado precedente como omisión de tratamiento del escrito interpuesto por la parte actora identificado como “Interpone recurso de aclaratoria con el de apelación en subsidio” (ver fs. 626/vta.), que el recurso de apelación fue incorrectamente concedido, pues desestimada la aclaratoria (ver fs. 635), tal decisión no es apelable (lo que es apelable es la sentencia definitiva); y por ello el pedido de aclaratoria no suspende el plazo para interponer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva en lo que el interesado pueda considerar equivocado (conf. art. 100 L.O.), que es lo que no ocurrió.



Ahora bien, en lo que atañe a la queja de la codemandada Transportadora de Caudales Juncadella S.A. advierto, en punto al primero de sus agravios, que es atendible, por decirlo de algún modo, su crítica en torno al razonamiento expuesto por el Dr. Calandrino para establecer una relación de causalidad entre la dolencia que sufre García y las tareas cumplidas; pero no por ello viable su cuestionamiento en ese sentido, porque el perito médico designado de oficio –Dr. Miguel A. Curcio- señaló, sin merecer crítica en esta instancia, que del estudio clínico, readiológico y electromiográfico realizados a la actora se desprende que presenta secuela de síndrome de túnel carpiano derecho operado y explico, con rigor científico, que se denomina a tal patología como “una neuropatía periférica que ocurre cuando el nervio mediano, que abarca desde el antebrazo hasta la mano, se presiona o se atrapa dentro del túnel carpiano, a nivel de la muñeca. El nervio mediano controla las sensaciones de la parte anterior de los dedos de la mano (excepto del dedo meñique), así como los impulsos de algunos músculos pequeños en la mano que permiten que se muevan los dedos y el pulgar”. Señaló también que “el túnel carpiano es un pasadizo estrecho y rígido del ligamento y los huesos en la base de la mano que contiene el nervio y a los tendones medianos. Está delimitado por los huesos pisiforme, ganchoso, escafoides y trapecio y por el ligamento denominado retináculo flexor. A través de este túnel discurren cuatro tendones del músculo flexor común superficial de los dedos de la mano, cuatro tendones del músculo flexor común profundo de los dedos de la mano y el tendón del músculo flexor largo del pulgar. Culquier proceso que provoque ocupación del espacio (inflamación de alguno de estos tendones, presencia de líquido, etc) provoca la disminución de espacio y atrapamiento del nervio. Algunas veces, el engrosamiento de los tendones irritados u otras inflamaciones estrechan el túnel y hacen que se comprima el nervio mediano. El resultado puede ser dolor, debilidad o entumecimiento de la mano y muñeca, irradiándose por todo el brazo. Aunque las sensaciones de dolor pueden indicar otras condiciones, el síndrome del túnel carpiano es de las neuropatías por compresión más comunes y ampliamente conocidas en las cuales se comprimen o se traumatizan los nervios periféricos del cuerpo”. Indico las diversas sintomatologías de tal afección y si bien señaló que la patología es el resultado de una combinación de factores que aumentan la presión en el nervio y los tendones medianos en el túnel carpiano, “hay un alto índice de afectados en trabajos manuales de esfuerzo. Los movimientos repetitivos que se realizan en el curso normal del trabajo u otras actividades diarias pueden dar lugar a trastornos de movimientos repetitivos tales como bursitis (inflamación de una bursa, pequeña bolsa que facilita el movimiento de los músculos y tendones sobre el hueso), tendinitis (inflamación de los tendones) y sobre todo un hipertono, falta de elasticidad y fluidez entre músculos y tendones”, concluyendo que su vinculación con las labores cumplidas por la actora corresponde de comprobarse la veracidad de los hechos descriptos en el escrito de inicio (ver además las explicaciones brindadas por el experto a las reiteradas impugnaciones de que fue objeto); y en este sentido, excluidos los testimonios de Carrizo (fs. 401/03) y Osuna (fs. 404/06), que son meramente referenciales (sólo saben por dichos de la accionante), Miaanni (fs. 409/10), Galucci (fs. 413/14) y Carcacha (fs. 420/23) dan cuenta de los movimientos repetitivos y reiterados de muñeca y dedos, de modo permanente durante toda la jornada (de 9 hs –ver fs. 389-), a los que estaba sometida García como cajera, en el conteo y recuento de billetes, ensobrado de dinero y monedas, como así el manejo del mouse de la computadora para la carga de datos de las sumas contabilizadas; todo lo cual resulta apto, tal como explicitó el perito médico, para provocar y/o desencadenar la afección en cuestión.

Cierto es que durante el año 2.006 (por lo menos desde agosto de ese año, conforme lo informado por el perito contador, porque la documental acompañada con el responde fue desconocida – ver fs. 171-), la actora registró inasistencias, pero a partir de diciembre de ese año y hasta julio de 2.007, en que eclosionó la enfermedad y se hizo necesaria su tratamiento y posterior intervención quirúrgica, laboró, en las tareas antes descriptas, 270 horas mensuales (ver fs. 389/90), lo que no hace suponer ninguna ajenidad del trabajo, sino todo lo contrario.

Precisamente, a propósito de esto último, en tareas que son idóneas para provocar afecciones como la presente, que afectan mayoritariamente a las mujeres, existen distintas medidas preventivas que pueden (y deben) adoptarse en los distintos puestos de trabajo, como buscar que se reduzca el número de movimientos repetitivos de la muñeca cuando sea posible; la utilización de ayudas ergonómicas, como teclados separados, gavetas para teclados, almohadillas para digitar y protectores de muñeca, con la finalidad de mejorar la postura de la muñeca al digitar en teclado e incluso la posición de trabajo (me refiero a la altura de las manos); como así el otorgamiento de descansos frecuentes cuando el personal esté digitando; conductas todas estas que la apelante no adoptó y a lo que estaba obligada (conf. arts. 75 L.C..T. to, 4 ley 19587 y 7, 8, 10 y conc. dec 911/96), lo cual la responsabiliza, porque no es dudoso que, en esas condiciones operativas (o de desempeñó de la tarea), lo menos que se verifica es un supuesto de negligencia patronal (conf. arts. 512 y 902 C. Civil), pues debió representarse necesariamente el resultado, máxime después de las primeras manifestaciones de la reclamante, y pese a ello no adoptó medida alguna de protección de la trabajadora.

El identificado como segundo agravio, referido a la incapacidad laboral de la reclamante, entiendo que el cuestionamiento no es más que una reiteración de la impugnación formulada por dicha parte a la pericia médica (ver fs. 538/9), y de parte de los argumentos anteriormente tratados.

De todos modos, el hecho que la accionante hubiera sido intervenida quirúrgicamente por su obra social y no por la ART codemandada, no indica nada, porque no puede inferirse, a partir de ello, que se trató de una enfermedad inculpable (está demostrado lo contrario), y menos aún sostenerse, a diferencia de lo expuesto por La Segunda ART S.A. en su responde, que se trata de una enfermedad no listada (de hecho, está expresamente mencionada en el Listado de Enfermedades Profesionales previstas por el dec. 658/96, reglamentario del art. 6, inc. 2, ley 24.557, en el Anexo I. Agente: Posiciones Forzadas y Gestos Repetitivos en el Trabajo I –Extremidad Superior-, Síndrome del Túnel Carpiano), guardando relación la determinación de la incapacidad que realizó el perito médico con los baremos citados a fs. 533, cuya razonabilidad no está en tela de juicio.

Sólo restaría agregar, en este punto, que –a mi modo de ver- el Dr. Calandrino no le adjudicó a la actora ninguna incapacidad laboral de índole psicológica, como para viabilizar la queja de la recurrente; pero ciertamente no puedo sostener abiertamente tal conclusión, porque expresamente aludió a una incapacidad de la trabajadora del 6% (que le adjudicó el D. Curcio) “más la incidencia psíquica” (ver fs. 615), que no reflejó en ningún porcentual, sino que, a estar a la aclaratoria que luego dictó, la incluyó en el importe indemnizatorio, pero sin aclaración alguna (“el monto diferido a condena abarcó todos los reclamos”, así expuso -ver fs. 635-).

De todos modos, no está demás agregar que la licenciada en psicología que suscribió el dictamen de fs. 440/50, no es médica (psiquiatra), como para establecer incapacidades, y desde que se desconoce en qué consistió la “incidencia psíquica” que evaluó el sentenciante de grado, corresponde mantener el porcentaje de incapacidad establecido por el Dr. Curcio.

Sobre la base de tal incapacidad (6% de la total laborativa), la suma diferida a condena a valores de agosto de 2.007 ($ 50.000), tema que es objeto de agravio también de la otra codemandada, se aprecia elevada conforme determinadas pautas vinculadas con la edad del accionante al momento de producirse el daño constatado, el porcentaje de incapacidad determinado y la remuneración promedio acreditada, que cabe tener en cuenta a los efectos de establecer el quantum indemnizatorio. Así lo sostengo porque participo del criterio de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que desde antiguo ha establecido que no son admisibles criterios matemáticos para graduar el monto de los perjuicios (fallos 300: 1254), porque no son más que un falso intento de cuantificar meras conjeturas que no contemplan situaciones personales de la víctima ó de la realidad que lo circunda. La vida humana tiene un valor trascendente que no es factible enmarcar de dicha manera y desde un punto de vista económico y, en lo que respecta a la valuación de un daño material, carece de un valor en sí misma que independientemente de lo que produzca ó pueda producir debe indemnizarse, por lo que una reparación de tal tipo (que excluye afecciones de orden moral) debe establecerse teniendo en cuenta los datos concretos de las personas y en función de las circunstancias que rodean al caso, de forma más ajustada y menos inflexible. Por ello, tal como lo señalara, considerando la edad del accionante al momento de la consolidación jurídica del daño (53 años), el porcentaje de incapacidad determinado (6 %), período de vida útil y remuneración promedio acreditada ($ 1.602,76 –ver pericial contable de fs.389, pto.22), entiendo equitativo y razonable fijar el monto de la reparación por el daño material sufrido en la suma de $20.000.- con más la suma de $2.000 en concepto de daño moral cuya procedencia resulta incuestionable con base a las disposiciones de los arts. 1.068, 1.078 y 1.109 C. Civil.

Precisamente, el cotejo de este importe, con el que resultaría de ser reparada la trabajadora dentro del ámbito previsto por la ley 2.4557 (ascendería a la suma de $ 6.191,13 -53 x $1.587,49 x 6% x [65/ 53]-), muestra la inequidad del sistema por lo cual habré de confirmar la declaración de inconstitucionalidad del art. 39, párrafo 1ro, de la ley 24.557, porque la reparación tarifada prevista en dicha ley no impide la reparación integral, a la que tiene derecho todo trabajador, porque lo contrario conculca el art. 14 bis de la Carta Magna en cuanto dispone que el trabajo goza de la protección de las leyes, con lo que la relación de dependencia sólo puede ser tenida en cuenta para posicionar al trabajador en mejor forma que a las demás personas frente a una situación determinada, pero nunca peor ó discriminarlo negativamente del ejercicio de determinado tipo de acciones, marcando diferencias ante la ley, afectando la garantía que consagra el art. 16 y las disposiciones de los arts. 17, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, pues por una parte se ignora el derecho de propiedad del trabajador y, por la otra, se eximiría al empleador de responsabilidad por el daño que cause, lo que genera -reitero- una discriminación no compatible con los principios esenciales tanto de la Carta Magna como los que receptan los tratados internacionales que prohiben la discriminación por causales sociales ó económicas.

“La confrontación entre el art. 39 inc. 1º de la L.R.T. y las de orden superior en que se inserta, de las que resulta su ineptitud para reglamentarlas conforme a las pautas que impone el art. 28 de la Constitución Nacional, no conllevan la censura de todo régimen limitativo de la reparación de daños ni importa desconocer la eventual utilidad del sistema de automaticidad y celeridad en la obtención de las prestaciones conferida por la ley de riesgos del trabajo. La invalidez constitucional que se comprueba en el caso, atiende a la falta de adecuación razonable entre la disposición que veda al trabajador acudir a la justicia para obtener la reparación integral de los daños sufridos y los preceptos constitucionales que amparan precisamente el derecho de lograrla, y ese desajuste se tradujo en la manifiesta insuficiencia de la reparación a que conduce la indemnización tarifada, frente a la magnitud de la que exige la reparación integral acorde con las circunstancias del caso” (del voto de la Dra. Highton de Nolasco, C.S.J.N., “Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A. s/Accidente-ley 9688”, Sent. Nº 53.021, 21/09/04).

“La exención de responsabilidad que consagra la L.R.T. constituye en sí misma un elemento distorsionante de la relación laboral, en claro apartamiento de los lineamientos constitucionales que se orientan en dirección a la protección del trabajador y no de su desamparo. Es condición inexcusable del empleo que este se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general, como en lo que concierne a las propias de cada actividad. La prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana” (idem voto reseñado supra).

El primero de los agravios de La Segunda ART S.A. es más que atendible, porque ciertamente no existió ninguna imputación, en concreto, en la demanda –y menos aún en la sentencia en recurso- de los incumplimientos en los que habría incurrido la aludida codemandada (la alusión al art. 4, ap. 2 de la ley 24.557, que efectuó el Dr. Calandrino no suple tal omisión); y de hecho, más allá de lo informado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a fs. 290/328, lo cierto es que en el terreno de la responsabilidad subjetiva emergente del art. 1074 del Código Civil, se le reprocha a quien se sindica como responsable el no haber adoptado una conducta que le resultaba jurídicamente jurídicamente exigible y que, de haber sido cumplida, hubiese evitado o disminuido la posibilidad del daño. Además, para que tal responsabilidad proceda, es menester que la conducta omisiva guarde un nexo de causalidad adecuado con la producción del daño. Así lo ha entendido la doctrina con criterio que comparto al sostener que la omisión resulta causal cuando la acción espe­rada hubiere probablemente evitado el resultado y que el nexo de causalidad se establece juzgando la inciden­cia que el acto debido, de ser realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o a su evitación (cfr. Lorenzetti, Ricardo L, "Notas sobre la responsabilidad civil por omisión", Zeus, t. 33-D, p. 55), circunstancias que no se verifican en las presentes actuaciones en tanto siquiera –reitero- el reclamante señaló cuales habrían sido aquellos incumplimientos concretos que guardarían un nexo de “causalidad adecuado” con el daño provocado (ver en igual sentido del registro de esta Sala S.D. 16.633 del 26/5/2009 en autos “Borras Marcela Karina c/ Yazaki Argentina SRL y otro s/ Accidente Acción Civil”).

No está demás agregar, que el hecho de que la aseguradora de riesgos no le hubiera brindado cobertura a la actora (tampoco ésta le denunció el siniestro), o que en el responde hubiera negado que ésta fuera portadora de incapacidad, no son hechos que importen una omisión que habilite una condena en los términos del art. 1.074 C. Civil, pues no fueron esas –valga la reiteración- las omisiones causantes del daño.

Consecuentemente, al no haberse acreditado algún incumplimiento de un deber legal que guarde un nexo adecuado de causalidad con el daño provocado (arts. 904, 905, 906, 1074 del Código Civil), propongo admitir la queja y revocar la sentencia en cuanto condena solidariamente a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. a resarcir a la actora con fundamento en el artículo 1074 del Código Civil, sin perjuicio de su responsabilidad en los términos de la póliza pactada y de conformidad con lo previsto por la ley 24.557, la que se establece en el presente.

En efecto la aseguradora de riesgos coaccionada deberá responder hasta el importe objeto de la póliza de aseguramiento (Contrato de Afiliación Nº 43106 -ver informe de fs. 380/392), cuyo monto, atento lo dispuesto por los arts. 14, ap. 2 inc. b y 11 ap. 4 inc. 2 de la ley 24.557 -tomando en consideración el porcentaje de incapacidad, edad y remuneración del accionante, asciende, tal como ya se consignara a la suma de $ 6.191,13 (conf. arts. 14, ap. 2 inc. a de la ley 24.557), pues si bien no soslayo que el fundamento de la presente acción no es la Ley de Riesgos del Trabajo sino las normas de derecho civil, y que el seguro contratado por la empleadora con la A.R.T. no cubre a estas últimas indemnizaciones, lo cierto es que si se eximiera a esta última de toda responsabilidad, ello redundaría en un claro perjuicio económico para la empleadora -quien se encontraba obligada a contratar seguro-, y por consiguiente, en un enriquecimiento de la aseguradora, la cual cobró primas de un seguro que, finalmente, no tendría que afrontar, por el sólo hecho de que el reclamo judicial es diferente al sistema de reparación que prevé la ley 24.557.

Lo resuelto torna abstracto el tratamiento de los restantes agravios, y dada la solución a la que se arriba y el nuevo resultado del pleito, corresponde revisar las costas y dejar sin efecto los honorarios honorarios fijados en origen (art. 279, CPCCN).

Propongo imponer las costas de ambas instancias por la acción admitida a la demandada porque resultó vencida en lo principal y distribuir por su orden las costas de la acción rechazada contra la aseguradora La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. porque el actor pudo considerarse asistido con mejor derecho para reclamar como lo hizo (1º y 2º párr., art. 68 del CPCCN).

De conformidad con el mérito, extensión y complejidad de las tareas profesionales cumplidas en la instancia anterior y lo dispuesto en el artículo 38 de la L.O. y demás normas arancelarias vigentes, propongo regular en el 15%, 11%, 13%, 6%, 6% y 4% del monto de condena comprensivo de capital e intereses los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora, de la demandada Transportes de Caudales Juncadella S.A., de la codemandada La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y de los peritos contador, médico y psicólogo (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57).

Finalmente, postulo regular los honorarios de la alzada a favor de los letrados intervinientes en el 25% de los aquí fijados por sus actuaciones en origen (art. 14, ley arancelaria).

Por lo expuesto, voto por: 1) Modificar parcialmente la sentencia recurrida y por ende reducir el monto total de condena a la suma de $ 32.000 (PESOS TREINTA Y DOS MIL), con más los intereses fijados en grado; 2) Revocarla asimismo en cuanto hace solidariamente extensiva la condena codemandada La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.. y condenarla, en forma concurrente, hasta el importe objeto de la póliza de aseguramiento ($ 6.191,13, conf. arts. 14, ap. 2 inc. a de la ley 24.557), ambas con más los intereses dispuestos en la instancia anterior; 3) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 4) Dejar sin efecto las costas y los honorarios regulados en origen. 5) Imponer las costas de ambas instancias por la acción admitida contra Transportes de Caudales Juncadella S.A. a dicha coaccionada vencida y distribuir por su orden las costas de la acción rechazada contra la aseguradora La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. porque el actor pudo considerarse asistido con mejor derecho para reclamar como lo hizo (1º y 2º párr., art. 68 del CPCCN); 6) Regular en el 15%, 11%, 13%, 6%, 6% y 4% del monto de condena comprensivo de capital e intereses los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora, de la demandada Transportes de Caudales Juncadella S.A., de la codemandada La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y de los peritos contador, médico y psicólogo (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57); 7) Establecer los honorarios de la alzada a favor de los letrados intervinientes en el 25% de los aquí fijados por sus actuaciones en origen (art. 14, ley arancelaria).
El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.


El Dr. DANIEL E. STORTINI, no vota (art. 125 de la L.O.).
Como resultado del acuerdo alcanzado, este Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia recurrida y por ende reducir el monto total de condena a la suma de $ 32.000 (PESOS TREINTA Y DOS MIL), con más los intereses fijados en grado; 2) Revocarla asimismo en cuanto hace solidariamente extensiva la condena codemandada La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.. y condenarla, en forma concurrente, hasta el importe objeto de la póliza de aseguramiento ($ 6.191,13, conf. arts. 14, ap. 2 inc. a de la ley 24.557), ambas con más los intereses dispuestos en la instancia anterior; 3) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 4) Dejar sin efecto las costas y los honorarios regulados en origen; 5) Imponer las costas de ambas instancias por la acción admitida contra Transportes de Caudales Juncadella S.A. a dicha coaccionada vencida y distribuir por su orden las costas de la acción rechazada contra la aseguradora La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. porque el actor pudo considerarse asistido con mejor derecho para reclamar como lo hizo (1º y 2º párr., art. 68 del CPCCN); 6) Regular en el 15%, 11%, 13%, 6%, 6% y 4% del monto de condena comprensivo de capital e intereses los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora, de la demandada Transportes de Caudales Juncadella S.A., de la codemandada La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y de los peritos contador, médico y psicólogo (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57); 7) Establecer los honorarios de la alzada a favor de los letrados intervinientes en el 25% de los aquí fijados por sus actuaciones en origen (art. 14, ley arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.



Ante Mí.

Ms.


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