Poder judicial de la nación cámara nacional de apelaciones del trabajo



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D.T. 27 g) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Telecomunicaciones. Comercialización y venta de productos de Telefónica Móviles de Argentina S.A. . Atención telefónica de sus clientes.

Toda vez que Telefónica Móviles de Argentina S.A. tiene por objeto la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión y sus servicios complementarios, incluyendo también la realización de actividades conexas; en tanto Atento Argentina S.A. realiza la comercialización y venta de productos de Telefónica Móviles de Argentina S.A., como así también la atención telefónica de sus clientes, se concluye que la actividad comercial desarrollada por Atento Argentina S.A. resulta necesaria para la configuración del objeto principal de Telefónica Móviles de Argentina, por lo que esta última resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T..



Sala VI, S.D. 61.541 del 02/09/2009 Expte. N° 25.301/07 “Cantarelli Gonzalo Xavier c/Telefónica Móviles de Argentina SA y otros s/despido”. (Font.-FM.).
D.T. 27 18 i) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Vigilancia. Tareas de vigilancia prestadas en un supermercado.

Las tareas de seguridad, aún en el caso de calificarlas como secundarias o accesorias respecto de la función principal de un supermercado, son necesarias y se prestan normalmente a diario, por lo que están integradas al establecimiento y coadyuvan para que la empresa cumpla con sus fines, de allí que el supermercado sea solidariamente responsable junto a la empresa de seguridad en los términos del art. 30 L.C.T.. (Del voto de la Dra. Ferreirós, en mayoría).



Sala IV, S.D. 94.329 del 30/09/2009 Expte. N° 23.081/2006 “González Silvia Mónica c/Seguridad y Custodia SA s/despido”. (Gui.-Ferreirós-Zas).
D.T. 27 18 i) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Vigilancia. Tareas de vigilancia prestadas en un supermercado.

La contratación del servicio de vigilancia de un supermercado escapa a las previsiones del art. 30 L.C.T.. (Del voto del Dr. Guisado, en minoría).



Sala IV, S.D. 94.329 del 30/09/2009 Expte. N° 23.081/2006 “González Silvia Mónica c/Seguridad y Custodia SA s/despido”. (Gui.-Ferreirós-Zas).
D.T. 27 8 Contrato de trabajo. Entre cónyuges. Supuesto de concubinato.

El concubinato y la relación laboral no son en principio incompatibles, salvo que existan elementos suficientes que permitan asimilar la situación patrimonial de los concubinos a una sociedad de hecho constituida sobre el modelo de una sociedad conyugal. Es decir que el concubinato por sí solo no engendra una comunidad de intereses económicos, y en todo caso la parte interesada debe demostrar la naturaleza del vínculo mediante prueba conducente, en cuya valoración debe cuidarse de no afectar derechos legítimos.



Sala VI, S.D. 61.593 del 30/0972009 Expte. N° 14.735/06 “Rosconi Omar Alfredo c/Belfiore Liliana Inés y otro s/despido”. (Font. FM.).
D.T. 27 23 Contrato de trabajo. Irrenunciabilidad. Acuerdos suscriptos y homologados en sede administrativa. Cosa juzgada. Interpretación del Plenario “Lafalce”.

La doctrina fijada en el plenario N° 137 in re “Lafalce, Ángel c/Casa Enrique Schuster SA” es aplicable sólo a los acuerdos conciliatorios homologados en sede judicial, ya que el fallo plenario hace alusión al “proceso conciliado” y al “juicio posterior”, situaciones que inequívocamente se refieren a causas judiciales. Por ello en el caso de acuerdos homologados por la autoridad administrativa del trabajo no resulta procedente la excepción de cosa juzgada pues no se trata de acuerdos conciliatorios homologados en sede judicial. (Del voto del Dr. Zas, en mayoría).



Sala IV, S.D. 94.343 del 30/09/2009 Expte. N° 35.157/2007 “Sosa Natalia Laura c/Iberargen SA s/despido”. (Gui.-Zas-Ferreirós).
D.T. 27 23 Contrato de trabajo. Irrenunciabilidad. Acuerdos suscriptos y homologados en sede administrativa. Cosa juzgada. Interpretación del Plenario “Lafalce”.

Los acuerdos suscriptos en sede administrativa y debidamente homologados por dicha autoridad con arreglo a lo dispuesto por el art. 15 de la L.C.T., tienen plenos efectos, y a la luz de la doctrina del plenario N° 137 autos “Lafalce, Ángel c/Casa Enrique Schuster S.A.”, obstan a todo reclamo posterior. (Del voto del Dr Guisado, en minoría).



Sala IV, S.D. 94.343 del 30/09/2009 Expte. N° 35.157/2007 “Sosa Natalia Laura c/Iberargen SA s/despido”. (Gui.-Zas-Ferreirós).
D.T. 27 17 Contrato de trabajo. Profesiones liberales. Médico.

Debe considerarse que medió relación de dependencia entre el médico que estuvo a disposición de la Fundación Favaloro a tiempo completo, ejerciendo un cargo jerárquico de liderazgo –jefe de equipo de cirugía- y una destacada actuación profesional de alta calificación, contribuyendo así al logro del objeto empresarial de la demandada. La prestación del actor se encontraba inserta, como medio personal, en una organización empresaria ajena, sin asumir riesgo particular, por lo que no es posible calificarlo de empresario o profesional autónomo. Su autonomía profesional resulta irrelevante ya que la exclusividad no es un rasgo definitorio del vínculo de trabajo. Tampoco importa que el actor haya emitido facturas cual si fuera un prestador autónomo, puesto que no es la forma asignada lo que califica el vínculo sino el comportamiento y las prestaciones cumplidas por su ejecución. (Del voto de la Dra. Vázquez).



Sala VIII, S.D. 36.519 del 22/09/2009 Expte. N° 27.305/07 “Machain Héctor Alejandro c/Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Medica s/despido”. (V.-M.).
D.T. 27 17 Contrato de trabajo. Profesiones liberales. Médico.

Los profesionales suelen prestar servicios propios de su actividad, no de la empresa, y, regularmente, lo hacen como prestadores autónomos. Esas razones no militan con idéntica intensidad cuando la naturaleza de la prestación del alegado trabajador es la misma de la actividad de la empresa, situación que se configura, casi paradigmáticamente, en la hipótesis de médicos que trabajan como tales en empresas cuyo objeto es la prestación de servicios médicos. Una empresa metalúrgica, o constructora, o textil, puede perfectamente funcionar sin médicos –no podría hacerlo sin trabajadores metalúrgicos, albañiles o tejedores-. La inversa vale para una clínica, sanatorio u hospital, que podría prescindir de una estructura de mantenimiento propia, pero no –en principio y salvo respecto de prestaciones puntuales- de médicos. (Del voto del Dr. Morando).



Sala VIII, S.D. 36.519 del 22/09/2009 Expte. N° 27.305/07 “Machain Héctor Alejandro c/Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica s/despido”. (V.-M.).
D.T. 27 12 Contrato de trabajo. Trabajo por temporada. Trabajo en heladerías.

En el caso de la extensión de la temporada durante la cual trabaja un empleado de heladería, de acuerdo con lo establecido en el art. 6 del CCT N° 273/96, no es el empleador el que fija la duración de la temporada, ni tampoco puede darla por finalizada en cualquier momento en tanto hayan transcurrido los noventa días. Por el contrario, esa norma convencional debe interpretarse en forma armónica con el art. 96 y siguientes de la L.C.T., y debe ser entendida como reglamentaria de esas normas legales. La temporada para las heladerías será, en todo caso, la relacionada con el clima cálido propio de ciertas épocas del año, que por cierto no se mantienen idénticas a lo largo del tiempo como se puede comprobar en virtud del cambio climático.



Sala VI, S.D. 61.595 del 10/09/2009 Expte. N° 8.428/07 “Verón María Cecilia c/Freddo SA s/despido”. (Font.-FM.).
D.T. 28. Convenciones colectivas. C.C.T. 308/98 “E”. Diferencias salariales. Improcedencia.

Los términos del acuerdo (C.C.T. 305/98 “E”), vigente durante el período sujeto a reclamo en el caso, obstan a la pretensión de demanda por diferencias salariales basadas en disposiciones anteriores, toda vez que en su art. 3° se dispone la pérdida de efectos “… bajo nulidad y sin valor legal, de todos aquellos derechos y obligaciones de las partes emergentes de convenios anteriores, actas o acuerdos celebrados con anterioridad al presente por ANSES… ex caja de subsidios familiares para empleados de comercio…” y agrega que “…. Desde la fecha de homologación de este Convenio Colectivo, el mismo regula en exclusividad las relaciones de las partes derivadas del vínculo laboral correspondiente, siendo de aplicación, en todo aquello no contemplado o contenido en el mismo, la ley de contrato de trabajo, y demás normas o reglamentaciones de orden general aplicables en la materia…”.



Sala IX Expte n° 32011/07 S.D. 15899 30/9/09 « Testa, Juan y otros c/ ANSES s/ diferencias de salarios » (F.-B.).
D.T. 30 bis. Daño Moral. Trato hostil y desconsiderado hacia la trabajadora por parte de su superior. Procedencia de la reparación extracontractual.

Si se halla acreditado que durante la relación de trabajo y dentro del propio establecimiento patronal, la actora fue víctima de un trato hostil y desconsiderado por parte de su superior, dichas actitudes, además de implicar un apartamiento de la empleadora de las obligaciones que la L.C.T. pone a su cargo, constituyen actos ilícitos de carácter extracontractual destinados a afectar la dignidad personal de la trabajadora que generan, en forma refleja, la responsabilidad de la empleadora (art. 1113 del C. Civil) por el daño moral provocado y que justifican el reconocimiento de una reparación de ese daño al margen del sistema tarifario previsto con relación a los incumplimientos de índole contractual.



Sala II Expte n° 4509/08 S.D. 97140 del 21/9/09 « Pérez, Candelaria c/ Unión Obrera Metalúrgica de la RA y otro s/ despido” (P.-G.)
D.T. 33 17 Despido. Acto discriminatorio. Discriminación por edad.

La edad se encuentra entre las causas que no se admiten como válidas para efectuar distinciones en materia de empleo y ocupación, puesto que ella no lleva necesariamente implícita la falta o la pérdida de capacitación para un puesto de trabajo, y así debe entenderse a la luz de la normativa vigente al respecto (arts. 14 bis, 16 y 75 incs. 19 y 23 de la Constitución Nacional; Declaración Universal de los Derechos Humanos –artículos 1, 2 y 7-; Convención Americana sobre Derechos Humanos –art. 1; Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales –arts. 2.2 y 6-; Convenio 111 OIT; Declaración Socio Laboral del MERCOSUR; art. 1 de la ley 23.592; art. 17 LCT; art. 4 del Anexo II d ela ley 25.212).



Sala II, S.D. 97.121 del 17/09/2009 Expte. N° 19.546/2003 “Cartolano, Antonio y otros c/Peugeot Citroen Argentina SA”. (G.-P.).
D.T. 33 17 Despido. Acto discriminatorio. Ley 23.592. Prueba de la discriminación.

Si se tiene en cuenta que la no discriminación es un principio que cuenta con sustento constitucional, cuando el trabajador se siente discriminado por alguna causa, el onus probandi pesa sobre el empleador. Desde tal perspectiva, dicha carga probatoria no implica desconocer el principio contenido en el art. 377 del C.P.C.C.N., ni lo específicamente dispuesto en la ley 23.592, ya que quien se considere afectado en razón de cualquiera de las causales previstas en esta ley deberá, en primer lugar, demostrar poseer las características que considera motivantes del acto que ataca y los elementos de hecho, o en su caso, la suma de indicios de carácter objetivo en los que se funda la denuncia, quedando en cabeza del empleador acreditar que el despido tuvo por causa una motivación distinta y a su vez excluyente. Ello encuentra sustento en la teoría de las cargas dinámicas probatorias, según la cual, sin desmedro de las reglas que rigen el onus probandi, quien se encuentra en mejores condiciones es quien debe demostrar objetivamente los hechos en los que sustenta su obrar, máxime cuando las probanzas exigidas pudieran requerir la constatación de hechos negativos.



Sala II, S.D. 97.212 del 30/09/2009 Expte. N° 33.239/2007 “Mediano Karina Laura c/Mega Light S.A. y otro s/despido”. (G.-M.).
D.T. 33. 5. Despido. Del delegado gremial. Notificación del despido antes de cumplirse la comunicación al empleador. Art. 49 Ley 23551.

El art. 49 de la ley 23551 establece que para que surta efecto la garantía de estabilidad del delegado gremial debe cumplirse con la comunicación al empleador “mediante telegrama, carta documento u otra forma escrita”. Si surge acreditado que, en el caso, el telegrama mediante el cual la empleadora le comunicaba el despido al actor fue recibido con anterioridad a la remitida por el Sindicato a la empleadora, no resulta procedente la indemnización agravada. (En el caso la diferencia entre una comunicación y otra, si bien se produjeron el mismo día, fue de dos horas).



Sala VII Expte n° 22264//07 S.D. 42150 del 30/9/09 « Rossi, Roberto c/ Auto Assist SA s/ despido » (R.B.-F.)
D.T. 33. 17. Despido. Discriminación. Portador de HIV. Ley 23592. Procedencia.

Si la acción que el trabajador ha de intentar se basa en la ley 23592, nos apartamos de la tarifa y el discriminador será obligado, a pedido del damnificado, a reparar el daño moral y material ocasionado, lo que remite directamente a los parámetros del Cód. Civil y dicha reparación será ordenada por el juez sobre la base de los elementos que se aporten al proceso. Para ello, procesalmente debe tenerse en cuenta la presencia de indicios que puedan conducir a los hechos o al hecho a acreditarse, pero ello no quiere decir que se vaya a tener por acreditado el hecho discriminatorio desencadenante sin más, sino que se debe dar pié a la inversión de la carga de la prueba, debiendo el empleador probar que su accionar encontró una causa distinta, quedando descartada la violencia a la dignidad o discriminación. En el concepto de indicio debe considerarse principalmente el hecho fuente de prueba pero también la relación lógica que existe entre aquél hecho y el que se pretende probar.



Sala VII Expte n° 20224/06 sent. 4210 28/9/09 « V., H.G. c/ Lekryzón SA y otro s/ despido » (F.-R.B.)
D.T. 33. 7. Despido. Gravedad de la falta. Jerarquía del trabajador. Ayudante de maquinista. Grado de responsabilidad.

La gravedad de la falta cometida por el trabajador en miras a la rescisión de la relación laboral debe ser ponderada a la luz de las circunstancias personales, tomando especialmente en consideración las funciones que desarrollaba dentro de la empresa y la conducta que le era requerible de acuerdo a la índole de las tareas a su cargo. En el caso, al tratarse de un “ayudante general de la sección encuadernación” y el despido motivado por la impresión errónea de un trabajo, la máxima sanción aplicada por la empresa hacia al actor y no hacia el maquinista -primer responsable y que intervino en la realización de dicho trabajo-, no se encuentra justificada. Ello así por cuanto la responsabilidad, de acuerdo a la categoría, era menor en el caso del accionante y mayor en el caso del maquinista.



Sala IX Expte n° 24981/07 S.D. 15857 30/9/09 « Cáseres, Alejandro c/ New Press Grupo Impresor SA s/ despido » (F.-B.)
D.T. 33. 7. Despido. Gravedad de la falta. Pérdida de confianza.

La pérdida de confianza es una figura bajo la cual subyace un estado subjetivo del patrón, y que por ello necesita de un elemento objetivo indicador de un apartamiento de los compromisos laborales. No es imprescindible una conducta dolosa si en el contexto que se produce genera dudas razonables acerca de la buena o mala fe del dependiente. Tampoco lo es que su proceder ocasione un daño de magnitud a los intereses del empleador. Basta que se configure el hecho atribuido y se someta el aspecto subjetivo a la valoración prudencial de los jueces en el marco de las obligaciones que prescribe la L.C.T..



Sala VII Expte n° 16989/00 S.D. 42102 del 25/9/09 « García, Patricia c/ Aerolíneas Argentinas SA s/ despido » (F.- R.B..)
D.T. 33 8 Despido. Injuria laboral. Incumplimiento del deber de ocupación. Árbitro de fútbol que se da por despedido.

Toda vez que del informe contable surge que durante cuatro meses se disputaron partidos de fútbol de la categoría arbitral del actor y éste, sin mediar justificativo alguno, no fue designado en ninguno, cabe concluir que la demandada (Asociación de Fútbol Argentino) incumplió con su deber de ocupación, el que por cierto consiste en dar ocupación de conformidad a la categoría laboral de cada trabajador (art. 78 L.C.T.). Este incumplimiento fundamental por parte de la empleadora, resulta causal impeditiva de la prosecución del vínculo que uniera a las partes. El deber de ocupación es un deber principal del empleador frente al trabajador a quien no basta que se le pague sino que debe dársele trabajo efectivo.



Sala VI, S.D. 61.616 del 30/09/2009 Expte. N° 7.464/06 “Moreno Juan Carlos c/Asociación de Fútbol Argentino s/despido”. (Font.-FM.).
D.T. 33. 16. Despido. Mobbing. Prueba. Comunicación de la situación.

No toda desavenencia profesional implica o da origen al acoso moral, cuya característica principal se asienta “en la repetición de actitudes, palabras, conductas que, tomadas por separado, pueden parecer anodinas, pero cuya repetición y sistematización las convierte en destructivas (Hirigoyen, Marie-France “El acoso moral en el trabajo” Trad. De Nuria Pujol i Valls. Paidós Ibérica SA 2001). Para que el concepto de “mobbing” tenga favorable recepción será necesario que la accionante alegue en forma circunstanciada -más allá de su percepción individual y subjetiva- hechos inobjetables que denoten que había sido pasible de violencia psicológica por parte de su superior y eventualmente, acreditase haber comunicado tal situación a los responsables de la demandada a fin de que intermediaran en la reparación del conflicto (art. 63 L.C.T.).



Sala IX Expte n° 2487/08 S.D 15884 del 30/9/09 « López Dávalos, Lucas c/ Colegio de Escribanos de la Ciudad de Bs As s/ despido” (F.-B.).
D.T. 37 Ejecutantes musicales. Existencia de relación de trabajo.

Aún cuando la demandada Tango Entertainment S.A. contrató los servicios profesionales del actor como “ejecutante de contrabajo” para sus espectáculos aduciendo la existencia de un contrato de locación de servicios, el hecho de que existiera para el actor obligación en el cumplimiento de horarios, justificación de ausencias y conseguir un músico de reemplazo, tareas supervisadas pudiendo la accionada modificar el repertorio, concurrencia todos los días de la semana; hacen advertir la existencia de una vocación de continuidad y permanencia, a la vez que sus servicios profesionales estaban integrados a los medios personales y materiales de la accionada para el logro de sus fines dentro de su establecimiento. Todo ello hace sostener la existencia de relación de trabajo en los términos del art. 23 L.C.T..



Sala V, S.D. 71.486 del 30/09/2009 Expte. N° 22.258/07 “Ferrer Néstor Guillermo c/Tango Entertainment SA s/despido”. (GM.-Z.).
D.T. 21. Empleados de comercio. C.C.T. 130/75. Cambio en la estructura salarial. Inexistencia de perjuicio.

Corresponde dejar sentado que existe una diferenciación entre los conceptos de irrenunciabilidad y disponibilidad, toda vez que el primero impide abdicar de derechos indisponibles mientras que la disponibilidad permite modificaciones en la estructura salarial siempre que el beneficio sea cambiado por otro y cuando no deteriore el status quo del trabajador. Así, en el caso el nivel retributivo del accionante, lejos de disminuir, ascendió en tanto se vio incrementada su remuneración a partir de la aplicación del C.C.T. 130/75. Además, el rubro por el que se reclama (PAP) estaba inescindiblemente ligado a un requisito que podía o no darse, tal como sucedía con la asistencia y puntualidad, y a partir de la nueva estructura salarial, quedó absorbido por el salario básico, sin condicionamiento de ninguna naturaleza.



Sala VII Expte n° 19646/07 S.D. 42112 del 28/9/09 « Genaro, Orlando c/ INC SA s/ diferencias de salarios » (R.B.- F.)
D.T. 38 7 Enfermedad art. 212 L.C.T.. Indemnización especial.

Corresponde concluir que la relación entre las partes se ha extinguido por la consolidación de la incapacidad absoluta de la actora para seguir prestando sus tareas habituales, si se probó que ésta durante la vigencia de su contrato de trabajo padeció problemas de salud que le hicieron imposible cumplir con su prestación de tareas, solicitando licencia en los términos del art. 208 y ss. L.C.T. (lo que resulta más contundente si se tiene en cuenta que la demandada es una empresa dedicada a prestar servicios de limpieza). En este sentido, su incapacidad absoluta debe considerarse en una causal autónoma de extinción del contrato de trabajo, y por ende debe regirse con fundamento en el art. 4° párrafo del art. 212 L.C.T.. Cualquier otra supuesta causal, como en el caso lo pretende la recurrente aludiendo a la obtención de la actora del beneficio previsional, carece de efectos, en tanto el contrato solamente se rescinde una vez, y por una sola causa.



Sala VI, S.D. 61.587 del 30/09/2009 Expte. N° 15.623/07 “Cristaldo Genara c/Limpiolux S.A. s/indemnización art. 212”. (Font.-FM.).
D.T 41 bis Ex Empresas del Estado. Telecom Argentina S.A. Bonos de Participación en las Ganancias. Art. 29 ley 23.696. Inconstitucionalidad del decreto 395/92.

El decreto 395/92 establece que ni Telecom ni Telefónica están obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal. Ello se contrapone con lo establecido por el art. 29 de la ley 23.696 que dispone que en los Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar sí deberá emitir dichos bonos. Entre la ley y el reglamento existe una precedencia jerárquica: la ley tiene prioridad por sobre el reglamento, pues la expresión de la voluntad de la comunidad se encuentra por sobre la expresión de la voluntad subalterna de la Administración, lo que impone la absoluta subordinación del reglamento a la ley. La potestad reglamentaria siempre está limitada, pues todo reglamento de ejecución debe subordinarse a la ley que pretende reglamentar, no pudiendo alterar su espíritu con excepciones de ningún tipo. El decreto 395/92 no ha reglamentado adecuadamente la ley 23.696, ha alterado el espíritu de la norma legal. Dicho decreto no resiste el test de constitucionalidad pues resulta evidente que ha incurrido en exceso reglamentario, imponiendo una restricción no prevista en la ley referida al eximir a las Empresas Telefónicas de la obligación de emitir bonos de participación en las ganancias para el personal.



Sala VIII, S.D. 36.492 del 04/09/2009 Expte. N° 34.235/2007 “Bedino Mónica Noemí c/Telecom Argentina SA y otro s/Part. Accionariado Obrero”. (C.-V.).
D.T. 41 bis Ex Empresas del Estado. Telecom Argentina S.A. Bonos de Participación en las Ganancias. Art. 29 ley 23.696. Obligación de Telecom de emitir bonos.

El art. 29 de la ley 23.696 dispone que: “en los Programas de Propiedad Participada, el Ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el art. 230 de la ley 19.550…Cada empleado por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en las ganancias, determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia”. De los términos expresos de la norma resulta el derecho del empleado de la empresa Telecom Argentina SA, en el caso, por su mera relación de dependencia a recibir una cantidad de bonos. Los bonos de participación en las ganancias establecidos por la ley 23.696, se ajustan, y otorgan “operatividad” a la cláusula constitucional insita en el art. 14 bis. La ley alude concretamente al art. 230 de la ley 19.550 que regula los bonos dentro del régimen de sociedades anónimas. Ganancias implica la idea de lucro, lo que explica el encuadramiento de la empresa sujeta a privatización en el tipo de sociedades anónimas (art. 23 ley 23.696). De ahí que los bonos de participación en las ganancias se conciben mediando lucro comercial, lo que permite concluir que el destinatario pasivo de la obligación contenida en el art. 29 de la ley 23.696 es aquel que está en condiciones de generarlo mediante la explotación racional del servicio, en el caso Telecom Argentina S.A..





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