Poder judicial de la nación cámara nacional de apelaciones del trabajo



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ISSN 0326 1263

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN




CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO



PROSECRETARÍA GENERAL


BOLETÍN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA Nº 294

S E P T I E M B R E ‘ 2 0 0 9

OFICINA DE JURISPRUDENCIA



DERECHO DEL TRABAJO
D.T. 1 1 19 1) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Asegurador.

El Estado Nacional ha delegado en las aseguradoras de riesgos del trabajo todo lo relativo al control y sujeción de los empleadores a las normas de higiene y seguridad, imponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversas obligaciones de control y supervisión. Desde esta perspectiva, se genera una ampliación de los sujetos responsables, de modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto obligado en materia de prevención de riesgos laborales; por lo cual la omisión o cumplimiento deficiente de aquella función “cuasi-estatal” puede generar la responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, previa comprobación de un nexo de causalidad adecuado con el daño sufrido por el trabajador. (Del voto del Dr. Zas, en mayoría).



Sala IV, S.D. 94.286 del 10/09/2008 Expte. N° 26.291/2006 “Heredia, Marcos Luis c/Liberty ART SA y otro s/daños y perjuicios”. (Gui.-Ferreirós-Zas).
D.T. 1 1 19 1) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Asegurador.

En los casos en que se concluyera que existe relación causal entre las patologías sufridas por los trabajadores y el trabajo, sin duda debe considerarse que la ART ha incumplido su deber de contralor respecto del plan de mejoramiento de cada empresa, obligación ésta que la ley pone en cabeza de las aseguradoras. El fundamento legal de la responsabilidad de la ART yace en el territorio del art. 1074 del Código Civil, la cual nace de la omisión que ocasiona un daño a otro, cuando una disposición de la ley imponga una obligación. Es doctrina mayoritaria en nuestro derecho la que admite la responsabilidad siempre que hubiera una obligación jurídica de obrar y sin que exista por tanto, una disposición expresa que imponga la obligación de cumplir el hecho. Claro está que no puede soslayarse la forma de apreciación de la culpa en uno y otro caso. El empleador es responsable directo por el daño causado y la ART que incurre en una omisión culposa conlleva a la aplicación del mencionado art. 1074 del C.Civil por lo que debe responder solidariamente, y no sólo en los límites de la póliza. (Del voto de la Dra. Ferreirós, en mayoría).



Sala IV, S.D. 94.286 del 10/09/2008 Expte. N° 26.291/2006 “Heredia, Marcos Luis c/Liberty ART SA y otro s/daños y perjuicios”. (Gui.-Ferreirós-Zas).
D.T. 1 1 19 1 Accidentes del trabajo. Acción del derecho común. Asegurador.

En el caso de una acción fundada en el art. 1113 del C.Civil, si bien es cierto que el seguro contratado por la empleadora con una ART no cubre a éstas últimas indemnizaciones, también lo es que los infortunios sufridos por el demandante se encuentran entre los amparados por el seguro de riesgos del trabajo y, por lo tanto, la indemnización que se le reconoce, por ser plena, incluye los montos que la ART debió haber liquidado en los términos de la LRT. No existe posibilidad de que el accidentado perciba dos indemnizaciones por el mismo hecho, por lo que la extensión de la condena a la ART, en modo alguno implica una doble indemnización. Eximir a la ART de toda responsabilidad implicaría un daño al empleador, quien se encontraba obligado a contratar el seguro y a quien la misma legislación que le imponía tal obligación le garantizaba estar cubierto por cualquier infortunio que pudieran sufrir sus dependientes. (Del voto del Dr. Guisado, en minoría).



Sala IV, S.D. 94.286 del 10/09/2008 Expte. N° 26.291/2006 “Heredia, Marcos Luis c/Liberty ART SA y otro s/daños y perjuicios”. (Gui.-Ferreirós-Zas).
D.T. 1 1 19 1 Accidentes del trabajo. Acción del derecho común. Asegurador.

Si en el caso de los reclamos fundados en el derecho común se exime a las ART de toda responsabilidad, el empleador se encuentra no sólo con que no está cubierto íntegramente como se le garantizaba, sino además con que la contratación del seguro no le reportó beneficio alguno en lo que hace al pago de la indemnización, lo que implica tanto como admitir que la obligación de contratar que impone la ley 24.557 carece de finalidad para los empleadores, o que el monto que pagan por los seguros resulta desproporcionado, en tanto no cubren ni siquiera los montos indemnizatorios expresamente previstos. En contraposición, la ART, que percibió la póliza, se vería enriquecida, por cuanto resulta inobjetable que se ha producido un hecho que la obligaba a pagar las sumas previstas por la ley 24.557, no obstante lo cual se vería liberada únicamente por el fundamento legal escogido por el trabajador para efectuar su reclamo, aspecto que el empleador no puede modificar. El enriquecimiento de la ART y el daño que se ocasionaría al empleador, imponen la extensión de la condena a la aseguradora por los montos asegurados, en virtud del principio iura novit curia y lo dispuesto por los art. 907 Cód.Civ.; 163 inc. 6 CPCCN, 110, 111 y 118 ley 17.418, 14 ley 24.557 y 17 CN. (Del voto del Dr. Guisado, en minoría).



Sala IV, S.D. 94.286 del 10/09/2008 Expte. N° 26.291/2006 “Heredia, Marcos Luis c/Liberty ART SA y otro s/daños y perjuicios”. (Gui.-Ferreirós-Zas).
D.T. 1 1 19 4 Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Cosa riesgosa. Elementos empleados en una peluquería (peines, cepillos, secadores, etc.). Aplicación del plenario N° 266 “Pérez Martín v. Maprico S.A.”.

La empresa de peluquerías demandada es responsable civilmente frente a la trabajadora, de oficio peinadora, por las afecciones padecidas en su muñeca de la mano derecha (disminución de la movilidad pasiva y activa, principalmente la flexo-extensión y de la fuerza del puño derecho), originadas por movimientos repetidos con la muñeca y mano consistentes en la manipulación de los secadores de cabello para realizar el brushing, los cepillos, las planchas y demás enseres aplicados al peinado de las clientas. Si bien no se trata de cosas riesgosas en sí mismas, la actividad que desarrollaba sí lo era en función de la modalidad empleada –la manipulación y desplazamiento de los objetos en jornadas extensas-. Resulta de aplicación la doctrina plenaria de autos “Pérez, Martín I. c/Maprico S.A.”, del 27/12/1998, según la cual: “En los límites de la responsabilidad establecida por el art. 1113 del Cód. Civil, el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte, puede imputarse a riesgo de la cosa” (LL, 1989-A, 561; DT 1989-B, 2.059; DJ 1989-1, 709). (Del voto de la Dra. Vázquez, en mayoría).



Sala VIII, S.D. 36.502 del 11/09/2009 Expte. N° 7.293/2006 “Rojas Sandra Haydee c/Romero Silva SRL y otro s/accidente-acción civil”. (M.-V.-C.).
D.T. 1 1 19 4 Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Cosa riesgosa. Elementos empleados en una peluquería (peines, cepillos, secadores, etc.).

No se advierte la intervención de alguna cosa riesgosa o viciosa de la que la sociedad empleadora sea dueña o guardiana jurídica, en el proceso que condujo a la incapacitación de una persona que laboraba como peluquera, y que padeció de tendinitis en su muñeca derecha, así como un quiste tendosinovial, derivando una incapacidad parcial por limitación en la movilidad de la articulación afectada. Dichas afecciones pueden ser imputadas a los movimientos repetitivos propios de la actividad de la trabajadora y calificadas como enfermedad-profesional, supuesto que colocaría la cuestión en el marco de la ley 24.557. Ni tijeras, peines, secadores manuales y, acaso, máquinas eléctricas, también manuales, de corte, pueden ser, ninguna de ellas, calificada como portadora de una mecánica propia, incontrolable por el hombre. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).



Sala VIII, S.D. 36.502 del 11/09/2009 Expte. N° 7.293/2006 “Rojas Sandra Haydee c/Romero Silva SRL y otro s/accidente-acción civil”. (M.-V.-C.).
D.T. 1 1 19 4 Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Cosa riesgosa. Elementos empleados en una peluquería (peines, cepillos, secadores, etc.). Improcedencia del Plenario N° 266 “Pérez Martín v. Maprico S.A.”.

No resulta de aplicación el plenario 266 de la C.N.A.T. “Pérez Martín v. Maprico S.A.”, ante el caso de una trabajadora que laboraba como peluquera y que padeció de tendinitis en su muñeca derecha, así como un quiste tendosinovial, derivando una incapacidad parcial por limitación en la movilidad de la articulación afectada. La utilización de instrumentos manuales como tijeras, peines, secadores manuales y, acaso, máquinas eléctricas, también manuales, de corte, no guardan similitud alguna con las “cosas inertes” cuyo peso obliga a realizar un esfuerzo excesivo para desplazarlas, esfuerzo al que la doctrina plenaria autoriza, conforme las circunstancias de cada caso, a atribuir al riesgo de la cosa. Por otra parte el plenario requiere la ocurrencia de un episodio concreto que produce un daño inmediato (vg., una hernia discal provocada por el esfuerzo desplegado para levantar una bolsa de cemento), no, un proceso encuadrado en la teoría de los microtraumatismos, cuya implantación en el sistema más abierto de la Ley 9688 fue, incluso, materia de una discusión no resuelta. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).



Sala VIII, S.D. 36.502 del 11/09/2009 Expte. N° 7.293/2006 “Rojas Sandra Haydee c/Romero Silva SRL y otro s/accidente-acción civil”. (M.-V.-C.).
D.T. 1 1 19 4) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Cosa riesgosa. Prueba del vicio.

En las acciones fundadas en el art. 1113 del C.Civil, no corresponde poner en cabeza del trabajador la prueba relativa al “riesgo”, “vicio”, o “peligrosidad” de “la cosa”. Ello, en tanto según el segundo párrafo del dispositivo legal citado, para tenerlo por configurado basta que el afectado demuestre el daño causado por aquélla, encontrándose a cargo de la demandada –como dueña y guardiana de la cosa- acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (conf. CSJN Fallos 307:1735; causa S. 86 XX “Soto Carlos A. c/Monibe SA”, causa M. 520 XXII del 28.4.92 “Machicote, Ramón Hugo c/Empresa Rojas SA”).



Sala IV, S.D. 94.286 del 10/09/2009 Expte. N° 26.291/2006 “Heredia, Marcos Luis c/Liberty ART SA y otro s/daños y perjuicios”. (Gui.-Ferreirós-Zas).
D.T. 1.19.12. Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Prescripción. Punto de partida.

Con la intervención de los organismos administrativos y la posterior evaluación judicial de lo actuado en base a la L.N.R., la existencia de incapacidad era innegablemente conocida por el trabajador, aun cuando hubiera existido razonable duda respecto del porcentaje que correspondía atribuir a la minusvalía detectada. Por lo que corresponde tomar como punto de partida, a los efectos de la prescripción, la fecha en que la Justicia Federal de la Seguridad Social revisó la incapacidad declarada en sede administrativa.



Sala IX Expte n° 19840/07 S.D. 15865 del 30/9/09 « Salazar, Segundo c/ La Caja ART SA y otro s/ accidente acción civil” (B.-F.)
D.T. 1 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Personal de la Policía Federal Argentina que sufre un accidente “en y por acto de servicio”.

La muerte de un suboficial de la Policía Federal ocurrida “en y por acto de servicio”, de conformidad con lo normado en el art. 696, inc a) del decreto 1866/83, amerita la aplicación de las previsiones contenidas en la ley 24557 pues el art. 2 de esa norma –al referirse a su ámbito de aplicación- expresamente establece que están obligatoriamente incluidos “Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, entre los que cabe incluir al personal de la Policía Federal Argentina.

En este sentido la ley 21.965 prevé únicamente beneficios de naturaleza previsional, y la CSJN en el precedente “Mengual, Juan y otra c/Estado Nacional”, Fallos:318:1959, sostuvo que la percepción del beneficio previsional no deviene incompatible con el reconocimiento simultáneo de la reparación fundada en las normas del derecho común.

Sala V, S.D. 71.850 del 30/09/2009 Expte. N° 21.365/05 Luna de Ortega, María Luisa c/Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Policía Federal Argentina s/indemn. por fallecimiento”. (Z.-GM.).
D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Responsabilidad de las A.R.T. con fundamento en el art. 1074 del Cód. Civil.

Según la ley 24557 constituye un rol fundamental para las A.R.T. el exigir a sus asegurados que adecuen sus estándares de higiene, prevención y seguridad a las pautas de la ley 19.587 y sus normas reglamentarias. El legislador ha puesto en sus cabezas la obligación de velar por el cumplimiento eficaz del deber de prevención y seguridad en el empleo. Si media una vinculación directa entre el incumplimiento de los deberes profesionales de la A.R.T. y el suceso dañoso en base a un juicio racional de probabilidad, según el cual, si la aseguradora hubiese hecho lo que las normas le imponen y lo que se comprometió al afiliar a la empleadora de quien sufre un accidente, aparece configurado el supuesto atributivo de responsabilidad previsto en el art. 1074 del Código Civil.



Sala II, S.D. 97.107 del 11/09/2009 Expte. N° 20.267/03 “Gómez Fernando c/Industria Águila Blanca SA y otro s/accidente acción civil”. (P.-M.).
D.T. 7. Aportes y contribuciones a entidades gremiales. Aporte solidario. C.C.T. 66/99. Administración pública. Base salarial.

A los efectos de conformar la base salarial del aporte solidario previsto en el art. 103 del C.C.T. 66/99 debe considerarse la masa salarial mensual, normal y habitual y permanente de todo el personal comprendido, acotándose de tal manera el total de las remuneraciones definidas en sentido amplio en el art. 6° de la ley 24241, limitando su proyección a aquellas que cumplan con las específicas condiciones que allí se contemplan, que coinciden con las que modalizan la base de cálculo prevista -para otros fines- en el art. 245 L.C.T.. Habrá de excluirse la suma correspondiente al sueldo anual complementario, en razón de tratarse de un derecho salarial anual con percepción desdoblada. Pero sí, deben tomarse las sumas abonadas por los conceptos “gastos de comida” y “horas extra” toda vez que resulta meramente dogmática la afirmación de que dichos conceptos no eran percibidos de manera mensual, normal, habitual y permanente por los trabajadores.



Sala IX Expte n° 15780/07 S.D. 15846 del 30/9/09 « Unión Personal Civil de la Nación UPCN c/ Estado Nacional Ministerio de Salud s/ cobro de aportes” (F.-B.)
D.T. 16. Cargos gremiales. Delegado suplente. Tutela sindical. Alcance.

El hecho de que la tutela sindical alcance a los trabajadores que detentan el carácter de “delegado suplente” resulta más evidente si se considera que la ley - con el objeto de lograr un mejor desenvolvimiento de la actividad gremial, para que se desarrolle sin trabas ni injerencias de ninguna especie-, en su afán de proteger la libertad sindical (arts. 1 y 47 de la ley 23551) protege no sólo a los ya elegidos -titular o suplente- sino incluso al postulante para un cargo de representación gremial (art. 50 ley citada). Va de suyo que si la protección legal alcanza al simple candidato, con más razón amparará a la persona ya designada, conforme los requisitos que establece la propia norma, aunque lo haya sido en calidad de suplente.



Sala VII Expte n° 10003/06 S.D. 42147 30/9/09 « Romeo, Mariano c/ Industrias Plexi SRL y otros s/ despido » (F.- R.B.)
D.T. 18 Certificado de trabajo. Art. 80 L.C.T.. Improcedencia de su entrega en el caso de la liquidación de ATC S.A..

No procede la solicitud de entrega del certificado previsto en el art. 80 L.C.T. en el caso de la liquidación de ATC S.A., puesto que acorde con lo dispuesto por el decreto 94/2001 el personal de la mencionada empresa pasaba al Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. sin mediar extinción de los contratos de trabajo que fueron transferidos a la nueva empresa estatal.



Sala II, S.D. 97.124 del 17/09/2009 Expte. N° 10.522/2003 “Verdi, Cecilia Josefina y otros c/ATC SA en liquidación s/cert. Serv. Y aport. previs.”. (P.-M.).
D.T. 18 Certificado de trabajo. Informe de una remuneración inferior a la real. Procedencia de la multa prevista en el art. 80 L.C.T..

En el caso de que las certificaciones acompañadas no reflejen la real remuneración percibida por el trabajador, no puede tenerse en cuenta la puesta a disposición de una certificación irregular y corresponde aplicar la multa prevista en el art. 80 L.C.T.. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).



Sala VI, S.D. 61.544 del 07/09/2009 Expte. N° 24.644/05 “Varela Pablo Adolfo c/Nelly Ricardo Arturo y otros s/despido”. (Font.-FM.-Rodríguez Brunengo).
D.T. 18 Certificado de trabajo. Informe de una remuneración inferior a la real. Improcedencia de la multa prevista en el art. 80 L.C.T..

La exigencia del art. 80 L.C.T. es cumplida por el empleador entregando los certificados de conformidad con los datos insertos en sus registros. La circunstancia de que haya quedado demostrada una remuneración superior a la registrada sólo produce la obligación de entregar un nuevo certificado actualizado, pero de ningún modo admite la procedencia de la multa prevista en la norma en cuestión. El empleador cumple con la obligación impuesta por la norma haciendo entrega en tiempo oportuno de las certificaciones en forma coincidente con lo que surge de sus registros, ello en tanto las diferencias reclamadas son en todo caso materia litigiosa. (Del voto de la Dra. Fontana, en minoría).



Sala VI, S.D. 61.544 del 07/09/2009 Expte. N° 24.644/05 “Varela Pablo Adolfo c/Nelly Ricardo Arturo y otros s/despido”. (Font.-FM.-Rodríguez Brunengo).
D.T. 27 i) Contrato de trabajo. Casos particulares. Cuidado de ancianos.

Las tareas vinculadas con el cuidado de ancianos en el hogar familiar no pueden ser encuadradas en el ámbito del derecho laboral, por cuanto no puede considerarse a la accionada como titular de una organización de medios instrumentales destinados a la producción de bienes ni a la prestación de servicios, en la que el referido aporte personal pudiera subsumirse, lo que hace inaplicable la ley de contrato de trabajo y la legislación complementaria, pero como se trata de una relación contractual debe ser regida por la ley civil.



Sala VI, S.D. 61.573 del 29/09/2009 Expte. N° 34.656/07 “Ojeda Soto María Victoria y otro c/Blanco Osvaldo y otro s/despido”. (Font.-FM.).
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares. Inexistencia de solidaridad en los términos del art. 30 L.C.T. de la empresa petrolera con la empresa que explota una estación de servicio.

Resulta evidente que la empresa (en el caso empleadora) que se dedica a la explotación comercial de una estación de servicio que incluye la venta de productos alimenticios y otros servicios para el mantenimiento de automotores, no desarrolla la actividad específica propia del establecimiento de otra que, como actividad principal, se dedica al refinamiento y venta de hidrocarburos y subproductos del petróleo (en el caso Shell S.A.). De allí que no pueda extenderse la responsabilidad de la empresa empleadora a la petrolera con fundamento en el art. 30 L.C.T..



Sala II, S.D. 97.147 del 21/09/2009 Expte. N° 23.175/06 “Enrico Jorge Javier c/Materolo SRL y otro s/despido”. (P.-G.).
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares. Reparación y lavado de cámaras de gas. Ausencia de solidaridad de Metrogas S.A..

La actividad consistente en la reparación y mantenimiento de obras civiles, en modo alguno puede considerarse como normal y específica en los términos de lo normado en el art. 30 L.C.T. respecto de la empresa dedicada a la distribución de gas, toda vez que si bien es cierto que Metrogas S.A. necesita de la realización de obras de construcción para el mantenimiento de las cámaras reguladoras de suministro de gas natural a efectos de satisfacer sus necesidades empresariales, no lo es menos que dichas obras son claramente inherentes a la actividad de la construcción y distintas del servicio de provisión de gas domiciliario puesto que concretamente no se vinculan con la infraestructura propia de los conductos y cañerías por los que circula el fluido.



Sala II, S.D. 97.115 del 16/09/2009 Expte. N° 20.415/2007 “Romero Fernando jorge c/Tecnodock SRL y otro s/despido”. (G.-P.).
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares. Servicio de remiseria ofrecido por Casino Buenos Aires S.A..

La actividad principal de la empresa Casino Buenos Aires S.A. es el entretenimiento mediante juegos de azar que allí se ofrecen al público, surgiendo de escritos constitutivos de dicha empresa la decisión de integrar a la explotación un servicio de traslado de concurrentes, desde y hacia el casino, mediante remises y que, para cumplir con tal objetivo contrató con la empresa Traylon S.A.. Esto así, cabe concluir que el servicio de remises integró la explotación habilitada a nombre de Casino Buenos Aires S.A., actividad que centralizó en su propio predio, y el hecho de que hubiera cedido este servicio que integraba su propia explotación constituye una cesión parcial en los términos contenidos en la primera parte del art. 30 L.C.T. y la hace solidariamente responsable por las obligaciones del cesionario, en el caso, la empresa Traylon S.A..



Sala VI, S.D. 61.598 del 30/09/2009 Expte. N° 10.640/06 “Midolo Sebastián c/Traylon SA y otro s/despido”. (FM.-Font.-Rodríguez Brunengo).
D.T. 27 18 c) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Gastronómicos. Explotación del servicio de gastronomía en un club de campo.

La sociedad propietaria de un club de campo (cuyo objeto, entre otros, es la administración de sus espacios comunes) resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T. junto con la codemandada cuya actividad específica consiste en la explotación comercial del restaurante del club house y la confitería del club de tenis. La actividad gastronómica debe entenderse comprendida dentro de la administración de espacios comunes, así como del fomento y dirección de las actividades deportivas, sociales y culturales.



Sala II, S.D. 97.106 del 11/09/2009 Expte. N° 4.754/07 “Vázquez Marcos Gastón c/Rasger Ariel Favio y otro s/despido”. (P.-G.).
D.T. 27 18 c) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Gastronómicos. Servicio de venta de comidas en un aeropuerto.

Aeropuertos Argentina 2000 resulta responsable solidariamente en los términos del art. 30 L.C.T. junto con la empresa coaccionada que explotaba en el aeropuerto el servicio de venta de comidas. Ello así, toda vez que Aeropuertos Argentina 2000 cedió parte de su establecimiento respecto del cual otorgó la concesión para que se desarrollara la actividad gastronómica. Es decir, que el caso queda subsumido en el segundo párrafo del art. 30 L.C.T., por lo cual resulta irrelevante analizar si la actividad de la empresa prestadora del servicio de gastronomía integra la actividad normal y específica y propia de Aeropuerto Aerolíneas 2000.



Sala II, S.D. 97.157 del 22/09/2009 Expte. N° 13.245/07 “Martínez, Andrea Verónica c/Aeropuertos Argentina 2000 SA y otros s/despido”. (G.-P.).


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