Plan de accesibilidad “acceplan” 2003 – 2010


Parte II: LA PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD EN ESPAÑA



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Parte II:

LA PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD EN ESPAÑA
Introducción
Para diseñar y poner en marcha el Plan de Accesibilidad ACCEPLAN es preciso, no sólo disponer de un buen diagnóstico de los problemas a resolver, sino también de un buen conocimiento de los instrumentos existentes y de las administraciones públicas que intervienen para la solución de tales problemas.
La ejecución del Plan se apoya sobre una estructura institucional definida por la normativa vigente y de cuya configuración y funcionamiento dependen buena parte de las claves para la solución de los problemas. Para activar esas claves es necesario, por tanto, conocer y comprender bien esa estructura; con mayor razón si lo que se pretende en determinados casos es proponer su cambio y actualización.
De acuerdo a esa idea, esta Parte II analiza la estructura en los diferentes niveles administrativos, sobre las que se asienta el trabajo de mejora de accesibilidad en España en el momento actual.
La accesibilidad se regula de una manera sectorial y afecta a diferentes áreas, (Urbanismo, Edificación, Transportes y Comunicación) por lo que el capítulo, comienza por describir brevemente el reparto de competencias existente en estas materias como consecuencia del desarrollo del modelo de Estado que establece la Constitución de 1978. Se incluye también un breve análisis del estado actual de la normativa vigente de ámbito estatal, así como las tendencias más recientes de evolución a nivel internacional y comunitario, basadas en el principio de igualdad de oportunidades. Y continúa analizando la estructura, instrumentos y organización de que se han dotado las distintas administraciones para realizar la provisión y fomento de la accesibilidad en los distintos sectores.
Capítulo 3: La delimitación de competencias administrativas en materia de accesibilidad
Los artículos 148 y 149 de la Constitución Española constituyen la base para delimitar las competencias de dos de los niveles administrativos. (autonómico y estatal).
A partir de esos preceptos se desarrollan las leyes que se complementarán con cada uno de los estatutos de autonomía, estableciendo diferencias de asunción de competencias entre una CCAA y otra.
De todo ello, se deduce que la accesibilidad como tal, es competencia exclusiva14 de las comunidades autónomas, aunque esta asunción de competencias en la materia, viene configurada de diferentes maneras en las respectivas leyes de accesibilidad15.
Por otra parte, en la legislación, se concibe la accesibilidad como un aspecto sectorial sin vinculación alguna con el resto de la normativa relacionada con la materia. (Urbanismo, Transporte, Comunicación y Edificación). Dado que en estos aspectos, no todas las comunidades autónomas han desarrollado sus competencias de la misma forma, se aplicará, con carácter supletorio, la legislación estatal. Por otro lado, algunas materias (como puede ser el urbanismo) son destacadas competencias de la Administración Local.
Por estas razones, hemos considerado necesario delimitar la asunción de competencias en las materias mencionadas, por parte de cada uno de los niveles administrativos.
3.1. Edificación
Las competencias de la Administración Estatal son:


  • Todas las relacionadas con la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a la propiedad.

  • Todas las relacionadas con los procedimientos administrativos y las responsabilidades de las administraciones públicas.

  • Promoción de la vivienda (Plan de vivienda estatal)

Las competencias de la Administración de las Comunidades Autónomas:




  • Ordenación del territorio urbanismo y vivienda, por lo que se centrará en la planificación y ordenación regional.

  • Promoción de la vivienda (Plan de vivienda autonómico)

En cuanto a la Administración Local, en virtud del principio de autonomía del que gozan las administraciones locales, los municipios tienen capacidad para desarrollar reglamentos y planes urbanísticos, dentro de los cuales se gestiona la promoción de la vivienda.



3.2. Urbanismo
Competencias de la Administración Estatal:


  • Regulación de condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de la propiedad.

  • Responsabilidad de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo común.

Competencias de la Administración de las Comunidades Autónomas:




  • Competencia plena de ordenación del territorio y urbanismo.

  • Planificación y aprobación del planeamiento además de la gestión y disciplina urbanística regional

  • Desarrollo de la legislación urbanística básica y ordenación territorial regional.

Competencias de la Administración Local:




  • Ordenación del territorio municipal

  • Gestión del planeamiento

  • Ejecución y disciplina urbanística

  • Política de suelo



3.3. Transporte
La Ley 16/1987 De la Ordenación de Transportes Terrestres, establecen unas obligaciones sobre transporte en general, que la Administración Estatal debe cumplir:


  • La de promover la satisfacción de las necesidades del transporte de todos los ciudadanos con atención especial a las personas con capacidad reducida.

  • La de promover la coordinación entre las diferentes administraciones y la de promover la coordinación entre los diferentes medios de transporte.

  • La de procurar la adecuada dotación de las infraestructuras precisas.

En cada sistema de transporte las competencias están repartidas de diferentes formas, tal como se indica a continuación.


3.3.1. Transporte terrestre
Competencias de la Administración Estatal: Según la LO 5/87, la mayoría de facultades referentes a los transportes por carretera y por cable se delega a las CCAA16.
Competencias de la Administración de las Comunidades Autónomas: Se deduce que cuando un tramo o recorrido transcurre íntegramente dentro de una CCAA, todo lo referente al mismo será competencia exclusiva de la misma: servicios de transporte interior y transportes públicos discrecionales, así como en las actividades auxiliares y complementarias17.
Competencias de la Administración Local. Le corresponde la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas y la gestión y la ordenación de servicios que se desarrollen íntegramente en su término municipal. Además, tiene la obligación de coordinarse con otros ayuntamientos cuando los intereses trasciendan a los municipales.
3.3.2. Transporte aéreo
A diferencia del caso del transporte terrestre, en esta materia concreta no se ha establecido un sistema de delegación de competencias por parte del Estado a favor de las administraciones autonómicas. Por esta razón, lo único que se presenta como competencia exclusiva de las administraciones autonómicas (interpretar en base al principio dispositivo) es lo referente a aeropuertos deportivos y no destinados a fines comerciales18.
En cuanto a la Administración Local, no desarrolla potestad alguna en este ámbito, pero, podrán construir o participar en la construcción de los aeropuertos públicos y pueden conservar la propiedad de los mismos aeropuertos y participar en la explotación de sus resultados.


3.3.3. Transporte marítimo
A diferencia de los casos anteriores, la división de competencias referida a los puertos y sus instalaciones, la definen las propias características de estos. Es decir; los que se consideran “de interés general”, serán competencia exclusiva del Estado mientras que los demás serán competencia de la correspondiente Comunidad Autónoma.
Además de la exclusividad de las competencias sobre estos puertos, el Estado se reserva para sí las siguientes competencias19:


  • Dictar normas básicas

  • Obras y actuaciones de interés general o que afecten a más de una CCAA.

  • Creación, regeneración y recuperación de playas

  • Emitir informe con carácter preceptivo y vinculante en los siguientes supuestos (entre otros):




    1. Planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o revisión

    2. Proyectos de construcción de nuevos puertos y vías de transporte de competencia de las CCAA, y/o ampliación de los existentes y/o su zona de servicio.


3.4. Comunicación e información
El ámbito de comunicación e información es muy diferente a los ámbitos vistos con anterioridad, por varias razones: abarca un campo muy amplio y poco definido; en casi todo su campo se desarrolla un mecanismo regulador que surge del mismo mercado, y el sector está en proceso de adecuación de normas a la legislación europea.
Diferenciamos el campo de la comunicación, en el que entraría todo lo relacionado con el cine, la televisión, la radio, video y DVD. Y por el de la información, en el que entraría todo lo relacionado con los ordenadores e Internet.
En cuanto al campo de la comunicación, según la Constitución Española, tanto la radio como la televisión son servicios de titularidad pública, y la competencia para establecer normas reguladoras del sector de telecomunicaciones corresponde al Estado. Aún así, también se prevé la concesión a las Comunidades autónomas de la gestión directa de un tercer canal.
De todas formas, cabe hacer una distinción entre el ente público RTVE y los entes privados; la gestión de los servicios del ente público se realizará a través de la adscripción de los servicios comunes que reglamentariamente se establezcan mediante sociedades estatales, mientras que los privados se gestionarán de forma diferente y a partir de lo que dicte el mercado.
En referencia al campo de la información, es decir, la red, el Estado solo tendrá potestad para dictar normas básicas y gestionar y control los contenidos en cuanto a los servicios ofertados por la misma administración.

Capítulo 4: El sistema normativo para la promoción de la accesibilidad.
Uno de los aspectos más destacados de la jurisprudencia de este último siglo, ha sido el reconocimiento de la normativa y los ordenamientos jurídicos como herramienta para el cambio social. Aunque no es el único, es uno de los más destacados vehículos para producir el cambio y el progreso en la sociedad.
En la actualidad, nos encontramos con ordenamientos jurídicos situados a diferentes niveles que se complementan para producir ese cambio. Es decir; los principios establecidos en el ordenamiento jurídico internacional o/y las directivas comunitarias requieren para su ejecución la infraestructura de los ordenamientos jurídicos nacionales. Por ello, los Estados deben comprender que los tres niveles constituyen un todo inseparable para la realización de objetivos comunes.
Esto supone que mientras desde la legislación internacional y la de la Unión Europea se establecen unos objetivos, compete al derecho nacional definir con que medios y de que forma debe realizarse dicho objetivo. Es decir; los tratados y disposiciones jurídicas internacionales y comunitarias, no solo deben ser respetados/as por los Estados, sino que estos, deben ejecutarlas y darles vida a través del ordenamiento jurídico nacional.

4.1. El sistema normativo para la promoción de la accesibilidad en España
La Constitución Española, a través de los mandatos establecidos en los artículos 9.2, 14 y 49, insta a los poderes públicos; a fomentar la igualdad y el desarrollo individual de la persona, a impulsar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, religiosa, cultural y social, a eliminar los obstáculos que dificulten su plenitud y a facilitar la accesibilidad a todos los ciudadanos mediante políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad.
A propósito de estos mandatos, se promulgó en 1982 la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). Ésta, significó una primera definición del amparo especial que la Constitución Española reconoce a las personas con discapacidad, se configuró como una ley marco, y como tal, estableció las pautas de actuación en materia de discapacidad. Con este objetivo, se desarrollan entre su articulado unos preceptos sobre accesibilidad dotados de un contenido muy amplio. Además, señaló que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, aprobarían las normas urbanísticas y arquitectónicas conteniendo las condiciones a que deben ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios a que serán aplicables y el procedimiento de autorización, control y sanción, con el fin de que resulten accesibles.
Las Comunidades Autónomas20, según las materias que les han sido transferidas en virtud del artículo 148 de la Constitución Española y lo establecido en sus respectivos estatutos de autonomía, han ido cumpliendo la obligación anteriormente mencionada mediante la aprobación de cada una de sus leyes sobre accesibilidad y Supresión de Barreras y sus respectivos reglamentos de desarrollo.
Todas las leyes autonómicas de accesibilidad, contienen la misma estructura básica común dividida en los siguientes epígrafes:


  • Epígrafes sectoriales:

    • Urbanismo

    • Edificación

    • Transporte

    • Comunicación sensorial

  • Otros epígrafes:

    • Consejo para la promoción de la accesibilidad.

    • Fondo para la supresión de barreras

Estas leyes autonómicas, también definen con mayor o menor amplitud los conceptos de persona con discapacidad, accesibilidad y barreras21. Y la mayoría, califican los espacios, instalaciones, edificaciones y servicios, según su nivel de accesibilidad, en adaptados y practicables, mientras que algunas, además añaden el término convertibles. Regulan medidas de control y seguimiento de lo establecido en las leyes para que la accesibilidad sea efectiva y también establecen un régimen sancionador imponiendo sanciones y multas que varían de una Comunidad Autónoma a otra.



En lo que se refiere a la accesibilidad y en comparación con otros países, el hecho de que en España, cada comunidad autónoma haya desarrollado su propia ley de accesibilidad, supone un gran avance legislativo. En este sentido, podemos afirmar que el marco normativo del que disponemos es amplio y detallado además de sancionador. Aún así, el incumplimiento de la normativa es una constante, lo que parcialmente es achacable a que se trata de un sistema que adolece de determinados problemas de aplicabilidad, como se explica a continuación.
En general, la normativa sobre accesibilidad resulta deficitaria, puesto que comprende instrumentos suficientes y adecuados, pero no recoge un desarrollo minucioso22 de los mismos, y su regulación resulta escasa. Las leyes establecen unos sistemas de control mediante la definición de una serie de medidas administrativas para que se cumplan los requisitos de accesibilidad en los diferentes proyectos, pero estas medidas no son lo suficientemente precisas para un control ejecutivo respecto a estos procesos. Y los regímenes sancionadores adolecen de una falta de regulación además de vulnerar los principios de legalidad y tipicidad.
También existe inconcreción a la hora de definir las administraciones competentes para crear o implementar los instrumentos destinados a la accesibilidad, lo que deriva en conflictos competenciales (ya sean positivos o negativos) entre las administraciones públicas.
Por otro lado, la regulación de la accesibilidad sigue concibiéndose de una manera independiente, lo que resulta en una falta de coordinación con otros instrumentos (urbanísticos, arquitectónicos...).
En general, se ha avanzado mucho en el campo legislativo sobre accesibilidad a lo largo de las dos últimas décadas, pero aún así, el marco normativo está inconcluso. La imprecisión del texto legal, y la falta de regulación clara y exhaustiva en prácticamente todos sus epígrafes es característica común a todas las leyes autonómicas de accesibilidad.
Cabe señalar que aún así, existen razones de no aplicación de la normativa que escapan a su propio ámbito, como puede ser el desconocimiento de la misma por parte de los profesionales. Por esta razón, podría carecer de sentido abogar por una modificación y reforma legal, sin exigirse previamente un mayor esfuerzo cara a su aplicación.

4.2. Nuevos criterios y tendencias en normativa de accesibilidad y discapacidad
Tanto la legislación internacional como la comunitaria se componen de instrumentos vinculantes y no vinculantes para los estados. Los vinculantes, (tales como los tratados o las directivas) crean obligaciones legales que los estados deben cumplir, mientras que los no vinculantes (resoluciones, comunicaciones...) representan principios morales y políticos que sirven de base para formular políticas a nivel estatal. Por ello, consideramos necesario hacer un repaso de los nuevos conceptos y principios establecidos en estos dos niveles, referentes a la discapacidad y la accesibilidad, cara a su posterior aplicación en España.
4.2.1. Contexto Internacional
La mayoría de la legislación y las políticas sobre discapacidad desarrolladas en el pasado se han basado en la asunción de que las personas discapacitadas no pueden desarrollar el ejercicio de los mismos derechos que las personas no discapacitadas, por el mero hecho de serlo. Por esta razón, las políticas sobre discapacidad han sido conducidas en términos de rehabilitación y servicios sociales y su atención se ha centrado en la prestación de servicios más que en la función activa de estas personas en la sociedad.
Los derechos de las personas discapacitadas requieren de un tratamiento más amplio y diferente al establecido en el contexto de la rehabilitación y los servicios sociales y deben incluir todos los Derechos Humanos. Por ello, se designó 1981 como el “Año Internacional de las personas con Minusvalía”, año que inauguró la “Década de las Personas con Minusvalía”. El resultado más importante del Año Internacional fue el “Programa Mundial de Acción sobre Personas con Minusvalía”, adoptado por la Asamblea General en 1982 ya que destacó el derecho de las personas con minusvalías a las mismas oportunidades que los demás ciudadanos.

En Diciembre de 1993 por una Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobaron las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad23, elaboradas sobre la base de la experiencia adquirida a lo largo de la Década de las personas con minusvalía.


Aunque las Normas no son obligatorias en el sentido estrictamente jurídico del término, suponen un firme compromiso moral y político por parte de los estados para la adopción de medidas, al tiempo que invitan a los estados a cooperar en el desarrollo de políticas a favor de la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas.
La finalidad de estas normas es garantizar que personas con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás. Por lo que se promulgan con la intención de reconducir la discriminación existente y promover la igualdad de oportunidades para participar activamente en la vida social.
En las Normas, se resalta la importancia global de las posibilidades de acceso tanto al entorno físico como a la información y comunicación, para conseguir la realización de la igualdad de las oportunidades24.
4.2.2. El contexto de la Unión Europea
El nuevo marco político en materia de discapacidad de la Unión Europea, se define en 1996 a partir de la “Comunicación de la Comisión sobre Igualdad de Oportunidades de las personas con Minusvalía25, mediante la cual se adoptaron los principios establecidos en las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad”. A partir de esta fecha, se establece que el principio de igualdad de oportunidades26 de todos los ciudadanos representa un valor inalienable y común a todos los estados, y se considera como el punto de referencia obligado al cual deben remitirse las estructuras económicas y sociales, además de ser el fundamento del planteamiento basado en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
El principio de igualdad efectiva de derechos, supone que las necesidades de todas y cada una de las personas son de igual importancia, que el respeto a la diversidad humana debe inspirar la construcción de las sociedades y que deben emplearse todos los recursos disponibles para garantizar que todos los ciudadanos disponen de oportunidades iguales a la hora de participar en la vida social27.
La mayoría de los programas de apoyo puestos en marcha a lo largo de los años por los estados miembros, se han orientado fundamentalmente hacia el mantenimiento de la persona y no hacia su cualificación para participar en la vida social. Por esta razón y de forma gradual, los planteamientos tradicionales están siendo sustituidos por otros que se están orientando hacia la igualdad efectiva de derechos y no simplemente hacia la adopción de medidas destinadas a superar las limitaciones funcionales.
La inclusión en el Tratado de Ámsterdam, de un artículo general de lucha contra la discriminación28, supone un paso adelante decisivo a favor de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad a escala comunitaria. A partir de su promulgación, la Comisión Europea adoptó un paquete integrado de medidas contra la discriminación. Desde la perspectiva de la discapacidad, el elemento más relevante consiste en una directiva en el ámbito del empleo y la ocupación, por la que se prohíbe la discriminación por cualquiera de los motivos que figuran en el artículo 13, y un programa de acción que incluye una amplia gama de medidas complementarias en este sentido. Con el objetivo de completar las medidas mencionadas, la Comisión Europea dispuso en Diciembre del 2000 una comunicación titulada “Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad” que apunta a la revisión de algunas políticas fundamentales de la UE, en la medida que ello pueda contribuir a mejorar las condiciones de acceso de las personas con discapacidad.
La estrategia que sigue la UE en materia de discapacidad , parte de la premisa de que las barreras presentes en el entorno obstaculizan la participación social en mayor medida que las limitaciones funcionales. La adopción de disposiciones legislativas tendentes a la eliminación de dichas barreras, la puesta a disposición de instalaciones adaptadas y el denominado “Diseño para Todos” constituyen factores indispensables para alcanzar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. La movilidad, es un elemento esencial para poder tomar parte en el mundo económico y social. Su ausencia condiciona, en detrimento de todos, el derecho a participar de las personas con discapacidad.
Se destaca igualmente, que los avances en materia de movilidad se realicen en todos los frentes, y se subraya igualmente que los logros en materia de acceso para las personas con discapacidad inciden positivamente en otros ámbitos tales como la calidad de vida profesional, la protección de los consumidores y la competitividad de la industria europea. En esta lógica, se procuran ensamblar las políticas intersectoriales pertinentes y se estudia la forma de alcanzar una mayor coordinación.

Cabe destacar, que la responsabilidad para actuar en este ámbito y tratar de alcanzar el objetivo de igualdad de oportunidades incumbe en primer lugar a los estados miembros y las políticas destinadas a tal efecto tendrán su propio marco social y cultural en cada uno de ellos, la forma de responder al principio de igualdad de oportunidades varía según el contexto nacional, regional o local.



4.3. Otros modelos de referencia
Aunque el sistema jurídico anglosajón (Common Law) se estructura de manera totalmente diferente al sistema jurídico de los países europeos continentales29 y sus leyes se implementan de forma totalmente diferente, en lo que se refiere a la normativa sobre la accesibilidad y la discapacidad, estos países han desarrollado desde los años 80 una política destinada a hacer efectivos todos los derechos y libertades fundamentales de las personas discapacitadas mediante el desarrollo de leyes sobre derechos civiles. Por esta razón, merece la pena detenerse y hacer un breve repaso sobre los conceptos utilizados en el desarrollo de esta regulación.
El Americans with Disabilities Act (ADA) de los Estados Unidos, se concibe como un instrumento de inclusión y garantía de los derechos civiles. En la legislación canadiense, nos encontramos con dos tipos de legislación que se complementan para dar respuesta al principio de inclusión; por un lado están los “códigos de construcción”30 (building codes) y por otro lado está la legislación sobre Derechos Humanos. Y finalmente en el Reino Unido está por un lado la “regulación de construcción” (Building Regulations) en la que se incluye un apartado sobre “acceso y facilidades para personas discapacitadas” (Access and Facilities for Disabled people) y por el otro está el Disability Discrimination Act (DDA), una ley sobre derechos civiles en la que se utiliza el concepto de “adaptación razonable” en lugar de establecer criterios definitivos.
El enfoque utilizado en el desarrollo de estas leyes, es similar al establecido a nivel internacional por las Normas Uniformes ya que también se toman como referencia tanto la “Década Internacional de las Personas con Minusvalías” como el “Programa de Acción Mundial para las personas con Minusvalías”. En consecuencia, se basan en la prohibición de la discriminación en diferentes ámbitos. La diferencia está en que en este caso, el mismo sistema proporciona un sistema de denuncias basadas en situaciones de discriminación.
En la actualidad, en estos países se está desarrollando un debate en torno a la redacción de los códigos de construcción y su enfoque. Por un lado están los que abogan por una redacción basada en criterios prescriptivos31 y por el otro están los que abogan por una redacción basada en criterios de funcionalidad32.
En este debate se establece que es mucho más fácil redactar preceptos basados en criterios de funcionalidad pero mucho más difícil evaluar y promover criterios de estas características. Mientras que las redacciones basadas en las criterios prescriptivos son mucho más fáciles de seguir y promover pero mucho más complicadas de redactar y desarrollar. Este enfoque, tiene la ventaja de que incluye requisitos exactos que deben de cumplirse de cualquiera de las formas, pero en contraposición, se pierde el elemento de creatividad a la hora de buscar nuevas soluciones.
Tanto el código de construcción estadounidense como el canadiense se han redactado hasta el momento con un enfoque basado en criterios prescriptivos. Por otro lado, en Canadá, está previsto cambiar el enfoque del código de construcción (NBCC) y redactarlo en base a criterios de funcionalidad. Se considera que esta clase de redacciones brindan la oportunidad a los diseñadores y constructores de utilizar su imaginación y las nuevas tecnologías para desarrollar soluciones con mayor libertad.

Cabe señalar, que desarrollar códigos de construcción en base a criterios de funcionalidad, ofrece un abanico mayor de posibilidades de solución pero a su vez, requiere una detallada definición del problema. También implica un mayor conocimiento de la accesibilidad y las funciones humanas por parte de los profesionales de la construcción, lo que en el caso de que exista una falta de control del cumplimiento de los criterios establecidos, puede resultar en la no inserción de los criterios de accesibilidad en los proyectos de construcción.


4.4. Conclusiones
El marco político en materia de discapacidad a escala internacional, se ha consagrado a partir de la promulgación de las Normas Uniformes. Se ha producido un cambio en las políticas de accesibilidad y se ha pasado de considerar a una persona “discapacitada” a considerar un entorno “discapacitante”. A partir de aquí, tanto a nivel internacional como comunitario se desarrolla una serie de políticas basadas en la equiparación de oportunidades, entendida como tal el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad -tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios- las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social incluidas las instalaciones deportivas y de recreo se hacen accesibles para todos.
El objetivo de estas nuevas políticas establecidas a nivel internacional y comunitario es reorientar las políticas de los estados hacia un planteamiento basado en el reconocimiento del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas.
Para conseguir dicho objetivo, a nivel de la Unión Europea se promulgó en el año 2000 una directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Esta, se complementa con una serie de medidas en forma de comunicaciones y resoluciones, está basada en la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un empleo y en la no discriminación y desarrolla conceptos como la discriminación directa, discriminación indirecta... En ella, se les exige unos mínimos a cumplir a los estados y se establece que cualquier ley, reglamento o disposición administrativa contraria al principio de igualdad de trato, tiene que ser abolida.
En este sentido, debe recalcarse que aunque el ámbito de competencia comunitario ofrece valiosos medios y aporta un valor añadido, los principales responsables de lograr los objetivos establecidos son los estados. Por lo tanto, son los propios estados los responsables de diseñar políticas que se destinen a la equiparación de oportunidades de las personas discapacitadas y a producir cambios en cuanto a accesibilidad de los que nos beneficiamos toda la ciudadanía.
En España, las autoridades competentes para la elaboración de legislación en esta materia son las comunidades autónomas. En la mayoría de ellas, se ha optado por la elaboración de leyes que contienen principios generales, objetivos y definiciones, relegando a rango reglamentario disposiciones en forma de normas técnicas que determinen como debe entenderse la accesibilidad de los diferentes espacios.
Teniendo en cuenta que la legislación en sí y los ordenamientos jurídicos son una herramienta para lograr un cambio social, consideramos que en España, disponemos de un marco normativo amplio y detallado pero recalcamos la necesidad de desarrollar esa normativa y los instrumentos que en la misma se definen para dotarlos de eficacia y aplicabilidad. De la misma manera que no descartamos la posibilidad de una reforma legal mediante la cual se incluyan los nuevos conceptos y principios establecidos a nivel internacional y comunitario.
Capítulo 5: El sistema administrativo y financiero para la promoción de la accesibilidad
5.1. La promoción desde la Administración Estatal
El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) es la Entidad Gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la que compete la gestión de las pensiones de invalidez y jubilación en su modalidad no contributiva, así como de los servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social para personas mayores y personas con discapacidad, el seguimiento y desarrollo del Plan Gerontológico y del Plan de Acción para Personas con Discapacidad, y la asistencia técnica a los programas de cooperación internacional en el ámbito de mayores y discapacitados. Asimismo, al IMSERSO le compete la asistencia a las migraciones interiores, la promoción e integración social de los migrantes, la asistencia a los solicitantes de asilo y la promoción e integración social de los refugiados y desplazados.
Hasta 1997 la estructura del IMSERSO estaba enfocada para un ámbito territorial de gestión a nivel estatal. Este modelo fue modificado por el proceso de transferencias a las Comunidades autónomas, que prácticamente vino a culminarse a principios de 1998.

5.1.1 Funciones generales del IMSERSO
Las actuaciones que desarrolla el IMSERSO se estructuran entorno a los siguientes procesos escalonados de acción:


  • Políticas estratégicas.

  • Estrategias.

  • Programas.

Las políticas estratégicas, tienen el carácter de decisiones programáticas, mientras que los otros dos niveles del proceso son los instrumentos básicos para la consecución de aquellas.


Las políticas estratégicas se materializan en dos direcciones fundamentales:


  • Elaborar, desarrollar y gestionar los Servicios Sociales de competencia del Estado (R.D. 140/1997, de 31 de enero).

  • Armonizar, impulsar y vertebrar las políticas de servicios sociales en orden a mejorar el equilibrio interterritorial de los recursos.

Las estrategias en las que se integran los programas son mecanismos conducentes a poner en marcha las medidas operativas que correspondan para conseguir los objetivos marcados.


Los Programas son los imperativos o mandatos de gestión y ejecución derivados de las estrategias. Definen los contenidos programáticos de la acción a desarrollar en los próximos años por los distintos Departamentos del IMSERSO.
5.1.2. La actuación del IMSERSO en el ámbito de la accesibilidad.
La actuación del IMSERSO en el ámbito de la discapacidad ha venido definida en los últimos años por el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 1997-2002. El Plan de Acción constituye una respuesta de política integral a las necesidades del colectivo de personas con discapacidad. Intenta establecer los grandes ámbitos de esta política articulando las actuaciones en programas y planes sectoriales.
A su vez, el Plan está concebido como un marco para la cooperación entre las distintas Administraciones y entre la iniciativa pública y las iniciativas no gubernamentales a fin de desarrollar una política integral y coherente para el colectivo de personas con discapacidad. En el propio plan se contemplan los principales mecanismos de cooperación:


  • Cooperación interministerial.

  • Cooperación con Comunidades autónomas para la cofinanciación y desarrollo conjunto de proyectos de intervención social.

  • Cooperación con ONG de personas con Discapacidad, a través del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad.

Este Plan se lleva a cabo a partir de los diferentes programas sectoriales que establece el IMSERSO. El programa dirigido a ofrecer soluciones normalizadoras e integradoras para la vida de los colectivos de personas discapacitadas es el Programa de Prestaciones Técnicas, consolidado a partir de 1996.


Este Programa se diversifica en los siguientes ámbitos:
1. Accesibilidad arquitectónica y urbanística.

2. Accesibilidad en el transporte.

3. Accesibilidad en la comunicación.
El Programa de Prestaciones Técnicas se lleva a cabo mediante la acción concertada con las comunidades autónomas, es decir con el desarrollo de políticas definidas mediante Convenios de colaboración con las comunidades autónomas. Asimismo también se conciertan actuaciones y se realizan convenios con entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad.
Los convenios realizados por el IMSERSO durante el ejercicio 2001-2002 se describen a continuación:



1- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO) y la Fundación ONCE para desarrollar un programa de Accesibilidad global (Arquitectónica, urbanística, en la comunicación sensorial y en el transporte por autotaxi) y para desarrollar actuaciones conjuntas relacionadas con la sociedad de la información y las nuevas tecnologías.


El objetivo de este acuerdo es conseguir la accesibilidad integral en todos los ámbitos y espacios necesarios para que las personas con minusvalías desarrollen todas sus facetas sociales y laborales.
El acuerdo se desarrolla en tres anualidades, 2001, 2002 y 2003, y las actuaciones a llevar a cabo se distribuirán en tres áreas: urbanística, arquitectónica y de la comunicación sensorial; en el transporte mediante el servicio de autotaxi accesibles y, por último, en la sociedad de la información, uso de nuevas tecnologías y, en general, cualquier otro ámbito susceptible de actuación para lograr una accesibilidad global. En este apartado se desarrollarán obras de accesibilidad en estos ámbitos.
Asimismo, y de forma complementaria se realizarán acciones dirigidas a la formación de profesionales, así como la realización de campañas de difusión y divulgación en materia de accesibilidad.
Para este convenio se ha obtenido financiación de los Fondos FEDER dentro del Programa Complementario al Programa Operativo “Lucha contra la Discriminación”, liderado por el IMSERSO.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha trasladado el presente Convenio a las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales para que si lo desean se adhieran a este acuerdo. Por este motivo, estas administraciones podrán presentar sus proyectos y colaborar en la financiación. De esta manera el Convenio realiza la función de Convenio Marco dando lugar a múltiples convenios singulares.






2- Convenio de colaboración entre el IMSERSO y la FEMP para la implantación de transportes públicos accesibles en las líneas regulares de autobuses urbanos.
El objetivo del convenio es generalizar la implantación del transporte urbano accesible facilitando a las Entidades Locales una línea de subvención, al objeto de promover la adquisición de autobuses urbanos de piso bajo.
3- Convenio de colaboración entre el IMSERSO y las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña para el desarrollo de un programa de Accesibilidad en las líneas regulares de autobuses interurbanos.
El presente convenio tiene por objeto desarrollar un proyecto dirigido a ofrecer soluciones accesibles en el transporte público interurbano de las respectivas comunidades autónomas.
El IMSERSO contribuye al programa con 1/3 de la aportación total y la comunidad autónoma con los 2/3 restantes. Las cantidades aportadas por las instituciones colaboradoras se destinan a financiar la adquisición de vehículos accesibles, en los términos que se indiquen en las convocatorias de ayudas que se publiquen. Los autobuses que se adquieren deben reunir las características apropiadas a la finalidad del proyecto, de acuerdo con la normativa vigente.
Las comunidades autónomas se comprometen a llevar a cabo la oportuna convocatoria de ayudas entre las empresas concesionarias de transportes regulares a la que podrán acceder las empresas interesadas en sustituir su flota actual de transporte por vehículos plenamente accesibles en los términos establecidos en el convenio de colaboración.
4- Convenio marco entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Federación Española de Municipios y Provincias para la implantación de un servicio de teleasistencia domiciliaria
Este convenio tiene los siguientes objetivos: promover una mejor calidad de la gestión y administración del servicio de Teleasistencia; desarrollar y consolidar la extensión de un servicio de Teleasistencia Domiciliaria de ámbito nacional; promover la homogeneización de las normativas municipales que regulan el servicio de Teleasistencia, con el objeto último de mejorar la calidad del servicio que se presta, y finalmente promover la aplicación de un sistema de evaluación de la calidad del servicio.

5- Convenio de colaboración con telefónica de gestión del centro de intermediación de teléfonos de sordos
El IMSERSO gestiona las llamadas que salen del Centro y los gastos de funcionamiento, mientras que Telefónica ofrece bonificación tarifaria ( precio igual a la tarifa local) a las personas que llaman al Centro.
6- Convenio IMSERSO y la Compañía Nacional de Sordos de España (CNSE) para llevar a cabo el servicio de lengua de signos.
El IMSERSO costea las prestaciones del servicio de lenguaje de Sordos en las relaciones con la Administración.


PROGRAMA DE PRESTACIONES TÉCNICAS DEL IMSERSO: CONVENIOS VIGENTES A 2002

POLÍTICAS IMSERSO

INSTRUMENTO

OBJETIVO

Arquitectura y Urbanismo


Convenio Marco ONCE

- Obras accesibilidad

- Planes accesibilidad


Transporte

Autotaxi


Convenio Marco ONCE

- Taxi accesible

Autobuses

Urbanos


Convenio FEMP autobuses interurbanos

- Autobuses piso bajo

Interurbanos


Convenio con CCAA

- Autobuses piso bajo

Comunicación


Convenio Marco ONCE

- Acceso discapacitados a la Sociedad de la Información

Convenio FEMP Teleasistencia

- Implantación de un servicio de Teleasistencia domiciliaria

Convenio Telefónica

- Gestión del Centro de Intermediación de teléfonos de sordos

Convenio CNSE

- Prestaciones del servicio de lenguaje de Sordos en las relaciones con la Administración



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