Pedido de Precios 004/08



Descargar 51.55 Kb.
Fecha de conversión27.10.2018
Tamaño51.55 Kb.








    1. PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TRIBUNAL DE CASACION PENAL



Causa N° 25701

“Bogado Luis Gabriel

S/ recurso de Casación”




En la ciudad de La Plata a los veintitrés días del mes de marzo dos mil once, siendo las ....... hs., se reúnen en acuerdo ordinario los Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Benjamín Ramón María Sal Llargués, Carlos Angel Natiello y Horacio Daniel Piombo, con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 25.701 de este Tribunal: “Bogado, Luis Gabriel s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden siguiente: SAL LLARGUES- PIOMBO – NATIELLO, procediendo los nombrados magistrados al estudio de los siguientes:
A N T E C E D E N T E S

Por sentencia de 28/8/2006 el Tribunal en lo Criminal nº 3 del Departamento Judicial Quilmes en causa de su registro Nº 2407, condenó al imputado del epígrafe a la pena de doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple.

Contra el fallo de referencia interpuso recurso de casación su Defensor Oficial, Dr. Roberto Campo.

Denuncia inobservancia de normas procesales en relación a:


1) la validez del allanamiento practicado pese a la actuación policial excediendo los límites de la orden judicial expedida, toda vez que obraría el supuesto consentimiento de su morador. Auxiliándose para ello en jurisprudencia de la CSJN, destacada doctrina y en los dichos de la testigo Vutoff, reclama la nulidad del procedimiento y la exclusión probatoria consecuente citando los arts. 219 del CPP y 18 de la CN.

2) la incorporación por lectura al debate de piezas insusceptibles de tal proceder como el testimonio de Edgardo Ariel Urdampilleta en la IPP apelando a las disposiciones del art. 366 inc. 2º del CPP. Desarrolla su crítica desde dos ángulos: por no haberse certificado fehacientemente que el testigo se encontrare ausente sin poder determinarse su paradero (inc. 4º del art. 366 CPP); y también porque la pieza no presentaría las mínimas exigencias formales para garantizar la fiabilidad de su contenido en virtud de que el testigo no sabría leer, escribir ni firmar y no se convocó a un testigo ajeno a la dependencia cuando las circunstancias de tiempo y lugar tornaban factible esa presencia. Enfatiza que éste, el único testigo de cargo, no pudo ser escuchado en la audiencia con lo que se ha menoscabado el derecho al control de la producción de la prueba, y por esa vía el derecho a defensa en juicio tanto material como técnica en abierta infracción a los arts. 18 de la CN, 8.2.f de la CADH y 14.3.e del PIDCyP -entre otros-. Solicita en este ítem la nulidad de la sentencia.

3) violación de las reglas de la sana crítica racional. Invoca la doctrina de la máxima capacidad de rendimiento recursivo. En ese orden de ideas cuestiona la acreditación del evento en el que perdió la vida Claudio Alejandro González por la ausencia de elemento probatorio alguno que sostenga la conclusión del Tribunal de grado. Igual reproche endilga a la acreditación de la autoría puesta en cabeza de su defendido, con especial referencia a la testimonial de Urdampilleta que se encontraba detenido cuando manifestó espontáneamente su voluntad de declarar en la dependencia policial acerca del hecho de la presente investigación y frente al mismo funcionario encargado de la misma. A mayor abundamiento, analiza el contenido de la declaración y resalta sus contradicciones internas y la nula explicitación de la razón de sus dichos. No le reconoce mayor solidez al resto del plexo utilizado: testimonios de oídas de los comentarios del barrio -originados presuntamente en personas que lo negaron durante el debate-, el haberse visto al imputado días antes y días después con un arma 9mm o el secuestro efectuado de los


cargadores, atento que no pudo identificarse siquiera el calibre del proyectil letal extraído en la operación de autopsia. Destaca que fue aprehendido poco tiempo después en las inmediaciones de su domicilio y que el intento de fuga -sobre el que no se brindaron detalles- nada aporta en el rubro. Por último embate sobre el uso de los datos aportados acerca de sus circunstancias personales por el imputado al prestar declaración, toda vez que se utilizó en su contra el apodo que éste dice tener para vincularlo con la declaración de Urdampilleta, y ello en violación de la prohibición constitucional de la autoncriminación forzada (art. 18 de la CN). En consecuencia solicita su desincriminación.

También denuncia errónea aplicación de los preceptos legales de los arts. 40 y 41 CP, en función de los arts. 210 y 373 del CPP. En el rubro resalta que el a quo se ha pronunciado por la negativa en la concurrencia de agravantes y ponderó la existencia de pautas atenuantes, lo que debió traducirse al momento de la individualización de la pena, muy alejada del mínimo legal de 10 años y 8 meses resultante de los arts. 79 y 41bis CP. Agrega que no se ha explicitado el derrotero racional que ha llevado a la selección de la sanción en concreto.

Finaliza su presentación formulando reserva del caso federal a tenor del art. 14 de la ley 48.

Concedido el recurso y radicado en esta Sala, la impugnación fue declarada formalmente admisible designándose fecha para la audiencia de informes. Las partes técnicas ante el Tribunal desistieron de la celebración de la diligencia y presentaron sendos memoriales.

El Sr. Defensor Adjunto, Dr. Hernández, mantuvo en un todo la impugnación original explayándose acerca de la nulidad del allanamiento de morada, la invalidez de la incorporación por lectura del testimonio de Urdampilleta, la invalidez del plexo probatorio valorado como muestra de la derogación del juicio público y contradictorio (citando el antecedente "Benitez" de la CSJN, entre otros precedentes), y la arbitraria administración de las reglas de la sana crítica.

El Sr. Fiscal, Dr. Altuve, se expidió contestando los agravios del casacionista y propiciando el rechazo de la impugnación en aval de la corrección lógica y jurídica de la sentencia en crisis.

A fs. 94 presenta escrito el imputado con el patrocinio de su defensor en esta instancia solicitando en subsidio de los agravios expresados, se case la aplicación


del art. 41 bis en función del art. 79 -ambos- del CP, apoyándose en cita de antecedentes de esta Sala.

Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, los magistrados de referencia en el inicio de esta relación resolvieron plantear y resolver las siguientes:

C U E S T I O N E S
1ra.) ¿Se acreditan las violaciones legales denunciadas?

2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?


A la primera cuestión planteada, el Señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:

No creo que quepa revisar el fallo que se cuestiona por virtud de la nulidad del allanamiento a que se refiere el recurrente.

El primer agravio –de raíz constitucional– no puede ser atendido puesto que, con los beneficios de la inmediación, los jueces interrogaron al que resultaba el dueño del lugar allanado respecto de supuestas irregularidades del procedimiento que aventarían la noción de consentimiento y recibieron del interesado una plena ratificación de la legalidad de los funcionarios intervinientes que sólo habrían actuado tras su afirmada determinación de colaborar en la actividad investigativa. Abogo por la obliteración del consentimiento del morador como causa que habilite el allanamiento sin orden judicial puesto que sabido es cómo ese consentimiento puede –en ocasiones- ser más que inducido, tornándose así en un recurso de violación constitucional lisa y llana, excepcionando sólo las razones de ostensible urgencia que recogen todas las legislaciones rituales, tal como lo ha hecho la ley procesal del Chubut.

Lo cierto es que en esta causa las partes han interrogado al interesado y éste ha sostenido la legalidad del procedimiento.

En cambio, advierto que la prueba de la autoría del hecho no está consolidada de modo que resista esta revisión.

Tal como viene afirmado en el fallo, el centro de la imputación es la declaración de una persona que fuera tomada en el ámbito policial y que se reproduce aquí a fs. 3. De esa copia resulta que un sujeto que se encontraba a disposición de la autoridad policial, analfabeto que no lee ni escribe, habría afirmado ante dos funcionarios policiales haber escuchado de boca del hermano del imputado que éste habría dado muerte a una persona que momentos


antes había comprado droga a la esposa del hablante. No hay testigo ajeno al personal policial pese a que se tomó esa declaración a las 20.00 hs. en la Comisaría Primera de Quilmes, situada en el centro de esa Ciudad.

Como puede advertirse, el nudo gordiano del testimonio se trata de los dichos de alguien que refiere lo que dijo otro (habla por boca de ganso) que habría afirmado que quien identificara como su hermano habría matado al interfecto.

Remito a la pieza de fs. 3 de este legajo por su completa lejanía con la certeza que acerca este aporte que –para colmo– no pudo comparecer al juicio por haber desaparecido hasta para sus padres que –convocados al debate– tampoco concurrieron.

El aporte de Urdampilleta es despreciable por donde se lo mire.

Luego, el “a quo” valora que esa persona a quien este habría escuchado decir lo referido, se dejó ver con el imputado en proximidades del lugar del hecho.

Valora también que el imputado habría tenido en su poder, días antes del hecho, una pistola calibre 9 mm. De ese calibre era el casquillo encontrado en proximidades del occiso y de ese calibre los cargadores encontrados en casa de Aragón y que este atribuye al imputado. Ninguna pistola pudo secuestrarse para peritar el proyectil mortal. Tampoco está determinado que la pistola haya sido en realidad una de ese calibre puesto que la testigo a la que apela el “a quo” se limitó a referir que se trataba de un arma como las de la policía y es sabido que esa fuerza también porta armas de otros calibres.

Los dichos de la madre del occiso, mucho más allá de su justa motivación, no son sino otros dichos de terceros que –para colmo– o son vendedores de droga o no han podido ser ubicados.

El propio fallo duda de la veracidad de todos estos aportes puesto que no es cierto –a estar a los dichos de Urdampilleta– que el homicida hubiera sustraído el ciclomotor del interfecto. También porque según el informante de la madre de la víctima habría sido la progenitora de Bogado y Pirri quien habría sustraído las pertenencias de los bolsillos del caído.

Como recurso dirimente el “a quo” acude al indicio de fuga cuando sabemos lo anfibológico que en el medio en que se produjeron los hechos resulta que alguien pretenda evitar que la policía lo lleve preso por cualquier razón.

Creo que se ha declarado irrazonablemente la certeza de la autoría cuando –como se deja dicho– ninguna prueba de las que llegaron al debate permite inferir esa condición.

Voto por la afirmativa.


A la misma primera cuestión planteada, el Señor Juez doctor Piombo, dijo:

En una causa de reciente factura, dije:



Las nuevas concepciones sobre la prueba han determinado la ruptura de ciertos moldes asaz estrechos como los que colocaron, por ejemplo, a la pericial como un elemento separado y autónomo cuando, en rigor, no es otra cosa que una prueba indiciaria interpretada por un especialista. También, a título de ejemplo, la eliminación de los preconceptos referentes a la prueba documental, en la medida que el elemento portador de signos y significaciones es actualmente interpretado con mayor amplitud y con el aporte de la ciencia y la tecnología que incorporan mayores medios para captar los elementos impresos. Igualmente, esas nuevas concepciones modificaron la idea tradicional de que un testigo no es más que un comunicador de los registros que guarda en su mente, idea que llevó a que la transmisión fiel de tales datos configurara la preocupación de la ciencia procesal, la que, en consecuencia, requirió capacidad y discernimiento pleno para garantizar, a través de la fuerza de la sanción amenazada, la fidelidad en la transmisión del recuerdo. Empero, hoy se va más allá en consonancia con ese avance hacia la prueba no formal que muestra el Derecho procesal moderno. Se perfila, en rigor, una preocupación que se centra en la efectiva existencia del registro, es decir lo que subyace en la mente humana como recuerdo de una acción o hacer captado. El disparador de este giro de 180 grados en la consideración del tema fue la existencia de los llamados “delitos en las sombras”, cuyo exponente más paradigmático es el hacer criminoso de quienes desfogan sus deseos sexuales con los menores que forman parte de un entorno familiar, o que se tienen en guarda, o circunstancialmente bajo cuidado. Teniendo, entonces, el ilícito como teatro un entorno cerrado a los ojos de terceros, la única prueba directa es lo percibido y registrado por las víctimas. La no consideración de los dichos puede implicar no sólo la impunidad sino, en la perspectiva de la política criminal, virtualmente borrar a las antijuridicidades que se vinculen a la sexualidad y que no provengan de los modus


comisivos vinculados con la violencia física. Y en ese orden de ideas, en los delitos que asumen forma de atentados sexuales actualmente se toman en cuenta las imputaciones de incapaces, a condición de que los jueces, a través de elementos objetivos extraños al sujeto que protagoniza la prueba -incluso de medios periciales que consideren adecuados (experticias de psicólogos, de psiquiatras, de asistentes sociales, etc.)-, arriben a la conclusión, en la tarea de apreciación, de que el incapaz transmite la verdad de lo percibido (Sala I, sent. del 18/5/2010 en causas 37.417 y 37.418, “Cardozo, Carrara, López, Michellod y Diez”).”
La autoridad policial no llega a ocupar espacio efectivo y nada garantiza. El miedo generado por las represalias hace que se trate de no ver lo que ocurre y, de haber visto, de olvidar rápidamente no sólo para propia tranquilidad sino también la de las familias y allgados.

Así las cosas, no cabe esperar prueba “plena” en el sentido de los antiguos Códigos liberales, ni tampoco “directa” en el sentido tradicional de la expresión. A eso se suma la actuación de una policía colectando elementos muchas veces desmotivada, otras privada de medios, las más sin una orientación cierta, que poco puede aportar a la faz probatoria.

Empero, con los escasos aportes el Tribunal de grado ha construido un entramado cargoso que, con miras a la tradicional casación bonaerense, carece de fisuras lógicas, y en relación al criterio “Casal” posee poder de convicción suficiente.

Y el hilo no arranca del testigo que no pudo ser confrontada en debate, sino de las averiguaciones prácticas por la madre de la víctima que actuó, en defecto de accionar oficial, como sabueso detectivesco.

El barrio sabía quién lo había matado. Un obscuro vendedor de drogas contempla parte del hecho. Pero más de lo improbado de esto –se trata de rumores o de referencias-tales elementos desatan un fructuoso allanamiento. Entre las pertenencias del encartado se hallan dos cargadores de pistola 9 mm. Es obvio que nadie los tiene si, a la vez, no posee un arma de ese calibre. Pero también va de suyo que quien mata, como habría matado el encartado, sabiéndose sindicado, es un primer movimiento defensivo esconder el instrumento homicida. De manera que el hallazgo, en un allanamiento que, como lo expresa el distinguido compañero de voto que lidera el acuerdo, no puede invalidado.

Esto es mucho si se piensa que el proyectil que mató al infortunado causante era encamisado, o sea típico de este tipo de armas, y en las cercanías -con inmediación al hecho- la autoridad pública incautó una cápsula de ese calibre.

Lo anterior, muy valedero para quien, incluso, no sea el Hermes Poirot de la pluma de Agatha Christie o el archiconocido Sherlock Holmes, se completó con una “probatio” fundamental: apenas las investigaciones se dirigieron a quien es el inculpado, éste se tomó las de Villadiego, o, como lo diría el bajo mundo cordobés, “se piró”. Y esto implica un concluyente indicio de fuga.

Entonces, y recién entonces, puedo considerar la deposición juramentada no llevada al plenario y, por tanto, insegura; porque, precisamente, coincide y se coimplica con los demás elementos.

Concluyo: mis colegas de juicio han trazado un camino impecable que llega a un decisorio que, para mí, debe ser plenamente confirmado.

Voto por la negativa.


A la misma primera cuestión planteada, el Señor Juez, doctor Natiello dijo:

Coincido con e Dr. Sal Llargués que el presente caso reviste particulares características que hacen que el imputado deba ser desincriminado por el beneficio de la duda –conf. art. 1 del C.P.P.

Ello lo digo pues en ningún momento a lo largo de toda la investigación como en el debate oral, surge prueba convincente y contundente –en más la testimonial es por demás dubitativa- como para aseverar con el grado de certeza que una sentencia condenatorio requiera que el encartado fuera realmente quién había cometido el ilícito.

Por ende, este estado de duda me inclina a concluir que el imputado debe ser absuelto.

Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el Señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:

Atento lo resuelto en las cuestiones anteriores, entiendo corresponde: 1) por mayoría, casar la sentencia recurrida, y en consecuencia, absolver a Luis Gabriel Bogado por el delito de homicidio simple, sin costas en esta sede; 2) disponer la inmediata libertad para Luis Gabriel Bogado, la que deberá hacer efectiva el a quo, de no existir impedimento legal para la misma; (arts. 8 inc. 2 ap. “h” C.A.D.H.; 18 de la C.N.; 14 inc. 5 P.I.D.C. y P.; art. 15, 168 y 171 de la Const. Pcial.; art. 79 del C.P.;


arts. 105, 210, 373, 448, 450, 454, 460, 530 y 531 del C.P.P.); 3) tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).

Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada, el Señor Juez, doctor Piombo dijo:

Dejando a salvo mi criterio, adhiero al voto del Dr. Sal Llargués, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada, el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:

I.- Por mayoría, casar la sentencia recurrida, y en consecuencia, absolver a Luis Gabriel Bogado por el delito de homicidio simple, sin costas en esta sede.

II.- Disponer la inmediata libertad para Luis Gabriel Bogado, la que deberá hacer efectiva el a quo, de no existir impedimento legal para la misma.

Arts. 8 inc. 2 ap. “h” C.A.D.H.; 18 de la C.N.; 14 inc. 5 P.I.D.C. y P.; art. 15, 168 y 171 de la Const. Pcial.; art. 79 del C.P.; arts. 105, 210, 373, 448, 450, 454, 460, 530 y 531 del C.P.P.

III.- Tener presente la reserva del caso federal.

Art. 14 de la ley 48

IV.- Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de lo aquí resuelto junto con la causa principal 2.407 (con todos sus agregados e incidentes) al Tribunal en lo Criminal N°3 del Departamento Judicial Quilmes.

Oportunamente remítase.


FDO.: BENJAMÍN R. SAL LLARGUÉS - CARLOS A. NATIELLO - HORACIO D. PIOMBO

ANTE MÍ: Gerardo Cires


A-1





Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad