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La impunidad de los exterminadores del planeta



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La impunidad de los exterminadores del planeta

Crímenes contra la gente, crímenes contra la naturaleza: la impunidad de los señores de la guerra es hermana gemela de la impunidad de los señores que en la tierra comen naturaleza y en el cielo engullen la capa de ozono.

Las empresas que más éxito tienen en el mundo son las que más asesinan al mundo; y los países que deciden el destino del planeta son los que más méritos hacen para aniquilarlo.



Un planeta descartable

Inundaciones, inmundaciones: torrentes de inmundicias inundan el mundo y el aire que el mundo respira. También inundan el mundo las cataratas de palabras, informes de expertos, discursos, declaraciones de gobiernos, solemnes acuerdos internacionales, que nadie cumple, y otras expresiones de la preocupación oficial por la ecología. El lenguaje del poder otorga impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo universal en nombre del desarrollo y también a las grandes empresas que, en nombre de la libertad, enferman al planeta, y después le venden remedios y consuelos. Los expertos del medio ambiente, que se reproducen como conejos, se ocupan de envolver a la ecología en el papel celofán de la ambigüedad. La salud del mundo está hecha un asco, y el lenguaje oficial generaliza para absolver: Somos todos responsables, mienten los tecnócratas y repiten los políticos, queriendo decir que, si todos somos responsables, nadie lo es. Y queriendo decir que se jodan los de siempre, el discurserío oficial exhorta al sacrificio de todos.

La humanidad entera paga las consecuencias de la ruina de la tierra, la intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los bienes mortales que la naturaleza otorga. Pero las estadísticas confiesan y los numeritos traicionan: los datos, ocultos bajo el maquillaje de las palabras, revelan que es el veinticinco por ciento de la humanidad quien comete el setenta y cinco por ciento de los crímenes contra la naturaleza. Si se comparan los promedios del norte y del sur, cada habitante del norte consume diez veces más energía, diecinueve veces más aluminio, catorce veces más papel y trece veces más hierro y acero. Cada norteamericano echa al aire, en promedio, veintidós veces más carbono que un hindú y trece veces más que un brasileño. Se llama suicidio universal al asesinato que cada día ejecutan los miembros más prósperos del género humano, que viven en los países ricos o que, en los países pobres, imitan su estilo de vida: países y clases sociales que definen su identidad a través de la ostentación y el despilfarro. La difusión masiva de esos modelos de consumo, si posible fuera, tiene un pequeño inconveniente: se necesitarán diez planetas como éste para que los países pobres pudieran consumir tanto como consumen los países ricos, según las conclusiones del fundamentado informe bruntland, presentado ante la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en 1987.

L


El lenguaje de los expertos internacionales

En el marco de la evaluación de los aportes realizados al redimensionamiento de los proyectos en curso, centraremos nuestro análisis sobre tres problemáticas fundamentales: la primera, la segunda y la tercera. Como se deduce de la experiencia de los países en desarrollo donde se han puesto en práctica algunas de las medidas que han sido objeto de consulta, la primera problemática tiene numerosos puntos de contacto con la tercera, y una y otra aparecen intrínsecamente vinculadas con la segunda, de modo que bien puede decirse que las tres problemáticas están relacionadas entre sí.

La primera…
as empresas más exitosas del mundo son también las más eficaces contra el mundo. Los gigantes del petróleo, los aprendices de brujo de la energía nuclear y de la biotecnología, y las grandes corporaciones que fabrican armas, acero, aluminio, automóviles, plaguicidas, plásticos y mil otros productos, suelen derramar lágrimas de cocodrilo por lo mucho que la naturaleza sufre.

Esas empresas, las más devastadoras del planeta, figuran en los primeros lugares entre las que más dinero ganan. Son, también, las que más dinero gastan: en la publicidad, que convierte mágicamente la contaminación en filantropía, y en las ayuditas que desinteresadamente brindan a los políticos que deciden la suerte de los países o del mundo. Explicando por qué los Estados Unidos se negaban a firmar la Convención de Biodiversidad, en la cumbre mundial de Río de Janeiro, en 1992, dijo el presidente George Bush:

-Es importante proteger nuestros derechos, los derechos de nuestros negocios.

En realidad, que firmara o que no firmara importaba poco o nada, porque, de todos modos, los acuerdos internacionales valen menos que los cheques sin fondos. La Eco-92 había sido convocada para evitar la agonía del planeta. Pero, con la excepción de Alemania, y eso hasta cierto punto, ninguna de las grandes potencias cumplió los acuerdos que firmó, por el pánico de las empresas a perder competitividad y el pánico de los gobiernos a perder elecciones. Y la que menos cumplió fue, justamente, la más potencia de todas, cuyos objetivos esenciales habían sido certeramente definidos por la confesión del presidente Bush.



Los colosos de la industria química, la industria petrolera y la industria automovilística, que tanto tenían que ver con el tema de la Eco-92, habían pagado buena parte de los gastos de la reunión. Se podría decir cualquier cosa de Al Capone, pero él era un caballero: el bueno de Al siempre enviaba flores a los velorios de sus víctimas.

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Cinco años después de la Eco-92, las Naciones Unidas convocaron a otra reunión, para evaluar los resultados de aquel cónclave salvador del mundo. En el quinquenio transcurrido, el planeta había sido desollado de su piel vegetal, a tal ritmo, que las florestas tropicales destruidas equivalían a dos Italias y media, y las tierras fértiles que se habían vuelto áridas tenían la extensión de Alemania. Se habían extinguido doscientas cincuenta mil especies de animales y de plantas, la atmósfera estaba más intoxicada que nunca, mil trescientos millones de personas no tenían casi ni comida, y veinticinco mil morían cada día por beber agua que los venenos químicos o los desechos industriales habían contaminado. Poco antes, dos mil quinientos científicos de los más diversos países, también convocados por las Naciones Unidas, habían coincidido en anunciar, para los próximos tiempos, los cambios de clima más acelerados de los últimos diez mil años.

Quienes más sufren el castigo son, como de costumbre, los pobres, gente pobre, países pobres, condenados a la expiación de los pecados ajenos. El economista Lawrence Summers, doctorado en Harvard y elevado a las altas jerarquías del Banco Mundial, dio su testimonio a fines de 1991. En un documento para uso interno de la institución, que por descuido fue publicado, Summers propuso que el Banco Mundial estimulara la migración de las industrias sucias y de los desperdicios tóxicos «hacia los países menos desarrollados», por razones de lógica económica que tenían que ver con las ventajas comparativas de esos países. En resumidas cuentas, y hablando en plata, las tales ventajas resultaban ser tres: los salarios raquíticos, los grandes espacios donde todavía queda mucho por contaminar y la escasa incidencia del cáncer sobre los pobres, que tienen la costumbre de morir temprano y por otras causas.

La difusión del documento armó mucho alboroto: esas cosas se hacen, pero no se dicen. Summers había cometido la imprudencia de formular, en el papel, lo que el mundo viene practicando, en los hechos, desde hace largo tiempo. El sur lleva muchos años trabajando de basurero del norte. Al sur van a parar las fábricas que más envenenan el ambiente, y el sur es el vertedero de la mayor parte de la mierda industrial y nuclear que el norte genera.

Hace dieciséis siglos que san Ambrosio, padre y doctor de la Iglesia, prohibió la usura entre los cristianos y la autorizó contra los bárbaros. En nuestros días, ocurre lo mismo con la contaminación más asesina. Lo que está mal en el norte, está bien en el sur; lo que en el norte está prohibido, en el sur es bienvenido. Al sur, se extiende el reino de la impunidad: no existen controles ni limitaciones legales y, cuando existen, no resulta demasiado difícil descubrirles el precio. Muy raras veces la complicidad de los gobiernos locales se ejerce gratis; y tampoco son gratuitas las campañas publicitarias contra los defensores de la naturaleza y de la dignidad humana, descalificados como abogados del atraso, que se dedican a espantar la inversión extranjera y a sabotear el desarrollo económico.

A fines del 84, en la ciudad hindú de Bophal, la fábrica de pesticidas de la empresa química Union Carbide sufrió una pérdida de cuarenta toneladas de gas mortífero. El gas se difundió por los suburbios, mató a seis mil seiscientas personas y dañó a otras setenta mil, muchas de las cuales murieron poco después o enfermaron para siempre. La empresa Union Carbide no aplicaba en la India ninguna de las normas de seguridad que son obligatorias en los Estados Unidos.



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Union Carbide y Dow Chemical venden, en América latina, numerosos productos prohibidos en su país, y lo mismo ocurre con otros gigantes de la industria química mundial. En Guatemala, por ejemplo, las avionetas fumigan las plantaciones de algodón con pesticidas que no pueden vender en los Estados Unidos ni en Europa: esos venenos se filtran en los alimentos, desde la miel hasta los peces, y llegan a la boca de los bebés. Ya en 1974, una investigación del Instituto de Nutrición de Centroamérica había comprobado que, en numerosos casos, la leche de las madres guatemaltecas estaba contaminada hasta doscientas veces más que el límite considerado peligroso.

La impunidad de la empresa Bayer viene de los tiempos en que formaba parte del consorcio IG Farben y usaba la mano de obra gratuita de los prisioneros de Auschwitz. Muchos años después, a principios de 1994, un militante ecologista del Uruguay fue accionista de Bayer por un día. Gracias a la solidaridad de los compañeros alemanes, él pudo elevar su voz en la asamblea de accionistas del segundo productor mundial de pesticidas. En una reunión pródiga en cerveza, salchichas con mostaza y aspirinas a discreción, Jorge Barreiro preguntó por qué la empresa vendía en Uruguay veinte agrotóxicos no autorizados en Alemania, de los cuales tres habían sido considerados “extremadamente peligrosos” y otros cinco “altamente peligrosos” por la Organización Mundial de la Salud. En la asamblea de accionistas, ocurrió lo de siempre. Cada vez que alguien los interpela por este asunto de las ventas al sur de los venenos vedados al norte, los ejecutivos de Bayer y de las demás empresas químicas de magnitud universal, responden lo mismo: que ellos no violan las leyes de los países donde operan, lo que puede ser formalmente cierto, y que los productos son inofensivos. Jamás explican el enigmático hecho de que esos bálsamos de la naturaleza no puedan ser disfrutados por sus compatriotas.

Producción máxima, costos mínimos, mercados abiertos, ganancias altas: lo demás es lo de menos. Numerosas industrias norteamericanas se habían instalado del lado mexicano de la frontera, desde mucho antes del tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y México. Esas empresas habían convertido a la zona fronteriza en un gran chiquero industrial; y el tratado no hizo más que mejorar sus posibilidades de aprovechar los exiguos salarios mexicanos y la mexicana libertad de envenenar impunemente el agua, la tierra y el aire. Para decirlo en el lenguaje de los poetas del realismo capitalista, el tratado maximizó las oportunidades de utilización de los recursos ofrecidos por las ventajas comparativas. Pero cuatro años antes del tratado, ya las aguas cercanas a la planta de Ford en Nuevo Laredo y de General Notors en Matamoros contenían miles de veces más toxinas que el nivel máximo permitido al otro lado de la frontera. Y en los alrededores de la planta de DuPont, también en Matamoros, se había llegado a tal grado de inmundicia, que hubo que evacuar a la gente.

Es la difusión internacional del progreso. Ya no se fabrica en Japón el aluminio japonés: se fabrica en Australia, Rusia y Brasil. En Brasil, la energía y la mano de obra son baratas y el medio ambiente sufre, en silencio, el feroz impacto de esta industria sucia. Para dar electricidad al aluminio, Brasil ha inundado gigantescas extensiones de bosque tropical. Ninguna estadística registra el costo ecológico de este sacrificio. Al fin y al cabo, es costumbre: otros muchos sacrificios sufre la floresta amazónica, mutilada día tras día, año tras año, al servicio de las empresas madereras, ganaderas y mineras. La devastación organizada va haciendo más y más vulnerable al llamado pulmón del planeta. El gigantesco incendio de Roraima, que en 1998 arrasó los bosques indios yanomanis, no fue solamente obra de las diabluras de El Niño.

La impunidad se alimenta de la felicidad, y la fatalidad obliga a aceptar las órdenes que dicta la división internacional del trabajo, como le pasó al tipo aquel que se arrojó desde un décimo piso por obedecer a la ley de gravedad.



Colombia cría tulipanes para Holanda y rosas para Alemania. Empresas holandesas envían los bulbos de tulipán, y empresas alemanas envían los esquejes de rosas, a la sabana de Bogotá. Cuando las flores han crecido en las inmensas plantaciones, Holanda recibe los tulipanes, Alemania recibe las rosas, y Colombia se queda con los bajos salarios, la tierra lastimada y el agua disminuida y envenenada. Estos juegos florales de la era industrial están secando y hundiendo la sabana, mientras los trabajadores, casi todos mujeres y niños, sufren bombardeo de los pesticidas y de los abonos químicos.

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Los países desarrollados que forman la Organización para la Cooperación con el Desarrollo Económico organizan la cooperación con el desarrollo económico del sur del mundo, enviándole desechos tóxicos que incluyen basura radiactiva y otros venenos. Esos países prohíben la importación de sustancias contaminantes, pero las derraman generosamente sobre los países pobres. Hacen, con la basura peligrosa, lo mismo que hacen con los pesticidas y herbicidas prohibidos en casa: los exportan al sur bajo otros nombres. La Convención de Basilea puso punto final a esos envíos, en 1992. Desde entonces, llegan más que antes: vienen disfrazados de ayuda humanitaria o de contribuciones a los proyectos de desarrollo, según ha denunciado, en varias ocasiones, la organización Greenpeace, o vienen metidos de contrabando entre las montañas de desechos industriales que se reciben legalmente. La ley argentina impide el ingreso de residuos peligrosos pero, para resolver el problemita, basta un certificado de inocuidad expedido por el país que quiera desprenderse de ellos. A fines del 96, los ecologistas brasileños lograron detener la importación de baterías usadas de automóviles norteamericanos, que durante años habían llegado al país diciendo ser material de reciclaje. Los Estados Unidos exportaban las baterías usadas y Brasil pagaba por recibirlas.






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