Paper Se ha descubierto la inflación “buena”: la teoría de la “deaudaflación”



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22/1/10)

(Por John C. Bogle) Lectura recomendada

“Invertir es un acto de fe”. Eso fue lo que escribí en 1999 como primera frase en mi libro “El Sentido Común en los Fondos Mutuos”. Pero a fines de 2009, cuando estaba escribiendo para la edición actualizada del décimo aniversario de su publicación, tras el transcurso de esta década turbulenta, concluí que “la fe de los inversionistas ha sido vulnerada”.

¿En qué sentido? Porque los retornos generados por nuestros administradores corporativos frecuentemente han sido ilusorios, creados por lo que se conoce como ingeniería financiera y producidos sólo mediante la adquisición de un riesgo masivo. Más aún, demasiados de nuestros gestores de fondos profesionales no han actuado como buenos regentes del dinero que como inversionistas les confiamos.

En resumen, demasiados de nuestros agentes financieros y corporativos no han actuado en el interés de quienes aportaron el dinero, los inversionistas de fondos mutuos y los beneficiarios con quienes tenían un deber fiduciario.

Las ramificaciones fueron muchas, ya que el hecho de que los gestores de dinero no observaran su deber fiduciario jugó un papel principal en permitir a los gerentes corporativos situaran sus propios intereses por encima de los intereses de sus accionistas.

En el relativamente corto lapso de medio siglo, nuestros agentes institucionales se han convertido en la fuerza dominante en la esfera corporativa estadounidense. Los inversionistas institucionales tenían menos del 10% de todas las acciones estadounidenses a mediados de los años 50, el 35% en 1975, y el 53% hace una década, y ahora los inversionistas institucionales poseen y controlan casi el 70% de las acciones de las corporaciones estadounidenses. Los fondos mutuos tienen la mayor cantidad, con un 26%; los planes privados de pensiones tienen otro 11% y los planes de pensiones del gobierno, otro 9%.

El aumento del rol de las agencias en las inversiones ha sido progresivo y casi inexorable. Pero esta revolución en la tenencia de capital se ha visto acompañada de muchos fallos, en parte porque ligó a los agentes del Estados Unidos corporativo con los agentes del Estados Unidos de la inversión. Como Leo E. Strine, vicecanciller de la Corte de Delaware, observó en un discurso en 2007: “Los tenedores de capital de las corporaciones públicas ya no son pocos y débiles…representan actores nuevos y poderosos que presentan sus propios riesgos tanto para los inversionistas individuales como para los intereses de nuestro país”. Sin embargo, apuntó, los gestores profesionales de dinero no tienen menos tendencia a “explotar su poder que los gerentes de corporaciones que fabrican productos y venden servicios”.

En primer lugar, la locura de la especulación a corto plazo ha reemplazado la cordura de la inversión a largo plazo como la estrella del capitalismo. La práctica de alquilar una acción ha reemplazado el antiguo sistema de tener una acción. En 2009, el cambio de propiedad de una acción superó el 250% (es decir cambió de manos dos veces y media), comparado con un 78% hace una década y un 21% hace 30 años.

El resultado es que la ilusión momentánea del precio de una acción se convirtió en protagonista, y desplazó la realidad más duradera del valor intrínseco de una compañía, el valor descontado de su flujo de caja futuro. Nuestros ahora poderosos agentes ignoraron la famosa advertencia de Benjamin Graham en “El Inversionista Inteligente” de que “a corto plazo, el mercado es una máquina de votar; a largo plazo, es una máquina de calibrar”.

Dos, el sector financiero se convirtió en la fuerza propulsora de la economía de EEUU. Durante la última década, los ingresos de las firmas bursátiles (excluyendo las ganancias y pérdidas de las negociaciones) aumentaron de US$ 200.000 millones a unos US$ 375.000 millones, y las tarifas y gastos de los fondos mutuos aumentaron de US$ 47.000 millones a US$ 100.000 millones. Cuanto más altos estos costos de intermediación, evidentemente, menores los retornos a los inversionistas como grupo. Desgraciadamente, en este mundo de “Alicia en el País de las Maravillas” de los mercados financieros, el inversionista está en lo más bajo de la cadena alimenticia.

Tres, la innovación se convirtió en la palabra clave de la era. Pero la innovación estaba dominada por complejos nuevos productos, como los seguros contra cesaciones de pagos y obligaciones de deuda colateralizada, diseñados para generarle dinero a las firmas de Wall Street en lugar de a sus clientes. El ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker recientemente opinó que la única innovación financiera de la era que creó valor fue el cajero automático (también dijo que los fondos indexados crearon bastante valor para los inversionistas).

Cuatro, toda esta actividad especulativa de mercado y la costosa actividad de marketing parecía llevar a los gestores institucionales de fondos a ignorar las realidades de los balances y los informes de ingresos de las compañías de sus portafolios, un fracaso impactante del análisis profesional de los valores.

Se permitió que la “ingeniería financiera” se moviera como Pedro por su casa y “todo vale” parecía ser la regla a la hora de cumplir con las expectativas de ganancias. El fallecido Robert Bartley, por mucho tiempo editor de este periódico, acertó cuando escribió en The American Spectator (diciembre 2003 a enero 2004) que “las ganancias reales son representadas por efectivo, que es un hecho tangible, en lugar de ganancias reportadas, que son una opinión”.

Cinco, en ausencia del control de sus propietarios institucionales, las empresas empujaron los beneficios de los ejecutivos a niveles sin precedentes. Desde 42 veces el sueldo promedio de un trabajador en 1980, la compensación del presidente ejecutivo típico de una corporación estadounidense ahora se acerca a 400 veces el sueldo promedio de un trabajador. A pesar del colapso de las ganancias corporativas durante la reciente crisis financiera, hay pocas señales de que la remuneración de ejecutivos se haya visto afectada significativamente.

Mientras muchas fuerzas sociales contribuyeron a estas aberraciones del capitalismo, el dominio de este nuevo sistema de tenencia de acciones jugó el rol más importante. La regulación por sí sola no será suficiente para corregir estos flagrantes abusos, debido a la gran influencia sobre ella de los grupos de presión que representan a estos nuevos agentes. Hay pocas regulaciones que no puedan ser evadidas por las partes a las que supuestamente regulan.

El proceso de restablecer la fe en los inversionistas debe empezar con la demanda de que los agentes o tenedores del EEUU de la inversión hagan valer los derechos de los beneficiarios a quienes representan. Lo que necesitamos es que el Congreso tome cartas en el asunto y establezca un principio federal de deber fiduciario, que se resumiría en la frase de que “ningún hombre puede servir a dos amos”.

Este principio requerirá que los gestores institucionales 1) actúen solamente en el interés de sus accionistas y beneficiarios; 2) Cumplir con la due dilligence, es decir investigar los balances de las empresas a profundidad y los estándares profesionales en sus prácticas de inversión; 3) cumplir con sus responsabilidades como propietarios o tenedores mediante una participación corporativa en el gobierno corporativo y 4) eliminar el conflicto de intereses en sus actividades.

Juntos, estos estándares requerirían que las instituciones financieras gigantes del EEUU de la inversión se comporten como propietarios de la EEUU empresarial, como votantes que representen los intereses de sus beneficiarios; y que tengan una voz en los pagos de dividendos y la remuneración a ejecutivos así como en las fusiones y compras, con lo que se limitarían las acciones excesivas y se demandaría la independencia de los directores respecto de la gerencia (lo que incluiría la separación de los roles del presidente ejecutivo y el presidente de la junta).

Además, los reguladores deberían estar considerando cambios estructurales que podrían fomentar el rol de los inversionistas y disminuir el de los especuladores. Por ejemplo, otorgar a los inversionistas de más largo plazo, como los que tengan acciones por dos a cinco años, más derechos de voto o un mayor dividendo; implementar un impuesto federal sobre las transacciones bursátiles; o un impuesto sobre las ganancias capitales de corto plazo (por ejemplo las acciones tenidas por menos de seis meses A), que se podría aplicar tanto a inversionistas sujetos a impuestos como los exentos de impuestos, como ciertas cuentas de jubilación.

En el inicio de esta nueva década, es el momento de restablecer la fe de los inversionistas en nuestro sistema financiero y corporativo, que están ligados. Ciertamente, esta no es tarea para cobardes o impacientes

A principios de 2002, pedí la creación de una Federación de Inversionistas de Largo Plazo, en la que los inversionistas institucionales, entre ellos los gestores de gigantes fondos indexados que tienen entre el 15% de las acciones estadounidenses, se unirían para forzar la implementación de estos cambios y ejercerían su poder de propiedad sobre nuestras compañías que cotizan en bolsa.

En ese entonces, encontré pocos aliados. Hoy, tal vez, haya llegado el momento propicio para esta idea.

(Bogle es el fundador y ex presidente ejecutivo de Vanguard Group)



Un informe del BCE revela que el masivo rescate bancario de 2008 y el posterior endeudamiento para financiarlo ha sido la principal causa de la amenaza de ruina que se cierne ahora sobre algunos países europeos. La Comisión sitúa a España en el grupo de “alto riesgo” de insostenibilidad fiscal”... Los estados se indigestan con los activos tóxicos de la banca y los estímulos (Libertad Digital - 27/1/10)

Un informe del Banco Central Europeo titulado The Janus-headed salvation. Sovereign and bank risk premia (El rescate de dos caras. Prima de riesgos bancarios y soberanos) muestra, con gran aparato gráfico y analítico, la verdadera causa de la más que posible quiebra de países como Grecia y, quizá la propia España si sigue aumentando su deuda pública.

Las conclusiones del estudio, firmado por Jacob W. Eijsing y Wolfgang Lemke, apuntan a los Gobiernos europeos como los primeros responsables de la situación actual de endeudamiento soberano y negras perspectivas de recuperación económica.

Según los autores, cuando los Gobiernos europeos anunciaron en octubre de 2008 paquetes de rescate para sus sistemas financieros “los diferenciales de riesgo de los bancos decayeron y subió el riesgo soberanos, ya que los inversores percibieron una transferencia de riesgo crediticio del sector bancario al Estado”.



Posteriormente los diferenciales se ampliaron y la crisis se ha agravado. Gran parte de la banca, que está virtualmente quebrada por invertir en activos ruinosos o conceder créditos de difícil recuperación, ha sido apoyada ciegamente por los Gobiernos de todos los países que, sin pretenderlo, se han apropiado de este modo de todos los activos tóxicos que poseía la banca. La cobertura estatal se ha hecho en gran parte mediante emisión de deuda, lo que ha puesto a algunos Estados al borde de la quiebra.

La operación de transferencia comenzó en el otoño de 2008, coincidiendo con la quiebra de Lehman Brothers. Muchos estados, incluyendo España, garantizaron la supervivencia de los todos los bancos para evitar que, los más afectados por las malas inversiones, quebrasen y arrastrasen consigo a todo el sistema.

Pero la “ventanilla” bancaria no fue la única largueza financiera que los Gobiernos se han dado en el último año y medio. Con idea de evitar que la crisis financiera pasase a la economía real, todos los gobiernos lanzaron ambiciosos planes de estímulo financiados en su mayor parte contra deuda soberana.



Los dos planes de estímulo: el bancario para evitar la quiebra de la banca privada; y el económico, para mitigar la crisis fomentando artificialmente la demanda, han llevado la deuda pública y, como consecuencia, la prima de riesgo soberana a las nubes. Porque, todo ese dinero gastado alegremente por los gobiernos ha venido de las continuas emisiones de deuda que han realizado -y siguen realizando- todos los países de Europa.

Los inversores, conscientes del deterioro económico general y de las cargas que los Estados están asumiendo, desconfían y evitan comprar deuda, o lo hacen contratando seguros de impago, los CDS o Credit Default Swap, cada vez más onerosos.

En este sentido, tal y como informa el diario Expansión (26/1/10), Grecia, Irlanda, Portugal y Malta son, por este orden, los únicos países de la eurozona a los que, en estos momentos, los inversores exigen una rentabilidad más elevada que a España por colocar la deuda en los mercados. El rendimiento del bono español a diez años alcanzó (26/1) el 4,028%, por lo que, por primera vez desde finales de 2007, se sitúa por encima del de Eslovaquia a ese plazo.



El siguiente paso es la declaración formal de quiebra por parte de los países que más irresponsablemente se han endeudado. Grecia está la primera de la fila y Ucrania la segunda. España no anda muy lejos y camina decidida tras la última emisión de deuda por parte de Zapatero.

Además, a los planes de estímulo se suma la insostenibilidad a largo plazo del sistema de prestaciones públicas y pensiones, debido al envejecimiento de la población y un escenario de bajo crecimiento económico. Así, según un reciente informe de la Comisión Europea (CE), España se sitúa en el grupo de países con “alto riesgo” de insostenibilidad fiscal a largo plazo. El informe divide a los 16 países de la zona euro en tres grupos de “riesgo”:

Alto: Irlanda, Grecia, España, Chipre, Malta, Países Bajos, Eslovenia y Eslovaquia.

Medio: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Austria y Portugal.

Bajo: Finlandia.

Desde 2006, cuando se publicó el anterior estudio sobre sostenibilidad fiscal, tan sólo seis países han visto empeorado su nivel de “riesgo” como resultado del intenso deterioro que han sufrido las cuentas públicas tras la crisis económica y financiera: Irlanda, España, Malta, Países Bajos, Austria y Eslovaquia.



La CE emplea el denominado S2 como principal indicador de sostenibilidad fiscal, ya que mide la magnitud del ajuste fiscal que precisa un país (más impuestos o menos gasto público) para garantizar su solvencia soberana.

España precisa un ajuste presupuestario muy superior

Según el estudio, tal y como recoge el blog de Vicente Esteve, para que España estabilice su ratio de deuda pública con respecto al PIB en su valor inicial de 2009 sería necesario un ajuste del saldo presupuestario actual del 6,1% del PIB (muy por encima de la media de la zona euro, situado en el 3,3%). Además, para hacer frente al incremento del gasto público previsto en pensiones, sanidad y dependencia es necesario otro ajuste adicional del 5,7% del PIB, también superior a la media de la zona euro (3,3%).

De este modo, el informe concluye que el ajuste presupuestario total que debe aplicar el Gobierno asciende al 11,8% del PIB (unos 120.000 millones de euros), casi el doble que la media de la zona euro (6,5 puntos porcentuales).



La CE concluye que España necesita diversas reformas estructurales para reducir el "riesgo" de insostenibilidad fiscal a largo plazo: generar superávit presupuestarios primarios estructurales; reformar el sistema público de pensiones; posibilitar tasas de crecimiento económico que aumenten nuevamente las tasas de empleo; y controlar el gasto sanitario y el gasto futuro asociado a la ley de la dependencia.

Y todo ello, según el escenario base (baseline scenario). Y es que, el ajuste presupuestario sería aún mayor en caso de que se materialicen las peores previsiones económicas, que los analistas de la Comisión denominan Crisis scenario: lost decade (Escenario de crisis: la década perdida). Es decir, la CE no descarta una depresión económica en Europa similar a la sufrida por Japón desde los años 90.

La agencia de evaluación de riesgo Fitch calcula que dieciséis países europeos necesitarán créditos por valor de 2,2 billones de euros de los mercados de capitales en 2010 para financiar su deuda, lo que equivale al 19% de su Producto Interior Bruto”... Los gobiernos europeos necesitan 2,2 billones de euros para financiar el gasto (Libertad Digital -


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