Paper Se ha descubierto la inflación “buena”: la teoría de la “deaudaflación”



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1989) “Argentina, levántate y anda”. Con esta mística invocación inició Carlos Saúl Menem su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa el 8 de julio de 1989.

También planteaba un proyecto de gestión que integrara al país a la comunidad internacional y el respeto a los compromisos contraídos en materia de deuda externa…

En los días previos al cambio de gobierno, el futuro plan económico se había tornado en un bullicioso campo de batalla. Distintos sectores del justicialismo se disputaban el liderazgo, de modo que el presidente electo decidió adelantar los nombramientos en el equipo económico, como forma de dirimir la disputa. El recurso no sirvió de mucho, pues el locuaz futuro secretario de Coordinación Económica Guido Di Tella, preanunciaba una política de dólar “recontraalto” que aceleraba aún más el proceso hiperinflacionario, mientras que, por otro lado, se hablaba de un acuerdo voluntario de precios y la derogación de la mítica Ley 20.680, que había sido la base legal de los controles de precios de la década de 1980. Miguel Roig, el ministro de Economía designado, guardaba silencio frente a un estilo que le resultaba bastante ajeno a la reserva que rodeaba las decisiones en los legendarios despachos de Bunge & Born (principal grupo empresarial argentino, con diversificados intereses en sectores agropecuarios e industriales a nivel nacional e internacional, del que provenía el ministro Roig).



En medio de ese clima fue abriéndose paso el denominado Plan B&B (por Bunge & Born). El Presidente había advertido que las primeras medidas serían duras y así ocurrió. El paquete inicial consistió en un meteórico ajuste del tipo de cambio, que pasó de 210 a 650 australes por dólar, y de aumentos entre 200% y 600% en los combustibles líquidos, el gas, la electricidad, el agua y los teléfonos, con el compromiso de mantener fijos los nuevos valores. De este modo se procuraba estabilizar las finanzas públicas y moderar la incontrolada emisión de moneda. El esquema incluía también como piezas centrales un acuerdo de precios y pautas para futuros aumentos de salarios.

Sólo un gobierno con alta legitimidad podía adoptar decisiones tan inquietantes para la vida cotidiana de los ciudadanos. En ese clima, el país, que oscilaba entre la parálisis, el temor y la esperanza, recibió desconcertado la noticia del repentino fallecimiento del ministro de Economía a pocos días de iniciada la gestión. El timón de la economía pasó entonces a manos de Néstor Rapanelli, también alto ejecutivo del grupo Bunge & Born.

Las medidas coyunturales de ajuste, aunque profundas, no denotaban ningún cambio de rumbo definido; más bien parecían más de lo mismo. Pero pronto en algunos medios esta sensación comenzó a modificarse. Con la paciencia de un pastor, el Presidente recorrió los más importantes ámbitos empresariales, llevando un mensaje que parecía hecho a la medida de cada sector…



Más allá de las palabras, el Congreso aprobó en tiempo récord dos leyes fundamentales para el rumbo del gobierno: la Ley de Emergencia Económica, que suspendió multitud de subsidios al sector privado que drenaban las arcas fiscales y la de Reforma del Estado, que habilitó los mecanismos para la privatización de las empresas públicas. Al gobierno le costó un poco más ponerse de acuerdo internamente en materia tributaria, pero finalmente impulsó y obtuvo legislación que, entre otras cuestiones, le permitió extender el impuesto al valor agregado a diversos bienes y servicios hasta entonces exceptuados.

Con este arsenal en la mano, en noviembre de 1989 se logró un nuevo acuerdo con el FMI por 1.500 millones de dólares. Los requisitos para los desembolsos terminaban de dar forma a un verdadero plan de gobierno: apertura comercial, libre movimiento de capitales, liberalización del sistema bancario, privatizaciones, desregulación de la economía, reducción del déficit fiscal, desregulación del mercado petrolero y compromiso de recortar la operatoria del Banco Hipotecario Nacional y del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) eran los puntos principales de la nueva agenda económica de la Argentina.

En sólo seis meses el gobierno había introducido un cambio copernicano en la orientación del país, sumiendo en la confusión a todo el espectro político. El Partido Justicialista no lograba asociar el rumbo del gobierno con los ejes más profundos de su doctrina y marchaba detrás de los acontecimientos, arrastrado por un fenómeno nuevo, el “menemismo”. La conmoción interna se hizo sentir con fuerza en el sector sindical, culminando con la fractura de la CGT.

En el radicalismo las opiniones también estaban divididas; finalmente buena parte de las reformas parecían extraídas del programa de gobierno de su derrotado candidato, Eduardo Angeloz. Los liberales, por su parte, vacilaban en darle un apoyo definido al gobierno, con excepción de Álvaro Alsogaray, que desde un primer momento tuvo claro el horizonte



En el corto plazo, sin embargo, las medidas adoptadas no lograban estabilizar la economía. Existía un abismo entre el programa de reformas estratégicas y la administración cotidiana. No se habían logrado ordenar las finanzas públicas, las demandas salariales iban en ascenso y la inflación comenzó a acelerarse. Pronto resultó evidente que el tipo de cambio no podría sostenerse y la compra de dólares aumentó, elevándose abruptamente su cotización en el mercado paralelo, mientras el gobierno intentaba retener a los tenedores de pesos tentándolos con astronómicas tasas de interés en los bancos.

Desbordado por la situación, el equipo económico intentó un nuevo programa de ajuste -el BB II- consistente en una devaluación del 54%, alzas de tarifas y de retenciones a las exportaciones, modificaciones en los salarios públicos y privados y una reprogramación de los vencimientos de la deuda interna.

Lejos de contener la situación, las nuevas medidas acentuaron la desconfianza, los ahorristas retiraron masivamente los depósitos de los bancos, las tasas de interés llegaron al 50% mensual y el dólar comenzó a trepar a un ritmo de más del 10% diario.

Inevitablemente la situación condujo a la renuncia del ministro Rapanelli en medio de fuertes discusiones sobre el rumbo de la economía al interior del gobierno y del Partido Justicialista. Sin muchos recursos a la mano y con el consabido período de feriados bancarios y cambiarios, el Presidente apeló a Erman González, un contador público muy cercano, que había sido ministro de Economía de La Rioja cuando Menem gobernaba esa provincia.

En un improvisado paquete de medidas, el nuevo ministro liberó el mercado de cambios, dejando flotar libremente el dólar, volvió atrás con el aumento de las retenciones, para incentivar la liquidación de divisas por parte de los exportadores agropecuarios y mantuvo el aumento de tarifas dispuesto por su antecesor.

Diciembre cerró con una inflación del 40%, acumulando casi un 5.000% en el año, una caída del poder de compra del salario del 33% y una contracción de la economía del 4,8%. Ese mes, el valor del dólar, que había sido fijado en 650 australes por unidad al inicio del gobierno, alcanzó un promedio de 1.137 australes. La hiperinflación se había instalado nuevamente

El plan de reformas también tambaleaba. Pasado el impacto inicial, la resistencia a las privatizaciones estaba en ascenso, en especial por parte del sector sindical.

El acuerdo con el FMI, aprobado tan sólo algunos días atrás, parecía una delirante abstracción de la realidad. Sólo llegó a desembolsarse un primer pago, antes de quedar en suspenso.

(1995) En la Argentina, primero los grandes inversores y luego hasta los pequeños ahorristas comenzaron a percibir el riesgo de una crisis y entre diciembre de 1994 y mayo de 1995 llegaron a retirar casi la quinta parte de los depósitos en el sistema bancario. La preocupación de los depositantes era justificada. Las reservas internacionales incluían un 20% de títulos de la deuda pública argentina, que obviamente tenían poca utilidad frente a una corrida bancaria. Como consecuencia de este hecho y del mecanismo de multiplicación del dinero al interior de los bancos, en realidad sólo el 60% de los depósitos estaba respaldado por reservas internacionales en oro y moneda extranjera. Todos los analistas económicos y los grandes operadores conocían esta limitación estructural del sistema, que haría eclosión si la situación se agravaba. Pero este hecho permanecía oculto para la mayor parte de los desinformados pequeños ahorristas.



La crisis en el sistema financiero pronto se convirtió en masiva fuga de capitales, aumento de la tasa de interés, caída de los préstamos bancarios, descenso del consumo y parálisis de la inversión.

El gobierno reaccionó con reflejos rápidos frente a la situación. Con pragmatismo, incrementó “transitoriamente” la tasa del impuesto al valor agregado del 18% al 21%, interrumpió las rebajas en las contribuciones patronales al sistema de la Seguridad social, flexibilizó las normas de asistencia a los bancos por parte del Banco Central y convocó con éxito a la comunidad de negocios -en especial bancos y las AFJP- para que financiaran al gobierno mediante la compra de títulos públicos.

Pero el gran auxilio provino de los organismos financieros internacionales. El ministro de Economía, que un año antes había desairado al FMI interrumpiendo un acuerdo vigente, rápidamente volvió sobre sus pasos y obtuvo un paquete de ayuda de 2.400 millones de dólares, a los que se sumaron los aportes del BID y el Banco Mundial, formando una masa total de 4.200 millones de dólares. Esos recursos y unos 1.000 millones provenientes de las privatizaciones tuvieron un rol central para compensar los casi 9.000 millones de dólares de fuga de capitales. Los argentinos, que en grandes contingentes se habían acostumbrado a viajar al exterior, también hicieron su aporte: el miedo los hizo gastar unos 700 millones menos que el año anterior.

Hacia abril la crisis parecía en curso de estar contenida. La convertibilidad había resistido y el gobierno parecía más comprometido que nunca con el sostenimiento de la paridad del peso. Los miles de familias y empresas que habían contraído deudas en dólares suspiraron aliviados. En los bancos, los préstamos en dólares ascendían a 27.000 millones y en los otros circuitos crediticios, como comercios, escribanías, cooperativas y financieras también se acumulaban cuantiosas obligaciones.

La otra cara de la moneda era el mercado de trabajo. En mayo de 1995 el desempleo alcanzó el 18,4% y el subempleo el 11,3%. Más de cuatro millones de personas tenían problemas laborales y el poder adquisitivo del salario se había deteriorado. De un modo todavía incipiente comenzaba a aparecer en el sur del país el fenómeno “piquetero”, impulsado por un número creciente de desocupados provenientes de la privatización de la industria petrolera y la finalización de grandes obras públicas. El 21 de junio de 1996 la ruta 22 fue cortada por una semana por los piqueteros de Cutral-Co y Plaza Huincul, marcando simbólicamente el inicio de un movimiento que alcanzaría grandes dimensiones nacionales.

La Argentina estaba dividida entre quienes se beneficiaban con la convertibilidad, quienes dependían de que se sostuviera y quienes sufrían sus efectos, cuestionaban el rumbo o repudiaban los escándalos de corrupción que teñían la acción del gobierno.

El 14 de mayo de 1995 este balance fue puesto a prueba en las elecciones presidenciales, en las que se estrenaba la posibilidad de reelección consagrada en la reforma constitucional del año anterior. El presidente Menem renovó holgadamente su liderazgo con el 51% de los votos

Con el aval del electorado al gobierno, la crisis fue quedando rápidamente atrás. El año cerró con una caída del producto bruto interno del 2,8%. El traspié pudo ser mayor, pero el extraordinario desempeño de las exportaciones y un descenso en las importaciones tuvieron un importante efecto de amortiguación.

Un conjunto de factores se combinaron para que las exportaciones crecieran un sideral 32% (5.000 millones de dólares) respecto del año anterior, entre ellos un aumento de los precios internacionales de los productos primarios y una fuerte demanda de Brasil, a cuyo mercado los productos argentinos podían acceder sin restricciones desde principios de 1995

(1996-1999) El período posterior a la crisis generada por el efecto “tequila” tuvo características singulares. La recuperación fue rápida y vigorosa, pero, a continuación, las debilidades del modelo se impusieron definitivamente y se inició un irresistible proceso de declinación.



En 1996 la economía creció un 5,5%, al año siguiente la expansión fue del 8,1% y a continuación se ingresó en un proceso recesivo que bajó el ritmo al 3,9% en 1998 y se tornó en franca depresión en 1999, con una contracción del 3,4 por ciento.

El tipo de cambio estaba ostensiblemente “atrasado” y los viejos problemas de la economía argentina volvían como un fantasma. A medida que la actividad económica crecía, el país se inundaba de bienes importados a una velocidad mucho mayor que el crecimiento de las ventas al exterior. Pero el fuerte ingreso de capitales, que en esos años sumó 46.000 millones de dólares, cubría con creces esa brecha.

El gobierno emitía bonos a razón de unos 11.000 millones de dólares anuales para sufragar el déficit fiscal y refinanciar vencimientos de la deuda. Las inversiones directas sumaban unos 4.000 millones por año y tenían por destino, fundamentalmente, compras de empresas productivas existentes o entidades financieras y las grandes empresas del sector privado tomaban deuda en el exterior para financiar sus proyectos, en mejores condiciones que en el mercado local.

En los tres años “postequila” la deuda pública externa aumentó en 15.400 millones de dólares y la privada en 25.300 millones. A fines de 1998 la deuda externa del país sumaba 139.000 millones de dólares y tan sólo el pago de intereses demandaba 10.000 millones anuales.

La burbuja financiera impulsaba nuevamente el crédito y con ello la construcción y el consumo de bienes durables. La producción de hierro y cemento se expandía y las terminales automotrices rozaban el montaje de medio millón de unidades. En el campo, la modernización de los años previos y mejores precios internacionales daban frutos: la cosecha 1997-1998 rindió 65 millones de toneladas, 44% más que tres años atrás.

A pesar de estos resultados en el sector productivo, en esencia -como se demostró más adelante- la situación era frágil. El déficit fiscal se había instalado nuevamente en la agenda y con ello crecía la dependencia del mercado internacional de capitales, a la par que las condiciones externas empeoraban.

El segundo mandato del presidente Menem fue un período turbulento. A lo largo de 1996 se conocieron varios escándalos que conmocionaron a la opinión pública, como la venta irregular de armas a Ecuador y Croacia, las comisiones pagadas por la contratación de servicios informáticos entre la empresa IBM, el Banco Nación y la Dirección General Impositiva y el pago de reintegros de impuestos a supuestas exportaciones de oro que no eran tales.

A su vez la situación social seguía sin mejorar, con una tasa de desocupación del 17,1% en mayo de 1996. Pocos días después que se diera a conocer esta cifra se celebraron elecciones para elegir por primera vez Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires (antes de la reforma constitucional se elegía un Alcalde) y el candidato radical Fernando de la Rúa triunfó con casi el 40% de los votos, mientras el justicialismo protagonizaba su peor derrota desde 1983…



La crisis de 1995 y la persistencia de los desequilibrios externos también habían puesto en tela de juicio la vigencia de la convertibilidad. La nueva tesis del equipo económico y de los economistas afines se basaba en que para mejorar la competitividad de la economía debía lograrse una deflación de precios y salarios, es decir una rebaja lisa y llana de los mismos. Era una suerte de camino indirecto para modificar el tipo de cambio, que no tenía aval serio en la teoría económica y que nunca había sido un camino exitoso de recuperación de ninguna economía. El gobierno se embarcó en ese absurdo empeño y el ministro de Economía impulsó gravar impositivamente los pagos complementarios de los salarios que se realizaban mediante los denominados “tickets canasta”, a lo que se sumó una rebaja de las asignaciones familiares para los salarios por encima de mil pesos.

La medida generó una fuerte reacción negativa en toda la sociedad y abrió una brecha en la relación del gobierno con la dirigencia sindical, que a su vez enfrentaba fuertes cuestionamientos internos por su inacción frente al deterioro de la situación social. La respuesta de la CGT fue la convocatoria a un paro general.

Este episodio colocó en un sendero sin retorno a la conflictiva relación que el Presidente y su ministro de Economía mantenían desde largo tiempo. A fines de julio, Menem despidió a Cavallo. Era una prueba de fuego sobre la que había corrido ríos de tinta, pero en lo inmediato el gobierno la superó sin demasiados problemas.

El presidente convocó como nuevo ministro a Roque Fernández hasta entonces al frente del Banco Central. La presencia de un nuevo ministro no logró detener la realización del paro general que tuvo lugar con alto acatamiento el 8 de agosto de 1996.

En medio del escepticismo de la mayor parte de la dirigencia política y empresarial, Fernández lanzó un paquete de medidas para enderezar la situación fiscal. Se trataba de un clásico plan de ajuste de esos que se suponía que los cambios estructurales habían dejado atrás para siempre: aumento de los precios de los combustibles, extensión del impuesto al valor agregado a rubros no cubiertos, modificación del impuesto a las ganancias y rebaja de la devolución de impuestos a las exportaciones.



El paquete enfrentó fuetes resistencias en todos los sectores, pero, con algunas mutilaciones, fue finalmente aprobado por el Congreso, que también convalidó nueva emisión de deuda para financiar el déficit, sin precedentes durante la convertibilidad, de más de 5.000 millones de dólares. La aprobación del paquete también permitió recomponer las relaciones con el FMI.

Parado sobre el “rebote” de la economía luego de la crisis mexicana y un cuantioso ingreso de capitales, el gobierno pudo afrontar en apariencia sin demasiados costos una seguidilla de crisis en el Sudeste Asiático, que afectó a distintas economías con sistemas de tipo de cambio fijo frente al dólar.

Fue como un gran “tsunami financiero”, que comenzó en enero de 1997 con un ataque especulativo sobre el bath, la moneda de Tailandia. Al principio la crisis fue sofocada, pero en mayo recrudeció y en los meses siguientes se extendió a Filipinas, donde las autoridades dejaron flotar el peso, a Malasia -que también siguió un camino similar con el ringgit- y a Indonesia, cuya rupiah se desplomó en agosto. La ola también abarcó a Singapur, Taiwán y Corea. Sólo Hong Kong superó con éxito el desafío.

Se trataba, sin dudas, de una nueva señal de alerta, que nuevamente fue ignorada, mientras ese año el déficit fiscal sumaba otros 4.000 millones de dólares.

En su informe sobre la economía mundial de mayo de 1998, el FMI presentó un análisis detallado de las causas de la crisis en Asia y las enseñanzas para otros países, uno de sus párrafos más interesantes planteaba:

En algunos casos debe considerarse la posibilidad de modificar el régimen de tipo de cambio. Los tipos de cambio fijos, las uniones monetarias y las cajas de conversión han sido muy útiles en muchos países (…) pero se han tornado difíciles de mantener (…) Para algunas economías el balance entre costos y beneficios puede estar cambiando a favor de mayor flexibilidad en el manejo del tipo de cambio (…) La salida debería ocurrir en un período de relativa calma (…)

Lamentablemente el FMI no fue demasiado consecuente con sus propios análisis en relación con la Argentina.

En agosto de 1998, la crisis sumó una nueva víctima, Rusia, y la preocupación por la estabilidad financiera internacional pasó al primer plano de la agenda mundial. Para ese entonces los mercados financieros internacionales estaban cerrados para la Argentina y el ministro Fernández buscaba desesperadamente cómo financiar la brecha fiscal.

Eludiendo cualquier cambio de fondo, el gobierno optó otra vez por redoblar la apuesta y procurar convencer al mundo de que la Argentina era un caso diferente. La estrategia de la diferenciación tuvo su punto culminante cuando el Presidente logró un espacio inusitado en la asamblea anual conjunta del FMI y el Banco Mundial. Hablando en la sesión inaugural -el 6 de octubre de 1998- frente a un auditorio colmado que acababa de escuchar al presidente Clinton, Menem destacó los logros de su gobierno e invitó al resto del mundo a seguir el camino de la Argentina para superar la crisis internacional. Más aún, como prueba de fortaleza aumentó en mil millones de dólares la cuota del país ante el FMI. Fue ovacionado.

La situación era bastante surrealista, porque el día anterior el ministro de Economía había anunciado en Washington que las necesidades financieras de 5.700 millones de dólares para los próximos seis meses serían cubiertas con desembolsos del BID y del Banco Mundial, colocaciones de títulos en las AFJP y un aporte simbólico de algunos bancos internacionales

La rutilante actuación internacional del gobierno no dejó de lado ese año otros destinos estratégicos como Francia y el tan ansiado viaje oficial a Gran Bretaña.

Pero la realidad cotidiana de la economía iba en dirección opuesta a los discursos del Presidente y su ministro de Economía. El gobierno insistía en un proyecto de flexibilización del mercado de trabajo y en concluir el proceso de privatizaciones, mientras en el último trimestre del año la economía se precipitaba en una franca depresión, acuciada por un menor ingreso de capitales, el aumento de la tasa de interés y el enorme desequilibrio externo.

En el sistema financiero también habían sonado señales de alarma. El Banco Central, encabezado por Pedro Pou desde que Roque Fernández se hiciera cargo del Ministerio de Economía, había adoptado una política de supuesto fortalecimiento de la solvencia de los bancos y de control de sus operaciones. Su tesis central era que el sistema sería más sólido si estaba conformado por un número menor de entidades y con mayor presencia de capitales internacionales.

La solidez del sistema era en realidad incierta para el público. Entre 1996 y 1998 se cerraron once bancos, lo que indujo a los depositantes a concentrar sus depósitos en las entidades que aparecían como las más solventes y por ende -como una profecía autocumplida- a debilitar a los bancos más pequeños.

Algunos cierres de bancos revelaron deficiencias en los controles del Banco Central, arbitrariedad, escasa transparencia en los procedimientos y débil capacidad para prevenir crisis.

El gobierno había ingresado definitivamente en una etapa sombría. Los logros de la convertibilidad se desvanecían, los costos sociales del modelo se profundizaban y los escándalos se multiplicaban.

A fines de 1998 la gestión de Menem merecía un 64% de rechazo en la opinión pública y sólo el 8% de los encuestados consideraba que se debía mantener el rumbo económico.

Casi simultáneamente con el estallido de la crisis en Rusia, la economía argentina ingresó en agosto de 1998 en una recesión de la que sólo comenzaría a emerger cuatro años después, tras el colapso de la convertibilidad. La inercia de crecimiento de la primera mitad del año permitió que el producto bruto aumentara todavía un 3,9% durante 1998.

El 13 de enero de 1999 Brasil decidió devaluar su moneda. El Real se precipitó en caída y unos pocos días después el gobierno brasileño resignó toda pretensión de control y dejó flotar el tipo de cambio.

Fue un cimbronazo fuerte para la convertibilidad. La discusión acerca del futuro del sistema se generalizó en todos los círculos, tanto en el país como en el exterior.

En un primer momento el gobierno vaciló. La posibilidad de que la convertibilidad iniciara un camino crítico irreversible era cierta. Finalmente el presidente Menem optó por huir hacia adelante proponiendo la dolarización no sólo de la Argentina, sino de todo el Mercosur.

Para el gobierno brasileño, que se debatía en el peor momento de la crisis, la imprudente intromisión argentina no podía ser más inoportuna… Al interior del país, la propuesta desató una polémica que reconocía varios ángulos, pero, como de costumbre, ningún debate profundo. Es que adoptar una moneda extranjera constituye un hecho excepcional en materia económica y significa que el país se sujeta necesariamente a la política monetaria del país cuya moneda adopta. Es decir que si, por ejemplo, Estados Unidos decidiera una política de dólar alto, ésta se aplicaría para la Argentina, aun cuando pudiera desalentar las exportaciones y favorecer las importaciones del país.

En la opinión pública, estas complejidades técnicas eran una cuestión remota y las posiciones se dirimían alrededor de otros ejes. Una parte de la sociedad veía como la “entrega final” dejar de tener una moneda propia. A otros les importaba menos este costado simbólico y les seducía cobrar sus salarios en dólares, lo que les aseguraba poder seguir pagando con normalidad sus préstamos en la misma moneda...

A poco de producirse el anuncio de Menem, el presidente del Banco Central, Pedro Pou formalizó una propuesta de dolarización más estructurada, que involucraba un Tratado de Asociación Monetaria con Estados Unidos. El tratado debía tener jerarquía constitucional, es decir ser aprobado por los dos Congresos. Sorpresivamente, en la presentación de la propuesta, Pou expresó como fundamento de la iniciativa que en los años transcurridos “no se logró una total credibilidad en la convertibilidad (…) no hay contratos en pesos a más de tres años”. La afirmación reflejaba verazmente la realidad. A algunos miembros del gobierno no les gustó.

Por esos mismos días se realizaba en la ciudad suiza de Davos la reunión anual del foro de la Economía Mundial. Allí, un periodista del diario “La Nación” le preguntó al subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers sobre esta iniciativa. Su respuesta fue: “La dolarización es sexy. Es una idea que tiene la ventaja de ser original, atractiva y fácilmente comprensible para todo el mundo”. Pero invitado a pronunciarse más seriamente sobre su factibilidad respondió diplomáticamente: “Tengo mis dudas”.



La iniciativa de la dolarización mereció incluso atención en el Congreso de los Estados Unidos. En un informe del Comité de Asuntos Económicos se afirmaba:

De los 13 países oficialmente que son independientes, Panamá es varias veces más grande en población y economía que todos los demás combinados. Para 1997, Panamá tenía 2,7 millones de habitantes y un producto bruto interno de 8.700 millones de dólares. Los países independientes dolarizados usan ya sea la moneda de un país grande o, en el caso de las islas del Océano Pacífico, las monedas de la ex metrópoli. La dolarización oficial es rara hoy en día, excepto entre países muy pequeños, por el simbolismo político que representa la moneda nacional y por factores económicos tales como los costos que se supone acarrea la dolarización. Argentina tiene 33 millones de habitantes y un producto bruto interno de cerca de 300.000 millones, de manera que la dolarización oficial sería un salto de gigante comparado con los países donde existe actualmente.

Finalmente, el gobierno desechó la idea y se dispuso a transitar los últimos meses de gestión por canales más convencionales…

El enfoque continuó abaratando costos laborales mediante la disminución de aportes patronales y la flexibilización de las condiciones de trabajo.

Cuando en diciembre de 1999 el presidente Menem entregó el mandato a su sucesor, Fernando de la Rúa, la economía se encontraba en una crisis profunda.

El año cerraba con una caída del producto interno bruto del 3%, el déficit fiscal alcanzaba siderales 11.788 millones de dólares, la desocupación era casi del 14% y los índices de pobreza llegaban al 36%.

Los vencimientos de la deuda eran impagables y el mercado internacional de capitales continuaba inaccesible para la Argentina. A esas alturas era evidente que la convertibilidad difícilmente podía mantenerse.

La campaña presidencial de 1999 estuvo teñida por dos cuestiones fundamentales: la habilitación para que el presidente fuese reelecto por tercera vez y la definición del rumbo de la convertibilidad por parte de los candidatos…

Mientras esto ocurría a nivel público, en los equipos económicos de los principales candidatos se vivía una situación singular. Poco a poco se fue instalando un largo peregrinaje de representantes de los bancos de inversión internacionales que proponían, con extraordinaria homogeneidad, el camino que debía seguir el futuro gobierno.

El eje conductor del razonamiento era que la deuda externa argentina era impagable sin una amplia reestructuración que alargara los plazos considerablemente. Abundante material distribuido en reserva mostraba de un modo contundente estos hechos.

La solución que se proponía no era -desde luego- el “default” de la deuda, sino un proceso de reestructuración voluntaria; es decir que el país canjeara en el mercado los títulos de vencimiento a corto plazo por otros con un horizonte más compatible con las posibilidades de pago del país.

La cuestión era que, para que este proceso voluntario tuviera lugar, se requería que el país recorriera previamente un sendero que lo mostrara confiable ante el mundo financiero. En lenguaje técnico, era necesario que los bonos argentinos fueran declarados como “investment grade” (o grado de inversión), lo que significaba que fueran aptos para ser incluidos en las carteras internacionales de inversión.

Para ello, el futuro gobierno debía realizar un profundo ajuste fiscal que demostrara su voluntad de erradicar el déficit crónico en las cuentas públicas y asegurara capacidad de repago de los compromisos externos.

Si estas condiciones se daban, los bancos de inversión ofrecían ocuparse de este proceso de canje, que, desde luego, supondría importantes comisiones por sus servicios profesionales.

Probablemente el conocimiento sobre la existencia de estos planes y la necesidad de repuntar en las encuestas jugaron un rol importante en la decisión del candidato justicialista Eduardo Duhalde de poner sobre la mesa, abiertamente, la discusión sobre el pago de la deuda externa.



Hacía tiempo que Duhalde había comenzado a plantear que el modelo menemista de la década del 1990 “estaba agotado”, aunque pocas precisiones había hecho acerca de los cambios que, en su opinión, se requerían. Pero en mayo, en una conferencia de prensa… planteó la necesidad de una renegociación de la deuda a nivel regional (es decir, de manera conjunta en el Mercosur) y desató una serie de críticas sobre el FMI

En lo inmediato, estas declaraciones generaron considerable agitación en el mundo político y en los mercados. El panorama se agravó cuando, pocos días después, el célebre financista internacional George Soros declaró a la prensa que el peso argentino estaba sobrevaluado

Aunque -por convicción o cautela- la mayoría de los economistas se manifestaban contrarios a una devaluación, algunos de los más prestigiosos a nivel internacional se animaron a plantear con bastante claridad lo crítico de la situación.

Uno de ellos, Paul Krugman, un famoso académico…, también coincidió en que el peso estaba sobrevaluado. Cuando el periodista que lo entrevistaba le preguntó: “¿La convertibilidad puede durar 4 ó 5 años más?”, contestó sin dudar: “Yo estaría muy sorprendido si persistiera en el tiempo”.

Jeffrey Sachs, otra estrella de la economía mundial…, que también fue convocado a comentar las afirmaciones de Soros, dijo:

Probablemente está expresando una opinión muy generalizada entre los inversores sobre Argentina (…) Por muchos años mi visión ha sido que el peso estaba sobrevaluado. Esto significa que Argentina es un país muy caro en dólares, comparado con otros países de similares niveles de tecnología y productividad (…) Si Argentina no estuviera atada a la convertibilidad, el peso se devaluaría entre un 20 y un 25 por ciento.

La polémica desatada se introdujo de lleno en la Convención de la Unión Cívica Radical, que también ratificó el compromiso con la convertibilidad.

En el mundo empresarial, la alarma se transformó en una amplia iniciativa en defensa de uno a uno. A principios de junio la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA) organizó, bastante de apuro, un seminario en el que participaron los principales exponentes del mundo financiero, incluyendo los candidatos a ministros de Economía de los principales partidos. Desde distintos ángulos, la defensa de la convertibilidad tiño de homogeneidad los discursos

El punto culminante de esta “batalla por la convertibilidad” tuvo lugar en un seminario organizado por el banco de inversión Goldman Sachs a fines de julio en Nueva York. Allí, nuevamente, los expositores -incluyendo los principales referentes económicos de los partidos- cerraron filas alrededor del tipo de cambio fijo y se mostraron proclives a que, después de las elecciones, las distintas fuerzas políticas establecieran acuerdos firmes sobre los principales lineamientos económicos.

El mundo de los analistas financieros internacionales tiene reglas muy especiales. El periodista estadounidense Paul Blustein refleja muy bien esta peculiaridad a través de una suerte de “confesión” de uno de ellos:

Hay mucho de autocensura (…) Es así, si uno tiene algo bueno para decir debe hacerlo, pero si lo que hay que decir es malo, simplemente se debe mantener la boca cerrada. Con las comisiones de por medio, los bancos de inversión te matarían. Si el ministro de Economía de un país enloquece con uno, eso podría significar perder muchos negocios e, incluso aunque tu comentario no fuera la causa, la gente de tu firma podría culparte por no haber obtenido esos negocios. Uno no quiere estar en esa posición, especialmente cuando llega el momento de cobrar el bono anual.

Así que la situación a mediados de 1999 era uno de esos momentos en que la verdad cede paso a la conveniencia en las manifestaciones públicas, mientras que en los pasillos de los eventos y en las reuniones privadas que siempre los acompañan, el clima que se vivía era diferente. La devaluación en Brasil era una evidencia demasiado fuerte como para ser ignorada. En voz baja, además, muchos banqueros elogiaban la valentía del presidente Cardoso y, en especial, la posibilidad que le había dado a gran parte de los inversores de retirar sus fondos intactos antes de formalizar la devaluación…

Así, en medio de ambigüedades y dobles discursos, la campaña fue encauzándose hacia el día de la elección. El ganador tendría por delante la tarea de enfrentarse a una realidad ineludible, que una suerte de conspiración colectiva había negado: la convertibilidad estaba herida de muerte.

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